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SCP 0221/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
3 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52510-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; puesto que, fue beneficiado con la cesación de su detención preventiva, imponiéndose en su lugar otras medidas; entre ellas, la presentación de garantes, aspecto que fue cumplido; sin embargo, el Secretario ahora accionado se rehusó a realizar los verificativos domiciliarios tanto de sus garantes como de su persona, ejerciéndose la facultad jurisdiccional de admitir o rechazar a los garantes propuestos; por lo que, efecto de esa “negligencia” se encuentra ilegalmente privado de libertad por un lapso superior a un mes posterior a la emisión de la Resolución 427/2022 que dispuso cesar dicha medida extrema, cuando todos los trámites relacionados a la libertad deben ser efectivizados en un plazo máximo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la materialización de la cesación de la detención preventiva bajo fianza personal; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que el mismo día que sea notificado con el presente fallo constitucional, ponga a conocimiento de la Jueza de la causa, la proposición de garantes personales y la prueba arrimada al mismo, para que sea la nombrada quien proceda a su compulsa y valoración; y, determine de manera fundamentada, si se aceptan o rechazan los mismos; salvo que, por el transcurso del tiempo dicho aspecto hubiese sido resuelto o su situación jurídica modificada. 2° Se dispone la remisión de antecedentes a la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, a efectos de establecer responsabilidades respecto a la denuncia de cobros indebidos por parte de Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la materialización de la cesación de la detención preventiva bajo fianza personal
  2. III.2. Análisis en el caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0221/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52510-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gloria Antonia Guerra Mamani en representación sin mandato de Mario Pérez Calle contra Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante de fs. 3 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de delito de homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP), signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102012209123; el 12 de noviembre de 2022, se dispuso su cesación de la detención preventiva, imponiendo en su lugar medidas cautelares de carácter personal; entre ellas, la presentación de garantes; no obstante, el Secretario ahora accionado se rehusó a viabilizar los verificativos domiciliarios de los dichos garantes como de su persona, llegando a asumir funciones jurisdiccionales, al erogarse la facultad de admitir o rechazar los garantes propuestos; pese a que, a efectos de dar celeridad a dichos verificativos y demás trámites, con la finalidad de obtener el mandamiento de libertad, a solicitud del Secretario hoy accionado, se hizo entrega de la suma Bs1 000.-(un mil 00/100 bolivianos), por concepto de pasajes e impresiones fotográficas. En ese marco, manifestó que, a raíz de la negligencia del Secretario ahora accionado, se encuentra ilegalmente privado de libertad por el lapso de un mes posterior a la emisión de la Resolución 427/2022 de 12 de noviembre que dispuso su cesación a la detención preventiva; por lo que, alegando la SCP 0859/2018-S2 de 20 de diciembre, solicitó la tutela de sus derechos.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante a través de su abogado en audiencia, denuncia la vulneración de su derecho a libertad de locomoción; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se emita inmediatamente mandamiento de libertad en su favor; y, b) Se remitan antecedentes al Ministerio Público ante la privación ilegal de su libertad; y, obrados al Consejo de la Magistratura a efectos que dé inicio al proceso disciplinario correspondiente.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 8 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: 1) Se encuentra ilegalmente privado de libertad, vulnerando su derecho a la locomoción; puesto que, todos los trámites relacionados a la libertad deben ser efectivizados en un plazo máximo de veinticuatro horas; y, 2) Es posible interponer la presente acción tutelar contra funcionarios de apoyo jurisdiccional, con la finalidad que se tome la recepción de verificación del garante, ello con la finalidad de que se emita el mandamiento de libertad ya ordenado.

I.2.2. Informe del funcionario accionado

Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) El 12 de noviembre de 2022, fue emitida la Resolución 427/2022, que concedió la cesación de la detención preventiva del accionante, que en su parte resolutiva, dispuso que se presente los lunes de cada semana ante el Ministerio Publico; presentación de dos garantes solventes que, en caso de fuga deberán empozar la suma de Bs10 000.- (diez mil 00/100 bolivianos); prohibición de concurrir al lugar de los hechos; y, arraigo; ii) Durante el desarrollo del proceso se logró captar la presentación de documentos de la “…asociación de falsos juramenteros…”, la cual fue remitida para resolver la presente acción tutelar, concerniente en formulario único de denuncia con CUD 201102012209123, caratulado como denunciantes de oficio y denunciado Mario Pérez Calle - accionante-, el cual se encuentra cargado en el Sistema de Registro Judicial (SIREJ), con fecha de inicio de investigación de 20 de noviembre de del mismo año; por lo que, bajo esos antecedentes como en otros procesos independientes, la presentación de garantes se rechaza cuando se encuentran relacionados a los “falsos juramenteros”; en cuyo contexto, si bien es evidente que se presentaron los respectivos garantes, con pruebas, fueron rechazados al no tener el carácter de solventes; y, iii) La acreditación de garantes personales no es igual a una fianza real, sino que debe contarse con domicilio, trabajo e ingresos económicos, dado que en caso de fuga o rebeldía del imputado -accionante- se debe asumir un gasto para su recaptura; no obstante, los nombrados aparentan ser de la “…asociación de falsos juramenteros…”, ello de acuerdo al informe de inicio de investigación del aludido caso; iv) La Secretaría de Juzgado se hace responsable al momento de recepcionar un garante; asimismo, en caso de ser admitido; el accionante, propuso tres garantes “…el ultimo garante señor juez fue puesto en conocimiento al suscrito secretario entre el domingo por la noche y el lunes en el transcurso del día siendo imposible verificar los documentos señor juez por lo que se le ha hecho conocer vía virtual y no se tuvo acceso a los mencionados documentos en original…” (sic), resultando importante revisar los documentos en original para corroborar su autenticidad; y, posteriormente, realizar el verificativo y generar las placas fotográficas; y, v) Finalizó aclarando que, por Instructivo del Tribunal Departamental de Justicia -se asume del departamento de La Paz-, los juzgados se encuentran de vacaciones por lo que “…el Secretario 1° del cautelar de la Zona Sur no cuenta con antecedentes los mismos fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Penal 3° por lo cual el presente secretario no puede corroborar el tema de garantes porque sencillamente no tengo el cuaderno de control jurisdiccional, no tengo el cuaderno de antecedentes…” (sic).

I.2.3. Informe del tercero interviniente

Santos Iván Ayala Choque, Juez en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, a su turno en audiencia, manifestó que: a) Es de conocimiento público que al disponer la aplicación de medidas cautelares menos gravosas que la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional establece que necesariamente la parte beneficiada con una cesación, previo a acceder a su derecho a la libertad tiene que cumplir con todas las medidas dispuestas; en cuyo marco, del informe emitido por el Secretario ahora accionado, se puede establecer en audiencia se dispuso que el accionado cumpla con la presentación de garantes solventes; b) El art. 243 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en cuanto a la fianza personal refirió que, tiene dos características, primero debe ser un garante solvente y segundo contar con un patrimonio independiente, la SCP 2386/2012 de 22 de noviembre, establece las cualidades que debe tener el fiador personal, entre ellas un domicilio, trabajo e ingresos mensuales y de esta manera podrá acreditar esa cualidad que exige la ley; y, c) Si los garantes que se presentan ante Secretaría del Juzgado no evidencian que son solventes, obviamente no podrán ser recepcionados; por lo que, en la presente audiencia, el accionante debió demostrar que sus garantes cuentan con todas esas cualidades, en cuyo caso si el Secretario ahora accionado no procede a recepcionarlos, perjudicaría el acceso a su derecho a la libertad; sin embargo, únicamente alegaron que el nombrado no recibió los garantes, sin que pueda por