B.IA.LEGAL

SCP 0217/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50791-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la espiritualidad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que: a) El Juez hoy accionado que tramitó el proceso familiar seguido por Claudia Santusa Condori Layme en su contra, en ejecución de sentencia dispuso medidas provisionales, entre ellas, la guarda del menor de edad AA en favor de la antes nombrada en su condición de madre; empero, el 15 de marzo de 2022, solicitó la modificación de las medidas provisionales -respecto a los menores de edad BB y CC-; empero, la misma no fue atendida, y en ese ínterin, su hijo de nueve años de edad -AA- falleció de manera violenta por traumatismo cráneo encefálico; por lo que, debe darle cristiana sepultura en el lugar en el que nació y se crio que es la localidad de Caranavi; y, b) La Jueza ahora coaccionada, realizando el control jurisdiccional del caso “LPZ1CA” -proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Claudia Santusa Condori Layme, por la presunta comisión de los delitos de trata y tráfico de personas y violencia familiar o doméstica-, mediante Auto Interlocutorio 420/2022-P de 30 de agosto, “de oficio” determinó otorgar la medida de protección de guarda del menor de edad AA en favor de su madre agresora, pese a conocer los antecedentes de la misma; y posteriormente, tras el deceso de su hijo, se negó a atender memoriales presentados por “buzón” clamándole medidas de protección y que el menor de edad AA sea enterrado en la localidad de Caranavi. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a f…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 131 a 139, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los menores de edad BB y CC, con relación a la actuación de Ángel Ayala Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Caranavi del departamento de La Paz vinculada a la vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad.

2º Ordenar que el referido Juez, actúe con la debida diligencia reforzada y tramite con celeridad la solicitud de modificación de guarda de los menores de edad BB y CC; y, cualquier otra solicitud que involucre a menores de edad, considerando la prevalencia del interés superior del menor.

3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la lesión del derecho a la espiritualidad -tras el fallecimiento del menor de edad AA- y con relación a Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 4º Exhortar a:

a) Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, por los fundamentos expuestos en audiencia para que tramite la causa que involucra a los menores de edad sin perder de vista lo mencionado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional; y, b) Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Riberalta y de Caranavi, para que según corresponda por el lugar de ubicación de los menores de edad BB y CC -que eventualmente podría cambiar- cumplan con lo establecido por los arts. 185 y 188 del Código Niña, Niño y Adolescente, sin perder de vista que una de sus atribuciones es intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la niña, niño o adolescente con su padre, madre, guardadora o guardador, tutora o tutor; y, realicen el seguimiento de todos los casos en los que estén involucrados los menores de edad BB y CC -y que probablemente aún involucren al menor de edad AA-, a efectos del resguardo de sus derechos en el marco del art. 60 de la Constitución Política del Estado, priorizando la protección de la vida y de la integridad física y psicológica de los menores de edad.

5º Por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, notifíquese a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta a efectos de que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. La protección de los derechos y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0217/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50791-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 004/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 131 a 139, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Mamani Pillco -se entiende- en representación de los menores de edad AA, BB y CC contra Ángel Ayala Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero; y, Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera, ambos de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 4 a 5 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El proceso “familiar” seguido por Claudia Santusa Condori Layme en su contra, sustanciado en el “…Juzgado Público de Familia de Caranavi…” (sic), se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y se dispusieron medidas provisionales, entre ellas, la guarda del menor de edad AA en favor de su progenitora. El “16” -siendo lo correcto 15- de marzo de 2022, solicitó la modificación de las medidas provisionales fijadas; empero, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, no recibió respuesta alguna “…desobedeciendo innumerables fallos constitucionales y además los STANDARES DE PROTECCION MAS ALTOS A FAVOR DE LA MINORIDAD ayer mi hijo [AA] de 9 años ha fallecido lamentablemente en la Ciudad de La Paz y fue producto de una MUERTE VIOLENTA por TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO…” (sic). Por ello, se le debe dar al menor de edad AA cristiana sepultura en el lugar donde nació y creció, que es la localidad de Caranavi del departamento de La Paz. Por su parte, la Jueza ahora coaccionada, mediante Auto Interlocutorio 420/2022-P de 30 de agosto, de oficio, determinó otorgar la medida de protección de guarda del menor de edad AA en favor de su madre agresora, pese a que existían antecedentes de abandono al mismo, hace dos años atrás y “…ahora se niega atender los memoriales que se envían vía buzón clamándole MEDIDAS DE PROTECCION y que el menor sea enterrado en Caranavi…” (sic). A tal efecto, se trasladó al municipio de Riberalta; empero, la Jueza hoy coaccionada de manera indolente al dolor ajeno “…NO UTILIZA EL PODER CONSTITUCIONAL QUE INVISTE para proteger a la niñez y adolescencia, mujeres en situación de violencia y adultos mayores, convocando a audiencias presenciales a los ancianos víctimas, negando peticiones de los niños en otros casos y en este en particular que se ha insistido ayer desde Riberalta me sea recibido un memorial y pasado a despacho recibiendo como respuesta que la Juez ordeno me haga presente…” (sic).

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la espiritualidad y -de la lectura del memorial de acción de libertad, se entiende- al debido proceso en su elemento de celeridad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que: a) Se ordene al Juez ahora accionado a obrar con la debida diligencia y llevar a cabo la audiencia virtual de modificaciones a las medidas provisionales; b) Se ordene a la Jueza hoy coaccionada, pronunciarse de inmediato respecto a las medidas de protección solicitadas el 27 de septiembre de 2022, por memorial enviado por buzón judicial y si no lo hace sea “su autoridad” quien las dicte, de acuerdo a lo establecido por el art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, c) Se remitan antecedentes de la Resolución de guarda emitida de oficio por la Jueza ahora coaccionada a conocimiento del Ministerio Público para el inicio del proceso penal descrito en el art. 254 “bis” del Código Penal (CP). Asimismo, en audiencia, solicitó que en casos que involucren a menores de edad se cumpla con el principio de la debida diligencia con la celeridad que amerita.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 29 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de 120 a 130, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de sus abogados, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: 1) La SCP “500/2019” de 26 de agosto, hizo mención a la entrega o traslado de cadáveres y dicho fallo constitucional, en su Fundamento Jurídico “3.1.” hizo alusión a la visión plural de la muerte y la dignidad y la vinculación con el derecho a la libertad de expresión e igualdad, a la dignidad de las personas de respetarlas y hacerlas cumplir y es deber primordial del Estado, aun se hubiese perdido la esperanza de vida, que el cuerpo inerte tiene una trascendencia cultural; no obstante, lo anterior el “…Juzgado Público de Familia de Caranavi…” (sic), retrasó todos los trámites de modificación de medidas provisionales, lo cual no puede ser atribuido a su persona; puesto que, se trasladó a Riberalta; ya que, cuenta con un permiso para trasladarse por razón de fuerza mayor; 2) “…en la modalidad innovativa tenemos la noticia de que el niño va ser enterrado a las 11 de la mañana y vamos a pedir permiso a su autoridad para podernos retirar que de manera el padre vaya a enterar a su ser querido por lo que voy a solicitar permiso Sr. Magistrado ratificándome en la demanda…” (sic); 3) En el presente caso existió vulneración de derechos “…la Juez de Instrucción Penal quien está a cargo del proceso penal al haber determinado conforme a la resolución 420/2022 - p del 30 de agosto que recién fue impresa días pasados que no se encontraba adherido al expediente siendo que mi persona se ha constituido en la localidad de Caranavi a hacer seguimiento a varios casos entre estos el presente los mismo no se encontraba a la vista ni tampoco se contaba con la resolución respectiva la misma debía haber sido remitida al control de legalidad al Juez más cercano donde la misma juez ha señalado que el menor iba a permanecer el menor no se cuenta y tampoco se han remitido a la defensoría de la niñez para que haga el respectivo seguimiento conforme lo determina la norma y la misma autoridad lo ha determinado, no existen oficios ni impresos ni notificados a dichas autoridades por lo que se tiene incumplida el principio de la debida diligencia y la máxima protección que lo define el Art. 60 que lo define la C.P.E, eso a la Juez de Control Jurisdiccional del caso penal, en relación al Juez Público de Familia de Caranavi se tiene conocimiento de que existe la causa de divorcio que existe entre la señora Claudia Santusa Condori Layme y el Sr. Edgar Mamani Pillco basta jurisprudencia se ha creado en este caso por varias S.C. donde el mismo Tribunal constitucional ha señalado que la madre incumple el deber de protección hacia el menor que ahora está el Litis el menor que ha fallecido con iniciales M.M.C. sino también de la menor de 15 años, no sabemos ni constamos de que la misma este siendo protegida como debe ser y dios no lo permita han solicitado las modificaciones de medidas cautelares, de las medidas provisionales de aguarda ante el juez de familia el mismo no existe la proactividad por parte de dicha autoridad con el fin de velar por el bienestar de los menores no existen tampoco los oficios correspondientes para que hagan la vigilancia el resguardo de los menores…” (sic); y, 4) Por lo mencionado, solicitó que en casos que involucren a menores de edad se cumpla con el principio de la debida diligencia con la celeridad que amerita.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Ángel Ayala Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Caranavi del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 29 de septiembre de 2022, cursante a fs. 8 y vta., y en audiencia, manifestó que: i) En su despacho, cursa el proceso de divorcio seguido por Claudia Santusa Condori Layme contra la parte accionante, en el que no consta solicitud de modificación de medidas provisionales del menor de edad AA, en cuanto al memorial de la parte accionante por el que hubiese pedido la modificación de medida provisional respecto a sus hijos menores de edad AA y BB, cuya petición ya fue realizada por su hermano, se dispuso la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta para que eleven informe psicológico y social de los referidos menores de edad, para cuyo objeto se dispuso que el accionante facilite su número de celular o los medios mediante los cuales pueda acceder a dicha instancia de la citada Defensoría; asimismo, se señaló que se reiteró la disposición judicial mediante decreto o que en su caso la parte accionante remita el informe psicológico y social de los menores de edad para su consideración a momento de resolver las medidas provisionales, lo cual no fue cumplido; ii) Por la falta de valoración psicológica de los menores de edad no fue posible resolver la modificación de guarda; y, iii) Por lo anterior, solicitó se deniegue la tutela. Asimismo, en audiencia, se ratificó en su informe escrito “…haciendo hincapié en que el presente proceso de divorcio que se encuentra a mi cargo nuevamente han solicitado las medidas provisionales en relación a la guarda del menor (…) que el mismo habría fallecido…” (sic). Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: a) Ante el memorial presentado por la parte accionante “…emite tres medidas de protección…” (sic), en favor del menor de edad AA, entre ellas, ordenar al Hospital del Niño la entrega del cadáver del referido menor de edad; se proceda al traslado de su cuerpo a la localidad de Caranavi y la prohibición de los agresores de acercarse a la víctima o acudir al domicilio de la calle 8 de treinta días después de la muerte; b) Se debe tener presente que existen cuatro víctimas menores de edad y que lo que pide la parte accionante mencionando la SCP “500/2019-S3” es una valoración médico-legal forense del menor de edad AA, y al respecto, se debe considerar que esa autoridad no recibe denuncias; puesto que, conforme a los arts. 284, 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establecen quiénes son las autoridades competentes para recibir ese tipo de denuncias; puesto que, conforme al “…279 no hace actos de investigación…” (sic); c) Si bien mediante Resolución “420/2022-P” se otorgó la guarda de los menores de edad en favor de la madre; empero, en el marco del art. 157 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), que refiere el acceso a la justicia pronta y oportuna, también se consideró que el art. “122” establece que los niños tienen derecho a opinar; d) Por otra parte, la defensa de la parte accionante invocó en esta acción tutelar la vulneración del derecho a la espiritualidad y pidió que se autorice su entierro; ya que, no se demostró de ninguna manera que la madre del menor de edad -AA- se hubiese opuesto a que la parte accionante esté cerca de dicho menor de edad; es más, el abogado de la parte accionante en audiencia manifestó que su representado asistiría al entierro; y, e) Por lo mencionado, no se advierte vulneración de los derechos a la salud, a la vida y a la libertad, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela.

