Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la vida y a la salud; toda vez que, por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva, fijando la Jueza accionada audiencia para el 27 de igual mes y año; sin embargo, dicho acto procesal no fue llevado a cabo, puesto que ante la presentación posterior de la acusación formal en su contra, de manera injusta y arbitraria se remitió el expediente al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, sin resolverse su solicitud, ni tampoco se consideró que se encuentra gravemente enferma.
Sobre la denuncia efectuada en esta vía constitucional, la Jueza accionada, refirió que ante la presentación del requerimiento conclusivo de acusación formal, de conformidad a lo dispuesto por el art. 325.I del CPP, mediante decreto de 22 de septiembre de 2022, ordenó la remisión del proceso de referencia, por lo que, previo sorteo, se encuentra radicando “actualmente” en el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por ende, sus actuaciones se enmarcaron en lo dispuesto por ley. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/22 de 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, ante la evidenciada lesión del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado a la libertad, que conlleva además el derecho de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones de la accionante, emergente de la dilación y omisión en la resolución de su solicitud de la cesación de la detención preventiva efectuada el 19 de septiembre de 2022, conforme a los fundamentos glosados en el presente fallo constitucional; disponiendo que dicho actuado se lleve a cabo a la brevedad posible, conforme corresponda en derecho, ante la autoridad jurisdiccional donde la causa se encuentre radicada, siempre y cuando ello no hubiese ocurrido o la situación jurídica de la procesada hubiese variado por el carácter modificable de las medidas cautelares personales.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la alegada lesión a los derechos a la vida y a la salud, así como a una justicia plural y transparente, de acuerdo a los razonamientos desarrollados precedentemente. 3° Llamar la atención a Jesús Rómulo Egüez Ayala, Lucio Condori Rodríguez y Moisés Colque Pérez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0224/2025-S2 Sucre, 7 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 50828-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/22 de 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Tolay en representación sin mandato de Ana María Eguez Melgar contra Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 8 a 9 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102302200222, el cual “actualmente” radica ante la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, Marianela Jimena Salazar Siles -ahora accionada-, por memorial de 19 de septiembre de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva, a cuyo efecto, la referida autoridad judicial fijó audiencia para el 27 de igual mes y año a horas 10:30. No obstante, debido a que el Fiscal de Materia asignado al caso emitió acusación formal en su contra, la autoridad judicial accionada de manera injusta y arbitraria remitió el expediente al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, sin considerar que dicho pliego acusatorio fue formulado de manera posterior a la presentación de su solicitud, siendo anterior el señalamiento de la fecha y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva, desconociendo la Jueza accionada lo establecido por la SCP 0254/2019-S3 de 5 de julio, referido a que es posible que el juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha petición aunque ya se hubiera presentado la acusación, siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal; por lo que, con tal accionar se lesionaron sus derechos al debido proceso y a la libertad.
La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En audiencia alegó además la vulneración de sus derechos a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la vida y a la salud.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto la remisión del expediente al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenándose a la autoridad accionada lleve adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva que fue solicitada con anterioridad a la presentación de la acusación fiscal.
Celebrada la audiencia pública el 28 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado y representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar, y ampliando en audiencia, señaló que: a) Conforme el informe o nota de 19 de septiembre -de 2022- “…el Sr. secretario informa que se había suspendido una audiencia de cesación, debido a que no se había podido notificar” (sic), en virtud a lo cual mediante decreto de 21 de igual mes y año, la Jueza accionada señaló ‘“estese a lo ya resuelto”’ (sic); es decir al decreto de 20 de ese mes y año, que programó una nueva audiencia para el 27 del citado mes y año, la cual no fue llevada a cabo debido a la emisión posterior del requerimiento conclusivo de acusación formal, desconociendo la autoridad accionada la línea jurisprudencial establecida por la SCP 0254/2019-S3, que determina su competencia, dado que de la revisión del cuaderno procesal
“…remitido por el Tribunal 8vo. De Sentencia no hay radicatoria, ellos no han radicado la causa” (sic); y, b) Asimismo, se vulneraron sus derechos al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y transparente, a la vida y a la salud, ya que se encuentra gravemente enferma, siendo de conocimiento de la Jueza accionada que “…cursa un sin fin desde fs. 112 a fs. 137 de informes médicos que la señora tiene funcionando medio pulmón, entonces ante esas consideraciones; ni asi la señora Juez ha dado cumplimiento a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico” (sic).
Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito, cursante a fs. 14, solicitando se deniegue la tutela impetrada, manifestó que, ante la presentación del requerimiento conclusivo de acusación formal, por providencia de 22 de septiembre de 2022, de conformidad a lo dispuesto por el art. 325.I del Código de Procedimiento Penal (CPP) y las modificaciones establecidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, ordenó la remisión del proceso de referencia, previo sorteo, radicando “actualmente” en el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del referido departamento; consecuentemente sus actuaciones se enmarcaron en lo dispuesto por ley.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/22 de 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., concedió la tutela solicitada, a través de la acción de libertad en su modalidad innovativa, exhortando a la autoridad accionada que a futuro lleve a cabo las audiencias de cesación a la detención preventiva que ya fueron programadas, aunque con posterioridad se pongan a su conocimiento acusaciones formales “…sin ordenar la remisión de obrados al Juzgado de Instrucción…” (sic); determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del expediente que fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, es evidente que mediante decreto de 20 del citado mes y año, la Jueza accionada señaló audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva que fue impetrada por la accionante para el 27 del mismo mes y año a horas 10:30, ordenando la notificación a los sujetos procesales; sin embargo, en virtud al principio de verdad material no cursa ninguna notificación; 2) Asimismo, cursa acusación formal presentada por el Ministerio Público contra la impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, con cargo de recepción de 21 de igual mes y año, que mereció decreto de 22 del citado mes y año, por el cual la autoridad accionada en virtud al art. 325 del CPP, ordenó la remisión del cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia de turno. “Posteriormente en fecha 26 de septiembre a hrs. 15:15 el expediente es recibido por el Tribunal Octavo de Sentencia en lo Penal de la capital, es decir que la remisión del cuaderno ha sido antes de que se sustancie la audiencia de cesación que estaba programada” (sic); 3) La SCP 0254/2019-S3, citada por la accionante, entre otras, sigue la línea jurisprudencial en sentido que no obstante se presente una acusación formal, mientras el expediente siga radicando en el juzgado de instrucción, es competente para llevar a cabo las audiencias de cesación de la detención preventiva, en tanto no se radique la causa en el tribunal de sentencia; entendimiento que es aplicable al caso concreto; toda vez que, al haber la Jueza accionada señalado la audiencia correspondiente, necesariamente debió haber tramitado y llevado a cabo dicho acto procesal, aun se hubiera presentado al día siguiente la acusación formal, ya que si bien el art. 325 del CPP establece el término de veinticuatro horas para la remisión de los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia, ello es una formalidad que se puede dejar de lado cuando de por medio existen derechos fundamentales comprometidos, como en este caso es el derecho a la libertad personal; 4) Por consiguiente, la autoridad accionada al no haber ordenado la realización de diligencias ni mucho menos la instalación de la audiencia programada evidentemente vulneró -el principio de- celeridad como elemento del debido proceso vinculado al derecho a la libertad de la accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada, al no haber dado cumplimiento la referida autoridad judicial a la jurisprudencia reiterada respecto a esa problemática; 5) No obstante lo anterior, en virtud al principio de verdad material aplicable para todas las jurisdicciones, incluida la constitucional conforme al art. 180.I de la CPE, en el presente caso se tiene que el expediente ya se encuentra físicamente en el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el cual la impetrante de tutela cuenta con la facultad de solicitar la cesación de su detención preventiva, y el referido Tribunal tiene la obligación de señalar la audiencia dentro de los plazos previstos por el art. 239 del CPP; 6) Ordenar la devolución del expediente al Juzgado de Instrucción implicaría una mayor vulneración del derecho a la libertad de la peticionante de tutela, dado que la realización de dichos actos administrativos alargarían la privación de la libertad de la prenombrada; en cambio, en el indicado Tribunal de Sentencia la accionante puede inmediatamente impetrar la audiencia requerida, “…aún el Tribunal no haya emitido el decreto de radicatoria, en el día como establece el art. 340 del CPP, y en ese caso se aplica el art. 44 del CPP que establece la competencia, carácter y extensión por el que señala claramente que el Juez o Tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal lo será también para decidir todas las cuestiones o incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, y en este caso se trata de una audiencia de cesación que evidentemente es un incidente pero no está reatado necesariamente a la etapa preparatoria, por eso se lo da en cualquier etapa del proceso e incluso después de haber sido emitida la sentencia de primera instancia” (sic); y, 7) Consecuentemente, al haber ya “…cesado el acto vulnerado…” (sic) debe concederse la tutela solicitada bajo la modalidad de acción de libertad innovativa, para evitar que a futuro se cometan actos similares por parte de la autoridad accionada.
En vía de enmienda y complementación la parte accionante señaló que, si bien se concedió la tutela impetrada a su favor; sin embargo, igualmente se la deja en indefensión, ya que el aludido Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz no fue accionado “No sabemos dónde se va a considerar su audiencia de cesación a la detención preventiva…” (sic), por lo que pide se ordene al indicado Tribunal remita copias legalizadas a la Jueza accionada para que pueda resolver su solicitud, sin que ello retrase el desarrollo del proceso que ya fue remitido a dicho Tribunal, tomando en cuenta que la cesación de la medida de extrema ratio no es una cuestión de fondo. Frente a lo cual, el Tribunal de garantías, mantuvo la decisión dispuesta, señalando que en aplicación de los principios de celeridad y verdad material, “…devolver el expediente o fotocopias legalizadas al Juzgado de Instrucción demoraría aún más la solicitud de cesación. A mi criterio personal, aún el expediente no tenga un decreto de radicatoria, la accionante inmediatamente en este momento puede solicitar la cesación y el Tribunal Octavo de Sentencia tiene la obligación de señalar audiencia dentro de los plazos del art. 239 del C.P.P., inmediatamente. Ya hemos explicado el tema de la preclusión de etapas procesales, además que en todos los precedentes constitucionales que hemos citado (…) en ninguno se ha ordenado que el expediente devuelva al Juzgado de Instrucción para que lleve adelante sí o sí esa audiencia de cesación. Al menos no hay un precedente o una situación fáctica similar al presente en que haya dispuesto eso el Tribunal Constitucional” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. No consta documentación alguna y/o elemento probatorio que haya sido remitido a este Tribunal para su consideración, por lo que, la presente causa será resuelta en función a lo expuesto por los sujetos procesales y lo resuelto por el Tribunal de garantías.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la vida y a la salud; toda vez que, por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva, fijando la Jueza accionada audiencia para el 27 de igual mes y año; sin embargo, dicho acto procesal no fue llevado a cabo, puesto que ante la presentación posterior de la acusación formal en su contra, de manera injusta y arbitraria se remitió el expediente al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, sin resolverse su solicitud, ni tampoco se consideró que se encuentra gravemente enferma.
Sobre la denuncia efectuada en esta vía constitucional, la Jueza accionada, refirió que ante la presentación del requerimiento conclusivo de acusación formal, de conformidad a lo dispuesto por el art. 325.I del CPP, mediante decreto de 22 de septiembre de 2022, ordenó la remisión del proceso de referencia, por lo que, previo sorteo, se encuentra radicando “actualmente” en el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por ende, sus actuaciones se enmarcaron en lo dispuesto por ley. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 1584/2005-R de 7 diciembre, concluyó que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘(…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…’” (las negrillas son nuestras).
Identificado como se tiene ut supra, el objeto procesal que motiva la activación de esta acción de defensa y conforme a los hechos expuestos por los sujetos procesales, así como de la revisión de antecedentes que tuvo acceso el Tribunal de garantías, se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra la ahora accionante por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, la prenombrada se encuentra cumpliendo la medida de detención preventiva, quien conforme refiere, en ejercicio de sus derechos, por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022 impetró la cesación de dicha extrema medida, solicitud que fue atendida por la Jueza accionada, por decreto de 20 de igual mes y año, a través del cual programó la audiencia respectiva para el 27 de ese mes y año a horas 10:30. De igual manera, se tiene que de manera posterior, el 21 de septiembre de 2022, el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de la accionante, la cual mereció providencia de 22 del mismo mes y año -conforme la revisión efectuada por el Tribunal de garantías que conoció la presente causa constitucional-, a través de la cual, la Jueza accionada en virtud al art. 325 del CPP, ordenó la remisión del cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia Penal de turno, señalando expresamente el referido Tribunal de garantías que: “Posteriormente en fecha 26 de septiembre a hrs. 15:15 el expediente es recibido por el Tribunal Octavo de Sentencia en lo Penal de la capital, es decir que la remisión del cuaderno ha sido antes de que se sustancie la audiencia de cesación que estaba programada” (sic).
