Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de abril de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su componente de fundamentación, motivación y errónea aplicación de la ley, a la seguridad jurídica y el derecho a la reparación del daño integral; ello en mérito a que, dentro de un proceso contencioso, iniciado por su persona en contra del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo del departamento de Tarija, cuya sentencia declaró probada su demanda, sin embargo, en ejecución de sentencia se emitió la providencia de 9 de septiembre de 2022 y el Auto Interlocutorio 160/2022, resoluciones que concluyeron que de su parte no se habrían identificado los parámetros fácticos de donde se obtuvieron para cuantificar el monto emergente del pago de daños y perjuicios, incumpliendo de esa manera con lo determinado por la Sentencia 6/2022 de 8 de febrero, la cual incluía la calificación por multas contractuales, así como daños y perjuicios; sosteniendo que tal resolución se ejecutorió el 7 de marzo de 2022; la resoluciones que ahora impugna no tomaron en cuenta el informe pericial a objeto de cuantificar los daños y perjuicios, que concluyó con la estimación de la suma de Bs97 385.- (noventa y siete mil trescientos ochenta y cinco bolivianos), informe que no fue observado por ninguna de las partes, por tal motivo solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Se deje sin efecto la Providencia de 9 de septiembre de 2022 y el Auto Interlocutorio 160/2022, y; b) Se ordene la conclusión del proceso incidental de calificación de daños y perjuicios en ejecución de sen…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 393 a 399 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0216/2025-S3 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53717-2023-108-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 16/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 393 a 399 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lorenza Ríos en representación de la empresa unipersonal “Lorenza Ríos” contra Horacio Paredes Carranza, Vocal Suplente de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda; y, Susana Pantoja Ballivian, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, de la Niñez y Adolescencia Segunda, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 345 a 354 vta., la accionante expreso lo siguiente:
El 13 de agosto de 2021, inició una demanda contenciosa en contra del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo del departamento de Tarija, por el cumplimiento de un contrato que fue suscrito entre su empresa y la precitada entidad municipal, con el objeto de cubrir con la provisión de productos para la canasta escolar de dicho municipio y zonas aledañas. Manifestó que una vez concluida la demanda, se emitió la Resolución 6/2022 de 8 de febrero, en favor de su empresa, la cual incluía la calificación por multas contractuales, así como daños y perjuicios; tal resolución se ejecutorió el 7 de marzo de 2022.
A raíz de ello, en ejecución de sentencia se designó un perito para la realización del informe pericial a objeto de cuantificar los daños y perjuicios, que concluyó con la estimación de los daños y perjuicios en la suma de Bs97 385 (noventa y siete mil trescientos ochenta y cinco bolivianos), informe que no fue observado por ninguna de las partes. En ese sentido señaló que de manera errónea la autoridad judicial, mediante providencia de 9 de septiembre de 2022, señaló que la parte actora no habrían identificado los parámetros fácticos de donde se obtuvieron esos conceptos, limitándose a indicarlos como perjuicios; en consecuencia, declararon no ha lugar la cuantificación de dicho concepto, manifestando que la sanción en el pago de intereses cubrió los daños que la demandante refirió haber sufrido por el no pago oportuno de los montos demandados. Ante dicha determinación, el 19 de septiembre de 2022, presentó recurso de reposición, emitiéndose Auto Interlocutorio 160/2022 de 7 de octubre, que conjuntamente a la providencia de 9 de septiembre de 2022, considera como actos lesivos que vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración y congruencia y que atentan a los intereses de su empresa, más aún al no respetar la sentencia del proceso que tenía calidad de cosa juzgada. Sostuvo que no es evidente que su persona no haya mencionado en que consistían los daños y perjuicios, como señaló la resolución ahora impugnada, ya que tal extremo estaba consignado en la misma demanda, sosteniendo que por la adjudicación su empresa no obtuvo utilidades, toda vez que por más de dos años no obtuvo pago alguno por el cumplimiento del referido contrato.
La accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, en su componente de fundamentación, motivación y errónea aplicación de la ley, a la seguridad jurídica y el derecho a la reparación del daño integral; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Se deje sin efecto la Providencia de 9 de septiembre de 2022 y el Auto Interlocutorio 160/2022, y; b) Se ordene la conclusión del proceso incidental de calificación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia y se ordene el pago del monto cuantificado por el perito, con imposición de costas procesales.
Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 391 a 392 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándola, manifestó que: 1) Respecto al Informe de las autoridades accionadas, desconocen lo previsto en el art. 397 del CPC, que es clara al señalar que las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutaran solo a instancia de la parte interesada, sin alterar ni modificar su contenido; en este caso confunden los intereses con daños y perjuicios, 2) Existe un informe pericial que se emitió en ejecución de sentencia y a través del cual se cuantificó a cuanto ascenderían los daños y perjuicios, y estos los confunden con los intereses; el contrato, objeto del proceso suscrito entre el municipio y la impetrante de tutela reconoce el incumplimiento, que se refleja en el rédito que debe de existir por un capital que se dejó de percibir a consecuencia de dicho incumplimiento, y; 3) No se puede pretender que se tenga por compensados los daños y perjuicios que le fueron reconocidos, por lo que pretende que la Acción de Amparo Constitucional le restauren dichos derechos.
Jorge Horacio Paredes Carranza, Vocal Suplente de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda y Susana Pantoja Ballivian, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, de la Niñez y Adolescencia Segunda, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe escrito, presentado el 14 de febrero de 2023 cursante de fs. 381 a 385 vta. y lo manifestado en audiencia, indicaron: i) La Resolución objeto de la reposición fue emitida en la fase de ejecución de la sentencia, con la finalidad de que la autoridad judicial pueda cuantificar el concepto de daños y perjuicios, concepto que resulta independiente de los intereses que también fueron reconocidos, los daños y perjuicios si bien están inmersos en la demanda como una pretensión accesoria, sin embargo contiene únicamente argumentos de orden doctrinal referentes a su significado, lo que se repite a lo largo de varios memoriales con la misma inconsistencia e incomprensibilidad de la exposición de razones de donde nace el derecho a cobrar los mismos, razón por la cual en ejecución de sentencia buscaban una mayor claridad en la explicación para ingresar a una verificación probatoria de dichos elementos, lo que no permitió deducir nada en concreto, ya que no existió explicación del origen de indicada suma de dinero pretendida como pago, ii) Respecto a que la demanda fue admitida sin mayores observaciones y que bien podría el juzgador haber observado la misma por falta de argumentos que refrenden la pretensión accesoria de daños y perjuicios, corresponde indicar que el control que se hizo de la demanda, fue enfocada en los argumentos generales de la pretensión principal, el cual fue el pago de la obligación pendiente que ascendía al monto de Bs1 044.586,50.- (un millón cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y seis, 50/100 bolivianos), por el concepto de pago de productos entregados, es así que al centrarse en la pretensión principal no se advirtió que los elementos que hacían a la pretensión accesoria eran incompletos y descontextualizados y que por sí solos no permitían cuantificar el pago del concepto demandado, por ello el agravio invocado no justifica una reposición del actuado observado de su parte, y; iii) La resolución ahora objetada no pretendía desconocer el alcance de la Sentencia, que contenía el reconocimiento a favor de la parte demandante pero con relación a los daños y perjuicios, estos debían liquidarse en ejecución de sentencia, así que en dicho afán de cuantificar monetariamente el mismo, se advirtió la inconsistencia de los elementos fácticos expuestos en la demanda, los cuales fueron repetidos en la ejecución y no permitieron deducir en concreto el concepto demandado, por lo que el perito asignado para la cuantificación se limitó a indicar que el daño ocasionado a la demandante por el no pago oportuno del monto adeudado, debe de ser cubierto con la imputación de intereses legales de 6% anual por el tiempo de la mora, sin embargo dichos intereses a imputarse ya están reconocidos pero no siendo estos equivalente a daños y perjuicios demandados, que al no tener elementos para su deducción no correspondía que sean ya verificados por más que el concepto como derecho pretendido haya sido reconocido.