I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

La representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -de Caranavi- del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: 1) En el marco de sus atribuciones, realizó el seguimiento del caso de la Fiscalía “213/2018”, lo cual además fue ordenado por Auto Interlocutorio “420/2022” de 30 de agosto, teniendo pleno conocimiento que los “menores de edad” se encuentran bajo la guarda de su madre; y, 2) Si bien el accionante señaló que como entidad no se encuentran realizando el seguimiento correspondiente a los menores de edad antes aludidos, se aclara que tal extremo no es evidente, toda vez que el “Juez de la Niñez y Adolescencia” ordenó a esa instancia realizar informes cada dos meses, lo cual fue cumplido, haciendo notar que la “resolución” es de 30 de agosto de 2022 y como entidad mandaron fichas de coordinación. Asimismo, el Psicólogo de la Defensioroa de la Niñez y Adolescencia -de Caranavi- expresó que de la valoración psicológica que realizó al “menor”, de la entrevista en cámara gessel en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y de su entrevista en el “…Juzgado de la Niñez y se pueda sacar previas conclusiones que en ese entonces se habría cierta relación parental en la última entrevista que le hemos tenido junto con la Juez y también el menor mencionaba no que se encontraba con estabilidad emocional adecuada y previa también la afectividad hacia la progenitora es es cuanto puedo manifiesta” (sic).

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 004/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 131 a 139, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que: i) El Juez ahora accionado, actúe con la debida diligencia e instruyó cumplir con la legal notificación a la DNA de Riberalta; y, ii) La Jueza hoy coaccionada, cumpla con lo que determinó en el Auto Interlocutorio 420/2022-P, en lo que respecta a la remisión de obrados ante el juzgado en el que radica el proceso de divorcio, debiendo darse cumplimiento a dicha determinación en el plazo de cuarenta y ocho horas al estar involucrados tres menores de edad. Asimismo, tomando en cuenta el interés superior del menor de edad, exhortó a las autoridades jurisdiccionales a cargo de la causa a velar por el cumplimiento de los principios constitucionales principalmente de celeridad, eficacia y eficiencia que rigen el actuar de la justicia ordinaria, que se encuentran reconocidos por el art. 180.I de la CPE; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) De acuerdo con la prueba presentada, se estableció que la Jueza ahora coaccionada, actuó bajo control jurisdiccional dentro del proceso penal correspondiente; b) El 30 de agosto de 2022, mediante Auto Interlocutorio 420/2022-P, resolvió denegar la solicitud de medidas de protección de guarda en favor de la parte accionante; c) En su lugar, dispuso que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Caranavi realice un seguimiento periódico de la situación del menor de edad -AA-, emitiendo informes bimensuales sobre su estado emocional, psicológico y físico; d) Asimismo, ordenó que los menores de edad AA -posteriormente fallecido- y BB mantuvieran contacto virtual semanal con sus hermanos en Riberalta, con el fin de preservar el vínculo fraterno, también se instruyó que la madre asumiera de manera integral la educación y cuidado de los menores de edad, conforme lo señalado en el informe social del municipio de Coripata; e) Dicho Auto Interlocutorio también estableció que debía remitirse el caso al Juez hoy accionado para que se definiera la guarda legal de los menores de edad, ya sea a favor del padre o de la madre; no obstante, se constató que dicha remisión no fue realizada, al igual que la falta de seguimiento a la causa de divorcio entre los progenitores, donde también se tramitan temas de guarda; f) Se evidenció además que, dentro de la documentación presentada, constaban informes de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) vinculados al levantamiento del cadáver del menor de edad AA, quien estaba bajo el cuidado de la madre al momento del hecho; g) La parte accionante manifestó que presentó una denuncia por presunto infanticidio; sin embargo, no corresponde a la justicia constitucional intervenir en dicha investigación penal; y, h) Respecto al actuar del Juez ahora accionado, se observó una actitud pasiva en la tramitación del proceso, especialmente en lo referente a las notificaciones legales a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la solicitud de informes psicológicos y sociales de los otros menores involucrados; omisión que contribuyó a mantener en incertidumbre la definición de la guarda, lo cual fue considerado como una vulneración a los derechos de los menores de edad. En vía de complementación y enmienda, la parte accionante a través de su abogado pidió al Juez de garantías, que respecto al Juez hoy accionado se considere que su representado vive en el municipio de Riberalta para que se tomen precauciones y se utilice la plataforma “Cisco Webex”; y, con relación a la Jueza ahora coaccionada, que los memoriales que ingresen también les sea comunicados por la vía digital dada la connotación de los hechos; y finalmente, pidió que, se llame severamente la atención a la DNA de Riberalta por no dar cumplimiento al “otrosí” y al decreto de admisión de la demanda; ya que, los menores BB y CC necesitaban valoración psicológica y social con urgencia; empero, la misma no se les fue otorgada.