Conforme a la secuencia de actuaciones desarrolladas en el caso concreto se constata una injustificada dilación en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por la accionante, cuya petición se suscitó el 19 de septiembre de 2022, puesto que al estar ya fijada la audiencia para dicho fin mediante decreto de 20 del referido mes y año -para el 27 del mismo mes y año a horas 10:30; es decir, con antelación a la presentación de la acusación el 21 de ese mes y año-correspondía a la Jueza accionada resolver la solicitud de cesación de la medida de última ratio que ya se encontraba en pleno trámite y pendiente para su resolución; toda vez que, independientemente de la remisión de la acusación que se infiere se efectuó el 26 de dicho mes y año a horas 15:15, ello no es óbice para resolver por cuerda separada las solicitudes -como la de cesación- que se encuentren inconclusos; puesto que si bien presentada la acusación, es competencia del juez o tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de las medidas cautelares, en aplicación de la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se establece de manera categórica que, aún se haya presentado la acusación formal, siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado Tribunal, el Juez de Instrucción Penal es competente para resolver la cesación de la detención preventiva.
En el marco de lo expuesto, la determinación de la autoridad accionada de no instalar la audiencia programada para considerar la audiencia de cesación de la detención preventiva -anteladamente señalada-, bajo el argumento que el proceso penal del cual deviene esta acción tutelar se encontraría “actualmente” radicando en el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, carece de sustento, puesto que dicho extremo -que dicho sea de paso- fue también expresamente rebatido por el representante sin mandato y abogado de la impetrante de tutela, no fue debidamente acreditado por la Jueza accionada, pues más allá de no haber instalado la audiencia de cesación de la detención preventiva que era de su conocimiento, previo a la remisión del cuaderno procesal a dicho Tribunal, que se entiende se realizó un día anterior a su programación -el 26 de septiembre de 2022 a horas 15:15-, interponiendo la peticionante de tutela esta acción de libertad, al día siguiente -el 27 del mismo mes y año a horas 16:39-; resulta evidente que a la fecha de celebración de esta acción de defensa -el 28 de ese mes y año a horas 15:00- conforme fue verificado por el Tribunal de garantías, no existía certeza sobre la emisión de la providencia de su radicatoria ante el referido Tribunal de Sentencia Penal con la cual se establecería su competencia para conocer la solicitud de cese de la medida de última ratio -extrañada en su consideración y resolución en esta acción tutelar-, no pudiendo asumirse su radicatoria de manera tácita.
En consecuencia, a través de la errónea tramitación de la causa por la Jueza accionada, debido a la falta de resolución de la cesación de la detención preventiva impetrada por la accionante el 19 de septiembre de 2022, que se constituye en una omisión indebida, se generó una dilación e incertidumbre que incidió en la pronta resolución de la situación jurídica de la prenombrada que devino en la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado a la libertad, que conlleva además el derecho de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; consecuentemente, se asume por evidente la denuncia de la impetrante de tutela, correspondiendo conceder la tutela solicitada mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, reiterando el entendimiento de la SCP 1777/2014 de 15 de septiembre), a efectos de un nuevo señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva de la peticionante de tutela donde la causa se encuentre radicada, y en la misma se resuelva lo que en derecho corresponda. Ahora bien, ante la alegación de una presunta afectación de los derechos a la vida y a la salud de la accionante, corresponde aclarar que, a más de su sola enunciación en sentido que se encontraría gravemente enferma, señalando la prenombrada ser de conocimiento de la Jueza accionada que “…cursa un sin fin desde fs. 112 a fs. 137 de informes médicos que la señora tiene funcionando medio pulmón, entonces ante esas consideraciones; ni asi la señora Juez ha dado cumplimiento a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico” (sic); dicha circunstancia no fue acreditada por la misma. Por consiguiente, sobre este punto alegado de forma referencial por la impetrante de tutela, se debe reiterar que para la protección del derecho fundamental a la vida a través de la acción de libertad, se debe tener certeza de la existencia de una lesión o peligro directo con relación a ese derecho, no siendo suficiente su sola enunciación, pues las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo efectuado (SCP 0273/2018-S1 de 25 de junio, citando a la SCP 1278/2013 de 2 de agosto), así este Tribunal no advierte que exista tal situación que hubiese impelido a un pronunciamiento, por lo que, no es viable asumir con la necesaria convicción y certeza la denunciada vulneración de dichos derechos invocados como lesionados, no siendo posible acoger favorablemente el resguardo constitucional tutelar requerido, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. Así también, con relación a la alegada lesión del derecho a una justicia plural y transparente, no se advierte de qué manera dichos tópicos de reconocimiento y resguardo constitucional hubiesen sido inobservados en relación con alguno de los bienes jurídicos que se encuentran dentro del campo de protección de esta acción de defensa. Por otro lado, a mayor abundamiento, es pertinente también aclarar que respecto de la acción de libertad innovativa, a partir de la ampliación de la tipología de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril), se precisó el alcance de esta acción de defensa -en su modalidad innovativa- destinada a preservar el derecho fundamentalísimo a la libertad, por aprehensiones, arrestos o detenciones arbitrarias y fuera del marco de la ley, habiendo incluso precisado al respecto la oportunidad procesal de interponer la acción y sea dentro de un plazo razonable (SCP 0135/2014 de 10 de enero), siendo ese el espíritu y alcance de la norma contenida en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que no aplica a cuestiones procesales, siendo precisamente el escenario que nos ocupa -en el caso concreto-, al tener por objeto la aceleración de cuestiones procesales que inciden en la libertad de la accionante -como se tiene razonado ut supra-.
Resuelta como se encuentra la problemática venida en revisión, corresponde a este Tribunal referirse al proceder del Tribunal de garantías que -como denota su actuación-, tuvo acceso a los antecedentes del proceso penal en cuestión, puesto que de acuerdo a la Resolución 05/22 de 28 de septiembre de 2022, se tiene que los antecedentes de la causa en análisis le fueron remitidos a su conocimiento, ya que procedió a su revisión; empero, no remitió los mismos a esta instancia, incumpliendo lo dispuesto en el art. 126.IV de la CPE, en concordancia con lo señalado en el art. 38 del CPCo, que establece que se deben remitir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, todos los antecedentes inherentes a la acción de defensa, omisión que eventualmente hubiera implicado la suspensión de plazos procesales para el cumplimiento de dicho requisito; sin embargo, en el caso por economía procesal y celeridad, y sobre todo al contar con suficientes elementos de acuerdo a lo expuesto por las partes procesales, así como a lo verificado por el indicado Tribunal de garantías, no se procedió de esa manera; empero, corresponde llamar la atención a dicho colegiado, para que en lo futuro observe este aspecto y no incurra en la omisión advertida. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, aunque en parte con diferente alcance y otros argumentos, obró parcialmente de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/22 de 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, ante la evidenciada lesión del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado a la libertad, que conlleva además el derecho de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones de la accionante, emergente de la dilación y omisión en la resolución de su solicitud de la cesación de la detención preventiva efectuada el 19 de septiembre de 2022, conforme a los fundamentos glosados en el presente fallo constitucional; disponiendo que dicho actuado se lleve a cabo a la brevedad posible, conforme corresponda en derecho, ante la autoridad jurisdiccional donde la causa se encuentre radicada, siempre y cuando ello no hubiese ocurrido o la situación jurídica de la procesada hubiese variado por el carácter modificable de las medidas cautelares personales.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la alegada lesión a los derechos a la vida y a la salud, así como a una justicia plural y transparente, de acuerdo a los razonamientos desarrollados precedentemente. 3° Llamar la atención a Jesús Rómulo Egüez Ayala, Lucio Condori Rodríguez y Moisés Colque Pérez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0224_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): f5d7f8114b6e579ad7ca4a858cb8776c0f7d29c54201f3bd9702db26b88a82b1
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