B.IA.LEGAL

SCP 0225/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
7 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
50830-2022-102-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso y a la libertad; puesto que, la autoridad judicial demandada, dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue Edwin Freddy Nieto López, aprobó la liquidación de Bs16 575.-, disponiéndose y efectivizándose su apremio ante su incumplimiento, sin previa notificación; por lo que, presentó un incidente de nulidad contra dicho acto de comunicación procesal que no se resolvió; además, en un proceso penal ulterior iniciado contra el prenombrado y su madre como cómplice, se emitió imputación formal al evidenciarse que el mismo la agredió sexualmente -producto de lo cual nacieron sus hijos- y se encuentran con detención preventiva. La autoridad demandada alega que: a) Si bien la accionante alude dos procesos diferentes, sólo el proceso familiar fue de su conocimiento; b) La impetrante de tutela asumió defensa dentro del proceso familiar en el cual no hizo conocer los hechos de violencia sexual que ahora señala, tampoco solicitó ninguna medida de protección para sus hijos; y, c) En el incidente de nulidad de notificación planteado por la misma, de igual manera no hizo conocer los antecedentes del señalado proceso penal; por lo que, solo cumplió el procedimiento familiar en resguardo del interés superior de los menores, cuya asistencia familiar es irrenunciable, intransferible e inembargable. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 30 de septiembre, cursante de fs. 40 a 41, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.

2° Disponer que en atención al interés superior de los menores beneficiarios de la asistencia familiar y presuntamente producto del ilícito que se sustancia en la vía penal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realice un seguimiento diligente, efectivo y constante a la situación legal, social y familiar de estos, de acuerdo a sus competencias, salvo que la situación de los mismos ya se hubiese definido conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.

