B.IA.LEGAL

SCP 0230/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
44797-2022-90-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, alegó la lesión al debido proceso en relación a su libertad y al principio de celeridad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa agravada con victimas múltiples, solicitó cesación de su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha de presentación a la presente acción tutelar –de 17 de diciembre de 2021–, no se llevó a cabo audiencia de consideración de la misma; debido a que, la autoridad demandada, de turno por vacación judicial, sin justificativo legal válido, suspendió en reiteradas oportunidades la realización de dicho acto procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2021 de 17 de diciembre, cursante a fs. 56 y 57 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de Garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en relación al señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral
  3. III.3 Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0230/2023-S4 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44797-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2021 de 17 de diciembre, cursante de fs. 56 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eulogio Mamani Guarachi contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 17 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 45 a 49 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de estafa agravada con víctimas múltiples, a instancias del Ministerio Público; en el cual, se encuentra imputado, no obstante ser un delito que no contempla pena privativa de libertad por ser un delito patrimonial y que se ve perjudicado por la retardación de justicia atribuible al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de la Paz –ahora demandado–, ante quien presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva, el 3 de diciembre de 2021, audiencia que a la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se llevó; además, de haber presentado otros dos memoriales el 10 del mismo mes y año, sin tener respuesta alguna.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión al debido proceso, vinculado con su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 115, 116 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, art. 7.1 de la Corte Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se señale día y hora de audiencia y se disponga lo que en derecho corresponda.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 54 y 55 vta., presentes los representantes legales del solicitante de tutela, ausentes el accionante y la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, por intermedio de sus abogados en audiencia; señalo que, no obstante haberse presentado la solicitud de cesación a la detención preventiva en fecha 3 de diciembre de 2021, la audiencia fue señalada para el día 10 de diciembre del mismo año; audiencia que, no se habría realizado, y que se les pasó un informe sin fecha; aduciendo que, no se habría realizado la notificación por que los números telefónicos proporcionados no contaban con whatsApp; por lo que, se suspende la audiencia para el 14 de diciembre de 2021, y que con el memorial que presentaron habría un nuevo elemento de prueba con el que se tenía que correr traslado al Ministerio Público y la audiencia es señalada para el 17 de diciembre del citado año, instalada la misma se les informo nuevamente que no se notificó con el segundo memorial a las partes, suspendiéndose nuevamente el acto, sin otorgarles la palabra.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz a través de informe escrito cursante a fs. 52 a 53 vta. manifestó lo siguiente: a) Conforme a Circular Nº 23/2021-SP-TDJLPB y Circular 24/2021-SP-TDJLP, el 9 de diciembre se remitió a su juzgado el cuaderno de control jurisdiccional con CUD:201502022108097 CASO Ministerio Público contra Eulogio Mamani Guarachi por el delito de Estafa Agravada con Victimas Múltiples, y de la revisión del mismo evidencio la existencia de la solicitud de Cesación a la Detención Preventiva de fecha 3 de diciembre de 2021, considerado por el Secretario del Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, quien mediante decreto de 6 de diciembre del mismo año; señala que, por vacación se habría enviado el expediente al juzgado a su cargo; remisión que, se la hizo el 9 del mencionado mes y año; b) Consta informe del profesional Gestor de Turno; por el que, indica que no se procedió a la notificación; debido a que, los números consignados en las notificaciones no contaban con whatsApp; por lo que, no se realizó la audiencia. Asimismo se tuvo que efectuar una nueva reprogramación de audiencia, por presentar fallas en la plataforma de audiencias virtuales CISCO WEBEX; c) Respecto a la audiencia programada para el 14 de diciembre de 2021, en la que todas las partes se encontraban presentes; se evidencia que, no todas las partes estaban notificadas con la prueba aportada por el abogado del ahora demandante, lo que implicaba dejar en indefensión al Ministerio Público así como a las víctimas del presente proceso, suspendiendo la audiencia para el 17 de diciembre del mismo año, fecha en la que tampoco se llevó la audiencia, por no encontrarse presente el imputado, reprogramando nuevamente para el 21 del citado mes y año; y, d) Finalmente señala que, actuó conforme a los lineamientos establecidos en el art. 239 de la norma adjetiva penal, dando celeridad a los actuados correspondientes.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 20/2021 de 17 de diciembre, cursante a fs. 56 y 57 vta., concedió la tutela solicitada; y, dispuso que la autoridad ahora demandada señale dentro del plazo de veinticuatro horas, computables a partir de su legal notificación con la presente Resolución, una audiencia de consideración de la solicitud de Cesación a la Detención Preventiva, del accionante Eulogio Mamani Guarachi, con base en los siguientes fundamentos de orden legal: 1) Que la audiencia señalada para el 10 de diciembre de 2021, se suspende por problemas de conexión de internet para el martes 14 de diciembre, sin embargo no se adjunta ningún acta de suspensión, asimismo esa audiencia no podría haberse suspendido por más de veinticuatro horas, 2) Respecto a la audiencia señalada para el 14 de diciembre de 2021 suspendida, por falta de notificación a la parte contraria, Ministerio Público y Víctimas, cuando esa prueba podría haber sido presentada y desarrollada en audiencia oral por la parte impetrante y de ninguna forma constituye en una causal de suspensión; y, 3) Además incurre en dilación; debido a que, dicha reprogramación debió haber sido señalada máximo para el siguiente día y no como en el presente caso después de transcurridos tres días; finalmente, la audiencia de 17 de diciembre de 2021, se suspende para el martes 21 de diciembre, entre otros motivos; dado que, el acusado no estaría conectado al sistema desde el Penal de San Pedro, cuando debería haberse dispuesto la correspondiente reprogramación el mismo día en horas de la tarde con las conminatorias al Director del Centro Penitenciario así como a la oficina gestora.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 29 de noviembre de 2021; por el que, el hoy accionante, solicitó la remisión de obrados de su proceso ante un juzgado de turno, considerando el inicio de la vacación judicial, y que se encuentra con detención preventiva (fs. 3). II.2. Ante la suspensión de audiencia de 10 de diciembre de 2021, cursa memorial presentado de la misma fecha por el accionante en el que, se solicitó nuevo señalamiento; observando además que, no existió causal válida para sus suspensión (fs. 4 y vta.).

