Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la locomoción y a la libertad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la presunta comisión del delito de estafa y uso de instrumento falsificado, en su audiencia de consideración de medidas cautelares el Juez hoy accionado determinó que se defenderían en libertad; empero, que debían cumplir con las medidas cautelares previstas por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 65 a 68 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR a tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0222/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50854-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 65 a 68 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Juan Vásquez Vargas y Rosmery Quino Chuquimia contra Juan Carlos Moltalban Zapata, Juez; y, Wilson Chambi Yujra, Secretario; ambos del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Los accionantes, mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 50 a 54, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la presunta comisión del delito de estafa y uso de instrumento falsificado, previsto y sancionado por los arts. 335 y 203 del Código Penal (CP), en su audiencia de consideración de medidas cautelares de 31 de agosto de 2022, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 285/2022 de la indicada fecha; empero, por la suma alta de la fianza económica y la pluralidad de fianzas, formularon recurso de apelación incidental conforme lo dispuesto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). A pesar del citado recurso de apelación, cumplieron con las mencionadas medidas impuestas; posteriormente el 2 de septiembre de ese año, adjuntando prueba acreditaron sus horarios laborales, mereciendo la respuesta que previamente debían cumplir a cabalidad con todas las medidas cautelares dispuestas en el referido Auto Interlocutorio con la finalidad de autorizar la salida laboral, encontrándose restringidos en su derecho al trabajo, cuando fue el Juez hoy accionado quien dispuso el cumplimiento de ese derecho; asimismo, cuando quisieron cumplir con la medida de fianza juratoria les pidieron que firmen un acta en el que se establecía que se comprometían al cumplimiento de la obligación de la fianza económica de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos) por cada uno, lo cual se reclamó pidiendo que la indicada autoridad judicial ordene que la fianza juratoria se realice en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 242 del indicado Código y Auto Interlocutorio 285/2022, en el cual se dispuso la fianza juratoria; es decir, la promesa de sus personas de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, emitiéndose al efecto el decreto de 7 de septiembre de 2022, señalando que solamente se dispuso la fianza económica de Bs20 000.- para cada uno, debiendo cumplir con la misma bajo alternativa de revocatoria de esa medida, indicando que la fianza juratoria se encuentra prevista por el legislador y no es excluyente a la fianza económica; por lo que, el Juez ahora accionado no se pronunció sobre la solicitud de fondo, en cuanto a la correcta aplicación de la fianza juratoria; razón por la que, el 15 de igual mes y año, presentaron recurso de reposición con la finalidad de revocar ese decreto y se proceda a tomarles la fianza juratoria. En respuesta al recurso de reposición, el Juez ahora accionado emitió el Auto de 16 de septiembre de 2022, determinación totalmente incongruente al manifestar que su pretensión sería desnaturalizar o suplir un recurso de apelación incidental que no realizó al momento de dictarse el Auto Interlocutorio 285/2022, lo cual es falso porque se presentó el recurso de apelación incidental en su momento y que aún no fue resuelto; ya que, será devuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la mala remisión de copias legalizadas, quien determinará si corresponde o no la aplicación de ambas fianzas; por lo que, nunca se pidió al Juez hoy accionado que modifique las medidas cautelares impuestas, cuando ese aspecto deberá ser resuelto por los Vocales de la indicada Sala Penal o en audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares; puesto que, se pidió únicamente la correcta aplicación de la fianza juratoria; ya que, no otorgó una respuesta de fondo sobre esa solicitud. Finalmente, bajo esos argumentos el Juez ahora accionado señaló no ha lugar al recurso de reposición, solicitando que por Secretaría de su Juzgado, se informe sobre el cumplimiento de las medidas impuestas, ante lo cual el Secretario hoy coaccionado de forma oficiosa y sin solicitud del Fiscal de Materia o del querellante, previo Informe que el mismo emitió arbitrariamente, por decreto de 19 de igual mes y año, ilegalmente señaló audiencia de consideración de revocatoria de medias cautelares, porque supuestamente no se cumplió con las fianzas juratoria y económica de Bs20 000.-, sin tomar en cuenta lo previsto por el art. 247 del CPP, que prevé que las medidas cautelares personales podrán ser revocadas a solicitud del Fiscal de Materia o de la víctima, decisión asumida sin verificar el cuaderno de control jurisdiccional; en el que, se evidencia que se interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 285/2022.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la locomoción y a la libertad; citando al efecto los arts. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH); 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 37 de la Convención de Derechos del Niño (CDN); y, 4 de la Convención Belem Do Pará.
Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La cesación de las acciones ilegales y arbitrarias; b) Las salidas laborales conforme lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 285/2022, para resguardar su derecho al trabajo; c) Realizar la fianza juratoria conforme lo establecido por el art. 242 del CPP, que únicamente debe contener la cláusula de promesa de los imputados a someterse al proceso y no obstaculizar la investigación; d) La suspensión de la fianza económica, hasta que se resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto; y, e) Dejar sin efecto el Informe de 16 de septiembre de 2022, de incumplimiento de las medidas cautelares impuestas y el señalamiento de la audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares, hasta la resolución del citado recurso de apelación formulado contra el indicado Auto Interlocutorio.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 64 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Juan Carlos Moltalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; mediante informe presentado el 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 59 a 60 vta., manifestó que: 1) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la presunta comisión del delito de estafa y uso de instrumento falsificado contra los accionantes, el 31 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares; en la que, se emitió el Auto Interlocutorio 285/2022 disponiendo varias medidas cautelares, entre las cuales se encontraba la fianza juratoria de promesa de sometimiento al procedimiento y no obstaculizar con la investigación, la fianza económica para cada uno de los imputados -accionantes- de Bs20 000.- y la detención domiciliaria en sus propios domicilios u otro con autorización de salida laboral, otorgándoles el plazo de tres días para el cumplimiento de esas medidas, con la advertencia que en caso de incumplimiento se disponga una medida más gravosa de conformidad con el art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; 2) Los accionantes interpusieron recurso de apelación incidental, contra el Auto Interlocutorio 285/2022, remitiéndose el legajo de ese recurso de apelación el 7 de septiembre ese año, ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el cual se encuentra pendiente de resolución desconociéndose si las medidas cautelares fueron modificadas; 3) A pesar de estar pendiente el recurso de apelación incidental planteado, los accionantes pretenden desconocer dicho recurso de apelación, interponiendo un recurso de reposición contra el decreto de 7 de septiembre de 2022, que conminó a que se debía cumplir con el Auto Interlocutorio 285/2022; 4) La intención de los accionantes es que no se cumpla las medidas cautelares, principalmente con las fianzas juratoria y económica, alegando que estas serían excluyentes entre sí, cuando se dijo que existe una resolución pendiente de apelación; 5) De conformidad con el art. 231 bis del CPP, la previsión normativa en ninguna parte impide que se puedan imponer más de dos medidas de carácter personal; 6) En la acción de libertad de casos que simultáneamente fuera convocada la vía ordinaria y paralelamente se interpone esta acción de defensa, no procede en la vía constitucional la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; puesto que, el accionante debe agotar la vía intraprocesal establecida por ley; 7) Su autoridad no se encuentra impedido de poder ejercer el control jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones; sin embargo, los accionantes a partir del 31 de agosto de igual año, hasta el día de la audiencia señalada mediante decreto de 19 de septiembre del mismo año, dejaron pasar más de diecinueve días, resistiéndose a cumplir las medidas cautelares impuestas por el citado Auto Interlocutorio, encontrándose vencido el plazo de los tres días; 8) El Secretario ahora coaccionado elevó su Informe el 16 de dicho mes y año, señalando que los accionantes no cumplieron con todas las medidas cautelares impuestas, principalmente las fianzas juratoria y económica; por lo que, con base en esos antecedentes de oficio se convocó a audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares previsto por el art. 250 del CPP, que indica que el auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable aún de oficio; y, 9) Se llamó a la mencionada audiencia a través del decreto de 19 de igual mes y año, fijada para el 4 de octubre del mismo año. Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por informe de 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 61 a 62, manifestó que: i) Apelado el Auto Interlocutorio 285/2022, el mismo fue remitido ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 7 de ese mes y año, y recién el 15 de igual mes y año, el abogado de los accionantes recogió las copias legalizadas del legajo del recurso de apelación incidental para el registro del biométrico en la Fiscalía Departamental de La Paz; ii) El 6 del citado mes y año, los accionantes pidieron el cumplimiento de la fianza juratoria y no así de la fianza económica determinada en la suma de Bs20 000.- impuesta; razón por la cual, se emitió el decreto de 7 de dicho mes y año, aclarando que no se impuso la fianza personal que únicamente se determinó la fianza económica; sin embargo, se conminó a que cumplan con todas las medidas cautelares dispuestas bajo alternativa de revocatoria; y, iii) Se informó al Juez ahora accionado respecto al incumplimiento de los imputados -accionantes-; por lo que, se señaló audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares y si bien se interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 285/2022, este no interrumpe sobre el cumplimiento de todas las medidas impuestas, pretendiendo que se deje sin efecto el Informe de 16 de septiembre de 2022, antes que se resuelva el recurso de apelación incidental cuando dichas apelaciones no son de efecto suspensivo.
El Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 65 a 68 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) Dejar sin efecto el señalamiento de audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares de 4 de octubre de 2022, a las 9:00 horas; y, b) Que el Juez hoy accionado asuma el “contenido” a solicitud del recurso de reposición debiendo el mismo emitir otra determinación, de conformidad a los datos de la causa; todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) El 31 de agosto de ese año, a través del Auto Interlocutorio 285/2022, el Juez ahora accionado, dispuso que los imputados -accionantes- se defiendan en libertad en aplicación de los arts. 54.1 y 233 del CPP, modificado por la Ley 1173, debiendo cumplir con las medidas cautelares previstas por el art. 231 bis del mismo Código; sin embargo, los accionantes al encontrarse en desacuerdo con dichas medidas cautelares interpusieron recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio que refiere no solo al tema económico, sino también, vulnera los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso, al coartarles el derecho a fundamentar y explicar por qué se estarían aplicando esas medidas de carácter personal, al otorgarles únicamente seis minutos para la fundamentación, vulnerándose el principio de igualdad procesal; 2) Los accionantes cumplieron con algunas de las determinaciones impuestas en el indicado Auto Interlocutorio y a pesar de que fue apelado el 2 de septiembre de igual año, acreditándose los horarios de trabajo, merecieron una determinación por el Secretario ahora coaccionado, en sentido de que debían cumplir con todas las medidas cautelares impuestas con la finalidad de que se autorice las salidas laborales, lo que suscitó que esa determinación sea cuestionada a través del recurso de reposición; por lo que, por memorial presentado el 6 de dicho mes y año, pidieron el cumplimiento de la fianza juratoria, que mereció el decreto de 7 del citado mes y año, en el cual el Juez ahora accionado indico que no se impuso la fianza personal, sino, que únicamente se determinó la fianza económica, conminándolos a cumplir con el referido Auto Interlocutorio, bajo alternativa de revocar la medida cautelar dispuesta; 3) Decreto que fue recurrido por el memorial del recurso de reposición; en el que, los accionantes solicitaron que se les tome la fianza juratoria de conformidad con el art. 242 del indicado Código, y se proceda a tomarles la promesa de que se someterán al procedimiento sin obstaculizar la investigación, emitiéndose el Auto de 16 de septiembre de 2022; en el cual, el Juez ahora accionado señaló que el mencionado Auto Interlocutorio no fue objeto de apelación incidental y que el recurso de reposición tampoco puede ser suplido por un mecanismo idóneo; es decir, que el Juez ahora accionado no podrá suplir esa omisión de que no se interpuso el recurso de apelación incidental, disponiendo no ha lugar al recurso de reposición; 4) Los accionantes “a la fecha” -de interposición de la acción de defensa- cumplieron con algunas de las medidas cautelares, a pesar de que tenían el plazo de tres días para ello y que caso contrario se revocaría; sin embargo, conforme con lo dispuesto por el art. 403 del CPP, interpusieron recurso de apelación incidental que no impide que los nombrados cumplan con las medidas cautelares dispuestas en el Auto Interlocutorio 285/2022; correspondiendo por lo mencionado al Juez hoy accionado, atender u otorgar respuesta dejando en suspenso lo determinado, al encontrarse ante la expectativa de lo que pueda resolver la Sala Penal Tercera del Tribunal de Departamental de Justicia de La Paz, bajo alternativa de revocar la medida cautelar dispuesta; puesto que, en caso de que sea revocada esa determinación, se vería afectada la exigencia de las medidas cautelares impuestas; 5) El Secretario ahora coaccionado manifestó que los recursos de apelación incidental no tienen efecto suspensivo; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la determinación resuelta por la citada Sala Penal con relación a las medidas cautelares podría afectar el “contenido” de las medidas que fueron establecidas a través del indicado Auto Interlocutorio; y, 6) Mediante Auto de 16 de septiembre de 2022, se declaró no ha lugar al recurso de reposición, empero, el Secretario hoy coaccionado emitió un Informe de la misma fecha, señalando que las medidas impuestas no fueron cumplidas cuando debieron ser acatadas en el plazo de tres días; olvidando que existe un recurso de apelación incidental pendiente a ser resuelto; no obstante, dispuso mediante decreto de 19 de igual mes y año, señalamiento de audiencia de revocatoria de medidas cautelares para los accionantes, para el 4 de octubre de dicho año; empero, que al encontrarse interpuesto el recurso de reposición, no se puede proceder con la revocatoria de las medidas cautelares que dependen su vigencia de una determinación por un Tribunal de alzada, siendo la causa directa del recurso la mala orientación del Secretario hoy coaccionado, dejando a los imputados -accionantes- en total estado de indefensión con el señalamiento de audiencia de revocatoria de medidas cautelares; ya que, la misma busca cambiar la situación jurídica de los accionantes cuando existe de por medio un recurso pendiente de resolución.
