B.IA.LEGAL

SCP 0215/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
7 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
50675-2022-102-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso “…en su dimensión principio de legalidad, igualdad, seguridad jurídica…” (sic); toda vez que, por orden de la autoridad demandada fue apremiado por no cancelar la asistencia familiar; no obstante, se siguió un procesamiento indebido, puesto que: 1) La asistencia familiar fue solicitada por la madre de sus hijos, sin tener mandato para ello, siendo que dos de sus hijos son mayores de edad; 2) No fue notificado con la liquidación presentada y aprobada, por lo que no pudo asumir defensa y presentar descargos; y, 3) La liquidación efectuada y aprobada no es correcta; ya que, no se tomaron en cuenta todas las boletas de pago. Ante ello, la autoridad demandada alega que, el domicilio procesal del impetrante de tutela no pudo ser encontrado, por lo cual la liquidación de asistencia familiar se notificó en Secretaría del Juzgado, siendo el accionante quien causó su propia indefensión al no señalar correctamente su domicilio procesal.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 202 a 205 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, aplicable en procesos sobre asistencia familiar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0215/2025-S2 Sucre, 7 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50675-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 202 a 205 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jacobo Rodríguez Sulamayo y Porfidio Rodríguez Solamayo en representación sin mandato de Elmer Flores Crespo contra Marcelo Eduardo Barrientos Díaz, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, cursante a fs. 2 y 180 a 182 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Estando obligado a cancelar asistencia familiar en favor de sus tres hijos, debido a que dos de ellos son mayores de edad, el 10 de junio 2022, presentó memorial de solicitud de cesación de asistencia familiar, mismo que fue corrido en traslado a los beneficiarios y se encuentra pendiente de resolución; por su parte, su exesposa y madre de sus hijos, Teodolinda Arebalo Franco, presentó memoriales de 4 y 26 de julio de 2022, desde entonces comenzó la vulneración de su derecho al debido proceso, puesto que fueron admitidos por Marcelo Eduardo Barrientos Díaz, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, a pesar de que la prenombrada perdió legitimidad activa para proseguir la solicitud de asistencia familiar, porque los beneficiarios adquirieron la mayoría de edad y son independientes, por consiguiente, al haberse admitido los memoriales de la madre de los mencionados, se vulneró el derecho al debido proceso “…en su dimensión principio de legalidad…” (sic). El 4 de julio de 2022 su exesposa presentó una liquidación totalmente incorrecta, en la que refiere que, desde el 18 de abril de 2016 hasta el 17 de junio de 2022, se adeuda setenta y cuatro meses de asistencia familiar, haciendo un total de Bs111 000.- (ciento once mil bolivianos), cálculo que no es correcto; empero, la autoridad ahora demandada dio curso a esa liquidación, sin revisar el expediente, en el que consta que se efectuó distintos pagos por un total de Bs46 625.- (cuarenta y seis mil seiscientos veinticinco bolivianos), que no fueron valorados; posteriormente su exesposa, el 25 de julio de 2022, presentó otro memorial reconociendo parcialmente su error y adjuntando un extracto bancario incompleto, faltando el extracto de cinco meses en los que se realizó el depósito. La autoridad demandada debió revisar la liquidación antes de librar una orden de apremio; una correcta liquidación establecería que se adeuda solamente Bs24 375.- (veinticuatro mil trescientos setenta y cinco bolivianos). No fue notificado con la liquidación de 4 de julio de 2022 ni con la aprobación de liquidación e intimación de pago de 26 de ese mes y año, dejándolo de esta forma en indefensión, ya que no pudo presentar descargos respecto a la incorrecta liquidación. El indebido procesamiento al que fue sometido, concluyó con la privación ilegal de su libertad derivada de la orden de apremio que se hizo efectiva el 14 de septiembre del mismo año cuando fue aprehendido al llegar a su domicilio y conducido al Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso “…en su dimensión principio de legalidad, igualdad, seguridad jurídica…” (sic), citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: a) Su inmediata libertad; b) Que la autoridad demandada realice una nueva liquidación con base en las boletas de descargo y el extracto bancario; c) La reparación, indemnización de los daños y perjuicios en el monto de Bs10 000.- (diez mil bolivianos); y, d) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 16 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 197 a 200 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia de garantías, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliando, manifestó que: 1) Sus hijos mayores de edad, no piden la asistencia familiar porque después del divorcio se les entregó un auto y una casa para que puedan subsistir, es solamente la madre de los beneficiarios que por celos de su actual pareja insiste con el pago de la mencionada asistencia, cuando el art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) establece que solo el beneficiario puede pedir la misma; 2) Los beneficiarios son mayores de edad y no se encuentran trabajando, se dedican a tomar, el monto de asistencia familiar de Bs1 500.- (mil quinientos bolivianos) es elevado para su persona que no tiene profesión ni trabajo fijo, por lo cual efectuaba el pago de acuerdo a sus posibilidades, la revisión de los extractos bancarios demuestran que el monto que se debe es mucho menor al señalado por la madre de los beneficiarios; 3) La Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz señaló que no realizó la notificación con la liquidación en el domicilio procesal debido a que no encontró el mismo; sin embargo, su domicilio procesal es conocido por todos los funcionarios judiciales del mencionado juzgado; tampoco realizaron la notificación en tablero judicial, siendo que en otros procesos su abogado fue notificado por el mismo Oficial de Diligencias incluso por WhatsApp; 4) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0797/2016-S2 de 22 de agosto y 0716/2017-S3 de 8 de agosto, establecieron que debe notificarse con la liquidación de asistencia familiar al obligado, lo contrario implica la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 5) En ese sentido solicita ser liberado para pagar el monto que debe.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Marcelo Eduardo Barrientos Díaz, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante a fs. 189 y vta., manifestó que: i) De acuerdo al informe emitido por la Oficial de Diligencias del mencionado Juzgado, la liquidación practicada por Teodolinda Arebalo Franco, trató de ser notificada al obligado en su domicilio procesal señalado en la zona de Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; no obstante, al ser una dirección imprecisa se procedió a preguntar a los vecinos; sin embargo, señalaron no conocer al “abogado”, motivo por el cual, no se pudo realizar la notificación en el domicilio procesal, entonces por decreto de 20 de julio de 2022, se ordenó proceder conforme al art. 442 del CFPF que establece que cuando el obligado no fije domicilio procesal, será notificado en Secretaría del Juzgado; ii) El impetrante de tutela fue el único que se causó indefensión al no señalar correctamente su domicilio procesal; iii) Las observaciones que realiza el peticionante de tutela, correspondía que las efectúe hasta el tercer día de su notificación con la liquidación; y, iv) El mandamiento de apremio fue emitido conforme los arts. 127 y 415 del citado Código, por lo que el accionante no se encuentra indebidamente detenido.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 18/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 202 a 205 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La notificación con la liquidación de asistencia familiar realizada en Secretaría, cumple con lo establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; b) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0263/2018-S1 de 19 de junio y 0003/2019-S3 de 15 de enero, sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, establecen que las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los jueces y tribunales ordinarios que conocen la causa, a través de los medios y recursos que prevé la ley, agotados éstos recién se podrá acudir a la justicia constitucional; en ese sentido, los reclamos expuestos en la acción de libertad deben ser presentados ante la misma autoridad que conoce el caso, no pudiendo ingresarse en confrontación con la justicia ordinaria; y, c) No se advierte la vulneración alegada por el accionante ni se demostró que hubiera sido víctima de procesamiento ilegal que ponga en riesgo su derecho a la libertad, habida cuenta que el mandamiento de apremio se emitió como consecuencia de la ejecución de una asistencia familiar que se tramitó conforme a norma procesal. En vía de aclaración y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó se aclare y complemente en un decreto respecto a la liquidación de la asistencia familiar siendo evidente que la misma no se realizó de manera correcta. En respuesta, la Jueza de garantías señaló que se complementa la sentencia conminando al Juez demandado a realizar una nueva liquidación valorando los descargos que presente el impetrante de tutela y se establezca el monto real que debe ser cancelado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 136/16 de 18 de abril de 2016, emitida dentro del proceso de divorcio seguido por Elmer Flores Crespo -ahora accionante- contra Teodolinda Arebalo Franco, que determinó la guarda de los hijos a la madre, fijándose asistencia familiar a favor de sus tres hijos, en la suma de Bs1 500.- (mil quinientos bolivianos), a ser efectiva por el impetrante de tutela, quien el 22 de abril de ese año, interpuso recurso de apelación contra la referida Sentencia, que fue resuelto por Auto de Vista 314 de 22 de septiembre de 2017 confirmando totalmente la Sentencia 136/16 (fs. 103 a 105 y 115 a 116 vta.).

II.2. Por memorial presentado el 10 de junio de 2022, el peticionante de tutela formuló incidente de cesación de asistencia familiar alegando que dos de sus tres hijos adquirieron la mayoría de edad, después de salir bachilleres no continuaron sus estudios universitarios y se encuentran trabajando como maestro albañil en la ciudad de Cochabamba, fijando domicilio procesal en zona Plan 3000 urbanización Puntarena “…Uv-238, Mz-17, Lote-15” (sic) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (fs. 129 a 130). II.3. Mediante memorial presentado el 4 de julio de 2022, Teodolinda Arebalo Franco -exesposa del accionante-, acompañó liquidación actualizada de asistencia familiar, calculada desde abril de 2016 a junio de 2022; a través de decreto de 6 de ese mes y año, se dispuso correr en traslado al obligado con la referida liquidación (fs. 134 a 135); por informe de 19 de julio de igual año, la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, señaló que no pudo notificar al obligado en su domicilio procesal, por ser impreciso, sin calle ni número y los vecinos indicaron no conocer al “abogado” (fs. 138); por decreto de 20 del mismo mes y año, se dejó sin efecto el señalamiento del domicilio procesal por encontrarse fuera de las veinte cuadras respecto al juzgado que tramita la causa, disponiendo la notificación al obligado en Secretaría del Juzgado mencionado (fs. 139). El decreto citado y otros antecedentes que fueron notificados al impetrante de tutela en Secretaría del Juzgado mencionado el 28 de julio de 2022 (fs. 145). II.4. A través de memorial presentado el 26 de julio de 2022, Teodolinda Arebalo Franco, solicitó aprobación de liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs71 000.- (setenta y un mil bolivianos) “…Saldo que [le] adeuda desde el año 2016 hasta la fecha” (sic [fs. 144 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso “…en su dimensión principio de legalidad, igualdad, seguridad jurídica…” (sic); toda vez que, por orden de la autoridad demandada fue apremiado por no cancelar la asistencia familiar; no obstante, se siguió un procesamiento indebido, puesto que: 1) La asistencia familiar fue solicitada por la madre de sus hijos, sin tener mandato para ello, siendo que dos de sus hijos son mayores de edad; 2) No fue notificado con la liquidación presentada y aprobada, por lo que no pudo asumir defensa y presentar descargos; y, 3) La liquidación efectuada y aprobada no es correcta; ya que, no se tomaron en cuenta todas las boletas de pago. Ante ello, la autoridad demandada alega que, el domicilio procesal del impetrante de tutela no pudo ser encontrado, por lo cual la liquidación de asistencia familiar se notificó en Secretaría del Juzgado, siendo el accionante quien causó su propia indefensión al no señalar correctamente su domicilio procesal.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, aplicable en procesos sobre asistencia familiar

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, sostuvo que el mencionado “…entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional”.

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes adjuntos a esta acción tutelar, se tiene que a la conclusión del proceso de divorcio seguido por el accionante contra Teodolinda Arebalo Franco, se emitió la Sentencia 136/16 de 18 de abril de 2016, que determinó la guarda de los tres hijos con la madre y fijó la asistencia familiar a ser pagada por el padre en favor de sus hijos, en la suma de Bs1 500.-, Sentencia que fue confirmada totalmente por Auto de Vista 314 de 22 de septiembre de 2017 (Conclusión II.1). Posteriormente, el impetrante de tutela, por memorial de 10 de junio de 2022, presentó incidente de cesación de asistencia familiar, señalando su domicilio procesal en la zona Plan 3000 urbanización Puntarena “…Uv-238, Mz-17, Lote-15” (sic), de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; por su parte, Teodolinda Arebalo Franco, por memorial de 4 de julio de 2022, presentó liquidación actualizada de asistencia familiar, cuyo traslado intentó notificarse en el referido domicilio procesal; no obstante, dicho domicilio se encontraba fuera de las veinte cuadras respecto al asiento del juzgado que tramita la causa; motivo por el cual, fue dejado sin efecto por decreto de 20 de igual mes y año, en aplicación del art. 72.IV del Código Procesal Civil (CPC), habiéndose dispuesto la notificación en estrados judiciales cumpliendo el art. 442 del CFPF (Conclusiones II.2 y II.3), finalmente por memorial de 26 de julio de 2022, Teodolinda Arebalo Franco, solicitó aprobación de liquidación de asistencia familiar señalando la deuda de Bs71 000.- (Conclusión II.4).

En ese contexto, el impetrante de tutela denuncia que se encuentra privado de libertad a consecuencia de un procesamiento indebido, en el cual considera que no fue legalmente notificado con la liquidación y aprobación de la asistencia familiar; puesto que, la liquidación efectuada no es correcta por no haberse tomado en cuenta todas las boletas de pago y porque la asistencia familiar fue solicitada por la madre de sus hijos, sin tener mandato para ello, cuando dos de sus hijos son mayores de edad. Al respecto, conforme se desarrolló en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se denuncia procesamiento indebido como la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad física, su tutela es exigible a través de la acción de libertad, sólo cuando se hayan agotado previamente los medios o recursos que el orden legal prevé; en ese entendido, previamente a acudir el accionante a la justicia constitucional corresponde se agoten los medios idóneos como el incidente de nulidad o el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, de acuerdo al caso; ello, a efecto de buscar la restitución del derecho lesionado, mecanismos que deben ser conocidos por el Juez demandado, quien es la autoridad competente para considerar y resolver las cuestiones de fondo e incidentales como las denuncias de indebida notificación, entre otras, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional, por lo que corresponde en el presente caso denegar la tutela solicitada, por cuanto se verificó que el accionante no interpuso ningún mecanismo antes de acudir a la acción de libertad, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 202 a 205 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0215_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 79d562c0a1272f18c908ba96ec716d9cb08944fe2d1c870f624a481f6e8f4f10

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