Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 11 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denunció como vulnerado su derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; alegando que la autoridad ahora demandada al momento de emitir el Auto de Vista de 12 de mayo de 2022, incurrió en falta de fundamentación y motivación, pues mantuvo la vigencia del peligro efectivo para la víctima, sostenido en la SCP 0394/2018-S2, argumentando que se revictimizó a la víctima con la suscripción de las garantías unilaterales –que presentó en primera instancia como nuevo elemento para desvirtuar dicho riesgo procesal–, equivocando la naturaleza de dicho fallo constitucional, pues soslayó que el acta de buena conducta suscrita en forma unilateral fue realizada en cumplimiento al requerimiento de medidas de protección, dispuesta por autoridad fiscal, cuyo acto fue materializado sin la presencia de la víctima; por lo que, en ningún momento ésta sufrió tal revictimización. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0220/2024-S4 Sucre, 11 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48284-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilson Fernando Echave Canelas en representación sin mandato de Javier Freddy Huanca Tintaya contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de junio de 2022, cursante de fs. 33 a 36 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tentativa de violación, el 12 de octubre de 2021, se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, donde fue dispuesta su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Patacamaya de dicha ciudad, ante la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la (Ley 1173) –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 3 de mayo de 2019, por el plazo de tres meses, señalándose verificativo para considerar su situación jurídica para el 12 de enero de 2022.
Añadió que, el 3 de noviembre de 2021, al amparo del art. 239.1 de la norma de referencia, solicitó cesación a su detención preventiva, presentando como nuevo elemento de prueba un acta de buena conducta suscrito en forma unilateral, el cual fue dispuesto en virtud a un requerimiento fiscal de medidas de protección realizado el 7 de septiembre del citado año, con lo que demostró el cumplimiento de las mismas conforme el art. 35 de la Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia –(Ley 348) –de 3 de marzo de 2013–; que mereció la emisión de la Resolución 257/2021 de 3 de noviembre, a través de la cual fue declarada procedente, dando por enervado el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, en cuya consecuencia se le impuso medidas cautelares de carácter personal establecidas en el art. 231 bis del citado cuerpo legal, entre ellas la detención domiciliaria; determinación que fue objeto de apelación por la parte víctima. Señaló que durante ese transcurso en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución primigenia se llevó a cabo audiencia de control jurisdiccional para considerar su situación jurídica, pese a que ya se contaba con la aplicación de medidas cautelares personales “sustitutivas” a la detención preventiva, verificativo donde el Juez de la causa conminó al Ministerio Público presente requerimiento conclusivo a la culminación de la etapa preparatoria; por lo que, “a la fecha” ya se contaba con acusación fiscal. Añadió que, posterior a ello fue llevada a cabo la audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva el 12 de mayo de 2022, donde la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –compuesto por la autoridad ahora demandada–, pronunció el Auto de Vista de la misma fecha, mediante el cual dispuso la revocatoria del fallo recurrido, con falta de fundamentación y motivación, pues con relación al peligro efectivo para la víctima contenido en el art. 234.7 del CPP, modificado por la Ley 1173, argumentó que: “…SE REVICTIMIZO A LA VICTIMA CON LA SUSCRIPCION DE LAS GARANTÍAS UNILATERALES…Y EL IMPUTADO CONSTITUYE UN PELIGRO EFECTIVO PARA LA VICTIMA…” (sic), soslayando que el acta de buena conducta suscrita en forma unilateral, fue realizado en cumplimiento al requerimiento de medidas de protección, dispuesta por autoridad fiscal, cuyo acto fue materializado sin la presencia de la víctima, por lo que en ningún momento sufrió revictimización, como malentiende la autoridad demandada, pues tampoco concurre elemento idóneo que establezca ese riesgo procesal, resultando incorrecto y excesivo exigirle demuestre que no es un peligro efectivo para la víctima, evidenciándose que no existe justificación fáctica ni jurídica, pues tampoco se mencionó “el valor otorgado a los medios probatorios presentados por el ahora accionante a fin de tornar conveniente que la extrema medida de detención preventiva pueda ser sustituida por otra menos gravosa y de la misma forma no tiene presente el estado de la causa y mantiene firma y subsistente el peligro de fuga establecido en el Art. 234 núm. 7) pese a que ya se cuenta con pliego acusatorio presentado por el Ministerio Público” (sic), habiéndose concluido con los actos investigativos.
