Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 3 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a la impugnación y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, posterior a la emisión de la Sentencia 2/2022 de 3 de febrero -la misma que le fue notificada en audiencia de juicio oral-, pidió al Juez demandado su notificación personal con dicho fallo y la entrega de una copia, habiendo reiterado esa solicitud; sin embargo, la citada autoridad mediante providencias de 28 de marzo y 7 de junio del mencionado año, rechazó su requerimiento haciendo alusión al art. 393 sexter con relación a la parte in fine del art. 361 y penúltimo párrafo del art. 163 todos del CPP; por tal motivo, interpuso recurso de reposición, el cual por decreto de 1 de julio de igual año, fue declarado improcedente, argumentando que su petición era reiterativa, dejándole en estado de indefensión material al no poder impugnar la referida Sentencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 131/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 64 a 68 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática en estudio.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0220/2024-S2 Sucre, 3 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 50129-2022-101-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 131/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 64 a 68 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teodocio Balderrama Mejia contra José Luis Cáceres Orozco, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 25 y 29 de julio de 2022, cursantes de fs. 19 a 21; y, 27 a 28, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por delitos relacionados con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, fue sentenciado a diez años de presidio, a través de la Sentencia 2/2022 de 3 de febrero, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandado-. Posteriormente, ante la solicitud de fotocopias de todo el legajo procesal, impetrada el 11 de marzo de 2022, por su abogado, verificó que no fue notificado personalmente con el referido fallo, conforme establece el art. 163.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 9 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, evidenciando además la existencia de un mandamiento de condena de 25 de febrero de 2022, en su contra; por ello, mediante memorial de 23 de marzo del referido año, pidió al Juez demandado, su notificación personal con la citada Sentencia, encontrándose recluido en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba; sin embargo, dicha autoridad a través de providencia de 28 de igual mes y año, le indicó que debía estarse a lo establecido en la parte in fine del art. 361 del CPP modificado por el art. 13 de la mencionada Ley, pudiendo obtener una copia simple de la merituada Sentencia en secretaría, habiendo el indicado Juez efectuado una interpretación personal del contenido de la citada norma legal, para justificar su decisión; solicitud que fue reiterada el 3 de junio del señalado año, y nuevamente rechazada por el demandado incorporando los arts. 393 sexter, con relación al 361 del referido Código, alegando que aquella Resolución de primera instancia le fue notificada en audiencia. Por tal motivo, mediante escrito de 30 de junio de 2022, formuló recurso de reposición, resuelto por providencia de 1 de julio del indicado año, el cual fue declarado improcedente por la autoridad judicial demandada, manifestando que su solicitud era reiterativa; pese a que esta impugnación no requería de mayores formalidades, vulnerando así sus derechos y dejándole en estado de indefensión material al no poder impugnar la citada Sentencia.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a la impugnación y al debido proceso, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada: a) Ordene la notificación personal con la Sentencia 2/2022, conforme previene el art. 163.3 del CPP; y, b) Deje sin efecto las providencias de 28 de marzo, 7 de junio y 1 de julio de 2022, así como, el mandamiento de condena de 25 de febrero del mismo año.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 62 a 63, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expresados en la demanda tutelar, y ampliándolos añadió que, de acuerdo a la SC 1583/2003-R de 10 de noviembre, no es necesario observar de manera rigurosa los requisitos para que se cumpla el derecho a la impugnación; entendimiento que se encuentra establecido en el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); en ese entendido, el Juez demandado no acató con lo dispuesto en los arts. 161, 162 y 163.3 del CPP, referido a las notificaciones personales con las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo.