En vía de aclaración, complementación y enmienda, el Juez ahora accionado a través del memorial presentado el 4 de octubre de 2022, cursante de fs. 74 a 76 vta., solicitó al Juez de garantías: i) Se aclare porqué de forma incongruente se afirmó que los accionantes interpusieron un recurso de apelación incidental por no encontrarse de acuerdo con las medidas cautelares impuestas y posteriormente de forma contradictoria se indicó que dicho recurso de apelación se refería al tema económico, cuando este claramente señaló que se vulneró los derechos de presunción de inocencia y al debido proceso; es decir, si antepusieron el citado recurso de apelación contra todas la medidas cautelares o solamente con relación al tema económico; ii) Se aclare qué norma legal permite a la parte procesal que de forma posterior existiendo un recurso de apelación incidental planteado, se pueda interponer recurso de reposición que fue ejercido el 15 de septiembre de 2022, cuando la parte recurrente -accionantes- debió interponer dentro de los plazos previstos por ley; iii) Se aclare y complemente sobre la interpretación establecida por el art. 231 del CPP y si el recurso de apelación incidental contra las medidas cautelares impide el cumplimiento integral de todas las medidas o de forma discrecional el imputado elige cuáles cumplirá, mientras se resuelva ese recurso de apelación; iv) Explique si como Juez de garantías se convirtió en una instancia ordinaria, al recurso de apelación incidental que se interpuso contra el Auto Interlocutorio 285/2022; puesto que, no es suficiente indicar que los accionantes activaron el principio pro actione nada menos para que se modifiquen las medidas cautelares de fianza juratoria y económica, pasando por alto que esas se encuentran pendiente de resolverse por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; v) Se aclare y complemente de manera fundamentada y motivada qué Sentencia Constitucional Plurinacional señaló que encontrándose en trámite un recurso de apelación incidental contra un Auto Interlocutorio que impuso medidas cautelares, ésta tiene efecto suspensivo, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que las medidas cautelares no pueden ser suspendidas por la interposición de un recurso de apelación mucho menos por un recurso de reposición; vi) Se aclare y complemente, a que se refiere cuando se le ordena a su autoridad que asuma el “contenido” a solicitud del recurso de reposición, debiendo emitir otra determinación y la misma sea conforme a los datos de la causa; aspecto que incurre en contradicción e incongruencia cuando en una parte alude a un recurso de apelación pendiente que a su criterio es con efecto suspensivo; empero, de manera contradictoria ordena que nuevamente se pronuncie respecto al recurso de reposición encontrándose pendiente el pronunciamiento de un recurso de apelación; y si el legislador modificó el entendimiento del art. 401 del citado Código; y, vii) Cuál sería el derecho o garantía constitucional que se les vulneró a los accionantes, solo por ejercer el control jurisdiccional que se encuentra facultado como autoridad y Juez de control jurisdiccional, más aún, si conforme al Informe emitido el 16 de septiembre de 2022, por el Secretario ahora coaccionado los imputados -accionantes- no cumplieron con las medidas cautelares impuestas en el citado Auto Interlocutorio, cuando solo se tenía el plazo de tres días para cumplir con las medidas cautelares; además, se indique qué norma impide a su autoridad ejercer el control jurisdiccional y el cumplimiento de sus resoluciones. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, por Auto de 5 de octubre de 2022, cursante de fs. 77 a 78 vta., señaló que: a) En cuanto al tema económico, de la imposición de una fianza o de otras medidas dispuestas por el Juez ahora accionado, las mismas serán consideradas conforme se fundamentó en los agravios por los accionantes, correspondiendo a la Sala Penal Tercera del Tribunal de Departamental de Justicia de La Paz, resolver dichas cuestionantes; b) La decisión de su autoridad fue considerada en función al recurso de reposición vinculado con los memoriales de 2 y 6 de septiembre de igual año; más no así, contra el Auto Interlocutorio 285/2022; c) La aclaración y complementación fue con base en los argumentos del referido Auto Interlocutorio y no así a la interpretación de la norma; d) Sobre la activación simultánea de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, si bien, fueron activadas ambas; empero, no fue para resolver la misma problemática ya que el Juez ahora accionado afirmó que los accionantes no interpusieron el recurso de apelación incidental, lo cual fue advertido en la Resolución 11/2022; por lo que, se concedió la