3° Por Secretaria General de este Tribunal, remitir copia legalizada de esta Sentencia Constitucional Plurinacional al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a efectos de que, la remita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que corresponda, con la finalidad del cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2° precedentemente descrito.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del incidente de nulidad como medio idóneo para la restitución de derechos por indebido procesamiento en el proceso de asistencia familiar
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 11 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0225/2025-S2 Sucre, 7 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50830-2022-102-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 02/2022 de 30 de septiembre, cursante de fs. 40 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Néstor Martínez Herbas en representación sin mandato de Jaquelin Huanca Rojas contra Mayra Judith Yavi Condori, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primera de Challapata del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 29 a 33 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Existen dos procesos judiciales en curso: a) En materia familiar por asistencia familiar seguido por Edwin Freddy Nieto López en su contra, por un supuesto abandono de sus tres hijos, al que contestó en forma negativa y luego de su tramitación se dictó la Sentencia 066/2021 de 29 de julio; posteriormente, habiéndose aprobado la liquidación de asistencia familiar a solicitud del prenombrado, presentó incidente de nulidad de la notificación practicada en su contra por vicios en el referido acto de comunicación procesal; sin embargo, fue aprehendida y se encuentra detenida; y, b) En materia penal por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante que sigue en contra del nombrado y Nora Rojas Farfán, quienes cuentan con imputación formal y en audiencia de medidas cautelares celebrada el 24 de septiembre de 2022, se dispuso su detención preventiva. En ese entendido, su detención no se encuentra justificada; puesto que, su persona aparentemente estaría obligada a pagar asistencia familiar a su agresor, sin considerar que, a causa de las agresiones sexuales que sufrió por este desde que era menor de edad, concibió a sus tres hijos, sin que haya podido realizar la denuncia respectiva, por las amenazas de las que fue víctima y el calvario en el que se encontraba viviendo en la casa de este, más aún, cuando su madre -pareja de su agresor- no hizo nada para protegerla, al contrario pretendió callarla y encubrir tal situación; disponiéndose así, su apremio por presunto incumplimiento sin considerar dichos antecedentes, más aún, cuando sus hijos se encuentran en una casa hogar debido a que su progenitor está con detención preventiva a causa del referido proceso penal instaurado en su contra; extremos que, la Jueza demandada desconocía. Consiguientemente, resulta evidente que, en el proceso de asistencia familiar instaurado en su contra, fue sometida a un apremio por el supuesto incumplimiento del pago de asistencia familiar con liquidación aprobada, siendo promovido de manera maliciosa e injusta, faltando a la verdad, encontrándose a la fecha detenida indebidamente, cuando a pesar de su situación, siempre estuvo pendiente de sus hijos, protegiéndoles de su agresor.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto, los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, disponga el restablecimiento de las formalidades del debido proceso y ordene a la autoridad demandada “…la emisión de las ORDENES DE SALIDA” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de “octubre” -siendo lo correcto septiembre- de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 39 y vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, sin la presencia de su abogado, asistió a la audiencia de garantías, pero no hizo uso de la palabra, procediéndose a dar lectura de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mayra Judith Yavi Condori, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primera de Challapata del departamento de Oruro, por informe escrito, cursante de fs. 37 a 38 vta., señala que: 1) La accionante no precisa la vinculación de los dos procesos a los que hace referencia; es decir, el de asistencia familiar que se tramita ante su despacho y el otro por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante que se tramita en la vía penal, extremos que no fueron puestos a su conocimiento con anterioridad a la presentación de la acción tutelar; 2) Si bien se le instauró un proceso de asistencia familiar a causa del alegado abandonó de sus tres hijos -Jesús Antonio de diez años, Jhon de siete años y Valentina de cinco años, todos Nieto Huanca-, no se vulneró el debido proceso; puesto que, fue “notificada” personalmente el 2 de junio de 2021, en cuyo memorial de contestación extemporánea, no mencionó los antecedentes del proceso penal antes referido, limitándose a señalar que la abuela en línea paterna es quien tiene el cuidado de los menores y no el padre; asimismo, tampoco pidió medida de protección alguna para sus hijos; 3) Ante su inasistencia a la primera y segunda audiencia dentro del proceso familiar, esta última se celebró sólo en presencia de su abogado de oficio, respetándose sus derechos constitucionales, emitiéndose la Sentencia 066/2021, en la que se fijó la suma de Bs1 275.- (un mil doscientos setenta y cinco bolivianos) por concepto de asistencia familiar en favor de sus hijos, en base a la cual, más tarde fue aprobada la liquidación de Bs16 575.- (dieciséis mil quinientos setenta y cinco bolivianos) y ambos actos procesales le fueron notificados mediante cédula; por lo que, ante su incumplimiento, se emitió mandamiento de apremio en su contra; 4) El 25 de agosto de 2022, presentó incidente de nulidad de notificación, con la pretensión de dejar sin efecto la señalada liquidación, en la que de igual forma, no manifiesta el proceso penal aludido ni mucho menos pide la aplicación de alguna medida de protección a su favor para su posterior consideración; y, 5) Al tener el deber primordial de asegurar el cumplimiento del interés superior “de los menores” y que la asistencia familiar, constituye un derecho irrenunciable, intransferible e inembargable que deben cumplir los progenitores indistintamente de su condición, se dio cumplimiento a las disposiciones del Código de las Familias y del Proceso Familiar; el Código Niña, Niño y Adolescente; y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

I.2.3. Resolución

El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 30 de septiembre, cursante de fs. 40 a 41, concedió la tutela impetrada y dispuso que la Jueza demandada resuelva el incidente de nulidad de notificación presentada por la impetrante de tutela, sea afirmativa o negativamente, en el plazo de veinticuatro horas, con base en los siguientes fundamentos: i) En el proceso de asistencia familiar seguido contra la peticionante de tutela, el mandamiento de apremio por presunto incumplimiento en el pago de la liquidación de asistencia familiar fue ejecutado en un domicilio (calle Kilómetro 7 entre Méndez Arcos y Bolívar de Challapata) distinto al domicilio de la notificación con la liquidación (calle Athuallpa esquina 9 de abril de Challapata) y al domicilio de la citación con la demanda; por tanto, no se tiene constancia objetiva e inequívoca de que el domicilio de la demandada sugerido por el demandante sea verdadero, sin tener un respaldo documental idóneo; por lo que, las notificaciones con la liquidación hechas a la demandada son ilegales; ii) No hay evidencia de que el incidente de nulidad de notificación con la liquidación se haya resuelto, pues sólo cursa el acta de audiencia pública “suspendida” de 26 de septiembre de 2022, a fin de establecer con claridad cual el domicilio real de la demandada y definir si las notificaciones realizadas son válidas o no; iii) Si bien es cierto que la asistencia familiar es de primerísima necesidad, no necesariamente implica que deba detenerse al obligado, debiendo adoptarse otros criterios de razonabilidad a los fines de evitar vulnerar derechos indisponibles como la libertad personal; y, iv) La accionante se halla sometida a un indebido procesamiento dentro de un proceso de asistencia familiar; por el cual, se encuentra detenida, configurando el presente caso una acción de libertad de pronto despacho.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Edwin Freddy Nieto López contra Jaquelin Huanca Rojas -ahora accionante-, en favor de los menores Jesús Antonio (nacido el 2 de julio de 2012), Jhon (nacido el 8 de agosto de 2014) y Valentina (nacida el 9 de diciembre de 2016) -todos Nieto Huanca-, Mayra Judith Yavi Condori, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primera de Challapata del departamento de Oruro -ahora demandada-, emitió mandamiento de apremio de 12 de agosto de 2022 contra la prenombrada debido al incumplimiento del pago de asistencia familiar que asciende a la suma de Bs16 575.- (fs. 11).

II.2. Por memorial de 25 de agosto de 2022, la accionante interpuso incidente de nulidad de las notificaciones para que probado el mismo, la Jueza demandada proceda “…declarando nulos los actuados desde la notificación con la liquidación de pensiones de fecha 20 de julio de 2022 años, hasta el último actuado emitido…” (sic [fs. 12 a 13 vta.]) cursando el decreto de 26 del mismo mes y año que dispuso su traslado a la parte demandante (fs. 14).

II.3. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edwin Freddy Nieto López y Nora Rojas Farfán, por la presunta comisión de delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, Edgar Poma Vallejos, Fiscal de Materia emitió imputación formal -sin firma- de 23 de septiembre de 2022 en relación a los prenombrados, identificándose como víctima a la impetrante de tutela, producto de lo cual, se señala que nacieron sus tres hijos anteriormente mencionados; por lo cual, la autoridad fiscal requirió al Juez de turno, la aplicación de la detención preventiva para los imputados (fs. 22 a 28).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso y a la libertad; puesto que, la autoridad judicial demandada, dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue Edwin Freddy Nieto López, aprobó la liquidación de Bs16 575.-, disponiéndose y efectivizándose su apremio ante su incumplimiento, sin previa notificación; por lo que, presentó un incidente de nulidad contra dicho acto de comunicación procesal que no se resolvió; además, en un proceso penal ulterior iniciado contra el prenombrado y su madre como cómplice, se emitió imputación formal al evidenciarse que el mismo la agredió sexualmente -producto de lo cual nacieron sus hijos- y se encuentran con detención preventiva. La autoridad demandada alega que: a) Si bien la accionante alude dos procesos diferentes, sólo el proceso familiar fue de su conocimiento; b) La impetrante de tutela asumió defensa dentro del proceso familiar en el cual no hizo conocer los hechos de violencia sexual que ahora señala, tampoco solicitó ninguna medida de protección para sus hijos; y, c) En el incidente de nulidad de notificación planteado por la misma, de igual manera no hizo conocer los antecedentes del señalado proceso penal; por lo que, solo cumplió el procedimiento familiar en resguardo del interés superior de los menores, cuya asistencia familiar es irrenunciable, intransferible e inembargable. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del incidente de nulidad como medio idóneo para la restitución de derechos por indebido procesamiento en el proceso de asistencia familiar

