Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de abril de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación; toda vez que: 1) El Juez codemandado mediante Auto Interlocutorio 499/2022, dispuso su detención preventiva, obrando de forma ultra petita al determinar la concurrencia del riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP, sustentándose en una mera presunción subjetiva, carente de prueba; y, 2) El Vocal demandado, en el Auto de Vista 488/2022, ahora impugnado, mantuvo el riesgo de obstaculización, basado en una mera presunción, sin identificar los actos específicos de obstaculización que cometió para determinar la concurrencia de ese riesgo en su contra y que tengan que ver con la influencia que pueda ejercer sobre determinada persona; en consecuencia, solicitó que se otorgue la tutela, disponiendo la no concurrencia del riesgo procesal señalado y se declaren ilegales ordenando su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15-A/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimacuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0226/2025-S3 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51136-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15-A/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karen Gloria Merlo Gonzales en representación sin mandato de Leonel Iván Merlo Hidalgo contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del mismo departamento.
Por memorial presentado el 7 de octubre de 2022, cursante de fs. 1; y, 12 a 17 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, mediante Auto Interlocutorio 499/2022 de 15 de junio, se dispuso su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; refirió que el Juez codemandado fue más allá de lo solicitado por el Ministerio Público en la imputación formal, emitiendo una resolución ultra petita, al determinar la concurrencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del citado Código, señaló que debían recepcionarse las atestaciones de todo el entorno social de la víctima y de su persona, considerando incluso hechos ocurridos en dos instituciones académicas, la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) y la Universidad de Los Andes; consolidó la concurrencia del riesgo procesal en una presunción subjetiva, ambigua y carente de prueba o elemento que acreditara su existencia. Conforme al art. 251 del CPP, interpuso apelación incidental contra el Auto Interlocutorio referido, indicó que el Juez codemandado actuó de forma ultra petita, lo que derivó en una falta de fundamentación y motivación para sostener el riesgo procesal de obstaculización, basado únicamente en suposiciones y presunciones subjetivas, afectando de este modo sus derechos al debido proceso y a la libertad. El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Sala Penal Primera, a cargo del Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 448/2022 de 20 de julio, dispuso la admisibilidad del recurso de apelación incidental, y declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas y, en el fondo, confirmó el Auto Interlocutorio confutado; por lo que, la autoridad jurisdiccional de alzada, al igual que el Juez a quo, mantuvo la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, sobre la base de una mera presunción, sin identificar actos específicos de obstaculización que cometió para determinar la concurrencia de ese riesgo en su contra y que tengan que ver con la influencia que pueda ejercer sobre determinada persona, no corrigió el agravio señalado y sostuvo una resolución ambigua, infundada, generalizada y arbitraria. Las resoluciones emitidas por las autoridades demandadas no cumplieron con el lineamiento jurisprudencial en la aplicación de las medidas cautelares y la apelación incidental de dichas medidas, resultando infundadas.
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación, citando al efecto los arts. 23, 115.II, 116 y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) La no concurrencia del riesgo procesal plasmado en el art. 235.2 del CPP, determinado ilegalmente en el Auto Interlocutorio 499/2022, como en el Auto de Vista “488/2022” -siendo lo correcto 448/2022- de 20 de julio; y, b) Su inmediata libertad, pues solamente estaría latente el riesgo procesal del art. 234.7 del Código adjetivo penal, que a la luz del principio de proporcionalidad resultaría ser insuficiente para seguir manteniendo su detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó in extenso los argumentos expuestos en la presente acción tutelar y ampliándolos señaló que, el riesgo de obstaculización no puede ser atribuido por la justicia ordinaria sobre la base de meras presunciones abstractas, sino que debe fundarse en información circunstanciada y otorgada por el Ministerio Público o querellante, la cual no fue presentada; por ello, la justicia constitucional debe revisar los antecedentes del proceso, a fin de evidenciar que las autoridades judiciales demandadas se sujetaron solo en supuestos subjetivos e incongruentes.
César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 7 de octubre de 2022, cursante a fs. 26, manifestó lo siguiente: 1) Emitió el Auto de Vista 448/2022, absolviendo los agravios planteados respecto al art. 233.1 del CPP, relativos a la probabilidad de autoría; así como, aquellos vinculados a los arts. 234.7 y 235.2 del referido Código, en relación con el delito de violación; y, 2) Tras la contrastación de los agravios y la Resolución apelada, no se evidenció la existencia de agravio alguno; destacándose la aplicación de la SCP 0394/2018-S2, referida a la situación de vulnerabilidad de la víctima en casos de esta naturaleza, resaltándose la importancia de la declaración de la víctima y se reconoció la existencia de actos pendientes de investigación. Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, a través del informe escrito presentado el 7 de octubre de 2022, cursante a fs. 22 y vta., refirió que: i) El Auto Interlocutorio 499/2022, de aplicación de medidas cautelares, se basó en el art. 235.2 de la norma procesal penal y determinó la concurrencia del art. 239.2 del mismo cuerpo legal, sin identificar personas específicas a influenciar, de la fundamentación se estableció que debían recepcionarse las declaraciones de todo el entorno social de la víctima y del accionante, considerando que los hechos incluso se habían materializado en instituciones académicas como la EMI y la Universidad de Los Andes, concluyéndose, en consecuencia, que no existía un elemento incierto que impidiera al impetrante de tutela ejercer su defensa; toda vez que, se identificó de manera integral la capacidad de influencia en dichos ámbitos; ii) No se dejó al prenombrado en estado de indefensión y, por consiguiente, se determinó que la acción de libertad no podía suplir elementos de carácter investigativo; y, iii) Que el delito investigado por el Ministerio Público se circunscribía al ilícito de violación y, por tal motivo, se aplicaron criterios de informalidad, debida diligencia y reforzamiento de los derechos de la víctima, estableciéndose que a la misma no podía exigirse la presentación de prueba testifical debido a la naturaleza del hecho investigado, haciendo referencia a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Fernández Ortega vs. México.
La Jueza de Sentencia Penal Decimacuarta del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 15-A/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 29 a 30, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la CPE, tiene como finalidad esencial precautelar la vida y la libertad de las personas, cuando se encuentran ilegalmente perseguidas, indebidamente procesadas o privadas de libertad; el tribunal o juez de garantías, al conocer tales conculcaciones, debe tutelar la vida, cesar la persecución indebida, restablecer las formalidades legales o, en su caso, restituir la libertad de la parte accionante; b) La jurisprudencia uniforme y reiterada del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que las acciones de libertad, tanto de pronto despacho como las reparadoras, debían involucrar el derecho a la libertad de las personas y tramitarse con la mayor celeridad posible; en el caso analizado, se trató de una persona privada de libertad cuya situación jurídica fue considerada en la audiencia de “cesación a la detención preventiva” -medidas cautelares-, la cual fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 499/2022 rechazándose la solicitud; habiéndose interpuesto el recurso de apelación incidental, resuelto por el Auto de Vista 448/2022; c) La acción de libertad reparadora fue planteada frente a un procesamiento indebido, y que, en la motivación de las resoluciones no se consideró la situación del ahora privado de libertad ni se tomaron en cuenta los riesgos procesales que en su momento ya habían sido subsanados; d) En el proceso penal se determinó que aún existían actos investigativos por realizar y que en ningún momento se puso al accionante en estado de indefensión; además, se instituyó que la acción de libertad carecía de desarrollo para pronunciarse sobre las motivaciones y fundamentaciones de las autoridades judiciales que, en su momento, dictaron las resoluciones correspondientes; e) Se estableció que, al utilizar la acción tutelar, debían agotarse previamente todas las vías legales conforme al principio de subsidiariedad, requisito indispensable para su procedencia; sin embargo, se consideró que la parte accionante no se encontraba en ninguno de los supuestos que justificaban la interposición de la acción de libertad; y, f) La SCP “0338/2022 de 16 de julio” señaló que los accionantes debían activar los medios y recursos previstos en la normativa procesal penal dentro de la vía ordinaria para reclamar las irregularidades, pudiendo acudir a la justicia constitucional mediante una acción de amparo constitucional como vía idónea para tutelar el derecho al debido proceso, pero no a través de una acción de libertad destinada a cuestionar la motivación y fundamentación de las resoluciones; se concluyó que no se demostró de manera objetiva y fehaciente que las autoridades demandadas hubieran limitado o restringido el derecho a la libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Auto Interlocutorio 499/2022 de 15 de junio; por el cual, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-, determinó la detención preventiva de Leonel Iván Merlo Hidalgo en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de tres meses, al considerar la concurrencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, señalándose audiencia de verificación de situación jurídica el 15 de septiembre de 2022; de conformidad con el art. 251 del adjetivo penal, interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio referido (fs. 6 a 8 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 448/2022 de 20 de julio, César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandado-, dispuso la admisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesta, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas, y en el fondo, confirmó el Auto Interlocutorio 499/2022; por lo que, mantuvo la concurrencia del riesgo procesal determinado en el art. 235.2 del CPP (fs. 9 a 11).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación; toda vez que: 1) El Juez codemandado mediante Auto Interlocutorio 499/2022, dispuso su detención preventiva, obrando de forma ultra petita al determinar la concurrencia del riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP, sustentándose en una mera presunción subjetiva, carente de prueba; y, 2) El Vocal demandado, en el Auto de Vista 488/2022, ahora impugnado, mantuvo el riesgo de obstaculización, basado en una mera presunción, sin identificar los actos específicos de obstaculización que cometió para determinar la concurrencia de ese riesgo en su contra y que tengan que ver con la influencia que pueda ejercer sobre determinada persona; en consecuencia, solicitó que se otorgue la tutela, disponiendo la no concurrencia del riesgo procesal señalado y se declaren ilegales ordenando su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El extinto Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7., explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva; así como, las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4., sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones; debido a que, en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del Tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2., establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
1El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del adjetivo penal. Sistematización jurisprudencial extraída de la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero.
La parte accionante denuncia que: i) El Juez codemandado mediante Auto Interlocutorio 499/2022, dispuso su detención preventiva, obrando de forma ultra petita al determinar la concurrencia del riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP, sustentándose en una mera presunción subjetiva, carente de prueba; y, ii) El Vocal ahora demandado, en el Auto de Vista 488/2022, ahora impugnado, mantuvo el riesgo de obstaculización, basado en una mera presunción, sin identificar los actos específicos de obstaculización que cometió para determinar la concurrencia de ese riesgo en su contra y que tengan que ver con la influencia que pueda ejercer sobre determinada persona; considera que los demandados con dichas actuaciones, vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación. Previamente a ingresar a dilucidar la problemática planteada por el impetrante de tutela, es pertinente mencionar que, si bien la presente acción de libertad fue interpuesta contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del mismo departamento -ahora demandados-; en razón de que, a su turno dichas autoridades emitieron el Auto de Vista 448/2022 y el Auto Interlocutorio 499/2022, respectivamente, los cuales fueron demandados como lesivos a sus derechos; sin embargo, el análisis en el presente caso, se limitará a la actuación desarrollada por el Vocal demandado, quien emitió el fallo de cierre de la jurisdicción ordinaria, siendo la autoridad competente para que en su caso pueda subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto a la actuación desempeñada por el Juez codemandado. Ingresando al examen de fondo con relación al Vocal demandado, de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se advierte que mediante Auto Interlocutorio 499/2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital de la Paz, dispuso la detención preventiva del imputado Leonel Iván Merlo Hidalgo, ahora accionante, por el periodo de tres meses, al concurrir la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2, del CPP. Contra dicha determinación, el peticionante de tutela, interpuso recurso de apelación incidental, puntualizando en lo que se refiere al riesgo establecido en el art. 235.2 del citado Código, que de principio el Juez haya alegado que no existían testigos y que ahora señala que hay que tomar el entorno que va a testificar y que no se tendría que ver prueba periférica y se tendría que solicitar la declaración del entorno familiar (Conclusión II.1.). El recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 448/2022 de 20 de julio, emitido por el Vocal demandado; quien, refiriéndose al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, determinó que: “…efectivamente, el Juez a quo ha tomado en cuenta el entorno social, empero, cuando es el entorno social y donde se han realizado estos hechos, en esa probabilidad de autoría en centros académicos, uno en la Universidad Los Andes y otro en la E.M.I., y si de por medio se menciona a dos instituciones en las cuales se habría acaecido estos hechos, son elementos objetivos, no son abstractos y el que se prevalezca como entorno social; empero se haya obviado respecto estas instituciones de enseñanza, ésta Sala establece que no es evidente el agravio” ([sic] Conclusión II.2.). Ahora bien, ciertamente la redacción del argumento del Vocal demandado, con relación al riesgo procesal previsto en el art. 235 del CPP, no es prolijo ni amplio; empero, es suficientemente comprensible; puesto que, hace precisiones a la conducencia de haberse tomado en cuenta como parte del entorno social a considerar las instituciones académicas donde se habrían producido los hechos investigados, como son la Universidad Los Andes y la EMI, donde, se entiende se hallan los potenciales testigos, cuyas atestaciones se pretende asegurar, cuya individualización en el primer momento de la investigación no siempre es posible obtenerla con certeza, tomando en cuenta la naturaleza del hecho investigado; por lo que, tomando en cuenta las características del caso en el que se investiga un hecho de violencia sexual mediante actos intimidatorios, no se advierte que el Vocal demandado hubiera incurrido en una presunción abstracta a tiempo de confirmar la concurrencia del riesgo de obstaculización en la emisión del Auto de Vista 448/2022, ni su decisión resulta irrazonable. En definitiva, no se advierte que el Vocal demandado haya incurrido en una motivación arbitraria, ni que ello implique vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, y tampoco del derecho a la libertad del accionante; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15-A/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimacuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0226_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): e9df072d4a79b03be41caaf24c337d9253feefdd355690a570e3c8201e73c1d5
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