II.3. Por decreto de 10 de diciembre de 2021, se señala audiencia para el 14 del mismo mes y año citado, a las 11:00 a.m. (fs. 5). II.4. Mediante informe emitido por el Gestor de Turno, se hizo conocer, que no se pudieron realizar las notificaciones a Martha Mamani, Iván Condori, Edwin Gómez, Marlene Calle y Rita Quispe, ya que los números telefónicos consignados no cuentan con whatsApp (fs. 6). II.5. A través de informe de la autoridad demandada, se evidencia que la audiencia programada para el 14 de diciembre de 2021, se suspendió, por no haberse notificado a las partes con nuevos elementos presentados por el accionante, fijando nueva fecha para el 17 del ya citado mes y año. En fecha 17 de diciembre de 2021, por tercera vez, suspende la audiencia por no estar presente en la misma el imputado, reprogramando para el 21 de diciembre del mismo año (fs. 52 a 53 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, alegó la lesión al debido proceso en relación a su libertad y al principio de celeridad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa agravada con victimas múltiples, solicitó cesación de su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha de presentación a la presente acción tutelar –de 17 de diciembre de 2021–, no se llevó a cabo audiencia de consideración de la misma; debido a que, la autoridad demandada, de turno por vacación judicial, sin justificativo legal válido, suspendió en reiteradas oportunidades la realización de dicho acto procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0696/2019-S4 de 28 de agosto, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad” En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la jurisprudencia constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (Las negrillas son nuestras). De la jurisprudencia glosada precedentemente; se tiene que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas en actuados procesales relacionados con el derecho a la libertad, buscando su tutela la efectividad del principio de celeridad previsto en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); en concordancia con los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.

III.2. El principio de celeridad en relación al señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral

Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–

Al respecto la SCP 0383/2018-S4 de 2 de agosto, reiterando el razonamiento de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, señaló que: “‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. (…)

De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud.

En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa.

Por otra parte, la SCP 0247/2012 de 29 de mayo, establece que: ‘Si bien esta Sentencia Constitucional desarrolló las sub reglas referentes a que debe considerarse un acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva; pero, razonando que no existe dilación indebida cuando se suspende la audiencia de medidas cautelares por falta de notificación, debiendo fijarse nueva fecha; sin embargo, este razonamiento debe precisarse, en el sentido de que la autoridad judicial en el trámite de la cesación de la detención preventiva, no debe prolongar de forma indefinida la suspensión de audiencias de medidas cautelares, con el simple justificativo de proceder de esa forma, por una falta de notificación a las partes procesales o por una carencia de medios técnicos que pueden ser suplidos por otros.