En vía de enmienda, la Jueza hoy coaccionada indicó que el cuaderno de control jurisdiccional ya fue remitido al respectivo “…Juzgado Publico Civil y Comercial de Familia de Caranavi…” (sic), como consta del oficio de remisión de 8 de junio de 2022; además, la parte accionante tiene conocimiento que el expediente fue remitido también ante el “Juez Civil y Comercial del Municipio de Caranavi a efectos de que conozca la tramitación de la presente causa” (sic). En vía de aclaración la representante de la DNA de Caranavi, indicó que en ningún momento se negó ninguna atención; empero, además pidió que se aclare si “…esta valoración tenía que realizarse en Riberalta a estos otros dos menores” (sic). En vía de aclaración, el Juez ahora accionado indicó que es importante considerar la congruencia que tienen que tener las resoluciones emitidas por Tribunales o Jueces de garantías con relación a los hechos y los derechos supuestamente vulnerados; asimismo, precisó que no tenía conocimiento respecto, a que si los menores BB y CC se encontraban en el municipio de Riberalta, y por ello, pidió que “…Sr. Juez en ese entendido su autoridad en este momento puede disponer también que el accionante haga constituir a la defensoría de la niñez y adolescencia para la valoración psicológica que se quiere por esta autoridad jurisdiccional para modificas las medidas provisionales reitero” (sic). En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, por Auto cursante de fs. 129 vta. a 130, señaló que: 1) Los fundamentos de la Resolución 004/2022 son amplios, con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, no es necesario reiterarlos; empero, se recuerda a los jueces la obligación de actuar con celeridad en sus decisiones, pudiendo para ello hacer uso de herramientas tecnológicas, como audiencias virtuales y notificaciones digitales, ya consolidadas como práctica común; 2) Además, reiteró la instrucción a las autoridades competentes para que, dentro del marco de sus funciones, actuaran sin que ello implique una intromisión de la justicia constitucional; exhortó nuevamente a la DNA de Caranavi a que, en el ejercicio de sus funciones, vele por el interés superior de los menores de edad involucrados, cuyas iniciales que se detallan en esa Resolución; y, ordenó la notificación con copia escrita de la citada Resolución a dicha institución para su cumplimiento; 3) Respecto a la solicitud de la Jueza hoy coaccionada aclaró que no era posible alterar el fondo de la Resolución 004/2022, aunque sí se incorporaron ciertos aspectos, si bien el suscrito Juez informó haber recibido tres cuerpos documentales en horas de la mañana, los mismos fueron digitalizados parcialmente para su remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional; 4) En el tercer cuerpo se encuentra el Auto Interlocutorio 420/2022-P, suscrito por la referida Jueza ahora coaccionada el 30 de agosto de 2022, sin que el despacho que resolvió la “acción judicial” hubiese tenido conocimiento previo de la nota o carta de remisión alguna; y, dicho tercer cuerpo no se encontraba foliado y tras su digitalización, sería devuelto para que el “Juez” pueda resolver de inmediato la causa conforme a derecho; y, 5) Finalmente, con relación con la solicitud del “Juez de Familia”, se dispuso que este debía simplemente cumplir con su propio decreto, notificando a la DNA de Riberalta, utilizando los mecanismos propios de los procesos ordinarios y se recordó que el Juez hoy accionado tiene la potestad de convocar y actuar conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales ya descritas en la Resolución -004/2022-.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 420/2022-P de 30 de agosto, emitido por Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz -hoy coaccionada-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Claudia Santusa Condori Layme, por la presunta comisión de los delitos de trata y tráfico de personas y violencia familiar o doméstica, por el cual dispuso denegar la aplicación de medidas de protección de guarda en favor de Edgar Mamani Pillco -ahora parte accionante-, aclarando que en favor del menor de edad AA se ordenó que la DNA de Caranavi, haga un seguimiento permanente entre tanto dure ese proceso penal y remita informes a esa autoridad cada dos meses a efectos de tomar conocimiento sobre la situación emocional, psicológica y física del menor de edad AA; y, que también se coordine mediante dicha Defensoría, que los menores de edad AA y BB, una vez por semana, tengan reunión virtual con sus hermanos que se encuentran en el municipio de Riberalta, sea a efectos de que los vínculos de hermandad se refuercen (fs. 25 a 27).

En mérito a ello, el abogado de la víctima -parte accionante-; solicitó a la Jueza hoy coaccionada que se aclare y complemente el Auto Interlocutorio 420/2022-P, enfatizando que no debía disponerse la guarda provisional del menor de edad AA en favor de la progenitora; ya que, existe la SCP “0035/2022”, que estableció medidas de protección contra la progenitora, y que la misma fue dictada por una autoridad competente y que la actual decisión judicial podría contradecirla, generando un posible conflicto de decisiones jurisdiccionales; también solicitó que se remitan antecedentes al “…Juez Público de la Niñez y Adolescencia…” (sic), como autoridad competente para definir la guarda de los menores de edad y que se garantice el derecho a la educación del menor de edad AA en el municipio de Trinidad Pampa, según informe de la DNA de Caranavi.

Por su parte, el abogado de la imputada también pidió la complementación del Auto Interlocutorio 420/2022-P, solicitando que se remita la entrevista y la grabación de la audiencia de cámara Gesell al Ministerio Público, así como el desdoblamiento de dicha grabación por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y aclaró que, en relación con las medidas dictadas en otro proceso, esas debían ser tratadas ante la autoridad que las emitió; puesto que, fueron rechazadas por el tribunal correspondiente.

Ante ello, la Jueza ahora coaccionada respondió que: i) No tenía facultad para dejar sin efecto ninguna “Resolución” constitucional ni decisiones de otros juzgados y aclaró que actuaba bajo el control jurisdiccional y que las medidas de protección dispuestas respondían al interés superior del menor de edad; ii) Complementó que la progenitora debía encargarse del cuidado y la educación del menor de edad AA en el municipio de Trinidad Pampa, tal como lo indicaba el “informe social”; iii) Con relación a la entrevista con el menor de edad AA, explicó que esa era de carácter reservado y no se encontraba disponible en formato físico ni digital; iv) Respecto al pedido de desdoblamiento de cámara Gesell, indicó que no le correspondía realizar actos de investigación, por lo cual el abogado solicitante debía acudir a la autoridad competente; y, v) Finalmente, ordenó remitir la resolución al “…Juez de Niñez y Adolescencia del municipio de Caranavi…” (sic) para que defina la guarda legal del menor de edad.

Posteriormente, el abogado de la víctima -parte accionante-, reiteró que no se determinó con claridad el derecho a la educación del menor de edad AA, insistiendo en que debía ser garantizado expresamente y la Jueza hoy coaccionada concluyó ratificando que la progenitora, como guardadora natural, debía garantizar la continuidad de los estudios del menor de edad AA en la comunidad de Trinidad Pampa, quedando notificadas todas las partes procesales (fs. 27 vta. a 28 vta.).

II.2. Por memorial presentado el 15 de marzo de 2022, ante Ángel Ayala Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Caranavi del departamento de La Paz -hoy accionado-, el accionante pidió que se dejen sin efecto las medidas provisionales de los menores de edad BB y CC de guarda de los mismos en favor de su hermano “Daniel Wilmer”, de la progenitora y de los abuelos de los niños (fs. 90 a 92 vta.); mereciendo en respuesta el decreto de 16 de igual mes y año, por el que indicó que previo a resolver ese memorial se dé cumplimiento al decreto de 9 de ese mes y año y que la DNA de Riberalta remita un informe psicológico y social de los menores de edad, sea a efecto de su consideración a momento de resolver la modificación de medidas provisionales (fs. 93).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la espiritualidad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que: a) El Juez hoy accionado que tramitó el proceso familiar seguido por Claudia Santusa Condori Layme en su contra, en ejecución de sentencia dispuso medidas provisionales, entre ellas, la guarda del menor de edad AA en favor de la antes nombrada en su condición de madre; empero, el 15 de marzo de 2022, solicitó la modificación de las medidas provisionales -respecto a los menores de edad BB y CC-; empero, la misma no fue atendida, y en ese ínterin, su hijo de nueve años de edad -AA- falleció de manera violenta por traumatismo cráneo encefálico; por lo que, debe darle cristiana sepultura en el lugar en el que nació y se crio que es la localidad de Caranavi; y, b) La Jueza ahora coaccionada, realizando el control jurisdiccional del caso “LPZ1CA” -proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Claudia Santusa Condori Layme, por la presunta comisión de los delitos de trata y tráfico de personas y violencia familiar o doméstica-, mediante Auto Interlocutorio 420/2022-P de 30 de agosto, “de oficio” determinó otorgar la medida de protección de guarda del menor de edad AA en favor de su madre agresora, pese a conocer los antecedentes de la misma; y posteriormente, tras el deceso de su hijo, se negó a atender memoriales presentados por “buzón” clamándole medidas de protección y que el menor de edad AA sea enterrado en la localidad de Caranavi. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación; 2) La protección de los derechos y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre con relación a este tópico de connotación procesal constitucional, citando a su vez a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, establece que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La protección de los derechos y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes

La SCP 0826/2023-S3 de 1 de agosto, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional al respecto, a partir de la normativa convencional, estableciendo que: «La SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, refirió que: “La Convención sobre los Derechos del Niño, fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, cuya entrada en vigor en Bolivia se produjo mediante la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, que fue aprobada por la mayoría de los países miembros de la ONU, justamente por su importancia en la protección de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que, la misma dispuso en su art. 3.1 y 2 lo siguiente: ‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas‛. Introduciendo así el principio del el interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna. Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es ‘el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar‛, asimismo, para Gatica y Chaimovic ‘debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad el interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña‛, por otra Zermatten señala que ‘el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia‛. En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina, así como en a Opinión Consultiva sobre la situación jurídica y derechos humanos del niño. En virtud a lo referido, el art. 60 de la CPE dispone que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado‛, que se ajusta a la Convención de los derecho de niño, por ello, es importante referir que cuando los administradores de justicia tengan que resolver situaciones en las que se encuentren involucradas la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, deben tener presente el principio de protección reforzada frente a otros intereses…”» (las negrillas nos pertecen).

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la espiritualidad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que: a) El Juez hoy accionado que tramitó el proceso familiar seguido por Claudia Santusa Condori Layme en su contra, en ejecución de sentencia dispuso medidas provisionales, entre ellas, la guarda del menor de edad AA en favor de la antes nombrada en su condición de madre; empero, el 15 de marzo de 2022, solicitó la modificación de las medidas provisionales -respecto a los menores de edad BB y CC-; empero, la misma no fue atendida, y en ese ínterin, su hijo de nueve años de edad -AA- falleció de manera violenta por traumatismo cráneo encefálico; por lo que, debe darle cristiana sepultura en el lugar en el que nació y se crio que es la localidad de Caranavi; y, b) La Jueza ahora coaccionada, realizando el control jurisdiccional del caso “LPZ1CA” -proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Claudia Santusa Condori Layme, por la presunta comisión de los delitos de trata y tráfico de personas y violencia familiar o doméstica-, mediante Auto Interlocutorio 420/2022-P de 30 de agosto, “de oficio” determinó otorgar la medida de protección de guarda del menor de edad AA en favor de su madre agresora, pese a conocer los antecedentes de la misma; y posteriormente, tras el deceso de su hijo, se negó a atender memoriales presentados por “buzón” clamándole medidas de protección y que el menor de edad AA sea enterrado en la localidad de Caranavi.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, cursa Auto Interlocutorio 420/2022-P, emitido por la Jueza hoy coaccionada, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Claudia Santusa Condori Layme, por la presunta comisión de los delitos de trata y tráfico de personas y violencia familiar o doméstica, por el cual dispuso denegar la aplicación de medidas de protección de guarda en favor de la parte accionante, aclarando que en favor del menor de edad AA se ordenó que la DNA de Caranavi, haga un seguimiento permanente entre tanto dure ese proceso penal y remita informes a esa autoridad cada dos meses a efectos de tomar conocimiento sobre la situación emocional, psicológica y física del menor de edad AA; y, que también se coordine mediante dicha Defensoría, que los menores de edad AA y BB, una vez por semana, tengan reunión virtual con sus hermanitos que se encuentran en el municipio de Riberalta, sea a efectos de que los vínculos de hermandad se refuercen. En mérito a ello, el abogado del accionante solicitó a la Jueza ahora coaccionada que se aclare y complemente el Auto Interlocutorio 420/2022-P, enfatizando que no debía disponerse la guarda provisional del menor de edad AA en favor de la progenitora; ya que, existía SCP “0035/2022”, que estableció medidas de protección contra la progenitora, y que la misma fue dictada por una autoridad competente y que la actual decisión judicial podría contradecirla, generando un posible conflicto de decisiones jurisdiccionales; también solicitó que se remitan antecedentes al “…Juez Público de la Niñez y Adolescencia…” (sic), como autoridad competente para definir la guarda de los menores de edad y que se garantice el derecho a la educación del menor AA en el municipio de Trinidad Pampa, según informe de la DNA de Caranavi. Por su parte, el abogado de la imputada también pidió la complementación del Auto Interlocutorio 420/2022-P, solicitando que se remitan la entrevista y la grabación de la audiencia de cámara Gesell al Ministerio Público, así como el desdoblamiento de dicha grabación por parte del IDIF, y aclaró que, en relación con las medidas dictadas en otro proceso, esas debían ser tratadas ante la autoridad que las emitió; puesto que, fueron rechazadas por el tribunal correspondiente Ante ello, la Jueza hoy coaccionada respondió que: a) No tenía facultad para dejar sin efecto ninguna “Resolución” constitucional ni decisiones de otros juzgados y aclaró que actuaba bajo el control jurisdiccional y que las medidas de protección dispuestas respondían al interés superior del menor de edad; b) Complementó que la progenitora debía encargarse del cuidado y la educación del menor de edad AA en el municipio de Trinidad Pampa, tal como lo indicaba el “informe social”; c) Con relación a la entrevista con el menor de edad AA, explicó que esta era de carácter reservado y no se encontraba disponible en formato físico ni digital; d) Respecto al pedido de desdoblamiento de cámara Gesell, indicó que no le correspondía realizar actos de investigación, por lo cual el abogado solicitante debía acudir a la autoridad competente; y, e) Finalmente, ordenó remitir la resolución al “…Juez de Niñez y Adolescencia del municipio de Caranavi…” (sic) para que defina la guarda legal del menor de edad.