En los procesos de asistencia familiar, cuyo conocimiento y resolución son de competencia de los jueces en materia familiar conforme lo dispuesto en el art. 70.9 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), es deber de las autoridades judiciales resolver oportunamente las pretensiones puestas a su conocimiento; así como, adoptar las medidas adecuadas para evitar la lesión de derechos fundamentales de las personas involucradas en dicho proceso, ello en aplicación del art. 232 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF). En ese entendido, dicha norma procesal, estableció las siguientes reglas para el trámite de incidentes: “ARTÍCULO 255. (PROCEDENCIA). Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada. ARTÍCULO 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones: a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. ARTÍCULO 257. (CONTINUIDAD DEL PROCESO). El planteamiento de incidentes no interrumpirá la tramitación del proceso” (el énfasis es nuestro). Al respecto, la SCP 0608/2018-S2 de 8 de octubre, en el caso en el que se denunció la restricción del derecho a la libertad por indebido procesamiento, en un procedimiento de aprobación de planilla de liquidación de asistencia familiar que derivó en la emisión y ejecución del mandamiento de apremio por el no pago de asistencia familiar, expresó que: “…el incidente de nulidad de notificación que -se reitera- es el mecanismo intraprocesal idóneo, expreso, efectivo y oportuno establecido en la jurisdicción ordinaria, para el restablecimiento del debido proceso…” (El énfasis es nuestro). En ese entendido, es atribución de la autoridad judicial que conoce los procesos de asistencia familiar, resolver los incidentes planteados dentro del proceso familiar en el marco de las reglas generales de la nulidad procesal previstas en los arts. 248 y ss. del CFPF; por lo que, la peticionante de tutela debe acudir ante la autoridad jurisdiccional a través de la figura del incidente de nulidad en procura del resguardo de su debido procesamiento, antes de activar a la jurisdicción constitucional para la restitución de derechos fundamentales o garantías constitucionales a través de la acción de libertad.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, dentro de la jurisprudencia constitucional, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde). Entendimiento que tiene relación con la celeridad, uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178.I de la CPE, que, conforme al entendimiento de la SCP 0023/2013 de 4 de enero, establece que este principio: “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (el énfasis es nuestro), citado en la SCP 0138/2018-S1 de 23 de abril, entre otras.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante, a través de su representante sin mandato, pretende el restablecimiento de las formalidades del debido proceso en la causa de asistencia familiar instaurada por Edwin Freddy Nieto López en su contra; puesto que, la autoridad judicial demandada, aprobó la liquidación, libró mandamiento de apremio en su contra y ejecutó el mismo (Conclusión II.1), sin tomar en cuenta que, las notificaciones fueron realizadas en un domicilio procesal diferente al de la ejecución del mandamiento; por lo que, presentó un incidente de nulidad de notificación (Conclusión II.2) que no fue resuelto; además, no se tomó en cuenta que contra el demandante del referido proceso familiar, a la vez su propio padrastro, se emitió una imputación formal por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante -sus hijos presuntamente son producto del ilícito- y por complicidad contra su madre (Conclusión II.3), quienes se encuentran con detención preventiva. En ese contexto, es necesario tomar en cuenta que en atención al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el incidente de nulidad constituye el medio intraprocesal para la restitución de los derechos y garantías constitucionales, para que la autoridad judicial advertida del defecto o error en el procedimiento, corrija y restituya los derechos del interesado. En la especie, resulta evidente que dentro el procedimiento para la aprobación de la liquidación de asistencia familiar, que derivó en su aprobación y ejecución del mandamiento de apremio por incumplimiento con el pago de esta, la impetrante de tutela interpuso incidente de nulidad de notificación con la liquidación del mismo; consiguientemente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado, concerniente al indebido procesamiento de la peticionante de tutela en el proceso familiar antes descrito, de lo contrario importaría asumir vías paralelas para la resolución del problema mencionado, lo que no es posible en la presente causa, correspondiendo denegar la tutela solicitada por la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Sin embargo, también se advierte que la accionante denuncia que, desde la interposición del incidente de nulidad de notificación, el 25 de agosto de 2022, que mereció providencia de 26 del mismo mes y año, disponiendo traslado a la parte contraria, no se tiene un pronunciamiento resolviendo el mismo por la autoridad judicial. Al respecto, es preciso señalar que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho como una de las modalidades de esta acción de defensa, se encuentra relacionada al principio de celeridad; en ese entendido, su objeto de protección es el cumplimiento de los plazos procesales por las autoridades judiciales o la tramitación de las causas con celeridad, cuando se encuentren vinculadas a la libertad física de las partes o una de las partes, puesto que, su incumplimiento, demora o dilación indebida, importará la afectación o riesgo de afectación de ese derecho fundamental, como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese marco, resulta evidente que desde su presentación el 25 de agosto de 2022, hasta la interposición de la acción de libertad, el 29 de septiembre del citado año, el incidente de nulidad no fue resuelto por la autoridad judicial demandada, quien, en su informe, no acreditó que se hubiese resuelto el mismo, incurriendo en una dilación indebida, sin tomar en cuenta que, en el mencionado proceso de aprobación de planilla de liquidación de asistencia familiar, el derecho a la libertad se encuentra en riesgo o finalmente es restringido cuando se ejecuta el mandamiento de apremio por falta de pago, como sucedió en la especie; puesto que, la accionante se encuentra privada de libertad en el Centro Penitenciario La Merced del departamento de Oruro, dando mérito para la otorgación de la tutela solicitada en la modalidad acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