ello observarse que exista elemento alguno a efectos de que se pueda dar viabilidad a la solicitud del accionante; por lo cual, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 13 a 14 vta., denegó la tutela solicitada; no obstante, ante la denuncia de un cobro indebido, dispuso la remisión de antecedentes a la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura para que se proceda a la investigación correspondiente; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) De la lectura del memorial de la presente acción de libertad, se evidencia que el accionante no cita la norma fundamental en la cual funda esta acción tutelar, tampoco especifica si su vida se encuentra en peligro, que este ilegalmente perseguido o indebidamente procesado, limitándose a señalar que desde el 12 de noviembre de 2022, no se aceptaron los garantes que propuso para dar cumplimiento a la cesación de su detención preventiva; empero, no presentó documentación pertinente para que pueda realizarse un análisis integral de todos los argumentos; b) El Secretario hoy accionado, sostuvo que los garantes presentados no cumplen con los requisitos previstos, siendo obligación de los funcionarios de apoyo jurisdiccional la verificación de los garantes, quienes deben cumplir lo que establece el art. 243 del CPP; es decir que, deben ser solventes, con patrimonio independiente; y, de acuerdo a la línea jurisprudencial deben tener un domicilio, trabajo e ingreso mensual, aspectos incumplidos por los garantes propuestos, siendo por ello la mora en la ejecución de las medidas sustitutivas atribuible al accionante; y, c) Sin perjuicio de ello, debe recordarse la obligación del Secretario de informar al Juez de la causa, dicho incumplimiento, para que sea éste quien conmine al interesado, o en su caso anuncie la revocatoria de lo dispuesto; en cuyo marco, se llamó severamente la atención al Secretario ahora accionado por no informar oportunamente sobre ello.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Formulario Único de Denuncia con Código 201102012209123 de 17 de noviembre de 2022, de denuncia de oficio realizada por el Ministerio Público contra Mario Pérez Calle -hoy accionante-, que en lo principal refiere, que la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital de departamento de La Paz, advirtió una posible adulteración y falsificación presentada por el imputado en audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva; por lo que, dispuso se remita antecedentes al Ministerio Público con la finalidad de inicio de la investigación correspondiente (fs. 9). II.2. Mediante memorial de 21 de noviembre de 2022, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal de Turno de la Capital del departamento de La Paz, María Julia Poma Mendoza, Fiscal de Materia, informó el inicio de la investigación contra el accionante, a instancia de oficio por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; puesto que, fue beneficiado con la cesación de su detención preventiva, imponiéndose en su lugar otras medidas; entre ellas, la presentación de garantes, aspecto que fue cumplido; sin embargo, el Secretario ahora accionado se rehusó a realizar los verificativos domiciliarios tanto de sus garantes como de su persona, ejerciéndose la facultad jurisdiccional de admitir o rechazar a los garantes propuestos; por lo que, efecto de esa “negligencia” se encuentra ilegalmente privado de libertad por un lapso superior a un mes posterior a la emisión de la Resolución 427/2022 que dispuso cesar dicha medida extrema, cuando todos los trámites relacionados a la libertad deben ser efectivizados en un plazo máximo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la materialización de la cesación de la detención preventiva bajo fianza personal; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la materialización de la cesación de la detención preventiva bajo fianza personal

