Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2025
Deniega la tutela
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 y 33 inc. m) de la Ley 1008, la Jueza ahora demandada mediante Auto Interlocutorio de 5 de septiembre de 2022, consideró su solicitud de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.1 del CPP; sin embargo, dicha resolución fue emitida en contravención de la jurisprudencia constitucional vinculante, respecto a la valoración del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, previsto por el art. 234.7 del referido código y la omisión de aplicación de los principios de presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad y enfoque de género, en relación al peligro de obstaculización dispuesto por el art. 235.2 del mismo Código adjetivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 509/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 12 a 15, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0224/2025-S1 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51108-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 509/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 12 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bertty Fernando Apaza Gonzales en representación sin mandato de Lidia Mamani Averanga contra Ana Isabel Cruz Mollo, Jueza; y, Rosmery Mamani Morales, Secretaria, ambas del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 2 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 2, la parte accionante, a través de su representante sin mandato manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 y 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz -autoridad ahora demandada-, el 5 de septiembre de 2022, consideró la solicitud de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el cuál emitió el Auto Interlocutorio de la misma fecha, que carece de congruencia y de la debida fundamentación. En cuanto al riesgo procesal contemplado por el art. 234.1 del CPP, relativo al peligro efectivo para la sociedad, estableció que dicho riesgo continúa latente; no obstante, la Jueza ahora demandada, ignorando la modulación de la línea jurisprudencial establecida por la SCP “070/2014”, SC “189/2019”, SCP “0015/2022-S2”, así como la SCP “702/2020 de 3 de noviembre”, que disponen que el peligro efectivo para la sociedad y la víctima debe ser desvirtuado y verificado más allá del criterio subjetivo; en ese entendido, la Jueza ahora demandada se limitó a decir que la existencia de una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada, la cual quebranta los principios de presunción de inocencia y de favorabilidad, incumpliendo la normativa aplicable. Asimismo, en relación al art. 235.2 del CPP, la Jueza ahora demandada vulneró los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y favor debilis, considerando además que se trata de una mujer; por ello, solicita se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de septiembre de 2022.
La impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia; citando al efecto, los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de septiembre de 2022, ordenando a la autoridad judicial -ahora demandada- el señalamiento de nueva audiencia en el plazo de veinticuatro horas, disponiendo que se tenga por enervado el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, y en concordancia con la SCP “0702/2020-S3 de 3 de noviembre; es decir, “… emerja de antecedentes para los que se ubiera probado con anterioridad ubiera cometido un delito anterior…” (sic) de la misma forma, con relación al art. 235.2 del citado código, si ya habría precluido la etapa de ofrecimiento de testigos por el Ministerio Público, en aplicación de los principios previstos en los arts. 116 de la CPE; y, 7 y 221 del referido adjetivo penal.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 11, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su representante sin mandato, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliando sus argumentos en audiencia, señaló que: a) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, se ha solicitado en reiteradas ocasiones la cesación a la detención preventiva, peticiones que han sido sistemáticamente rechazadas por la autoridad judicial demandada, sin considerar la línea jurisprudencial vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional, particularmente lo establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “056/2014”, “070/2014”, “189/2019”, “0015/2020-S2” y “702/2020-S3”; b) Estas sentencias establecen que el peligro procesal -especialmente el previsto en el art. 234.7 del CPP- debe ser debidamente fundamentado con base en elementos objetivos, descartando valoraciones subjetivas y anticipadas de pena o condena. La autoridad judicial demandada, sin embargo, ha mantenido la detención preventiva bajo argumentos que omiten dicho estándar, aplicando indebidamente la figura del “peligro efectivo para la sociedad” sin sustento material; c) Asimismo, se observa que la Secretaria del Juzgado -ahora demandada- incurrió en omisiones procedimentales al no señalar audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, pese a que existían solicitudes formales en curso; esta conducta, vulnera el principio de legalidad y los deberes que tiene conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, en cuanto a las funciones que desarrolla, así como, el debido proceso; d) Se enfatiza que no se está solicitando la libertad inmediata de la persona procesada, sino la correcta aplicación de la jurisprudencia constitucional, conforme al art. 203 de la CPE, que otorga carácter obligatorio y vinculante a las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, e) Se solicita se conceda la tutela, disponiendo que en un plazo no mayor a veinticuatro horas se señale audiencia de cesación a la detención preventiva, a fin de no vulnerar derechos y garantías constitucionales, particularmente los derechos a la libertad, al debido proceso y al acceso a una justicia pronta y sin dilaciones indebidas, consagrados en los arts. 23 y 115 de la norma suprema.
Ana Isabel Cruz Mollo, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de acción tutelar programada, pese a su legal citación conforme a fs. 8; sin embargo, después de emitida la resolución del Juez de garantías, por la que concedió en parte la tutela solicitada y presentada la solicitud de aclaración, enmienda o complementación por el abogado de la ahora accionante, la referida Jueza se unió a la Sala virtual -se entiende vía celular- y pidiendo la palabra señaló que: “…estoy en movilidad y me estoy constituyendo a la ciudad de La Paz recién y estoy por conciencia por duelo e informar a su autoridad que la resolución motivo de la acción esta en apelación y no tenemos la resulta del Tribunal de Alzada respecto a los riesgos considerados a la referida resolución, por lo que hace inaplicable la solicitud del abogado conforme a la línea aplicable jurisprudencial existe Sr. Juez, toda vez que no solo existe una resolución sino tres resoluciones que se encuentran en apelación y la misma son de cesación a la detención preventiva empedrado por el accionante, es cuanto tengo a bien pedir la complementación y la consideración de estos extremos toda vez que la suscrita en el momento no cuenta con los antecedentes sin embrago por secretaria se puede remitir los oficios correspondientes de la recepción del tribunal de alzada” (sic [fs. 14 vta.]). Rosmery Mamani Morales, Secretaria del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, en audiencia de la acción de libertad, manifestó lo siguiente: 1) Recientemente fue notificada con la presente acción tutelar; sin embargo, refirió que la Jueza ahora demandada goza de permiso de presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; toda vez que, se encuentra en duelo familiar por el fallecimiento de su padre, por tal motivo no está presente en audiencia; 2) La autoridad judicial no tiene conocimiento de la presente acción de libertad, ya que se dirigió con destino hasta el “…departamento de Cochabamba y tampoco tuvo la posibilidad de hacer su informe correspondiente a la presente acción de libertad” (sic); y, 3) No se establece cuál es la omisión en la que habría incurrido, que vulnere garantías constitucionales y mucho menos que esté vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, su persona no es quien determina la situación jurídica de la procesada -ahora accionante-, ya que cumplió con lo previsto en la ley en cuanto a sus facultades, por lo que solicita se considere dichos extremos.
El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, a través de la Resolución 509/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 12 a 15, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad judicial ahora demandada en futuras actuaciones debe dar estricto cumplimiento a lo previsto por el art. 203 de la CPE y aplicar la línea jurisprudencial de la SCP “0702/2020-S3 de fecha 3 de noviembre”, con relación al peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP; y, denegó la tutela con relación al art. 235.2 del CPP y la Secretaria ahora demandada, ya que no se realizó fundamentación alguna y no se encontró acto u omisión que pueda ser reclamado a través de la presente acción tutelar; todo ello, con base al siguiente fundamento: La SCP “702/2020-S3” reafirma que para el riesgo de fuga establecido por el art. 234.7 del CPP, se debe valorar si la persona imputada representa un peligro efectivo para la sociedad o el denunciante, peligro que debe ser acreditado mediante elementos materiales demostrables y no en base a subjetividad que pueda vulnerar el principio de presunción de inocencia, vale decir, que los sujetos procesales deben establecer este riesgo procesal en base al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y en el caso que la parte imputada no presente dicha documentación, debe tenerse en cuenta si la misma tiene sentencia condenatoria ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, para poder establecer si la misma es un peligro para la sociedad. En la vía de aclaración, enmienda o complementación, la accionante a través de su abogado pidió que, al haberse otorgado la tutela solicitada por la vulneración flagrante y desconocimiento de la línea jurisprudencial, ya que existen actos pendientes de solicitudes de cesación a la detención preventiva y que las mismas no fueron señaladas, en el plazo establecido por la Ley 1173, de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, la Jueza ahora demandada convoque a una audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, siendo que se habría solicitado en dos oportunidades y no se dio curso a las mismas, solicitud realizada a efectos de no quebrantar los arts. 23, 115 y 117 de la CPE. Ante lo cual, el Juez de garantías declaró no ha lugar a la complementación y enmienda solicitada por la parte impetrante de tutela; señalando que la resolución emitida fue clara en los extremos vertidos.
De la revisión del expediente constitucional, no se advierte que exista documental que curse en el mismo, tampoco se remitió antecedentes ante el Juez de garantías constitucionales, como se verifica en el acta de audiencia de 3 de octubre de 2022 cursante de fs. 9 a 11.
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 y 33 inc. m) de la Ley 1008, la Jueza ahora demandada mediante Auto Interlocutorio de 5 de septiembre de 2022, consideró su solicitud de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.1 del CPP; sin embargo, dicha resolución fue emitida en contravención de la jurisprudencia constitucional vinculante, respecto a la valoración del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, previsto por el art. 234.7 del referido código y la omisión de aplicación de los principios de presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad y enfoque de género, en relación al peligro de obstaculización dispuesto por el art. 235.2 del mismo Código adjetivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, asumió el siguiente razonamiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora 1El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:
Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.
3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 y 33 inc. m) de la Ley 1008, la Jueza ahora demandada mediante Auto Interlocutorio de 5 de septiembre de 2022, consideró su solicitud de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.1 del CPP; sin embargo, dicha resolución fue emitida en contravención de la jurisprudencia constitucional vinculante, respecto a la valoración del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, previsto por el art. 234.7 del referido código y la omisión de aplicación de los principios de presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad y enfoque de género, en relación al peligro de obstaculización dispuesto por el art. 235.2 del mismo Código adjetivo.
Con carácter previo, corresponde precisar que, si bien se interpuso la presente acción tutelar contra la Jueza y la Secretaria, ambas del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, se tiene que esta última asistió a la audiencia tutelar de 3 de octubre de 2022; en dicha oportunidad, informó que la Jueza ahora demandada se encontraba con permiso -de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz- por duelo familiar, y que por dicho motivo no presentó informe alguno sobre los hechos denunciados en esta acción tutelar; sin embargo, después de emitida la resolución del Juez de garantías y presentada la solicitud de aclaración, enmienda o complementación, por parte del abogado de la ahora accionante, la referida Jueza ahora demandada -presente en audiencia tutelar-, solicitó la palabra y señaló que: “…informar a su autoridad que la resolución motivo de la acción esta en apelación y no tenemos la resulta del Tribunal de Alzada (…) no solo existe una resolución sino tres resoluciones que se encuentran en apelación y la misma son de cesación a la detención preventiva empedrad por el accionante (…) por secretaria se puede remitir los oficios correspondientes de la recepción del tribunal de alzada” (sic [fs. 14 vta.]). En ese contexto, se advierte que no se remitieron los antecedentes necesarios que permitan, tanto al Juez de garantías como a este Tribunal Constitucional Plurinacional, contar con los elementos suficientes para tener certeza sobre los antecedentes y efectuar un análisis de los datos del proceso, así como la supuesta vulneración alegada; ello, en observancia del principio procesal de motivación previsto por el art. 3.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en virtud del cual, la jurisdicción constitucional está obligada a fundamentar y argumentar los fallos de forma jurídicamente razonable. No obstante, en aplicación de los principios de celeridad, no formalismo y verdad material, la resolución de la presente acción tutelar se sustentará en las afirmaciones realizadas por las partes procesales. En ese entendido, se tiene que ante la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por la ahora accionante ante la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz -ahora demandada-, la misma fue resuelta por Auto Interlocutorio de 5 de septiembre de 2022. Asimismo, de acuerdo al informe de la autoridad judicial ahora demandada, se tiene que dicho Auto Interlocutorio fue objeto de recurso de apelación incidental conforme el art. 251 de l CPP, y a la fecha de interposición de esta acción de libertad, como de forma posterior a la celebración de la audiencia de acción tutelar, no se tenía la resolución del Tribunal de alzada correspondiente. Lo anterior, implica que se activó en forma simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, razón por la cual, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad no procede cuando se activan ambas vías paralelamente, ya que ello genera una disfunción procesal al crear dos cauces distintos para el tratamiento del mismo conflicto; es decir, la activación simultánea de la acción de libertad y de un recurso o medio ordinario, incluso cuando este último no sea el más idóneo, eficaz o inmediato resulta incompatible con el orden jurídico, ello debido a que la parte recurrente, ahora accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación y que en el caso concreto inviabiliza la presente acción tutelar, pues al haberse activado en forma simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas en la presente acción de libertad, se creó una disfunción procesal contraria al orden jurídico. En esa línea, se constata que la ahora accionante activó un recurso de apelación incidental, y estando en trámite ante la jurisdicción ordinaria, de manera paralela también activó la jurisdicción constitucional, lo cual impide a esta última ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, además, según el informe emitido por la Jueza ahora demandada, el referido recurso de apelación fue debidamente remitido al Tribunal de alzada competente; en consecuencia, corresponde a los Vocales de dicha instancia judicial pronunciarse respecto a las denuncias formuladas contra el Auto Interlocutorio de 5 de septiembre de 2022, no correspondiendo dicha tarea -se reitera- a la justicia constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 509/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 12 a 15, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0224_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4b0af32752a9569f93da481352fa6e09344cc0b6501446f1dfd5727b7cbe5f24
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