Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, los principios de celeridad y transparencia; toda vez que, a tiempo de presentar en la OGP su solicitud de cesación de la detención preventiva, el mismo no fue recepcionado en el entendido de que según el SIREJ, la causa no se encontraba radicando en ningún juzgado, pues si bien fue declinada por el Juzgado de Instrucción Penal Primero al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero -ambos del El Alto del departamento de La Paz-, empero, no se procedió con su recepción, motivo por el cual se dirigió al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, a efectos de solicitar la recepción por sistema, empero la Auxiliar demandada rechazó esta petición indicando que debe ir al Juzgado de Instrucción Penal Primero, pues son sus funcionarios los que no quieren enviar el proceso; así, fue a reclamar al mismo, la remisión de su causa, empero la Auxiliar codemandada negó esta solicitud, ante la existencia de un expediente pendiente de devolución, aspecto ajeno a su proceso; siendo que desde el 10 de octubre de 2022, hasta la fecha de la audiencia de esta acción tutelar, las funcionarias demandadas, se niegan a cumplir las funciones de remitir y recibir en físico y por el SIREJ su proceso, en el cual debe dilucidarse su libertad. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:
a) Disponer la recepción inmediata por la Oficina Gestora de Procesos (OGP) el memorial presentado por el accionante, y la coordinación con las Secretarias de los Juzgados para la materialización de dicha recepción, siempre y cuando no se hubiera realizado tal actuación; y, b) La remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, únicamente de las funcionarias demandadas en la presente acción tutelar; en caso de no haberse materializado la parte dispositiva del Juez de garantías. 3° Exhortar a Armando Herrera Huarachi, Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a aplicar los entendimientos de la presente Sentencia en casos similares que se sometan a su conocimiento; y, 4° Notificar al responsable de la Oficina Gestora de Procesos para que adopte las medidas de comunicación con esta Sentencia a los servidores públicos dependientes de dicha unidad, con la finalidad de que se realicen los recaudos pertinentes para que este hecho no se vuelva a repetirse.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0224/2025-S3 Sucre, 7 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51337-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erasmo Perca Chillo contra Genoveva Mariela Limachi Copa y “Daysi” -no se consiga los apellidos completos- Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, respectivamente; y, Carla Claudia Baltazar Baltazar, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero, todos de El Alto de departamento de La Paz.
Por memorial presentado 11 de octubre de 2022, cursantes de fs. 13 a 14 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201503022201226, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, estando de turno dispuso su detención preventiva a través del Auto Interlocutorio 331/2022 de 19 de septiembre; posteriormente, el 10 de octubre de 2022, solicitó la cesación de la medida cautelar, a través de un memorial que fue presentado ante la Oficina Gestora de Procesos (OGP); sin embargo, sus funcionarios señalaron que la causa fue declinada al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del mismo distrito judicial; lo cual era correcto, pues al tiempo de revisar el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), evidenció tal afirmación; empero aún no fue recepcionada.
Ante esta información, se apersonó al señalado Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, indicándole la Auxiliar “Daysi” demandada, que no le recibirían el proceso con CUD 201503022201226 por el SIREJ, en atención a que el mismo continuaba radicado y sin remisión por el referido Juzgado de Instrucción Penal Primero, alegando que vuelva al Juzgado de origen para que lo suba al sistema y lo sellen. Se dirigió al Juzgado de Instrucción Penal Primero a efectos de que remitiese su proceso al Juzgado correspondiente; sin embargo, la Auxiliar Carla Claudia Baltazar Baltazar -codemandada- le indicó que no podía remitirlo porque tenía un problema con la funcionaria del otro juzgado; es decir, que con carácter previo debería devolverle un expediente extraviado, de otra causa. En consecuencia, considera que por conflictos internos entre funcionarias de ambos juzgados, no se remitió ni recepcionó oportunamente su memorial, a pesar de encontrarse declinada su causa; por lo que, se lo está sometiendo a una injustificable mora procesal, inobservando los principios de celeridad y transparencia, ocasionando una dilación innecesaria en su proceso, afectando de esta manera su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de su derecho a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, reciba y radique en el día, el proceso penal, con el CUD 201503022201226, seguido en su contra por el Ministerio Público.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido de su demanda tutelar y ampliándola señaló que: a) Al momento de presentar su memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva ante la OGP, le respondieron que el proceso se encontraba con declinatoria en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, nuevamente se dirigieron al mismo; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela no lo recepcionaron; b) Entre las Auxiliares de ambos Juzgados se acusan de tener pendientes; negando rotundamente radicar su causa donde corresponde; lo cual, genera agravios a su derecho al debido proceso y los principios de celeridad y transparencia; c) En contravención al art. 94.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), las funcionarias demandadas están incumpliendo sus funciones de control del personal subalterno y la obligación de dar premura a su proceso; d) La SCP 0628/2018-S2 de 8 de octubre, refirió que por el principio de celeridad, se debe dar una atención eficaz y eficiente a los procesos penales cuando de por medio se encuentra un detenido; e) Si bien el SIREJ señaló que aún tiene tuición sobre su causa el Juzgado de Instrucción Penal Primero, no es menos cierto, que ya se encuentra con declinatoria en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del referido departamento, empero hasta esa fecha no se realizó la remisión del expediente; f) Al encontrarse detenido, las demandadas debieron otorgar celeridad a la tramitación relacionada con su libertad, hecho que no ocurrió, por lo que corresponde además de conceder la tutela la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia, como al Consejo de la Magistratura, ante el perjuicio injusto en la tramitación de su solicitud a la cesación de la detención preventiva; y, g) En respuesta a las preguntas del Juez de garantías señaló que: g.1) En el SIREJ, el CUD está declinado al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; lo cual, le impide presentar su memorial; g.2) Se apersonó a la OGP, pero observaron con la ayuda del SIREJ, que el proceso estaba registrado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero pero con declinatoria al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, desde el 20 de septiembre de 2022; y, g.3) No demandó a la OGP a pesar de no recepcionar su memorial, porque el CUD no se encontraba habilitado en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero; por lo que, por lealtad procesal acudió primero a los Juzgados.
Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; en audiencia señaló que: i) No tener conocimiento de la problemática; ii) De la revisión del SIREJ, el proceso se encuentra en el Juzgado de Instrucción Penal Primero del mismo distrito judicial; el cual no fue sorteado ni remitido a su Juzgado mediante el citado sistema; y, iii) En respuesta a las preguntas realizadas por el Juez de garantías, señaló que: iii.a) Tanto el Secretario como el Auxiliar están encargados del sorteo de expedientes por el SIREJ; y, iii.b) Según el Sistema, su Juzgado no tiene sorteado el expediente del demandante de tutela.