Finalmente, sostuvo que tampoco se realizó una correcta valoración de la probabilidad de autoría y riesgos procesales, pues en vigencia de la Ley 1173 debió considerarse que el objeto de la misma es procurar la resolución de conflictos penales y el abuso de la detención preventiva, por tanto en función a ello debió disponer la cesación a su detención preventiva, y haciendo referencia a Cesare Becaria, señaló que “no basta mencionar la existencia de un simple riesgo sino que éste DEBE SER PROBABLE; es decir, lo que el autor considera es que resulta insuficiente recurrir a situaciones subjetivas debido a que los riesgos deben ser creíbles y que esa situación no podría sostenerse razonablemente si no existe un análisis integral y concurrente de esas circunstancias que deben ser demostradas de manera objetiva o, como es igual, con base a las pruebas que se aporten para que valoradas integralmente se pueda llegar a la conclusión de que existe la probabilidad de un riesgo procesal ya sea de fuga o de obstaculización” (sic).
El accionante a través de su representante sin mandato, alegó como lesionado su derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, citando al efecto los art. 22, 23.I, 115.II, 116.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 12 de mayo de 2022, disponiendo que la autoridad demandada emita nueva resolución debiendo realizar una valoración integral del art. 234.7 del CPP, con relación al peligro efectivo para la víctima y la revictimización de la misma, con la suscripción de garantías unilaterales tomando en cuenta los extremos señalados así como el espíritu de la Ley 1173 en cuanto a evitar el abuso de la detención preventiva, considerando que a la fecha ya se cuenta con pliego acusatorio, máxime cuando en la Resolución 193/2021 de 12 de octubre, se dispuso su detención preventiva por el plazo de cuatro meses.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 48, presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó el contenido de la acción de libertad y ampliándola señaló que: a) Solicitó cesación a su detención preventiva, a la cual se dio curso a través de la Resolución 257/2028, imponiéndosele detención domiciliaria, ello en virtud a la presentación de un requerimiento de medidas de protección emitido por Esmeralda Toledo Cabrera, Fiscal de Materia asignado al causo, quién ordenó que su persona otorgue garantías personales de forma unilateral en favor de la víctima, extensible a sus familiares ante la división de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto del departamento de La Paz, determinación que en alzada fue revocada mediante Auto de Vista de 12 de mayo de 2022, basada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, la cual estableció que en casos de violencia contra las mujeres la solicitud de garantías personales o mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas, pues en todo caso es ella y no el imputado, la que tiene derecho en el marco del art. 335 de la Ley 348, exigir medidas de protección; no obstante, no se consideró que ello fue en cumplimiento al requerimiento de medidas de protección dispuesto por autoridad fiscal, con la finalidad de interrumpir o impedir nuevos hechos de violencia contra la víctima y familiares, las cuales son de manera provisional, habiendo la autoridad demandada equivocado la naturaleza de dicho fallo constitucional, pues de acuerdo al informe que cursa por parte del auxiliar de actas y garantías de 23 de noviembre, se señaló claramente que el imputado se presentó de forma unilateral, sin que se haya hecho presente la víctima, en cuyo mérito el Juez a quo tuvo por enervado ese riesgo procesal, porque se cumplió con las medidas de protección dispuestas por la fiscal presentándose el acta de buena conducta, en cuyo mérito las presunciones a las que hace referencia la autoridad demandada no pueden ser consideradas para establecer la concurrencia del aludido riesgo procesal, “puesto que esto va más allá de lo establecido en la Ley 1173, si bien es cierto que existen Tratados, Convenios Internacionales, Convenio Belém Do Pará también protege a las víctimas, no es cierto que en esta misma Sentencia Constitucional, la que ha utilizado la autoridad Accionada, se establece que el peligro debe ser efectivo, demostrable y comprobable, no solamente se puede decir que con las garantías, seas a revictimizado, por tanto es un peligro efectivo para la víctima” (sic); y, b) Finalizó solicitando se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista de 12 de mayo del 2022, debiendo emitirse nuevo fallo “valorando de forma integral esta Sentencia, a la que ha hecho mención la propia autoridad, Accionada con relación al peligro de fuga establecido en el artículo 234, Numeral 7 de la Ley 1970 y la supuesta revictimización a la que ha incurrido el imputado, tomando en cuenta que el objeto y el espíritu de la ley 1173 es evitar el abuso de la detención preventiva, considerando que se ha dispuesto en fecha 12 de octubre del 2021 la detención preventiva por el plazo de tres meses a la fecha y hace cuenta con pliego acusatorio y no se ve la necesidad de que el imputado vuelva a guardar detención preventiva, es cuanto tenemos a bien solicitar” (sic).
Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 9 de junio de 2022, cursante a fs. 46 y vta., manifestó: 1) Emitió pronunciamiento revocando la Resolución 257/2021 de 03 de noviembre, al evidenciar agravios en relación a los riesgos procesales, básicamente en torno al art. 234.7 del CPP, manteniendo vigente el presupuesto de la probabilidad de autoría contenido en el art. 233.1, además del riesgo procesal del art. 235. 2 de la citada normativa, en razón que el hecho que se encuentra investigando trata sobre violación en grado de tentativa, por lo que, se estableció que el razonamiento asumido por el a quo, no condice con la aplicación de la SCP 0394/2018-S2; y, 2) El Comité de Derechos humanos en la observación general número 28 enseña que los Estados deben adoptar medidas necesarias para eliminar los obstáculos que se interponen en el goce de los derechos en condiciones de igualdad, “la SC 353/ 2018-S2 establece que así los desacuerdos intrasujeto; es decir, contradicciones víctima de violencia sexual no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiese mentido, sino que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho, de igual manera la SC 0721/2018-S2 de 31 de octubre en relación a la Ley 348 sostiene que esta disposición legal establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección, reparación a las mujeres en situación de violencia así como la persecución y sanción a los agresores con el fin de garantizar a las mismas una vida digna y ene ejercicio pleno de sus derechos, el sancionar a los culpable porque solo de este modo se desalientan futuras violaciones a los derechos de las mujeres” (sic), destacándose en el fallo pronunciado el hecho por el que se aperturó la investigación, consignándose en el Considerando III cuarta página, los hechos y la adecuación de la probabilidad de autoría en el ilícito de tentativa de violación; argumentos en torno a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El representante del Ministerio Público, no se hizo presente en la audiencia de consideración de acción de libertad pese a su notificación, cursante a fs. 38.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 34/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 49 a 50 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: i) La SCP 0013/2017-S3 de 3 de febrero, estableció que los Jueces y Tribunales de garantías y el propio Tribunal Constitucional, no puede asumir una atribución que el orden constitucional no le otorga, no siendo posible que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad prospere a través de la acción de libertad, desnaturalizando la actuación de los Jueces y Tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia para ejercer el control del proceso y solo si la infracción no es reparada, se abre la tutela constitucional; ii) Que, de los antecedentes se tiene que la presente causa se encuentra a cargo de una autoridad jurisdiccional que emitió el fallo que fue revocado por el Tribunal de alzada; y, iii) “Que, conforme a los antecedentes y la línea jurisprudencial anteriormente invocada, se tiene establecido que la acción de libertad que anteriormente era de denominada habeas Corpus, no procede en la aplicación de las presentes causas, es decir, cuando existe un control jurisdiccional no es la medida adecuada, sin que previamente se hubiera concluido con todos los mecanismos intra procesales de reclamación y conforme a los antecedentes, eso tiene que evidentemente estos aspectos no han sido agotados por parte del ahora accionante, en tal virtud, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Primero De La Capital, considera que la misma no es aplicable en la presente causa” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 257/2021 de 3 de noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, declaró procedente la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Javier Freddy Huanca Tintaya hoy impetrante de tutela, estableciendo medidas cautelares personales conforme el art. 231 del CPP, entre ellas la detención domiciliaria (fs. 9 a 12 vta.). II.2. A través de Auto de Vista de 12 de mayo de 2022, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz compuesto por la autoridad ahora demandada, declaró procedente el recurso de apelación formulado por Yesica Lisbeth Quispe Mamani, en consecuencia revocó el fallo recurrido, “disponiendo la situación jurídica se mantenga a la que se tenía antes de la resolución ahora apelada, es decir, se mantiene la situación jurídica la que fue adoptada antes de la resolución número 257/2021” (sic) (fs. 23 a 29).
El accionante a través de su representante sin mandato denunció como vulnerado su derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; alegando que la autoridad ahora demandada al momento de emitir el Auto de Vista de 12 de mayo de 2022, incurrió en falta de fundamentación y motivación, pues mantuvo la vigencia del peligro efectivo para la víctima, sostenido en la SCP 0394/2018-S2, argumentando que se revictimizó a la víctima con la suscripción de las garantías unilaterales –que presentó en primera instancia como nuevo elemento para desvirtuar dicho riesgo procesal–, equivocando la naturaleza de dicho fallo constitucional, pues soslayó que el acta de buena conducta suscrita en forma unilateral fue realizada en cumplimiento al requerimiento de medidas de protección, dispuesta por autoridad fiscal, cuyo acto fue materializado sin la presencia de la víctima; por lo que, en ningún momento ésta sufrió tal revictimización. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 1508/2022-S4 de 18 de noviembre, precisó: ‘“Al respecto, la SCP 0336/2019-S4 de 5 de junio, refirió que: ‘La garantía del debido proceso, se encuentra prevista en el art. 115.II de la CPE, cuyo texto señala: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; asimismo, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia, en los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la CPE.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional precisó que el debido proceso es: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que, entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino a todos los procesos según la naturaleza de los mismos y las normas que lo regulan’ (SC 0250/2010-R de 31 de mayo).
(…)
En lo que respecta a la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, que también integran la garantía al debido proceso, el razonamiento consolidado el Tribunal Constitucional Plurinacional, prescribe: …la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia…
Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras)’.
Los anteriores precedentes jurisprudenciales, resaltan la importancia del deber de las autoridades judiciales, respecto a la tarea de motivar y fundamentar sus resoluciones; pues, a través del cumplimiento de tales componentes del debido proceso, optimizan el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en favor de las partes litigantes; también, constituye un elemento que permite analizar, verificar y controlar de manera eficaz el desempeño de las funciones jurisdiccionales, ya que el deber de justificar y/o argumentar las resoluciones a través de la motivación y fundamentación configurando una estructura de hecho y de derecho, permite dar a conocer a las partes en forma clara y sencilla el porqué de una determinada decisión y los alcances de la misma respecto a un determinado reclamo o a una pretensión procesal formulada; aspecto relacionado con el deber de garantizar el principio de congruencia, dado que la resolución debe enmarcarse en lo pretendido o solicitado por las partes, permitiendo además, realizar un control efectivo de las diferentes instancias y etapas del proceso, a través de los medios de impugnación que la ley reconoce a los sujetos intervinientes en un litigio judicial”’ (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia como vulnerados sus derechos invocados en esta acción tutelar, alegando que la autoridad ahora demandada al momento de emitir el Auto de Vista de 12 de mayo de 2022, incurrió en falta de fundamentación y motivación, pues mantuvo la vigencia del peligro efectivo para la víctima, sostenido en la SCP 0394/2018-S2, argumentando que se revictimizó a la víctima con la suscripción de las garantías unilaterales –que presentó en primera instancia como nuevo elemento para desvirtuar dicho riesgo procesal–, equivocando la naturaleza de dicho fallo constitucional, pues soslayó que el acta de buena conducta suscrita en forma unilateral fue realizada en cumplimiento al requerimiento de medidas de protección, dispuesta por autoridad fiscal, cuyo acto fue materializado sin la presencia de la víctima; por lo que, en ningún momento ésta sufrió tal revictimización. De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que mediante Auto Interlocutorio 257/2021, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, declaró procedente la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Javier Freddy Huanca Tintaya, hoy impetrante de tutela, estableciendo medidas cautelares personales conforme el art. 231 del CPP, entre ellas la detención domiciliaria (Conclusión II.1); determinación que al ser objeto de apelación por Yesica Lisbeth Quispe Mamani, como parte víctima, mereció la emisión del Auto de Vista de 12 de mayo de 2022, a través del cual la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz compuesto por la autoridad ahora demandada, declaró procedente el aludido recurso; en consecuencia, revocó el fallo apelado, “disponiendo la situación jurídica se mantenga a la que se tenía antes de la resolución ahora apelada; es decir, se mantiene la situación jurídica la que fue adoptada antes de la resolución número 257/2021” (sic) (fs. 23 a 29). En ese marco, teniendo presente el contexto de la problemática planteada, corresponde –en la parte que nos concierne– ingresar a conocer los fundamentos en los que fue sostenido el Auto de Vista ahora confutado; teniendo al respecto que la autoridad demandada en el CONSIDERANDO III, plasmó lo siguiente: En relación al art. 234.7 del CPP, señaló que el Juez a quo hizo referencia a los alcances de la SCP 0394/2018-S2, en cuanto a la vulnerabilidad y desventaja en la que se encontraría la víctima de violencia sexual, realzando que, las garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga, constituía una medida de revictimización; no obstante, tomo en cuenta el requerimiento de medidas de protección de 17 de septiembre 2021, donde el Ministerio Público, dispuso que el imputado otorgue garantías extensivas a los familiares y a la víctima, habiéndose suscrito el acta de buena conducta, sin fundamentar si el mismo era viable a efectos de desvirtuar el aludido riesgo procesal, con base en lo cual coligió que el inferior había realizado un análisis contradictorio e incoherente con los alcances establecidos en dicho fallo constitucional, ya que era deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad y el interés de la niña, niño y adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos conforme el art. 60 de CPE, “el Protocolo de San Salvador, la recomendación de CEDAW violencia contra la mujer, es una forma de discriminación, que impide gravemente que está goce de derechos y libertades, en pie de igualdad con cl hombre, textual; se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en caso de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia” (sic), por cuanto las autoridades fiscales como judiciales deben considerar que, la solicitud de garantías personales, que en muchos casos son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituye en una medida de “victimización”, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor, extremo que desnaturaliza la protección que debe brindar el Estado a las mujeres y víctimas de violencia, pues en todo caso son ellas las que en el marco del art. 235 del CPP, tiene el derecho de solicitar los medios de protección, correspondiendo que en los casos de violencia contra las mujeres se considere la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentren respecto al imputado, las características del delito, la conducta exteriorizada por este contra la víctima antes y con posterioridad a la comisión del delito, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; fundamentos en torno a los cuales declaró procedente el recurso de apelación formulado por Yesica Lisbeth Quispe Mamani y en el fondo revocó la Resolución 257/2021, “disponiendo la situación jurídica se mantenga a la que se tenía antes de la resolución ahora apelada, es decir, se mantiene la situación jurídica la que fue adoptada antes de la resolución número 257/2021” (sic). Contrastados los fundamentos ilustrados con la problemática de referencia, no es evidente la presunta falta de fundamentación y motivación alegada en torno a la vigencia del peligro efectivo para la víctima; pues de acuerdo a lo plasmado precedentemente, la autoridad demandada en la revisión del fallo apelado, advirtió la existencia de incongruencia en la determinación asumida por el Juez a quo, quien si bien se había remitido a los alcances establecidos en la SCP 0394/2018-S2, señalando que, las garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga, constituía una medida de revictimización; no obstante, de manera contraria a dicho postulado, su decisión de dar por enervado el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, y disponer la cesación de su detención preventiva, otorgando en su lugar medidas cautelares personales entre ellas la detención domiciliaria, fue determinada precisamente efecto de la consideración del acta de buena conducta, con lo cual habría descuidado el hilo conductor de racionalidad que debía haber entre la motivación determinativa que sostiene de manera lógica la decisión. Extremo por el cual ejerciendo sus facultades como Tribunal de alzada, recondujo el razonamiento en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional de referencia, puntualizando que conforme lo sentado en dicho fallo, la solicitud de garantías personales, para desvirtuar el peligro efectivo para la víctima, se constituía en una medida de revictimización, por cuanto a momento de su consideración en casos de violencia contra las mujeres, debía analizarse la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encontraba respecto al imputado, las características del delito en el caso tentativa de violación, la conducta exteriorizada por este contra la víctima antes y con posterioridad a la comisión del delito y los derechos de ambos, por lo que dicha documentación no resultaba pertinente para desvirtuar ese riesgo procesal, ya que la misma desnaturalizaba la protección que el Estado debía brindar a las víctimas; en cuyo contexto, el referido peligro debía ser comprendido desde una protección amplia y reforzada, con enfoque interseccional al tratarse de una mujer víctima de delitos de violencia sexual, que se encuentra dentro de los grupos de vulnerabilidad. En tal sentido, se evidencia que el Vocal –hoy demandado–, fundamentó y motivó de manera suficiente y detallada las razones de la decisión asumida, con relación al precitado riesgo procesal, con apego a lo establecido en la SCP 0394/2018-S2, satisfaciendo con ello el debido proceso en cumplimiento a los parámetros establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, sin que por ello se advierta lesión alguna a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0220_2024-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 13e72b904d8bf429790dc50ddfa6729f7a0c88968a35dfdb2a70c68360dc86c5
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