tutela, en consideración que ante el recurso de reposición no existe recurso ulterior; ya que, la jurisdicción constitucional en ningún momento ingresó a revisar el Auto Interlocutorio 285/2022, porque esa atribución le corresponde a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, e) Ante la inexistencia de una petición de revocatoria no correspondía que se señale de forma oficiosa la audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares; ya que, debió notificarse a la víctima y al representante del Ministerio Público para que sean éstos quienes soliciten lo indicado, debiendo esperarse el pronunciamiento de la mencionada Sala Penal que se encuentra conociendo el recurso de apelación incidental planteado; por lo que, de acuerdo con lo señalado es evidente la indefensión desarrollada a partir de un acto que vulnera el derecho al debido proceso con relación al derecho a la libertad, de acuerdo a la resolución ahora cuestionada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 285/2022 de 31 de agosto, emitido por Juan Carlos Moltalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-; en el cual, en la audiencia de consideración de medidas cautelares de esa fecha, dispuso que José Juan Vásquez Vargas y Rosmery Quino Chuquimia -ahora accionantes- se defiendan en libertad, debiendo cumplir con las medidas cautelares personales previstas por el art. 231 bis del CPP, consistente -entre otras-en: 1) La fianza juratoria de la promesa de los imputados -accionantes-de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; y, 2) La fianza económica prestada por los nombrados mediante dinero en la suma de Bs20 000.- cada uno, valores, construcción de prenda o hipoteca, para garantizar su presencia y los gastos de captura ante una eventual fuga; así como, la detención domiciliaria. Determinación que fue apelada por los accionantes, de conformidad con el art. 251 del citado Código, anunciando recurso de apelación incidental; ya que, se les vulneró sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso, solicitando explicación del porqué de la imposición de esas medidas de carácter personal (fs. 2 a 6 vta.). Asimismo, por Nota de 6 de septiembre de 2022, dirigida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se remitió obrados del citado recurso de apelación incidental (fs. 39). II.2. Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2022, ante el Juez ahora accionado, los accionantes solicitaron que se dé curso a su salida laboral (fs. 31 y vta.).
II.2.1. Mediante decreto de 5 de septiembre de 2022, el Juez hoy accionado, señaló que previamente a autorizar la solicitud de los accionantes, éstos cumplan a cabalidad con todas las medidas sustitutivas dispuestas en el Auto Interlocutorio 285/2022 (fs. 32). II.3. A través de memorial presentado el 6 de septiembre de 2022, ante el Juez ahora accionado, los accionantes pidieron el cumplimiento de la fianza juratoria de conformidad con el art. 242 del CPP (fs. 41 a 42).
II.3.1. Por decreto de 7 de septiembre de 2022, el Juez hoy accionado, aclaró que a los imputados -accionantes- no se les impuso la fianza personal y que únicamente se dispuso la fianza económica de Bs20 000.- para cada uno; conminando a los nombrados a cumplir con todo lo dispuesto en el Auto Interlocutorio “385”/2022 -siendo lo correcto 285/2022-, bajo alternativa de revocar la medida cautelar dispuesta (fs. 43).
II.3.2. Mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, ante el Juez ahora accionado, los accionantes formularon recurso de reposición contra el decreto de 7 de igual mes y año, solicitando se revoque ese decreto y se proceda con tomar la fianza juratoria conforme lo dispuesto por la citada autoridad judicial y el art. 242 del CPP, con el único compromiso de la promesa de los imputados -accionantes- de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; además, que se prohíba tomarles la fianza económica de Bs20 000.- por persona (fs. 44 a 45 vta.).
II.3.3. Consta Auto de 16 de septiembre de 2022, emitido por el Juez ahora accionado, que declaró no ha lugar al recurso de reposición formulado por los accionantes, disponiendo que cumplan con lo determinado en el Auto Interlocutorio 285/2022, ya que, el mismo no fue objeto de apelación y que un recurso de reposición no podría suplir el mecanismo idóneo contra la determinación de una medida cautelar conforme lo establecido por el art. 251 del CPP (fs. 46). II.4. Cursa Informe de 16 de septiembre de 2022, emitido por Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy coaccionado-, dirigido al Juez ahora accionado; por el que, hizo conocer que “a la fecha” se encuentra pendiente de su cumplimiento por los accionantes la fianza juratoria de la promesa y la fianza económica (fs. 47 y vta.).
II.4.1. Consta decreto de 19 de septiembre de 2022, emitido por el Secretario ahora coaccionado, quien determinó que en atención a su Informe de 16 de ese mes y año, se señaló audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares para los accionantes, para el 4 de octubre de ese año a las 9:00 horas (fs. 48).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la locomoción y a la libertad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la presunta comisión del delito de estafa y uso de instrumento falsificado, en su audiencia de consideración de medidas cautelares el Juez hoy accionado determinó que se defenderían en libertad; empero, que debían cumplir con las medidas cautelares previstas por el art. 231 bis del CPP, decisión que apelada, se remitieron los antecedentes del recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien hasta la interposición de la presente acción de defensa no se pronunció al respecto; sin embargo, como una de las medidas sustitutivas se encontraba salir a su fuente laboral; motivo por el que, solicitaron al Juez ahora accionado la autorización a dichas salidas, que en respuesta señaló que debían cumplir previamente con todas las medidas sustitutivas dispuestas en el Auto Interlocutorio 285/2022, lo que ameritó que formulen recurso de reposición contra el decreto de 7 de ese mes y año, el cual fue resuelto a través del Auto de 16 de citado mes y año, en que la referida autoridad judicial determinó no ha lugar a dicho recurso de reposición, disponiendo que se cumpla con lo dispuesto en el mencionado Auto Interlocutorio, con el argumento de que la falta de recurso de apelación no podría ser subsanada por omisión del recurso de reposición; ante lo cual en esa decisión el Juez hoy accionado pidió informe por Secretaría del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en el día, a efectos de saber si cumplieron con las medidas sustitutivas impuestas; es así que, el Secretario ahora coaccionado luego de establecer que faltaría el cumplimiento de las fianzas juratoria y económica mediante decreto de 19 del indicado mes y año, señaló audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares para el 4 de octubre del mismo año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El efecto no suspensivo de la apelación incidental de medidas cautelares; ii) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, iii) Análisis de caso concreto.
La SCP 1299/2022-S1 de 10 de noviembre, establece que: “El art. 23.I de la Norma Suprema, establece que: ‘Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales’, restricción a la libertad que puede ser impuesta por autoridad competente mediante la detención preventiva, que finalizará con la solicitud y concesión de la cesación a la detención preventiva cuando concurran los requisitos formales y materiales exigidos por Ley; el imputado, el Ministerio Público o la parte querellante, tienen la facultar de interponer recurso de apelación incidental contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. Por su parte el art. 251 del CPP, al respecto dispone que dicha apelación tiene efecto no suspensivo, en relación a ello la SCP 0818/2012 de 20 de agosto, refirió que: Al respecto la jurisprudencia constitucional ha señalado: ‘III.1 El art.
251 del Código de procedimiento penal (CPP), modificado según la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto «no suspensivo», lo que implica que la competencia del Juez que dictó la resolución no queda suspendida por un eventual recurso que hubiere sido planteado, la que no obstante podrá ser ejecutada…’ (SC 0236/2004-R de 20 de febrero). Entendimiento que fue refrendado por las SSCC 1419/2005-R, 0660/2006-R y 0522/2011-R, entre otras. En ese entendido, en cuanto a la posible apelación contra la resolución que disponga la cesación a la detención preventiva la misma no imposibilita el libramiento del mandamiento de libertad, una vez cumplidas las condiciones legales, así la SCP 0742/2012 de 13 de agosto manifestó que: Por otro lado, es preciso señalar lo establecido por la primera parte del art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003, que señala: ‘La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo…’, lo cual implica que, si la resolución impone medidas cautelares, estas se cumplen de inmediato y sin esperar la sustanciación del recurso de apelación. Razonamiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0622/2018-S3 de 27 noviembre 1130/2019-S1 de 28 de noviembre y 0789/2020-S4 de 1 de diciembre, entre otras”.
La SCP 0121/2025-S1 de 20 de marzo, señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0733/2019-S2 de 28 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. La SC 0008/2010-R de 6 de abril indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad: …empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas´. Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras. En similar sentido, la SC 0608/2010-R de 19 de julio concluye que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; toda vez que, este proceder conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico constitucional; entendimiento confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo.
