Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 11 de junio de 2024
Deniega la tutela
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; toda vez, que la autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 178/2018, no dio respuesta a la expresión de agravios que fueron motivo de su apelación, limitándose a referir que no se cumplió con la carga argumentativa suficiente. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 7/2022 de 18 de junio, cursante a fs. 42 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de Cochabamba; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0225/2024-S4 Sucre, 11 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48459-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 7/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 42 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés Abel Saravia Fernández por sí y en representación sin mandato de Rodolfo Saravia Fernández contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 17 de junio de 2022, cursante a fs. 1 a 2 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Eloina Numbela y María Virginia Pedrazas, por la presunta comisión de los delitos de discriminación y racismo, fue celebrada audiencia de apelación “El día de hoy al medio día” (sic), verificativo donde fueron expuestos varios agravios de manera fundamentada; no obstante, la autoridad –ahora demandada– emitió un fallo carente de fundamentación y motivación, a través del cual ratificó la resolución apelada.
Los accionantes alegaron como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, sin hacer cita de norma constitucional alguna.
Solicitaron se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 17 de junio de 2022, debiendo ordenarse se pronuncie un nuevo fallo debidamente motivado y fundamentado, absolviendo todos los agravios deducidos en su recurso de apelación.
Celebrada la audiencia pública el 18 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 41 vta., presente el accionante asistido de su abogado, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
Los impetrantes de tutela a través de su abogada, ratificaron los términos de la demanda, y ampliándola señalaron: a) Su derecho a la libertad fue restringido, al imponérsele entre otras medidas, el arraigo que claramente afecta su derecho a la locomoción, pues se les prohibió salir del territorio nacional, pese a no existir riesgo de fuga; b) El Auto de Vista confutado no cumple con la fundamentación y motivación “respecto a la motivación individualizada que todas las resoluciones judiciales en medidas cautelares tuviesen, ante la existencia de varios imputados debe contener, como ocurre en el presente caso donde fueses dos los procesados, siendo que debe de manera individualizada establecer, la probable autoría o participación de los encausados en el ilícito investigado y los riesgos procesales de fuga, obstaculización, riesgos que debieran estar debidamente demostrados para cada imputado” (sic), no siendo razonable que la autoridad demandada haya realizado una fundamentación en común para ambos, debiendo existir una explicación separada e individualizada; c) Hizo conocer al Tribunal de alzada que el único riesgo declarado por el a quo, fue el de obstaculización contenido en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual no fue construido en ningún hecho en específico respaldado en prueba objetiva, por lo que mal podría sostener que podría obstaculizar la averiguación de la verdad; no obstante, la Vocal demandada no se pronunció respecto a dicho agravio, limitándose a referir que no se cumplió con la carga argumentativa adicionando genéricamente que lo razonado por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, era correcto para ambos hermanos por ser dirigentes “cuando el asunto de la inventada dirigencia mancomunada o de Rodolfo nunca fue referida por ninguna de las partes omitiendo así la Autoridad accionada individualizar el hecho específico atribuido a Rodolfo Saravia” (sic); d) En relación a Andrés Saravia, se denunció que el fallo cuestionado carecía de fundamentación y motivación exigibles para restringir su libertad, al no existir la aplicación de medidas impuestas por la Juez de primera instancia; pues si bien, esta autoridad habría concluido y fundamentado, que existía el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, las medidas cautelares impuestas eran desproporcionales y excesivas, careciendo de todo sentido lógico limitar la libertad ambulatoria del prenombrado mediante la presentación, arraigo y una fianza con destino a su recaptura por una fuga inexistente, cuando la misma autoridad reconoció que no existía el peligro de fuga y estableció que era transportista de larga distancia, contaba con domicilio y familia conocidos; por lo que, al existir un solo peligro vinculado a una de las víctimas y su esposo, la prohibición de comunicación era suficiente para enervar el riesgo de obstaculización declarado, no siendo necesario restringir su libertad, ya que con ello sólo se generaba perjuicio al desarrollo de su derecho al trabajo el cual fue acreditado por la Juez de la causa; en ese contexto la autoridad –ahora demandada–, sólo se limitó a manifestar que no existía carga argumentativa suficiente y que lo determinado por la Jueza a quo era correcto sin expresar porqué razón, incurriendo así en falta de fundamentación y motivación pues no otorgó respuestas claras y concretas a los agravios planteados en audiencia de 17 de junio de 2022; y, e) Se vulneró el debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación referente a la individualización de la existencia de los riesgos procesales para cada procesado y el principio de razonabilidad y proporcionalidad en la aplicación de las medidas cautelares que restringen su derecho a la locomoción.
María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 18 de junio de 2022, cursante de fs. 38 a 39, manifestó que: 1) Mediante Auto de Vista de 17 de junio de 2022, se declaró improcedentes los recursos de apelación incidental opuestos por Eloina Numbela y María Virginia Pedrazas, y, Andrés Abel Saravia Fernández y Rodolfo Saravia Fernández, en consecuencia se confirmó el fallo apelado, manteniendo vigentes las medidas cautelares dispuestas por la Juez de primera instancia; 2) La fundamentación y motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, como mal pretenden los accionantes, sino que exige una estructura de forma y de fondo que en el caso han sido debidamente satisfechas; por lo mismo, la mera disconformidad con lo resuelto no constituye causa suficiente para solicitar se conceda la tutela impetrada, más aun cuando la justicia constitucional no asume un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces; 3) La SCP 0026/2012 de 16 de marzo, citada a su vez en la SCP 0150/2018- S4 de 16 de abril, respecto a los límites de la valoración de la prueba en la acción de libertad, refirió que es una atribución privativa de la jurisdicción ordinaria, “pudiendo la jurisdicción constitucional valorar la prueba de manera excepcional” (sic), únicamente cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad o se haya omitido arbitrariamente tomar en cuenta la evidencia y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, 4) El Auto de Vista ahora cuestionado, no se aparta de los marcos legales de razonabilidad y equidad, ni valoró arbitrariamente la prueba; siendo que, no existen los presupuestos para ingresar a una nueva valoración, “no resultando plausible efectuar un mayor desarrollo en razón de la ausencia de agravios del escrito; por lo que, me arreato a la resolución que motiva la presente acción tutelar” (sic); argumentos en base a los cuales pidió se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 7/2022 de 18 de junio, cursante a fs. 42 a 49, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, observando el deber de individualizar la fundamentación y motivación respecto de cada imputado en cuanto al peligro de obstaculización señalado por el art. 235.2 del CPP y a su vez, examinando el principio de proporcionalidad, en el plazo de cinco días de notificada con el fallo constitucional; con base en los siguientes fundamentos: i) La autoridad demandada al emitir el Auto de Vista de 17 de junio de 2022, no realizó la motivación individual que la jurisprudencia constitucional exige, pues la construcción la efectuó de manera conjunta, sin individualizar los fundamentos motivadores para establecer la concurrencia del riesgo de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, modificado por la Ley 1173, para Andrés Saravia Fernández así como no se evidencia los fundamentos motivadores que le haga llegar a establecer la concurrencia del mismo en torno a Rodolfo Saravia Fernández, que también fue configurado como segundo agravio; y, ii) Con relación a la vulneración del principio de proporcionalidad referente a la imposición de medidas personales, establecidas en el catálogo del art. 231 bis del adjetivo penal norma, en el caso concurre la tercera medida más gravosa como es el arraigo, que es un limitante al derecho a la locomoción, debiendo considerarse conforme lo previsto por el art. 398 del CPP, “labor encomiable que por su competencia le es otorgada, al ser un tribunal de apelación de poder hacer un análisis de la resolución, no pudiendo irse solo al análisis literal de lo reclamado, por cuanto no puede limitarse solo a dichos aspecto, cuando se está hablado de restricción de derechos, en este caso del derecho de locomoción, asi lo ha establecido las jurisprudencia constitucional, más aun si en el presente caso, ha sido objeto de uno de los agravios denunciados que fundaron el recurso de la apelación pro la hoy parte accionante, referente a la proporcionalidad de las medidas impuestas por el juez Aquo, no habiendo dado respuesta a dicho agravio, que reúna las condiciones de satisfacción para establecer una fundamentación motivada de la decisión cuestionada, referente a la proporcionalidad que debe reunir la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, es decir establecer el razonamiento del por qué dichas medidas son impuestas y la finalidad de las mismas persiguen con su imposición” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, dispuso la aplicación de las siguientes medidas cautelares: a) Obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada lunes en horario de oficina para firmar el libro; b) Prohibición de comunicarse y acercarse a las víctimas y testigos, siempre que no se afecte su derecho a la defensa; c) Fianza Económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos); y, d) Prohibición de salir del territorio nacional; habiéndose aclarado que para el cumplimiento de dichas medidas se otorgaba el plazo de treinta días bajo conminatoria de aplicarse la revocatoria de las mismas, y advirtiéndose que ante la comisión de otro hecho delictivo, las aludidas medidas serían revocadas (fs. 16 a 21 vta.). II.2. Cursa Acta de audiencia de apelación incidental, desarrollada el 17 de junio de 2022, donde fue emitido el Auto de Vista 178/2018 de la misma fecha, a través del cual la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, compuesto por la autoridad ahora demandada, declaró improcedentes los recursos de apelación interpuestos por Eloina Numbela y María Virginia Pedrazas Arana; Andrés Abel y Rodolfo ambos Sarabia Fernández hoy impetrantes de tutela, en consecuencia confirmaron el fallo apelado (fs. 30 a 37 vta.).
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; toda vez, que la autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 178/2018, no dio respuesta a la expresión de agravios que fueron motivo de su apelación, limitándose a referir que no se cumplió con la carga argumentativa suficiente. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio, señaló que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.
Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión.
En ese entendido, «…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió.
Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…»
(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)”.
Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso” (las negrillas nos pertenecen).
Asimismo, la SCP 0451/2023-S4 de 5 de junio, con relación a la congruencia, enunciando a la SCP 0314/2019-S4 de 5 de junio, señaló que: “Otro elemento integrador del debido proceso es la congruencia de las resoluciones y su observancia compele a la autoridad jurisdiccional o administrativa emitir pronunciamientos que guarden una estricta correspondencia entre la petición de las partes y la decisión a emitirse; asimismo, exige que al interior de una misma resolución exista una clara secuencia argumentativa entre las consideraciones y la decisión propiamente dicha.
‘(…)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia’.
(…)
‘…la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión ” (las negrillas nos corresponden).
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos invocados en esta acción tutelar, alegando que la autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 178/2018, no dio respuesta a la expresión de agravios que fue motivo de su apelación, limitándose a referir que no se cumplió con la carga argumentativa suficiente.
De los antecedentes procesales, cursantes en el legajo procesal, consta que dentro el proceso penal seguido en contra de los solicitantes de tutela, por la presunta comisión de los delitos de discriminación y racismo, mediante Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, dispuso la aplicación de medidas cautelares en su contra, entre ellas el arraigo (Conclusión II.1); determinación que al ser objeto de apelación, mereció la emisión del Auto de Vista 178/2018, a través del cual la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, compuesto por la autoridad –ahora demandada–, declaró improcedentes los recursos de apelación interpuestos por la parte víctima y los hoy accionantes, en consecuencia confirmó el fallo apelado (Conclusión II.2). Ahora bien, considerando el contexto de la denuncia, a través de la cual se denuncia una presunta incongruencia omisiva, corresponde en primer término remitirnos al acta de audiencia de apelación del cual será extraída la expresión de agravios, para posteriormente ser plasmados los fundamentos en los que fue sostenido el fallo cuestionado, de cuya contrastación se evidenciará si la denuncia traída a materia, resulta ser o no evidente.
Del acta de referencia, es posible identificar los siguientes agravios: 1) Respecto a la probabilidad de autoría, denunció que la Jueza a quo realizó una incorrecta aplicación del art. 233.1 del CPP, al haber construido el mismo en base a simples presunciones, pues no estableció como los hechos devendrían en racistas y discriminatorios, pues al ser distintos los aludidos delitos debió especificar qué hechos denotaban la probabilidad de autoría respecto a cada uno de ellos; y, 2) En relación al art. 235.2 del adjetivo penal reclamó que no se respaldó con prueba objetiva dicho peligro en relación a Rodolfo Sarabia, ni se precisó que hechos se le atribuían a fin de que pueda enervarlo, siendo construido en meras presunciones; en torno a Andrés Sarabia, denunciaron que, si bien concurriría el aludido peligro, las medidas impuestas resultaban desproporcionales, al no existir peligro de fuga, careciendo la resolución apelada de fundamentación y motivación exigible para restringir su libertad; argumentos en base a los cuales solicitaron se revoque el auto apelado y se disponga la libertad irrestricta de ambos imputados, “en caso de no atenderse la solicitud, en relación a Andrés Sarabia, al existir solo el peligro de obstaculización, la prohibición de comunicación con las víctimas y testigos es suficiente para enervar cualquier riesgo de obstaculización, siendo que el prenombrado es transportista de larga distancia, tiene arraigos naturales, por lo que las medidas son desproporcionales que genera perjuicio a su derecho al trabajo” (sic). Por otro lado, el Auto de Vista confutado, –en lo que nos ocupa– fue sostenido en los siguientes fundamentos: i) Analizando lo obrado por la Jueza a quo, determinó que la misma habría realizado una transcripción literal de la relación fáctica descrita en la imputación formal, enunciando los elementos de convicción acompañados en la misma, citando ocho elementos de convicción consistentes en un informe preliminar elaborado por Grover Mamani Rodríguez, Sargento Investigador asignado que, establecería la recepción de diversas entrevistas informativas de testigos de cargo; acta informativa de Fermín Carlos Portillo; acta de entrevista informativa de Iván Zeballos Sarabia; acta de entrevista de Milton Sejas Lamas, Ninfa Martha López Vda. de Flores, María Elena Huallpa Mamani, en relación a las cuales –la autoridad de primera instancia– refirió lo siguiente: "(...) Actas de entrevistas informativas de los cuales se desprenden que estuvieron presentes en el momento del hecho identificaron a los ahora imputados Andrés Abel y Rodolfo Sarabia Fernández, como las personas que obstruyeron el ejercicio de la libertad de expresión y de elección por motivos racistas y discriminatorios de las víctimas; actas de entrevista de Eloina Numbela; acta de registro del lugar de los hechos y colección de evidencias; muestrario fotográfico respecto del lugar donde presumiblemente se produjeron los hechos investigados, enunciando los siguiente: ‘(...) todos estos elementos de convicción mencionados son suficientes para sostener en este momento que los imputados son con probabilidad autores de los hechos que se investigan toda vez que en esta etapa son suficientes los elementos convicción sobre la probabilidad y no la certeza a la que se llegara una vez finalice la investigación en la etapa preparatoria y la autoridad Fiscal determine cual la resolución conclusiva. Por consiguiente, en el presente caso concurre el numeral 1 del art. 233 del CPP. Con referencia a lo señalado por el abogado de la defensa respecto a que la resolución de la imputación establece la participación e individualización de los ahora imputados en el delito atribuido, al respecto es preciso señalar que esta parte tenia los mecanismos establecidos por ley para a el incidente de nulidad de imputación por defectos absolutos dentro el plazo establecido por ley respecto a las declaraciones de descargo adjuntas por el abogado de la defensa en el que refiere que los imputados jamás han insultado a sustentados con mayores elementos de convicción, que deberán ser recolectados durante la etapa víctimas, debe señalarse que aquello deberá ser preparatoria, para que se tome diferente calificación provisional establecida por el MP’" (sic), fundamentos en torno a los cuales la autoridad ahora demandada concluyó que los supuestos fácticos desarrollados, informaban la existencia del hecho, así como la probable participación de los imputados en la comisión del mismo, dado que en ese tenor ninguno de los argumentos expuestos por las partes “efectuó cuestionamiento alguno en relación a tal circunstancia, amén de referir la observación relativa a que tales hechos no se subsumirían de manera correcta en los tipos penales acusados, merced de la referencia que efectúa la autoridad A quo en sentido de concluir se hubiera obstruido el ejercicio a la libertad de expresión y de elección por motivos racistas y discriminatorios de las víctimas” (sic), presupuestos en relación a los cuales señaló que si bien era cierto que no se señaló de qué modo la autoridad a quo concluyó la obstrucción del ejercicio a la libertad de expresión; no obstante, de los antecedentes desarrollados era posible advertir menoscabo “cuando menos en relación a los derechos y libertades individuales, esto en una interpretación extensiva de los criterios que enuncian los tipos penales y a su vez la interpretación que se ejercita de los términos que son recogidos en la ley específica que debe ser observada en relación a tales, en cuyo tenor en el art. 5 relativo a las definiciones explicita los criterios a ser considerados para evidenciar si concurre discriminación, conductas de discriminación y racismo” (sic), pudiendo advertirse de ello indicadores de la concurrencia del primero de los presupuestos relativos a la discriminación, existiendo menoscabo en el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones que se encuentran reconocidos en la Constitución Política del Estado y demás leyes relativas a las circunstancias que involucran el presente proceso, sin que tenga mayor transcendencia analizar otros presupuestos cuestionados por la parte recurrente ahora accionante, relativas a cuestionar si las personas que se identifican como víctimas en el proceso serian sujetas de poder ser elegidas como autoridades en aquella jurisdicción o si tal circunstancia las excluye merced de detentar únicamente la condición de esposas de los afiliados, pues dicho aspecto correspondía ser analizado en el transcurso del proceso no así en la audiencia de medidas cautelares; por lo que, concordando con el razonamiento de la autoridad inferior, estableció la concurrencia del presupuesto contenido en el art. 233.1 del CPP, al presentarse suficientes datos que hacen a la existencia del hecho, como son la locación, el tiempo, el modo, la fecha de la presunta comisión, así como la probable participación de los imputados corroborado a su vez con los elementos de convicción que han sido enunciados de manera expresa por la autoridad jurisdiccional y que han sido también citados líneas arriba; contexto, bajo el cual además aclaró que el análisis fue efectuado bajo un juicio de probabilidad y no de certeza, resultando la calificación de los hechos provisional y puede ser modificada en cualquier momento conforme correctamente fue apreciado la autoridad inferior en grado; ii) En lo pertinente al riesgo de obstaculización, señaló que de la verificación de los fundamentos de la autoridad inferior, “a tiempo de recoger aquellos desarrollados tanto por el acusador fiscal como quienes se identifican como víctimas, la configuración de tal presupuesto en razón de apercibir la amenaza que hubiera sido ejercita por el ciudadano Andrés Sarabia Fernández contra la Sra. María Virginia Pedrazas, en fecha 21 de abril de 2022; es decir, de modo posterior a las circunstancias que motivan el presente proceso, pero más allá de ello se apercibe la concreción del riesgo obedece también a la individualización de una condición particular que revisten ambos imputados en condición de dirigentes de aquella locación, refiriendo la autoridad de instancia que ‘los imputados en su condición de dirigentes podrían influenciar en los testigos que aún no han prestado su declaración informativa toda vez que, de antecedentes del proceso se evidencia que cuando supuestamente ocurrió el hecho investigado estaban presentes varias personas es decir los comunarios de la OTB Villa Copacabana de los cuales de la mayoría no se ha tomado sus declaraciones informativas por lo que los imputados pueden influenciar en los testigos que estuvieron presentes el día de los hechos a objeto de que los mismos cambien la verdad histórica de los hechos investigados toda vez que conforme se ha referido todavía falta tomar sus declaraciones y realizar inspección al lugar de los hechos por tanto, concurre este riesgo de obstaculización’” (sic); en ese contexto, aclaró que la presunta amenaza solo concurría en relación a Andrés Abel Sarabia y no así Rodolfo Sarabia; no obstante, dicho riesgo procesal no sólo se encontraba configurado en tal sustento, sino que concurría también otro indicador relativo a la condición particular que tendrían los prenombrados en la comunidad “Villa Copacabana”, siendo ambos dirigentes, cuya condición “informa” la facilidad que tendrían para ejercer influencia negativa en quienes se identifican como sujetos de interés jurídico para el presente proceso conformado por los otros comunarios que cohabitan en dicha Organización Territorial de Base (OTB) "Villa Copacabana", por lo que ratificó la vigencia del aludido riesgo procesal en relación a ambos procesados; y, iii) Finalmente, en relación a la falta de proporcionalidad de las medidas, refirió que no se advertía satisfecha la carga argumentativa a objeto de motivar una modificación de aquellas establecidas por la autoridad de instancia, dado que el art. 231 bis del CPP, apertura la posibilidad y discrecionalidad de la autoridad de aplicar las que considere, siempre y cuando se satisfagan los presupuestos normativos relativos a la existencia del hecho y además la concurrencia de elementos de convicción que evidencien no se someterán al proceso u obstaculizaran la averiguación de la verdad, sin que en relación a este último argumento la parte ahora recurrente en audiencia, hubiera enunciado algún indicador relativo a la no aplicación de alguna de las medidas establecidas, pues tampoco se tendría constancia de que lo alegado en relación a Andrés Abel Sarabia Fernández, acredite per se el agravio deducido, dado que debía tenerse presente que la acreditación de la existencia de los arraigos obedeció a las modificaciones que incorpora la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, y no así porque aquella circunstancia hubiera sido sometida esencialmente a un control jurisdiccional a objeto de establecer si efectivamente el imputado tenía en el desarrollo de su actividad salidas al exterior o alguna otra locación distinta de donde se viene sustentando el presente proceso; por lo que, en razón a la ausencia de carga argumentativa, y la sub regla de pertinencia que debe ser advertida, ratificó las medidas impuestas por la autoridad inferior en grado; argumentos en torno a los cuales declaró improcedente los recursos de apelación interpuestos por Eloina Numbela, María Virginia Pedrazas Arana; y, Andrés Abel y Rodolfo ambos Sarabia Fernández; en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio apelado. De la contrastación efectuada, se tiene con relación al primer agravio por el que se denunció una presunta incorrecta aplicación del art. 233.1 del adjetivo penal, al haber construido dicho presupuesto en base a simples presunciones, ya que la autoridad de primera instancia no habría establecido como los hechos devendrían en racistas y discriminatorios, pues al ser distintos, debió especificar qué hechos denotaban la probabilidad de autoría en relación a cada uno de ellos; al respecto, de la ilustración precedente consta que la autoridad ahora demandada efectuó una revisión integral del fallo apelado, procediendo a plasmar la fundamentación de la Jueza a quo, contexto bajo el cual estableció a partir de la identificación y descripción de los elementos indiciarios –realizada por la inferior–, que éstos denotaban la existencia del hecho –que radicaba en la obstrucción del ejercicio a la libertad de expresión y de elección por motivos racistas y discriminatorios de las víctimas–, identificándose el lugar, el tiempo, el modo, y la probable participación de los imputados; en cuyo contexto, además aclaró que si bien la Jueza a quo no habría señalado de qué modo se obstruyó el ejercicio a la libertad de expresión de las víctimas; sin embargo, tomando en cuenta la definición de “discriminación” contenida en el art. 5 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación –Ley 045 de 8 de octubre de 2010–, advirtió menoscabo en relación a los derechos y libertades individuales de las presuntas víctimas, en el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones que se encuentran reconocidos en la Constitución Política del Estado y la Ley, puntualizando que la calificación de los delitos podía variar posteriormente, y que resultaba intrascendente dilucidar en audiencia de medidas cautelares, si las víctimas serían sujetas de ser elegidas como autoridades, o si tal circunstancia las excluía merced de detentar únicamente la condición de esposas de los afiliados, lo cual correspondía ser analizado en el transcurso del proceso. Argumentos que denotan que, la falta de pronunciamiento alegada en torno al agravio de referencia, no resulta evidente, pues conforme lo precedido la autoridad demandada en su labor hermenéutica confirmó el razonamiento de la Jueza de la causa, sosteniendo la probabilidad de autoría de forma objetiva respaldada con los elementos probatorios y antecedentes fácticos del caso, los cuales advertían la concurrencia de indicios que establecían la existencia de los hechos –discriminación y racismo– y la probable participación de los imputados, satisfaciendo con ello el debido proceso conforme los alcances contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, mérito por el cual corresponde denegar la tutela solicitada. No obstante de ello, a efectos de ilustración, torna pertinente dejar claramente establecido que la calificación realizada en cuanto a la identificación del tipo penal, es un aspecto netamente provisional cuya modificación se halla supeditada al desarrollo de la investigación y los elementos que sean colectados, siendo suficiente para determinar la probabilidad de autoría, solo indicios. En cuanto al segundo agravio, en torno al cual respecto a Rodolfo Sarabia, se denunció que el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, fue construido en meras presunciones, pues no se precisó que hechos se le atribuían a fin de que pueda enervarlo; al respecto, conforme los fundamentos del Auto de Vista, se tiene que, la autoridad demandada, mantuvo la vigencia del mismo basada en la condición particular que ostentaba el hoy impetrante de tutela como dirigente en la comunidad “Villa Copacabana”, situación que preponderó propiciaba la facilidad para ejercer influencia en los testigos comunarios que estuvieron presentes el día de los hechos, pues la mayoría de ellos aún no habrían prestado sus declaraciones informativas; sumado a ello, además debía realizarse la inspección al lugar de los hechos. Con relación a Andrés Sarabia, se reclamó que la resolución apelada carecía de fundamentación y motivación exigible para restringir su libertad, pues si bien concurría el riesgo contenido en el art. 235.2 del adjetivo penal, las medidas impuestas resultaban desproporcionales por lo que generaba perjuicio a su derecho al trabajo, al no existir peligro de fuga; marco sobre el cual, la autoridad demandada aclaró que dicho reclamo carecía de ausencia de carga argumentativa que motive modificar las medidas impuestas por la autoridad inferior, pues el art. 231 del CPP, aperturaba la facultad al juzgador de aplicar las que considere necesarias cuando existan indicadores que no se someterán al proceso u obstaculizaran la averiguación de la verdad; además de preponderar que, tampoco al momento de establecer la actividad en la que se desenvolvía el prenombrado, fue objeto de análisis si realizaba o no salidas al exterior o alguna otra locación distinta al proceso. Por lo relacionado precedentemente, es evidente que la Vocal –ahora demandada–, se pronunció sobre el aludido agravio de manera razonable, habiendo para ello, valorado los antecedentes procesales y los medios probatorios existentes, cumpliendo con las reglas del debido proceso en la emisión del Auto de Vista cuestionado, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada precedentemente; por cuanto al no ser evidente que se hayan lesionado los derechos invocados, corresponde también en este punto se deniegue la tutela impetrada. . En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 7/2022 de 18 de junio, cursante a fs. 42 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de Cochabamba; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0225_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): c111681289403b7c4d90ad5ce974592b9822aedf4f2e34a16ab5a9f2bd185da5
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