Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos debido proceso electoral y a ejercer un cargo público en igualdad material por arbitraria interpretación, a la igualdad y al ejercicio de la función pública; así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso eleccionario para la renovación del directorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral de Tarija R.L.; el comité electoral emitió la Resolución 02/2023, modificando el cronograma, misma que fue apelada por el impetrante de tutela y obtuvo la respuesta mediante nota de 30 de enero de 2023, objeto de la presente acción de amparo constitucional, por considerar que vulnera los derechos señalados al no haber atendido las cuestionantes planteadas en la impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 185 a 191 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada; y,
2° Disponer la notificación a los tribunales departamentales y a la Comisión de Admisión a efectos de la aplicación del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0222/2025-S3 Sucre, 02 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 53827-2023-108-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 20/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 185 a 191 vta., dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy López Montero contra Daniela Lilian Baldiviezo Tapia, Presidenta; Luis Fernando Arce Rivas, Secretario; y, Luis Alberto Salvatierra Cabrera, Vocal, todos del Comité Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” Responsabilidad Limitada (R.L.).
Por memoriales presentados el 8 y 13 de febrero de 2023, cursantes de fs. 128 a 140; y, 144 a 152 vta, el accionante manifestó que:
Establecido el cronograma de elecciones para la renovación parcial de los Consejos de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” R.L., mediante Resolución del Comité Electoral 01/2023 de 20 de enero, se amplió el plazo de presentación de requisitos e inscripción de candidatos hasta el 24 de ese mes y año a horas 18:00, en atención al feriado del día anterior, ratificando el resto del cronograma aprobado. Sin embargo, cuando se encontraban en la quinta fase de evaluación de requisitos y notificación a los candidatos, de manera abrupta e irregular, el Comité Electoral de la indicada Cooperativa, dictó la Resolución Comité Electoral 02/2023 de 26 de enero, modificando -nuevamente- el cronograma, razón por la cual, el 28 de igual mes y año, interpuso recurso de impugnación planteando dos agravios, el cual fue resuelto por “resolución” de 30 de idéntico mes y año, de manera incongruente e inmotivada; toda vez que, no cita ninguna norma que respalde su único argumento ni resuelve de manera clara y precisa con cita de normas y prueba cada uno de los agravios expuestos. Reclamó que, los demandados no indicaron qué norma les permitiría modificar el calendario, tampoco señalaron cuál de los agravios resolvieron y menos se pronunciaron de manera clara y precisa sobre los mismos, en particular sobre el principio de preclusión. Adujo que, estando el proceso electoral en la etapa de impugnación de candidatos, se retrotrajo la convocatoria en contradicción al art. 18 y ss. del Reglamento Electoral de la mencionada Cooperativa, haciendo que la Resolución que se cuestiona sea completamente subjetiva y sin fundamento en el citado Reglamento, más aún, cuando la supuesta razón, es el feriado que no impide el desarrollo de ninguna actividad del Comité Electoral dado que los días son computados en días calendarios y no hábiles. Aludió que el problema constitucional surge porque los demandados realizaron una interpretación arbitraria del art. 3.1 del Reglamento Electoral de la Cooperativa que reconoce el principio de igualdad, por cuanto, la resolución cuestionada señala que el Comité Electoral busca mantener ese principio y el de control democrático. Asimismo, en la resolución cuestionada no se consideró el criterio interpretativo -de la norma-; toda vez que, el cronograma fue aprobado por dicho Comité y conforme al Reglamento no podían modificarlo tomando como excusa un feriado, cuando ese extremo no fue objetado por ningún candidato; además, que el mismo ya fue previsto en la Resolución Comité Electoral 01/2023 que amplió el plazo de presentación de requisitos. Refirió que el sentido interpretativo que realizaron los demandados escapa al valor de seguridad jurídica y debido proceso, dado que la modificación del cronograma generó que se vea perjudicado con su inhabilitación como candidato, cuando ya se había superado esa etapa, vulnerando sus derechos.
