Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia y a la libertad, debido a que la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 208/2022 de 6 de septiembre, declaró improcedente su recurso de apelación y confirmó la medida de detención preventiva sin pronunciarse sobre todos los agravios expuestos, incurriendo en una resolución infra petita; así: i) Reconoció la existencia de “incongruencias”, pero no precisó en qué consistían ni explicó cómo se acreditaban los riesgos procesales invocados, limitándose a reiterar los argumentos del juez de primera instancia sin emitir una respuesta razonada a lo impugnado; ii) En cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, omitió pronunciamiento alguno; iii) Respecto al riesgo del art. 234.7 del mismo cuerpo legal, se limitó a señalar que la víctima es menor de edad y, por ello, merece protección reforzada del Estado, sin valorar la documentación que demuestra la inexistencia de ese riesgo, no indicó cómo se configura la supuesta peligrosidad, cuando no cuenta con antecedentes penales, no tiene procesos por violencia familiar, no ha evidenciado conductas reiteradas de peligrosidad, no reside con la víctima ni tiene contacto con ella; y, iv) Finalmente, respecto al riesgo contemplado en el art. 235.4 del CPP, se limitó a ratificar los fundamentos del juez de primera instancia, sin resolver el agravio referido a que en el inmueble señalado como domicilio común solo reside la madre del imputado, hecho acreditado mediante certificado domiciliario.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 136 vta., a 141 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada sobre la base de los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0227/2025-S1 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50961-2022-102-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 07/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 136 vta. a 141 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Oscar Chavarría Meneses contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 4 de octubre de 2022, cursante de fs. 118 a 122 vta., el accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Potosí en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de 30 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Penal Segundo de La Paz dispuso su detención preventiva por el plazo de tres meses. Dicha determinación vulneró sus derechos fundamentales, ya que la imputación formal carecía de una descripción clara, precisa y ordenada de los hechos, así como de elementos probatorios objetivos que sustenten su participación en el hecho denunciado, no se explicó de forma concreta en qué consistió la conducta atribuida o los actos de índole sexual que hubieran generado convicción de la existencia del hecho, ni cómo se configuró el tipo penal invocado, aspectos que fueron reclamados ante la autoridad judicial pero que no fueron resueltos, de modo que si no existe el riesgo sustancial no existe la necesidad de imponer medidas cautelares.
Por otro lado, respecto a los riesgos procesales se cometieron las siguientes arbitrariedades: a) Sobre la concurrencia del riesgo de fuga previsto en el art. 234.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se valoró de manera errónea, pues se argumentó que no se presentó a una audiencia de cámara Gesell, cuando en realidad, de las tres audiencias programadas, solo se ausentó en una, siendo las otras suspendidas por inasistencia tanto del representante del Ministerio Público como de la víctima; además, que acreditó una conducta procesal positiva al haberse presentado voluntariamente al juzgado para notificarse; b) Respecto al peligro para la víctima descrito en el art. 234.7 del CPP, se sostuvo su existencia sin valorar las pruebas que desvirtúan dicho riesgo, como el hecho de que no reside en el inmueble de la víctima, tiene su domicilio lejos del lugar del hecho, posee familia estable, no tiene antecedentes penales conforme el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) ni procesos de violencia familiar o doméstica cual establece el certificado del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); asimismo, en la etapa preliminar se demostró que voluntariamente se constituyó al Juzgado de Instrucción Penal Segundo para notificarse personalmente con la imputación formal, sin embargo, hasta la fecha no existe una declaración en cámara gesell, tampoco una pericia psicológica de la menor, menos testigos del hecho; es decir, no se evidencia respaldo probatorio del hecho denunciado sino meras presunciones sin que se haya demostrado conducta de peligrosidad, contacto con la víctima ni circunstancias que justifiquen su potencial riesgo; y, c) Sobre el riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.4 del CPP, se argumentó que podría influir en los padres de la víctima, pese a que su propia progenitora declaró expresamente que, de haber responsabilidad, se investigue conforme a derecho, lo que contradice dicha suposición. Bajo ese marco, en audiencia de apelación incidental celebrada el 6 de septiembre de 2022, expuso agravios relativos a la inexistencia de motivación fáctica y normativa, inadecuación del tipo penal a los hechos denunciados, ausencia de valoración objetiva de la prueba, carencia de fundamentación para imponer tres meses de detención preventiva y vulneración de los principios de legalidad, del debido proceso y del deber de fundamentación. Pese a ello, la Vocal ahora demandada, mediante Auto de Vista 208/2022 de 6 de septiembre, confirmó la extrema medida sin pronunciarse sobre todos los agravios expuestos -incurriendo en resolución infra petita-, reconociendo la existencia de “incongruencias” sin precisar cuáles, y sin demostrar cómo se acredita el riesgo sustancial o los otros riesgos procesales, se limitó a reiterar argumentos del juez de primera instancia sin dar respuesta fundada a los reclamos planteados; de este modo, con relación al riesgo procesal del art. 234.4 del CPP omitió pronunciarse, siendo una resolución infra petita. Respecto al riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP refiere que la víctima es menor de edad y merece protección reforzada del Estado, más no dice nada con relación a la documentación que acredita la inexistencia de este riesgo, no indica donde se verifica su concurrencia, toda vez que nunca fue procesado penalmente, tampoco tiene procesos de violencia familiar, no existió conducta de peligrosidad reiterada en este proceso y en ningún otro, no vive en la casa de la víctima, no tiene contacto con la misma, no describe cómo puede generarse esta peligrosidad estando libre; por último, sobre el riesgo del art. 235.4 del CPP simplemente ratificó los fundamentos del Juez A quo sin resolver lo impugnado porque en el inmueble vive solamente la madre del imputado, extremo acreditado mediante certificado domiciliario.