“Daysi” sin consignación de apellidos, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe alguno, a pesar de haber concurrido a la audiencia de garantías. Carla Baltazar Baltazar, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, no remitió informe escrito ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, a pesar de su legal notificación cursante a fs. 19.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 22/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 23 a 24 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) La problemática se centra en, si es o no viable ordenar a través de la acción de libertad, la recepción de memoriales en la OGP, ante el conflicto suscitado entre funcionarias de ambos juzgados; 2) El Juez de turno que conoce la situación jurídica del imputado, debe remitirla al juzgado de especialidad u ordinario para que continúe con el trámite y el control jurisdiccional; 3) Las partes para no tener contacto directo con los funcionarios judiciales, tienen que apersonarse a la OGP o en su caso a Plataforma de Atención al Usuario, para que puedan recepcionar sus memoriales con la única verificación del CUD; siendo que ningún funcionario de esta instancia administrativa puede negarse a recibir una solicitud, más cuando se trate de un privado de libertad; 4) Ante conflictos internos entre Auxiliares de juzgados que no quieren recibir las causas, se tiene la vía legal correspondiente como el Consejo de la Magistratura a través de la oficina de Control y Fiscalización; así como la vía del reclamo ante el inmediato superior como son los Secretarios y Jueces; 5) El presente caso no se encuentra vinculado con la libertad del accionante, pues no alegó la lesión de su derecho de petición para ingresar a dilucidar si el memorial presentado sufrió o no demora en su tramitación; el hecho que un juzgado no hubiera remitido un expediente al otro, no amerita la interposición de una acción de libertad; en todo caso, el problema radicaría en que la OGP no quiere recibir su memorial, empero ello, no está relacionado con su libertad; y, 6) La actuación de las Auxiliares demandadas, debe ser dilucidada por el Consejo de la Magistratura al tratarse de un privado de libertad. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su representante señaló que: La OGP no es responsable de esta dilación, pues los juzgados previamente tienen que habilitar el sistema correspondiente; en este caso, ninguno de los dos lo hicieron; lo cual, no permite la recepción de su memorial, quedando en estado de indefensión. En sustanciación y resolución de los impetrado, el precitado Juez de garantías, afirmó que la petición de habilitación del Sistema, tiene carácter netamente administrativo; en todo caso, las partes únicamente con el CUD deben presentarse ante la OGP, la cual no puede rechazarlo; además, si no está habilitado el sistema de un juzgado, seguro que lo estará el del otro.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Erasmo Perca Chillo -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 331/2022 de 19 de septiembre, dispuso su detención preventiva (fs. 4 a 6 vta.). II.2. Cursa copia fotostática del SIREJ, cuyo CUD 201503022201226, registra que el 28 de septiembre de 2022, el Juzgado de Instrucción Penal Primero aún mantiene la causa del impetrante de tutela en la bandeja de su Sistema, para remisión y con declinatoria al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, ambos de El Alto del departamento de La Paz (fs. 2 y 3). II.3. En Acta de audiencia de consideración de la presente acción de libertad de 12 de octubre de 2022, consta que Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, afirmó que de la revisión del SIREJ, la causa aún cursa en el Juzgado de Instrucción Penal Primero del mismo distrito judicial; siendo que tampoco lo remitió a su Juzgado, desconociendo la problemática de la presente causa; además indicó que cualquier funcionario está habilitado para realizar el sorteo (fs. 21 a 22 vta.). II.4. El Juez de garantías en la referida audiencia, afirmó que con el solo CUD se puede verificar el lugar dónde se encuentran la causas para poder presentar los memoriales, cuestionando por qué el accionante no acudió a la OGP si ya contaba con el CUD (fs. 21 a 22).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, los principios de celeridad y transparencia; toda vez que, a tiempo de presentar en la OGP su solicitud de cesación de la detención preventiva, el mismo no fue recepcionado en el entendido de que según el SIREJ, la causa no se encontraba radicando en ningún juzgado, pues si bien fue declinada por el Juzgado de Instrucción Penal Primero al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero -ambos del El Alto del departamento de La Paz-, empero, no se procedió con su recepción, motivo por el cual se dirigió al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, a efectos de solicitar la recepción por sistema, empero la Auxiliar demandada rechazó esta petición indicando que debe ir al Juzgado de Instrucción Penal Primero, pues son sus funcionarios los que no quieren enviar el proceso; así, fue a reclamar al mismo, la remisión de su causa, empero la Auxiliar codemandada negó esta solicitud, ante la existencia de un expediente pendiente de devolución, aspecto ajeno a su proceso; siendo que desde el 10 de octubre de 2022, hasta la fecha de la audiencia de esta acción tutelar, las funcionarias demandadas, se niegan a cumplir las funciones de remitir y recibir en físico y por el SIREJ su proceso, en el cual debe dilucidarse su libertad. Razón por la cual, se encuentra sometido a una dilación indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas son incorporadas).
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo (el resaltado es agregado). En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante (las negrillas son añadidas). La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0259/2018-S2 de 18 de junio, 1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales. ´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
0500/2018-S2 de 14 de septiembre y 0173/2025-S3 de 31 de marzo, entre otras.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001, definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que la legitimación pasiva, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
2El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 3El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 4El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése 5El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 6El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.