La SC 0241/2010-R de 31 de mayo, citando el al art. 243 del CPP, señaló que: “Del precepto citado, se aprecia que la fianza personal consiste en la obligación principal que asume una o más personas de presentar al imputado ante el Juez o Tribunal del proceso las veces que sea requerido; así como en la obligación alternativa de pagar la suma que el juez o tribunal determinen como suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales en caso de incomparecencia del imputado que se encuentra sometido a la medida cautelar personal sustitutiva de fianza personal. Por lo expuesto previamente, es preciso remarcar que como el o los fiadores personales asumen también esa obligación alternativa, que eventualmente se tornará en una obligación económica cuando sea determinada por el Juez o Tribunal a los efectos indicados, si bien no es posible que se desnaturalice la finalidad de la fianza personal con exigencias propias de la de carácter real, por cuanto -a pesar que ambas tienen como objetivo común asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso- cada una de ellas tiene una naturaleza jurídica distinta que ha determinado que el legislador las considere por separado; esto no significa que el órgano jurisdiccional no pueda valorar si aquéllos (los fiadores o garantes) tienen las posibilidades económicas o patrimoniales de cumplir la eventual obligación económica alternativa resultante de la incomparecencia del imputado; ese ha sido el entendimiento que al respecto ha tenido este Tribunal en la SC 1045/2004-R de 6 de julio, que señaló: ‘Las citadas normas, si bien implícitamente exigen que el fiador reúna ciertas condiciones de solvencia, éstas no son las mismas que se exigen cuando se impone una fianza real, pues lo que se ha estipulado es que el fiador deberá presentar a su garantizado -imputado- las veces que sea requerido, y si no lo hace, deberá pagar la suma suficiente para la captura y todo lo que ella demande para tal efecto, de esto resulta obvio que deberá tener ciertos ingresos que le permitan asumir, en una eventualidad como esa, los gastos referidos, pero esta obligación no implica que, al igual que en una fianza real, se deban presentar los mismos documentos que se exigen cuando se impone una fianza real, pues entender y exigir los requisitos de ésta para la personal, sería desnaturalizar esta última; y hacer abstracción de los requisitos de cada una de ellas y dejar sin aplicación material y objetiva un presupuesto jurídico establecido por un cuerpo legal vigente como es el relativo a la fianza personal.

Sin embargo, también es importante señalar que el hecho de que para acreditar la solvencia del garante personal, no se exijan los mismos requisitos de la fianza real, no impide al juzgador, que aplique la medida cautelar de fianza personal que valore la situación patrimonial del garante, estableciendo entre otros, si tiene un domicilio y trabajo conocido como también un ingreso mensual, que le permita inferir que en el supuesto de declararse la rebeldía del imputado podrá asumir los gastos de su captura. En este orden de razonamiento, ya se han emitido otras sentencias, entre ellas, las SSCC 0215/2003-R, de 21 de febrero y 0882/2003-R, de 30 de junio’. Es preciso anotar en este aspecto, que en el caso concreto de la fianza personal el examen de la solvencia de los fiadores para determinar su capacidad de cubrir la obligación económica que implicaría la recaptura del imputado ante su incomparecencia, se vincula de manera directa a la finalidad general de las medidas cautelares de carácter personal de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley (art. 225 del CPP). (…) De este modo se considerará que la fianza se ha hecho efectiva, cuando se haya establecido que los garantes o fiadores se encuentran en condiciones de cumplir con la eventual obligación económica emergente de la incomparecencia del imputado, pudiendo incluso a ese efecto el juez o tribunal en atención a los principios de celeridad y concentración analizar este aspecto en la misma audiencia de cesación de la detención preventiva cuando existan las condiciones por haber la parte beneficiaria tomado las previsiones necesarias” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.2. Análisis en el caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; puesto que, fue beneficiado con la cesación de su detención preventiva, imponiéndose en su lugar otras medidas; entre ellas, la presentación de garantes, aspecto que fue cumplido; sin embargo, el Secretario ahora accionado se rehusó a realizar los verificativos domiciliarios tanto de sus garantes como de su persona, ejerciéndose la facultad jurisdiccional de admitir o rechazar a los garantes propuestos; por lo que, efecto de esa “negligencia” se encuentra ilegalmente privado de libertad por un lapso superior a un mes posterior a la emisión de la Resolución 427/2022 que dispuso cesar dicha medida extrema, cuando todos los trámites relacionados a la libertad deben ser efectivizados en un plazo máximo de veinticuatro horas. En ese contexto, resulta imperante tener presente que