De la citada jurisprudencia constitucional, se concluye que a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional; al momento de ser activada esta última, no deben existir otros recursos de carácter ordinario pendientes de resolución (las negrillas nos pertenecen). Asimismo, en cuanto a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad en caso de actividad procesal defectuosa, la SCP 0168/2024-S3 de 20 de mayo, refirió que: “La línea jurisprudencial de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, fue sentada por la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, que determina que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Posteriormente, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la jurisdicción constitucional. El referido entendimiento fue ratificado en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, en la que se señaló que, en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional; dicho entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Más adelante la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto del recurso de apelación incidental” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la locomoción y a la libertad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la presunta comisión del delito de estafa y uso de instrumento falsificado, en su audiencia de consideración de medidas cautelares el Juez hoy accionado determinó que se defenderían en libertad; empero, que debían cumplir con las medidas cautelares previstas por el art. 231 bis del CPP, decisión que apelada, se remitieron los antecedentes del recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien hasta la interposición de la presente acción de defensa no se pronunció al respecto; sin embargo, como una de las medidas sustitutivas se encontraba salir a su fuente laboral; motivo por el que, solicitaron al Juez ahora accionado la autorización a dichas salidas, que en respuesta señaló que debían cumplir previamente con todas las medidas sustitutivas dispuestas en el Auto Interlocutorio 285/2022, lo que ameritó que formulen recurso de reposición contra el decreto de 7 de ese mes y año, el cual fue resuelto a través del Auto de 16 de citado mes y año, en que la referida autoridad judicial determinó no ha lugar a dicho recurso de reposición, disponiendo que se cumpla con lo dispuesto en el mencionado Auto Interlocutorio, con el argumento de que la falta de recurso de apelación no podría ser subsanada por omisión del recurso de reposición; ante lo cual en esa decisión el Juez hoy accionado pidió informe por Secretaría del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en el día, a efectos de saber si cumplieron con las medidas sustitutivas impuestas; es así que, el Secretario ahora coaccionado luego de establecer que faltaría el cumplimiento de las fianzas juratoria y económica mediante decreto de 19 del indicado mes y año, señaló audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares para el 4 de octubre del mismo año.
Identificada la problemática en cuestión, de los antecedentes que cursan en obrados se tiene el Auto Interlocutorio 285/2022, emitido por el Juez hoy accionado; en el cual, en la audiencia de consideración de medidas cautelares, dispuso que los accionantes se defiendan en libertad, debiendo cumplir con las medidas cautelares personales previstas por el art. 231 bis del CPP, consistente -entre otras- en: a) La fianza juratoria de la promesa de los imputados -accionantes- de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; y, b) La fianza económica prestada por los nombrados mediante dinero en la suma de Bs20 000.- cada uno, valores, construcción de prenda o hipoteca, para garantizar su presencia y los gastos de captura ante una eventual fuga; así como, la detención domiciliaria. Determinación que fue apelada por los accionantes, de conformidad con el art. 251 del citado Código, anunciando recurso de apelación incidental; ya que, se les vulneró sus derechos a la presunción de inocencia y el debido proceso, solicitando explicación del porqué de la imposición de esas medidas de carácter personal. Asimismo, por Nota de 6 de septiembre de 2022, dirigida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se remitió obrados del citado recurso de apelación incidental (Conclusión II.1.).
Posteriormente, a través del memorial presentado el 2 de septiembre de 2022, ante el Juez ahora accionado, los accionantes solicitaron que se dé curso a su salida laboral, que mereció el decreto de 5 de igual fecha y año, señalando que previamente los nombrados cumplan a cabalidad con todas las medidas sustitutivas dispuestas en el Auto Interlocutorio 285/2022 (Conclusiones II.2. y II.2.1.).