Con mayor razón, cuando la normativa procesal penal, establece en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la obligatoriedad de la notificación de las resoluciones al día siguiente de ser dictadas…ʼ”(Las negrillas nos corresponden). En ese contexto jurisprudencial, se concluye que es deber de la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación a la detención preventiva de un privado de libertad, tramitar la misma con la mayor celeridad dentro de los plazos fijados por ley; en cuyo caso debe considerarse que el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, modificada a su vez por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, de modificación de la ley 1173, modifican el texto del art. 239 de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal, cuyo texto modificado señala:

“Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, , narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”.

Del texto del referido artículo se advierte que inicialmente señala los casos en los que es posible la cesación de medidas cautelares de carácter personal, refiriendo luego el trámite a seguir, estableciendo los plazos previstos por la referida norma procesal al efecto, que prevé que el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, en los casos de los numerales 3 y 4 deberá resolver máximo en el plazo de cinco días, y en el resto de los casos deberá fijar audiencia y resolver dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; de lo que se concluye que un actuar contrario, constituiría dilación indebida.

III.3 Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, alegó la lesión al debido proceso en relación a su libertad y al principio de celeridad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público por el presunto delito de estafa agravada con víctimas múltiples, solicitó cesación de su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha de presentación a la acción tutelar –de 17 de diciembre de 2021–, no se llevó a cabo audiencia de consideración de la misma, debido a que la autoridad demandada, de turno por vacación judicial, sin justificativo legal válido, suspendió en reiteradas oportunidades la realización de dicho acto procesal. Al respecto, conforme se advierte de los antecedentes que cursan en el expediente de la acción de libertad objeto de revisión; se tiene que, el accionante el 29 de noviembre de 2021, solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, la remisión de obrados al juzgado de turno, al considerar el inicio de la vacación judicial. Antecedentes que fueron remitidos y radicados en el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Primero de la Ciudad de El Alto, ante quien el 10 de diciembre del citado año, presenta memorial impetrando señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, en virtud a no haberse llevado a cabo la audiencia fijada para esa fecha. Por decreto de 10 de diciembre de 2021, se señala audiencia para el 14 del mismo mes y año a las 11:00 a.m.; misma que, tampoco se llevó, por no haberse notificado a las víctimas, según informe del Gestor de notificaciones de Turno (Conclusión II.1, II.2 y II.3). Asimismo por informe de la autoridad demandada, se evidencia que la audiencia programada para el 14 de diciembre de 2021, se suspendió, por no haberse notificado a las partes con nuevos elementos de prueba presentados por el accionante, fijando nueva fecha para el 17 de citado mes y año; en la mencionada fecha (17 de diciembre de 2021), por tercera vez, suspende la audiencia programada, por no estar presente en la misma el imputado, por lo que arguye ser inviable la prosecución de la misma, reprogramando para el 21 de diciembre del mismo año (Conclusión II.4). De las señaladas actuaciones se advierte; que la autoridad demandada, una vez radicado el expediente, (9 de diciembre de 2021), señaló audiencia para el 10 de diciembre del mismo año, suspendiendo la misma, en virtud problemas en el Internet, momento desde el cual del demandado, incurrió en dilación indebida, en la reprogramación de las audiencias de consideración de la situación judicial del impetrante de tutela pues en la emisión decreto de 10 de diciembre del citado mes y año, que difiere la audiencia fijada para el 14 de diciembre de igual año se excede del plazo de 48 horas para la consideración de la cesación solicitada; asimismo, por informe elevado por el ahora demandado, como se dijo antes se evidencian sucesivas suspensiones de audiencias entre el 17 de diciembre y 21 de diciembre, todos del indicado año, incumpliendo nuevamente el plazo de 48 horas, pues en contrario se señalaron audiencias con un intervalo de cuatro y tres días; concluyéndose con estos antecedentes que la autoridad demandada incurrió en dilación indebida en vulneración del debido proceso en relación a la libertad y al principio de celeridad, transgrediendo lo dispuesto por los arts. 178.I y 180.I de la CPE, y el entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, siendo que debieron actuar con diligencia a fin de asegurar que la audiencia extrañada se realice en el plazo previsto por ley, a fin de establecer la situación jurídica del imputado; por lo que, al haber suspendido audiencias en reiteradas oportunidades fijando dichos actuados procesales, más allá de los plazos dispuestos por ley, dejaron en incertidumbre al accionante; consiguientemente al evidenciarse falta de celeridad en la tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva corresponde conceder la tutela impetrada en la modalidad de pronto despacho, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2021 de 17 de diciembre, cursante a fs. 56 y 57 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de Garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0230_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 750fb2acc030ec380227c30e478342df300d5ba33cca24d0d535ddde985c0592

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →