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SCP 0230/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de junio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48600-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta y sin dilaciones, a la libertad personal, a la vida y a la salud, además del principio de celeridad; debido a que, la Jueza ahora demandada, teniendo conocimiento inicial de su aprehensión e imputación, declinó competencia por materia ante el Juez Agroambiental sin resolver su situación jurídica, habiendo transcurrido más de veinticuatro horas desde su aprehensión, estando privado de su libertad, sin que la autoridad judicial referida ni ninguna otra, resuelva dicha situación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: i) El debido proceso vía acción de libertad con relación al estándar jurisprudencial más alto; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; ii) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 018/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 77 a 79 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación a la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° DENEGAR con relación a los agravios expuesto contra el representante del Ministerio Público; y, 3° Disponer que la autoridad judicial demandada resuelve en el plazo de veinticautro horas la situación jurídica del accionante a través del memorial de 23 de junio de 2022, salvo que por el transcurso de tiempo hubiere cambiado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 El debido proceso vía acción de libertad con relación al estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  3. III.3. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0230/2024-S1 Sucre, 24 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48600-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 018/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 77 a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José René Córdova Saldaño y José Edwin Salazar Cabrera en representación sin mandato de Roly Santiago Yabeta Gamarra contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes y Adolfo Emanuel Ferrada Morón, Fiscal de Materia ambos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de junio de 2022, cursante de fs. 52 a 57 vta., los representantes sin mandato del accionante expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el año 2015, adquirió un inmueble del cual tomó posesión de forma inmediata, delimitando el terreno con postes, mojones y alambrado. Luego, a principios de 2022, advirtió que Carmen Yenny Mercado Ortiz, Ronal Mercado Ortiz y otros removieron los postes y alambrado, reemplazándolos con un enmallado que afectaba su propiedad. Por ello, inició un proceso civil de reivindicación, actualmente radicado ante el Juzgado Público en lo Civil Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, bajo el Número de Registro Judicial (NUREJ) 70323260. En este proceso, Oscar Eduardo Salvatierra Galarza figura como tercero interesado, lo que lo vincula a la sentencia, de acuerdo con el art. 50 del Código Procesal Civil abrogado (CPCabrg), lo que haría inútil continuar con el proceso penal en curso, ya que, de fallar el Juez Civil a favor de la restitución del predio, la sentencia penal quedaría sin efecto. A pesar de este antecedente, el 21 de enero de 2022, alrededor de las 18:30, el Fiscal de Materia, Emanuel Ferrada Morón -ahora codemandado-acompañado de una gran cantidad de efectivos policiales y de Oscar Eduardo Salvatierra Galarza, quien se presentó como propietario del predio con derecho registrado bajo la matrícula computarizada 7.01.1.01.06.0138572, lo amenazó obligándolo a elegir entre abandonar el terreno o ser detenido, a pesar de que le informó que era propietario del mismo, con registro en Derechos Reales (DDRR). Posteriormente, el Fiscal de Materia Emanuel Ferrada realizó una audiencia de inspección, en la cual no fue citado con la debida anticipación, y tras desprecintar el terreno, entregó la propiedad al denunciante; no obstante, que las controversias sobre DDRR, deben ser tratadas en la vía civil y comercial conforme el art. 69 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-. Luego a pesar que presentó toda la documentación que acredita su derecho propietario ante DDRR, el representante del Ministerio Público ahora demandado, sin prueba pericial ni informe, amplió la denuncia de avasallamiento por la de “falsedad de documentos”, insinuando que los predios podrían estar en otro lugar para luego emitir una Resolución de aprehensión alegando nuevos elementos sin la debida notificación, aunque, según la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- 1173, y dado el quantum de la pena por estafa, no correspondía ni la aprehensión ni la detención preventiva. Asimismo, interpuso una excepción de incompetencia en razón de la materia ante el Juzgado a cargo del control jurisdiccional, pidiendo que el proceso se remita al Juez Público Civil Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien ya prevenía la causa; sin embargo, la Jueza se declaró incompetente y remitió el caso al Juez Agroambiental de Montero de dicho departamento, sin considerar que el predio está dentro de la jurisdicción de referida ciudad; por lo que, habiendo transcurrido más de tres días desde su aprehensión sin que se resuelva su situación jurídica debido a que la autoridad jurisdiccional agroambiental no tiene competencia para decidir sobre delitos penales, y al haberse declarado la incompetencia por razón de materia, se debió ordenar su libertad y remitir el caso al Juez Civil competente. Finalmente, se encuentra en un estado de indefensión, ya que no hay un juez competente para resolver su situación jurídica, dado que el tiempo legal de veinticuatro horas ya sobrepasó sin que tampoco se atienda la nulidad de la resolución de aprehensión practicada por el Fiscal -ahora demandado-, puesto que dicho incidente debe ser formulado en audiencia cautelar.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante identifica como lesionados sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta y sin dilaciones, a la libertad personal, a la vida y a la salud, además del principio de celeridad; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

