B.IA.LEGAL

SCP 0229/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50997-2022-102-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al trabajo; toda vez que, se encuentra ilegalmente detenido debido a una orden de apremio librada por el Juez ahora demandado, sin considerar que no fue notificado con la sentencia que estableció un monto de asistencia familiar de Bs800.-(ochocientos bolivianos) en su contra, que atenta contra sus derechos por ser de escasos recursos; asimismo, no fue legalmente notificado en su domicilio real con la liquidación de asistencia familiar efectuada ni con la conminatoria de pago, sin haber tenido oportunidad de observarla; por lo que, pide se restituyan sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/22 de 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 96 vta. a 98, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio
  2. III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0229/2025-S1 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50997-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/22 de 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 96 vta. a 98, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rafael Alex Contreras Córdova en representación sin mandato de Julio César Bruno Vargas contra Marcelo Eduardo Barrientos Díaz, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 84 a 87 vta., el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que desde el 16 de julio de 2022 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, indicando como antecedente que se casó con Fabiola Suárez Ardaya y fruto del matrimonio nació su hija AA; sin embargo, debido a problemas posteriores decidió separarse y luego plantear demanda de divorcio, proceso que abandonó en un intento de rehacer su familia, que no resultó; por lo que, luego se desligó de todo -se entiende de la demanda interpuesta-; la cual, siguió su curso hasta pronunciarse sentencia, que se encuentra firme y ejecutoriada, misma que le impuso el pago de asistencia familiar mensual en el monto de Bs800.-(ochocientos bolivianos), sin que pueda presentar ningún recurso de apelación contra dicha decisión injusta que no consideró su escasa capacidad económica, ni le permitieron ejercer su derecho a impugnar menos fue notificado con liquidación alguna ni conminatoria para su pago.

