Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 11 de junio de 2024
Concede la tutela
El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la igualdad, debido proceso, libertad y celeridad; toda vez que, la Jueza y Secretaria ahora demandadas incurrieron en dilación, por cuanto habiéndose formulado incidente de detención domiciliaria en ejecución de sentencia el 24 de marzo de 2022, hasta la interposición de la presente acción de defensa ‒17 de junio de igual año‒ no se hubiese pronunciado Resolución alguna, a pesar de que la misma fue insistida a través de varios memoriales alegando que su solicitud la formuló con el fundamento de la edad que tiene ‒mayor a sesenta años‒. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 006/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 145 a 148, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en la modalidad de pronto despacho.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0224/2024-S4 Sucre, 11 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48453-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 006/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 145 a 148, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Beatriz Zeballos Delgadillo en representación sin mandato de Julio Quispe contra Giovana Torrico Díaz, Jueza; y, Alicia Keila Escobar Quintela, Secretaria, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 17 de junio de 2022, cursante de fs. 1; y, 48 a 50 vta., el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, refirió lo siguiente:
Concluido el proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de abuso sexual, fue sentenciado a pena privativa de libertad de diez años; condena que hasta el 26 de abril de 2022 fue cumplida parcialmente, ya que hasta esa data su permanencia ‒se comprende en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba‒ fue de cuatro años y veinticuatro días; es decir, que cumplió las dos quintas partes de su condena. Adujo también que el 24 de marzo de 2022 interpuso el incidente de detención domiciliaria y que a la fecha ‒17 de junio de igual año‒ no fue resuelto; es decir, no fue admitido ni desestimado, para continuar con el trámite y cumplir demás formalidades; sin embargo, a través de proveído de 29 de marzo de 2022 la autoridad judicial estableció lo siguiente: “con carácter previo cumpla con lo dispuesto por el artículo 196 de la LEPS y lo dispuesto por el artículo 93 de la LEPS. Asi mismo adjunto documentación actualizada como el certificado de nacimiento el mismo data de julio de 2021 y el certificado médico actual del cirujano oftalmológico y demás documentación…” (sic) nótese que el art. 93 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) (enfermedades graves y contagiosas) no es aplicable al caso de autos y que el decreto fue emitido cinco días después de formulada la solicitud. Ante dicha situación, por memorial presentado el 5 de abril de dicho año, impetró la emisión de la Resolución de detención domiciliaria, de igual forma, puso en conocimiento la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, explicando que se establecieron tres supuestos de procedencia para la concesión de detención domiciliaria, siendo los siguientes: a) Por la edad, mayores de sesenta años; b) Mujeres embarazadas; y, c) Los condenados con enfermedad incurable en periodo terminal. Alegó, que formuló su solicitud con base en el primer supuesto de procedencia; sin embargo, mediante decreto de 8 de abril de 2022, la autoridad jurisdiccional ahora demandada refirió nuevamente: “con carácter previo cumpla con el decreto de fecha 29 de marzo de año…” (sic) y recién estableció que se realice el cómputo de la pena, cuando debió disponer que se efectúe el mismo en primera instancia a efectos de determinar si se cumplió con las dos quintas partes de la condena para admitir el beneficio. El cómputo de 26 de abril de 2022, determinó que se cumplió con las dos quintas partes de la pena, ya que tuvo una permanencia de cuatro años y veinticuatro días ‒se comprende en el Centro Penitenciario‒; por lo que, correspondía la admisión del beneficio y se proceda con el trámite de la detención domiciliaria; empero, al no haberse realizado, el 5 de “abril” de 2022 ‒lo correcto es mayo‒ presentó memorial con la suma “ACLARA Y REITERA POR SEGUNDA VEZ EMITA RESOLUCIÓN DE DETENCIÓN DOMICILIARIA” y aclaró nuevamente que la solicitud fue realizada por la condición de la edad y no así por enfermedad; además recordó a la autoridad hoy demandada, el tiempo que le otorga la ley para que emita la Resolución concediendo o negando la detención domiciliaria; no obstante, obtuvo un decreto emitido por la Secretaria del Juzgado en el que refirió “…debe también dar cumplimiento a la presentación de certificado médico actual del cirujano oftalmológico y la clasificación del sistema progresivo…” (sic), ocasión en la que nuevamente se observó la salud, a pesar de que la solicitud interpuesta fue por la edad y no por salud; por otra parte, respecto a la clasificación, adujo que ese aspecto le corresponde al Régimen Penitenciario. Al haberse cumplido con las dos quintas partes de su pena, la autoridad demandada debió admitir el incidente de detención domiciliaria y continuar con el trámite correspondiente; sin embargo, la Jueza y Secretaria hoy demandadas, dilataron innecesariamente la resolución de la solicitud planteada. Reiteró que su pretensión fue interpuesta por el primer presupuesto de procedencia de la detención domiciliaria, previsto en la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo.
El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la igualdad, debido proceso, libertad y celeridad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que en el plazo de veinticuatro horas emitan Resolución de detención domiciliaria, enmarcada dentro de lo razonado en la SCP de Avocación 0001/2022, en su primer presupuesto por cuestiones de edad, mayor de sesenta años.
Celebrada la audiencia pública el 18 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 143 a 144, presente la parte impetrante de tutela, el representante del Ministerio Público y ausente las demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
La parte solicitante de tutela, reiteró el tenor de su demanda de acción de libertad.
Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, mediante escrito presentado el 18 de junio de 2022, de manera digital, cursante de fs. 138 a 140, expresó lo siguiente: 1) Revisado los antecedentes, desde la Sentencia hasta el memorial donde solicita la detención domiciliaria y considerando el delito por el que fue sentenciado, se determinó que la parte interesada presente: certificado de nacimiento; que por Secretaría de ese Juzgado se realice el cómputo de la pena; y, se acompañe una certificación actualizada del estado de salud del sentenciado, específicamente, certificado actual del Médico Cirujano Oftalmólogo, ya que la petición formulada se basó en el estado de salud y la edad del sentenciado; aspecto que en ningún momento se dejó de lado como indica el accionante; es más, se dio cumplimiento con las dos primeras, empero, hasta la fecha no se actualizó la certificación sobre el estado de salud. Los siguientes memoriales, reiteraron la solicitud indicando la edad y estado de salud del mismo; por lo que, se determinó se dé cumplimiento y acompañe esos requisitos; 2) La abogada defensora y personal asistente de la misma, acudieron en reiteradas ocasiones al Juzgado de Ejecución Penal Tercero del citado departamento con la finalidad de consultar sobre el estado del proceso y se les indicó el estado del mismo, incluso se les dijo la documentación que debían presentar a efectos de su pretensión; sin embargo, a pesar de haber manifestado que comprendieron, ahora tienen otro criterio. De lo anterior se advierte que la defensa le causó perjuicio al impetrante de tutela; 3) Si bien es cierto que se garantiza una justicia sin dilaciones, no es menos cierto y evidente que la acción de defensa no se activa de manera inmediata, siendo obligación de los Tribunales de garantías analizar los factores que incidieron en la demora si es que la misma existe; 4) El presente caso no puede tildarse la demora como indebida o que sea una actitud negligente porque durante la tramitación de su petición de detención domiciliaria no dio cumplimiento a las observaciones respecto a la documentación que se le exigió conforme a las previsiones de los arts. 93 y 196 de la LEPS, no habiendo dado cumplimiento a las observaciones efectuadas a fin de que una vez cumplidas las mismas pueda considerarse la solicitud de detención domiciliaria que pretende; y, 5) El accionante no recurrió al recurso de reposición; es decir, que no agotó la subsidiariedad ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba, sino por el contrario, acudió directamente a la vía constitucional sin agotar la instancia ordinaria, más aun considerando que debe aplicarse la perspectiva de género. Por lo que impetró se deniegue la tutela solicitada. Alicia Keila Escobar Quintela, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba, a través del memorial presentado el 18 de junio de 2022, de forma virtual, cursante de fs. 141 a 142, refirió lo siguiente: i) En su condición de Secretaria, únicamente recordó al accionante qué requisitos más debía cumplir de acuerdo al decreto emitido por la Jueza del despacho, ya que en sus escritos hizo referencia a su estado de salud; empero, en la presente acción de libertad indicó que su pretensión de detención domiciliaria versó por su edad; ii) Su defensa fue la que le causó el perjuicio, puesto que a pesar de acudir en reiteradas ocasiones al despacho y habérseles explicado los requisitos que debían presentar y no habiendo cumplido con los mismos, la parte solicitante de tutela generó esa situación; y, iii) Ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, impetró la denegatoria de tutela.
Limber Gregorio Claure Sandoval, en representación del Ministerio Público, en audiencia manifestó que debe considerarse la sobrecarga laboral de la Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, habida cuenta de la cesación de los otros dos Jueces de Ejecución Penal de dicho departamento; además, que en el presente caso no se habría agotado la excepcionalidad de la subsidiariedad, ya que no se habría interpuesto el recurso de reposición contra la providencia que ordenó se cumplan las formalidades, que a criterio del impetrante de tutela no fuesen necesarias; por lo que, requirió se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 006/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 145 a 148, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: a) Revisado el cuaderno de control remitido por el referido Juzgado de Ejecución Penal, se conoce que el solicitante de tutela, a través de su defensa presentó memoriales que merecieron pronunciamiento de la autoridad hoy demandada con observaciones, las cuales fueron cumplidas por el accionante; es decir, que dichas determinaciones u observaciones merecieron impugnación por parte del demandante; b) Conforme las nuevas facultades previstas en el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres ‒Ley 1173 de 3 de mayo de 2019‒, las demandadas, se pronunciaron respecto de los escritos de “27” de marzo, “5 y 21 de abril”, todos de 2022; empero, la parte accionante en ningún momento impugnó las mismas para alguna corrección; y, c) Previo a la interposición de la presente acción de libertad, el impetrante de tutela debió haber recurrido a la excepcionalidad que la ley establece, ya que habiendo presentado memoriales y éstos merecieron respuesta por las demandadas; el solicitante de tutela debió activar el recurso de impugnación a fin de que la autoridad y servidora pública demandadas resuelvan su pedido y, en caso de negativa, recién activar la vía constitucional, aspecto que en el caso concreto no se realizó.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: II.1. Se tiene memorial presentado el 24 de marzo de 2022, por Julio Quispe ‒hoy accionante‒ ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba, por el que se conoce que el impetrante de tutela solicitó el beneficio de detención domiciliaria, previo cómputo de su condena y demás formalidades de ley; toda vez que, tiene cumplidas las dos quintas partes de la pena; además que el delito ‒abuso sexual‒ por el que fue condenado en procedimiento abreviado no es un delito sin derecho a indulto; demostró buena conducta y no tuvo faltas de ninguna naturaleza; además, que tiene más de sesenta años de edad; finalmente, refirió “a mayor abundamiento” que su salud visual fue deteriorándose. En el numeral 3 del Mas otrosí señaló que al tratarse de una persona mayor de sesenta años, no era necesario acreditar enfermedad terminal; empero, acompañaba documentación que acreditaba el deterioro de su salud visual (fs. 39 a 40). II.2. Se tiene el decreto de 29 de marzo de 2022, suscrito por Giovana Torrico Díaz, Jueza; y, Alicia Keila Escobar Quintela, Secretaria, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba ‒ahora demandadas‒, en el que se dispuso que con carácter previo esa parte cumpla con lo dispuesto por los arts. 93 y 196 de la LEPS. De igual forma, adjunte documentación actualizada del certificado de nacimiento ya que el mismo data de julio de 2021 y así como del certificado médico del Cirujano Oftalmológico y demás documentación respecto al estado de su salud (fs. 41). II.3. Del memorial presentado el 5 de abril de 2022, por el accionante, se advierte que reiteró la emisión de la Resolución de detención domiciliaria; señaló además que la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, en su acápite II.3.3. Sobre el beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia, estipuló que los presupuestos para acceder a dicho beneficio serían: “I) Los condenados que hubieran cumplido la edad de sesenta años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan indulto...”. Refirió también que el art. 111 del Reglamento ‒se comprende del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad‒ estableció que: “I. Recibida la solicitud, el Juez de Ejecución Penal, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictará Resolución concediendo o negando la detención domiciliaria”; en tal sentido, al tenerse cumplidos los requisitos determinados en el fallo constitucional precitado, y contar con una edad superior a los sesenta años, no haber sido condenado por un delito que no permita indulto; cumpliendo más de las dos quintas partes de la condena; corresponde la concesión del beneficio de detención domiciliaria. Además, protestó cumplir con lo que la Jueza de Ejecución disponga (fs. 42 y vta.). II.4. Se tiene proveído de 8 de abril de 2022, por el que se dispuso que con carácter previo ‒el impetrante de tutela‒ cumpla lo ordenado por el decreto de 29 de marzo de 2022, respecto al certificado de nacimiento, tomando en cuenta su solicitud conforme al primer párrafo del art. 196 de la LEPS. Determinó también que por Secretaría se efectúe el cómputo de la pena. Que la parte interesada proponga los garantes en caso de ser viable su solicitud. Se notifique al Consejo Penitenciario del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba mediante la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario, para que en el plazo de diez días de su notificación legal, remita a ese despacho judicial la clasificación en el sistema progresivo que corresponda al condenado; y, que con su resultado se procederá conforme a ley (fs. 44). II.5. Por memorial presentado el 5 de mayo de 2022, el impetrante de tutela aclaró y reiteró por segunda vez a la Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, emita la Resolución de detención domiciliaria, a cuyo fin, adjuntó certificación médica actualizada y aclaró que la solicitud formulada hace casi un mes se circunscribió a la edad del condenado y no así por situaciones de salud; sin embargo, si consideraba pertinente dicha situación, se sirva disponer la notificación al Régimen Penitenciario para que el médico realice la valoración médica de su persona y extienda la respectiva certificación. Finalmente, reiteró que el plazo para la emisión de la Resolución se encontraba abundantemente vencido (fs. 46).
II.6. Del proveído de 9 de mayo de 2022, la Secretaria hoy demandada, señaló que revisados los antecedentes, se tuvo por cumplido lo ordenado en cuanto a los garantes y el certificado de nacimiento; empero, con la finalidad de efectuar la solicitud también debía cumplir con la presentación del certificado médico actual del Cirujano Oftalmólogo y la clasificación del sistema progresivo, que la parte debe gestionar. Con su resultado se procederá al correspondiente señalamiento de audiencia para considerar su petición (fs. 47).
El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la igualdad, debido proceso, libertad y celeridad; toda vez que, la Jueza y Secretaria ahora demandadas incurrieron en dilación, por cuanto habiéndose formulado incidente de detención domiciliaria en ejecución de sentencia el 24 de marzo de 2022, hasta la interposición de la presente acción de defensa ‒17 de junio de igual año‒ no se hubiese pronunciado Resolución alguna, a pesar de que la misma fue insistida a través de varios memoriales alegando que su solicitud la formuló con el fundamento de la edad que tiene ‒mayor a sesenta años‒. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
En relación a la acción de libertad traslativa, la SCP 0990/2022-S4 de 8 de agosto, citando a la SCP 0908/2015-S3 de 17 de septiembre, determinó que: “‘El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos’ (SCP 0011/2014 de 3 de enero)”.
En cuanto al beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia, la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, estipuló: “Para poder comprender el indicado beneficio, es menester partir de las siguientes precisiones relativas a la pena y principalmente la finalidad que busca; así, según lo previsto por el art. 3 de la LEPS, con relación a la finalidad de la pena, a su letra estipula que: ʽLa pena tiene por finalidad, proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través de una cabal comprensión y respeto de la Leyʹ; a su vez, el art. 25 del Código Penal (CP), establece que: ʽLa sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especialʹ; así también, el art. 27 del referido el sustantivo penal, determina que: ʽSon penas privativas de libertad: 1) (Presidio).- El presidio se aplicará a los delitos que revistan mayor gravedad y tendrá duración de uno a treinta años. En los de concurso el máximo no podrá, en ningún caso, exceder de treinta años. 2) (Reclusión).- La reclusión se aplicará a los delitos de menor gravedad y su duración será de un mes a ocho años. 3) (Aplicación).- Tratándose de cualquiera de estas sanciones, el juez podrá aplicar una u otra en conformidad con el artículo treinta y sieteʹ. De la normativa desglosada supra; se concluye que, la pena tiene como finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través de una cabal compresión y respeto a la ley; bajo cuyo razonamiento, el constituyente ha previsto que en Bolivia: ʽLa máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indultoʹ (art. 118.II de la CPE), para aquellos delitos que revistan mayor gravedad; en cuyo entendimiento, tal penalidad se encuentra determinada en el sustantivo penal para delitos como ser: asesinato; feminicidio; parricidio; infanticidio; violación de infante, niña, niño o adolescente, entre otros. Ahora bien, en la máxima sanción penal prevista por el Estado boliviano, el término sin derecho a indulto, conlleva la imposibilidad de acceder a ciertos beneficios penitenciarios en ejecución de sentencia; aspecto fundamental, cuya distinción constituye punto de partida para el caso en análisis. En ese marco, corresponde ahora remitirnos a los presupuestos normativos para la aplicación de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia, que nos ocupa, en cuyo contexto; se tiene que, el art. 55 inc. 2) del CPP, señala que los Jueces de Ejecución Penal tienen la atribución de la sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución. Por su parte el art. 428 parte inicial, del mismo Código, de manera similar; estipula que, las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución. Asimismo, el art. 432 del adjetivo penal, determina que tanto la Fiscalía como el condenado podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena, añadiendo que, el incidente será resuelto por el juez de ejecución penal, en audiencia oral y pública, convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción, Resolución que podrá ser apelada ante la Corte Superior de Justicia –hoy Tribunal Departamental de Justicia–. Disposiciones normativas concordantes con el art. 19.1 de la LEPS, que de manera expresa; determina que, el Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y controlar, la Ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución. Ahora bien, con relación al incidente de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, el precitado cuerpo legal, estableció lo siguiente: ʽARTÍCULO 93º (Enfermedades Graves y Contagiosas).- Cuando el interno contraiga enfermedad grave y/o contagiosa o se le diagnostique enfermedad terminal, el Director del establecimiento, previo dictamen médico, autorizará su traslado a un Centro de Salud adecuado o en su caso solicitará al Juez de Ejecución su detención domiciliaria. ARTÍCULO 196º (Detención Domiciliaria).- Los condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan Indulto. Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en Detención Domiciliaria. ARTÍCULO 197º (Internas Embarazadas).- Las internas que se encuentren embarazadas de seis meses o más, podrán cumplir la condena impuesta en Detención Domiciliaria, hasta noventa días después del alumbramiento. ARTÍCULO 198º (Condiciones).- La Resolución que disponga el cumplimiento de la condena en Detención Domiciliaria, impondrá las reglas de comportamiento y supervisión correspondientes. El procedimiento para la autorización de la Detención Domiciliaria, se regirá por lo dispuesto en el artículo 167º de la presente Ley. ARTÍCULO 167º (Salidas Prolongadas).- Los condenados clasificados en el período de prueba, podrán solicitar al Juez su salida prolongada, por el plazo máximo de quince días, cumpliendo los siguientes requisitos: 1. No estar condenado por delito que no permita indulto; 2. Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena impuesta; 3. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y, 4. Ofrecer dos garantes de presentación. Las salidas prolongadas sólo podrán concederse una vez por añoʹ. Complementando las disposiciones anotadas supra, el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad –Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002–, sobre la detención domiciliaria en sus arts. 110, 113 y 114, establece que los mayores de sesenta años que no se hallen condenados por delito que no permite indulto, mujeres embarazadas, los que padezcan enfermedad incurable en periodo terminal y los enfermos de VIH y SIDA, podrán acogerse a la detención domiciliaria. Con relación a la enfermedad incurable, el precitado art. 113 del Reglamento indicado, señala que: ʽI. El interno que sufra una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir el resto de su condena en detención domiciliaria.
un lapso aproximado de doce (12) meses. A tal fin, se aplicarán los criterios generales vigentes en las distintas especialidades médicas.
Finalmente, sobre el procedimiento previsto para la otorgación de detención domiciliaria, el prenombrado Reglamento, determina en su art. 111, que: ʽI. Recibida la solicitud, el Juez de Ejecución Penal, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictará Resolución concediendo o negando la detención domiciliaria. II. En caso de concederla podrá imponer las restricciones y reglas de comportamiento que considere convenientes cuidando que las mismas no afecten la dignidad del interno ni desnaturalicen la finalidad de la detención domiciliaria. III. La negativa de la solicitud deberá ser fundamentada.
Ahora bien, conviene precisar inicialmente cuál la finalidad que persigue el beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia; a cuyo objeto, bajo el marco normativo desarrollado, se observa los siguientes presupuestos para acceder a este beneficio: i) Los condenados que hubieran cumplido la edad de sesenta años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan indulto. ii) Las internas que se encuentren embarazadas de seis meses o más, podrán cumplir la condena impuesta en Detención Domiciliaria, hasta noventa días después del alumbramiento. iii) Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en Detención Domiciliaria. Presupuestos que bajo una interpretación teleológica, persiguen: en el primero preponderando que a partir de los sesenta años se considera que una persona es adulta mayor, grupo vulnerable de protección constitucional reforzada, previendo para este grupo una vejez digna bajo la aplicación de este beneficio; sin embargo, para poder obtener dicho beneficio no deberá estar condenada por delitos que no admitan indulto, penalidad que como ya se señaló supra, significa que la pena fue por delitos de mayor gravedad que llevaron a la aplicación de la máxima sanción penal nacional; para el segundo, al igual que el primero, se trata de grupos vulnerables, referidos a las mujeres en estado de gestación, observando que es el único presupuesto donde se estipula un lapso para la aplicación de la detención domiciliaria –hasta noventa días después del alumbramiento–, entendiendo en los dos restantes, que su aplicación es para el cumplimiento del resto de su condena; y, finalmente, el tercero vinculado a la dignidad de la persona, en el entendido de que se trata de un paciente diagnosticado con enfermedad en fase terminal; es decir, que cuenta con un corto pronóstico de vida. No obstante, la claridad del marco normativo previsto por el legislador respecto a los presupuestos y la aplicación del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, los administradores de justicia – Jueces de Ejecución Penal–, llegan en ocasiones a hacer un uso discrecional de dicho beneficio, ya sea de manera infundada o bajo un paraguas de interpretación diversa sobre los alcances de la protección del derecho a la vida y salud de los privados de libertad; generando de esta manera, una total inseguridad jurídica que entre otras, tiene como posible consecuencia la revictimización –en el entendido también de que el término víctima abarca de igual manera a la familia inmediata de la víctima directa del ilícito–, o la generación de nuevas víctimas, ocasionada por personas que habiendo sido condenadas a presidio y sin cumplir los presupuestos previstos por ley, se favorecen con el aludido beneficio en desmedro de la justicia boliviana; en virtud de lo cual, este Tribunal ha identificado aspectos puntuales que deben ser esclarecidos a fin de dar certidumbre jurídica al pueblo boliviano al respecto, velando siempre por el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales tanto de los condenados como de la sociedad civil en su conjunto. En ese contexto, para un adecuado análisis de la problemática que nos atañe, debemos partir de dos preceptos principales, que vienen a constituirse como la génesis del motivo de debate; así: a) Con relación a la aplicación e interpretación del art. 196 de la LEPS, cuyo contenido estipula que ʽLos condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan Indulto –y conforme al art. 167 de la LEPS–. Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en Detención Domiciliariaʹ; disposición que bajo una interpretación constitucional a través del criterio del tenor literal de la norma, se divide en dos supuestos establecidos para la concesión de dicho beneficio, el primero: Cumplir sesenta años durante la ejecución de la condena, exceptuando las y los reclusos que hubiesen sido condenados sin derecho a indulto; y, el segundo: Aquellos sentenciados que padezcan de una enfermedad incurable en periodo terminal…” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la igualdad, debido proceso, libertad y celeridad; toda vez que, la Jueza y Secretaria hoy demandadas incurrieron en dilación, por cuanto habiéndose formulado incidente de detención domiciliaria en ejecución de sentencia el 24 de marzo de 2022, hasta la interposición de la presente acción de defensa ‒17 de junio de igual año‒ no se hubiese pronunciado Resolución alguna, a pesar de que la misma fue insistida a través de varios memoriales alegando que su solicitud la formuló con el fundamento de la edad que tiene ‒mayor a sesenta años‒. Conforme los antecedentes que ilustran el expediente remitido en revisión, se tiene que Julio Quispe ‒ahora accionante‒, el 24 de marzo de 2022 mediante escrito presentado ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba, requirió el beneficio de detención domiciliaria, ya que tenía cumplidas las dos quintas partes de su condena; que el delito de abuso sexual por el que fue condenado en procedimiento abreviado no es un delito sin derecho a indulto; que demostró buena conducta y no tuvo faltas de ninguna naturaleza; además, que tiene más de sesenta años de edad; finalmente, alegó que su salud visual fue deteriorándose (Conclusión II.1.). El memorial precitado, mereció pronunciamiento de la autoridad demandada Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba, que dispuso que con carácter previo se cumpla con lo dispuesto por los arts. 93 y 196 LEPS y que adjunte certificado de nacimiento actualizado, por cuanto el que presentó correspondía al mes de julio de 2021; de la misma manera, debía presentar documentación actualizada del certificado médico del Cirujano Oftalmológico y demás documentación referida al estado de su salud (Conclusión II.2.). Por otra parte, el impetrante de tutela, a través de escrito presentado el 5 de abril de 2022, reiteró a la autoridad demandada la emisión de la Resolución de detención domiciliaria, manifestando que la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, en el apartado II.3.3. Sobre el beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia, describió los presupuestos para acceder a dicho beneficio, entre los cuales estuvo el siguiente: “I) Los condenados que hubieran cumplido la edad de sesenta años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en detención domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan indulto...”. Adujo también que el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad en su art. 111, prevé que: “I. Recibida la solicitud, el Juez de Ejecución Penal, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictará Resolución concediendo o negando la detención domiciliaria”; consecuentemente, habiendo cumplido las exigencias descritas en la Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación precitada, contar con una edad superior a sesenta años, además de no haber sido condenado por un delito que no permita indulto y, tener cumplida más de las dos quintas partes de la condena; correspondía en consecuencia, la concesión del beneficio de detención domiciliaria (Conclusión II.3.). El memorial citado precedentemente ameritó la providencia de 8 de abril de 2022, por el que la autoridad ahora recurrida dispuso que con carácter previo ‒el accionante‒ cumpla lo ordenado en el decreto de 29 de marzo del mismo año, respecto al certificado de nacimiento, considerando que su solicitud estuvo acorde al primer párrafo del art. 196 de la LEPS. De igual forma, estableció que por Secretaría se efectúe el cómputo de la pena y, que el impetrante de tutela proponga los garantes en caso de ser viable su solicitud. Además, que se notifique al Consejo Penitenciario del Centro Penitenciario El Abra a través de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario, para que en el plazo de diez días de su notificación legal, remita la clasificación en el sistema progresivo que corresponda al condenado; y, que con su resultado se procederá conforme a ley (Conclusión II.4.). Por otra parte, el hoy impetrante de tutela mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2022, dirigiéndose a la Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, aclaró y reiteró por segunda vez, el pronunciamiento respecto a la detención domiciliaria impetrada; consiguientemente, adjuntó certificación médica actualizada y aclaró que la solicitud interpuesta hace casi un mes se circunscribió a la edad que tiene y no así por situaciones de salud; a pesar ello, si consideraba necesaria esa situación, disponga la notificación al médico del Régimen Penitenciario para que efectúe la valoración médica de su persona y extienda la certificación correspondiente. Finalmente, enfatizó que el plazo para el pronunciamiento de la Resolución se encontraba vencido (Conclusión II.5.). La Secretaria ahora demandada, mediante decreto de 9 de mayo de 2022, señaló que revisados los antecedentes, se tenía por cumplidos los requisitos en cuanto a los garantes y el certificado de nacimiento; sin embargo, también debía cumplir con la presentación del certificado médico actual del Cirujano Oftalmólogo y la clasificación del sistema progresivo, a efectos de efectuar la solicitud formulada; y, que con su resultado se señalaría audiencia para considerar su petición (Conclusión II.6.). Por otra parte, la Jueza demandada en la presente acción tutelar, refirió que revisados los antecedentes desde la Sentencia hasta el memorial de solicitud de detención domiciliaria y considerando el delito por el que fue sentenciado, se determinó que la parte interesada presente: certificado de nacimiento; que por Secretaría de ese Juzgado se realice el cómputo de la pena; y, se acompañe una certificación actualizada del estado de salud del sentenciado, específicamente, certificado actual del Médico Cirujano Oftalmólogo, ya que la solicitud se basó en el estado de salud y la edad del sentenciado; aspecto que en ningún momento se dejó de lado como indica el accionante; es más, se dio cumplimiento con las dos primeras; empero, hasta la fecha no se actualizó la certificación sobre el estado de salud. Los siguientes memoriales, reiteraron la solicitud indicando la edad y estado de salud del mismo; por lo que, se determinó se dé cumplimiento y acompañe esos requisitos. En el caso de autos no puede alegarse demora indebida o que haya existido una actitud negligente, ya que, durante la tramitación de su solicitud de detención domiciliaria, el impetrante de tutela no dio cumplimiento a las observaciones relativas a la documentación exigida al amparo de los arts. 93 y 196 de la LEPS. Asimismo, el accionante no recurrió al recurso de reposición; es decir, que no agotó la subsidiariedad, por el contrario, acudió directamente a la vía constitucional sin agotar la instancia ordinaria, más aun considerando que debe aplicarse la perspectiva de género. Por lo que, impetró se deniegue la tutela solicitada. A su turno, Alicia Keila Escobar Quintela, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba, en esta acción de defensa, refirió que en su condición de personal de apoyo jurisdiccional, recordó al solicitante de tutela los requisitos que debía cumplir de acuerdo a lo dispuesto por la Jueza del despacho, ya que en sus memoriales hizo referencia al estado de salud que estaba atravesando; sin embargo, en la presente acción tutelar adujo que su pretensión versó sobre su edad; quien realmente le causó perjuicio, fue su defensa, toda vez que, a pesar de haber acudido reiteradamente al despacho judicial y haberles explicado los requisitos que debían presentar no cumplieron con los mismos; por lo que, al no evidenciarse la vulneración de derechos fundamentales, solicitó la denegatoria de tutela. En ese contexto y, acorde a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, está encargada de tutelar el derecho a la libertad cuando es lesionado por las dilaciones que pudieran presentarse en el curso del proceso e impidieran resolver la situación jurídica del privado de libertad, buscando esencialmente acelerar esos trámites o peticiones, en el caso de autos se advierte que la autoridad demandada incurrió en incumplimiento de normas procesales en materia penal y consiguiente demora indebida y lesión al derecho a la libertad del impetrante de tutela. Analizados los antecedentes del caso en particular, se advierte que la Jueza demandada, al momento de conocer la solicitud de detención domiciliaria formulada por el accionante, debió imprimir la celeridad que el trámite requería a efectos de emitir Resolución en cuanto al beneficio solicitado, habida cuenta que el requirente es una persona de la tercera edad; es decir, mayor de sesenta años; por tanto, perteneciente a un grupo vulnerable de la sociedad; sin embargo, habiendo sido presentada la solicitud el 24 de marzo de 2022, el decreto lo emitió recién el 29 del mismo mes y año; es decir, que se pronunció al quinto día, aspecto no se encuentra acorde a lo dispuesto por la normativa vigente, ya que las providencias de mero trámite deben ser emitidas dentro de las veinticuatro horas desde su conocimiento; aspecto que fue omitido por dicha autoridad. Similar proceder ocurrió con el segundo memorial presentado por el solicitante de tutela, ya que habiéndolo presentado el 5 de abril de 2022; el decreto fue pronunciado el 8 del mismo mes y año, en el que se señaló que el impetrante cumpla con lo dispuesto en el decreto de 29 de marzo de igual año, respecto al certificado de nacimiento ya que su solicitud se enmarcaba en primer párrafo del art. 196 de la LEPS. Finalmente, el impetrante de tutela, mediante memorial de 5 de mayo de 2022 nuevamente requirió a la Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba que resuelva la solicitud formulada; empero, su memorial fue decretado por la Secretaria hoy demandada de dicho Juzgado el 9 del mismo mes y año, oportunidad en la que señaló que se tenía por presentado el certificado de nacimiento, así como los garantes; empero, debía presentar la documentación referida al estado de su salud y que con ello, se señalaría audiencia; en ese contexto y compulsados los antecedentes, se advierte que, la solicitud de detención domiciliaria fue presentada por la parte solicitante de tutela el 24 de marzo de 2022 y hasta la interposición de la presente acción de libertad 17 de junio de 2022, no se emitió Resolución alguna respecto al beneficio requerido, lo que significa que se sometió al impetrante de tutela a una demora indebida, inobservando la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que ha sido firme y contundente en establecer que toda petición referida a la situación jurídica de un privado de libertad merece atención preferente e inmediata, más aún, cuando en el decreto de 8 de abril de 2022, las demandadas, reconocieron que la solicitud del requirente se basaba en la edad que tenía; empero, al insistir que se presente documentación referida a su estado de salud, generaron una dilación innecesaria ya que en ese momento contaban con el documento idóneo para corroborar la edad que tenía el condenado ‒ahora accionante‒ a tiempo de formular su pretensión.
En cuyo marco, es menester considerar lo expresado en la SCP de Avocación 0001/2022, que en su apartado II.3.6. describió los precedentes en vigor emergentes de dicha avocación, señalando en lo principal lo siguiente: “…a partir de los sesenta años se considera que una persona es adulta mayor, grupo vulnerable de protección constitucional reforzada, contemplando para este grupo una vejez digna bajo la aplicación de este beneficio; sin embargo, para poder obtener dicho beneficio no deberá estar condenada por delitos que no admitan indulto, penalidad que como ya se señaló, significa que la pena fue por delitos de mayor gravedad que llevaron a la aplicación de la máxima sanción penal prevista por el Estado boliviano; en el segundo, al igual que el primero; en virtud a que, se trata de grupos vulnerables; ya que, son mujeres en estado de gestación, observando que es el único presupuesto donde se estipula un lapso para la aplicación de la detención domiciliaria, concluyendo para los dos restantes que su aplicación es para el cumplimiento del resto de su condena; y, finalmente, en el tercero priorizando la dignidad de la persona, en el entendido de que se trata de un paciente diagnosticado con enfermedad en fase terminal, es decir, que cuenta con un corto pronóstico de vida; en virtud de lo cual, esta medida busca que en dicho lapso el condenado con diagnóstico terminal se encuentre en un ambiente domiciliario y no en presidio; ello, por razones humanitarias, preponderando como se dijo, su dignidad como persona…” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original). Por lo que en aplicación del citado precedente, al dilatar innecesaria e indebidamente la consideración de la solicitud impetrada, vulneraron el derecho a la libertad de Julio Quispe en vinculación con el principio de celeridad. Finalmente, es menester aclarar que el presente fallo constitucional, se limita únicamente a realizar un análisis respecto a la demora en la emisión de la Resolución en cuanto a la solicitud de detención domiciliaria impetrada por el hoy accionante; consecuentemente, en el marco de la independencia y el respeto a las atribuciones propias de las autoridades competentes por ley, corresponde a la autoridad jurisdiccional manifestarse y resolver la petición del requirente conforme a derecho, considerando el resguardo que debe otorgarse a la víctima del delito por el que fue sentenciado el solicitante de tutela, habida cuenta que dicho ilícito se encuentra dentro del catálogo de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia ‒Ley 348 de 9 de marzo de 2013‒ cuya normativa, en similar sentido que la jurisprudencia emitida por este Tribunal disponen una protección reforzada a las víctimas de tales ilícitos (SCP 0116/2021-S4 de 11 de mayo y además de la SCP de Avocación 0001/2022).
Para concluir, con relación a la supuesta lesión de los derechos a la igualdad y debido proceso, el accionante a más de enunciarlos, no fundamentó de qué manera las ahora demandadas hubiesen transgredido los mismos; motivo por el cual, no corresponde emitir mayores consideraciones al respecto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 006/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 145 a 148, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en la modalidad de pronto despacho. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0224_2024-S4.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): d92efebe18ac6afbbdf9d19ffc899a775b6f645e1f1c715b85af0ec5d168570e
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