B.IA.LEGAL

SCP 0226/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
44764-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandado, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración probatoria; en virtud a que, 1) La Jueza demandada, de forma ilegal y sin una debida valoración a la prueba presentada en audiencia cautelar por parte de su defensa con la finalidad de enervar los riesgos procesales y sin considerar el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional invocada, mediante Auto Interlocutorio 255/2021, considerando la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, dispuso su detención preventiva; y, 2) Habiendo sido objeto de recurso de apelación el indicado fallo, la Vocal demandada, resolviendo el mismo, a través del Auto de Vista 393, determinó declarar admisible y procedente parcialmente el recurso, manteniendo respecto a su persona, la detención preventiva ante la concurrencia del señalado riesgo procesal; ello sin una debida fundamentación y motivación de las razones por las que se dispuso mantener latente el peligro de obstaculización, debido a una incorrecta valoración de la prueba presentada y de la jurisprudencia invocada; asimismo, incurrió en meras suposiciones, sin ningún sustento de convicción que sea objetivo y contundente. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 209 a 212,, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0226/2023-S4 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44764-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 209 a 212, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Cernadas Meneces en representación sin mandato de Diego Armando Aquino Colque contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del indicado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 15 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 178 a 181 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otro por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz –hoy codemandada–, en suplencia legal de su similar Décima Segunda, mediante Auto Interlocutorio 255/2021 de 14 de noviembre, consideró como concurrente los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con relación al coimputado Josías Cruz Calla; y, respecto a su persona el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP.

Considerando que dicho fallo, es ilegal y agraviante a sus intereses, porque no valoró debidamente, ni fundamentó razonablemente sobre el valor que otorgó a toda la prueba presentada en audiencia cautelar por ambos imputados con la finalidad de enervar los riesgos procesales; así como tampoco consideró, ni fundamentó el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional invocada y presentada por su defensa; junto con el coimputado, interpusieron recurso de apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 255/2021; asimismo, el Ministerio Público presentó recurso de apelación, únicamente en relación a la negativa de la Jueza a quo, de no ordenar la confiscación del camión con placa 1987-DLN por encontrarse involucrado en el hecho ilícito; sin embargo, la autoridad judicial solo dispuso su incautación al no haberse demostrado el derecho propietario del motorizado. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –hoy demandada–, resolviendo los mencionados recursos de apelación incidental, emitió el Auto de Vista 393 de 3 de diciembre de 2021; por el que, determinó declarar admisible e improcedente por falta de prueba el recurso de apelación incidental presentado por el Ministerio Público; y, admisible y procedente parcialmente el recurso interpuesto por su persona y el otro imputado; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 255/2021 apelado, disponiendo respecto a Josías Cruz Calla, la aplicación de medidas sustitutivas; empero, con relación a su persona, determinó mantener la detención preventiva ante la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.2 de la norma procesal penal. Auto de Vista, que vulneró el debido proceso al no haber fundamentado y motivado debidamente las razones por las que determinó mantener latente el peligro de obstaculización, debido a una incorrecta valoración de la prueba presentada y de la jurisprudencia invocada; incurriendo en meras suposiciones, ya que la afirmación de que el propietario del camión (ahora accionante) es el que buscó quien cargue, descargue y maneje el camión, acarrearía la persistencia del referido riesgo procesal, no tiene ningún sustento de convicción que sea objetivo y contundente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, señaló como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración probatoria; citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista 393, y se emita una nueva resolución mediante la cual se impongan medidas sustitutivas a la detención preventiva, conforme a los lineamientos de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0017/2021-S3 de 23 de febrero.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 206 a 208, en presencia del impetrante de tutela, y en ausencia de las autoridades demandadas y del representante del Ministerio Público; se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, ratificó los términos expuestos en el memorial de interposición de esta acción de defensa.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del indicado departamento, no presentaron informe escrito alguno, así como tampoco se hicieron presentes en audiencia virtual de esta acción de defensa, pese a sus legales notificaciones, cursante a fs. 184; y, 189, respectivamente.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Rubén Darío Ordóñez Roca, Fiscal de Materia, no presentó escrito alguno, ni se hizo presente en audiencia pública virtual de esta acción tutelar.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 13/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 209 a 212, concedió la tutela solicita, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 393, ordenando a la Vocal demandada dictar una nueva resolución, debidamente fundamentada y circunscrita a los puntos de apelación; ello con base en los siguientes fundamentos: a) Del análisis del Auto de Vista 393; se tiene que, la autoridad demandada, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante, indicó que “Diego Armando Auino Colque, esta persona sería el propietario del camión, es la persona que busco quien cargue, descargue y maneje el camión con precursores, por lo que este imputado sabe todos los detalles de este hecho investigado, consiguientemente considero que queda vigente el riesgo procesal del Art. 235.2 del CPP…” (sic); es en tal sentido, el fundamento que mantiene vigente el riesgo procesal de obstaculización previsto en la mencionada normativa, en la resolución impugnada, resulta subjetivo y contradictorio y se basa en meras suposiciones contrario a lo establecido en la SCP 0276/2018-S2; lo cual implica que, si la autoridad judicial fundó su decisión en supuestos como que el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta –propia del peligro de fuga y obstaculización–, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; b) La Resolución cuestionada, razonó bajo meras suposiciones; señalando que, el imputado obstaculizaría la investigación, argumento que no puede considerarse para determinar la detención preventiva, provocando la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; y consecuentemente, una restricción a la libertad del accionante; y, c) Con referencia al riesgo de obstaculización; se advierte que, la misma carece de fundamentación y motivación en razón a que no compele a la parte impetrante de tutela la carga de la prueba, debiendo la autoridad judicial, observar los principios pro homine y de favorabilidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en contra de Diego Armando Aquino Colque

–hoy accionante– y otro, por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz –ahora codemandada–, en suplencia legal de su similar Décima Segunda, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, emitió el Auto Interlocutorio 255/2021 de 14 de noviembre; por el que, determinó disponer la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, considerando la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP (fs. 140 a 145 vta.). II.2. Contra el indicado Auto Interlocutorio 255/2021, el hoy impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto mediante el Auto de Vista 393 de 3 de diciembre de 2021, por Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada–, quien determinó declarar admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación del accionante; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio apelado, manteniendo la detención preventiva respecto al impetrante de tutela, por concurrir el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP (fs. 154 a 158 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandado, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración probatoria; en virtud a que, 1) La Jueza demandada, de forma ilegal y sin una debida valoración a la prueba presentada en audiencia cautelar por parte de su defensa con la finalidad de enervar los riesgos procesales y sin considerar el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional invocada, mediante Auto Interlocutorio 255/2021, considerando la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, dispuso su detención preventiva; y, 2) Habiendo sido objeto de recurso de apelación el indicado fallo, la Vocal demandada, resolviendo el mismo, a través del Auto de Vista 393, determinó declarar admisible y procedente parcialmente el recurso, manteniendo respecto a su persona, la detención preventiva ante la concurrencia del señalado riesgo procesal; ello sin una debida fundamentación y motivación de las razones por las que se dispuso mantener latente el peligro de obstaculización, debido a una incorrecta valoración de la prueba presentada y de la jurisprudencia invocada; asimismo, incurrió en meras suposiciones, sin ningún sustento de convicción que sea objetivo y contundente. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado.

Jurisprudencia reiterada La SCP 0153/2022-S4 de 18 de abril, al respecto precisó que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de las mismas de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces, tribunales y salas constitucionales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión.

En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)’” (las negrillas son nuestras). Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, significa que la autoridad que emite una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado; empero, la motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad administrativa o en su caso jurisdiccional, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución.

III.2. Análisis del caso concreto

A través de esta de acción de defensa, el accionante a través de su representante sin mandado, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración probatoria; en virtud a que; i) La Jueza demandada, de forma ilegal y sin una debida valoración a la prueba presentada en audiencia cautelar por parte de su defensa con la finalidad de enervar los riesgos procesales y sin considerar el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional invocada, mediante Auto Interlocutorio 255/2021, considerando la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, dispuso su detención preventiva; y, ii) Habiendo sido objeto de recurso de apelación el indicado fallo, la Vocal demandada, resolviendo el mismo, a través del Auto de Vista 393, determinó declarar admisible y procedente parcialmente el recurso, manteniendo respecto a su persona, la detención preventiva ante la concurrencia del señalado riesgo procesal; ello sin una debida fundamentación y motivación de las razones por las que se dispuso mantener latente el peligro de obstaculización, debido a una incorrecta valoración de la prueba presentada y de la jurisprudencia invocada; asimismo, incurrió en meras suposiciones, sin ningún sustento de convicción que sea objetivo y contundente. De acuerdo a los antecedentes procesales descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de Diego Armando Aquino Colque –hoy accionante– y otro, por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz –ahora codemandada–, en suplencia legal de su similar Décima Segunda, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, emitió el Auto Interlocutorio 255/2021, por el que determinó disponer la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, considerando la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP. Contra dicha determinación, el accionante interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto mediante el Auto de Vista 393, por Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada–, quien determinó declarar admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación del accionante; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio apelado, manteniendo la detención preventiva respecto al impetrante de tutela, por concurrir el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del adjetivo penal. Ante tal circunstancia, el accionante interpuso la presente acción de defensa, en contra la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y de la Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del indicado departamento, quienes a su turno emitieron las resoluciones que ahora el accionante considera lesivas a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 393, y se emita una nueva resolución mediante la cual se impongan medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de libertad, y desarrollado los antecedentes remitidos a este Tribunal, corresponde efectuar el siguiente análisis:

III.2.1. Respecto a la Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz

En cuanto a la primera problemática, referida a que la Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz, de forma ilegal y sin una debida valoración a la prueba presentada en audiencia cautelar por la defensa del imputado hoy accionante con la finalidad de enervar los riesgos procesales y sin considerar el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional invocada, mediante Auto Interlocutorio 255/2021, considerando la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, dispuso su detención preventiva. Es preciso aclarar que, habiendo el impetrante de tutela a través de esta acción de libertad identificado como vulnerador de sus derechos fundamentales al Auto Interlocutorio 255/2021, así como al Auto de Vista 393, mediante el cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada–, confirmó el citado Auto Interlocutorio; se tiene que, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional que rige a esta acción de defensa, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe circunscribir únicamente al análisis de la Resolución emitida en apelación, debido a que ésta fue la que definió, en última instancia, la situación jurídica que el ahora accionante considera lesiva a sus derechos invocados como vulnerados en esta acción tutelar. En ese entendido, corresponde inicialmente denegar la tutela solicitada con relación a la mencionada Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz, debido a que el fallo emitido por dicha autoridad, ya fue objeto de revisión en apelación.

III.2.2. Respecto a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal

Departamental de Justicia de Santa Cruz Con relación a la segunda problemática, la cual radica en que, habiendo sido objeto de recurso de apelación el Auto Interlocutorio 255/2021, por el que se dispuso la detención preventiva del hoy impetrante de tutela, la Vocal demandada, resolviendo el mismo, a través del Auto de Vista 393, determinó declarar admisible y procedente parcialmente el recurso, manteniendo la detención preventiva respecto al ahora accionante, considerando la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP; ello sin una debida fundamentación y motivación de las razones por las que se dispuso mantener latente dicho riesgo procesal, debido a una incorrecta valoración de la prueba presentada y de la jurisprudencia invocada; incurriendo en meras suposiciones, sin ningún sustento de convicción que sea objetivo y contundente. Bajo la premisa expuesta, corresponde conocer los argumentos del recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 255/2021; por el cual, el apelante ahora accionante solicitó la revocatoria del fallo que dispuso su detención preventiva por el plazo de ciento ochenta días; centrándose el mismo en los siguientes agravios, que al abogado de la defensa de manera general refiriéndose a ambos imputados del proceso penal entre ellos el hoy accionante, señaló lo siguiente:

a) Primer agravio, con falta de fundamentación la Jueza a quo, consideró la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización, contenido en el art. 235.2 del CPP; con el fundamento de que, habrían terceras personas involucradas que hubieran ayudado a cargar al camión y que no estarían identificadas; siendo dicha aseveración, meras presunciones especulativas y no un indicio concreto sobre la concurrencia del indicado riesgo procesal; además, la SCP 0797/2014 de 25 de abril, señaló que la pluralidad de imputados, no es suficiente para determinar la concurrencia del art. 235.2 de la norma procesal penal; jurisprudencia que resulta vinculante al caso, fue modulado en relación al tema de narcotráfico por la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, que estableció que debe efectuarse un análisis pormenorizado y además que la concurrencia de varias personas, ya no es motivo de aplicar el art. 235.2 del CPP, tal como lo hizo la Jueza de primera instancia. b) Segundo agravio, se enervaron los riesgos procesales;

empero, no se aplicó el principio de proporcionalidad y favorabilidad establecido en los arts. 7 y 221 del precitado Código, que determina que se debe estar a lo más favorable al imputado; sin embargo, la autoridad judicial, sabiendo que se había enervado los riesgos procesales mantuvo el contenido en el art. 235.2 del adjetivo penal. En virtud a los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 255/2021, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –hoy demandada–, por Auto de Vista 393, declaró admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Diego Armando Aquino Colque; y en consecuencia, revocó el fallo apelado, determinando respecto al hoy impetrante de tutela, mantener la detención preventiva, así como también el plazo de los ciento ochenta días fijados por la Jueza a quo, por concurrir el riego procesal contenido en el art. 235.2 del referido Código; ello con base en los siguientes fundamentos:

1) Denotando previamente que, respecto al alcance del art. 398 de la norma procesal penal, indicó que el Tribunal de alzada solo puede circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado; en ese entendido, con relación al art. 235.2 del CPP, señaló que la Jueza de primera instancia, por Auto Interlocutorio 255/2021, estableció la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización contenido en la indicada normativa; toda vez que, que el imputado podría influir negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; ya que, la propia defensa refirió que habrían cargado la sustancia líquida “precursores” cuando no se encontraban, estableciéndose que existe quienes habrían colaborado, coadyuvado, entregado, recogido, cargado, almacenado en el camión la sustancia líquida, teniéndose acreditado, que si bien ahora no se tiene nombres concretos y correctos, pero sí se tiene identificados a otras terceras personas que no son los procesados en las cuales el imputado va a influir de manera negativa o que éstas se comporten de manera reticente y no puedan ser habidos o en todo caso no colaboren con la investigación o no permitir que los actos investigativos se realicen con la normalidad pertinente para poder llegar a la verdad histórica de los hechos; por lo que, la juzgadora determinó la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP. 2) Al respecto, con relación al imputado Diego Armando Aquino Colque hoy accionante; señaló que, éste sería el propietario del camión y la persona que buscó quien cargue, descargue y maneje el camión con “precursores” (ácido etílico); por lo que, sabe todos los detalles del hecho investigado; motivo por el cual, queda vigente el riesgo procesal descrito en el art. 235.2 de la norma procesal penal para el mencionado imputado. 3) En ese entendido, al tenerse identificado a priori al presunto autor, en este caso al principal partícipe que es el propietario del camión (Diego Armando Aquino Colque) y todo lo que tenía dentro; se activó el monopolio de la persecución penal por parte del Estado con la acción penal asignada constitucionalmente en su titularidad al Ministerio Público; instancia ante la cual la víctima debe ser oportunamente protegida por el Estado y su institucionalidad dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho, lo que implica que la persecución penal tendrá que ajustarse a los cánones del respecto a los derechos y garantías constitucionales de quienes resulten ser imputados; en consecuencia, el carácter instrumental se encuentra destinado a lograr la eficacia del ius puniendi del Estado; consiguientemente, se consideró que se aplicó correctamente la detención preventiva al imputado Diego Armando Aquino Colque, por el plazo de ciento ochenta días, tal como estableció la Jueza a quo en el Auto Interlocutorio 255/2021.

Ahora bien, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta fundamentación, motivación y valoración probatoria por parte de la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada– al emitir el Auto de Vista 393 hoy cuestionado, sin que ello implique ingresar a la revisión de la legalidad ordinaria, debe tenerse presente que toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente, que se entiende, deben estar relacionados con lo discutido ante la autoridad a quo. Pues de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en los Fundamentos Jurídicos III.1 y II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene como uno de sus componentes la fundamentación y motivación que deben contener las resoluciones de las autoridades que administran justicia, requerimiento de especial cumplimiento cuando se trata de medidas cautelares que afectan la libertad de las personas, no debiendo existir una conducta omisiva por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa en lo referente a su facultad de valoración probatoria, por cuanto se establece la vinculación entre la valoración de la prueba con la fundamentación y motivación de las decisiones jurisdiccionales; por lo que, las resoluciones deben mencionar las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados, permitiendo comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara; asimismo, debe observarse toda prueba presentada por las partes de manera integral y no limitarse a una, sin soslayar los principios que rigen en el instituto de las medidas cautelares de carácter personal, a efectos de que la determinación asumida garantice el debido proceso. En ese entendido, habiendo el recurrente hoy accionante centrado su apelación específicamente en la falta de fundamentación con la que Juez a quo habría determinado la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, basándose en meras suposiciones; de los fundamentos del Auto de Vista 393 descritos anteriormente, se puede observar que en el mismo, la Vocal demandada dio respuesta a los agravios expuestos en la apelación incidental interpuesta por la defensa del accionante; detallando los antecedentes que dieron lugar al recurso de apelación incidental e identificando los agravios expresados por el solicitante de tutela, cumpliendo con la fundamentación descriptiva; pues, la Vocal demandada otorgó respuesta a los puntos reclamados, pese a que el recurrente hoy accionante, expuso de manera general los puntos de agravios respecto a los dos imputados del proceso penal; denotándose la fundamentación fáctica; también, determinó su competencia de acuerdo al art. 398 del CPP. En ese contexto, respecto al peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del señalado Código, el apelante hoy impetrante de tutela, fundamentó como agravio, que este riesgo procesal fue construido en base a meras suposiciones subjetivas, vulnerando de ese modo el entendimiento asumido en la SCP 0276/2018-S2. Sobre este punto, la autoridad demandada, se remitió a los antecedentes efectuados por la autoridad judicial a quo, que estableció que concurre este riesgo procesal, toda vez que el imputado puede que: “…amenace o influya negativamente sobre partícipes, victima, testigos O peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente, han referido todas las partes en audiencia de que este riesgo procesal concurriría, toda vez que la propia defensa ha referido de que habrían cargado esta sustancia liquida cuando ellos no se encontraban ahí, o desconocían de que se trataría, con mayor razón, sí es que fuera así como el caso que ha establecido uno de los abogados de la defensa, quienes habrían colaborado, coadyuvado, entregado, recogido, cargado, almacenado en el camión, que esta sustancia liquida llamadas precursores, por lo que se tiene acreditado si bien ahora no se tiene los nombres concretos y correctos, pero se tiene identificados otras terceras personas que no son ninguno de los imputados presentes, en los cuales los imputados va a influir de manera negativa o realizar o que estos se comporten de manera reticente y no puedan ser habidos o en todo caso no colaborar con la investigación o no permitir que los actos investigativos se realicen con la normalidad pertinente para poder llegar a la verdad histórica de los hechos…” (sic). Entonces no resulta cierto como indica el accionante, la falta de fundamentación a tiempo de considerar la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización, contenido en el art. 235.2 del CPP, pues tal como se tiene descrito, tanto en el fallo de primera instancia como la emitida en apelación, fue la propia defensa del recurrente hoy impetrante de tutela quien habría señalado la existencia de terceras personas involucradas en el hecho ilícito, quienes hubieran ayudado a cargar al camión la sustancia controlada; por lo que, no es evidente que la autoridad hoy demandada haya considerado la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización en meras suposiciones, sino por el contrario, se basaron en indicios concretos. En ese marco, de lo desarrollado precedentemente se tiene que, la Vocal demandada, justificó debidamente las razones de su determinación de mantener la decisión de la Jueza a quo respecto a la detención preventiva del ahora accionante al estar latente un único riesgo procesal; asimismo, remitiéndose al razonamiento de la Jueza inferior, de forma clara y precisa, fundamentaron razonablemente la subsistencia del art. 235.2 del CPP, con el argumento de la existencia de terceras personas que forma parte de los hechos motivo de investigación, a efecto de determinar la participación o la autoría del imputado –ahora impetrante de tutela–, quien pudiera influir de forma negativa sobre estas personas, razones que debía desvirtuarse; fundamento que si bien no resulta ampuloso, como se tiene del citado Fundamento Jurídico, permite conocer y tener certeza de las razones determinativas que la llevó a mantener la detención preventiva por el plazo de ciento ochenta días, asumida en primera instancia, no advirtiéndose en consecuencia, vulneración al debido proceso en su elemento fundamentación y motivación. En conclusión, por el Auto de Vista 393 –hoy cuestionado–; se tiene que, la autoridad demandada, advirtió que la Jueza a quo, cumplió con la obligación de fundamentar en base a los elementos objetivos, tal como se tiene descrito precedentemente; motivación que, no se aparta de las reglas de razonabilidad y de la sana crítica, pues concluyó que evidentemente el imputado dada su situación jurídica en la que se encuentra, sí era posible establecer que el mismo puede influir de manera negativa en los posibles partícipes; por tanto, no se advirtió que la fundamentación respecto al riesgo procesal se haya basado simplemente en apreciaciones subjetivas, al contrario, como se dijo, se basó en elementos objetivos. En consecuencia, encontrándose el Auto de Vista 393 pronunciado por la Vocal demandada, debidamente fundamentado y acorde a los criterios de razonabilidad y equidad, y no habiéndose advertido en su emisión la vulneración de derecho alguno que haga susceptible la emisión de una nueva resolución tal cual solicita el accionante, corresponde denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 209 a 212,, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0226_2023-S4.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6126ca3f52b0d3b2cdee447a30440927a775f1e57967b3881210843c743835ec

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