Asimismo, los accionantes el 6 de septiembre de 2022, pidieron el cumplimiento de la fianza juratoria conforme con lo dispuesto por el art. 242 del CPP, que por decreto de 7 del citado mes y año, el Juez hoy accionado, aclaró que no se les impuso la fianza personal y que únicamente se dispuso la fianza económica de Bs20 000.- para cada uno, conminando nuevamente a los nombrados a cumplir con todo lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 285/2022, bajo alternativa de revocar la medida cautelar dispuesta; decisión contra la cual el 15 de igual mes y año, interpusieron recurso de reposición, pidiendo que el mencionado decreto sea revocado y se suscite la fianza juratoria, que fue resuelto a través del Auto de 16 de ese mes y año, declarando no ha lugar a dicha impugnación, disponiendo que los accionantes cumplan con lo señalado en el citado Auto Interlocutorio, ya que, el mismo no fue objeto de apelación y que un recurso de reposición no podría suplir el mecanismo idóneo contra la determinación de una medida cautelar conforme lo establecido por el art. 251 del CPP (Conclusiones II.3., II.3.1., II.3.2. y II.3.3.). En el Auto de 16 de septiembre de 2022, el Juez ahora accionado solicitó que por Secretaría de su Juzgado en el día informe si los imputados -accionantes- cumplieron con las medidas cautelares impuestas; por lo que, el Secretario hoy coaccionado a través del Informe de la misma fecha, hizo conocer que “a la fecha” se encuentra pendiente de su cumplimiento por los accionantes la fianza juratoria de la promesa y la fianza económica. Por consiguiente, mediante decreto de 19 de igual mes y año, el Secretario ahora coaccionado atendiendo el Informe que él mismo emitió, dispuso señalamiento de audiencia de revocatoria de medidas cautelares para los accionantes, para el 4 de octubre de dicho año a las 9:00 horas (Conclusiones II.4. y II.4.1.). Conforme al objeto procesal en la presente causa, los accionantes pretenden como tutela la cesación de las acciones ilegales y arbitrarias; asimismo, que se determine en su favor las salidas laborales conforme con lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 285/2022, para resguardar sus derechos al trabajo; además, que se efectivice la fianza juratoria de acuerdo con lo establecido por el art. 242 del CPP, que únicamente debe contener la cláusula de promesa de los imputados -accionantes- a someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación y se suspenda la fianza económica hasta que se resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto; así como, se deje sin efecto el Informe de 16 de septiembre de 2022, de incumplimiento de medidas cautelares impuestas y el señalamiento de audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares hasta la resolución del mencionado recurso de apelación alegando como vulnerados sus derechos al trabajo, a la locomoción y a la libertad. En ese contexto, corresponde precisar conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que el recurso de apelación incidental se encuentra previsto para cuestionar resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen una medida cautelar, no teniendo efecto suspensivo; es decir, que no obstante que esa decisión hubiese sido impugnada a través del recurso de apelación no es imprescindible esperar los resultados del Tribunal de alzada; razonamiento que igualmente es aplicado a los fallos que determinan la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, constituyendo el cumplimiento de las medidas impuestas el único requisito para mantener la libertad del imputado. En ese entendido, después del recurso de apelación incidental formulado por los accionantes contra el Auto Interlocutorio 285/2022, el Juez ahora accionado continuó con la tramitación de la causa penal exigiendo a los nombrados el cumplimiento de las medidas sustitutivas de la detención preventiva impuesto en el referido Auto Interlocutorio, suscitándose una serie de actos, respecto a los cuales los accionantes consideran como vulneratorios a sus derechos alegados en la presente acción tutelar, que se encuentran vinculados a la tramitación de su solicitud de autorización de horario de trabajo, ante el decreto que les negó dicho pedido y el Auto de 16 de septiembre de 2022, que dispuso no ha lugar al recurso de reposición planteado; y el posterior decreto de 19 de ese mes y año, de señalamiento de audiencia de revocatoria de medidas cautelares; pretendiendo que a través de esta acción de defensa sean tutelados su derecho al trabajo, cuando corresponde ser protegido mediante una acción de amparo constitucional; por lo que, no se puede de la misma manera ingresar a realizar análisis alguno respecto a los derechos a la locomoción y a la libertad; ya que, el objeto procesal de la presente causa se encuentra relacionada justamente a la tramitación de los requisitos tendientes a asegurar la libertad y el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas en el citado Auto Interlocutorio sobre la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva. Finalmente, a efectos de cuestionar esas supuestas irregularidades existe el incidente de actividad procesal defectuosa; puesto que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es posible activar de manera directa la vía constitucional a través de la acción de libertad, debido a la concurrencia de la subsidiariedad excepcional que rige a esta acción tutelar; es decir, que los accionantes pudieron activar el incidente de actividad procesal defectuosa para reclamar tanto la actuación del Juez hoy accionado como la del Secretario ahora coaccionado, quien el 19 de septiembre de 2022, señaló audiencia de revocatoria de medidas cautelares; en ese entendido, al no agotarse los mecanismos intraprocesales que prevé el ordenamiento jurídico, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 65 a 68 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR a tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0222_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0d222f105c2fe2a01a76f1af26cf949e2ea7425994a2e4c5b502fe0367fb4735
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →