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SCP 0226/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Cuarta Especializada · 11 de junio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
11 de junio de 2024
Acción
Acción de Libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48301-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y del principio de celeridad, en razón a que el Juez demandado no fijó audiencia de cesación de la detención preventiva, señalando que previamente se debía resolver el recurso de apelación incidental que interpuso anteriormente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 029/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 33 a 35 vta., por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad de acción de libertad traslativa de pronto despacho, únicamente respecto al numeral 5 del art. 239 del Código de Procedimiento Penal disponiendo que, el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, otorgue el trámite correspondiente al memorial de 3 de junio de 2022, con la debida celeridad; lo que no implica necesariamente que deba atenderse favorablemente a la solicitud realizada por el impetrante de tutela, pues ello dependerá del análisis efectuado por el Juez de la causa, siempre resguardando los derechos fundamentales y garantía constitucionales de las víctimas; y, 2º DENEGAR con referencia al numeral 1 del art. 239 de la señalada norma procesal penal, en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la celeridad en la atención de las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la imposibilidad de interponer una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva estando pendiente la apelación de una primera. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0226/2024-S4 Sucre, 11 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de Libertad Expediente: 48301-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 029/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 33 a fs. 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Manolo Rojas Paz en representación sin mandato de Gonzalo Edmundo Rodrigo Zaravia contra Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto del Departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de junio de 2022, cursante de fs.1; y 13 a 15 vta.; el accionante, a través de su representante sin mandato, expuso lo siguientes

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de aborto seguido de lesión o muerte y delitos contra la salud pública, el 25 de marzo de 2022, se desarrolló la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz; ante lo cual, el 3 de junio del citado año, en virtud a lo previsto por los incs. 1 y 5 del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó la cesación a la detención preventiva, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar hubiera obtenido respuesta alguna de parte de la autoridad demandada, de consideración de lo peticionado. Señaló que conforme a la norma citada precedentemente, las medidas cautelares personales cesan por la concurrencia de alguna de las causales previstas en ella y para el caso particular, contiene la causal relacionada a la acreditación de enfermedad grave o estado terminal del privado de libertad, sumándose el cumplimiento de sesenta y cinco años de edad con los que cuenta el mismo, salvo que se trate de delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual corrupción y vinculados, así como los de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Para el caso de concurrencia de los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP, el Juez o Tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, y para los numerales 3 y 4 del citado código, la Oficina Gestora de Procesos a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, correrá traslado a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes, para que contesten en el plazo de cuarenta y ocho horas y con respuesta o sin ella, sin necesidad de audiencia, el juez o tribunal, dentro de similar plazo, declarará la procedencia o improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. Refiere tener conocimiento sobre la emisión de un decreto el 6 de junio de 2022, que hace alusión al Auto Interlocutorio 154/2022 de 5 de mayo, la que fue apelada y resuelta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó la misma; sin embargo, la problemática de la presente acción no se encuentra relacionada con dicho fallo, sino se trata de su solicitud de cesación a la detención preventiva por su grave estado de salud y por estar internado en el Hospital de Clínicas de La Paz; pedido que, hasta la fecha no mereció tratamiento. Señaló que de manera errónea, la Oficina Gestora de Procesos 3, el 7 de junio del citado año, le notificó con un señalamiento de audiencia programada por el Juez quinto del departamento de la paz –ahora demandado– demandado empero, para otro coprocesado del caso principal. En consideración a lo señalado, en el proceso se superó abundantemente el plazo de cuarenta y ocho horas que tenía la autoridad jurisdiccional demandada para señalar audiencia en su causa; habiendo trascurrido siete días sin que ello ocurra, provocando dilación indebida.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida y al principio de celeridad, si citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se considere su solicitud de cesación a la detención preventiva, dentro de los plazos previstos por ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 11 de junio de 2022, presente según consta en el acta cursante de fs. 31 a 32 vta., la parte accionante y ausente la autoridad judicial demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de su abogado haciendo uso de la palabra en audiencia, ratificó y amplió los términos de la misma, refiriendo que el 5 de mayo de 2022, se celebró una audiencia que culminó con la emisión del Auto Interlocutorio 154/2022, en cuyo tenor refleja que se trató una situación similar a la presente acción tutelar, oportunidad en la que se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, en esta oportunidad concurre la agravante de su estado de salud, dado que su vida se encuentra en riesgo, motivo por el cual, fue evacuado al Hospital de Clínicas, extremo que fue respaldado con el certificado médico correspondiente.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: a) El 5 de mayo de 2022 se celebró una audiencia de cesación a la detención preventiva, cuyo Auto Interlocutorio 154/2022 fue apelado y se encuentra pendiente de pronunciamiento en la Sala Penal Cuarta, no obstante de haberse remitido el legajo de apelación el 9 de mayo; b) Pese a encontrase pendiente de resolución, la apelación previamente individualizada, el ahora accionante solicitó la cesación a la detención preventiva mediante memorial de 3 de junio del mismo año, pretensión que fue observada por decreto fundamentado de 6 del citado mes y año, al estar pendiente de resolución otro recurso similar interpuesto contra el Auto Interlocutorio 154/2022 que rechazó su anterior solicitud de cesación a la detención preventiva; y, c) Con referencia al numeral 1 del art. 239 del CPP, mediante la apelación que se encuentra pendiente de resolución, motivo por el cual no podría activarse simultáneamente una nueva solicitud, razón por la que, mediante proveído de 6 de junio de 2022, se dispuso que el accionante aclare previamente su pretensión y subsane las observaciones efectuadas; decisión notificada el 7 del indicado mes y año en el domicilio procesal de su abogado, sin que hasta el día de presentación del informe, existiese memorial alguno observando el mismo; por lo que, de conformidad con el principio de preclusión, no se hizo un reclamo oportuno; es decir, no interpuso ninguno de los recursos contenidos en los arts. 125 y 401 del CPP.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de la Paz, constituido en juez de garantías mediante Resolución 029/2022 de 11 de junio, que cursa de fs. 33 a 35 vta. concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada se pronuncie en el día sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva efectuada por Gonzalo Edmundo Rodrigo Zaravia, mediante memorial de 3 de junio de 2022, en relación al art. 239.5 del CPP, bajo el argumento que la solicitud realizada por el impetrante de tutela, fue atendida mediante decreto de 6 del mismo mes y año, en sentido que se encuentra pendiente las resultas del Auto de Vista; empero, se evidencia de actuados que en dicho recurso no existió pronunciamiento alguno con relación al art. 239.5 del citado Código, toda vez que ahora no se solicita la cesación por el numeral 1, sino también por el numeral 5, ambos del art. 239 de la mencionada norma legal, correspondiendo por lo tanto al Juez demandado, dictar resolución.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado Médico de 3 de junio de 2022, el cual indica que el –ahora accionante– Manolo Rojas Paz se encuentra en mal estado general e internado en el Hospital de Clínicas (fs. 2). II.2. Mediante papeleta de 31 de mayo de 2022 se dispuso salida médica para el impetrante de tutela, en virtud al informe del área médica de la misma fecha (fs. 3 y 4). II.3. Cursa el Auto Interlocutorio 154/2022 de 5 de mayo, que rechazó una solicitud de cesación a la detención preventiva efectuada por el solicitante de tutela, en consideración a los incs. 1) y 2) del art. 234 del CPP (fs. 19 a 22). II.4. Por memorial presentado el 3 de junio de 2022, la autoridad demandada solicito se señale día y hora pidiendo la cesación a su detención preventiva (fs. 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y del principio de celeridad, en razón a que el Juez demandado no fijó audiencia de cesación de la detención preventiva, señalando que previamente se debía resolver el recurso de apelación incidental que interpuso anteriormente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la celeridad en la atención de las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Conforme señala la SCP 0429/2023-S4 de 5 de junio: “…Dentro de la clasificación doctrinal de la acción de libertad, respecto a la finalidad que esta persigue, la traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad; es por ello que, la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra consagrado en los arts. 178.I y 180.I de la CPE; por tanto, un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, previsto por el art. 23.I de la Norma Suprema. En ese marco, con relación a la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre; señaló que: ‘Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente: «…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’». (…)

Si bien dicha postura jurisprudencial fue específicamente elaborada para casos de personas con detención preventiva, su finalidad fue la de asegurar la resolución de las solicitudes de los privados de libertad dentro de los plazos establecidos en la ley y, de no existir estos, dentro de plazos razonables, lo que posibilita que la misma sea aplicable a cualquier circunstancia en la que esté en discusión el derecho a la libertad personal o de locomoción. Por su parte, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrollando doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho instituyó que se constituye en el mecanismo: ‘…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

En este desarrollo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada por los administradores de justicia, caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Sobre la imposibilidad de interponer una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva estando pendiente la apelación de una primera. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0552/2017-S1 de 31 de mayo, concluyó que: “La SC 1325/2002-R de 1 de noviembre, establece que: ‘…el Juez recurrido lejos de examinar que se cumplió el presupuesto procesal señalado en el art. 239-3) CPP, directa e ilegalmente procede a rechazar la solicitud de cesación, de la detención preventiva del recurrente, con el inatingente argumento de encontrarse en apelación una anterior solicitud que no tuvo como base el art. 239-3), sino otro presupuesto cual es el establecido en el art. 239-1) CPP’. De la jurisprudencia desarrollada supra, se tiene que, el juez puede conocer y resolver una segunda solicitud de cesación a la detención preventiva, estando pendiente la apelación de la primera, siempre y cuando la aludida solicitud se la realice sobre diferentes presupuestos procesales; es decir, que la primera haya sido interpuesta en base al art. 239.1 del CPP; y, la segunda en base a los otros incisos del referido artículo; empero, si tanto la primera como la segunda petición de cesación a la detención preventiva está amparada en el mismo presupuesto procesal; el juez no puede resolver la segunda petición de cesación a la detención preventiva mientras no se resuelva la apelación interpuesta” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). La finalidad del referido razonamiento no es otro que evitar que se produzcan disfunciones procesales en la tramitación de la causa, por cuanto si bien el efecto de la apelación incidental no es suspensivo; empero, ello no implica que estando pendiente de resolverse un recurso de apelación incidental contra la decisión que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, así el referido medio de impugnación hubiera sido planteado por la víctima o el Ministerio Público, tenga que resolverse una nueva solicitud cuando existe la posibilidad que el tribunal de alzada por efecto de la apelación interpuesta confirme o modifique lo resuelto, provocando sin duda disfunciones procesales que dilatan el normal desarrollo del proceso cuando lo que se pretende es que se concluya conforme a los plazos previstos en la normativa procesal penal.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y del principio de celeridad, en razón a que el Juez demandado no fijó audiencia de cesación de la detención preventiva, señalando que previamente se debía resolver el recurso de apelación incidental que interpuso anteriormente. En ese orden, en la especie, se evidencia que una vez determinada la aplicación de detención preventiva en contra del accionante, por concurrir riesgos de fuga y obstaculización, en aplicación de los numerales del art. 1, 2 y 6 del art. 234 y 235.2, ambos del CPP; el mismo apeló dicha determinación y se resolvió por Auto de Vista 165/2022 de 30 de marzo, que confirmó la decisión primigenia. Posteriormente el citado sujeto procesal reiteró similar solicitud, mismo que fue resuelto por Auto Interlocutorio 154/2022 de 5 de mayo que rechazó la pretensión; una vez apelada, fue remitida ante la Sala Cuarta Penal, y a la fecha se encuentra pendiente de resolución. El 3 de junio de 2022 el impetrante de tutela presentó otro memorial, solicitando cesación a su detención preventiva, petición que fue atendida por decreto de 6 de junio del citado año, mediante el cual, la autoridad demandada hizo conocer que en cuanto a la causal contenida en el numeral 1 del art. 239 del CPP, la misma se encuentra en grado de apelación, por lo que no podría activarse de forma simultánea una petición que esté pendiente de resolverse, lo contrario podría provocar una disfunción procesal e inseguridad jurídica. Ahora bien, por principio general, las medidas cautelares son modificables aún de oficio, pudiendo pedir aquello o bien su cesación cuantas veces el imputado considere pertinente, con la finalidad de obtener su libertad; a tal fin, el art. 239 del CPP instituye varios presupuestos procesales para la procedencia de la cesación de la detención preventiva, estableciendo cada uno de ellos, cuándo concluirá dicha medida cautelar; precisado ello, conforme al lineamiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo cosntitucional, si contra la determinación de rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva, se plantea recurso de apelación incidental aun sea por la víctima o denunciante y este se encuentra pendiente de pronunciamiento, no resulta razonable considerar una segunda solicitud de la misma de la detención preventiva cuando esta se encuentre fundada en el presupuesto procesal que la primera, por cuanto se corre el riesgo que se arribe a resoluciones contradictorias respecto a la misma problemática, lo que ocasionaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento; lo que significa no contrariamente que, cuando se trate de un presupuesto procesal distinto, entonces, es obligación del Juez conocer y resolver la segunda solicitud. Con la finalidad de atender la denuncia sobre la indebida dilación en la resolución de la situación jurídica del mismo, corresponde referir que el art. 239 del CPP, establece parte del régimen de medidas cautelares personales, concretamente la cesación de la detención preventiva, y que fue modificado a través de los arts. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres– , y 2.III de la –Ley 1226– de 18 de septiembre de 2019 de modificación a la citada norma jurídica disponiendo: “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: (…) 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas…” (las negrillas nos corresponden). Efectuada esa precisión, de la revisión de antecedentes, se tiene que por memorial presentado el 3 de junio de 2022, el accionante solicitó al Juez ahora demandado, audiencia de cesación de su detención preventiva de conformidad al art. 239.1 y 5 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226; mereciendo el decreto de 6 de agosto de ese año, por el que dicha autoridad judicial, señaló que existiendo un recurso de apelación pendiente con relación al numeral 1 del precitado artículo, aguarde a que sea resuelto. Entonces, la última solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante de 3 de junio de 2022, fue interpuesta al amparo del art. 239.1 y 5 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, el último de éstos relacionado con el hecho de que la persona privada de libertad alega encontrarse con una enfermedad grave o en estado terminal; situación que corresponde ser analizada por el Juez de la causa en cualquier momento procesal, permitiendo además, la concreción de los principios procesales de eficacia y eficiencia contenidos en el art. 30.7 y 8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que a su vez componen el principio de seguridad jurídica, que implica el cumplimiento de las disposiciones legales, y procedimientos previstos por ley, a objeto de lograr los fines perseguidos por la administración de justicia, entre ellos, la resolución pronta y oportuna de las diferentes causas sometidas a conocimiento de las autoridades judiciales. Conforme con lo anterior, corresponde considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que refiere que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos; por lo que, en el marco de la normativa procesal penal establecida y de la revisión de antecedentes cursantes en el expediente, se advierte el incumplimiento de dicha normativa y de la jurisprudencia constitucional aplicable al caso concreto, debido a que en el presente caso se debe tomar en cuenta que el Juez hoy demandado se limitó a decretar que existiendo una apelación pendiente por el numeral 1 del art. 239 del CPP, no podría activarse de forma simultánea una petición que está pendiente de resolverse por el superior en grado, sin considerar que la solicitud también se basó en el numeral 5 del mismo artículo; que no fue objeto de solicitud anterior y menos de apelación. Por lo manifestado, se evidencia que la autoridad jurisdiccional –ahora demandada– no actuó conforme a las normas indicadas del Código de Procedimiento Penal; provocando dilación en la atención a la solicitud del accionante. Por lo que en el presente caso, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 029/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 33 a 35 vta., por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad de acción de libertad traslativa de pronto despacho, únicamente respecto al numeral 5 del art. 239 del Código de Procedimiento Penal disponiendo que, el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, otorgue el trámite correspondiente al memorial de 3 de junio de 2022, con la debida celeridad; lo que no implica necesariamente que deba atenderse favorablemente a la solicitud realizada por el impetrante de tutela, pues ello dependerá del análisis efectuado por el Juez de la causa, siempre resguardando los derechos fundamentales y garantía constitucionales de las víctimas; y, 2º DENEGAR con referencia al numeral 1 del art. 239 de la señalada norma procesal penal, en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0226_2024-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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