Denunció la lesión de sus derechos debido proceso electoral y a ejercer un cargo público en igualdad material por arbitraria interpretación, a la igualdad y al ejercicio de la función pública; así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 14.IV, 109 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de 30 de enero de 2023, debiendo el Comité Electoral emitir una nueva, restaurando el anterior cronograma de elecciones y cumpliendo con las etapas ya cerradas por el principio de preclusión.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 182 a 184 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, añadiendo que: a) La Resolución de 30 de enero de 2023 consta sólo de una plana; entonces, a primera vista, se verifica que no cumple el debido proceso ni resuelve los agravios identificados; b) Para poder determinar la falta de motivación, solicitó que se haga una aproximación de acuerdo a la “SCP 0683/2013”de 3 de junio, la cual establece una serie de requisitos que tendría que tener toda resolución para considerarla debidamente motivada; c) Si se verifica la “Resolución” cuestionada, en la misma no existen los antecedentes para entender por qué se emitió esa decisión, tampoco se realizó una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; es decir de agravios ni de la norma jurídica aplicable al caso; menos se efectuó una descripción individualizada de la prueba presentada ni se le dio el valor probatorio respectivo; d) Es una decisión incongruente por omisión porque de los nueve agravios señalados ninguno fue respondido de manera puntual; e) Con relación a la existencia de actos consentidos que manifiesta la parte demandada, se debe recordar que la Resolución que se cuestiona es de 30 de enero de 2023 y la carta que presentó es de 24 de ese mes y año; es decir, que no tienen relación entre las dos; y, f) El contenido de la carta de 24 de enero de 2023, hace referencia a una ampliación de la fecha para la presentación de postulaciones. La Resolución Comité Electoral 02/2023 de 26 de ese mes, lo que hace es modificar el cronograma no de la presentación de las postulaciones sino de la evaluación de éstas, contra esa Resolución se presentó la impugnación y después se emitió la “Resolución de 30 de enero de 2023” -cuestionada en la acción de defensa-; por lo que no tienen relación entre esos actos porque fueron en fechas diferentes.
Daniela Lilian Baldiviezo Tapia, Presidenta; y, Luis Fernando Arce Rivas, Secretario, ambos del Comité Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” R.L., mediante escrito presentado el 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 178 a 180 vta., y en audiencia de garantías, refirieron que: 1) El accionante, con el afán de habilitarse aun sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos como candidato al Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” R.L., presentó la presente acción de amparo constitucional, a pesar de haber realizado actos consentidos libre y espontáneamente; 2) Es el propio impetrante de tutela quien solicitó la modificación del plazo -de postulación-, en consideración al feriado mediante nota de 24 de enero de 2023, lo que demuestra la falta de congruencia entre lo que dice y lo que hace; 3) En su memorial de subsanación de esta acción de defensa, desde su punto de vista señala como acto lesivo a la Resolución de 30 de enero de 2023, la cual vulnera el derecho a una resolución motivada y congruente; al respecto de la documentación de descargo, se tiene que en la Resolución Comité Electoral 02/2023 “…NO se alteró el cronograma de actividades excepto la fecha de presentación de candidatos a solicitud del que hoy es el accionante” (sic); 4) Respecto a que el Comité Electoral lesionó el derecho al debido proceso electoral y a ejercer un cargo público en igualdad material por arbitraria interpretación, se debe considerar que peticiona “‘DEJAR SIN EFECTO la resolución 02/2023’” (sic) y se cumpla con el cronograma inicial según fechas establecidas; sin embargo existe un acto consentido por el propio accionante; puesto que, es el mismo que según nota de 24 de enero de 2023 solicitó la ampliación de plazo para la inscripción de candidatos; 5) El peticionante de tutela al no cumplir con los requisitos de la convocatoria a elecciones, que corresponde al requisito 26 del art. 35 del Reglamento Electoral de la Cooperativa, recurre a esta vía, pretendiendo confundir alegando la lesión de derechos, cuando lo cierto es que no cumplió con presentar requisitos obligatorios, que no tiene nada que ver con la emisión de la Resolución Comité Electoral 02/2023, aspecto que se ratificó en la Resolución Comité Electoral 05/2023 -lo correcto es 08/2023- de 9 de febrero; y, 6) Piden se declare “IMPROCEDENTE” la presente acción de defensa. Luis Alberto Salvatierra Cabrera, Vocal de la aludida Cooperativa, en audiencia señaló que el candidato Freddy López Montero fue inhabilitado por falta de requisitos “que no cumplía”.
Eliezer Fernández y Marina Garzón Valdez, en audiencia de garantías no hicieron uso de la palabra; y, George Ricaldi Burgos, Mario Veliz Gutiérrez y Gabriel Bedia, no presentaron escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 155 vta.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 20/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 185 a 191 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) “‘la razón de pedir’” (sic) debe ser tan clara de manera que se pueda entender qué es lo que pretende el peticionante de tutela; ii) Entre los hechos que se demandan como lesivos, el impetrante de tutela manifestó que las autoridades demandadas no podían modificar el cronograma electoral con la excusa de la existencia de un feriado, ya que este no fue objetado por ningún candidato y menos previsto por el Comité Electoral, no existiendo una justificación objetiva para considerar eso como un obstáculo para continuar con el desarrollo del cronograma, que además no puede ser considerado como un caso de fuerza mayor porque está previsto en el Decreto Supremo (DS) 2750 de 1 de mayo de 2016; iii) La Resolución que modifica el calendario electoral en consideración al feriado es la Resolución Comité Electoral 01/2023, que no fue impugnada; sino lo hace contra la Resolución Comité Electoral 02/2023, en la cual “…no hay ninguna modificación…” (sic); por lo que se deben considerar la subsidiariedad; iv) Los demandados presentaron en calidad de prueba un oficio en el que se verifica que, quien peticiona la modificación del cronograma electoral por feriado nacional es el accionante, que además es lo que reclama en esta acción de defensa; por lo que, no resulta lógico reclamar un acto que fue generado a petición del propio impetrante de tutela, verificándose los actos consentidos; v) El peticionante de tutela cuestiona la Resolución Comité Electoral 02/2023, que es la única que apeló, y señala que ésta le causó perjuicio porque como consecuencia de esa actuación resultó inhabilitado y perjudicado; sin embargo, de la lectura de la misma, se verifica que ésta lo que hace es modificar el calendario en lo referente a la ampliación del plazo para la evaluación de los candidatos con el fundamento de que hay muchos y que el Comité necesita más tiempo, ampliando el plazo; vi) Correspondería analizar si es que esa determinación le causa o no perjuicio al accionante, no sin antes verificar la relevancia constitucional, establecida por la jurisprudencia constitucional; en este caso, el hecho de que el Comité Electoral amplió el plazo para evaluar a los candidatos bajo ningún punto de vista puede determinar la habilitación o inhabilitación al cargo que postula; por consiguiente, la Resolución Comité Electoral 02/2023 simplemente está dando al Comité Electoral más tiempo para evaluar a los candidatos, por lo que la situación denunciada carece de relevancia constitucional; y, vii) El accionante no puede pretender utilizar sus argumentos y que la jurisdicción constitucional interprete sus fundamentos a conveniencia; toda vez que, denuncia que los demandados no pueden modificar el cronograma porque se aleja de las disposiciones del Reglamento; empero, en su momento pidió la modificación del mismo para la presentación de las postulaciones; entonces, no puede usar la posibilidad de ampliación y la modificación a su capricho y beneficio, por cuanto, si es posible que el Comité Electoral amplíe por una razón, por qué no podría ser posible que amplíe con otras, si de igual manera se modificarían los plazos del cronograma electoral.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. El 5 de enero de 2023, el Comité Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” R.L. convocó a elecciones para la renovación parcial de los Consejos de Administración y de Vigilancia (fs. 125). Asimismo, cursa CRONOGRAMA ELECTORAL-2023, que en el punto 2, de Inscripción de Candidatos, figura como fecha 17 al 23 de enero de 2023 (fs. 2). II.2. Mediante Nota de “24” de enero de 2023, Freddy López Montero -ahora accionante-, solicitó al Comité Electoral de la citada Cooperativa “AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA INSCRIPCIÓN HASTA 24-01-2023 HRS. 18.00” (sic), recibido por Daniela Lilian Baldiviezo Tapia, Presidenta del referido Comité -hoy demandada- el 20 de ese mes y año (fs. 157). II.3. A través de Resolución Comité Electoral 01/2023 de 20 de enero, el Comité Electoral demandado resolvió que el plazo para la inscripción de candidatos será hasta el 24 del indicado mes y año, manteniendo en lo demás el cronograma aprobado para las elecciones. Además, instó a los candidatos a en lo posible presentar su inscripción hasta el veintiuno de igual mes y año (fs. 3 a 4). II.4. Por Resolución Comité Electoral 02/2023 de 26 de enero, el mismo Comité resolvió modificar parcialmente el cronograma electoral y la Resolución 01/2023, estableciendo nuevo plazo, para la evaluación de candidatos hasta el 26 de señalado mes y año (fs. 6 a 7). Decisión impugnada por el ahora accionante y otros, mediante escrito de 28 de enero de 2023 (fs. 10 a 16 vta.). II.5. Mediante nota del 30 de enero de 2023, el Comité Electoral, responde al memorial de 28 de igual mes y año, indicando que la Resolución 02/2023, se encuentra vigente y la misma contiene los motivos de fuerza mayor por los cuales se modificó el cronograma, pretende aclarar el cronograma de actividades del proceso electoral, busca mantener los principios de igualdad y de proceso democrático (fs. 17 y 164). II.6. Por Resolución del Comité Electoral 08/2023, se ratifica la nota de 30 de enero de 2023; aclara además que se notificó, al ahora demandante de tutela, con su inhabilitación, quien posteriormente impugno la misma; resuelve mantener la inhabilitación porque no cumple con el requisito 26 del art. 35 del Reglamento Electoral para candidatos (fs. 172 a 175).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos debido proceso electoral y a ejercer un cargo público en igualdad material por arbitraria interpretación, a la igualdad y al ejercicio de la función pública; así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso eleccionario para la renovación del directorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral de Tarija R.L.; el comité electoral emitió la Resolución 02/2023, modificando el cronograma, misma que fue apelada por el impetrante de tutela y obtuvo la respuesta mediante nota de 30 de enero de 2023, objeto de la presente acción de amparo constitucional, por considerar que vulnera los derechos señalados al no haber atendido las cuestionantes planteadas en la impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 1 de la CPE define a Bolivia como un Estado “democrático” configuración extremadamente valorada por el legislador constituyente; lo que, se evidencia por su reiterada invocación a lo largo del texto constitucional. Es evidente que existen diferentes conceptos sobre la forma en la que funciona la democracia; pero todos conducen a la idea de que la democracia implica la decisión del pueblo soberano. En este sentido, el art. 7 de la CPE de forma contundente y definitiva establece: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”. De lo cual, se extrae que podrán controvertirse las formas del procedimiento electoral mientras éste se encuentre pendiente de decisión soberana; pero no una vez haya pronunciamiento del soberano quien tiene la última palabra incluso por sobre la voluntad del órgano de control de constitucionalidad. La expresión de la voluntad soberana requiere de etapas que necesariamente van precluyendo y órganos como el electoral o el de control de constitucionalidad que resguarden dichas etapas. En este sentido, y de no existir un orden mínimo podrían generarse controversias que impidan poner fin a los desacuerdos lo que podría decantar en actos de violencia y/o el consiguiente descrédito del régimen democrático. Es por dichas razones que la democracia exige garantías que eviten controversias indefinidas y mantengan la paz social. Entre ellas destaca el principio de preclusión, concebido como la clausura sucesiva e irreversible de las etapas del procedimiento. En el caso del proceso electoral, el propósito de dicho principio es otorgar certeza el resultado electoral y evitar retrocesos que erosionen la confianza pública cuya máxima expresión se da cuando existe un pronunciamiento soberano. En mérito a tales fines, se concibe este principio como “…fundamental de los procesos electorales y, por ende, del derecho electoral” (sic). De lo expuesto puede extraerse que cuando en un proceso electoral se lesionan derechos políticos sean fundamentales o humanos, es posible la actuación del órgano de control de constitucionalidad –flexibilizando el principio de preclusión- siempre y cuando se observen concurrentemente los siguientes tres presupuestos: a) Se hayan cumplido los requisitos de procedencia correspondientes de la acción tutelar o constitucional activada;
b) Se demuestre objetivamente la relevancia constitucional de las deficiencias acusadas, entendida ésta como una lesión a derechos de tal magnitud que tenga capacidad de incidir sustancialmente en el resultado de la decisión, y, c) Se planteen antes de la expresión de la voluntad popular; es decir, que el soberano aún no se hubiese pronunciado pues, en esos casos incluso de presentarse o encontrarse tramitando una acción constitucional contra un proceso electoral concluido -es decir, con el pronunciamiento del soberano el mismo- o incluso en ejecución de una resolución constitucional necesariamente debe denegarse la acción tutelar en la medida en la que se estaría juzgado la decisión del pueblo.
La denegatoria anteriormente descrita, debe producirse sin ingresar al análisis de fondo, en atención a lo siguiente: 1) Obedecemos a las sentencias constitucionales plurinacionales porque así lo ordena la Constitución como manifestación de la voluntad del pueblo, de ahí que las resoluciones constitucionales para ser legítimas sólo puedan plantearse antes de la expresión de la voluntad del soberano; 2) El debate producido previo a las decisiones populares es mucho mayor al debate en sede constitucional que abarca a solo nueve magistrados, por lo que la votación popular no sólo es legítima, sino epistemológicamente genera mayor probabilidad de alcanzar un resultado óptimo y pacificador que una sentencia; 3) La opinión de que la decisión del pueblo ya no puede controvertirse ni siquiera en sede constitucional se extrae por ejemplo de los AACC 0532/2010-CA de 3 de agosto, 0577/2010-CA de 18 de agosto, entre otros; 4) Dicho criterio también se devela cuando la SCP 0770/2024-S4 de 4 de noviembre, al ordenar se lleve adelante el proceso electoral para los: “…Departamentos de Chuquisaca, Oruro Potosí y La Paz, ante el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos…” indicó sobre el principio de preclusión que no era aplicable a ese caso pues el proceso electoral: “…no fue completado”. Por lo que, a contrario sensu se deduce que el principio de preclusión es aplicable cuando el proceso “electoral” ha concluido en este sentido dicha sentencia cuyo desconocimiento, como entiende la misma, es obligatoria para el resto de magistrados y acarrea responsabilidad penal en su incumplimiento para los tribunales y jueces de garantías que incluso al existir una decisión del soberano ni en ejecución de sentencia pueden ya cambiar el resultado; y, 5) El principio de preclusión, una vez llevada a cabo la jornada electoral, habiéndose manifestado el soberano, impide que el órgano de control de constitucionalidad pueda cambiar el resultado y sus consecuencias jurídicas. Un entendimiento contrario equivale a malentender el Tribunal Constitucional Plurinacional estaría por encima del pueblo soberano lo que es un sinsentido.
La organización democrática también se proyecta a lo privado cuando en asociaciones, sindicatos, o juntas de vecinos, entre otros eligen y/o deciden. Sin embargo, dicha decisión no puede equipararse a la manifestación del pueblo soberano, por lo que, al votar no ejercen un derecho político sino civil en el marco del derecho de asociación; por lo mismo, dichas elecciones se caracterizan porque además de encontrarse regidas de manera muy general en la Constitución Política del Estado, en las Leyes nacionales o de otro nivel de gobierno; están regidas fundamentalmente por sus estatutos. Por tal razón, si bien el principio de preclusión es extensible a los procesos electorales privados; sin embargo, no tiene la misma fuerza; por lo que, en estos casos no es aplicable el tercer presupuesto -consignado en el anterior acápite con el inciso c)-referido al pronunciamiento del soberano pues en los procesos electorales privados, existe una remisión implícita al derecho de asociación entendido conforme al art. 7 de la CPE.
El demandante de tutela señala que dentro del proceso electoral, para renovación parcial de los Consejos de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” R.L., mediante Resolución Comité Electoral 02/2023 de 26 de enero, los responsables de dicho Comité modificaron el cronograma, sin observar el principio de preclusión. Razón por la cual, el 28 de igual mes y año, interpuso recurso de impugnación, resuelto por “resolución” de 30 de idéntico mes y año, a su criterio la respuesta resulta incongruente e inmotivada; toda vez que, no cita ninguna norma que respalde su único argumento ni resuelve de manera clara y precisa con cita de normas y prueba cada uno de los agravios expuestos. Aspecto que le motivó a plantear la acción de amparo constitucional al considerar agraviado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, al debido proceso electoral y a ejercer un cargo público en igualdad material, derechos que considera afectados debido a la arbitraria interpretación, que realizo el Comité Electoral. Previamente a resolver el caso concreto debe hacerse notar que habiéndose denegado la tutela en primera instancia es probable que el proceso electoral ya se hubiese llevado a cabo al respecto y conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional el principio de celeridad no es absoluto por lo que de cumplirse los requisitos establecidos en dicho acápite, existe la posibilidad excepcional de dejar sin efecto la decisión de asociados lo que no ocurría sin el pronunciamiento fuese del soberano en cuyo caso el pronunciamiento del soberano sería absoluto. Hecha la aclaración anterior corresponde observar que en el caso concreto el Comité Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” R.L., emitió convocatoria para elecciones del Concejo de Administración y Vigilancia. De forma posterior mediante Resolución de Comité Electoral 01/2023, fue modificado el calendario electoral, debido a un feriado nacional no considerado en el cronograma electoral inicial y además trasladado al día lunes por haber caído en día domingo; razones que impulsaron ampliar el plazo de presentación de postulaciones, hasta el 24 de enero de 2023. Cabe aclarar que esta Resolución 01/2023 no fue objetada, ni impugnada por el impetrante de tutela. Al contrario, de acuerdo al informe vertido por la parte demandada -en audiencia de garantías- no desmentido por el accionante, fue él quien solicitó la ampliación de plazo que implicó la alteración del cronograma debido al mencionado feriado, atendiendo a su nota, que fue recepcionada por el Comité Electoral el 20 de enero de 2023 (Conclusiones II. 1, 2 y 3). Posteriormente, al existir varios postulantes cuyos requisitos debían ser comprobados, la situación obligó a al Comité a ampliar el plazo a tal efecto emitiendo la Resolución 02/2023. Entonces fue el propio accionante a través de la referida nota presentada ante el Comité Electoral el 20 de enero de 2023, quien promovió la modificación del cronograma electoral (Conclusión II.2); situación que alega como la causa para la vulneración de sus derechos pese a que en un primer momento consintió la mencionada alteración al calendario electoral. Ahora bien, habiéndose observado la segunda modificación, se tiene respecto a la falta de fundamentación observada, que la Resolución del Comité Electoral 02/2023, modificó parcialmente el cronograma electoral debido a que el Comité necesitaba más tiempo para la evaluación y revisión de documentación. Resolución impugnada por el impetrante de tutela, quien, señala que le causó perjuicio puesto que -a su criterio- a consecuencia de dicha ampliación resultó inhabilitado y perjudicado, el Comité electoral respondió la impugnación mediante nota de 30 de enero de 2023 (denominada “Resolución” por el demandante de tutela) señalando que solo modificó el calendario en lo referente a la ampliación del plazo para la evaluación de los candidatos, eso, debido a la cantidad de postulantes y la necesidad de contar con más tiempo para la calificación y evaluación de las candidaturas. Dicha respuesta “Resolución” motivó la presente acción de amparo constitucional, por considerar que no resuelve los agravios planteados en su impugnación. Por otra parte, el Comité Electoral emitió la Resolución 08/2023 de 9 de febrero, ratificando la inhabilitación del candidato por no cumplir con el requisito 26 del art. 35 del Reglamento Electoral (Conclusiones II.4, 5 y 6). Tomando en cuenta que el demandante denuncia en su memorial de esta acción tutelar, que le respondieron con una resolución incongruente e inmotivada que no resuelve de manera clara y precisa los agravios expuestos se tiene que la señalada “Resolución” de 30 de enero, contiene los antecedentes, motivos para la modificación parcial del cronograma y la ampliación de plazo en la etapa de calificación y evaluación de las postulaciones de los candidatos; asimismo, se remite a la Resolución Comité Electoral 02/2023 -que con idénticos fundamentos jurídicos, cita de artículos y propósito contenidos en su similar 01/2023, sin ser refutada por el accionante-, también reveló los motivos de la ampliación, que no guardan relación directa con la inhabilitación del impetrante de tutela. En tal mérito y conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional en lo referente al principio de preclusión que invoca el accionante se tiene que la pretensión de la demanda de amparo constitucional no demuestra la existencia de relevancia constitucional pues la pretensión de dejar sin efecto la Resolución de 30 de enero de 2023 y la emisión de una nueva por parte del comité electoral, no cambiará los requisitos para su postulación, ni tampoco determinará su habilitación. Debido a que, el objeto de tal resolución implica ampliar un plazo de calificación debido a la cantidad de postulantes, que para el caso en concreto respecto a la inhabilitación también denunciada carece de relevancia constitucional en la medida en la que la inhabilitación del accionante corresponde a que no cumplió con los requisitos estipulados en el punto 26 del art. 35 de la convocatoria del proceso eleccionario referido a la presentación de dos certificados de cursos impartidos por la cooperativa de ahorro y crédito catedral. Por lo que, en caso de haberse cumplido el cronograma inicial, o se ordene por esta sala que se restaure el cronograma anterior, el resultado de su inhabilitación se mantendría pues se debe a otro motivo que es el no haber presentado la documentación pertinente, por lo que no existe relevancia constitucional, encontrándose así incumplido el segundo presupuesto desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sala Constitucional Plurinacional; advirtiéndose que, por lo mismo no es posible superar el principio de preclusión en el caso presente e ingresar al análisis de fondo pretendido, correspondiendo la denegatoria de la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 185 a 191 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada; y,
2° Disponer la notificación a los tribunales departamentales y a la Comisión de Admisión a efectos de la aplicación del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 Oporto T. de Iriarte, Amalia Edith. “El principio de preclusión y su aplicabilidad en el artículo 167 del Código Electoral boliviano.” Justicia Electoral, vol. 1, no. 1, 2007, p. 110.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0222_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 90db029a15d801733a8e7e01b82ae0cd1b8697a2913b4b53c0e3f5d1da168f7d
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