Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia; toda vez que, en el proceso penal por incumplimiento de deberes y homicidio culposo donde cumple detención preventiva, las autoridades accionadas denegaron su solicitud de cooperación directa para obtener fotocopias legalizadas y certificación de otro proceso radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, elementos necesarios para tramitar su cesación a la detención preventiva, siendo que el Fiscal de Materia determinó “NO HA LUGAR” argumentando que la etapa investigativa feneció; mientras que, la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija ahora accionada, denegó el pedido señalando que el impetrante puede requerirlo directamente al contar con su defensa técnica; criterios que, a decir del accionante, evaden la competencia para atender postulaciones vinculadas a derechos primigenios, dejándole en absoluta orfandad y cercenando su derecho al no permitirle obtener la documentación para viabilizar su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 27 vta. a 32, La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0226/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52784-2023-106-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 08/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 27 vta. a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Andrés Ticona Mamani contra Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital; Ali Jhunior Martínez Flores, Fiscal de Materia ambos del departamento de Tarija.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, cursante de fs. 8 a 13 vta., manifestó lo siguiente:
No obstante; denuncia que, mediante decreto de 29 de noviembre de 2022, el Fiscal de Materia ahora accionado, determinó "NO HA LUGAR" a su solicitud, bajo el argumento de encontrarse en etapa de juicio con acusación formal, refiriendo que la etapa investigativa habría fenecido y que dicha representación fiscal no puede pedir documentación de un "caso ajeno". Ante tal negativa, el 8 de diciembre de 2022, acudió ante la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija -hoy accionada- bajo cuyo control se encuentra la causa-haciendo conocer dicho extremo; empero, mediante decreto de 9 de diciembre del mismo año, la referida autoridad también denegó su petitorio, señalando que el impetrante puede requerirlo de forma directa mediante memorial ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, al contar con defensa técnica y en aplicación del derecho a la defensa amplia e irrestricta. En ese contexto, manifiesta que el criterio de las autoridades accionadas evade la competencia para atender postulaciones vinculadas a derechos primigenios, dejándole en absoluta orfandad y cercenando su derecho al debido proceso en estrecha vinculación con su derecho a la libertad, al no permitirle obtener la documentación necesaria para viabilizar su solicitud de libertad, bajo interpretaciones que desconocen su obligación de generar protección a los derechos de atención preferente.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 14.III, 23.I., 115. II. y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Se deje sin efecto el Requerimiento Fiscal de fecha 29 de noviembre de 2022 y la providencia de fecha 30 de noviembre de 2022, del “juzgador” -Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija-; y, b) “…Se digne emitir el correspondiente requerimiento fiscal para viabilizar la solicitud y notificar mediante cooperación directa al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, para que pueda remitir fotocopias legalizadas de todos los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional en su integridad de la causa que siguió el Ministerio Público en contra de Andrés Ticona Mamani, por el delito de homicidio y lesiones graves y leves y gravísimas en accidente de tránsito (Código EAL-TR1300089 y Resolución 309/13), y se notifique al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a efectos de que certifique el estado actual del proceso citado en el marco de la Ley…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 29 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 27, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) La providencia de la Jueza accionada y el requerimiento de la autoridad fiscal son elementos lesivos al derecho a la libertad vinculados al debido proceso, al existir un entendimiento contrario sobre la operabilidad de la excepción de subsidiariedad cuando se encuentra vinculado al derecho a la libertad; 2) Conforme a la SCP 0505/2019-S3 de 26 de agosto, se establece que aunque el Fiscal de Materia, pierda competencia para la investigación al presentar la acusación, cualquier solicitud vinculada a la cesación a la detención preventiva es accesoria al proceso y la autoridad fiscal debe autorizar los requerimientos vinculados al derecho a la libertad; 3) La negativa de las autoridades para autorizar la obtención de copias legalizadas y certificaciones del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, deja al justiciable en "orfandad", impidiéndole adquirir medios de prueba bajo los principios de publicidad y legalidad para postular su libertad; y, 4) Se ha distorsionado el entendimiento de los arts. 306 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, no se solicitaron diligencias investigativas sobre el hecho, sino la autorización para obtener pruebas destinadas a una excepción a la detención preventiva, por lo que solicita se anulen tanto la providencia como el requerimiento fiscal.
Alí Jhunior Martínez Flores, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 29 de diciembre de 2022, cursante a fs. 22 a 23, así como en audiencia, manifestó que: i) Resulta no encontrarse conforme a derecho la interposición de la presente acción de libertad, toda vez que se trata de desnaturalizar la esencia de la misma sin antes agotar las vías establecidas, ya que el decreto emitido no fue objetado por recurso alguno, incumpliendo el art. 306 del CPP que establece la objeción ante el superior jerárquico; ii) La decisión de negativa se emitió puesto que el proceso se encuentra en "ETAPA DE JUICIO", momento procesal en el cual, el Ministerio Público se vuelve parte acusadora; iii) El pedido del accionante no cumple con la exigencia de señalar la licitud, utilidad y pertinencia de lo peticionado; y, iv) De ningún modo se dejó en orfandad al acusado, ya que bajo el principio de libertad probatoria y verdad material, la documental que pretende adquirir puede conseguirla de forma directa tal como la Jueza hoy accionada, ya lo indicó, ejerciendo su derecho a la defensa amplio e irrestricto. Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, mediante informe presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante a fs. 20 a 21, manifestó que: a) El accionante no explica de qué forma el decreto de 9 de diciembre de 2022, lesiona los derechos y garantías invocados, pues la simple mención de artículos no es suficiente; b) En dicha resolución se explicó al accionante que, al contar con defensa técnica y conforme al art. 9 del CPP, puede requerir la extracción de fotocopias de forma directa mediante memorial ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; c) El accionante fue notificado mediante ciudadanía digital el 12 de diciembre de 2022, y no interpuso el recurso de reposición previsto en los arts. 401 y 402 del CPP, dejando vencer el tiempo y precluir su derecho; por lo que, no se agotó la subsidiariedad exigida; y, d) En la fase de juicio no existen actos investigativos y el juzgador se encuentra impedido de realizarlos conforme al art. 279 del CPP, debiendo la parte interesada recabar toda la prueba que considere necesaria para su defensa.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 08/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 27 vta. a 32, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Se establece que el accionante no se encuentra bajo los parámetros referidos para la procedencia de la acción de libertad conforme al art. 125 de la CPE, pues no se estableció el nexo causal entre el requerimiento fiscal y el decreto de la Jueza hoy accionada, con la afectación directa de sus derechos; y, de qué manera se encuentra ilegalmente perseguido o indebidamente procesado; 2) Se determina que al haber recurrido directamente a la vía constitucional, se está desnaturalizando los parámetros legales que rigen dentro de la jurisdicción ordinaria; toda vez que, ante una resolución o decreto que no sea acorde a sus pretensiones, la parte tiene los medios legales correspondientes establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de junio de 2012- y del Código de Procedimiento Penal (CPP) -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-. En vía de aclaración complementación y enmienda, el accionante a través de su representante, pidió al Tribunal de garantías que se explique y complemente la resolución, manifestando que se omitió citar la jurisprudencia invocada y que no se determinaron cuáles serían las vías legales para recurrir respecto al principio de subsidiariedad, habiéndose desviado el entendimiento del Tribunal Constitucional al dejar indefenso al justiciable sobre la obtención de medios de prueba para su cesación. En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías, señaló que fue claro al establecer que el caso no se encuentra dentro de los parámetros tutelables a través la acción de libertad conforme al art. 47 de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y el art. 125 de la CPE, no habiéndose advertido el nexo de restricción a la libertad ni la conexitud entre el derecho vulnerado y el hecho denunciado, por lo que declaró no ha lugar a la complementación y aclaración impetrada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 29 de noviembre de 2022, por el cual Andrés Ticona Mamani -hoy accionante- solicitó ante el Ministerio Público que, vía cooperación directa, se notifique al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, para la remisión de fotocopias legalizadas de los antecedentes y certificación del estado actual de la causa con código EAL-TR1300089 (sic [fs. 7]); asimismo, mediante decreto de 29 de igual mes y año, Alí Jhunior Martínez Flores, Fiscal de Materia -hoy coaccionado-, dispuso que: “Previamente es necesario citar la normativa que de curso a todas las diligencias presentadas por las partes que se encuentra establecida en el Artículo 306 del Código de Procedimiento Penal que a la letra dice: (…) ‘Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles… (sic). «En apego a lo establecido (…) encontrándonos en otro momento procesal; es decir, en etapa de juicio con la emisión de una acusación formal NO HA LUGAR a lo solicitado en razón a que ya feneció la etapa investigativa…»”’ (sic [fs. 7 vta.]). II.2. Mediante memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, el accionante se dirigió ante la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, refiriendo que el decreto de 29 de noviembre de 2022, emitido por el Fiscal de Materia ahora coaccionado, lesiona sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia; por lo que, bajo el argumento de que el Juez se constituye en guardián de derechos y garantías fundamentales, conforme lo establece el art. 54.1 del CPP, pidió se ordene a la autoridad fiscal adecuar su requerimiento a la protección de sus derechos fundamentales (fs. 3 y 4). II.3. Consta decreto de 9 de diciembre de 2022, emitida por Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija -hoy accionada-, mediante la cual, en respuesta al memorial de 8 de igual mes, señaló que el impetrante debe considerar las etapas del proceso, manifestando que: “…con la facultad que le otorga el art. 9 de la CPP, al contar con defensa técnica y a efectos de no causarle indefensión puede requerirlo de forma directa mediante memorial como se estila, en el juzgado que señala, ya que el derecho a la defensa es amplio e irrestricto…” (sic [fs. 5]).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia; toda vez que, en el proceso penal por incumplimiento de deberes y homicidio culposo donde cumple detención preventiva, las autoridades accionadas denegaron su solicitud de cooperación directa para obtener fotocopias legalizadas y certificación de otro proceso radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, elementos necesarios para tramitar su cesación a la detención preventiva, siendo que el Fiscal de Materia determinó “NO HA LUGAR” argumentando que la etapa investigativa feneció; mientras que, la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija ahora accionada, denegó el pedido señalando que el impetrante puede requerirlo directamente al contar con su defensa técnica; criterios que, a decir del accionante, evaden la competencia para atender postulaciones vinculadas a derechos primigenios, dejándole en absoluta orfandad y cercenando su derecho al no permitirle obtener la documentación para viabilizar su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, ii) Análisis del caso concreto.
Jurisprudencia reiterada
La SCP 0996/2022-S3 de 5 de agosto, citando a la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, señala que: «…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos
, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”» (las negrillas nos pertenece).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia; toda vez que, en el proceso penal por incumplimiento de deberes y homicidio culposo donde cumple detención preventiva, las autoridades accionadas denegaron su solicitud de cooperación directa para obtener fotocopias legalizadas y certificación de otro proceso radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, elementos necesarios para tramitar su cesación a la detención preventiva, siendo que el Fiscal de Materia determinó “NO HA LUGAR” argumentando que la etapa investigativa feneció; mientras que, la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija ahora accionada, denegó el pedido señalando que el impetrante puede requerirlo directamente al contar con su defensa técnica; criterios que, a decir del accionante, evaden la competencia para atender postulaciones vinculadas a derechos primigenios, dejándole en absoluta orfandad y cercenando su derecho al no permitirle obtener la documentación para viabilizar su libertad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes del proceso, se tiene que, mediante memorial de 28 de noviembre de 2022, Andrés Ticona Mamani -ahora accionante- acudió ante el Ministerio Público solicitando “1.) se notifique al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, para que pueda remitir fotocopia legalizada de todos los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional en su integridad de la causa que sigue el ministerio público en contra de Andrés Ticona Mamani por el delito de homicidio y lesiones graves y leves y gravísimas en accidente de tránsito con código EAL-TR1300089 y numero de “Resolución 309/132” emitida por dicho juzgado y 2.) notifique al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a efectos de que certifique el estado actual del proceso ya señalado” (sic [Conclusión II.1.]).
En mérito a ello, el 29 de igual mes y 2022, Alí Jhunior Martínez Flores, Fiscal de Materia -hoy coaccionado-, emitió un decreto fundamentando que: “Previamente es necesario citar la normativa que de curso a todas las diligencias presentadas por las partes que se encuentra establecida en el Artículo 306 del Código de Procedimiento Penal que a la letra dice: (…) ‘Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles… (sic). «En apego a lo establecido (…) encontrándonos en otro momento procesal; es decir, en etapa de juicio con la emisión de una acusación formal NO HA LUGAR a lo solicitado en razón a que ya feneció la etapa investigativa…»”’ (sic [fs. 7 vta.]). Ante esta respuesta negativa, mediante memorial de 8 de diciembre de 2022, el accionante acudió ante la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija hoy accionada, invocando su rol de control jurisdiccional y resguardo de derechos fundamentales para que ordene al Fiscal adecuar su requerimiento (Conclusión II.2.). Finalmente, consta el decreto de 9 de diciembre de 2022, emitida por la citada Jueza ahora accionada-, quien señaló que el impetrante debe considerar las etapas del proceso y que: “…puede requerirlo de forma directa mediante memorial como se estila, en el juzgado que señala, ya que el derecho a la defensa es amplio e irrestricto” (sic [fs. 5]) (Conclusión II.3.). Planteada así la problemática, corresponde establecer si las actuaciones de las autoridades accionadas constituyen la vulneración de derechos del accionante; en ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad se rige por el principio de subsidiariedad excepcional. Si bien esta acción es el medio más eficaz para restituir el derecho a la libertad, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0996/2022-S3 de 5 de agosto, ha sido taxativa al establecer que: “…en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados” (sic). Esto implica que la jurisdicción ordinaria ofrece vías de impugnación que deben agotarse antes de pretender la tutela constitucional, a fin de no desnaturalizar esta jurisdicción ni convertirla en una instancia de apelación de resoluciones de la justicia ordinaria. En cuanto a la actuación del Fiscal de Materia coaccionado Se advierte que el accionante cuestiona que el decreto de 29 de noviembre de 2022, declaró el "NO HA LUGAR" a su solicitud de diligencias de solicitud de fotocopias e informe, presentada a través de su memorial de 28 de mismo mes y año; al respecto, el art. 306 del CPP, establece con claridad el procedimiento para la proposición de diligencias, señalando que: “Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria... La negativa deberá ser fundamentada” (sic). No obstante, el mismo precepto legal prevé el remedio procesal ante la negativa: “Cuando el fiscal rechace la proposición de diligencias... las partes podrán objetar el rechazo ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de setenta y dos horas” (sic). En el caso de análisis, se advierte que el accionante, tras recibir la negativa fiscal, no activó el mecanismo de objeción ante el Fiscal Departamental; puesto que, esta vía era la idónea y oportuna para que la propia instancia del Ministerio Público revisara y corrigiera el procedimiento, si fuese pertinente en su correspondencia; razón por la cual, al no haber objetado el decreto fiscal conforme al procedimiento establecido en el art. 306 del CPP, el accionante consintió tácitamente dicho decreto, activando el control constitucional sin haber agotado el procedimiento especifico. En cuanto a la actuación de la accionada El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia; toda vez que, ante la negativa fiscal –coaccionado- de viabilizar la obtención de pruebas para su solicitud de “cesación a la detención preventiva” (sic), acudió ante la referida autoridad judicial para que, en ejercicio del control jurisdiccional, ordene la realización de las diligencias extrañadas. Sin embargo, la autoridad judicial coaccionada, mediante providencia de 9 de diciembre de 2022, señaló: “…con la facultad que le otorga el art. 9 de la CPP, al contar con defensa técnica y a efectos de no causarle indefensión puede requerirlo de forma directa mediante memorial como se estila, en el juzgado que señala, ya que el derecho a la defensa es amplio e irrestricto” (sic [fs. 5]); de lo descrito, se establece que la autoridad judicial fundamentó su decisión en el hecho de que el accionante, al contar con defensa técnica, posee la facultad de solicitar la documentación de forma directa ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, sin que sea estrictamente necesario que el Juzgado de Tarija, actúe como gestor de pruebas que no corresponden a su cuaderno procesal. No obstante, a ello, conforme al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que los decretos de mero trámite emitidas por las autoridades judiciales pueden ser impugnadas mediante los mecanismos que la propia norma procesal penal prevé, a efectos de ser subsanadas en la misma instancia. En ese sentido, el art. 401 del Código de CPP establece que: “El recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique” (sic). Bajo ese contexto, si el accionante consideraba que el decreto de 9 de diciembre de 2022, era lesiva a sus intereses o carecía de sustento legal, el prenombrado tenía la facultad de interponer el recurso de reposición previsto en la norma citada, el cual constituye el medio idóneo, eficaz y oportuno para que la propia juzgadora coaccionada, advertida de un posible error y repare la vulneración de forma inmediata. Razón por la cual, el accionante al omitir la activación de este recurso, incumplió con el agotamiento de la vía ordinaria antes de acudir a esta jurisdicción constitucional. Finalmente, conforme al razonamiento expuesto, al no cumplirse con el agotamiento de los medios de impugnación específicos, idóneos y oportunos previstos en la norma adjetiva penal, como son la objeción fiscal y recurso de reposición, se hace inviable el análisis de fondo de la problemática planteada, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 27 vta. a 32, La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0226_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 346c1c264e9f9c6931f29cac0158b8c6a55717b02fa890232005d8f4a2fd7272
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