Asunción Ramos, en su condición de Alcaldesa Municipal de San Lorenzo, mediante informe escrito presentado el 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 389 a 390 vta., y lo manifestado en audiencia, señalaron lo siguiente: a) Existió una sentencia ejecutoriada, con el cobro del monto adeudado y los intereses calificados, todo en un tiempo expedito considerando otros casos, que el propio Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo del departamento de Tarija debe confrontar; b) El argumento de haber soportado pérdidas por la demora en la cancelación, no es válido para quien se dedica a la actividad comercial, que está sometida por naturaleza a esos riesgos, en el memorial de acción de amparo constitucional declaró el monto o porcentaje de utilidad que pretendía obtener y que cumplió su cometido, porque ya fue cancelado y que por la demora se ha establecido numéricamente el monto de intereses; al cuestionar la determinación del Vocal demandado que actuó en pleno ejercicio de su competencia, por haber determinado en la providencia de 9 de septiembre de 2022, que no se pudo identificar los elementos probatorios para el cálculo de los montos solicitados, impidiendo a los juzgadores fijar una sanción obligando al pago de daños y perjuicios a la entidad municipal que nunca negó la deuda, en la presente acción de amparo constitucional no se habría precisado, aclarado y explicado la razón por la que se habrían producido los daños y de qué manera se los cuantifica, simplemente se realizó un relato teórico y subjetivo; c) Al tratarse de una acción de amparo constitucional originada en un proceso contencioso de cumplimiento de contrato, la Resolución 6/2022, en ninguna de sus partes considerativas y de valoración de hechos y pruebas se refirió a una obligación contraída expresamente por las partes para las penalidades descritas, limitándose a señalar el pago de intereses pactados y daños y perjuicios ocasionados por la demora de pago a liquidarse en ejecución de sentencia, y; d) La Resolución objeto de la acción tutelar se encuentra ejecutoriada y el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo del departamento de Tarija, habría efectuado la cancelación de la deuda y se habría establecido los intereses conforme al contrato que son las obligaciones contraídas desde un inicio por las partes
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 16/2023, cursante de fs. 393 a 399 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo: 1) Con relación a la valoración del dictamen pericial se tiene que no fue vinculante para el Juez, no le obligó y este tiene la libertad a la hora de valorarlo, pudiendo abstenerse de considerarlo, mediante decisión debidamente fundamentada, si el Juez consideró que los hechos afirmados en las conclusiones fueron absurdos o imposibles, está autorizado a rechazarlo, si luego de una crítica rigurosa, razonada y de conjunto, las que arrojaban otras pruebas de igual o superior valor, no se podía tener plena eficacia probatoria y no debía tener en cuenta el dictamen del perito, 2) Consideran que la Resolución 160/2022, se encontraba adecuadamente fundamentada, porque respondió agravio por agravio, la calificación de daños y perjuicios no fue una simple invocación retórica o literal, sino fue la demostración de algo, en el caso la pedida de dinero durante un determinado tiempo y las razones que ocasionaron dicha perdida, y no es posible que el perito pretenda suplir esa falta de argumentación y que conforme a su informe pericial, se imponga un criterio de daños y perjuicios, consecuentemente por esa circunstancia hace que las autoridades demandadas hayan concluido que al no tener los elementos necesarios para el análisis pertinente, no se podía dar crédito valido de aplicación al informe pericial del perito designado, 3) Se verificó la inconsistencia del reclamo en cuanto a sus elementos fácticos, porque no se permite deducir en concreto el concepto demandado, que va más por recuperar una cierta utilidad; empero, al no tener en concreto elementos para su deducción es que el mismo perito asignado para la cuantificación, se limitó a indicar que el daño ocasionado a la demandante por el no pago oportuno del monto adeudado debió haber sido cubierto con los intereses legales de 6% anual por el tiempo de la mora, no siendo equivalentes a los daños y perjuicios demandados, los cuales al no tener elementos para su deducción no correspondía ya sean verificados, por lo que no es evidente que se haya vulnerado los derechos al debido proceso, tampoco el derecho a la fundamentación; 4) Respecto a la vulneración de la motivación y fundamentación, no fue suficiente señalar que no está debidamente fundamentada y motivada la resolución, sino que tenía que explicar de qué manera se ha incurrido en la falta de motivación; 5) Con relación a la valoración integral de la prueba y la congruencia, la única prueba discutible es en virtud a la Resolución que emitió el Vocal Horacio Paredes Carranza el 9 de septiembre de 2022 y el Auto Interlocutorio 160/2022, en cuyo contenido se expuso la valoración que efectuaron de la única prueba el dictamen pericial, que por las razones anotadas no pudo sustentar la pretensión de los accionantes, por lo que no existía una vulneración a la valoración integral de la prueba y tampoco a la congruencia, y; 6) Respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, la parte demandante tuvo todos los medios para acudir a la justicia, fue escuchada en su petición, por lo que no existía dicha vulneración.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Providencia de 9 de septiembre de 2022, emitida por Jorge Horacio Paredes Carranza, Vocal de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dentro del proceso contencioso entre empresa unipersonal “Lorenza Ríos” contra el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo del departamento de Tarija; manifiesta en su contenido las razones por las que no se dio curso a la cuantificación de daños y perjuicios, refiriendo que no se habría identificado de donde se obtuvo el cálculo de los montos y pese a haberse aperturado un plazo probatorio incidental para dicho cometido (fs. 294). II.2. Recurso de reposición, presentado el 19 de septiembre, por la empresa unipersonal “Lorenza Ríos”, -ahora accionante-, dentro del proceso contencioso seguido en contra del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo del departamento de Tarija, en ejecución de sentencia; por el cual, solicitó que se deje sin efecto la resolución de 9 de septiembre de 2022, y se ordene el pago del monto calculado como daños y perjuicios por el perito, pues no existe anulación alguna a anteriores resoluciones judiciales, conforme a lo establecido por el art. 215 del CPC; añade que desde la demanda se planteó que los daños y perjuicios emergen de que la inversión realizada en la dotación de los productos solo le ha generado deudas por la inexistencia de utilidades hasta la fecha, extremo que fue reconocido en la sentencia emitida a su favor (fs. 304 a 310 vta.). II.3. Auto Interlocutorio 160/2022 emitido el 7 de octubre, por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por el cual se determinó declarar “sin lugar el recurso de reposición” y consiguientemente mantener firme la resolución impugnada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes argumentos: i) Respecto al primer agravio, refiriendo que, si bien el concepto de daño y perjuicios está inmerso en la demanda, como una pretensión accesoria; sin embargo, contiene únicamente argumentos de orden doctrinal, sin que exista una exposición fáctica detallada, que explique de donde provendrá el derecho a cobrar esos conceptos, tampoco tal pretensión se encuentra refrendada con medios probatorios, por lo que no resulta posible que sea atendida la misma. ii) En cuanto al segundo agravio, respecto a que la demanda fue admitida sin observaciones, se advierte que el control que se hizo de la demanda, se enfocó en la pretensión principal, cual fue el pago de la obligación pendiente que ascendía a Bs1 044.586,50.- (Un millón cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y seis bolivianos 50/100) por concepto de pago por los productos entregados, tal es así que el juzgador al centrarse en la pretensión principal no se advirtió que los elementos fácticos que hacían a la pretensión accesoria se encontraban incompletos y descontextualizados, que por sí solos no permiten inducir o cuantificar el concepto demandado, extremo que se pretende corregir en ejecución de la sentencia con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en sentencia, por lo que el agravio invocado no justifica la reposición del actuado; y, iii) Sobre el tercer agravio, en cuanto al presunto desconocimiento de la sentencia emitida, tal extremo no resulta ser cierto, ya que solamente se pretende liquidar el concepto de daños y perjuicios, es decir, cuantificar monetariamente el mismo, donde se advierte la inconsistencia de los elementos fácticos expuestos en la demanda que no permiten deducir en concreto el concepto demandado, en el que incluso el perito asignado para esta cuantificación, se limitó a indicar que el daño ocasionado a la demandante por el no pago oportuno del monto adeudado debe ser cubierto con la imputación de intereses legales del 6% anual por el tiempo de mora; sin embargo, tales intereses ya están reconocidos en lo convenido contractualmente, no siendo estos equivalentes a los daños y perjuicios demandados, por lo que al no tener parámetros para su deducción, no corresponde que sean verificados, por más que dicho concepto haya sido reconocido, puesto que el proceder de forma diferente implicaría una vulneración al principio de preclusión, establecido en el debido proceso (fs. 323 a 325 vta.).
La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su componente de fundamentación, motivación y errónea aplicación de la ley, a la seguridad jurídica y el derecho a la reparación del daño integral; ello en mérito a que, dentro de un proceso contencioso, iniciado por su persona en contra del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo del departamento de Tarija, cuya sentencia declaró probada su demanda, sin embargo, en ejecución de sentencia se emitió la providencia de 9 de septiembre de 2022 y el Auto Interlocutorio 160/2022, resoluciones que concluyeron que de su parte no se habrían identificado los parámetros fácticos de donde se obtuvieron para cuantificar el monto emergente del pago de daños y perjuicios, incumpliendo de esa manera con lo determinado por la Sentencia 6/2022 de 8 de febrero, la cual incluía la calificación por multas contractuales, así como daños y perjuicios; sosteniendo que tal resolución se ejecutorió el 7 de marzo de 2022; la resoluciones que ahora impugna no tomaron en cuenta el informe pericial a objeto de cuantificar los daños y perjuicios, que concluyó con la estimación de la suma de Bs97 385.- (noventa y siete mil trescientos ochenta y cinco bolivianos), informe que no fue observado por ninguna de las partes, por tal motivo solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Se deje sin efecto la Providencia de 9 de septiembre de 2022 y el Auto Interlocutorio 160/2022, y; b) Se ordene la conclusión del proceso incidental de calificación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia y se ordene el pago del monto cuantificado por el perito, con imposición de costas procesales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3. de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv. a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv. b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6 El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones; es decir, que deberá 7 El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”
9 El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aun carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (todas las negrillas fueron añadidas).
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene 11El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 13El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 14El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Entendimiento jurisprudencial desarrollado en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.
En torno a la interpretación de la legalidad ordinaria, en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre se indicó que si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa, no se quebrantaron los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; dicho razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre. Posteriormente, a partir de las SSCC 0718/2005-R de 28 de junio y 0085/2006-R de 25 de enero, se estableció la carga argumentativa 16El FJ III.1, expresa: “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”. 17El FJ III.1, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional verificar si en la labor interpretativa desarrollada por la jurisdicción ordinaria se cumplieron con los requisitos de interpretación admitidos por el derecho y el juez o tribunal intérprete se ha sujetado al sistema de valores y principios que sustentan el sistema constitucional boliviano, para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación como requisito para el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria. La interpretación de la legalidad ordinaria y su carga argumentativa, como criterio de autorestricción para el ejercicio del control de constitucionalidad, fue también ratificada de forma uniforme por las SSCC 0083/2010-R de 4 de mayo y 1038/2011-R de 22 de junio, entre otras y confirmada por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo. Posteriormente, a través de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, en una interpretación del modelo constitucional vigente a partir del 2009, se recondujo el entendimiento al sentido original del canon de constitucionalidad en la interpretación, plasmado en la SC 1846/2004-R; suprimiendo los requisitos de carga argumentativa exigidos en las líneas antes vigentes, para la interpretación de la legalidad ordinaria. Entendimiento jurisprudencial desarrollado en la SCP 0231/2018-S2 de 28 de mayo.
En la presente acción tutelar, se tiene que, la impetrante de tutela manifestó que, dentro del proceso de ejecución de sentencia, las autoridades ahora demandadas, respecto a los daños y perjuicios, no realizaron la calificación y cuantificación de los mismos, a pesar de contar con el informe elaborado por el perito asignado, que fue desestimado por la resolución de 9 de septiembre y el Auto Interlocutorio 160/2022, sin fundamento alguno, careciendo de motivación y conguencia.
Al respecto, se debe verificar si dicho Auto reúne todas las características de una resolución fundamentada, motivada y congruente establecida en el legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional. No debe olvidarse que el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”. 18El FJ III.2, indica: “Conforme a ello, y atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”. 19El FJ III.2, refiere: “Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
Fundamento Jurídico III.1 y si cumple con responder a cabalidad a lo manifestado en el recurso de reposición de 2 de diciembre de 2022, a raíz de la providencia de 9 de septiembre de 2022 (Conclusiones II.1 y II.2); en ese sentido, respecto a la providencia de 9 de septiembre de 2022, se establece que la misma identifica la pretensión solicitada; es decir, lo referente a los daños y perjuicios emergentes de la pretensión principal y que en aplicación de los arts. 347 y 532 del Código Civil (CC), entendió que el pago de intereses cubrió los daños y perjuicios que abarcaban lo referente a lo supuestamente obviado, además de que la parte ahora demandante no habría demostrado, dentro del plazo probatorio en la vía incidental, los conceptos por los cuales se justificaba el cobro de daños y perjuicios. Con relación al Auto Interlocutorio 160/2022 (Conclusión II.3) que resolvió el recurso de reposición, presentado por la impetrante de tutela, el mismo declaró no ha lugar la calificación de daños y perjuicios, ante lo cual la accionante manifiesta que estos debían haber sido cuantificados conforme al art. 347 del Código Civil (CC), razón por la que la resolución recurrida, en su criterio carecería de motivación, por no haber realizado un análisis de todas las pretensiones expuestas en su demanda, y no solo la solicitud central.
Ahora, analizado el contenido del Auto Interlocutorio 160/2022, se advierte que, a través de la exposición de los fundamentos referentes a los agravios identificados por la parte actora, este se refirió respecto a los daños y perjuicios y claramente los identificó como una pretensión accesoria, pero que el mismo, al contener argumentos de orden doctrinal solamente, sin exponer los elementos fácticos que justifiquen el pago de los mismos, su exigencia resultó ser incomprensible e injustificada, explicando punto por punto por que no correspondían los agravios expuestos por la ahora accionante dentro de su recurso de reposición, analizando cada uno de los tres agravios identificados, llegando a la conclusión de que el pago pretendido por la ahora accionante solamente contenía argumentos de orden doctrinal, pero sin que existió una exposición fáctica detallada, que explique de donde provendrá el derecho a cobrar esos conceptos, tampoco tal pretensión se encuentra refrendada con medios probatorios, por lo que no resulta posible que sea atendida. También se advirtió que la sentencia emitida a favor de la accionante se centró en la pretensión principal, que era la falta de pago de la obligación de la entidad municipal demandada, por concepto de los productos entregados, pero no se especificó en qué elementos fácticos se basaba para la pretensión accesoria -pago de daños y perjuicios-, lo que implica una imposibilidad de poder cuantificar el concepto demandado.
Finalmente se advirtió que no se desconoció la sentencia emitida a favor de la impetrante de tutela, ya que incluso el perito asignado para esta cuantificación, se limitó a indicar que el daño ocasionado a la demandante por el no pago oportuno del monto adeudado debe ser cubierto con la imputación de intereses legales del 6% anual por el tiempo de mora; sin embargo, tales intereses ya están reconocidos en lo convenido contractualmente, no siendo estos equivalentes a los daños y perjuicios demandados, por lo que al no tener parámetros para su deducción, no corresponde que sean verificados, por más que dicho concepto haya sido reconocido, puesto que el proceder de forma diferente implicaría una vulneración al principio de preclusión, establecido en el debido proceso. De lo previamente detallado, se puede concluir que el Auto impugnado ha dado una respuesta fundamentada y motivada a cada uno de los agravios planteados dentro del recurso de reposición, siendo una resolución congruente, cuya determinación es clara y entendible, por lo que no se evidencia una vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de obtener una resolución fundamentada, motivada y congruente, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
La accionante da a entender que las autoridades demandadas no hubieran valorado las pruebas presentadas de su parte, para dar lugar al cobro de los daños y perjuicios emergentes de la falta de pago denunciada, sin embargo, del análisis de la resolución impugnada, se tiene que estas valoraron el informe extrañado del perito, llegando a la conclusión de que este informe se limitó a indicar que el daño ocasionado a la demandante por el no pago oportuno del monto adeudado debe ser cubierto con la imputación de intereses legales del 6% anual por el tiempo de mora; sin embargo, tales intereses ya están reconocidos en lo convenido contractualmente, no siendo estos equivalentes a los daños y perjuicios demandados, por lo que al no tener parámetros para su deducción, no corresponde que sean verificados, lo que implica que efectivamente existió una adecuada valoración de la prueba sin que se evidencia un apartamiento de los marcos de razonabilidad, motivo por el que corresponde denegar la tutela impetrada.
En cuanto a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso en cuanto a la errónea interpretación de la norma, aducida por la ahora accionante, se advierte que las autoridades demandadas, luego de analizar los agravios expuestos por el accionante en su recurso de reposición y llegar a concluir que estos carecían de los elementos suficientes para establecer el pago de daños y perjuicios conforme a lo solicitado de su parte, se declaró sin lugar lo solicitado de su parte conforme a lo establecido por el art. 254.II del Código Procesal Civil (CPC); motivo por el cual no se advierte que exista dentro de la resolución impugnada una incorrecta, irracional o absurda interpretación o aplicación de la norma aplicable al caso, que pueda dar lugar a conceder la tutela, además de que la accionante, dentro de su acción de amparo constitucional no argumentó en qué sentido y de qué manera se hubiera interpretado o aplicado de manera errónea o irracional la ley, por lo que corresponde denegar la tutela.
En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 393 a 399 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”
2 El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 15El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0216_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 09c616b97cce7a0fdb1398932963eff76e5ef86e661699ccf64e96cc6912d0b3
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