B.IA.LEGAL

SCP 0219/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
50643-2022-102-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y valoración probatoria; en virtud a que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, se dispuso inicialmente su detención preventiva por cuatro meses, una segunda vez por cuarenta y cinco días y por tercera vez por treinta días más a solicitud del Ministerio Público, argumentando que debía realizar una pericia informática, que no se efectivizó por responsabilidad del Fiscal y la complejidad del caso, al haberse ampliado la imputación formal por el delito de robo de armamento y munición de uso militar o policial; decisión contra la que plantearon apelación incidental; instancia en la cual, la Vocal ahora accionada la confirmó, a través del Auto de Vista 201 de 30 de agosto de 2022, carente de fundamentación y motivación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 375 vta. a 379 vta., dictada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, en suplencia legal de su similar Primero; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0219/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50643-2022-102-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 375 vta. a 379 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Esteban Chillaje Mamani, Pedro Ignacio Javier, Ramiro Ticona Ríos y Eric Mitma Chillaje contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2022, cursante de fs. 347 a 352 vta., los accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la localidad de Porco del departamento de Potosí, el 21 de febrero de 2022, se suscitó un aparente hecho de robo de minerales; empero, al aparecer fallecido un funcionario policial, el Ministerio Público les instauró proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato y lesiones, ampliándose posteriormente por el ilícito de robo de minerales, en el cual el Juez de Instrucción Penal Primero del mismo departamento, en la audiencia de medidas cautelares, ante la duda de riesgo sustancial y riesgos procesales, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, decisión contra la que plantearon apelación incidental el Ministerio Público y la parte civil; instancia en la cual, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del precitado departamento, la revocó ordenando su detención preventiva por cuatro meses, fijando audiencia de control de la misma para el 4 de julio de igual año.

Desarrollada la audiencia el 7 de julio de 2022 de control de detención y verificación, el Ministerio público pidió la ampliación del tiempo de privación de libertad por cuarenta y cinco días, en los que se realizarían pericias de georreferenciación, inspección y obtención de pruebas, que fue concedida por el Juez de la causa, señalando audiencia de control para el 19 de agosto de ese año, data en la cual fueron sorprendidos por el memorial de petición de ampliación de la imputación formal por el delito de robo de armas, cuando únicamente correspondía la verificación del cumplimiento del plazo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, quien concedió la ampliación por tres meses más, por la complejidad del proceso y la necesidad de la realización de una pericia informática de los celulares incautados; sin indicar, cuál era la complejidad aludida; resolución contra la que sus personas formularon apelación; instancia en la cual, la Vocal ahora accionada, por Auto de Vista 201/2022 de 30 de agosto, la confirmó, sin referir cuál la complejidad del caso que influya en su libertad, el grado de influencia negativa o de contribución a la misma, la valoración probatoria, efectuando una apreciación generalizada, no mencionó porque la ampliación de la imputación en contra de ellos, ni la necesidad del Fiscal de Materia para la realización de las diligencias investigativas; Resolución, que se constituye en arbitraria, por ampliar su detención preventiva de forma repetida sin fundamentar las razones de su decisión.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señalaron como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y valoración probatoria, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 201/2022 de 30 de agosto; y, b) La Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emita nueva Resolución, rechazando la ampliación del plazo de detención y se determine la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 374 a 375 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que: 1) Presentaron esta acción de defensa, por la lesión de sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso en los elementos descritos; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, se encontraban en libertad asumiendo defensa, por la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, decisión que al ser apelada por el Ministerio Público y la parte civil fue revocada el 4 de marzo de 2022, disponiendo su privación de libertad por cuatro meses; empero, el Ministerio Público el 4 de julio de 2022, pidió la ampliación de la misma por cuarenta y cinco días, en los que efectuaría el geo posicionamiento e inspección en el lugar, que se realizaron, posteriormente el 19 de agosto, nuevamente solicitó la ampliación por tres meses más, por la falta de la pericia informática y la complejidad del proceso, siendo así que la misma no se efectuó por la responsabilidad del Ministerio Público; toda vez que, sus celulares les fueron incautados en febrero, hace más de siete meses sin que a la fecha se efectivice; ampliación concedida contra la que plantearon apelación alegando que el Fiscal no indicó cuál era la complejidad y que por una sola diligencia no se podía seguir restringiendo su libertad; empero, lo sorprendente es que la Vocal accionada, aludió la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, que si bien establece que se puede ampliar cuando exista complejidad del caso con la debida explicación y cuando se hubiere ampliado la imputación a otras personas, lo que no ocurrió en autos, que se amplió por el ilícito de robo de arma que no apareció lo que se indicó ya en la imputación primigenia, tampoco se está investigando a una organización criminal; es decir, que la autoridad de grado no fundamentó su decisión, ni indicó en qué parte del referido fallo constitucional se amparó para llegar a esa conclusión; y, 2) Se debió tomar en cuenta cuál el comportamiento de cada uno de ellos con relación al proceso, habiendo manifestado las autoridades jurisdiccionales que con relación Eric Mitma, existe la concurrencia del art. 252.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), Esteban Chillaje y Ramiro Ticona no acreditaron el elemento trabajo; sin embargo, lo que ahora sostiene es que habían obstaculizado o entorpecido el proceso, no permiten el desarrollo de la investigación, tienen un comportamiento con planteamiento de excepciones e incidentes dilatorios, que fueron multados; no existiendo una normativa que determine que se puede ampliar el tiempo de detención preventiva tres veces, contrariamente de acuerdo al art. 233 del CPP, concretamente prevé la ampliación por una sola vez, aspecto que no fue considerado por la autoridad judicial accionada y menos aún en el informe que presentó en la fecha; reiterando por lo expuesto se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista dictado por la Vocal -ahora accionada-, ordenándole que rechace la ampliación de tiempo de detención pedido por el Fiscal, determinando la aplicación de medidas sustitutivas y cese su privación de libertad; en el entendido que la ampliación dispuesta restringe ese su derecho, lo que es ilegal e indebido.

