Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 72/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 7 a 8, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0216/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58901-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 72/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 7 a 8, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Willy de Jesús Murillo Cortez en representación sin mandato de Leopoldo Richard Chui Torrez contra Sergio Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de la Paz.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al acuerdo Jurisdiccional de Sala PlenaTCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
Por memorial presentado el 31 de agosto de 2023, cursante a f.s 2 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; puesto que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, presentó incidente de nulidad de imputación formal, de citación por edicto y excepción de incompetencia, empero a horas 110:00 se notificó con el decreto de 31 de agosto de 2023, a través del cual el Juez demandado señaló audiencia de consideración de dichos incidentes y excepciones para horas 14:30 p.m.; vale decir, que fue notificado con dicho actuado con un lapso de menos de cuatro horas de anticipación, sin lugar a contar con los medios adecuados para la preparación de su defensa y comunicación con su abogado. Solicitando, se deje sin efecto el decreto de 31 de agosto de 2023, resolviendo los incidentes y excepciones planteados en audiencia señalada con la debida anticipación. El Juez demandado no se hizo presente en audiencia de la acción de libertad, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su notificación (fs. 5). El Juez de Sentencia Penal Octavo de la ciudad de El Alto, constituido en Juez de garantías, por Resolución 72/2023 de 1 de Septiembre, cursante de f.s 7 a 8, denegó la tutela solicitada bajo el argumento de no estar en los alcances del art. 125 de la Constitución Política del Estado, además de subsidiaridad en la presente causa que impide dilucidar punto por punto los aspectos reclamados en la presente acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, recogió, moduló y complementó el entendimiento sentado en la SC 160/2005-R de 23 de febrero, y en lo pertinente señaló que: “I. (…), en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
(…)
IV. En mérito a este entendimiento, se aclara que las subreglas que sobre la base de la sentencia 0160/2005-R se desarrollaron a través de la SC 0181/2005-R y muchas otras más, deben ser reconducidas a la modulación realizada en la presente Sentencia” (…) “…se puede colegir que la norma procesal penal, prevé de manera expresa mecanismos eficientes para precautelar derechos fundamentales durante la etapa preparatoria, siendo el juez de instrucción el encargado de conocer y resolver los incidentes planteados por las partes cuando éstas consideren que como consecuencia de una actividad procesal defectuosa se estarían vulnerando derechos fundamentales. Asimismo, durante la etapa de juicio, también el tribunal de sentencia tiene el rol de garantizar derechos fundamentales que podrían ser quebrantados por una actividad procesal defectuosa…” (las negrillas son nuestras)
Sobre el particular, la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, recogiendo la línea jurisprudencial desarrollada sobre este medio y su alcance como mecanismo idóneo y eficaz intra proceso penal precisó que: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales”» (las negrillas corresponden al texto original).
En el proceso penal seguido contra el accionante, presentó incidentes y excepción de incompetencia, empero fue notificado con el señalamiento de audiencia para su consideración con cuatro horas de anticipación, viéndose impedido de preparar su defensa, ya que a continuación se tiene prevista llevar adelante la audiencia, circunstancias que a decir del peticionante de tutela vulnera sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa.
De lo expresado en el memorial de demanda tutelar, puesto que no cursa en cuaderno procesal ningún antecedente, ni documental adjunta, menos informe de la autoridad judicial demandada, se conoce que en el proceso penal seguido contra el accionante, se fijó audiencia de consideración de medidas cautelares, para tratar la imputación formal 10/2023 para el 31 de agosto de 2023 a horas 14:30. En ese contexto el 30 de igual mes y año, la defensa presentó incidente de nulidad de imputación formal, nulidad de citación por edicto y excepción de incompetencia; sin embargo, a horas 11:00 le notificaron con el decreto de 31 de igual mes y año, con la audiencia señalada para considerar los incidentes y la excepción, a horas 14:30 de ese mismo día; lo que significaría, que en una misma audiencia el Juez demandado, tendría que resolver los incidentes y la excepción planteados, además de pronunciarse sobre la imputación formal.
En la audiencia de la presente acción de defensa cursante a f.s 6vta., se advierte que el impetrante de tutela presenta su acción de defensa buscando que se deje sin efecto el decreto de 31 de agosto de 2023, puesto que fue notificado con el mismo con unas horas de anticipación a desarrollarse la audiencia donde se resolverán los incidentes y la excepción planteados; cuestión que no fue reclamada de manera expresa y previamente ante la autoridad jurisdiccional a cargo de la causa, siendo ese el medio previo idóneo para impugnar lo traído directamente a esta vía constitucional.
En ese marco, tomando en cuenta que, de acuerdo a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; momento en que esta acción de defensa operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas; el impetrante de tutela no observó la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad que, como se dijo, exige el agotamiento de los mecanismos intraprocesales para la reparación de derechos considerados como transgredidos.
De ello, resulta que ante la incorrecta notificación con el decreto de 31 de agosto de 2023, el accionante bien podía reclamar y cuestionar lo denunciado en esta acción de libertad, a través de la interposición de incidente de actividad procesal defectuosa, el cual debió usar antes de la vía tutelar, la cual no puede ser activada ante la existencia de un medio intraprocesal de defensa para restituir sus derechos alegados como lesionados; lo que imposibilita a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 72/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 7 a 8, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0216_2026-S3.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 45db14f6b78a29759054c5149281b3e0ba87ccebe775df9cf4d7ef2fdfbe2b35
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