Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2025
Deniega la tutela
El peticionante de tutela denuncia la lesión de los derechos invocados en la presente acción tutelar, toda vez que el Tribunal de Sentencia Penal de Camargo -ahora demandado- incurrió en actuaciones lesivas al dictar el Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre, mediante el cual rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, presentándose los siguientes agravios: 1) Emisión de una resolución con argumentación genérica y carente de motivación suficiente, al limitarse a afirmar que los elementos presentados por la defensa no desvirtúan el riesgo de fuga, sin efectuar un análisis razonado ni integral de las pruebas ofrecidas; 2) Omisión de valorar la pertinencia de dichos elementos en relación con la posibilidad de cesación de la detención, desconociendo que el art. 239 del CPP permite dicha cesación cuando se presentan nuevos elementos que tornen innecesaria la medida cautelar; y, 3) La inobservancia del hecho de que el imputado ya no reside cerca de la víctima, pues cuenta con domicilio y fuente laboral establecidos, y que la víctima ya prestó declaración, eliminando cualquier contacto procesal entre ambos, no obstante, el tribunal asimiló erradamente el riesgo de fuga con una supuesta "peligrosidad" del imputado respecto a la víctima, interpretando el numeral 7 del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 6/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 92 a 94 vta. y aclarada mediante Auto 26/2022 de misma fecha, cursante a fs. 95 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se dispone por Secretaria General de este Tribunal remitir antecedentes al Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia de Chuquisaca, para el procesamiento del profesional abogado Juan Carlos Camacho Condori, por la infracción gravísima prevista en el art. 42.3 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA) -Ley 387 de 9 de julio de 2013-, adjuntando al efecto todas las fotocopias de las documentales presentadas por el propio accionante y el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0226/2025-S1 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50950-2022-102-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 6/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 92 a 94 vta. aclarada mediante Resolución 26/2022 de misma fecha cursante a fs. 95 y vta., pronunciadas dentro de la acción de libertad interpuesta por Carmen Rosa Canaza Callapa en representación sin mandato de Celso Cardozo Ortega contra Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera; y, Osvaldo Gustavo Corcus Romero, Rainer Edwin Choque Villegas y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo todos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Mediante memorial presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 61 a 68, el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Culpina del departamento de Chuquisaca en su contra, por la presunta comisión de delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; mediante Auto Interlocutorio 06/2022 de 4 de febrero, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la misma localidad dispuso su detención preventiva por la confluencia de los arts. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en razón a la concurrencia al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 de la referida norma adjetiva penal al verificarse que el imputado -ahora demandante de tutela- representaba un peligro para la víctima, en consideración a su minoría de edad e invocando la necesidad de una protección reforzada; además, de la existencia del riesgo de obstaculización estipulado en el art. 235.2 del CPP, pues se determinó que en libertad, el imputado podría influir negativamente sobre la víctima, quien aún no había prestado su declaración definitiva. Luego, en audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el 21 de mayo de 2022, el mismo Juez, mediante Auto Interlocutorio 29/2022, declaró desvirtuado el riesgo de obstaculización, pero mantuvo la detención preventiva por considerar subsistente el riesgo de fuga. Tal decisión, se basó en el hecho de que el imputado, si bien acreditó domicilio en la comunidad de Laramendy, también tendría obligaciones familiares en la localidad de Culpina, próxima al lugar de residencia de la víctima, lo que -a juicio de dicha autoridad jurisdiccional- mantenía latente el peligro de fuga. Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue rechazado mediante Auto de Vista 219/2022 de 7 de junio, bajo el argumento de que la sola posibilidad de que el imputado se traslade a Culpina, “a pie o en vehículo”, evidenciaría que no se ha desvirtuado el riesgo procesal, aun cuando existían elementos probatorios en sentido contrario. Con posterioridad, el 22 de septiembre de 2022, el imputado -ahora solicitante de tutela- presentó una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva con base al art. 239.1 del CPP, adjuntando como nuevos elementos probatorios los siguientes: a) Informe psicológico que concluye que el imputado posee una personalidad ubicada en el término medio; b) Contrato de arrendamiento de vivienda en la comunidad de El Salado, distante al lugar de residencia de la víctima; c) Informe policial que corrobora la existencia y ubicación del inmueble arrendado; d) Contrato de trabajo agrícola a futuro, que acredita la intención del imputado de ejercer una actividad lícita en un lugar alejado; e) Informes: e.1) Comunal que respalda el arrendamiento del predio agrícola; y, e.2) Social que acredita la precaria situación económica del imputado, con obligaciones de deuda y asistencia familiar; f) Certificado de buena conducta emitido por la Carceleta Pública de Camargo y Acta de Cámara Gesell, en la que consta que la víctima prestó su declaración definitiva, eliminando el riesgo de obstaculización; y, g) Requerimiento conclusivo de acusación formal de 25 de julio de 2022. No obstante, en audiencia celebrada el 29 de septiembre de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal de Camargo -ahora demandado-, mediante Auto Interlocutorio 97/2022 de la citada fecha, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, argumentando de manera genérica y sin una motivación adecuada que los elementos presentados no desvirtúan el riesgo procesal de fuga sino que únicamente dichos documentos hacían referencia al domicilio y al trabajo del imputado, pero no a su “peligrosidad con relación a la víctima” presentándose los siguientes agravios: 1) No realiza un análisis razonado ni integral de las pruebas ofrecidas por la defensa, omitiendo examinar su pertinencia en relación con el riesgo de fuga; 2) La resolución ignora que el art. 239 del CPP permite la cesación cuando existan nuevos elementos que tornen innecesaria la detención preventiva, circunstancia que fue debidamente acreditada; y, 3) No se valoró que el imputado ya no resida cerca de la víctima, que cuenta con empleo y vivienda establecidos, y que la víctima ya declaró, eliminando el contacto procesal entre ambos asimilándose erradamente el riesgo de fuga con una supuesta “peligrosidad” del imputado hacia la víctima, sin tomar en cuenta que el numeral 7 del art. 234 del CPP contempla un riesgo de naturaleza objetiva y no subjetiva. Por otro lado, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandado- mediante el Auto de Vista 449/2022 de 26 de octubre, declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental, sin realizar una revisión crítica de los fundamentos ni de las pruebas presentadas. Asimismo, carece de una argumentación jurídica que justifique la ratificación del señalado Auto 97/2022, omitiendo pronunciarse sobre la defectuosa valoración probatoria del tribunal inferior y rechazando la apelación sin analizar la relevancia de los nuevos elementos ofrecidos, vulnerándose el derecho a una revisión judicial efectiva. En suma, se denuncia que las resoluciones emitidas, tanto por el Tribunal de Sentencia de Camargo y, por el Vocal de la Sala Penal Primera del señalado departamento, no sólo carecen de la motivación exigida por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), sino que además desconocen la finalidad de las medidas cautelares personales como instrumentos excepcionales y proporcionales; en contravención, al art. 239 del CPP, decisiones que han derivado en una afectación directa a sus derechos fundamentales invocados en la presente demanda tutelar.
Considera lesionados sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, y al debido proceso en sus componentes de debida fundamentación y motivación, juez imparcial y valoración de la prueba; citando al efecto, los arts. 22, 23, 116, 117.II, 125 y 127 de la CPE.
El impetrante de tutela solicita se le conceda la tutela, restableciendo su derecho a la libertad; y, en consecuencia se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre y Auto de Vista 449/2022 de 26 de octubre.
Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar el 28 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 87 a 91 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: i) En su primera solicitud de cesación a la detención preventiva adjuntó el certificado suscrito por el Secretario de la comunidad Laramenty, del municipio de Culpina, que establece su domicilio en dicha comunidad, que queda a una distancia de hora y media del referido municipio, lo que pondría distanciamiento con la víctima; empero, el Vocal que conoció el recurso de apelación del Auto Interlocutorio 29/2022 de 21 de mayo, fundamentó que el hecho de la distancia no es suficiente para desvirtuar el riesgo, ya que en esa comunidad no habría control policial que evite que el imputado se traslade a Culpina; ii) Por lo que, en la última solicitud de cesación a la detención preventiva, ha presentado un informe psicológico para demostrar que no es una persona peligrosa, además de otras documentales para que el imputado tenga domicilio en la comunidad de El Salado, que está en el departamento de Tarija para colocar mayor distancia, en el cual, incluso se efectuó la verificación policial del lugar donde iba a vivir el imputado; y iii) Se presentó también un informe social que establece la necesidad de dinero que tiene el solicitante de tutela porque tiene dos hijos pequeños y uno de ellos es discapacitado, así también adjuntó un certificado de buena conducta de la Carceleta de Camargo, empero mediante “Auto Interlocutorio 449/2022” le rechazan la cesación porque la menor pertenece a un grupo vulnerable y las pruebas no desvirtúan, lo que fue ratificado en apelación. El abogado de la parte peticionante de tutela -Juan Carlos Camacho Condori-, amplió los fundamentos señalando: a) Si bien es evidente que la valoración de la prueba es una actividad privativa de los jueces y tribunales ordinarios, es posible que dicha actividad procesal pueda ser efectuada en la acción de libertad, cuando se verifica que las autoridades se han apartado de los marcos legales; b) El Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, no cumple con la forma de cómo debe resolverse una cesación a la detención preventiva, ya que primero no existe un análisis de los motivos que han fundado la detención preventiva y tampoco hace referencia al Auto Interlocutorio 29/2022 de 21 de mayo, que corresponde a una anterior solicitud de cesación a la detención preventiva, el cual, si bien rechazó su solicitud, estableció como debe garantizarse la protección de la víctima, basado en la distancia que debe tener el domicilio del imputado al domicilio de la referida menor víctima, lo cual fue ratificado por el Auto de Vista 219/2022 de 7 de junio; c) Con el mencionado Auto Interlocutorio 97/2022, no se sabe cuáles son los motivos por los que se mantiene latente el riesgo procesal de fuga para el imputado; d) En el recurso de apelación del Auto Interlocutorio señalado, se comparte el hecho de que se debe garantizar una protección reforzada para la víctima, pero también, siempre debe ser en resguardo del principio de presunción de inocencia y el carácter de excepcionalidad de la medida cautelar de detención preventiva; e) El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo estableció que no habría ninguna relación respecto al cambio de domicilio, pero no dicen por qué y en cuanto al informe psicológico señalan que hace referencia a la personalidad y que por tanto no tiene relación, pero eso justifica su decisión; y, f) Que no efectuaron la valoración de los elementos aportados y el Vocal demandado también incurrió en las mismas vulneraciones, toda vez que ha confirmado en su integridad al Auto apelado sin subsanar las omisiones del Tribunal a quo.
Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 28 de octubre de 2024, a fs. 78 a 81, señaló: 1) Que el 26 de octubre en audiencia dispuso la improcedencia del recurso de apelación interpuesta por el ahora impetrante de tutela, en la cual no se ha definido la inocencia o culpabilidad del imputado; 2) Por lo expuesto en la acción de libertad el demandante de tutela pretendía que en apelación se realice un análisis integral y ponderado del Auto Interlocutorio 06/2022 de 4 de febrero, 29/2022 de 21 de mayo y Auto de Vista 219/2022 de 7 de junio, con los elementos presentados que ya fueron valorados por el a quo, pero ello no corresponde realizar en una audiencia de medida cautelar; 3) El peticionante de tutela olvida que el peligro efectivo para la víctima fue fundado en Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022 donde el Juez señaló
“(…) debe tomarse en cuenta la protección que debe dar a los grupos más vulnerables de la sociedad y en ese caso al ser la victima una niña menor de edad, esa protección del Estado y de los derechos debe ser reforzada de la misma, por lo que rige en éste aspecto la sentencia constitucional N° 0408/20215-S2 de 20 de abril, pues el tribunal constitucional ha razonado en ese sentido y que además se encuentra referido a delito sexuales en contra de una menor de edad, por lo que se tiene concurrente el riesgo de que el imputado es un peligro para la víctima, toda vez que el representante del ministerio público ha señalado que el riesgo es sola con relación a la víctima, al considerarse la forma de comisión del delitos en contra de una menor de edad” Razón por la cual, los elementos presentados en la solicitud de cesación, no desvirtúan el riesgo; ya que, el peligro efectivo para la víctima se da en casos en que la víctima se encuentra en un estado de desventaja o vulnerabilidad respecto al agresor; y, 4) Se debe considerar el enfoque interseccional al momento de resolver la acción de libertad, ya que la víctima es una menor que resultó embarazada y posteriormente madre, el enfoque de interseccionalidad, la situación de vulnerabilidad de la menor y los elementos que presentaron no desvirtúan el peligro, ya que el informe psicológico es sobre la personalidad del imputado, las otras documentales son en relación al domicilio, el informe social respecto a la situación económica y acerca de la buena o mala conducta del imputado en la carceleta, por lo que no hay vulneración a los derechos del imputado. Osvaldo Gustavo Corcus Romero, Rainer Edwin Choque Villegas y Pedro Gabriel Fernández Zuleta Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca; mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2022, cursante a fs. 76 a 77 informaron los siguientes aspectos: i) La acción de libertad no cumple con los requisitos de viabilidad; ii) Al momento de resolver la solicitud del ahora accionante analizaron la prueba presentada y se concluyó que dicha prueba no desvirtúa el riesgo procesal vigente, tomando en cuenta también la situación de vulnerabilidad y desventaja de la menor víctima otorgándole la protección reforzada; iii) Respecto a la falta de fundamentación y motivación debe considerarse el tema de la relevancia constitucional y denegarse la tutela; y, iv) El mismo profesional que firma la acción de libertad es el mismo que firmó la acusación fiscal.
El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido como Juez de garantías, mediante Resolución 6/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 92 a 94 vta. y aclarada mediante Auto 26/2022 de misma fecha, cursante a fs. 95 y vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) El riesgo procesal previsto en el artículo 234 numeral 7 del Código de Procedimiento Penal fue sustentado por la autoridad judicial con base en la forma de comisión del delito, cometido presuntamente contra una menor de edad, para ello, se hizo referencia al contenido del pliego acusatorio presentado por el Ministerio Público; b) Mediante Auto Interlocutorio 29/2022 de 21 de mayo, el Tribunal de Sentencia Penal de Camargo rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el imputado, la decisión se basó en que los documentos ofrecidos por la defensa estaban relacionados únicamente con el nuevo domicilio fijado en la comunidad de Laramenty; asimismo, el tribunal señaló que el imputado mantenía vínculos familiares en dicha localidad, por lo que -a criterio de la autoridad- no podía considerarse que existía una ausencia de contacto con la víctima; c) Posteriormente, el mismo tribunal, mediante Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre, analizó los nuevos elementos presentados por el imputado en una segunda solicitud de cesación a la detención preventiva. En dicha resolución, el tribunal valoró uno a uno los documentos y concluyó que no desvirtuaban el riesgo procesal de fuga. Según el criterio expresado en la resolución, el peligro procesal no se encontraba vinculado al domicilio del imputado, sino a su “peligrosidad respecto de la víctima”, en cuanto al informe psicológico presentado, el tribunal consideró que dicho documento únicamente aportaba información sobre la personalidad del acusado, sin relación directa con el riesgo procesal; en ese contexto, concluyó que los documentos ofrecidos no demostraban la inexistencia de un peligro efectivo para la víctima; d) Por su parte, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 449/2022 de 26 de octubre, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el ahora impetrante de tutela, en su análisis, respaldó los fundamentos del tribunal a quo, considerando especialmente la situación de vulnerabilidad de la víctima en razón de su edad, así como las consecuencias derivadas del hecho denunciado, entre ellas el embarazo de la menor; e) El Vocal también examinó los documentos presentados por el imputado en relación con su domicilio y fuente laboral, y concluyó que estos no desvirtuaban el riesgo procesal vinculado al peligro que representaría el imputado para la víctima; respecto al informe psicológico, reiteró que su contenido sólo hacía referencia a rasgos de personalidad del imputado, sin conexión con las razones que motivaron la detención preventiva, similar criterio aplicó a los informes social y carcelario presentados, señalando que no guardaban relación directa con la valoración del riesgo procesal; y, f) Tanto el Auto Interlocutorio 29/2022 de 21 de mayo, como el Auto de Vista 219/2022 de 7 de junio, que lo confirmó, mantuvieron como fundamento de la detención preventiva el peligro para la víctima, en ambos casos se aclaró que dicho riesgo no se encontraba determinado por el lugar de residencia del imputado, sino por otros factores que fueron detallados en el segundo considerando del Auto Interlocutorio 06/2022 de 4 de febrero. A la solicitud de aclaración impetrada por el ahora demandante de tutela, en relación a que tanto el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo como el Vocal demandado obviaron considerar la integralidad y los antecedentes de la imposición del riesgo; el Juez de garantías señaló: Que el Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre, fundamentó su decisión señalando que la documentación presentada por el imputado no tiene ninguna relación con los fundamentos de la detención preventiva, lo cual implícitamente nos remite al Auto Interlocutorio 06/2022 de 4 de febrero, en el que se dispuso la detención preventiva del ahora solicitante de tutela con el fundamento que la víctima pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad por lo que merece una protección reforzada del Estado y por la forma de comisión del delito imputado, dato que supera cualquier imprecisión; circunstancia que, también replica con el Vocal demandado el cual fue más preciso haciendo referencia a los motivos y las causas de la detención preventiva del ahora peticionante de tutela, invocando no solamente el citado Auto Interlocutorio 06/2022 si no también el mencionado Auto Interlocutorio 29/2022 y el señalado Auto de Vista 219/2022.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de consideración de medidas cautelares desarrollada en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Celso Cardozo Ortega -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante niña niño o adolescente, en el cual mediante Auto Interlocutorio 06/2022 de 4 de febrero, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Culpina; dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela ante la concurrencia de la probabilidad de autoría y los peligros procesales insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 2 a 6). II.2. Cursa acta de audiencia de consideración de cesación de medidas cautelares de 21 de mayo impetrada por el ahora demandante de tutela, en la cual, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Culpina, mediante Auto Interlocutorio 29/2022 de la misma fecha, rechaza la solicitud del ahora accionante, pero se tiene por desvirtuado el riesgo inserto en el art. 235.2 del CPP, al haberse presentado la prueba anticipada de declaración de la víctima -cámara Gessel- (fs. 7 a 9). II.3. Mediante memorial suscrito por el Fiscal de materia Juan Carlos Camacho Condori en representación del Ministerio Público, por el cual formula acusación fiscal el 25 de julio de 2022, en contra del impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente (fs. 51 a 53 vta.). II.4. Corre Informe Psicológico de 29 de agosto de 2022, que en lo principal recomienda la realización de una pericia psicológica para tener con más claridad y exactitud el tipo de personalidad del paciente -ahora solicitante de tutela- (fs. 14 a 16); Contrato de arrendamiento de casa de 10 del mismo mes y año con reconocimiento de firmas (fs. 22 a 24 vta.); Informe Complementario Policial de 9 del ya citado mes y año, el cual señala que el ahora accionante tendría su domicilio en la Comunidad “del Salado” donde se dedicó al trabajo de la agricultura (fs. 26); Contrato de Trabajo Agrícola a futuro de 12 de agosto de 2022 (fs. 35 a 36); Informe social sobre la situación económica, laboral y familiar del ahora peticionante de tutela (fs. 44 a 46); y Acta de audiencia de Cámara Gessel de 8 de abril de 2022 (fs. 50 y vta.). II.5. Consta memorial de 22 de septiembre de 2022 por el cual el ahora impetrante de tutela solicita cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo, amparado en el art. 239.1 y 2 del CPP (fs. 54 y vta.).
II.6. Mediante Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre, los jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo -ahora demandados- rechazan la solicitud de cesación del demandante de tutela (fs. 55 a 56 vta.). II.7. Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2022, el ahora solicitante de tutela interpone recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio citado en el punto anterior, mismo que mediante decreto de 21 de octubre del mismo año es radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, señalándose audiencia virtual para el 26 de similar mes y año (fs. 57 a 60). II.8. Cursa Auto de Vista 449/2022 de 26 de octubre, mediante el cual Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca declara improcedente el recurso de apelación presentado por el ahora solicitante de tutela (fs. 82 a 86 vta.).
El peticionante de tutela denuncia la lesión de los derechos invocados en la presente acción tutelar, toda vez que el Tribunal de Sentencia Penal de Camargo -ahora demandado- incurrió en actuaciones lesivas al dictar el Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre, mediante el cual rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, presentándose los siguientes agravios: 1) Emisión de una resolución con argumentación genérica y carente de motivación suficiente, al limitarse a afirmar que los elementos presentados por la defensa no desvirtúan el riesgo de fuga, sin efectuar un análisis razonado ni integral de las pruebas ofrecidas; 2) Omisión de valorar la pertinencia de dichos elementos en relación con la posibilidad de cesación de la detención, desconociendo que el art. 239 del CPP permite dicha cesación cuando se presentan nuevos elementos que tornen innecesaria la medida cautelar; y, 3) La inobservancia del hecho de que el imputado ya no reside cerca de la víctima, pues cuenta con domicilio y fuente laboral establecidos, y que la víctima ya prestó declaración, eliminando cualquier contacto procesal entre ambos, no obstante, el tribunal asimiló erradamente el riesgo de fuga con una supuesta "peligrosidad" del imputado respecto a la víctima, interpretando el numeral 7 del art. 234 del CPP de manera subjetiva, pese a que dicho precepto contempla un riesgo de naturaleza objetiva. Por su parte, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -también demandado- vulneró igualmente los derechos del impetrante de tutela, al emitir el Auto de Vista de 26 de octubre de 2022, mediante el cual declaró improcedente el recurso de apelación incidental, incurriendo en los siguientes agravios: i) Falta de revisión crítica de los fundamentos del mencionado Auto Interlocutorio 97/2022 y de las pruebas presentadas por la defensa, al limitarse a ratificar la decisión del tribunal inferior sin verificar la existencia de defectos en la valoración probatoria; ii) Ausencia de una argumentación jurídica adecuada que respalde la negativa a conceder la cesación a la detención preventiva, omitiendo el análisis de la relevancia de los nuevos elementos presentados por el imputado; y, iii) Vulneración del derecho a una revisión judicial efectiva, al desestimar la apelación sin pronunciarse sobre los agravios denunciados en relación con la falta de motivación y el enfoque erróneo del riesgo procesal realizado por el tribunal a quo.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; a.1) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; b) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; c) Sobre el riesgo procesal de fuga, como peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal-; d) Análisis del caso concreto; y, e) Otras consideraciones.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da:
o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene 14El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”.
15El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”.
16El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”.
17El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
La SCP 0496/2020-S1 de 14 de septiembre, refiere que sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 7 -antes 10-, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante.
Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 ahora 234.7- del CPP, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido. Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados, que consideró la normativa internacional e interna, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes. Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base en criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente, pues, de lo contrario se produciría una revictimización; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población. Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste, en contra de las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión al delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente. En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probables hostigamiento, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida que se le imponga o modifique otra, respecto al imputado a quien se le atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que, la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia. Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
1) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; 2) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, 3) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
Asimismo, conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, se modificó únicamente el numeral 10 por el numeral 7 del art. 234 del CPP, empero no, su contenido, cuya redacción fue declarada constitucional por la SCP 0056/2014 de 3 de enero.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de los derechos invocados en la presente acción tutelar, toda vez que el Tribunal de Sentencia Penal de Camargo -ahora demandado- incurrió en actuaciones lesivas al dictar el Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre, mediante el cual rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, presentándose los siguientes agravios: i) Emisión de una resolución con argumentación genérica y carente de motivación suficiente, al limitarse a afirmar que los elementos presentados por la defensa no desvirtúan el riesgo de fuga, sin efectuar un análisis razonado ni integral de las pruebas ofrecidas; ii) Omisión de valorar la pertinencia de dichos elementos en relación con la posibilidad de cesación de la detención, desconociendo que el art. 239 del CPP permite dicha cesación cuando se presentan nuevos elementos que tornen innecesaria la medida cautelar; y, iii) La inobservancia del hecho de que el imputado ya no reside cerca de la víctima, pues cuenta con domicilio y fuente laboral establecidos, y que la víctima ya prestó declaración, eliminando cualquier contacto procesal entre ambos, no obstante, el tribunal asimiló erradamente el riesgo de fuga con una supuesta "peligrosidad" del imputado respecto a la víctima, interpretando el numeral 7 del art. 234 del CPP de manera subjetiva, pese a que dicho precepto contempla un riesgo de naturaleza objetiva.
Por su parte, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -también demandado-vulneró igualmente los derechos del impetrante de tutela, al emitir el Auto de Vista de 26 de octubre de 2022, mediante el cual declaró improcedente el recurso de apelación incidental, incurriendo en los siguientes agravios: a) Falta de revisión crítica de los fundamentos del mencionado Auto Interlocutorio 97/2022 y de las pruebas presentadas por la defensa, al limitarse a ratificar la decisión del tribunal inferior sin verificar la existencia de defectos en la valoración probatoria;
b) Ausencia de una argumentación jurídica adecuada que respalde la negativa a conceder la cesación a la detención preventiva, omitiendo el análisis de la relevancia de los nuevos elementos presentados por el imputado; y, c) Vulneración del derecho a una revisión judicial efectiva, al desestimar la apelación sin pronunciarse sobre los agravios denunciados en relación con la falta de motivación y el enfoque erróneo del riesgo procesal realizado por el tribunal a quo. Ahora bien, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Celso Cardozo Ortega -ahora demandante de tutela- por la presunta comisión del delito de violación de infante niña niño o adolescente, mediante Auto Interlocutorio 06/2022 de 4 de febrero emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Culpina; se dispuso la detención preventiva del ahora solicitante de tutela por la concurrencia de los peligros procesales insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (Conclusión II.1); posteriormente, ante una solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el prenombrado, mediante Auto Interlocutorio 29/2022 de 21 de mayo, se rechaza la solicitud interpuesta del ahora peticionante de tutela, pero se tiene por desvirtuado el art. 235.2 del CPP (Conclusión II.2). Toda vez que, el Fiscal de materia Juan Carlos Camacho Condori en representación del Ministerio Público formuló acusación fiscal el 25 de julio de 2022 (Conclusión II.3), los antecedentes son remitidos ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo -ahora demandado-, ante el cual, el impetrante de tutela nuevamente solicita cesación a la detención preventiva amparado en el art. 239.1 y 239.2 del CPP (Conclusión II.5). Mediante Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre, los jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo -demandados-, rechazan la solicitud de cesación del impetrante de tutela (Conclusión II.6) y mediante memorial presentado el 30 del mismo mes y año, el ahora demandante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, mismo que mediante Auto de Vista 449/2022 de 26 de octubre, fue declarado improcedente (Conclusión II.7 y II.8). Establecida la problemática y descritos los antecedentes, considerando que el objeto que persigue la presente demanda tutelar es dejar sin efecto las dos resoluciones judiciales impugnadas, es necesario compulsar los antecedentes, analizando una por una si las mismas lesionan los derechos del solicitante de tutela. a) Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre.
En relación a la indicada resolución se denuncia dos aspectos centrales: a) Emisión de una resolución con argumentación genérica y carente de motivación suficiente, al limitarse a afirmar que los elementos presentados por la defensa no desvirtúan el riesgo de fuga, sin efectuar un análisis razonado ni integral de las pruebas ofrecidas; b) Omisión de valorar la pertinencia de dichos elementos en relación con la posibilidad de cesación de la detención, desconociendo que el art. 239 del CPP permite dicha cesación cuando se presentan nuevos elementos que tornen innecesaria la medida cautelar; y, c) Inobservancia del hecho de que el imputado ya no reside cerca de la víctima, cuenta con domicilio y fuente laboral establecidos, y que la víctima ya prestó declaración, eliminando cualquier contacto procesal entre ambos, no obstante, el tribunal asimiló erradamente el riesgo de fuga con una supuesta "peligrosidad" del imputado respecto a la víctima, interpretando el numeral 7 del art. 234 del CPP de manera subjetiva, pese a que dicho precepto contempla un riesgo de naturaleza objetiva. Sin embargo, del examen del contenido de dicho Auto Interlocutorio se advierte lo siguiente:
Con relación al núm. 7 del Art. 234 CPP., señalar previamente que tratándose de casos de violencia en contra de niñas, niños o adolescentes y mujeres en general, corresponde que la autoridad judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares en general, incluido en casos de cesación, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así tanto las características del delito cuya autoría se le atribuye (S.C. Nº 545/2020-S4 de 6 de octubre). Dicho ello, el acusado presenta un informe psicológico de 29 de agosto de 2022 firmado por el Lic. Amilcar Cuevas de DN y SLIM Incahuasi, informe de autoridad de la comunidad de Salado de 4 de agosto de 2022, informe social elaborado por la Lic. Zulma Choquehuanca de DNA y SLIM de Culpina, contrato de trabajo agrícola a futuro incluido su reconocimiento de firmas, informe complementario de la Sgto. Jimena Saigua Tamares de 09 de agosto de 2022, contrato de arrendamiento de casa, con su reconocimiento de firmas y una certificación y/o informe del Alcaide de la carceleta de Camargo de 29 de septiembre de 2022, elementos que de ninguna manera desvirtúan este numeral al de riesgo procesal de fuga, dado que la esencia de este riesgo procesal radica en la peligrosidad del acusado con relación a la víctima, y las documentales hacen referencia a temas que no se relacionan a este riesgo procesal en sí, siendo más para el tema de domicilio y trabajo, pero de ninguna manera para el presente numeral, incluido el informe psicológico que lo único que hace referencia es sobre la personalidad del acusado, no teniendo relación con los fundamentos de la detención, por lo que no se desvirtúa el peligro efectivo para la víctima, menos desvirtúa los fundamentos de la resolución judicial donde se hubo dado por concurrente este riesgo procesal de fuga, no existiendo a la fecha nuevos elementos que desvirtúen esos argumentos explanados en la resolución de detención preventiva. Por otra parte, en el caso concreto tenemos la particularidad de que la víctima resulta ser menor de edad y tomando en cuenta las características propias del delito como la agresión contra la libertad sexual de una menor de edad, más el estado de gestación de la misma, se constituye que la víctima se encuentra en estado de vulnerabilidad y por ende desventaja con relación a su agresor ahora acusado, constituyendo aun en un riesgo para la víctima, por lo cual la presente argumentación judicial va dirigida a resguardar, materializarse el interés superior de la menor conforme manda el Art 60 de la CPE otorgándole una protección reforzada a la víctima, continuando latente dicho riesgo procesal (negrillas añadidas).
Ahora bien, del examen de la resolución judicial impugnada, respecto al primer punto de agravio identificado, se advierte que el Tribunal de Sentencia Penal -también demandado-, al pronunciarse sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva, realizó un análisis específico del riesgo procesal previsto en el núm. 7 del art. 234 del CPP, relativo al peligro para la víctima. En ese marco, los jueces técnicos ahora demandados no se limitaron a una valoración formal de los documentos presentados por la defensa, sino que examinó su pertinencia y suficiencia probatoria para descartar o no dicho riesgo. Particularmente, el Tribunal tomó en cuenta el contexto del caso, reconociendo que al tratarse de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que afectan la libertad sexual, se impone la obligación de aplicar un enfoque diferenciado y un deber reforzado de protección. Esta exigencia encuentra sustento en el principio del interés superior del niño, consagrado en el art. 60 de la Constitución Política del Estado, así como en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, se constata que la decisión adoptada no solo se enmarca en los parámetros del debido proceso, sino que responde también a una interpretación sistemática y con enfoque de derechos, al ponderar debidamente la situación de especial vulnerabilidad de la víctima y la necesidad de evitar su revictimización; consecuentemente, la aplicación del riesgo procesal referido al peligro para la víctima fue realizado de manera razonada, motivada y conforme al deber de protección reforzada que rige en este tipo de casos. Asimismo, es importante señalar que, al evaluar los elementos de prueba aportados por la defensa -tales como informes psicológicos, sociales, comunitarios, contratos laborales y de arrendamiento, así como certificaciones del centro penitenciario- el Tribunal concluyó que dichos documentos no guardaban relación directa con el riesgo procesal identificado, es decir, el peligro para la víctima. En efecto, los citados elementos estaban orientados principalmente a acreditar aspectos como domicilio, trabajo y vínculos familiares del imputado, sin lograr desvirtuar de forma concreta y suficiente el riesgo de que pudiera afectar o intimidar a la víctima, quien además se encontraba en estado de gestación como consecuencia del hecho investigado. Este razonamiento se sustenta en el hecho de que la esencia del riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP no radica exclusivamente en la proximidad geográfica o la existencia de un contacto directo, sino en la situación de subordinación, intimidación o afectación emocional que pueda persistir entre la víctima y el imputado, más aún si se trata de una menor de edad embarazada, lo que agudiza su condición de vulnerabilidad y, por tanto, justifica la necesidad de una protección efectiva y continuada. De igual forma, el Tribunal de Sentencia Penal -ahora demandado-contextualizó su decisión con base en resoluciones anteriores (Autos Interlocutorios 06/2022 y 29/2022), en las que ya se había reconocido la persistencia del riesgo para la víctima. Si bien dichas resoluciones no fueron citadas expresamente en la resolución ahora impugnada, sus fundamentos se encuentran reproducidos y actualizados en el razonamiento asumido por el referido Tribunal, manteniéndose incólume la motivación inicial de la detención preventiva. Es decir, no se advierte un cambio sustancial en las circunstancias fácticas que justifique su cesación, ya que el peligro procesal sigue latente. Así también, en armonía con lo establecido por la jurisprudencia constitucional -en particular, el Fundamento Jurídico III.1 de la Sentencia Constitucional Plurinacional que orienta este análisis-, las autoridades judiciales están obligadas a tomar en cuenta el contexto de especial vulnerabilidad de las víctimas en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, priorizando su seguridad e integridad personal frente a cualquier intento de hostigamiento, amenaza o intimidación. En ese marco, los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo -ahora demandado-resultan razonables, proporcionales y ajustados a la normativa vigente, evidenciando una correcta interpretación del derecho aplicable y una protección efectiva del interés superior de la víctima. Finalmente, respecto a la denuncia sobre la supuesta falta de valoración de la prueba en el Auto Interlocutorio ahora confutado, tal cuestionamiento carece de veracidad; por cuanto, de la revisión de dicho fallo se reitera que los jueces demandados realizaron una valoración integral de los elementos probatorios presentados por la defensa, entre ellos: el informe psicológico de 29 de agosto de 2022; el informe de la autoridad comunal de Salado, de 4 de agosto de 2022; el informe social elaborado por la Zulma Choquehuanca -trabajadora social de la DNA y SLIM de Culpila-; un contrato de trabajo agrícola a futuro; el informe complementario de Jimena Saigua Tamares -funcionaria policial-, de fecha 9 de agosto de 2022; un contrato de arrendamiento de vivienda; y la certificación emitida por el Alcaide de la carceleta de Camargo, con fecha 29 de septiembre de 2022 (véase Conclusión II.4). A partir de este análisis, los jueces concluyeron que ninguna de estas pruebas era idónea para desvirtuar el riesgo procesal de fuga, específicamente el previsto en el núm. 7 del art. 234 del CPP. Señalaron que el fondo del riesgo no radica exclusivamente en la existencia de un domicilio o fuente laboral, sino en la peligrosidad del imputado respecto a la víctima. En este sentido, sostuvieron que las pruebas presentadas no guardaban vinculación directa con la naturaleza del riesgo procesal alegado, pues versaban sobre circunstancias personales del imputado -como lugar de residencia, trabajo o características de su personalidad-y no sobre aspectos que pudieran desvirtuar el riesgo para la víctima, quien, además, es menor de edad y se encontraba embarazada al momento del hecho investigado. En este punto, corresponde reiterar el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, según el cual la valoración de la prueba constituye una atribución propia y exclusiva de las juezas y jueces ordinarios, en el marco de su función jurisdiccional. No obstante, la justicia constitucional puede intervenir de manera excepcional, sólo cuando concurren de forma acumulativa tres presupuestos: 1) que la valoración probatoria se haya apartado de los parámetros de razonabilidad y equidad; 2) que se haya omitido la consideración de elementos de prueba relevantes; y, 3) que el análisis probatorio incurra en una arbitrariedad manifiesta, vulnerando derechos fundamentales. En el caso concreto, tales presupuestos no se configuran. Primero, no se evidencia que los jueces técnicos ahora demandados se hayan apartado del marco legal, ni que sus razonamientos resulten arbitrarios o carentes de lógica jurídica. Por el contrario, sus argumentos son coherentes con la naturaleza del delito investigado, la condición de vulnerabilidad de la víctima -menor de edad y embarazada- y la necesidad de una protección reforzada. Segundo, no se advierte omisión en la valoración de las pruebas, ya que todas las documentales ofrecidas por la defensa fueron objeto de análisis expreso. Y tercero, no se demuestra que las pruebas hayan sido tergiversadas o que las conclusiones alcanzadas carezcan de respaldo fáctico o jurídico. En consecuencia, al no concurrir ninguna de las causales que habilitan la intervención de la jurisdicción constitucional en materia de valoración probatoria, y al constatarse que el Tribunal de Sentencia Penal ahora demandado motivaron adecuadamente su decisión con base en los medios probatorios presentados, corresponde denegar la tutela por cuanto su actuación se encuentra dentro del marco de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad exigido por el ordenamiento jurídico. b) Respecto al Auto de Vista 449/2022 de 26 de octubre. En relación con la denuncia formulada contra el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora también demandado-, se debe efectuar una revisión de su actuación en el marco del recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio 97/2022 de 29 de septiembre. De este modo, el ahora peticionante de tutela sostiene que la referida autoridad jurisdiccional de alzada habría incurrido en: i) Falta de revisión crítica de los fundamentos del Auto Interlocutorio 97/2022 y de las pruebas presentadas por la defensa, al limitarse a ratificar la decisión del tribunal inferior sin verificar la existencia de defectos en la valoración probatoria; ii) Ausencia de una argumentación jurídica adecuada que respalde la negativa a conceder la cesación a la detención preventiva, omitiendo el análisis de la relevancia de los nuevos elementos presentados por el imputado; y, iii) Vulneración del derecho a una revisión judicial efectiva, al desestimar la apelación sin pronunciarse sobre los agravios denunciados en relación con la falta de motivación y el enfoque erróneo del riesgo procesal realizado por el tribunal a quo. Ahora bien, del análisis del referido Auto de Vista que en lo principal de sus fundamentos respecto al art. 234.7 del CPP señala:
Entonces, se consideró la situación de vulnerabilidad o desventaja de la menor victima respecto al imputado, para fundar este riesgo del peligro para la víctima, por cuanto de los antecedentes se tiene que la víctima como consecuencia de la agresión sexual del ahora acusado resulto embarazada y ahora es madre como refirió la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la presenta audiencia. Los elementos que ha presentado el recurrente ante el Tribunal A-quo, como bien lo ha referido estas documentales hace al tema de domicilio y trabajo, por otra parte el informe psicológico lo único que hace referencia es sobre la personalidad del acusado, no teniendo relación con los fundamentos de la detención, el Informe Social hace referencia la obligación de asistencia familiar y una deuda con el Banco, se tiene por cuanto no se fundado concurrente este riesgo porque tiene situación económica precaria, si tiene buena conducta o mala conducta dentro de la Carceleta de Camargo, esto con relación al certificado de buena conducta. Entonces, no evidente el agravio traído por la defensa del acusado.
Por todo ello, se considera que la resolución está debidamente fundamentada, motivada y con apego a la jurisprudencia y la Ley; en consecuencia no se puede acoger el motivo de agravio alegado por la defensa del acusado…(sic) Del análisis del Auto de Vista 449/2022 se advierte que el Vocal demandado sí ejerció una labor de revisión efectiva sobre los fundamentos del Auto apelado, contrastando los agravios formulados por el recurrente con los argumentos contenidos en la resolución apelada.
En este sentido, si bien es cierto que el Vocal no introdujo elementos argumentativos nuevos ni amplió los fundamentos en términos materiales, ello no implica ausencia de motivación ni omisión en el deber de control judicial de la determinación impugnada. Al contrario, el Auto de Vista evidencia que el Vocal examinó el agravio concreto planteado por el apelante, referido a la supuesta falta de valoración de nuevos elementos de prueba ofrecidos en audiencia; asimismo, contrastó dicho agravio con el contenido del Auto Interlocutorio 97/2022, verificando que los jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Camargo sí realizaron una valoración integral de los documentos aportados, tales como el informe psicológico, el informe social, el contrato de trabajo, el certificado de conducta y otros, enmarcando su decisión dentro del estándar jurisprudencial relativo al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, especialmente en casos donde se verifica una situación de desventaja o vulnerabilidad de la víctima, como ocurre en este caso, tratándose de una menor de edad embarazada como consecuencia del supuesto hecho imputado.
Asimismo, se debe resaltar que el Vocal -ahora demandado- valoró la argumentación de la contraparte, esto es, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Culpina, lo que denota un tratamiento imparcial y completo de los extremos sometidos a su consideración, evidenciando el cumplimiento de su deber constitucional de motivar adecuadamente las resoluciones jurisdiccionales, conforme a lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional en relación con el debido proceso, la motivación y la valoración de la prueba.
En tal contexto, el hecho de que el Vocal demandado haya llegado a la misma conclusión que el Tribunal de Sentencia Penal también demandado -esto es, que persiste el riesgo procesal de peligro para la víctima que justifica la detención preventiva- no supone un defecto, omisión o afectación a los derechos del impetrante de tutela, sino que demuestra la existencia de una revisión judicial coherente, fundada y motivada, que coincide en sus conclusiones con la decisión apelada, pero que no se limita a una simple ratificación mecánica. Consecuentemente, al evidenciarse que la referida autoridad jurisdiccional de alzada ejerció control sobre la resolución impugnada, valoró integralmente los fundamentos de la decisión a-quo, examinó los agravios del recurrente y los elementos probatorios introducidos, y resolvió con base en un razonamiento jurídico motivado, no se acredita vulneración alguna a los derechos del ahora impetrante de tutela a la libertad, al debido proceso ni a la valoración de la prueba. En consecuencia, corresponde también denegar la tutela respecto del Vocal demandado.
Finalmente, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede soslayar una observación relevante vinculada al principio de probidad profesional. Conforme se tiene de los antecedentes procesales, la acusación fiscal de 25 de julio de 2022, fue suscrita por el ciudadano Juan Carlos Camacho Condori, en su calidad de Fiscal de Materia (Conclusión II.3); del mismo modo, los elementos documentales presentados por el ahora demandante de tutela en el marco de su solicitud de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.4) fueron obtenidos a requerimiento del citado fiscal en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, se advierte que dicho profesional, en posterior actuación, suscribió la presente demanda constitucional de acción de libertad en calidad de abogado de libre ejercicio con matrícula RPA 8575481-JCCC, ejerciendo la defensa técnica del solicitante de tutela y participando en la respectiva audiencia tutelar. Tal circunstancia revela un eventual patrocinio de intereses contrapuestos dentro del mismo proceso penal, conducta que podría constituir infracción a los deberes ético-profesionales que rigen el ejercicio de la abogacía, conforme a lo previsto en la Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA) -Ley 387 de 9 de julio de 2013-.
En ese entendido, corresponde la remisión de antecedentes ante el Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia del departamento de Chuquisaca, a efectos de que se proceda al análisis y eventual sustanciación del proceso disciplinario que en derecho corresponda. Por lo expuesto, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 6/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 92 a 94 vta. y aclarada mediante Auto 26/2022 de misma fecha, cursante a fs. 95 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se dispone por Secretaria General de este Tribunal remitir antecedentes al Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia de Chuquisaca, para el procesamiento del profesional abogado Juan Carlos Camacho Condori, por la infracción gravísima prevista en el art. 42.3 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA) -Ley 387 de 9 de julio de 2013-, adjuntando al efecto todas las fotocopias de las documentales presentadas por el propio accionante y el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.
12 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 18El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
19 Ibídem, pág. 89
20 Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0226_2025-S1.pdf · páginas 1 a 34.
Huella digital del PDF (SHA-256): b5836d48d3aceeea11d9ad82cb416e5ed7a82c68e9ac612fb480131c917a7a9c
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