Añade que el 16 de julio de 2022, estaba en la casa de su madre en horas de la tarde, circunstancia en la cual tocaron a la puerta indicando tener una orden de aprehensión, para luego, de forma abusiva y violenta se adentraron para capturarlo, despojándolo de su celular, sin darle la oportunidad de comunicarse con su abogado, exhibiéndole una fotocopia de una orden de apremio que no contenía el nombre ni la firma del juez quien ordenó dicha actuación, vulnerando sus derechos constitucionales, impidiéndole la posibilidad de observar la liquidación por asistencia familiar sin que opere la perención de instancia, encontrándose en total indefensión, por cuanto le exigen hacer efectivo el pago adeudado sin considerar que el país se halla en un receso económico por la pandemia del COVID-19.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El demandante de tutela considera encontrarse ilegalmente detenido y perseguido, lesionándose sus derechos a la libertad y al trabajo; citando al efecto, los arts. 24, 109, 110, 115, 117, 119, 120, 122 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que se restituyan sus derechos a la libertad física y de locomoción.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar el 12 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 95 a 96, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: a) Fue notificado con la liquidación en un domicilio que desconoce, cursando dentro del expediente que lo notificaron en el domicilio procesal del abogado que llevó su proceso de divorcio, pero este respondió con un memorial indicando que ya no es su abogado, instándoles a buscar su domicilio para evitar indefensión; b) No se hizo la notificación en tablero judicial menos de manera personal en su domicilio real ni procesal por lo que desconoce la liquidación o conminatoria, no habiéndole dado la oportunidad de observar la planilla; c) El mandamiento de apremio es de 2021 y tiene facultades de allanamiento, el mismo tiene vigencia de noventa y seis horas conforme al art. 182 -no indica de qué norma-, después de las noventa y seis horas caduca; por lo que, hubo procesamiento indebido habiéndose ingresado a su domicilio ilegalmente con un mandamiento caducado de allanamiento; d) Ante el memorial presentado por su anterior abogado, en el cual indicó que ya no lo patrocina, la interesada tendría que haber recurrido al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) o Servicio de Registro Cívico (SERECI) para determinar su último domicilio y notificar ahí por cédula o por tablero, situación que no ocurrió; e) Finalmente indica que el fondo es verificar si ha sido legalmente notificado con la liquidación y la conminatoria de pago, por lo que pide se valore.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Marcelo Eduardo Barrientos Díaz, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 12 de agosto de 2022, cursante a fs. 94 y vta., señala que: 1) En la gestión 2015 el ahora accionante inició proceso de divorcio contra Fabiola Suárez Ardaya señalando su domicilio procesal en la calle Beni 648, primer piso, oficina 9, del edificio “Mari Luz”, sin que hasta la fecha lo hubiera modificado; 2) Con la contestación de la demandada se fijó provisionalmente una asistencia familiar en la suma de Bs800.-(ochocientos bolivianos) mensuales, programándose audiencia para el 26 de octubre de 2015; con lo que se notificó al demandante -ahora impetrante de tutela-, en su domicilio procesal, haciéndole conocer sobre la audiencia señalada y la cuenta bancaria donde debería haber realizado el pago de la asistencia familiar; pese a ello, no se hizo presente en la audiencia mencionada y fue notificado legalmente en secretaría conforme al art. 314 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; 3) Con la liquidación de “fs. 35” se notificó al demandado en su domicilio procesal señalado en su demanda de divorcio, domicilio que se mantiene mientras no sea sustituido por otro, lugar correcto donde se practicó la notificación conforme al art. 442 del citado Código, no causando indefensión alguna por parte del Juzgado y si la hubiera, es por negligencia del mismo demandante, por no modificar su domicilio procesal; 4) La liquidación de “fs. 68” por la suma de Bs50 400.-(cincuenta mil cuatrocientos bolivianos) fue notificada conforme al artículo mencionado en su domicilio a “fs. 70” sin observación alguna, por lo que se aprobó y conminó su pago al tercer día, siendo notificado el obligado a “fs. 73” en su domicilio procesal, sin que acredite pago alguno del monto adeudado; razón por la cual, se libró mandamiento de apremio en su contra conforme a los arts. 127 y 415 del CFPF; consiguientemente, no se encuentra indebidamente detenido, correspondiendo denegar la tutela solicitada por su manifiesta improcedencia.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/22 de 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 96 vta. a 98, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La única vertiente que se hace mención para la procedencia de la acción de libertad es el procesamiento indebido, alegando el ahora demandante de tutela falta de notificación argumentando que su anterior abogado presentó un memorial indicando que ya no lo patrocina; sin embargo, tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, la SC 984/2010-R establece de forma clara y precisa que la parte no puede alegar indefensión si ha tomado conocimiento de la existencia de un proceso, mucho más aún si en este caso el solicitante de tutela actuó en calidad de demandante en ese proceso de divorcio; ii) Es obligación de las partes señalar un nuevo domicilio procesal o real, de ahí que el Juez ahora demandado no vio necesidad de practicar las notificaciones por edicto, tomando en cuenta que las notificaciones se practicaron en el domicilio procesal señalado en primera instancia por el demandante -ahora peticionante de tutela-, por tanto es la parte quien tiene la carga de la prueba para señalar un domicilio nuevo; iii) Quien asume el rol de padre, con el simple hecho de tener conocimiento de una notificación o de una formalidad como es en este proceso de divorcio, que conlleva una sentencia, en la cual se fija una asistencia familiar, configurándose el art. 60 de la CPE que establece el deber del Estado, la sociedad y la familia de garantizar el interés superior del menor que comprende la preeminencia de sus derechos y primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; lo que implica que los administradores de justicia inexcusablemente deben velar y proteger los intereses de los menores a momento de aplicar e interpretar la norma, inclinándose por lo más favorable para los derechos de los menores; iv) Otro aspecto a considerar es el deber de motivación y fundamentación descrito en la SC 0017/2020-S4 de 5 de marzo, que hace referencia a las notificaciones en los procesos de asistencia familiar, citando a su vez la SCP 0671/2016-S2 que establece que la obligación de asistencia familiar es de interés social y tiene por finalidad resguardar el derecho de los beneficiarios a su oportuno suministro, principalmente, por el fin al que está destinado, aspectos básicos como salud, alimentación, vivienda, entre otros; v) Dicha sentencia establece que una vez determinado judicialmente el deber de asistencia familiar a favor del beneficiario, el obligado tiene la mínima noción de que si deja de hacerlo puede ocasionar efectos perjudiciales, como: v.a) por un lado para el beneficiario, ya que no permitirá que éste pueda valerse de lo necesario para el sustento diario; y, v.b) por otro, está consciente de las consecuencias procesales que puedan generarse en su contra, las que podrán activarse para forzarle a cumplir con su obligación, como el apremio corporal; y, vi) Así, de la verificación del expediente 275/15 con Número de Registro Judicial (NUREJ) 701123, del proceso de divorcio seguido por Julio César Bruno Vargas -ahora solicitante de tutela- contra Fabiola Suárez Ardaya, se establece que se cumplió con todas las normas y reglas previstas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, por lo tanto no se puede establecer en el mismo, algún acto indebido con relación al ahora peticionante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:

II.1. Dentro de la demanda de divorcio absoluto instaurada el 18 de junio de 2015 por Julio César Bruno Vargas -ahora impetrante de tutela-, contra Fabiola Suárez Ardaya, mediante Sentencia 525/15 de 26 de octubre de la misma gestión, el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, estableció -entre otros-, la guarda de la menor AA con su madre y una asistencia familiar en la suma de Bs800.-(ochocientos bolivianos) mensuales (fs. 26 y vta.); y posteriormente, por Mandamiento de Apremio de 21 de enero de 2021, se ordenó a cualquier autoridad policial no impedida por ley, proceda al apremio de Julio César Bruno Vargas -ahora demandante de tutela- con facultad de allanamiento en el domicilio en que se encuentre y sea en días y horas hábiles, para que sea conducido a la cárcel pública de la ciudad, hasta que pague la suma de Bs50 200.-(cincuenta mil doscientos bolivianos) por concepto de asistencia familiar, en cumplimiento al Auto 18 de enero de 2021 (fs. 77). II.2. Se tiene la Papeleta de Descargo de 14 de julio de 2022, de Ramiro Víctor Álvarez Jauira, funcionario policial de la Estación Policial Integral (EPI 3 Plan 3000), por el que consta la ejecución del Mandamiento de Apremio contra el solicitante de tutela en la fecha indicada a horas 15:20, quien fue conducido al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 78).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al trabajo; toda vez que, se encuentra ilegalmente detenido debido a una orden de apremio librada por el Juez ahora demandado, sin considerar que no fue notificado con la sentencia que estableció un monto de asistencia familiar de Bs800.-(ochocientos bolivianos) en su contra, que atenta contra sus derechos por ser de escasos recursos; asimismo, no fue legalmente notificado en su domicilio real con la liquidación de asistencia familiar efectuada ni con la conminatoria de pago, sin haber tenido oportunidad de observarla; por lo que, pide se restituyan sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: El art. 125 de la CPE refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de 1El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.

Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido La proceso.

Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPEabrg al recurso de hábeas corpus.

De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.

En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.

III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: “Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada”; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:

Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones: a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite.

Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I “Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código”; 366 que indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa”; y, 368 que menciona: “…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar

III.3. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al trabajo; toda vez que, se encuentra ilegalmente detenido debido a una orden de apremio librada por el Juez ahora demandado, sin considerar que no fue notificado con la sentencia que estableció un monto de asistencia familiar de Bs800.-(ochocientos bolivianos) en su contra, que atenta contra sus derechos por ser de escasos recursos; asimismo, no fue legalmente notificado en su domicilio real con la liquidación de asistencia familiar efectuada ni con la conminatoria de pago, sin haber tenido oportunidad de observarla; por lo que, pide se restituyan sus derechos. Identificada la problemática traída en revisión, se tiene que dentro del fenecido proceso de divorcio absoluto, instaurado el 18 de junio de 2015 por Julio César Bruno Vargas -ahora solicitante de tutela- contra Fabiola Suárez Ardaya, mediante Sentencia 525/15 de 26 de octubre, el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, estableció -entre otras determinaciones-, la guarda de la menor AA con su madre y una asistencia familiar en la suma de Bs800.-(ochocientos bolivianos) mensuales a cancelar por su padre; asimismo, cursa Mandamiento de Apremio de 21 de enero de 2021, librada por el Juez supra señalado, que ordenó a cualquier autoridad policial no impedida por ley, proceda al apremio del peticionante de tutela, con facultad de allanamiento en el domicilio en que se encuentre y sea en días y horas hábiles, para que sea conducido a la cárcel pública de la ciudad, hasta que pague la suma de Bs50 200.-(cincuenta mil doscientos bolivianos), por concepto de asistencia familiar, en cumplimiento al Auto de 18 de enero de 2021 (Conclusión II.1). Orden que fue ejecutada el 14 de julio de 2022, a horas 15:20, por Ramiro Víctor Álvarez Jauira, funcionario policial de la EPI 3 del Plan 3000, habiendo conducido al ahora impetrante de tutela al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, conforme desprende la Papeleta de Descargo de igual data (Conclusión II.2). Por lo mencionado, el ahora demandante de tutela acude a la vía constitucional, reclamando que la privación de su libertad es ilegal por cuanto, inicialmente, al no haber sido notificado con la sentencia pronunciada en el proceso de referencia, se le impidió la posibilidad de impugnar el monto mensual que le fue impuesto a cancelar por concepto de asistencia familiar, decisión que no consideró sus escasos recursos; asimismo, señala que tampoco fue notificado con la liquidación de asistencia familiar devengada o su conminatoria de pago, lo que imposibilitó que pueda observar o presentar descargos; y finalmente, indica que el mandamiento de apremio fue ejecutado con violencia, impidiéndole la comunicación con su abogado defensor y entregándole un papel que no contenía nombre ni firma de la autoridad que libró la orden, además que la facultad de allanamiento se encontraba caducada. En el contexto precedentemente mencionado, resulta necesario referir que conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en materia familiar el incidente es una figura jurídica que constituye un medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa, entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar; de ahí que, ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad; concretamente en los casos de impugnaciones a las notificaciones judiciales, el incidente resulta ser el medio de defensa idóneo, eficiente y oportuno al que previamente se debe acudir. Sin embargo, en el presente caso resulta evidente que el peticionante de tutela no presentó denuncia alguna de presuntas irregularidades o lesión de sus derechos en la ejecución del Mandamiento de Apremio librado el 21 de enero de 2021, ocurriendo lo mismo en cuanto a las notificaciones practicadas en el curso del trámite de liquidación de asistencia familiar, por cuanto si consideraba que éstas eran irregulares y que carecían de requisitos de validez, correspondía que busque la reparación de la supuesta vulneración ante la propia autoridad judicial que tramita la causa, es decir, ante el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, en cuyo Juzgado se tramita el proceso concerniente a la petición de asistencia familiar, para que la misma sea conocida y resuelta en la vía incidental, pues, éste es el medio de defensa idóneo para reparar de manera urgente, pronta y eficaz, la presunta lesión del derechos del impetrante de tutela; en ese entendido, al presentar directamente la presente demanda tutelar, sin agotar previamente los medios de defensa intraprocesales que tenía a su alcance, incumplió la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, de tal forma que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada, correspondiendo denegar la tutela impetrada.

Finalmente, cabe referirnos en relación a la alegada falta de oportunidad para impugnar la sentencia, dicho argumento resulta insostenible por cuanto el solicitante de tutela fue el demandante en el proceso principal del cual deviene la asistencia familiar, no resultando coherente alegar desconocimiento sobre una causa propia; así en cuanto, a la fijación de asistencia familiar, el art. 443 del CFPF, estableció que la sentencia es apelable en el plazo de cinco días computables al día siguiente hábil de su notificación, de ahí que, si el ahora peticionante de tutela por su propia inoperancia, permitió que la determinación sea consolidada en su perjuicio, tal situación no es un aspecto que corresponda ser analizado por este Tribunal, toda vez que, el prenombrado tenía la obligación de agotar las instancias ordinarias previas antes de acudir ante la vía constitucional. Pese a ello, a objeto de la modificación -reducción o incremento- de la asistencia familiar, el art. 123 del citado Código prevé dicha posibilidad, de acuerdo a las necesidades del beneficiario o los recursos de la persona obligada, para lo cual deberá impulsar el procedimiento pertinente; aspecto que, deberá definirse en la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/22 de 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 96 vta. a 98, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0229_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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