La parte accionante solicita se otorgue la tutela y en consecuencia se ordene su libertad inmediata y se remita los actuados ante el Juez Público en lo Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 25 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 76, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su defensa técnica se ratificó in extenso en el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando indicó lo siguiente: a) De manera oportuna, se presentó una certificación de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz que establece que el predio en cuestión se encuentra dentro de la jurisdicción territorial del municipio de Santa Cruz, también se adjuntó una certificación de la administración edil de Cotoca de mencionado departamento, que señala que, aunque el predio pertenecía anteriormente a dicha alcaldía, ya no corresponde a esa jurisdicción debido a las últimas modificaciones; máxime si se acompañó documentación que demuestra una anotación preventiva del bien inmueble a su favor, evidenciando la adquisición del bien inmueble desde 2014; b) La única razón para ampliar la investigación por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado proviene de una certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que indica la inexistencia de un trámite o certificado catastral registrado a favor de Roly Santiago Yabeta Gamarra, sugiriendo que los documentos podrían ser falsos; sin embargo, no se consideró que existen dos registros en la Oficina de DDRR sobre el mismo inmueble, lo cual ha generado dos procesos: uno civil iniciado por la parte accionante y otro penal seguido por Oscar Eduardo Salvatierra Galarza; c) Se encuentra aprehendido desde la tarde del 22 de junio de 2022, puesto que, la autoridad judicial declaró su incompetencia en el caso y transfirió la competencia al Juzgado Agroambiental, pero al no haberse asumido la competencia, aún no se ha podido presentar ningún incidente; y, d) El Fiscal de Materia demandado, en la Resolución de aprehensión, consignó hechos que no ocurrieron, por otra parte, la Jueza demandada, impidió la presentación de documentación complementaria menos definió su situación jurídica al declinar competencia.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia tutelar convocada pese a su legal citación conforme se tiene de fs. 59 a 60. Adolfo Emanuel Ferrada Morón, Fiscal de Materia, mediante informe escrito leído en audiencia, señaló que el Ministerio Público cumplió con los plazos establecidos en el CPP, ya que se emitió la orden de aprehensión de acuerdo con lo previsto por el art. 226 del CPP y se puso al aprehendido a disposición de la autoridad jurisdiccional dentro del plazo establecido, agregando que solo la autoridad judicial tiene la facultad de resolver su situación jurídica.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 18/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 77 a 79 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: 1) La Jueza demandada se declaró incompetente para conocer y ejercer el control jurisdiccional del proceso penal seguido contra el accionante declinando competencia al Juzgado Agroambiental de Montero del referido departamento, ordenando que por Secretaría se remitan obrados originales y sea en el día con nota de atención, así también de acuerdo al art. 46 de la CPP, puso a disposición del Juez competente al aprehendido; 2) La Autoridad judicial demandada, en relación a la complementación y enmienda presentada por el Ministerio Público como por la defensa de la víctima, respecto a la situación jurídica por encontrarse aprendido, dicha autoridad indicó que al estar clara su determinación al haberse dispuesto conforme el art. 46 del adjetivo penal, se determinó el no ha lugar a las solicitudes formuladas; y, 3) La defensa presentó recurso de apelación incidental observando que el proceso debió ser remitido al Juez en lo Civil, así también el Ministerio Publico señaló en su recurso de apelación que la autoridad jurisdiccional es la única que puede ejercer control jurisdiccional, medios de impugnación que fueron concedidos, ordenando que por Secretaría se remita obrados, fotocopias legalizadas en el plazo de veinticuatro horas al Tribunal de apelación, por lo que al existir un recurso activo, no se abre la posibilidad de analizar la problemática planteada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución fiscal de aprehensión de 22 de junio de 2022, emitida por Adolfo Emanuel Ferrada Morón, Fiscal de Materia contra Roly Santiago Yabeta Gamerra -hoy accionante-, debiendo éste ser puesto a disposición de la “Señora Juez Cautelar”, dentro del término de ley (fs. 30 a 32). II.2. Cursa memorial presentado el 23 de junio de 2022 al Juzgado de Turno Instrucción Penal de Warnes del departamento de Santa Cruz, por el que Adolfo Emanuel Ferrada Morón, Fiscal de Materia presenta imputación formal contra Roly Santiago Yabeta Gamerra y solicita la detención preventiva del prenombrado por el plazo de ciento ochenta días para que se realicen los actos investigativos correspondientes (fs. 37 a 49). II.3. Mediante Auto Interlocutorio de 24 de junio de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes se declara incompetente por razón de materia y dispone la remisión del expediente ante el Juez Agroambiental determinando que esta autoridad jurisdiccional resuelva la situación jurídica del aprehendido -hoy accionante- conforme el art. 46 del CPP (fs. 68 a 69)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta y sin dilaciones, a la libertad personal, a la vida y a la salud, además del principio de celeridad; debido a que, la Jueza ahora demandada, teniendo conocimiento inicial de su aprehensión e imputación, declinó competencia por materia ante el Juez Agroambiental sin resolver su situación jurídica, habiendo transcurrido más de veinticuatro horas desde su aprehensión, estando privado de su libertad, sin que la autoridad judicial referida ni ninguna otra, resuelva dicha situación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: i) El debido proceso vía acción de libertad con relación al estándar jurisprudencial más alto; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; ii) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1 El debido proceso vía acción de libertad con relación al estándar jurisprudencial más alto

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0621/2020-S1 de 14 de octubre, realizó el siguiente razonamiento: El debido proceso es una garantía procesal que busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana, a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, dentro de cualquier tipo de proceso, entendido éste como “…aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto…”. En el proceso penal, que es el medio por el cual se investigan hechos delictivos -para garantizar el resultado del mismo y su acervo probatorio-, se permite establecer algunas restricciones a la libertad del procesado, dentro de ciertos límites previamente establecidos por la ley y sobre la base del principio de proporcionalidad, teniendo siempre en cuenta, el respeto del derecho a la libertad a partir del principio de presunción de inocencia. Ello justificó que se hayan establecido, para el proceso penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo de procesos en los que por su propia naturaleza, no le serían aplicables. En ese sentido, el tratamiento que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le da al debido proceso, está contemplado fundamentalmente en su art. 8, que desarrolla algunos principios del debido proceso penal asumidos por los sistemas penales y procesales penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un garantismo del ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él, el del Estado que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social. Siendo por ello, necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido para evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial, en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia. Existe una estrecha relación entre los derechos humanos y el proceso penal que se genera en la propia naturaleza de este tipo de proceso, donde se compromete la libertad personal del imputado. Como aspectos generales, el derecho de defensa en materia penal, debe ser no solo formal, sino también material; es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, el derecho de hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura algunas, por ese ejercicio. Las exigencias del principio al debido proceso se extreman en el campo del proceso penal, en el cual se manifiestan, entre otros, los principios de legalidad, al juez natural, de inocencia, in dubio pro reo, de doble instancia y los derechos de defensa en sí, a una sentencia justa, a la cosa juzgada, a la valoración razonable de la prueba, a la fundamentación de las resoluciones, etc. Ahora bien, ante la lesión de los elementos que componen la garantía del debido proceso, es posible acudir a la justicia constitucional, a través de las acciones de defensa, denunciando el acto ilegal lesivo de dicha garantía; sin embargo, respecto a qué acción de defensa es la idónea para su tutela, no existe unanimidad de criterios en la jurisprudencia constitucional, en especial en cuanto a su protección a través de la acción de libertad. Efectivamente, sobre la protección del debido proceso vía acción de libertad, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, la cual estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción; es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, señaló que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, señalando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: a) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, b) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, en su Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (el resaltado es añadido). Asimismo, la referida Sentencia señala que: “…las lesiones al debido 4El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 5El FJ III.1, expresa: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: `Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…´; lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella”.

proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos con la libertad y la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional; por consiguiente, cuando se trate de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, debe aplicarse el estándar jurisprudencial más alto, que es el entendimiento más favorable al acceso a la justicia constitucional, que fue desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembrey 0087/2014-S3 de 27 de octubre, a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, 6El FJ III.3, refiere: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre. 7Tribunal Constitucional Plurinacional, Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional, SCP 2233/2013. Ficha Disponible en: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/fichaResultado/16434 8El FJ III.1, indica: “Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.

esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014; por cuanto, no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado-, determina que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes.

III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demuestre las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela; supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita 9El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

III.3. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 abril reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras- realizó el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus 10El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 11El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta y sin dilaciones, a la libertad personal, a la vida y a la salud, además del principio de celeridad; debido a que, la Jueza ahora demandada, teniendo conocimiento inicial de su aprehensión e imputación, declinó competencia por materia ante el Juez Agroambiental sin resolver su situación jurídica, habiendo transcurrido más de veinticuatro horas desde su aprehensión, estando privado de su libertad, sin que la autoridad judicial referida ni ninguna otra, resuelva dicha situación.

Inicialmente cabe señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la presunción de veracidad se aplica en dos situaciones: i) Cuando las autoridades demandadas no asisten a la audiencia ni presentan el informe necesario para desmentir las afirmaciones del solicitante de tutela, en cuyo caso se toman como ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda, y se concede la tutela; y, ii) Cuando las autoridades demandadas comparecen pero no niegan los hechos alegados por el solicitante de tutela.

En este contexto, la parte demandada está obligada a presentar pruebas suficientes para desestimar la acción en su contra, ya que la negligencia en hacerlo puede generar responsabilidad, especialmente si se trata de un servidor público, quien tiene el deber de proporcionar un informe adecuado y estar presente en la audiencia; de lo contrario, los hechos denunciados se tienen por ciertos.

Expuesta la problemática planteada, y tomando en cuenta los antecedentes en la presente acción de defensa, corresponde previamente hacer mención a la discusión que hace a la problemática planteada, la cual reside en que si la incompetencia en razón de materia declarada de oficio resulta idónea para suspender una audiencia de aplicación de medidas cautelares personales con aprehendido, o más propiamente, si al ser declarada probada se remiten las actuaciones al Juez o Tribunal tenido por competente poniendo al aprehendido a su disposición para que sea éste el que defina la situación jurídica del procesado.

Ahora bien, el art. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, prescribe que la Jurisdicción es la potestad que tiene el estado de administrar justicia por medio de las autoridades jurisdiccionales. Asimismo, el art. 12 del mismo cuerpo legal enseña que la competencia es la facultad que tiene un tribunal o juez para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. En lo que respecta a la jurisdicción penal, el art. 42 del Código de Procedimiento Penal dispone que: “corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones, según lo establecido en este Código. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en este Código”, y en lo que respecta a los Jueces de Instrucción, los arts. 54. 1 y 279 del mismo código procesal penal establecen su competencia para ejercer el control jurisdiccional de la investigación conforme a las facultades y deberes que le reconocen las normas del código referido.

En el caso se tiene que, el representante del Ministerio Público ahora accionado emitió la Resolución fiscal de aprehensión de 22 de junio de 2022 contra Roly Santiago Yabeta Gamerra -hoy accionante- por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; posteriormente, presentó imputación formal contra el prenombrado solicitando su detención preventiva por el plazo de ciento ochenta días para que se realicen los actos investigativos correspondientes (Conclusiones II.1 y II.2.).

Luego, la autoridad jurisdiccional hoy demandada mediante Auto Interlocutorio de 24 de junio de 2022, se declaró incompetente por razón de materia y dispuso la remisión del expediente ante el Juez agroambiental determinando que esta autoridad jurisdiccional resuelva la situación jurídica del aprehendido -hoy accionante- conforme el art. 46 del CPP (Conclusión II.3.)