Denuncia la lesión a su derecho a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto, los arts. 21.7, 22, 23.I y III; y, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se ordene a la autoridad demandada reponer su derecho a la libertad.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se celebró el 10 de octubre de 2022; según consta en acta cursante de fs. 132 a 141 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó los términos del memorial de la acción de libertad y ampliando señaló: 1) Se presentó certificado domiciliario que demuestra donde y con quien vive, que está lejos de la víctima, pero se confundió como un elemento arraigador, cuando fue presentado para desvirtuar el art. 234.7 del CPP en su elemento de peligro para la víctima, lo que no fue respondido por el Juez ni por la Vocal demandada; 2) En relación al art. 235.4 del CPP corresponde aclarar que en el domicilio de la víctima vive esta junto a sus padres pero también la madre del imputado, porque compraron la casa en un 50% y cuando la madre del imputado Teodora Meneses Céspedes es preguntada sobre su hijo que está siendo investigado, ella responde que si su hijo hizo algo él es responsable de sus actos, lo que muestra que no está induciendo, o solicitando conciliación o desistir; y, 3) Denuncio incongruencia externa porque los puntos de agravio reclamados en apelación no han sido debidamente absueltos.
María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, presento informe escrito que cursa a fs. 130 a 131 vta., señalando lo siguiente: i) En audiencia de apelación los agravios establecidos por la defensa fueron los siguientes: Incorrecta fundamentación e incorrecta valoración de los elementos de prueba, el accionante no se pronunció sobre indicios de participación y el tiempo de la detención previstos el art. 233.1 y 3 del CPP, refiriéndose directamente sobre la existencia del riesgo procesal incurso en el art. 234.4 y 7 del CPP argumento que no estaría vigente el riesgo del art. 234.4 del CPP porque no existe esa conducta negativa de su inasistencia en cámara gesell, ni peligro para la víctima, porque no vive junto a la víctima y sobre el art. 235.4 del CPP porque su madre habría señalado que el imputado es mayor de edad y sabrá lo que hace; ii) El Auto de Vista respondió de manera fundamentada en hecho y en derecho sobre los agravios expresados en la audiencia de apelación, así como sobre el riesgo del art. 234.4 del CPP, la autoridad judicial A quo procedió a revisar el proceso y evidenció la inasistencia de imputado a una audiencia de cámara gesell donde estaban todas las partes por lo que se tuvo que suspender, sobre lo argumentado y que supuestamente no fue valorado la conducta del imputado que llego tarde, se evidencio que en el acta que respalda la resolución del Juez a quo, no existe dicho impedimento es mas no existe memorial alguno que evidencia ese extremo, se estableció que ni siquiera estaba presente su defensa, por lo que el Ministerio Público demostró este riesgo; iii) Sobre el riesgo del art. 234.7 del CPP también se estableció que la autoridad judicial tomo en cuenta la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, normas internacionales de cumplimiento obligatorio como también las Leyes 548 y 348, por lo que no se estableció una incorrecta valoración de la prueba; iv) Respecto al art. 235.4 del CPP se evidencio que el Auto Interlocutorio no estableció la vigencia de ese riesgo, por lo que no es cierto el agravio expresado entonces no corresponde alegar incorrecta valoración; v) El accionante pretende que la jurisdicción constitucional establezca la existencia o no de los indicios de participación, cuando lo que debe establecer es si se emitió una resolución cumpliendo la normativa, razonabilidad y proporcionalidad o en su caso no cuenta con fundamentación y motivación; y, vi) En la acción se establece que se habría manifestado sobre la existencia del art. 233.1 del CPP pero no podría manifestarse porque no fue objeto de agravio; por lo que solicita se deniegue la tutela.
Juan José Quiroga Duchen, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: a) En la audiencia de apelación en ningún momento se llevó como motivo de apelación el requisito sustancial previsto en el art. 233.1 del CPP que ahora reclama, simplemente se remitió a los riesgos procesales; b) Con relación al riesgo del art. 234.4 del CPP, la orden emitida por una autoridad judicial debe ser cumplida a cabalidad, su incumplimiento trae consecuencias, en este caso, se señaló audiencia para cámara gesell y el accionante no llego, ni su defensa, incumpliendo el mandato de la ley sin acreditar o justificar su incomparecencia, por ello, se ha mantenido la subsistencia lo que fue fundamentado también por el A quo; c) Respecto al 234.7 del CPP, la CPE en sus arts. 59, 60 y 61 establece que se debe brindar protección reforzada a las víctimas que sufren agresiones sexuales, aplicar enfoque interseccional y perspectiva de género, en el caso la víctima es una adolescente mujer de 15 años y este hecho fue relacionado con la SCP 0394/2018-S2, se determinó que existe peligro para la víctima porque hay un vínculo que acredita que el imputado tiene esas facilidades para abusar de la menor de edad, habitando en el mismo domicilio donde habita su madre, son todas esas circunstancias que se consideraron para establecer que es un peligro y además como su madre es copropietaria del mismo inmueble donde habita la víctima con sus padres, entonces no corresponde dar por desvirtuado con el solo hecho que el imputado salga del inmueble y dar por inexistente ese vínculo; y, d) Sobre el riesgo previsto en el art. 235.4 del CPP no fue tema de debate, porque este riesgo procesal ya fue desvirtuado en la audiencia cautelar de 30 de agosto de 2022, entonces no se encontraba vigente a momento de que se interpuso el recurso de apelación; el Auto de Vista emitido por la Vocal demandada cumple los requisitos establecidos en el art. 233.1, 2 y 3, 234.4 y 7 del CPP, habiendo realizado una valoración integral de todos los elementos de prueba con fundamentación correcta basada en perspectiva de género en favor y protección de las victimas menores de edad; por lo que solicita se declare “infundado” la acción interpuesta.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 136 vta. a 141 vta., denegó la tutela solicitada con los siguientes fundamentos: 1) A efectos de ingresar al ámbito de la legalidad ordinaria el petitorio debe enmarcarse en una relevancia constitucional demostrándose la vulneración de un derecho, así el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo de Justicia en el AS 114/2013-RRC y 438 de 15 de octubre de 2005 refirió que en la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos, estos son de exclusiva facultad de jueces y tribunales, en consecuencia, la Vocal accionada ha efectuado evidentemente una valoración de la prueba, de la que el accionante solicita se haga una revisión, sin embargo la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció las reglas para ingresar a valorar prueba, empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, en ese entendido en el presente caso, de la lectura del Auto de Vista emitido se puede establecer que la misma está dentro de sus ámbitos de razonabilidad y equidad, también se hace juzgamiento con perspectiva de género con enfoque interseccional al tratarse de delitos de carácter sexual, existe el análisis respecto a los riesgos previstos en el art. 234.4 y 7 así como del art. 235.4 del CPP; 2) El accionante debió en su fundamento establecer la relevancia constitucional, que evidentemente los criterios vertidos por la Vocal demandada estén alejados de la razonabilidad y la equidad en la labor valorativa, aspectos que no se evidenció en la presente acción, no se advierte que se haya vulnerado ningún derecho; 3) No se puede ingresar a hacer un mayor análisis de la resolución por cuanto el Tribunal de garantías constitucional no es una instancia ordinaria; y, 4) Con relación al petitorio, no corresponde a la jurisdicción constitucional disponer la libertad del accionante, por cuanto el imputado se encuentra sometido a las autoridades jurisdiccionales ordinarias, las cuales en su momento oportuno determinaran lo que corresponda.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan obrados se establece lo siguiente:
II.1. Consta Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022 emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí que dispone la detención preventiva de David Oscar Chavarría Meneses – ahora accionante- por el tiempo de tres meses, en forma posterior se advierte que la defensa del imputado interpuso recurso de apelación, por lo que la autoridad judicial dispuso la remisión del mismo (fs. 103 a 106 vta.). II.2. Cursa acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 6 de septiembre de 2022 en el que se emite el Auto de Vista 208 de la misma fecha por la que María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -autoridad judicial demandada- declara admitir la apelación formulada por el imputado, en el fondo declara improcedente el mismo y confirma la resolución de la autoridad jurisdiccional A quo (fs. 115 a 117 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia y a la libertad, debido a que la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 208/2022 de 6 de septiembre, declaró improcedente su recurso de apelación y confirmó la medida de detención preventiva sin pronunciarse sobre todos los agravios expuestos, incurriendo en una resolución infra petita; así: i) Reconoció la existencia de “incongruencias”, pero no precisó en qué consistían ni explicó cómo se acreditaban los riesgos procesales invocados, limitándose a reiterar los argumentos del juez de primera instancia sin emitir una respuesta razonada a lo impugnado; ii) En cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, omitió pronunciamiento alguno; iii) Respecto al riesgo del art. 234.7 del mismo cuerpo legal, se limitó a señalar que la víctima es menor de edad y, por ello, merece protección reforzada del Estado, sin valorar la documentación que demuestra la inexistencia de ese riesgo, no indicó cómo se configura la supuesta peligrosidad, cuando no cuenta con antecedentes penales, no tiene procesos por violencia familiar, no ha evidenciado conductas reiteradas de peligrosidad, no reside con la víctima ni tiene contacto con ella; y, iv) Finalmente, respecto al riesgo contemplado en el art. 235.4 del CPP, se limitó a ratificar los fundamentos del juez de primera instancia, sin resolver el agravio referido a que en el inmueble señalado como domicilio común solo reside la madre del imputado, hecho acreditado mediante certificado domiciliario.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; a.1) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; b) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; b.i) El enfoque interseccional; y, b.ii) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; c) Sobre el riesgo procesal de fuga, como peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal-; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código.
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, reiterada por la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero -entre otras-, desarrollo el siguiente razonamiento:
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentostanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:
La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:
408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.
409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:
139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.
140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.
El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, el Ministerio Público, entre otros.
Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.
Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de 16Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 17Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 18Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 19Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”.
Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”.
abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.
Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.
A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras). De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior.
Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:
…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”.
El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.
En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…)
IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)
10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;
11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia.
De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.
Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:
ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0496/2020-S1 de 14 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 7 -antes 10-, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante.
Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido. Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados, que consideró la normativa internacional e interna, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes. Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base en criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente, pues, de lo contrario se produciría una revictimización; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población. Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.2., y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste, en contra de las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión al delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente. En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probables hostigamiento, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida que se le imponga o modifique otra, respecto al imputado a quien se le atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que, la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia. Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado;
así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
Asimismo, conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, se modificó únicamente el numeral 10 por el numeral 7 del art. 234 del CPP, empero no, su contenido, cuya redacción fue declarada constitucional por la SCP 0056/2014.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso -en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia- y a la libertad, debido a que la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 208/2022 de 6 de septiembre, declaró improcedente su recurso de apelación y confirmó la medida de detención preventiva sin pronunciarse sobre todos los agravios expuestos, incurriendo en una resolución infra petita; así: 1) Reconoció la existencia de “incongruencias”, pero no precisó en qué consistían ni explicó cómo se acreditaban los riesgos procesales invocados, limitándose a reiterar los argumentos del juez de primera instancia sin emitir una respuesta razonada a lo impugnado; 2) En cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, omitió pronunciamiento alguno; 3) Respecto al riesgo del art. 234.7 del mismo cuerpo legal, se limitó a señalar que la víctima es menor de edad y, por ello, merece protección reforzada del Estado, sin valorar la documentación que demuestra la inexistencia de ese riesgo, no indicó cómo se configura la supuesta peligrosidad, cuando no cuenta con antecedentes penales, no tiene procesos por violencia familiar, no ha evidenciado conductas reiteradas de peligrosidad, no reside con la víctima ni tiene contacto con ella; y, 4) Finalmente, respecto al riesgo contemplado en el art. 235.4 del CPP, se limitó a ratificar los fundamentos del juez de primera instancia, sin resolver el agravio referido a que en el inmueble señalado como domicilio común solo reside la madre del imputado, hecho acreditado mediante certificado domiciliario. De acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente tutelar, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022, dispuso la detención preventiva de Óscar Chavarría Meneses –hoy accionante- por el plazo de tres meses. Contra dicha decisión, la defensa del imputado interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue remitido a la autoridad competente (Conclusión II.1). Este recurso fue resuelto mediante Auto de Vista 208 de 6 de septiembre de 2022, pronunciado por la Vocal ahora demandada, quien admitió el recurso y, en el fondo, lo declaró improcedente, confirmando la resolución apelada (Conclusión II.2). Identificado el acto lesivo denunciado por la accionante, corresponde previamente referirse al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a partir de la cual se puede establecer que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido a expresar cuál el fundamento legal de la decisión, citando todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su determinación; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos así como los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Ahora bien, a efectos de realizar el contraste de las denuncias efectuadas por el accionante, corresponde remitirnos a los agravios formulados en el recurso de apelación, así del Auto de Vista 208 de 6 de septiembre de 2022 refiere:
“Que la defensa técnica del imputado ha sido clara al establecer cual los agravios que hubiera sufrido y es precisamente una incorrecta fundamentación e incorrecta valoración de los elementos de prueba se va directamente a los riesgos procesales establecidos en el 234 numeral 4 y 7 del procedimiento penal y señala que no estaría vigente el 234 numero 4 toda vez de que el sustento seria de que las audiencias de cámara gesell habrían sido suspendidos por responsabilidad del imputado cuando en fecha 4 de enero se ha llevado adelante dicha audiencia pero se ha suspendido no por la inasistencia del imputado sino por la inasistencia del Ministerio Publico y de la víctima en el mes de mayo se vuelve a suspender por inasistencia de la víctima estando presente el imputado con su defensor, en el mes de junio lamentablemente el imputado llega tarde y se suspende por lo cual no existe ese conducta negativa aparte habría que preguntarse donde se le habría notificado el ha ido a notificarse en Secretaria del juzgado, evidenciando un sometimiento se advierte parcialidad con respecto al 234 numeral 7 señala que se ha presentado un Rejap, no violencia, un certificado domiciliario, informe social donde se puede evidenciar que el imputado no vive en la casa de la víctima si su madre porque hubiera adquirido ese bien inmueble junto con la familia de la víctima pero no ha tomado contacto con la victima por lo tanto no existe este riesgo procesal y el señor juez al amparo del artículo 124 y 173 del procedimiento penal no ha valorado estos documentos aplica una medida restrictiva gravosa asimismo existe incongruencia al señalar con la declaración de la víctima, la victima dice que se encontraba sola posteriormente señala que estaba su hermana menor existe una incorrecta valoración con relación al hecho ficticio inexistente por lo que solicita se revoque.
Con respecto al art. 235 numeral 2, existiría porque la madre de la víctima al llegar y hablar con la madre del imputado pero se ha presentado esa declaración y se puede evidenciar de lo que ha señalado que él es mayor de edad y sabrá su responsabilidad con respecto al 235 numeral 4 no puede ser tomado en contra del imputado por que lo que solicita se revoque que no corresponde la aplicación de ninguna medida cautelar pero voluntariamente han aceptado dice que se acepte medidas sustitutivas como el arraigo y la presentación periódica. Asimismo, se ha presentado un informe social donde se puede evidenciar que es padre de una menor de 2 años que necesita una operación urgente lamentablemente no ha sido valorada toda esa prueba, existe parcialidad debe revocarse debe otorgarse la liberad del imputado o en su caso si se considera otra medida menos gravosa toda vez de que la resolución ha sido totalmente arbitraria”. En respuesta a los agravios, la Vocal demandada en el Auto de Vista 208 de 6 de septiembre de 2022, se pronunció, señalando:
“En el presente caso si bien es evidente la defensa ha señalado dos agravios una incorrecta fundamentación una incorrecta valoración se debe tomar en cuenta que no ha hecho mención a lo señalado en el artículo 233 numeral 1 del procedimiento penal, es decir suficientes indicios de participación del imputado en el hecho si bien como manera retorica ha establecido de que existe incongruencias en la declaración de la víctima que señala que primero estaba con su hermana posteriormente estaba sola empero no ha hecho alusión reitero una vez más al artículo 233 numeral 1 de procedimiento penal. Por lo cual se entiende que el requisito material se encuentra vigente.
Con respecto al artículo 234 numeral 4 de procedimiento penal nos señala que el sustento de la autoridad jurisdiccional a quo ha sido en sentido de que el imputado no habría asistido a las audiencias de cámara gesell motivo por el cual se había pedido suspensión es necesario referirnos a lo que ha señalado la resolución de la autoridad jurisdiccional a quo, en la página 169 establece, conforme se tiene del cuaderno del control judicial específicamente a foja 58 que es el acta de audiencia de anticipo de prueba del cámara gesell que se lleva a cabo en fecha 9 de junio de 2022 cuando se consulta a la secretaria si se procedió a la notificación de todas las partes dicha persona menciona que fueron debidamente notificado encontrándose en sala de audiencia la representación de ministerio público, la perito designada a la licenciada que va a tomar la declaración no encontrándose la parte imputada ni su abogado, y ese, es el motivo por el cual se suspende dicha audiencia sin fecha hasta que el Ministerio Público coordine con la parte víctima y de a conocer a la autoridad judicial inmediatamente señala fecha dicho actual se corrobora lo manifestado con el Ministerio Público de que el imputado fue debidamente notificado no ha asistido a la audiencia que ha sido programada por la autoridad judicial el numeral 4 del 234 menciona el comportamiento del imputado durante el proceso o en otra anterior en la medida en que indique su voluntad de someterse al mismo la defensa técnica nos ha señalado de que esta audiencia de cámara gesell se había llevado en diferentes fecha primero nos ha señalado 4 de enero posteriormente en el mes de marzo y para solicitar el mes de junio de la fundamentación realizada por autoridad jurisdiccional que es lo que se está viniendo en este caso a apelar se podría decir por la parte imputada el fundamento de la autoridad jurisdiccional es de fecha 9 de junio de 2022, en ningún momento se habría referido a las audiencias de enero marzo y eso debía ser observado por la defensa técnica del imputado, es decir si es evidente o no es evidente lo señalado, nos remita a fojas 58 la autoridad jurisdiccional la cual establece un acta de audiencia de anticipo de prueba en cámara gesell donde señala que en fecha 9 de junio del 2022, el juez de instrucción instalo la presente audiencia de declaración anticipada y pericia psicológica de la indicada menor en contra del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Oscar David Chavarría Meneses, se informó por secretaria que todos las partes fueron notificados, se evidencia la existencia de la parte imputada nos indica la defensa de que el imputado habría llegado posteriormente en forma tardía no nos indica bajo que documental se encuentra corroborado ese extremo, en la imputación formal se puede llegar a establecer la vigencia de este riesgo procesal precisamente esa situación de que no se habría presentado a la audiencia de cámara gesell reitero una vez más la defensa técnica del imputado no hace mención a esa situación a efectos de decidir si existe alguna certificación que demuestra de que el imputado evidentemente tenía la voluntad de someterse a dicha audiencia pero por situación de tráfico o de trabajo no pudo llegar a tiempo, la autoridad jurisdiccional conforme al artículo 235 ter del procedimiento penal tiene que basarse única y exclusivamente a la documentación presentada en forma objetiva para efectos de que el mismo valore adecuadamente la concurrencia o no de estos riesgos procesales no se trata de hacer simples argumentaciones, el articulo 234 numeral 4 conforme ha señalado el juez de instrucción establece el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo lo cierto y evidente por la documental que ha sido valorada la autoridad jurisdiccional se evidencia que en audiencia de 9 de junio del presente año el imputado no se ha hecho presente a la audiencia de cámara gesell no existe ningún memorial, la suscrita ha revisado después del acta de audiencia que hubiera presentado que establezcan el motivo por el cual de su inasistencia que justifique su inasistencia a dicha audiencia peor de la defensa técnica del imputado toda vez que a la fecha solamente se nos ha indicado de que estaba inasistente el imputado por lo que había llegado tarde pero nos ha indicado nada sobre su defensa técnica en ese contexto se tiene que no existe objetivamente documentación que evidencia si bien el imputado ha faltado a dicha audiencia no hubiera sido por voluntad sino debido a factores externos como el hecho de llegar tarde no existe corroboración alguna de ese argumento por lo que se puede evidenciar que la autoridad jurisdiccional ha aplicado correctamente el articulo 234 numeral 4 del procedimiento penal.