I.2.2. Informe de la accionada

María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, remitió informe escrito de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 371 a 372 vta., por el que solicitó se deniegue la tutela, con los siguientes fundamentos: i) En el caso de autos se estableció que el art. 233 del CPP, modificado por las Leyes 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; y, 1226 de 18 de septiembre de 2019 -Ley de Modificación a la Ley 1173-, estableció una ampliación atendiendo la complejidad del caso; empero, ninguna parte de esa normativa determina que puede hacerlo por una sola vez, o por dos o tres veces, sino que debe estar debidamente fundamentada por el Fiscal; ii) En el presente caso, el Ministerio Público por memorial de 18 de agosto de 2022, peticionó una nueva ampliación para realizar actos investigativos consistentes en una pericia georreferencial, pericia informática y solicitudes a las empresas, actuaciones investigativas que se consideraron tener sustento con base a la documentación presentada por el ente fiscal. Con referencia a la complejidad, se estableció en la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, que se puede ampliar el plazo a solicitud del Ministerio Público; y, en este caso se cuenta con un memorial de petición del referido ente fiscal fundamentado que, se trata de cuatro imputados, y la existencia y necesidad de realizar actuaciones investigativas, que son necesarias para llegar a la verdad histórica del hecho, siendo un caso complejo, advirtiendo que la parte accionante, no indicó que su persona dio respuesta a la complejidad, por cuanto estableció claramente la jurisprudencia, el hecho acusado como la supuesta participación de los imputados sobre la pérdida de armas, así también que se tuvo una ampliación de imputación formal y que a raíz de ello, la ampliación de la investigación era necesaria, no habiendo hecho énfasis la defensa sobre ese aspecto, siendo su único fundamento, que al principio ya se conocía ese punto y por qué recién ahora se amplió la imputación, cuando es estrategia del Ministerio Público como Director de la Investigación, no siendo evidente que la Resolución apelada sea arbitraria, cuando se verificó que la misma contenía fundamentación, motivación y valoración de los elementos de convicción, conforme lo establecen los arts. 124 y 173 del CPP; iii) Con referencia a que en la Resolución dictada en apelación, su persona no se refirió: sobre cuál el comportamiento de los imputados, no fue objeto de debate. Con relación a la imposibilidad de realización de actos investigativos en libertad de los imputados, como se dijo en el Auto de Vista cuestionado, la defensa en ningún momento estableció la existencia o no de riesgos procesales de fuga o de obstaculización, a efectos de establecer si mejoró la situación procesal de los imputados, existiendo en este caso la concurrencia de los riesgos previstos en los art. 234 y 235 del Código adjetivo penal, y la única medida que iría a garantizar que el proceso se lleve adelante era la detención preventiva, como lo dispone el art. 121 del CPP. De la misma manera, en la Resolución que emitió en apelación, estableció cuales eran los actos investigativos que iba a efectuar el Ministerio Público, aspecto que no fue objeto de agravio, dando respuesta pronta de hecho y de derecho, habiendo guardado silencio la defensa, al haberles interrogado si tenían alguna complementación que solicitar, demostrando con ello su conformidad con la Resolución; estableciéndose así, que los agravios expresados no eran evidentes; iv) Conforme al fundamento de esta acción de libertad, la parte accionante consideró que la misma constituye una tercera instancia; puesto que, solicitó se le otorgue la cesación de su detención preventiva por el plazo, cuando conforme manda la Constitución Política del Estado y la Ley del Tribunal Constitucional, es un recurso extraordinario que establece la vulneración de derechos y garantías, como la falta de fundamentación y motivación; y, no así pretender constituya una tercera instancia en la que se establezca su petitorio y se le dé curso, confundiendo esta acción de defensa; y, v) La Resolución dictada en apelación, dio respuesta a cada uno de los puntos expuestos como agravios, tomando en cuenta la Resolución del inferior, su fundamentación de hecho y de derecho.

I.2.3. Resolución

Mediante Resolución de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 375 vta. a 379 vta. el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, en suplencia legal de su similar Primero, constituido en Juez de garantías denegó la tutela impetrada, decisión asumida con el fundamento que: De la revisión de antecedentes, la autoridad accionada al emitir el Auto de Vista 201/2022 -hoy cuestionado-, identificó claramente los agravios planteados por los apelantes -ahora accionantes-, pronunciándose conforme lo prevé el art. 398 del CPP, sobre cada uno de los agravios de manera fundamentada y motivada, explicando los motivos y circunstancias por las que asumió su decisión, efectuando la valoración integral de las pruebas aportadas, existiendo motivación y fundamentación conforme lo establece el art. 124 del CPP, habiendo la autoridad accionada explicado de manera razonada dentro de los parámetros legales y de la sana crítica la valoración de la petición y el derecho que se exigía, sin vulnerar los derechos alegados por los accionantes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Esteban Chillaje Mamani, Pedro Ignacio Javier, Ramiro Ticona Ríos y Eric Mitma Chillaje -accionantes-, por la presunta comisión del delito de asesinato, el Juez de Instrucción Cautelar Quinto del departamento de Potosí, en la audiencia de medidas cautelares de 23 de enero de 2022, determinó se les aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva, decisión contra la que plantearon apelación incidental en el mismo actuado procesal el Ministerio Público y la parte civil (fs. 21 a 27 vta.). II.2. Resolviendo el recurso de alzada, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Auto de Vista 16/2022 de 4 de marzo, declaró procedente en parte el mismo y confirmó en parte el Auto Interlocutorio apelado, respecto a riesgos procesales, disponiendo la detención preventiva de los imputados, por cuatro meses (fs. 28 a 36 vta.). II.3. Los imputados en abril solicitaron la cesación de su detención preventiva, habiendo el Juez de la causa mediante proveído de 12 del mismo mes y año, señalado audiencia para el 14 de julio de 2022 (fs. 190).