III.4. Otras consideraciones

En la acción de libertad, la impetrante de tutela denunció hechos vinculados a un contexto de violencia sexual en su seno familiar desde sus doce años, por su padrastro agresor que causó el nacimiento de tres hijos -beneficiarios de la asistencia familiar-, del que derivó la acción penal con imputación formal de 23 de septiembre de 2022, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante -los hijos de la peticionante de tutela son presuntamente producto del ilícito- y complicidad de su madre, en forma posterior a la ejecución del mandamiento de apremio y privación de libertad de la accionante; además la nombrada, refirió la existencia de una relación interpersonal conflictiva con su hijo mayor, presuntamente, por la influencia negativa de su agresor -padre de los menores- y la abuela materna (de acuerdo a los informes psicológicos dentro del proceso penal), quienes se encuentran cumpliendo detención preventiva, situación que de ser evidente, puede afectar la salud mental de los menores y provocar disputas familiares. En consecuencia, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la impetrante de tutela, corresponde disponer que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), efectué seguimiento diligente, efectivo y constante de la situación legal, social, familiar y psicológica de los tres menores de edad, beneficiarios de la asistencia familiar, hijos de la peticionante de tutela, interviniendo en el proceso familiar de origen y el proceso penal, de acuerdo a sus competencias a efectos de precautelar la integridad personal de los menores de edad, los cuales conforme los tratados internacionales y la Norma Suprema tienen trato preferente y especial en su cuidado. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 30 de septiembre, cursante de fs. 40 a 41, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.

2° Disponer que en atención al interés superior de los menores beneficiarios de la asistencia familiar y presuntamente producto del ilícito que se sustancia en la vía penal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realice un seguimiento diligente, efectivo y constante a la situación legal, social y familiar de estos, de acuerdo a sus competencias, salvo que la situación de los mismos ya se hubiese definido conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.

3° Por Secretaria General de este Tribunal, remitir copia legalizada de esta Sentencia Constitucional Plurinacional al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a efectos de que, la remita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que corresponda, con la finalidad del cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2° precedentemente descrito.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0225_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): fe02740d2abb65eac2ef3644ffdda95459b86f4217c02ab7288048c0dc8cbeb9

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →