B.IA.LEGAL

SCP 0225/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51162-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al acceso a la justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, a la tutela judicial efectiva; y, a la “petición bajo el principio de celeridad”; por cuanto, no obstante haber solicitado el 27 de mayo y el 6 de septiembre de 2022, a la Encargada de Kardex y Archivo del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora demandada-, expida en su favor un certificado de permanencia y conducta, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar omitió dar curso a su petición, incurriendo en dilación injustificada, puesto que, no pudo cumplir los requisitos necesarios para acogerse al beneficio de redención para obtener su libertad condicional, tampoco pudo iniciar su clasificación dentro de los periodos del sistema progresivo.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, disponiendo la emisión inmediata de la certificación solicitada, siempre y cuando no se hubiere emitido con anterioridad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  4. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0225/2025-S3 Sucre, 7 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51162-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Antonio Pardo Cuajera contra Paola Andrea Aguilar Arancibia, Encargada de Archivo y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de octubre de 2022, cursante a fs. 2 y 5 a 6 vta., el accionante señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de violación, desde el 4 de febrero de 2017, viene cumpliendo una pena privativa de libertad de quince años en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; la misma que, le fue impuesta mediante Resolución 47/2019 de 26 de abril, emitida por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento; situación por la cual, habiendo cumplido cinco años, ocho meses y dos días de condena, pretendió acceder a beneficios penitenciarios; sin embargo, no pudo hacerlo debido a la imposibilidad de presentar su certificado actualizado de permanencia y conducta, conforme a lo previsto en el art. 138 incs. 3) y 7) de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-. Pese a haber solicitado el 27 de mayo y el 6 de septiembre de 2022, la emisión del mencionado certificado, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no recibió respuesta alguna, generándole gran perjuicio; por cuanto, habiendo efectuado el seguimiento correspondiente ante la unidad de “Kardex” del citado Centro Penitenciario, inicialmente se le informó que el trámite estaba pendiente de firma del Director de dicho recinto penitenciario, aspecto que al verificarse que no era evidente, la referida funcionaria le indicó que se habría entrepapelado; posteriormente, que su “carpeta personal” se había extraviado, luego que tenía bastante carga laboral para su emisión. En oportunidades anteriores no tuvo dificultades para recabar dicho documento; por ello, la alegación de exceso de carga procesal, no constituye una justificación válida para la demora incurrida por la funcionaria demandada, debido a que no pudo cumplir los requisitos para acceder a un beneficio penitenciario, tampoco iniciar la clasificación dentro de los periodos del sistema progresivo, ni plantear su incidente de redención para beneficiarse de la libertad condicional, al constituirse en un óbice para poder obtener el citado derecho, generándole una dilación procesal injustificada, además de incumplimiento de deberes por parte de la prenombrada. Finalmente, señala que su defensa legal en reiteradas ocasiones realizó el seguimiento correspondiente a su solicitud del certificado de permanencia y conducta; sin embargo, el personal de Archivo y Kardex, solo le daba justificaciones sin otorgarle dicho documento, dándole tratos inadecuados, recayendo su conducta en retardación de justicia, de acuerdo a lo previsto por el art. 135 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al acceso a la justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, a la tutela judicial efectiva; y, a la “petición bajo el principio de celeridad”, citando al efecto los arts. 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se conmine a la demandada a objeto de que, en un plazo no mayor a las veinticuatro horas, entregue la certificación de permanencia y conducta requerida por el accionante, con el fin de continuar con su trámite de redención y restablecer su derecho a la libertad; y, b) La remisión de una copia de la resolución a emitirse ante el Defensor del Pueblo y de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 11 a 12, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) Arrimó a la presente acción de defensa, una notificación emitida por el Área Legal del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; lo cual, denota la relevancia de la otorgación del certificado de permanencia y conducta, no solo para que pudiese acceder a la