En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado [(…) (las negrillas son añadidas)]. Esta sistematización fue desarrollada por la SCP 0154/2019-S2 de 24 de abril, entre otras. De igual forma amerita también hacer referencia a una causal de flexibilización de la legitimación pasiva, que coadyuvará en la resolución de la presente causa, en ese sentido la SCP 2027/2013 de 13 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.1 establece: [E]n armonía con las consideraciones anteriores, debe hacerse hincapié que, a la luz del art. 3.5 del CPCo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio de informalismo; por lo tanto, la jurisdicción constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada, para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante, no obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiese sido demandado, considerando que, pese al incumplimiento de los formalismos de orden procesal, resulta ser de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos objeto de protección de la acción de libertad. El presente razonamiento, ya tiene su antecedente en el entonces Tribunal Constitucional; así, en la SC 0499/2007-R de 19 de junio, se dilucidó la problemática donde el agraviado demandó al representante del Ministerio Público, por considerar autor de la transgresión de su derecho a la libertad; sin embargo, luego de haberse realizado la correspondiente compulsa de los antecedentes del proceso, el máximo protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vio por conveniente conceder la tutela, no precisamente contra la autoridad demandada, sino contra el verdadero responsable, que en el caso de referencia recaía en la autoridad jurisdiccional; no obstante de lo anterior, en tales circunstancias, al autor de la transgresión, no será posible condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración, porque como consecuencia de que la acción no fue dirigida contra él, este no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, haciendo prevalecer su versión ante la autoridad competente; por lo tanto, en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiese sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional
Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante (el resaltado es añadido).
La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, 7El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 8El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Esta sistematización fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0117/2019-S2 de 8 de abril y 0319/2019-S2 de 29 de mayo, entre otras.
Del análisis de la demanda tutelar, el accionante enfoca su problemática en el hecho que a tiempo de presentar ante la OGP un memorial solicitando la cesación de su detención preventiva, sus funcionarios le indicaron que la causa, si bien fue declinada al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, aún no fue recibido mediante el SIREJ, sugiriéndole que se apersone para solicitar su recepción; en consecuencia, la auxiliar demandada de este Juzgado, le aconsejó dirigirse al Juzgado de Instrucción Penal Primero para que proceda con la remisión el expediente en físico y por Sistema; sin embargo, la Auxiliar codemandada, afirmó no poder remitirlo al Juzgado correspondiente porque sus funcionarias le deben un expediente de otra causa que se encuentra extraviado y mientras no solucionen sus problemas, no podrían realizar remisión alguna; en consecuencia, se encuentra en estado de indefensión, porque al no radicarse su causa a través del SIREJ en un determinado Juzgado, la OGP no puede recibir una solicitud que está directamente relacionada con su derecho a la libertad; por lo que se lo está sometiéndo a una dilación o mora procesal indebida, lesionando de esta manera, sus derechos al debido proceso, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, los principios de celeridad y transparencia. Con carácter previo a ingresar al fondo de la problemática planteada debe tomarse en cuenta que las Auxiliares demandadas no presentaron informe escrito ni oral en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar a efectos de desvirtuar lo manifestado por el accionante; en consecuencia, cuando la parte demandada no concurre a la audiencia ni presenta el informe correspondiente, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda de acción de libertad, tal cual se señala en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; en el presente asunto, el impetrante de tutela cuestiona sobre todo, la actuación negligente de las Auxiliares de los Juzgados de Instrucción Penal Primero y de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, por no cumplir oportunamente con las funciones de remisión y recepción de su causa en físico y por el SIREJ, siendo que ya fue declinada al Juzgado correspondiente; empero las mismas al no manifestarse sobre lo acontecido en el caso de autos, siendo una obligación hacerlo en calidad de funcionarias públicas, se presume la veracidad de sus actos demandados como lesivos de los derechos del accionante. Por otra parte, con relación a Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, cabe señalar que si bien asistió a la audiencia de consideración de la presente demanda tutelar y respondió a las preguntas realizadas por el Juez de garantías; empero afirmó desconocer totalmente el problema suscitado entre su Auxiliar demandada y la funcionaria del otro juzgado; sobre el particular, esta servidora pública al igual que la Secretaria o Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero, así como los funcionarios de la OGP, al estar involucrados con la causa que ha dado lugar a interposición de esta acción tutelar se analizara su participación, incluso sin haber sido demandados; toda vez que, conforme lo establece el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su facultad de proteger los derechos y garantías constitucionales, tiene la potestad para conocer el fondo de la problemática planteada, no obstante todos los responsables de la lesión de los derechos del impetrante de tutela no hubiesen sido demandados; siendo que, los hechos denunciados podrían repetirse, situación que esta jurisdicción no puede convalidar, dado que es de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos denunciados como lesionados; así como la previsión de que estos hechos no vuelvan a repetirse, al tener como consecuencia la afectación a un derecho fundamental como es la libertad. Ahora bien, ingresando al fondo de la problemática planteada se analizarán las actuaciones de los siguientes funcionarios públicos:
a) Con relación a las Secretarias y Auxiliares de los Juzgados de Instrucción Penal Primero e Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, ambos de El Alto del departamento de La Paz
De acuerdo a la copia fotostática del SIREJ, se tiene que el proceso seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar, desde el 28 de septiembre de 2022, se encuentra en la bandeja del Juzgado de Instrucción Penal Primero con el actuado de remisión por declinatoria al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, sin que hasta la fecha de presentación del memorial de cesación de la detención preventiva -transcurriendo siete días hábiles-, se haya podido materializar la remisión ni la recepción física ni digital del expediente al Juzgado correspondiente; siendo que ni ante la interposición de esta acción de defensa las funcionarias efectivizaron dicha tramitación, pues la propia Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero, ante la consulta de Juez de garantías, afirmó que la causa aún continuaba en el Sistema del Juzgado de Instrucción Penal Primero; es decir, hicieron pasar diez días sin regularizar el SIREJ, cuando debieron realizarlo inmediatamente a la declinatoria. En este sentido, las Auxiliares demandadas no cumplieron con la obligación de coadyuvar con sus Secretarios en la remisión, recepción y manejo oportuno del expediente, menos en la atención diligente de la solicitud del accionante, incumpliendo lo dispuesto por el art. 101.II de la LOJ, pues el hecho que tengan conflictos personales por extravíos de expedientes, no es motivo para dilatar la tramitación de otras causas, como lo acontecido con el impetrante de tutela, peor aún si se trata de una persona privada de libertad que pretendía solicitar la cesación de su detención preventiva; por lo que, al generarle una dilación indebida en la tramitación de remisión y recepción por físico y por Sistema de su causa, sin agilizarlo a pesar de las peticiones del impetrante de tutela, dieron lugar también a una mora en el conocimiento y resolución de la situación jurídica de un privado de libertad; con lo cual vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; así como los principios de celeridad y transparencia; razones por las cuales, corresponde conceder la tutela solicitada a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho sistematizada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Respecto a las Secretarias de ambos Juzgados, no pueden alegar desconocer los problemas que se suscitan entre sus subalternos; ya que una de sus atribuciones es justamente la de dirigir al personal auxiliar; de igual forma, conforme lo establece el art. 56.1, 6, 7 y 8 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los secretarios tienen la responsabilidad de controlar los sistemas informáticos de gestión de causas, el deber de coordinar las funciones con la OGP y la obligación de atender e informar a las partes con la debida diligencia y buen trato; lo cual no aconteció en el caso de autos, porque ninguna de las Secretarias de ambos despachos dieron solución oportuna al problema suscitado entre su subalterna y la del otro Juzgado; en todo caso, tenían la obligación de actualizar el Sistema o coordinar con la OGP, para que el accionante pueda presentar su memorial, más si el mismo estaba relacionado con una solicitud de la cesación de la detención preventiva; siendo que en estos casos debe activarse la celeridad cuando de por medio está la libertad de una persona; por lo que amerita en consecuencia la concesión de tutela también con relación a estas servidoras públicas, aún no hubieran sido demandadas; toda vez que, los elementos colectados de los antecedentes que se tienen, permiten advertir su participación omisiva y negligente en los hechos que se analiza.
b) Con relación a los funcionarios de la Oficina Gestora de procesos de El Alto del departamento de La Paz La OGP al tiempo de atender al accionante y verificar lo acontecido en el SIREJ, en lugar de enviarlo a solucionar los registros a los Juzgados encargados de la remisión y recepción de su causa, sus funcionarios tenían la obligación, por mandato del art. 56.I.9 Bis. del CPP, de recepcionar su documentación presentada en físico y al tiempo de digitalizarla e incorporarla al sistema informática para su procesamiento, tenía la responsabilidad en coordinación con las Secretarias de ambos juzgados, de materializar la remisión y recepción física y por sistema del expediente; toda vez que, se constituye en la instancia administrativa de carácter instrumental que tiene la obligación de dar soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional con la finalidad de optimizar la gestión judicial y favorecer el acceso a la justicia del accionante, más aún cuando se trataba de la presentación y recepción de un memorial relacionado con la cesación de la detención preventiva de una persona privada de su libertad. En consecuencia, también corresponde conceder la tutela respecto a dichos servidores; en razón a que las omisiones detectadas han tenido como consecuencia una afectación al derecho a la libertad del accionante; debido a que su falta de diligencia, se constituye en acciones dilatorias indebidas, que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
Finalmente, corresponde señalar que no es evidente lo mencionado por el Juez de garantías, al afirmar que el presente caso no se encuentra vinculado con la libertad del accionante, que en todo caso correspondería, a criterio suyo, acudir directamente ante el Consejo de la Magistratura o en su caso ante los Jueces responsables de cada Juzgado, a efectos de denunciar la actuación de sus subalternos; al respecto, si bien a través de estas vías internas, previo procedimiento administrativo, también podrían resolver la situación del solicitante de tutela; sin embargo, conforme se sistematiza en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o pronto despacho es el mecanismo idóneo y oportuno para acelerar trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad; como lo acontecido en el caso de autos; pues, el accionante sufrió dilación indebida al tiempo que las funcionarias demandadas y la OGP no resolvieron el problema de remisión, recepción y radicación de forma física y digital de su expediente, de manera oportuna y diligente; para poder presentar su memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva; petición que sin duda está directamente vinculada con su libertad; razón por la cual, el Juez de garantías a través de esta acción de libertad debería conceder la tutela impetrada y disponer a los funcionarios encargados de dicha tramitación, actuar con la mayor celeridad en respeto de los derechos del accionante; por lo que, se le exhorta que en casos similares, aplique los entendimientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:
a) Disponer la recepción inmediata por la Oficina Gestora de Procesos (OGP) el memorial presentado por el accionante, y la coordinación con las Secretarias de los Juzgados para la materialización de dicha recepción, siempre y cuando no se hubiera realizado tal actuación; y, b) La remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, únicamente de las funcionarias demandadas en la presente acción tutelar; en caso de no haberse materializado la parte dispositiva del Juez de garantías. 3° Exhortar a Armando Herrera Huarachi, Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a aplicar los entendimientos de la presente Sentencia en casos similares que se sometan a su conocimiento; y, 4° Notificar al responsable de la Oficina Gestora de Procesos para que adopte las medidas de comunicación con esta Sentencia a los servidores públicos dependientes de dicha unidad, con la finalidad de que se realicen los recaudos pertinentes para que este hecho no se vuelva a repetirse. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0224_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6d9e5222042b7e8ccb8decb7c4e326429d25068ccb715427a606ff3083e705c6
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