B.IA.LEGAL

SCP 0223/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50923-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna y al debido proceso; toda vez que, las autoridades ahora demandadas omitieron dar cumplimiento a las órdenes emitidas por el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante decretos de 8 de junio y 19 de julio, ambos de 2022, por los que se solicitaban informes necesarios para tramitar su libertad definitiva por cumplimiento de condena. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 10/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 26 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:

a) En relación al Director Departamental de Régimen Penitenciario del departamento de La Paz, emita el correspondiente informe, sobre las razones por las que se ejecutó el mandamiento de libertad a favor de Brayan Gabriel Coronel Durán -peticionante de tutela-, tomando en cuenta que, conforme a antecedentes, se encontraba pendiente la ejecución de un mandamiento de cumplimiento de condena; y, b) Sobre el Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro de La Paz, a objeto que emita un pronunciamiento expreso sobre la situación planteada precedentemente, salvo que en ambas situaciones por el transcurso de tiempo ya se hubier a dado cumplimiento al decreto de 8 de junio de 2022.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0223/2025-S1 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50923-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 26 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Mario Laime Flores en representación sin mandato de Brayan Gabriel Coronel Durán contra Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental del Régimen Penitenciario; y, David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 9 a 11 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante Sentencia 82/2019 de 6 de febrero, emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, fue condenado a cumplir una pena privativa de libertad de tres años. Señala que comenzó a cumplir su condena en el Centro de Rehabilitación "Qalauma" de Viacha, y posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Precisa que su detención se produjo el 25 de septiembre de 2018, motivo por el cual, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, ya habría cumplido la totalidad de la pena impuesta en su contra.

En ese contexto, refiere que el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, encargado de la ejecución de la sentencia, mediante decreto de 8 de junio de 2022 -emitido por el Juez de Sentencia Penal Tercero en suplencia legal del titular del mencionado despacho judicial-, dispuso que el Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro, informe sobre la existencia de un supuesto mandamiento de libertad definitiva, que aparece consignado en su certificado de permanencia y conducta, y que presuntamente habría sido emitido por el juez Rafael Alcón Aliaga. Sin embargo, señala que en el cuaderno de control jurisdiccional no constaba ninguna disposición oficial al respecto y que dicha solicitud fue presentada el 22 de junio de ese año; además, ante la falta de respuesta, el 19 de julio del mismo año, se reiteró el requerimiento mediante nuevo oficio, sin que hasta ese momento, las autoridades penitenciarias hayan cumplido con el informe solicitado por la autoridad judicial. Como consecuencia de esta omisión, sostiene que no pudo pedir formalmente su libertad definitiva por cumplimiento de condena, ya que las autoridades ahora demandadas no dieron cumplimiento a la solicitud emitida por el juzgado competente. Esta inacción generó, según su denuncia, una dilación injustificada en el trámite correspondiente, afectando su derecho constitucional a la libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, considera lesionado sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna, y al debido proceso; citando al efecto, los arts. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DUDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que las autoridades ahora demandadas den cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, y aclaren la información consignada en el Certificado de Permanencia y Conducta, sea con las formalidades de ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 25 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó el contenido íntegro de la presente acción de libertad y ampliándolo, refirió que: a) A la fecha -se entiende 28 de septiembre de 2022-, ya cumplió la totalidad de su condena en el Centro Penitenciario de San Pedro; por lo que, se solicitó al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, la emisión de un mandamiento de libertad definitiva. Sin embargo, dicha autoridad judicial indicó que previamente debía aclararse la información contenida en el certificado de permanencia y conducta presentada por su parte, donde figuraba un supuesto mandamiento de libertad definitiva, pese a que en el cuaderno de control jurisdiccional no existía constancia de tal disposición; y, b) El 19 de julio del indicado año, se reiteró la solicitud, pero las autoridades penitenciarias ahora demandadas, continuaron sin dar cumplimiento a lo requerido. La omisión de estos informes ha impedido que su persona, solicite formalmente su libertad, generando una dilación injustificada y afectando su derecho constitucional a la libertad. En uso de la réplica, el accionante a través de su representante sin mandato, argumentó que, si bien en el certificado de permanencia y conducta se establece la existencia de otro proceso penal por un delito similar, en el cuaderno jurisdiccional que se encuentra en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, no figura ningún mandamiento ni resolución de libertad definitiva a su favor, constituyéndose éste en el motivo por el cual la autoridad jurisdiccional ha solicitado aclaraciones al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, antes de emitir una determinación sobre su libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, no presentó informe escrito alguno y tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal citación cursante a fs. 16. David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro de La Paz, presentó informe oral en audiencia, señalando que: 1) Los certificados de permanencia y conducta, no son generados por ningún funcionario policial en ese Centro Penitenciario, sino por la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno. Esta entidad, a través de una personal civil, es responsable de emitir dichos documentos, además de manejar los archivos y registros de los privados de libertad; 2) Tras revisar el certificado de permanencia y conducta del ahora accionante, confirmó que en dicho documento se consigna un mandamiento de libertad definitiva, firmado por Rafael Alcón Aliaga, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mismo que fue recepcionado el 29 de noviembre de 2021. En dicho mandamiento se ordenaba registrar la libertad definitiva del ahora impetrante de tutela, siempre que no existieran otras causas pendientes en su contra; y, 3) Así también en su momento se verificó que en ese año, los responsables de control informaron que no se ejecutó la libertad del peticionante de tutela debido a la existencia de un proceso penal pendiente. En este contexto, se solicitó se deniegue la tutela impetrada por el accionante. El Asesor Jurídico del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz , señaló lo siguiente: i) La SCP “661/2022-S3”, establece que los directores de los establecimientos penitenciarios tienen el deber jurídico de cumplir con los mandamientos de libertad, pero también de verificar su autenticidad y de asegurarse que la persona beneficiada no tenga otros procesos pendientes; ii) El art. 23.6 de la CPE; 58 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) y el Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002, regulan el deber de la administración penitenciaria de tomar precauciones antes de ejecutar una orden de libertad. En el presente caso, explicó que el mandamiento de libertad definitiva, fechado el 29 de noviembre de 2021 y firmado por el juez Rafael Alcón Aliaga, fue registrado en el certificado de permanencia y conducta del accionante. Sin embargo, debido a que en ese momento existía un proceso penal pendiente, el mandamiento no fue ejecutado; y, iii) El Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro ahora demandado, solo cumplió con su deber de verificación, por lo que debe denegarse la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 26 a 30 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que dentro de las siguientes veinticuatro horas, el demandado Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, remita el informe solicitado por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del citado departamento, mediante decretos de 8 de junio y 19 de julio, ambos de 2022, sea bajo responsabilidad en caso de incumplimiento; y, denegó la tutela solicitada, en relación a David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro de La Paz, ya que este último habría cumplido con la remisión del informe; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedentes se tiene que el Director del Establecimiento Penitenciario ahora demandado, remitió información ante el citado Juez de Ejecución Penal el 6 de junio del indicado año, pero ésta no se encontraba en el cuaderno de control jurisdiccional. El Director Departamental de Régimen Penitenciario, por su parte, no cumplió con el requerimiento judicial, lo que motivó la reiteración de la orden mediante decreto de 19 de julio del referido año. A la fecha -se entiende de celebración de la audiencia de consideración de esta acción tutelar-, esta última autoridad sigue sin remitir la información solicitada, lo que constituye una vulneración al derecho de acceso a la libertad del accionante y al principio de celeridad procesal, establecido en el art. 180.I de la CPE; b) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha enfatizado la importancia del principio de celeridad en la tramitación de causas penales cuando involucran a personas privadas de libertad, como lo establecen las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0645/2016-S2 de 18 de julio y 0518/2017-S2 de 5 de junio; c) Además, se reconoce el “habeas corpus” de pronto despacho, previsto en el art. 125 de la CPE y desarrollado en la SC 0234/2011-R de 16 de marzo, el cual busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando hay dilaciones indebidas que afectan el derecho a la libertad; y, d) En este caso, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del mencionado departamento, no puede pronunciarse sobre la situación jurídica del accionante debido a la falta de respuesta de la autoridad penitenciaria faltante, lo que ha prolongado su detención más allá del tiempo estipulado en la respectiva Sentencia, que ya fue cumplida en 2021. Ante esta omisión y la falta de comparecencia del Director Departamental de Régimen Penitenciario en la audiencia de la acción tutelar, efectivamente se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa certificación por orden judicial del Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital emitida por David Rodolfo Machicado Cuela, Director y Paola Andrea Aguilar Arancibia, Encargada de Archivo a.i. y Kardex, ambos del Establecimiento Penitenciario de San Pedro de La Paz, que señala: “…CORONEL DURAN BRAYAN GABRIEL ingresó a este Recinto Penitenciario en fecha 16 de abril de 2019, con Mandamiento de Detención Preventiva, expedido por la Dra. Claudia Castro Dorado, Juez del Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la Ciudad de La Paz, dentro del proceso seguido por el MINISTERIO PÚBLICO por el delito de ROBO AGRAVADO Cursa en su expediente Mandamiento de Condena de fecha 20 de noviembre de 2020 de TRES (3) AÑOS de presidio, expedido por la Dra. Nancy Flores Guzmán, Juez del Juzgado Segundo de Sentencia Penal de la Capital, dentro del proceso seguido por el MINISTERIO PÚBLICO por el delito de ROBO AGRAVADO. Cursa en su expediente Mandamiento de Cumplimiento de Condena de fecha 23 de noviembre de 2021, expedido por el Dr. Rafael Alcón Aliaga Del Juez Del Juzgado Primero De Ejecución Penal De La Capital, Juez Primero de Instrucción en lo Penal, dentro del proceso seguido por el MINISTERIO PÚBLICO por el delito de ROBO AGRAVADO. En fecha 29 de noviembre de 2021 salió de este Recinto Penitenciario, con Mandamiento de Libertad Definitiva, expedido por el Dr. Rafael Alcon Aliaga, Juez Primero de Instrucción de Familia, dentro del proceso seguido por el MINISTERIO PÚBLICO por el delito de ROBO AGRAVADO. Por consiguiente, su permanencia en este recinto penitenciario fue de DOS AÑOS, SIETE MESES Y TRECE DÍAS No presentó observaciones en su conducta…” (sic [fs. 21]). II.2. Consta decreto de 8 de junio de 2022, emitido por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del titular del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo se oficie al Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro, a efectos que, en el término de veinticuatro horas y bajo responsabilidad funcionaria, informe las razones que justifiquen la ejecución del mandamiento de libertad a favor de “…CORONEL DURAN BRAYAN GABRIEL…” (sic), en tanto persiste pendiente la ejecución de un mandamiento de cumplimiento de condena en su contra; asimismo, ordena se remita copia del referido decreto al Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz -ahora demandado-, con el fin que se pronuncie expresamente sobre la situación expuesta (fs. 3). II.3. Mediante nota de 14 de junio de 2022, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, puso en conocimiento del Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro el referido decreto de 8 del mismo mes y año, que fue recepcionado el 22 de igual mes y año, en Secretaría de dicha Centro (fs. 5). II.4. Por decreto de 19 de julio de 2022, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, ordenó que se reitere oficio al Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro, a efecto que se cumpla con el informe solicitado mediante decreto de 8 de junio de ese año, bajo responsabilidad funcionaria que le fue notificada el 11 de agosto del mismo año (fs. 6 a 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna y al debido proceso; toda vez que, las autoridades ahora demandadas omitieron dar cumplimiento a las órdenes emitidas por el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante decretos de 8 de junio y 19 de julio, ambos de 2022, por los que se solicitaban informes necesarios para tramitar su libertad definitiva por cumplimiento de condena. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril -entre otras- emitió el siguiente entendimiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado…”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, desarrolló el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna y al debido proceso; toda vez que, las autoridades ahora demandadas omitieron dar cumplimiento a las órdenes emitidas por el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante decretos de 8 de junio y 19 de julio, ambos de 2022, por los que se solicitaban informes necesarios para tramitar su libertad definitiva por cumplimiento de condena.

conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

A efectos de verificar la veracidad del agravio referido al presunto incumplimiento de los mencionados decretos, corresponde reconstruir cronológicamente los actos procesales vinculados al requerimiento emitido por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento, en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero, ambos de la Capital del departamento de La Paz, dirigido al Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro. Esta revisión permitirá establecer si dicho funcionario dio o no cumplimiento a la orden de informar sobre la ejecución del mandamiento de libertad a favor de Brayan Gabriel Coronel Durán, pese a la existencia de un mandamiento de cumplimiento de condena pendiente de ejecución. A tal efecto, consta certificación emitida por disposición del Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, suscrita por David Rodolfo Machicado Cuela -Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro de La Paz, ahora demandado- y Paola Andrea Aguilar Arancibia -Encargada de Archivo a.i. y Kardex del mismo Centro-, en la que se hace constar que Brayan Gabriel Coronel Durán ahora accionante, ingresó a dicho Centro Penitenciario el 16 de abril de 2019, en cumplimiento de un mandamiento de detención preventiva, expedido por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de robo agravado. Asimismo, en el expediente cursa Certificado por orden judicial que consigna el mandamiento de condena de 20 de noviembre de 2020, por el cual se impuso al privado de libertad la pena de tres (3) años de presidio, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, y el mandamiento de cumplimiento de condena de 23 de noviembre de 2021, evacuado por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del indicado departamento.

Finalmente, consta la salida del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, de Brayan Gabriel Coronel Durán -impetrante de tutela- el 29 de noviembre de 2021, en virtud del mandamiento de libertad definitivo, emitido por el mencionado Juez de Ejecución Penal, en el marco del mismo proceso, además que el referido interno -ahora accionante-, permaneció en dicho Centro por un periodo de dos años, siete meses y trece días, sin que se hayan registrado observaciones en su conducta (Conclusión II.1). A tal efecto, mediante decreto de 8 de junio de 2022, emitido por el Juez de Sentencia Penal Tercero, en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero, ambos de la Capital del departamento de La Paz, se dispuso oficiar al Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro ahora demandado, a efectos que, en el plazo de veinticuatro horas y bajo responsabilidad funcionaria, informe las razones por las que se ejecutó el mandamiento de libertad a favor de Brayan Gabriel Coronel Durán -peticionante de tutela-, tomando en cuenta que, conforme a antecedentes, se encontraba pendiente la ejecución de un mandamiento de cumplimiento de condena, esto con copia del referido decreto al Director Departamental de Régimen Penitenciario, a objeto que emita un pronunciamiento expreso sobre la situación planteada, orden judicial que fue puesta a conocimiento recién el 22 del referido mes y año, de la primera autoridad penitenciaria nombrada precedentemente (Conclusiones II.2 y II.3). Ante la inexistencia de respuesta formal al requerimiento judicial citado, nuevamente la autoridad jurisdiccional del caso, mediante decreto de 19 de julio de 2022, ordenó reiterar oficio al Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro ahora demandado, disponiendo se cumpla con el informe solicitado mediante decreto de 8 de junio de 2022, bajo responsabilidad funcionaria. Este decreto fue notificado el 11 de agosto de 2022 (Conclusiones II.4). Al respecto, corresponde efectuar ciertas precisiones normativas aplicables al caso en análisis, así se tiene que el art. 23.VI de la CPE, señala que: “Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad…”, de igual manera, el art. 58 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, señala que el Director del establecimiento penitenciario, será responsable de su manejo y funcionamiento, el cual tiene entre sus atribuciones, de acuerdo al art. 59 las siguientes “1. Controlar el efectivo cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas que dispongan sanciones privativas de libertad (…) 3. Elevar cada dos meses al Director Departamental, al Director General, al Juez de Ejecución Penal y al Defensor del Pueblo, informes estadísticos sobre la población penitenciaria a su cargo, detallando el número de internos, su situación jurídica, período de condena y tiempo de cumplimiento (…) 9. Mantener actualizado el registro penitenciario”; consiguientemente, de acuerdo a la citada normativa, son los directores de los centros penitenciarios que de acuerdo a sus atribuciones, tienen el deber de emitir no sólo el aludido informe de oficio, sino también las certificaciones de permanencia y conducta, cuando les son solicitadas; toda vez que, es el responsable del manejo y de los registros que existen en establecimiento penitenciario, bajo la responsabilidad penal y/o disciplinaria que corresponda; es decir, que es dicha autoridad penitenciaria, quien debe procurar por todo medio cumplir con la obligación que le impone la ley, máxime si con la extensión de dicha certificación, los privados de libertad pueden acceder a dicho derecho fundamental.

Ahora bien, de la cronología de los actos procesales referidos, se establece lo siguiente: Respecto al Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro, se constata que no dio cumplimiento al decreto judicial de 8 de junio de 2022, toda vez que, fue formalmente requerido para presentar un informe en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad funcionaria, orden judicial que fue puesta en su conocimiento el 22 de junio de 2022, sin que se evidencie respuesta o cumplimiento del mandato judicial dentro del plazo otorgado, ni en fecha posterior referida a la información sobre las razones por las que se ejecutó el mandamiento de libertad a favor del peticionante de tutela, tomando en cuenta que, conforme a antecedentes, se encontraba pendiente la ejecución de un mandamiento de cumplimiento de condena, ante dicha omisión fue necesaria la emisión de un nuevo decreto judicial el 19 de julio de igual año, reiterando el requerimiento inicial, lo cual evidencia la inacción del funcionario requerido frente a un mandato expreso de autoridad judicial competente. Bajo ese marco fáctico, el agravio vinculado al incumplimiento del decreto de 8 de junio de 2022, resulta ser cierto, en tanto se constata una omisión injustificada en el cumplimiento de una orden judicial expresa, la cual se mantuvo incluso luego que se reiterara el oficio mediante nuevo decreto judicial. En consecuencia, el agravio planteado en cuanto a la inobservancia reclamada resulta cierta, motivo por el cual se debe conceder la tutela respecto a este punto de agravio. En cuanto al Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, se advierte que también fue emplazado mediante decreto de 8 de junio de 2022, a objeto que emita un pronunciamiento expreso respecto a la situación planteada sobre la ejecución del mandamiento de libertad del ahora accionante; sin embargo, tampoco se evidencia que dicha autoridad haya dado cumplimiento a esa orden judicial ni haya justificado su inacción; por otro lado, se debe considerar que la mencionada autoridad carcelaria no cuenta con atribuciones meramente administrativas o intermedias, sino que tiene facultades específicas de control, coordinación, y supervisión del sistema penitenciario a nivel departamental -art. 54 de la LEPS- y si bien el Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro, es el responsable directo del manejo del penal, el mencionado Director Departamental debe responder cuando la autoridad judicial se dirige expresamente a él, especialmente si se le solicita un “pronunciamiento expreso” sobre una situación puntual.

Al no emitir respuesta ni pronunciamiento alguno, omitió cumplir con una orden judicial, en desmedro del derecho del privado de libertad a obtener una respuesta pronta y eficaz dentro del trámite de su libertad definitiva. Sobre este punto, también se debe mencionar que conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se establece que cuando el funcionario público legalmente notificado no presenta informe ni asiste a la audiencia, se aplica el principio de presunción de veracidad respecto a los hechos denunciados por el accionante, dado que, de acuerdo a la naturaleza de los derechos tutelados por esta acción de defensa, cuando el sujeto pasivo es funcionario público tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto, concurrir a la audiencia con la finalidad de desvirtuar los actos o hechos denunciados como lesivos a los derechos del accionante pues de no hacerlo se presume su veracidad; tal incumplimiento, constituye un acto lesivo a los derechos del privado de libertad, particularmente cuando se omite pronunciamiento respecto al cumplimiento de un mandamiento de libertad; por lo que, también sobre este punto se debe conceder la tutela. A partir de lo desarrollado, se evidencia que la demora de más de tres meses en la emisión del pronunciamiento solicitado a la parte demandada por decreto de 8 de junio de 2022, constituye una vulneración al derecho a la libertad, puesto que se está impidiendo la modificación de su situación jurídica; por lo que, existe una contravención a los principios de celeridad y prontitud en la atención de trámites vinculados con la libertad de las personas privadas de ella, configurando un acto lesivo que justifica la procedencia de la presente acción tutelar. Por estos fundamentos, se reitera, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, ordenando que tanto el Director Departamental de Régimen Penitenciario y el Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro, ambos del departamento de La Paz, emitan el correspondiente informe; el primero, sobre las razones por las que se ejecutó el mandamiento de libertad a favor de Brayan Gabriel Coronel Durán -peticionante de tutela-, tomando en cuenta que, conforme a antecedentes, se encontraba pendiente la ejecución de un mandamiento de cumplimiento de condena, y el segundo, a objeto que emita un pronunciamiento expreso sobre la situación planteada, aclarándose que, la concesión dispuesta precedentemente, no implica un pronunciamiento de fondo respecto a la procedencia o no del mandamiento de libertad definitiva del impetrante de tutela; por cuanto, ello le corresponde a la jurisdicción ordinaria en el ámbito de sus competencias.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 10/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 26 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:

a) En relación al Director Departamental de Régimen Penitenciario del departamento de La Paz, emita el correspondiente informe, sobre las razones por las que se ejecutó el mandamiento de libertad a favor de Brayan Gabriel Coronel Durán -peticionante de tutela-, tomando en cuenta que, conforme a antecedentes, se encontraba pendiente la ejecución de un mandamiento de cumplimiento de condena; y, b) Sobre el Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro de La Paz, a objeto que emita un pronunciamiento expreso sobre la situación planteada precedentemente, salvo que en ambas situaciones por el transcurso de tiempo ya se hubier a dado cumplimiento al decreto de 8 de junio de 2022. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

3 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo,

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0223_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0b07c593f2ade5edbce4a66b5542b575f34c10859c3373c56b98459e094934b9

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