Posteriormente, el abogado del accionante reiteró que no se determinó con claridad el derecho a la educación del menor de edad AA, insistiendo en que debía ser garantizado expresamente; y, la Jueza ahora coaccionada concluyó ratificando que la progenitora, como guardadora natural, debía garantizar la continuidad de los estudios del menor de edad AA en la comunidad de Trinidad Pampa, quedando notificadas todas las partes procesales (Conclusión II.1.).

Asimismo, por memorial presentado el 15 de marzo de 2022, ante el Juez hoy accionado, el accionante pidió que se dejen sin efecto las medidas provisionales de los menores de edad BB y CC de aguarda de los mismos en favor de su hermano “Daniel Wilmer”, de la progenitora y de los abuelos de los niños; mereciendo el decreto de 16 de igual mes y año, por el que indicó que previo a resolver ese memorial se dé cumplimiento al decreto de 9 de ese mes y año y que la DNA de Riberalta remita un informe psicológico y social de los menores de edad, sea a efecto de su consideración a momento de resolver la modificación de medidas provisionales (Conclusión II.2.).

Delimitado el objeto procesal de la presente acción tutelar y revisados los antecedentes fáctico-procesales, corresponde considerar que conforme al Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad se constituye en un mecanismo extraordinario de defensa ante la amenaza o vulneración consumada de los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, incluyéndose los casos de acciones u omisiones que configuren procesamiento indebido vinculado a la libertad y persecución indebida.

En ese contexto, corresponde precisar que el reclamo constitucional formulado por el accionante radica en lo principal en que se conceda la tutela por la alegada vulneración del derecho a la espiritualidad de la familia doliente ante el fallecimiento del menor de edad AA y que se le permita que el mismo sea enterrado en la localidad de Caranavi.

Al respecto, ante la compleja y la particular situación que se presenta, se debe puntualizar que en el caso que se analiza no concurre una retención ilegal o indebida del cadáver del menor de edad AA fallecido, más aun tomando en cuenta que a momento de su fallecimiento la guarda legal del mismo estaba a cargo de su progenitora, quien; además, no impidió que la parte accionante como padre pueda estar presente en los actos fúnebres, tal es así que en audiencia de acción de libertad el abogado del nombrado indicó expresamente que “…tenemos la noticia de que el niño va ser enterrado a las 11 de la mañana y vamos a pedir permiso a su autoridad para podernos retirar que de manera el padre vaya a enterrar a su ser querido, por lo que voy a solicitar permiso…” (sic); por lo que, no se podría considerar una restricción de la libertad física ni tampoco se demostró lesión a los derechos a la vida o al debido proceso. En ese entendido, es evidente que los componentes de lesividad alegados no se encuentran dentro del campo de la acción de libertad; puesto que, no se advierte que se enmarquen en alguno de sus presupuestos de activación; correspondiendo denegar la tutela solicitada, debiendo referir al respecto, que el antes nombrado cuenta con las vías expeditas para continuar reclamando las actuaciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o de cualquier otra autoridad o funcionario que considere lesivas a sus derechos.

Por otra parte, en cuanto al reclamo de la parte accionante referido a la dilación en la que estarían incurriendo las autoridades judiciales ahora accionadas en la tramitación de sus solicitudes relacionadas con sus hijos menores de edad, por el carácter informal de la acción de libertad, se puede inferir la representación que ejerce el nombrado respecto a los menores BB y CC; por lo que, corresponde precisar lo siguiente:

Respecto a que el Juez ahora accionado no dio respuesta al memorial de 15 de marzo de 2022, por el que solicitó la modificación de medidas provisionales -con relación a los menores BB y CC-, se tiene que dicho Juez en su Informe de acción de libertad expresó que -por decreto de 16 de marzo de igual año- dispuso la notificación a las partes y a la DNA de Riberalta para que eleven informes psicológico y social de los menores de edad para su consideración a momento de resolver las medidas provisionales; empero, que ello no fue cumplido pese a estar notificados, motivo por el que no pudo resolver la modificación de la guarda de los menores de edad BB y CC.

Ante esa situación, se advierte que el Juez hoy accionado no consideró lo señalado por el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, que establece que el principio de interés superior del menor de edad se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, así como también la familia y la sociedad, deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía; puesto que, a momento de emitir el decreto de 16 de marzo de 2022 (fs. 93) debió otorgar a la DNA de Riberalta, un plazo determinado para cumplir con la orden de realizar el informe que definiría la guarda de los menores de edad; por lo que, no resulta un justificativo válido el alegar que no fue posible resolver la modificación de guarda por ese motivo, más aun cuando desde la emisión del decreto hasta la fecha de presentación del informe de acción de libertad -28 de septiembre de 2022-transcurrieron más de seis meses, lo cual evidencia la falta de la debida diligencia en la tramitación de la causa; situación que no puede ser pasada por alto por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo conceder la tutela en este punto, ordenando que el Juez ahora accionado actúe con la debida diligencia y tramite con celeridad la solicitud de modificación de guarda de los menores de edad y cualquier otra solicitud que involucre a menores de edad.

Con relación a la Jueza hoy coaccionada, quien según refiere el accionante realizando el control jurisdiccional del caso “LPZ1CA” -proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Claudia Santusa Condori Layme, por la presunta comisión de los delitos de trata y tráfico de personas y violencia familiar o doméstica-, mediante Auto Interlocutorio 420/2022-P, “de oficio” determinó otorgar la medida de protección de guarda del menor de edad AA en favor de su madre agresora, pese a conocer los antecedentes de la misma; y posteriormente, tras el deceso de su hijo, se negó a atender memoriales presentados -el 27 de septiembre de 2022- por “buzón” clamándole medidas de protección; por la fecha de presentación del referido memorial y conforme a lo consignado en el petitorio del accionante (fs. 5), se advierte que tomando en cuenta que la acción de libertad fue presentada un día después, y sobre ese acto lesivo en concreto, no se advierte falta de diligencia o dilación indebida, correspondiendo denegar la tutela solicitada, sin perjuicio de exhortar a dicha Jueza, por los fundamentos expuestos en audiencia a que tramite la causa que involucra a los menores de edad sin perder de vista lo mencionado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional. Por otra parte, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, advertida de la problemática abordada supra, la falta de realización del informe psicológico y social solicitado por decreto de 16 de marzo de 2022 y habiendo verificado en el sistema de gestión procesal de la entidad la existencia de múltiples causas que involucran a los menores de edad, exhorta a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Riberalta y de Caranavi, para que según corresponda por el lugar de ubicación de los menores de edad -que eventualmente podría cambiar- que cumplan con lo establecido por los arts. 185 y 188 del CNNA, sin perder de vista que una de sus atribuciones es intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la niña, niño o adolescente con su padre, madre, guardadora o guardador, tutora o tutor. Así, a partir de esas disposiciones legales, la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia resulta trascendental para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos; por lo que, en el presente caso, por la problemática planteada y la evidente situación de vulnerabilidad e inestabilidad familiar, psicológica y emocional -a más de otras posibles situaciones de violencia que están en investigación-, corresponde a dicha institución, realizar el seguimiento de todos los casos en los que estén involucrados los menores de edad BB y CC -y que probablemente aún involucren al menor de edad AA-, a efectos del resguardo de sus derechos en el marco del art. 60 de la Norma Suprema, priorizando la protección de la vida y de la integridad física y psicológica de los menores. Finalmente, con relación al petitorio del accionante en cuanto a que se remitan antecedentes de la Resolución de guarda emitida por la Jueza hoy coaccionada al Ministerio Público, para el inicio del proceso penal por el delito descrito por el “art. 254 bis del CP”, se aclara al accionante que para tal efecto tiene expeditas las vías pertinentes para interponer las denuncias que considere pertinentes, sin que corresponda a esta jurisdicción constitucional emitir mayor pronunciamiento. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 131 a 139, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los menores de edad BB y CC, con relación a la actuación de Ángel Ayala Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Caranavi del departamento de La Paz vinculada a la vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad.

2º Ordenar que el referido Juez, actúe con la debida diligencia reforzada y tramite con celeridad la solicitud de modificación de guarda de los menores de edad BB y CC; y, cualquier otra solicitud que involucre a menores de edad, considerando la prevalencia del interés superior del menor.

3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la lesión del derecho a la espiritualidad -tras el fallecimiento del menor de edad AA- y con relación a Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 4º Exhortar a:

a) Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, por los fundamentos expuestos en audiencia para que tramite la causa que involucra a los menores de edad sin perder de vista lo mencionado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional; y, b) Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Riberalta y de Caranavi, para que según corresponda por el lugar de ubicación de los menores de edad BB y CC -que eventualmente podría cambiar- cumplan con lo establecido por los arts. 185 y 188 del Código Niña, Niño y Adolescente, sin perder de vista que una de sus atribuciones es intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la niña, niño o adolescente con su padre, madre, guardadora o guardador, tutora o tutor; y, realicen el seguimiento de todos los casos en los que estén involucrados los menores de edad BB y CC -y que probablemente aún involucren al menor de edad AA-, a efectos del resguardo de sus derechos en el marco del art. 60 de la Constitución Política del Estado, priorizando la protección de la vida y de la integridad física y psicológica de los menores de edad.

5º Por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, notifíquese a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta a efectos de que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0217_2025-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2223228b420f1ed86561a4bc9fd25d63c1ee68d7f9bf06c189bab4e266691666

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