Tal decisión judicial carece de asidero jurídico y no resulta atinente al objeto de la determinación de la competencia penal, que como facultad de administrar justicia dentro del ámbito de los delitos tipificados en el Código Penal, corresponden a la competencia del Juez de Instrucción Penal en la etapa preparatoria del proceso por delitos de acción pública, conforme a las reglas de competencia precedentemente referidas, en sentido de que la investigación penal es independiente de cualquier otro proceso judicial que se pueda instaurar.

En este sentido, si bien el art. 46 del CPP establece que la incompetencia por razón de materia debe ser declarada de oficio en cualquier etapa del proceso, lo que acarrea la nulidad de los actos realizados, es fundamental tener en cuenta que, cuando existe una persona aprehendida con una imputación formal, su situación jurídica debe ser resuelta con prioridad. Esto cobra especial relevancia en este caso, dado que la causa fue remitida a un juez agroambiental quien desde una interpretación teleológica de la norma, no garantiza el derecho a ser juzgado por un juez especializado, lo cual es parte integral del derecho al juez natural y del debido proceso, máxime si conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional se exige que toda resolución relacionada con el derecho a la libertad se gestione y resuelva con la mayor celeridad posible. Dentro del marco del derecho a un juez especializado, se debe considerar la competencia material de la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -hoy accionada-, donde el representante del Ministerio Público a cargo de la dirección de la investigación penal puso a disposición al aprehendido -ahora impetrante de tutela- para que resuelva dentro las veinticuatro horas sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en la norma adjetiva penal o decrete su libertad por falta de indicios, en comparación con la competencia del Juez Agroambiental prevista por el art. 152 de la LOJ que de manera general desempeña una función especializada impartiendo justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, no extendiéndose a la resolución de delitos penales.

En este contexto, resultaba fundamental que la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del señalado departamento, competente en materia penal, cumpla lo dispuesto por el art. 226 del CPP, previamente a declararse incompetente en razón de materia más aún si el Auto Interlocutorio de 24 de junio de 2022 que lo dispuso fue apelado por el Ministerio Público así como por el hoy accionante así al no encontrarse ejecutoriada, permanecía su competencia para resolver la situación jurídica del hoy accionante. Bajo ese marco fáctico, se evidencia la existencia de demora en la consideración de la medida cautelar personal solicitada por el Ministerio Público contra el accionante, pues la Jueza ahora demandada resolvió de oficio la incompetencia en razón de materia sin pronunciarse sobre su situación jurídica, lesionando el derecho al debido proceso en su componente de celeridad; al no haber obrado conforme lo establece la jurisprudencia constitucional mencionada en los Fundamentos Jurídicos III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, relativa a celeridad con las que deben ser atendidas las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad física, pese a la incompetencia declarada; por lo que, ante dicha actuación corresponde abrir el ámbito de tutela de esta acción de defensa traslativo conforme se razona en el Fundamento Jurídico III.2, en resguardo a los derechos invocados. Se aclara que la concesión de la tutela responde únicamente a la celeridad con la que debió obrar la Jueza hoy demandada, en lo concerniente al tratamiento de la medida cautelar solicitada contra los impetrantes de tutela, más no tiene alcance en lo relativo a la verificación de la ilegalidad de la aprehensión en los términos expuestos por el accionante que denuncia contra el Fiscal de materia ahora accionado, por lo que en relación a esta autoridad se debe denegar la tutela. Finalmente, en relación a la invocación del derecho a la vida y salud se advierte que es meramente referencial en relación a los demás, por lo que no existe ningún argumento que sustente una amenaza o acción contra estos derechos que deba ser atendida a través de la presente vía; al no haberse demostrado cómo o de qué forma hubiera ocurrido tal vulneración. Por estos motivos, se debe denegar la tutela. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 018/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 77 a 79 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación a la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° DENEGAR con relación a los agravios expuesto contra el representante del Ministerio Público; y, 3° Disponer que la autoridad judicial demandada resuelve en el plazo de veinticautro horas la situación jurídica del accionante a través del memorial de 23 de junio de 2022, salvo que por el transcurso de tiempo hubiere cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Rodríguez Rescia, Victor Manuel, El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Recuperado desde: http://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf

2 El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal.” 3El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0230_2024-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6a73513ed033c04229300ed949ff18574e4d360bd73223b334395badc362c022

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