Con respecto al artículo 234 numeral 7 del procedimiento penal establece peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, el imputado nos señala que se hubiera adjuntado documentación a efectos de establecer la no vigencia de este riesgo procesal y que la autoridad jurisdiccional ni siquiera ha tomado en cuenta, se puede evidenciar a fojas 170 lo manifestado por el señor juez que nos señala la concurrencia del numeral 7 mencionando que es un peligro para la víctima menor de edad asimismo que ha sido una víctima de agresión sexual señala a la sentencia constitucional 394/2018, la parte procesada ha mencionado que se tiene certificado de no violencia certificado de antecedentes penales se demuestra que el imputado no tuviera antecedentes penales que no tiene ningún antecedente conforme se tiene la línea jurisprudencial este tribunal ha mencionado muy claro, aclarando que para la concurrencia del derecho riesgo procesal del numeral 7 del 234 se debe hacer una valoración integral de todos los antecedentes del proceso y se puede evidenciar que conforme ha sucedido los hechos en la manera de aprovecharse del imputado máximo en el domicilio donde vive una menor de edad y posible hecho en presencia de otra menor de 6 años de edad demuestra que existe una persona vulnerable que es menor de 15 años asimismo existe otras personas menores de edad, la forma que se aprovechado inclusive actuando a la fuerza agarrarle la menor se tiene que si es un peligro efectivo para la victima aclarando de que los certificados de antecedentes penales demuestran de que no sería un peligro para la sociedad pero sin embargo conforme a sucedido los hechos son la forma la manera de aprovecharse de la vulnerabilidad eso es lo que refiere el señor juez.
De obrados en primera instancia se debe tomar en cuenta la imputación formal porque con esa imputación formal ha sido debidamente notificado el imputado y sabía qué audiencia de medida cautelar se estaba dirigiendo sabía que elementos de convicción existía o no existía en su contra por eso es que si ha hecho alusión con respecto al 234 numeral 7 del procedimiento penal en la imputación formal el ministerio publico establece este riesgo bajo el siguiente sustento El imputado constituye un peligro efectivo para la victima ello demostrando por la entrevista de la víctima por lo cual se evidencia que el imputado aprovechando la condición de vulnerabilidad de la víctima permitiéndose actuar desproporcionalmente la condición vulnerable de la víctima quien resulta ser una mujer menor de edad y proceder a realizar una serie de actos sexuales Consecuentemente se entiende que a partir de la vigencia de la 3 ley 348 la Convención de Belem do para y los tratados otorgan un carácter reforzado a personas vulnerables ese ha sido el sustento en ningún momento el sustento del ministerio público a efectos de establecer la vigencia de este riesgo procesal ha señalado de que en primera esta persona seria reincidente que tenga antecedentes policiales, que tenga antecedentes judiciales que sea una persona que maltrata a mujeres, para que tenga antecedentes en Sipasse o sea ese no ha sido el sustento para establecer la vigencia de este riesgo la autoridad jurisdiccional se ha pronunciado al respecto y establece de que evidentemente existe esa protección reforzada a las personas presuntamente objeto de una agresión sexual a efectos de establecer esta existencia este riesgo procesal la jurisprudencia del tribunal constitucional ha establecido en delito de carácter sexual en delitos donde exista una persona de sexo femenino una persona menor de edad se debe hacer una valoración integral de todos los elementos de convicción antes y después del hecho en el caso presente la autoridad jurisdiccional a quo ha tomado en cuenta de que la declaración de la víctima, declaración de la víctima que llega establecer Como supuestamente habría acontecido el supuesto hecho y bajo el principio de verdad material establecida en el art. 193 del código niño, niña adolescente se tiene como un indicio de participación, la participación del imputado a fojas 105 cursa esta entrevista informativa recibida por el señor Antonio Velarde Torrico psicólogo de las defensorías de la niñez y adolescencia donde llega a establecer como habría acontecido, el presente hecho es más se puede evidenciar de que supuestamente en la pregunta 10. Pregunta ¿Cómo te molesto?. Respuesta de que la menor se estaba escondiendo ante un árbol de que su tío se estaba acercando entre mareado le había agarrado le había hecho un morete en su brazo le hubiera comenzado a pretender tocar su cuerpo y que su buzo estaba bien amarrado ese es el hecho, ha tomado en cuenta la autoridad jurisdiccional para establecer esta vulnerabilidad de que el hecho se hubiera acontecido en el domicilio de la parte victima al cual tenía acceso el imputado la defensa nos indica la fecha de que el imputado no vive en ese domicilio en el momento del hecho se entiende que tampoco vivía y de la propia declaración del imputado en ningún momento el sustento ha sido de que porque viven juntos existe ese peligro efectivo para la victima sino el hecho ha sido de que ha ocurrido en el propio domicilio de la víctima cuando el imputado supuestamente habría ido por alguna situación al domicilio donde vivía anteriormente, la documental conforme a señalado la autoridad jurisdiccional a quo no es pertinente toda vez que no se está estableciendo este riesgo procesal sobre que es un peligro efectivo para la sociedad a efectos de establecer los antecedentes sino se está refiriendo prácticamente a un enfoque interseccional de genero a efectos de establecer de que el imputado es un peligro efectico para la victima por su minoridad, por su condición de mujer y por los supuestos actos sexual que hubiera ocurrido en el domicilio de la víctima. Ese es el hecho, esas son las circunstancias que han sido valorados por autoridad jurisdiccional y no es evidente de que la autoridad jurisdiccional no hubiere tomado en cuenta esa documentación sobre el certificado domiciliario, informe social, se puede evidenciar del acta de que en ningún momento establecido la defensa técnica del imputado De que se tome en cuenta esos aspectos a efectos de demostrar de que no concurre este riesgo procesal.
Con respecto al Art. 235 numeral 2 del procedimiento penal la autoridad jurisdiccional a quo ha señalado con respecto a este riesgo bueno se tiene establecido el 235 numeral 2 del Código de procedimiento penal y de la imputación formal se tiene que el Ministerio Publico solamente ha establecido el riesgo procesal establecido en el artículo 235 numeral 4 del procedimiento penal, con respecto al 235 numeral 4 del procedimiento penal, la autoridad jurisdiccional razona y señala el Ministerio Publico ha mencionado que conforme se tiene la declaración de la madre de la víctima donde señala ¿diga usted Si desea agregar algo más en la presente entrevista?. Testigos también quiero hacer conocer que la señora Teodora Meneses a mi esposo le habría enviado un audio mediante WhatsApp diciendo que le haga llegar nomas a su hijo a la cárcel que no se meta en su vida en sus cosas nadie tiene que meterse y dijo también que ella arreglara porque es su madre, conforme se tiene ese acta de declaración se corrobora de que existe influencia que trata de realizar la madre hacia los familiares de la víctima sin embargo quiero aclarar de que el Ministerio Publico ha mencionado de que si estaría influenciando reinventando a través de su mama de la parte victima ahí están los familiares de la parte victima sin embargo si bien existe una influencia por parte del de la madre no se demuestra la influencia que tiene el imputado junto con su madre es decir el nexo del sindicado o procesado juntamente con su madre por tal motivo para la autoridad judicial resulta insuficiente la documentación presentada no concurre el numeral 4 del 234 Asimismo aclarar de que la parte procesada ha presentado documentación consistente en un certificado domiciliario el cual menciona el domicilio un certificado de apoderado donde diría que suscribe un contrato de trabajo, un certificado de nacimiento, sin embargo el Ministerio Publico ha retirado que concurriría el numeral 1 y 2 del 234 y el Ministerio Publico ha dado a entender de que tendría un domicilio, un trabajo una familia sin embargo aclarar que el ministerio público no ha mencionado nada respecto a estos aspectos en definitiva señala que existen vigentes el 233 numeral 1 y 2, 234 en su numeral 4 y 7, no está el 235 numeral 4, del procedimiento penal, de lo que se llega a establecer que el agravio expresado por la parte apelante tampoco Es evidente porque la autoridad jurisdiccional no ha dado vigencia del Art. 235 numeral 4 ni numeral 2, del procedimiento penal por lo que no habiendo apelado ni el Ministerio Publico, ni la defensoría de la niñez el tribunal de alzada no puede pronunciarse al respecto de lo que se llega a establecer que los agravios expresados por la parte apelante son totalmente alejados a lo sustentado por la autoridad jurisdiccional a lo fundamentado por la autoridad jurisdiccional y la valoración de los elementos de convicción que hubiera realizado dicha autoridad de lo que se llega a establecer que no son videntes dichos agravios.” (SIC). Ahora bien, de la lectura del referido Auto de Vista, la Vocal ahora accionada reconoció la existencia de “incongruencias” en la declaración de la víctima -particularmente respecto a si se encontraba sola o acompañada por su hermana al momento de los hechos-, pero no explicó cómo tales contradicciones incidirían en la configuración de los riesgos procesales alegados, ni valoró debidamente dicho elemento, limitándose a reiterar los fundamentos expuestos por el juez de primera instancia. En ese sentido, el reclamo del accionante se orienta a denunciar una omisión en la valoración probatoria y una falta de motivación en la resolución impugnada, en contravención al deber de fundamentación previsto en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y al principio de congruencia procesal consagrado en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). No obstante, al examinar el contenido del Auto de Vista impugnado, se advierte que la Vocal demandada sí realizó un análisis jurídico razonado sobre dicho aspecto. De manera específica, explicó que el accionante se limitó a observar la declaración de la víctima en relación con su entorno al momento del hecho -es decir, si estaba sola o acompañada por su hermana-, pero no argumentó ni demostró de qué manera ese punto podría desvirtuar la existencia del hecho investigado ni la probable participación del imputado, conforme exige el numeral 1 del art. 233 del CPP para la imposición de medidas cautelares personales. En este marco, corresponde tener presente que, tratándose de delitos que afectan la libertad sexual, la valoración de la prueba y la determinación de la probabilidad de autoría o participación adquieren una connotación especial, en razón de la normativa constitucional e internacional que impone la aplicación de una perspectiva de género. Este deber ha sido reiteradamente reconocido por la jurisprudencia nacional e interamericana conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional al establecer que en este tipo de delitos -frecuentemente perpetrados en contextos de ausencia de testigos y bajo relaciones de poder y vulnerabilidad-, las inconsistencias menores en el testimonio de la víctima no pueden interpretarse automáticamente como signos de mendacidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha determinado que la violación sexual constituye una forma particular de violencia que generalmente ocurre sin testigos presenciales y cuyas secuelas físicas no necesariamente son comprobables mediante exámenes médicos, por lo que la declaración de la víctima adquiere una importancia central como elemento probatorio. En consecuencia, la inexistencia de pruebas materiales o las eventuales inconsistencias internas en el testimonio de la víctima no deben, por sí solas, desvirtuar su credibilidad, sobre todo cuando se trata de niñas, niños o adolescentes, conforme al principio de presunción de veracidad previsto en el art. 193 inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA). De igual forma, se ha establecido que las contradicciones menores o desacuerdos intrasujeto no deben entenderse como falsedad, sino ser contextualizados en la complejidad propia de estos delitos y en los efectos emocionales y psicológicos que generan en la víctima. Por lo tanto, en la fase cautelar, tales testimonios pueden constituir prueba indiciaria suficiente para acreditar, con razonabilidad, la existencia de elementos que hagan presumir la participación del imputado en el hecho delictivo investigado, conforme al art. 233.1 del CPP. Desde esta perspectiva, la afirmación del accionante en cuanto a que la Vocal no valoró adecuadamente la supuesta contradicción de la víctima carece de asidero, en tanto dicha autoridad jurisdiccional sí realizó un análisis jurídicamente razonado que consideró no solo la forma en que el accionante formuló su objeción, sino también la pertinencia de dicha contradicción en el marco de un proceso que exige -como ha establecido la Corte IDH- una valoración libre de sesgos y con enfoque de género. Así, al no haberse desvirtuado objetivamente la declaración de la víctima, su testimonio mantiene su valor probatorio indiciario, y la decisión del Tribunal de alzada resulta congruente con los estándares constitucionales e internacionales aplicables en casos de violencia sexual. En consecuencia, no se advierte una vulneración al deber de motivación ni a la valoración integral de los elementos presentados, por cuanto el Auto de Vista impugnado se encuentra fundado en una interpretación jurídicamente válida, conforme al art. 233 del CPP y a los estándares establecidos por la jurisprudencia interamericana y nacional; a mérito de lo cual, sobre este punto se debe denegar la tutela. Con relación a la segunda denuncia en sentido de que la autoridad demandada omitió pronunciarse sobre el riesgo procesal 234.4 del CPP, emitiendo una resolución infra petita, corresponde señalar que el juez de primera instancia fundamentó la concurrencia del mencionado riesgo procesal, apoyándose en el comportamiento del imputado, específicamente en su injustificada inasistencia a la audiencia de cámara Gesell celebrada el 9 de junio de 2022. Según consta en el acta obrante a fojas 58 del cuaderno de control jurisdiccional, tanto el imputado como su abogado no se presentaron a dicha audiencia, a pesar de haber sido debidamente notificados.
Ahora bien, resulta importante destacar que la declaración en cámara Gesell constituye un acto procesal de vital relevancia, especialmente en delitos que involucran a víctimas niñas, niños o adolescentes, pues se trata de una diligencia destinada a evitar la revictimización, recogiendo el testimonio de la víctima en condiciones especiales y con garantías para todas las partes. La presencia del imputado y su defensa en este tipo de audiencias es fundamental para garantizar el derecho de contradicción, por lo que su inasistencia sin justificación razonable no solo entorpece el desarrollo del proceso, sino que también puede interpretarse como una estrategia para obstaculizar la producción de prueba esencial. La defensa alegó que el imputado habría llegado tarde o que la audiencia se habría fijado en otras fechas previas -enero y marzo-; no obstante, no acompañó documentación alguna que respalde tales afirmaciones, ni ofreció una justificación válida y comprobable respecto a la ausencia del abogado defensor. Tampoco se presentó certificación ni memorial que evidencie que el imputado intentó justificar su inasistencia por causas externas, como problemas de tránsito, razones laborales u otros impedimentos razonables. En consecuencia, la Vocal consideró que la valoración efectuada por el juez de primera instancia fue adecuada y conforme a derecho, toda vez que se basó en elementos objetivos y verificables, tal como lo exige el art. 235 ter del CPP. Asimismo, este hecho permitió inferir que el comportamiento procesal del imputado revela indicios de una voluntad de no someterse al proceso penal, pues su inasistencia a un acto procesal relevante, sin causa justificada, y la ausencia de diligencia para remediar o explicar dicha omisión, evidencian un desinterés por colaborar con el desarrollo del proceso o, incluso, una intención de obstaculizarlo; bajo ese entendido, no se advierte vulneración alguna por falta de pronunciamiento, ni tampoco se configura una resolución infra petita, ya que el riesgo procesal previsto en el artículo 234.4 del CPP fue efectivamente considerado, analizado y motivado con base en hechos concretos que permiten inferir la posible voluntad del imputado de sustraerse a la acción de la justicia.
En ese contexto, se advierte que la autoridad judicial no solo consideró los hechos relevantes para sustentar el riesgo procesal invocado, sino que además respetó los principios que rigen el debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales y el equilibrio entre los derechos del imputado y los fines del proceso penal. La valoración del comportamiento procesal del imputado -particularmente su injustificada inasistencia a una audiencia de cámara Gesell, acto procesal esencial para la producción de prueba en casos que involucran víctimas vulnerables- resulta razonable y proporcional. Asimismo, la inferencia de que tal conducta puede revelar una voluntad de no someterse al proceso, encuentra respaldo en una interpretación armónica del art. 234.4 del CPP y los principios de celeridad, eficacia y tutela judicial efectiva; a tal efecto, se concluye que no se configuró la vulneración a sus derechos fundamentales invocados en la presente acción tutelar debiéndose denegar la tutela también sobre este punto de agravio. Respecto a la tercera y cuarta denuncias formulada por el accionante, referidas a la supuesta ausencia de fundamentación y motivación respecto a los riesgos procesales contemplados en los arts. 234.7 y 235.4 del CPP, se argumenta que la Vocal ahora demandada se habría limitado a señalar que la víctima es menor de edad y, por tanto, merece una protección reforzada del Estado, sin valorar adecuadamente la documentación presentada por la defensa que, a su entender, desvirtúa dicho riesgo. Sostiene que la autoridad judicial no explicó cómo se configura la supuesta peligrosidad, cuando el imputado no cuenta con antecedentes penales, no tiene procesos previos por violencia familiar, no presenta conductas reiteradas que evidencien peligrosidad, no reside con la presunta víctima ni mantiene contacto con ella. Asimismo, sobre el peligro de obstaculización referido, se limitó a ratificar los fundamentos del juez de primera instancia, sin resolver el agravio referido a que en el inmueble señalado como domicilio común solo reside la madre del imputado, hecho acreditado mediante certificado domiciliario. No obstante, del examen integral de la resolución impugnada se advierte que la autoridad judicial realizó una valoración razonada y concreta de los elementos que sustentan la existencia del riesgo procesal previsto en el artículo 234.7 del CPP. La Vocal indicó que el juez de primera instancia consideró que el imputado representa un peligro para la víctima, en base a tres aspectos principales: primero, la condición de especial vulnerabilidad de la víctima, por tratarse de una menor de edad, de sexo femenino, que habría sido objeto de una agresión sexual; segundo, las circunstancias en que se habrían producido los hechos, según lo relatado en la entrevista psicológica incorporada a foja 105 del cuaderno jurisdiccional, en la que la menor describe que el imputado intentó tocarla de manera inapropiada, aprovechando que se encontraba sola y vulnerable; y tercero, el hecho de que el supuesto acto habría tenido lugar en el domicilio de la víctima, al cual el imputado tenía acceso, lo que podría evidenciar un aprovechamiento de la cercanía o confianza familiar. Frente a estos elementos, si bien la defensa presentó certificados de antecedentes penales y de no violencia, la autoridad jurisdiccional concluyó que dichos documentos no eran suficientes para desvirtuar el riesgo procesal identificado, pues el peligro para la víctima no se define exclusivamente por la existencia de antecedentes penales, sino por las circunstancias concretas del caso. En ese sentido, se aplicó un enfoque interseccional con perspectiva de género, que toma en cuenta la edad, el sexo, el entorno en el que habrían ocurrido los hechos, y la necesidad de adoptar medidas reforzadas de protección cuando se trata de víctimas especialmente vulnerables, como lo son las niñas y adolescentes. Asimismo, la autoridad judicial también valoró la existencia del riesgo procesal contemplado en el artículo 235.4 del CPP, referido al peligro de obstaculización del desarrollo del proceso, cuando el imputado pudiera influir negativamente sobre la víctima, testigos o coimputados, con el objeto de que informen falsamente o se comporten de manera desleal. En ese marco, la Vocal consideró que, dado que la presunta víctima es menor de edad, y el hecho denunciado habría ocurrido en su domicilio cuando se encontraba sola, existe un riesgo latente de que el imputado, directa o indirectamente, pueda interferir en su declaración o influir en su comportamiento procesal, ya sea mediante contacto personal, familiar o social. En este punto, si bien la defensa presentó un certificado de domicilio en el que consta que el imputado reside en un lugar distinto al de la presunta víctima, la autoridad judicial señaló que este hecho, por sí solo, no es suficiente para descartar el riesgo de obstaculización, toda vez que no se evidenció la existencia de mecanismos eficaces que garanticen la ausencia total de contacto, ni se ofrecieron otras medidas idóneas que neutralicen dicha posibilidad. Por otro lado, la naturaleza del hecho imputado y la relación de cercanía entre el imputado y la víctima, revelan un contexto que exige medidas de protección reforzada para evitar cualquier forma de revictimización. Este análisis es coherente con la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que establece que en los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el peligro de obstaculización debe analizarse desde una perspectiva de protección integral y con atención prioritaria a la víctima, debiéndose valorar no solo la proximidad física, sino también la posibilidad de incidencia psicológica, emocional o social, directa o indirecta, que pueda afectar su participación libre y segura dentro del proceso penal. La Vocal ahora accionada también fundamentó su decisión en coherencia con los Fundamentos Jurídicos precisados anteriormente, señalando expresamente que, en los casos de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, corresponde realizar una valoración reforzada de los elementos del proceso, priorizando los principios de protección integral y verdad material. Esta interpretación encuentra respaldo en la Ley 348 y en tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano, como la Convención de Belém do Pará, que imponen a las autoridades judiciales el deber de proteger eficazmente a las víctimas de violencia de género y violencia sexual, especialmente cuando son niñas. Respecto a la supuesta omisión de considerar otros medios probatorios como el informe social o el certificado de domicilio, la autoridad judicial señaló que dichos documentos fueron valorados, pero no desvirtuaron el riesgo, ya que no eran suficientes para contradecir los elementos objetivos ya descritos. Además, se advierte que la defensa no demostró oportunamente la pertinencia ni la eficacia de dichos documentos para modificar la decisión adoptada, ni planteó argumentos específicos que cuestionaran el análisis efectuado por la instancia inferior. En conclusión, la resolución impugnada cumple con los requisitos de motivación, fundamentación y congruencia exigidos por el debido proceso. La autoridad judicial respondió de manera clara y específica a los agravios planteados, explicó por qué no se desvirtúan los riesgos procesales invocados por el Ministerio Público (con base en los arts. 233, 234.7 y 235.4 del CPP), y sustentó su decisión en la documentación objetiva obrante en el cuaderno de control jurisdiccional. Asimismo, aplicó correctamente la normativa procesal penal y la jurisprudencia constitucional aplicable, incorporando un enfoque de género y de protección reforzada hacia menores víctimas de delitos sexuales. Concluyéndose, que la Vocal demandada al pronunciar el Auto de Vista 208 de 6 de septiembre de 2022 a tiempo de resolver el recurso de apelación planteado por el imputado, no ha vulnerado el derecho a la libertad, tampoco el debido proceso en las vertientes invocadas, por el contrario, la decisión de alzada cumple con el canon de fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 136 vta., a 141 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada sobre la base de los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.
12 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
14 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de laUnión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534
15 Ibídem.
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 21Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.
22 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
23 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 24Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 25Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf
26 Ibídem, pág. 89
27 Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.
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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0227_2025-S1.pdf · páginas 1 a 45.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7a572d115b5d0fe11690ff2fb83571dd7bac741f71c5a62be849e9146c2972e9
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