clasificación correspondiente dentro del sistema progresivo, sino demostrar el trabajo efectuado en dicho recinto penitenciario, conforme a lo previsto por el art. 3 de la LEPS, a efectos de demostrar su reinserción, readaptación y enmienda, emplazamiento que fue originado de oficio y fue retardándose por un actuado administrativo, impidiendo que pudiese avanzar en su beneficio penitenciario o en la solicitud de informes del Área Legal y Junta de trabajo del señalado establecimiento penitenciario; 2) La autoridad demandada no entregó hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar el certificado requerido, constituyendo una demora injustificada que vulnera su derecho al acceso a una justicia pronta y oportuna, consagrado en el art. 115 de la CPE y desarrollado en la SCP 0112/2012 de 27 de abril; por cuanto, un beneficio penitenciario le abre la posibilidad de recuperar su libertad; y, 3) Solicitó se ordene la emisión del certificado de permanencia y conducta en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, para que pueda continuar con el trámite de su beneficio penitenciario ante el Juzgado de Ejecución Penal Segundo del mencionado departamento.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Paola Andrea Aguilar Arancibia, Encargada de Archivo y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 9.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 17/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 13 a 15 vta., denegó la tutela impetrada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En el presente caso, el accionante cumple una sentencia ejecutoriada de quince años de privación de libertad, de los cuales habrían transcurrido más de cinco años; situación por la cual, conforme lo dispuesto por el art. 18 de la LEPS, la autoridad competente para ejercer el control jurisdiccional sobre los derechos y garantías del sentenciado es el juez de ejecución penal, en este caso, el Juez de Ejecución Penal Segundo del citado departamento, autoridad ante quien, le correspondía acudir al accionante, si consideraba que sus derechos invocados habrían sido vulnerados por instancias administrativas, policiales o del Ministerio Público y denunciar la presunta conculcación incurrida -como la falta de respuesta a su solicitud de certificado de permanencia y conducta-; aspecto que no fue demostrado ni fundamentado, evidenciándose que no se agotaron los mecanismos intraprocesales disponibles; y, ii) Al existir sentencia ejecutoriada, las acciones atribuidas a la Encargada de Archivo y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro -ahora demandada, no tienen relación directa con la privación de libertad del impetrante de tutela; por cuanto, aun extendiéndole dicho documento, no le permitiría recuperar su libertad, pues aún se encuentra cumpliendo sentencia condenatoria, restándole cumplir la misma; lo cual, implicaría que con la referida certificación, solo podría acceder a una clasificación dentro de los periodos del sistema progresivo; asimismo, podría solicitar una redención de pena; empero, ello no afecta directamente al derecho a recobrar su libertad; consecuentemente, no se evidenció vulneración del citado derecho con el acto negligente de la funcionaria demandada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 27 de mayo de 2022, ante el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el accionante solicitó se expida en su favor certificado de permanencia y conducta, dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de violación (fs. 3). II.2. Cursa formulario de notificación de 27 de septiembre de 2022, del Área Legal del recinto penitenciario supra señalado, mediante el cual, de acuerdo a la respuesta al Oficio 538/2022 de 23 de agosto, emitido por el Juzgado de Ejecución Penal Segundo del citado departamento, se emplazó a Julio Antonio Pardo Cuajera -ahora impetrante de tutela-, a objeto de que presente los requisitos correspondiente para proceder a la clasificación correspondiente dentro del sistema progresivo, entre los cuales se encontraba la presentación del certificado de permanencia y conducta (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al acceso a la justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, a la tutela judicial efectiva; y, a la “petición bajo el principio de celeridad”; por cuanto, no obstante haber solicitado el 27 de mayo y el 6 de septiembre de 2022, a la Encargada de Kardex y Archivo del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora demandada-, expida en su favor un certificado de permanencia y conducta, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar omitió dar curso a su petición, incurriendo en dilación injustificada, puesto que, no pudo cumplir los requisitos necesarios para acogerse al beneficio de redención para obtener su libertad condicional, tampoco pudo iniciar su clasificación dentro de los periodos del sistema progresivo.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas son incorporadas).

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario 1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo (el resaltado es agregado). En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0259/2018-S2 de 18 de junio, 0500/2018-S2 de 14 de septiembre y 0173/2025-S3 de 31 de marzo, entre otras.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.

Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.

III.3. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre. La sistematización precedentemente glosada fue desarrollada por la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre.

III.3. Análisis del caso concreto

Precisado el objeto procesal de la presente causa venida en revisión, corresponde señalar que el demandante de tutela acude a la justicia constitucional; toda vez que, encontrándose cumpliendo una pena privativa de libertad de quince años, impuesta mediante Resolución 47/2019 de 26 de abril, emitida por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, y con el propósito de beneficiarse con la redención, solicitó en dos oportunidades el 27 de mayo y el 6 de septiembre de 2022, a la Encargada Archivo y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento -demandada-, expida a su favor certificado de permanencia y conducta, sin haber recibido respuesta alguna hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar (Conclusión II.1). Con carácter previo, se advierte una omisión a la responsabilidad de la demandada de presentarse ante el Tribunal de garantías para informar lo denunciado en su contra, tampoco remitió los antecedentes correspondientes y no asistió a la audiencia pese a su legal notificación; al no hacerlo se presume la veracidad del acto lesivo denunciado en esta demanda tutelar, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al señalar que cuando las autoridades demandadas no presentan informes para desvirtuar las afirmaciones de la demanda tutelar ni acuden a la audiencia de consideración de la acción de libertad, se tienen por ciertas las afirmaciones realizadas por el solicitante de tutela; lo cual acontece en el caso de autos. Ahora bien, de obrados se constata que el accionante realizó una primera solicitud el 27 de mayo de 2022, sin que exista prueba en contrario por parte de la demandada que acredite la oportuna respuesta a dicha petición; por lo que, se advierte una dilación injustificada en el tratamiento a la solicitud presentada por una persona privada de libertad que no fue atendida con la celeridad que el caso exige, correspondiendo la aplicación del precedente constitucional contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que ha establecido que toda autoridad o servidor público que conozca de una solicitud relacionada con el derecho a la libertad, se encuentra con la obligación de tramitarla con la mayor celeridad posible, resolviendo lo peticionado dentro de los plazos previstos por la normativa vigente; de manera tal que, el incumplimiento de esta obligación faculta en este caso al afectado a interponer una acción de libertad en la modalidad de pronto despacho, reconocida como un mecanismo constitucional de defensa que se activa frente a dilaciones indebidas las cuales obstaculizan, impiden o afectan el derecho a la libertad. Por otra parte, en virtud a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional en relación al principio de celeridad en las actuaciones procesales, se debe tomar en cuenta que también este principio fue inobservado por parte de la servidora pública demandada, teniendo en cuenta que ante la solicitud presentada por el impetrante de tutela los días 27 de mayo y 6 de septiembre de 2022, mediante las cuales requirió por escrito la certificación de permanencia y conducta con el fin de acceder a un beneficio penitenciario, dirigida a la Encargada de Archivo y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no se dio respuesta alguna -ni favorable ni desfavorable- a las notas presentadas por el ahora peticionante de tutela, que sin duda alguna se encuentran relacionadas con la privación de libertad del accionante. Por consiguiente, en virtud de los antecedentes desarrollados precedentemente, este Tribunal concluye que la funcionaria demandada, incurrió en actos dilatorios, los cuales generaron incertidumbre respecto de la situación jurídica del impetrante de tutela en relación con la solicitud presentada, la cual se encuentra directamente vinculada al derecho a la libertad personal. En ese marco fáctico, y considerando los entendimientos jurisprudenciales expuestos en la presente decisión constitucional, corresponde en el caso de autos la aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en tanto constituye el mecanismo procesal idóneo ante la vulneración del principio de celeridad cuando dicha afectación se relaciona con el derecho a la libertad y se origina en dilaciones indebidas que retrasan o impiden resolver oportunamente la situación jurídica de la persona privada de libertad, como ha sido verificado en el presente caso. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, disponiendo la emisión inmediata de la certificación solicitada, siempre y cuando no se hubiere emitido con anterioridad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Rojas

MAGISTRADA

Notas al pie

2 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

3 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 4El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

5 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”

6 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0225_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 57524f9605656c63beb791a21deeb75c28e0f65fed844b8f4afdd1eb90a85948

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