II.4. El Fiscal de Materia asignado al caso, el 30 de junio de 2022, requirió por la ampliación de plazo de duración de la detención preventiva de los imputados, por cuarenta y cinco días (fs. 326 a 329). II.5. En la audiencia de 14 de julio de cesación de la detención preventiva solicitada por los accionantes, el Juez de la causa la declaró improcedente por Auto Interlocutorio de la misma fecha, contra el que formularon apelación incidental los imputados, en ese actuado procesal (fs. 197 a 202 vta.); instancia en la cual, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista 180 de 9 de agosto de 2022, confirmando el Auto Interlocutorio apelado (fs. 203 a 208). II.6. Por memorial presentado el 16 de agosto de 2022, los imputados peticionaron la cesación de la detención preventiva, habiendo el Juez de la causa señalado audiencia para su consideración el 23 de igual mes y año (fs. 306 a 308), que realizada en la fecha fijada fue declarada improcedente (fs.336 vta. a 340 vta.). II.7. El Fiscal de Materia asignado al caso, el 18 de agosto de 2022, presentó ampliación de la imputación formal por el delito de hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial y de medidas cautelares y de la detención preventiva por tres meses (fs. 314 a 324). II.8. En la audiencia de 19 de agosto de 2022 de control de situación jurídica, a través del Auto Interlocutorio de la misma fecha, el Juez de la causa declaró procedente la ampliación de plazo de detención preventiva de los cuatro imputados por el término de tres meses, señalando nuevo actuado procesal para el 18 de noviembre del año señalado, contra la cual los imputados plantearon apelación incidental en el mismo actuado procesal (fs. 331 a 334 vta.). II.9. Al asumir conocimiento de la apelación contra la Resolución de ampliación de plazo de detención preventiva, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el auto de Vista 201 de 30 de agosto de 2022, declarando improcedente el recurso y confirmando la Resolución objeto de la apelación (fs. 341 a 342 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y valoración probatoria; en virtud a que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, se dispuso inicialmente su detención preventiva por cuatro meses, una segunda vez por cuarenta y cinco días y por tercera vez por treinta días más a solicitud del Ministerio Público, argumentando que debía realizar una pericia informática, que no se efectivizó por responsabilidad del Fiscal y la complejidad del caso, al haberse ampliado la imputación formal por el delito de robo de armamento y munición de uso militar o policial; decisión contra la que plantearon apelación incidental; instancia en la cual, la Vocal ahora accionada la confirmó, a través del Auto de Vista 201 de 30 de agosto de 2022, carente de fundamentación y motivación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativa, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre¹, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio², se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

(…) Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio[8], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras.(…) En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”.

Como se observa del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, constituye lesión al debido proceso, las emisiones de resoluciones sean judiciales o administrativas, carentes de fundamentación motivación y valoración probatoria, en consideración a que se debe garantizar a los justiciables y administrados, que la resolución adoptada por la autoridad judicial o administrativa, definiendo sus derechos, cumpla con las reglas del debido proceso, como derecho fundamental.

III.2. Análisis del caso concreto

Los peticionanates de tutela a través de la presente acción de libertad, denuncian que la Vocal accionada, vulneró sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de asesinato, ampliada posteriormente la imputación por el ilícito de robo de armamento y munición de uso militar o policial, se encontraban en libertad asumiendo defensa, por la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, decisión que al ser apelada por el Ministerio Público y la parte civil, fue revocada el 4 de marzo de 2022, disponiendo su privación de libertad por cuatro meses; empero, el Ministerio Público el 4 de julio de 2022, pidió la ampliación de la misma por cuarenta y cinco días, en los que efectuarían el geo posicionamiento e inspección en el lugar, que se realizaron; posteriormente el 19 de agosto, nuevamente solicitó la ampliación por tres meses más, por la falta de la pericia informática y la complejidad del proceso, siendo así que la misma no se efectuó por la responsabilidad del Ministerio Público; toda vez que, sus celulares les fueron incautados en febrero, hace más de siete meses, sin que a la fecha se efectivice; ampliación concedida, contra la que plantearon apelación alegando que el Fiscal no indicó cuál era la complejidad y que por una sola diligencia no se podía seguir restringiendo su libertad; empero, lo sorprendente es que la Vocal accionada, aludió la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, que establece que se puede ampliar cuando exista complejidad del caso con la debida explicación y cuando se hubiere ampliado la imputación a otras personas, lo que no ocurrió en autos, que se amplió por el ilícito de robo de arma que no apareció, lo que se indicó ya en la imputación primigenia, tampoco se está investigando a una organización criminal; es decir, que la autoridad de grado no fundamentó su decisión ni indicó en qué parte del referido fallo constitucional se amparó para llegar a esa conclusión. Planteado el problema jurídico y en el contexto señalado, se advierte que los accionantes cuestionan a través de esta acción tutelar, la Resolución emitida por la Vocal -hoy accionada-; que confirmó el Auto Interlocutorio apelado, a cuyo efecto se procederá a su revisión con el objeto de verificar si es evidente lo denunciado en esta acción tutelar, constatando para ese cometido, que los agravios expuestos por los apelantes en la audiencia de apelación, fueron establecidos en la Resolución, y quienes señalaron que: a) El 21 de febrero de 2022, fueron imputados en forma reiterativa, argumentando que se solicitaba su detención preventiva por tres meses, plazo que se cumplió el 4 de julio del mismo año, en cuya audiencia se peticionó una nueva ampliación por cuarenta y cinco días, que se venció el 19 de agosto de igual año; es decir, existieron dos ampliaciones; empero, la segunda solicitud se fundó en los mismos argumentos de la primera, de haberse perdido un arma, cuando esta situación se la hizo conocer en la imputación primigenia, no era un hecho nuevo inclusive fue tomada en cuenta en la segunda ampliación de 4 de julio, al tener que realizarse prueba pericial, geoposicionamiento, informes policiales, recolección de prueba y para la tercera ampliación fueron los mismos argumentos que esgrimió el Ministerio Público; y, b) En la audiencia de la tercera ampliación, ya con resultados de la prueba extrañada la primera vez, el elemento probatorio es el mismo que se presentó el 4 de julio,y utilizarlo nuevamente no tiene carácter de necesidad, no existió el fundamento del Ministerio Público y menos de la autoridad jurisdiccional aquo, sobre esa necesidad. De la misma manera, extraña cuál era la normativa que le permitió seguir ampliando por una tercera oportunidad, porque esa norma no existe, y si bien los arts. 7 y 221 del CPP, establecen la necesidad de la presencia de los imputados en la fase preparatoria; sin embargo, el aquo, vulnerando su derecho a la libertad, no motivó con base a qué elemento estaría valorando para esta nueva ampliación, no existiendo fundamento normativo que amplíe por tercera vez, existiendo una arbitrariedad en la misma; solicitando por ello, que se revoque la resolución apelada. Al asumir conocimiento de la apelación la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista 201 de 30 de agosto de 2022, por el que declaró improcedente el recurso y confirmó la resolución impugnada, que amplió el plazo de detención preventiva por tres meses, con los siguientes fundamentos: 1) El Ministerio Público mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2022, solicitó una nueva ampliación por tres meses, fundamentando que producto de la pericia de georreferenciación, se debía realizar una pericia informática, así como de los informes de empresas telefónicas, se requeriría citar a las personas con las que se hubieren comunicado el día de los hechos, además de la pericia informática forense de los celulares que fueron secuestrados y la complementación de la pericia de geoposicionamiento que estaría vinculado con la ampliación de la imputación contra los cuatro imputados, actuaciones que no son las mismas de las señaladas en la petición de ampliación de 4 de julio de igual año, advirtiendo que el aquo en la resolución apelada, analizó los fundamentos del ente fiscal a objeto de establecer el dictamen pericial técnico que se refirió a la distancia existente entre el punto 1 donde se encontraba el vehículo y la víctima sería de 95; la distancia entre l punto 2 de 128 m, entre el punto donde se encontraba la víctima de 65 m; es decir, que estableció la prueba pericial presentada por el Ministerio Público, que no fue objeto de agravio; 2) La autoridad jurisdiccional estableció la complejidad de la investigación, con base a la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, trascribiendo lo pertinente; asimismo, la parte apelante expuso como agravio que era la misma prueba que el ente fiscal presentó en la primera ampliación en la que existirían los resultados, no habiendo motivo para una nueva; cuando el Juez de la causa, cumpliendo con los arts. 124 y 173 del CPP, fundamentó no solamente bajo la norma procesal vigente sino también con jurisprudencia constitucional; empero, los apelantes, no explicaron si el fallo constitucional citado era o no aplicable por analogía en el presente caso y la normativa procesal referida por la autoridad jurisdiccional, si era o no evidente que debía realizarse la pericia de geoposicionamiento, menos se refirieron a la ampliación de la imputación limitándose a enunciarla, así también, no expusieron si se podía aplicar o no otras medidas sin establecer si se encontraban vigentes los riesgos procesales de fuga y obstaculización; y, 3) Con relación a lo sostenido por los apelantes, que la autoridad judicial no señaló la norma procesal penal, en la que sustentó su fallo, se verificó que en el considerando segundo indicó como sustento jurídico el art. 233 parte in fine del CPP; inclusive, plasmó la normativa procesal penal que establece que el plazo de duración de la detención preventiva, podrá ser ampliada a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso, disposición legal que de ninguna manera determina que la ampliación no pueda hacerla por segunda o por tercera vez, sino que debe cumplir la complejidad del caso y en autos la autoridad judicial basó la misma en la Sentencia Constitucional Plurinacional indicada plasmando la ratio decidendi pertinente; teniendo por lo tanto, la Resolución cuestionada sustento jurídico y jurisprudencial; contrariamente, los apelantes se limitaron a afirmar, que se estaría vulnerando el derecho a la libertad; y, 4) No es evidente que la Resolución impugnada sea arbitraria; es decir, sin sustento jurídico; contrariamente, lo tuvo y cumplió con los arts. 124 y 173 del CPP, concordante con los arts. 233 parágrafo in fine y 221, ambos del Código adjetivo penal, no siendo veraz los agravios expresados por la parte apelante. Como se constata del Auto de Vista 201 de 30 de agosto de 2022, resulta no ser veraz lo denunciado por los peticionantes de tutela, de que la autoridad judicial accionada lo emitió, vulnerando su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria; puesto que, contrariamente, como se advierte actuando correctamente y conforme a procedimiento, previo análisis de la resolución impugnada, luego de establecer los agravios expuestos en el recurso de apelación, se pronunció sobre cada uno de ellos, refiriendo que el Juez de la causa conforme a la normativa y a la jurisprudencia constitucional, determinó ser procedente la ampliación de plazo de la detención preventiva de los imputados por tres meses, al haber evidenciado que aún faltaban actuaciones investigativas por realizar, como las que señaló el Fiscal de Materia en su solicitud de ampliación de 18 de agosto del año citado, tal como la pericia informática, así como por los informes de empresas telefónicas, requeriría citar a las personas con las que los sindicados se hubieren comunicado el día de los hechos, además de la pericia informática forense de los celulares que fueron secuestrados y la complementación de la pericia de geoposicionamiento que estaría vinculada con la ampliación de la imputación contra los cuatro imputados, actuaciones que no son las mismas de las señaladas en la petición de ampliación de 4 de julio de igual año, advirtiendo que el aquo en la Resolución apelada, analizó los fundamentos del fiscal a objeto de establecer el dictamen pericial técnico referido a la distancia existente entre los puntos donde se encontraba el vehículo y la víctima; es decir, que estableció la prueba pericial presentada. Asimismo, con relación a lo aducido por los accionantes que no existe normativa procesal penal que prevea la ampliación de plazo de la detención preventiva por dos o tres veces, señaló al respecto, que el art. 233 parte in fine del CPP, tampoco establece que no se pueda ampliarla por más de una vez, siendo ella viable a pedido fundado del fiscal y por la complejidad del caso como lo establece la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, en la que basó su decisión al respecto, refiriendo que la solicitud del fiscal se encontraba debidamente fundamentada detallando los actos investigativos que faltaban efectuar, así como la complejidad de la investigación tomando en cuenta la existencia de una ampliación de la imputación formal por el ilícito de robo de armamento y munición militar o policial, que requería ser investigado y por encontrarse involucradas en el proceso investigativo cuatro personas. De lo expuesto, se advierte que, no es evidente la denuncia efectuada por los accionantes a través de esta acción de defensa, al advertirse que el Auto de Vista 201 de 30 de agosto, dictado por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, ahora accionada, no resulta arbitrario ni carente de motivación, fundamentación y valoración probatoria; consiguientemente, la tutela pretendida respecto al debido proceso en sus elementos descritos, carece de sustento, correspondiendo su denegatoria.

III.3. Otras consideraciones

Se remarca que el acta de audiencia, se constituye en una certificación o testimonio escrito que da cuenta de lo sucedido en ese actuado procesal -en este caso de consideración de la acción tutelar-; misma que, a su vez se constituye en la constancia de las declaraciones y argumentos exhibidos por las partes. En consecuencia, se insta al Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, la observancia del art. 29.4 inc. f) del Código Procesal Constitucional (CPCo), para que en lo sucesivo adjunte a la acción tutelar, el acta adecuadamente redactada, permitiendo identificar de manera clara la exposición de fundamentos de los sujetos procesales y autoridades, en virtud a que, en ella, constan los agravios expuestos por el apelante y que, en el caso de autos, no se aparejó. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 375 vta. a 379 vta., dictada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, en suplencia legal de su similar Primero; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0219_2025-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3c4b6ee2bee6679152618e51b4c57dfcb7892b02bd9d8361f1ac62a077888de8

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