José Luis Cáceres Orozco, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 16 de agosto de 2022, cursante de fs. 56 a 58, manifestó que: 1) La Sentencia 2/2022 pronunciada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por el delito de transporte de sustancias controladas, no lesionó el derecho a la impugnación, considerando que la misma fue dictada a la finalización de la producción de la prueba de cargo, y consiguiente fundamentación de las conclusiones; 2) En el presente caso, de conformidad al art. 393 sexter del CPP, se procedió a emitir la Sentencia inmediatamente, quedando las partes notificadas con su pronunciamiento íntegro en ese acto procesal, advirtiendo que el plazo para fines de apelación, es de quince días, computables a partir del día siguiente hábil de su notificación con el citado fallo, medio recursivo que no utilizó el peticionante de tutela; y, 3) Se pretende sustituir dicho recurso a través de esta acción tutelar, como si fuese un medio casacional o una instancia de revisión; siendo que, el referido extremo de notificación fue explicado al prenombrado en las providencias de 28 de marzo, 7 de junio y 1 de julio de 2022, contra las que no efectuó ninguna observación de actividad procesal defectuosa respecto a la señalada Sentencia, donde se le indicó los fines de la impugnación y advirtiéndole el plazo que tenía para recurrir; por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
“Alfredo Guzmán”, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías señaló que, al margen de que el presente recurso no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado, no advirtió vulneración de derechos como refirió el impetrante de tutela, y tampoco a la impugnación, considerando que tenía la posibilidad de apelar y prevenido por la autoridad jurisdiccional que se trataba de un procedimiento inmediato, el plazo corría al día siguiente de haberse pronunciado la Sentencia en audiencia, y en presencia de las partes, las mismas que quedaron notificadas legalmente; por lo que, solicitó declarar “improcedente” la acción de amparo constitucional planteada.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 131/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 64 a 68 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Lo que reclama el accionante es la interpretación de la legalidad ordinaria; al respecto, la SCP 0267/2021-S3 de 26 de mayo, estableció que dicha labor es atribución de las autoridades de la jurisdicción ordinaria y administrativa; es decir, no le compete al Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar a juzgar el criterio jurídico o interpretativo empleado por las mismas, a tiempo de la definición de un caso; sin embargo, a la justicia constitucional le concierne verificar si en esa tarea no se quebrantaron principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, siendo deber del impetrante tutela invocar y fundamentar aquellos requisitos, asimismo, indicar cuáles fueron las infracciones a las reglas de la interpretación admitidas por el derecho, cuál de ellas le correspondía, y señalar el nexo de causalidad; ii) El peticionante de tutela no identificó con precisión qué criterios o principios interpretativos no fueron empleados o habría sido desconocidos por la autoridad demandada y el nexo causal; ello, considerando que las acciones de defensa no constituyen una instancia casacional o alternativa de las vías ordinarias o administrativas; es decir, no se asemeja a un memorial de apelación; de ser así, implicaría invadir otras jurisdicciones desnaturalizando la esencia de este mecanismo constitucional; de otra parte, para ingresar a analizar lo expresado, debe determinarse también la relevancia constitucional; situación que, bajo la carga argumentativa, tampoco fue cumplida, según lo estipulado en la SCP 1062/2016-S3 de 3 de octubre; y, iii) En el presente caso, el solicitante de tutela no refirió en qué cambiaría el fondo de la causa, de concederse la acción tutelar impetrada; así, de la revisión de antecedentes, ante la emisión de la Sentencia en procedimiento inmediato, en la que el accionante se encontraba asesorado por su abogado, a la finalización de la lectura íntegra del citado fallo de primera instancia, en audiencia pública realizada el 3 de febrero de 2022, de forma textual el Juez demandado señaló que era susceptible de apelación restringida en el término de quince días, en atención a lo previsto en los arts. 361 con relación al 393 sexter del CPP; por lo que, los sujetos procesales quedaban notificados con el citado verificativo por su pronunciamiento, en función a los arts. 160 y la última parte del 333 del mencionado Código, con la aclaración de que el término corre a partir del día siguiente de haberse leído dicha Sentencia; por consiguiente, no se advirtió vulneración de derecho o garantía alguno, correspondiendo denegar la tutela impetrada. Por memorial presentado el 26 de agosto de 2022, cursante a fs. 73, el accionante pidió aclaración, enmienda y complementación de la Resolución supra dictada; a tal efecto, la citada Sala Constitucional mediante Auto de 30 del mismo mes y año (fs. 74 y vta.), rechazó dicha solicitud indicando que, el prenombrado al margen de efectuar una relación de hechos, señalar fallos constitucionales referidos al derecho a la impugnación, así como, una relación de artículos modificados por la Ley 1173, no identificó con precisión qué criterios o principios interpretativos no fueron empleados o desconocidos por la autoridad demandada, y el nexo causal el cual no solo consiste en identificar el derecho o principio eventualmente vulnerado; “…por lo que esta parte deberá estarse a la resolución emitida, con esas puntualizaciones, en criterio de este Tribunal, no existe nada que aclarar o complementar” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Teodocio Balderrama Mejía -ahora accionante-, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy demandado-, pronunció la Sentencia 2/2022 de 3 de febrero, declarándolo autor del ilícito imputado, imponiéndole la pena de diez años de presidio a cumplir en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de dicho departamento (fs. 3 a 11 vta.). II.2. Cursa mandamiento de condena expedido el 25 del mismo mes y año, por la autoridad demandada contra el peticionante de tutela, por encontrarse ejecutoriada la indicada Sentencia, disponiendo el cumplimiento de la pena impuesta (fs. 12). II.3. Mediante memorial presentado el 25 de marzo del citado año, ante el Juez demandado el impetrante de tutela solicitó ordenar que sea notificado con el referido fallo y se le entregue una copia del mismo en el Centro Penitenciario donde se encuentra detenido (fs. 13). II.4. Por providencia de 28 del señalado mes y año, la autoridad judicial demandada señaló: “A mérito de la solicitud debe estarse a lo establecido por el Art. 361 parte in fine de la Ley N° 1173, pudiendo adquirir copia simple de la Sentencia en Secretaría…” (sic [fs. 14]). II.5. A través del escrito presentado el 3 de junio de 2022, el solicitante de tutela reiteró su pedido de notificación personal con la Sentencia, conforme señala el art. 163.2 del CPP; a tal efecto, el Juez demandado por decreto de 7 de similar mes y año, indicó que: “Estese a lo determinado en la providencia de fecha 28 de marzo de 2022 y asimismo aclarar a esta parte conforme el Art. 163 penúltimo párrafo del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley N° 1173, la entrega de la copia de la resolución al interesado se la realiza cuando no ha sido notificado en audiencia, en el presente caso el procesado Teodocio Balderrama Mejia ha sido notificado en audiencia en fecha 3 de febrero de 2022 conforme establece el Art. 393 sexter con relación al Art. 361 del CPP, en ese sentido debe estarse a dicha normativa…” (sic [fs. 15 a 16]). II.6. Por memorial presentado el 30 de junio de 2022, el accionante interpuso recurso de reposición contra el proveído que antecede; producto de ello, la autoridad demandada emitió el decreto de 1 de julio del citado año, señalando que su solicitud resultaba reiterativa al escrito de 23 de marzo de igual año, que mereció respuesta “…sin que se haya observado o formulado reposición y/o impugnado de alguna forma, por lo mismo al emitir dicha determinación no se ha incurrido en ningún error susceptible de revocatoria o modificación conforme el Art. 401 del Código de Procedimiento Penal…” (sic); en consecuencia, declaró improcedente el recurso planteado (fs. 17 a 18).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a la impugnación y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, posterior a la emisión de la Sentencia 2/2022 de 3 de febrero -la misma que le fue notificada en audiencia de juicio oral-, pidió al Juez demandado su notificación personal con dicho fallo y la entrega de una copia, habiendo reiterado esa solicitud; sin embargo, la citada autoridad mediante providencias de 28 de marzo y 7 de junio del mencionado año, rechazó su requerimiento haciendo alusión al art. 393 sexter con relación a la parte in fine del art. 361 y penúltimo párrafo del art. 163 todos del CPP; por tal motivo, interpuso recurso de reposición, el cual por decreto de 1 de julio de igual año, fue declarado improcedente, argumentando que su petición era reiterativa, dejándole en estado de indefensión material al no poder impugnar la referida Sentencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0091/2013 de 17 de enero, sostuvo que: “…la regulación efectuada por el constituyente respecto a la acción de amparo constitucional, estructura esta acción sobre la base de los principios de sumatoriedad e inmediatez, a partir de los cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos provocados por servidores públicos o particulares. (…) Ahora bien, este mecanismo de máxima protección se rige al mismo tiempo por dos principios configuradores que hacen a su naturaleza: la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o remplaza a los recursos o instancias ordinarias prestablecidas en el ordenamiento jurídico. El segundo, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia. En el marco de lo señalado, la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Este ámbito tutelar queda abierto siempre que no exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela” (las negrillas corresponden al texto original). Por su parte, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. El principio de subsidiariedad que rige a esta acción de defensa, está previsto en el art. 129.I de la CPE, que refiere: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (énfasis añadido); así el art. 54.I del citado Código, dispone: “La Acción de Amparo Constitucional, no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0664/2012 de 2 de agosto, haciendo referencia a la SC 0484/2010-R de 5 de julio, estableció que: «“la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, así se ha establecido en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, que determina: ‘…la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional’”» (el resaltado nos pertenece). El extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 1086/2005-R de 12 de septiembre, expresó lo siguiente: “…el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre). De lo dicho se concluye que la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea la ley. En consecuencia, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria, oportunamente en cada instancia, no pueden ser analizadas a través del recurso de amparo constitucional; dado que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional glosada precedentemente, de manera general, son los jueces y tribunales ordinarios los llamados a reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados en el mismo proceso (judicial o administrativo), y sólo excepcionalmente, y en defecto de aquéllos, la jurisdicción constitucional podrá hacerlo; en cambio, si el reclamo se efectúa en forma directa a través del recurso de amparo constitucional, no se activa la jurisdicción constitucional, dada la naturaleza subsidiaria del amparo; pues, como quedó precisado, en esos casos, las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron oportunidad de conocer los agravios formulados por el recurrente y, en su caso, repararlos. Esto implica que para cumplir la exigencia de subsidiariedad, los hechos que se relacionan como lesivos a los derechos o garantías en sede judicial o administrativa, no pueden ser distintos de los hechos que se expresan en sede constitucional…” (las negrillas son añadidas). Entendimiento reiterado por la SCP 1050/2017-S3 de 13 de octubre.
Sobre el particular, la SCP 0589/2012 de 20 de julio, ratificó el entendimiento establecido en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, respecto a las reglas y subreglas aplicables al principio de subsidiariedad, refiriendo que: “‘…se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia por subsidiariedad, cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’” (el resaltado nos corresponde).
Al respecto, el art. 167 del CPP, establece que, los actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, en el bloque de constitucionalidad y en el citado Código, no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, pudiendo las partes observar el acto defectuoso, cuando no lo hayan provocado o contribuido a provocar el defecto y éste les haya causado perjuicio concreto o indefensión. Por su parte, el art. 168 del citado Código, señala que siempre que sea posible el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido. En ese marco, el art. 169 del Código Adjetivo Penal, señala: “(Defectos absolutos) No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a:
(…) 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código…”.
Sobre el particular, la justica constitucional a través de la SCP 0839/2012 de 20 de agosto, señaló que: “Los actos procesales que sean ejecutados en inobservancia de las normas procedimentales y que como consecuencia generen vulneración a derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y Tratados y Convenciones Internacionales ratificados por el país, se constituyen en actividad procesal defectuosa susceptible de nulidad; así por ejemplo, la notificación defectuosa cuando ocasione indefensión, pues, en este caso, la notificación no sólo busca cumplir una formalidad procesal sino principalmente, poner en conocimiento del destinatario la resolución judicial, es decir, asegurar el derecho a la defensa del justiciable, a través del conocimiento real y efectivo de las resoluciones emergentes en todo proceso. El Tribunal Constitucional, a través de la SC 0522/2005-R de 12 de mayo, al respecto señaló: ‘…la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria, ante el juez o Tribunal de sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser interpuestos con carácter previo, puesto que sólo ante el agotamiento de los mismos la jurisdicción constitucional a través del amparo, quedará abierta para el análisis y consideración de lis actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y garantías constitucionales’; de donde se infiere que existen medios de defensa específicos para impugnar errores, defectos o anormalidades cometidas por el juez o el Ministerio Público y que hubieran sido detectadas por las partes procesales y que deben corregirse precautelando el debido proceso y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. (…) De lo expuesto supra, podemos inferir que los incidentes se constituyen en mecanismos de defensa que han sido previstos por el ordenamiento jurídico a efecto de que las partes puedan solicitar el saneamiento del proceso cuando consideren que durante la tramitación del mismo se ha incurrido en actos u omisiones que se constituyen en defectos relativos y absolutos que ocasionan lesión a los derechos y garantías del imputado; es decir, el incidente es un proceso accesorio que surge y se sustancia dentro del proceso principal y cuya resolución es independiente pero necesaria para resolver aquel” (las negrillas nos pertenecen).
Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0601/2018-S1, 0398/2019-S4 y 0728/2020-S4, entre otras.
De los antecedentes remitidos a este Tribunal se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Teodocio Balderrama Mejia -ahora accionante-, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy demandado-, pronunció la Sentencia 2/2022 de 3 de febrero, declarándolo autor del ilícito imputado, imponiéndole la pena de diez años de presidio a cumplir en la Centro Penitenciario San Sebastián Varones de dicho departamento. Posteriormente, el peticionante de tutela por memorial presentado el 25 de marzo de igual año, pidió al Juez demandado, ordene su notificación con el mencionado fallo y se le entregue una copia del mismo en el Centro Penitenciario donde se halla recluido; en virtud a ello, dicha autoridad mediante providencia de 28 del citado mes y año, le indicó que: “…debe estarse a lo establecido por el Art. 361 parte in fine de la Ley N° 1173…” (sic); y al reiterar esa solicitud por escrito de 3 de junio de 2022, la citada autoridad judicial por decreto de 7 del referido mes y año, le aclaró que al haber sido notificado en audiencia con la señalada Sentencia, correspondía la observancia de los arts. 393 sexter con relación al 361 del CPP; por tal motivo, interpuso recurso de reposición, el cual fue declarado improcedente a través de la providencia de 1 de julio de 2022, con el fundamento que su pedido resultaba reiterativo, habiendo merecido una respuesta que no fue observada o impugnada. Conforme señala la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, esta acción tutelar -en virtud a su carácter subsidiario- puede activarse, siempre que no exista otro medio de protección inmediato para precautelar los derechos y garantías fundamentales o cuando las vías idóneas pertinentes, una vez agotadas, no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede considerar el fondo del problema planteado; y por tanto, tampoco otorgar la tutela; en ese sentido, la justicia constitucional solo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la instancia judicial o administrativa pertinente; esto es, en el momento hábil de producido el agravio; consecuentemente, las personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes de activar el control tutelar de constitucionalidad mediante la acción de amparo constitucional, deberán utilizar los mecanismos intraprocesales o procedimentales de defensa establecidos por ley. El entendimiento anotado precedentemente es aplicable al caso en análisis; debido a que, el solicitante de tutela al considerar que no fue notificado de manera personal con la Sentencia 2/2022, conforme a los alcances de lo establecido en el art. 163.3 del CPP, sino en audiencia de juicio oral, impidiéndole con ello, según alega, ejercer su derecho a recurrir del fallo ante un tribunal superior, se encontraba facultado a plantear incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez demandado, al constituirse como el mecanismo de defensa efectivo e idóneo previsto por el ordenamiento jurídico que las partes pueden solicitar cuando consideren que durante la tramitación del proceso se incurrió en actos u omisiones que se constituyen en defectos relativos y absolutos que ocasionan lesión a sus derechos y garantías constitucionales, según se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; máxime si consideraba que dicha autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido en la normativa penal vigente, permitiéndole revisar el acto presuntamente anómalo y/o la interpretación y aplicación de la norma, realizadas por el referido Juez en su caso; pues inclusive, en caso de ser desestimado el incidente, el accionante podía recurrir dicha determinación ante el superior en grado, a objeto de que pueda revisar la actuación que al presente alega como vulneratoria; hecho que sin embargo no aconteció en el asunto que se analiza. En efecto, conforme se tiene de la parte in fine de la Sentencia 2/2022, la autoridad jurisdiccional demandada, dispuso lo siguiente: “Se pone en conocimiento de las partes en función del Art. 393 sexter con relación al Art. 361 del CPP modificado, que la resolución pronunciada es susceptible de apelación restringida en el plazo de quince días, sentencia que ha sido leída de forma íntegra en audiencia pública a los tres días del mes de febrero de 2022, a los efectos del plazo previsto por el Art. 361 con relación al Art. 393 sexter de la Ley adjetiva, quedando notificadas la[s] partes en audiencia por su pronunciamiento con la presente sentencia, en función del Art. 160 del CPP y 333 ultima parte del Código de Procedimiento Penal, con la aclaración de que el plazo corre a partir del día siguiente de haberse leído esta sentencia” (sic); lo que deja en evidencia que, el Juez demandado consideró que el impetrante de tutela ciertamente fue notificado con el merituado fallo; sin embargo, de considerar que dicha modalidad de notificación resultaba ser contraria al ordenamiento jurídico, se habilitaba la facultad de poder activar el incidente de actividad procesal defectuosa, cuestionando el modo de proceder de la autoridad demandada; ello tomando en cuenta que, la omisión presuntamente lesiva que se denuncia en la presente acción tutelar, está referida a la ausencia de notificación personal con la Sentencia 2/2022; mecanismo de defensa intraprocesal que no fue activado por el prenombrado, a través del cual pudo cuestionar la errónea aplicación de los arts. 161, 162 y 163 del citado Código, modificado por el art. 9 de la Ley 1173 que ahora discute vía justicia constitucional. Por lo expuesto, se configura una de las causales de concurrencia del principio de subsidiariedad que rige a esta acción de defensa, descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional consistente en que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…” (SCP 0589/2012 [el resaltado es agregado]); toda vez que, el ámbito tutelar que brinda la acción de amparo constitucional, queda abierto siempre que no exista otro medio de defensa para resguardar los derechos y garantías fundamentales, y si lo hay, este previamente debe haber sido empleado, pues dicha acción de defensa solo podrá ejercer su máxima eficacia cuando no haya otro mecanismo de protección inmediata, no pudiendo ser utilizado si antes no se agotaron las vías ordinarias de defensa consagradas con similar finalidad; por lo que, el peticionante de tutela debió acudir previamente a los mecanismos estatuidos normativamente, y solo en caso de persistir las presuntas vulneraciones recién recurrir ante la justicia constitucional; situación que determina la denegatoria de la tutela solicitada, resultando inviable ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otro fundamento, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 131/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 64 a 68 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática en estudio. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0220_2024-S2.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 37b8d46f3d0af471ac26b87b3c36b7a1abac3c641dcf8db1d749b63913d705cd
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