de acuerdo con la línea jurisprudencial transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando se dispone la cesación a la detención preventiva y se impone en su lugar otras medidas de carácter personal, previamente a emitirse el mandamiento de libertad, la autoridad jurisdiccional debe verificar el cumplimiento efectivo de las mismas; particularmente, tratándose de una fianza personal, a efectos de acreditar la solvencia con la que cuentan los garantes, se encuentra en la posibilidad de valorar su situación patrimonial, estableciendo entre otros, si tiene un domicilio, trabajo conocido como también un ingreso mensual, ello a efectos del cumplimiento efectivo de la garantía, en caso de una supuesta fuga. Ahora bien, en el presente caso el Secretario ahora accionado reconoce que, si bien se presentaron los respectivos garantes con pruebas, fueron rechazados al no tener el carácter de solventes; ya que, presuntamente pertenecerían a la “…asociación de falsos juramenteros…”, determinación que justifica en una denuncia realizada de oficio por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz contra el accionante, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado (Conclusiones II.1 y II.2.), sin que exista explicación coherente de cómo aquello se relaciona con los garantes propuestos; actuación con la cual sobrepasó el límite de sus funciones; puesto que, la facultad de determinar si los garantes fueron o no idóneos, correspondía al Juez de la causa y no así al Secretario hoy accionado, recayendo sobre éste último el deber de poner a conocimiento de la citada Jueza, la presunta falta de solvencia advertida, para que sea quien emita pronunciamiento al respecto; extremo que al no acontecer, vulneró el derecho a la libertad del accionante, con afectación al principio de celeridad, dado que la determinación de la cesación de su detención preventiva con imposición de otras medidas, fue dispuesta el 12 de noviembre de 2022, sin que a la fecha de interposición de esta acción de defensa realizada el 7 de diciembre de igual año, exista pronunciamiento fundamentado de la autoridad competente con relación a que si los garantes presentados por el accionante resultan ser o no solventes; puesto que, además ante la posible existencia de observaciones de aquellos, concierne que éstos sean puestos a conocimiento de la parte interesada, a efectos de ser subsanados en caso de corresponder, o en su defecto debe hacerse conocer las razones de la negativa; para que, en caso de considerar pertinente pueda ser objeto de impugnación por la parte afectada.

Mérito por el cual, corresponde conceder la tutela solicitada contra el Secretario ahora accionado, disponiendo que en el mismo día que sea notificado con el presente fallo constitucional, ponga a conocimiento del Juez de la causa, la proposición de garantes personales y la prueba arrimada al mismo, para que sea la aludida autoridad quien proceda a su compulsa y valoración; y, determine de manera fundamentada, si se aceptan o rechazan los mismos; salvo que por el transcurso del tiempo dicho aspecto hubiese sido resuelto o su situación jurídica modificada. Sin perjuicio de lo determinado, si bien la presente acción tutelar no fue dirigida contra la Jueza de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, quien tramitó el proceso principal del cual deviene la presente acción de defensa, corresponde también conceder la tutela en su contra, sin responsabilidad -al no ser accionada-; puesto que, no ejerció su labor de supervisión, a objeto de garantizar la celeridad en los trámites judiciales, que le corresponde en su rol de directora del proceso. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que el mismo día que sea notificado con el presente fallo constitucional, ponga a conocimiento de la Jueza de la causa, la proposición de garantes personales y la prueba arrimada al mismo, para que sea la nombrada quien proceda a su compulsa y valoración; y, determine de manera fundamentada, si se aceptan o rechazan los mismos; salvo que, por el transcurso del tiempo dicho aspecto hubiese sido resuelto o su situación jurídica modificada. 2° Se dispone la remisión de antecedentes a la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, a efectos de establecer responsabilidades respecto a la denuncia de cobros indebidos por parte de Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0221_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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