B.IA.LEGAL

SCP 0215/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 13 de abril de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
46048-2022-93-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y a la seguridad social; toda vez que, la autoridad demandada no efectuó la cancelación de las asignaciones familiares desde el 13 de agosto de 2021 donde no se pagó el beneficio de Subsidio Prenatal desde el quinto mes de gestación de su esposa; asimismo, una vez nacido su hijo el 19 de noviembre de igual año, tampoco se canceló el Subsidio de Natalidad de bs2 000.- (dos mil bolivianos) por única vez; y, menos se le otorgó el Subsidio de Lactancia en especie por del mes diciembre de 2021 y enero de 2022, incumplimiento que pone en riesgo la nutrición y formación no solo de su hijo sino también de su madre, puesto que las asignaciones familiares deben ser canceladas y otorgadas oportunamente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: i) La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social; ii) El derecho a la seguridad social: Las asignaciones familiares: Subsidios devengados; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 017/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 68 a 73, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, respecto a la vulneración de los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud; y,

2° Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni, a que en posteriores actuaciones consideren lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social
  2. III.2. El derecho a la seguridad social. Las asignaciones familiares:
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0215/2023-S1 Sucre, 13 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 46048-2022-93-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 17/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 68 a 73, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Manuel Saavedra Castedo contra José Alejandro Unzueta Shiriqui Gobernador y Rolando Alberto Vargas Añez, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ambos del Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través del memorial presentado el 17 de febrero de 2022, cursante de fs. 1; y, 48 a 54 vta. el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Comenzó a trabajar el 4 de enero de 2021 en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, y apenas tuvo conocimiento que estaba en el quinto mes de gestación su esposa, y previa valoración por el Seguro Médico al cual están afiliados, el 13 de agosto de 2021, hizo conocer al Gobernador este hecho, presentando solicitud de subsidio prenatal de 5 (cinco) meses, con su respectivo Certificado de Atención Prenatal de 15 de julio de similar año, firmado por la Trabajadora Social y Coordinador Médico de la Caja de Salud CORDES; asimismo, presentó solicitudes de Subsidio Prenatal del sexto, séptimo, octavo y noveno mes conforme a procedimiento administrativo sobre cancelación del Subsidio Prenatal, todas respondidas de manera formal.

Refiere que su hijo nació el 19 de noviembre de 2021 y la Caja de Salud CORDES le extendió el FORM D.S. 08 sobre Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares refiriendo que debe cancelarse el Subsidio de Natalidad de bs2 000.- (dos mil bolivianos) en efectivo por única vez en cumplimiento del Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1978 y su modificación por DS 3546 de 1 de mayo de 2018, de igual forma señaló que le corresponden en especie 12 (doce) asignaciones familiares desde el 19 de diciembre de 2021 hasta el 19 de noviembre de 2022, por lo que en el mes de diciembre presentó solicitud de cancelación de Subsidio de Natalidad para ello habría dejado documentales originales de Nacido Vivo y Certificación de Calificación de Beneficios, por lo que reclama que no le entregaron dichos susidios más cuando erogó los gastos de alimentación de su hijo lo cual no corresponde entregar subsidios devengados en especie, sino en dinero. En tales antecedentes de manera reiterada solicitó ante la autoridad empleadora el pago del Subsidio Prenatal y Lactancia pendientes que se traduce en total de 8 subsidios -5 Subsidios de Prenatalidad, 1 Subsidio de Natalidad y 2 de Lactancia-mismas que van en favor de su hijo en razón de bs2 000.- por cada Subsidio haciendo una suma total de bs16 000.- (dieciséis mil bolivianos) devengados y dicha espera habría puesto en grave riesgo la nutrición, formación física y psicológica no solo de su esposa como madre sino del hijo lactante, mismas que no estaban cubiertas por estas prestaciones devengadas por esa circunstancia pidió que se tutele su pedido de pago de subsidios retrasados por parte del empleador. No es coherente que entreguen el pago de subsidios en especie y en un plazo prolongado, debiendo entregarse en efectivo por parte de la entidad empleadora; toda vez que, por el lapso de tiempo transcurrido erogó gastos para la alimentación siendo que este beneficio está orientado a reforzar y fortalecer el desarrollo de su hijo lactante y conforme el art. 3.3. del Reglamento de Asignaciones Familiares -Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011- misma que prevé la compensación económica de las asignaciones familiares cuando el empleador no cancele de manera oportuna, siendo que la entrega mensual no correspondería, por ello se cuestiona la manera de su cumplimiento ya que la norma dispone la entrega en efectivo, de igual forma hace hincapié a la necesidad y prioridad la atención al niño y adolescente la protección de sus derechos especiales de forma retroactiva para precautelar la vida y salud. Finalmente señaló el incumplimiento de los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la alimentación del menor por parte de la entidad empleadora, siendo que el periodo para su pago concluyó y lo que se busca es que se cancelen en efectivo, siendo 8 Subsidios -5 Subsidios de prenatalidad, 1 Subsidio de Natalidad y 2 de Lactancia-.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, salud, a la alimentación, y a la seguridad social; citando al efecto los arts. 14.II; 15.I; 18; 22; 45.I, II, III y V; 46; 48.I, II, III y IV; 128; 129; y, 410.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela disponiendo la cancelación de Asignaciones Familiares retroactivas de 8 Subsidios -5 Subsidios de Prenatalidad, 1 Subsidio de Natalidad y 2 de Lactancia para su hijo en razón de bs2 000.- (dos mil bolivianos) por cada subsidio haciendo la suma total de bs16 000.- (dieciséis mil bolivianos) a la falta de provisión oportuna, sea más el pago de costas procesales, honorarios profesionales, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia el 22 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 67, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado se ratificó en los términos de su acción tutelar, y ampliándolo manifestó que; el informe y lo pronunciado por secretaría que acompañó pruebas a las cuales se ratificó e hizo notar a la representante legal de la Gobernación que existe la RM 1676 de 22 de noviembre de 2011, en la que claramente contempla y especifica el pago de los Subsidios en efectivo; asimismo aclaró sobre la legitimación en cuanto al accionante, haciendo énfasis que la institución a través de sus administradores están vulnerando derechos constitucionales que le corresponden, debiendo el Secretario de dicha institución verificar y dar cumplimiento a las normativas que están contempladas en la Carta Magna no pudiendo eludirse dicha responsabilidad; ya que, es una obligación que tiene la institución.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del departamento del Beni, por medio de su representante legal Marisol Fernández Arza, Directora de Procedimientos Jurídicos y Administrativos de la Secretaria de Justicia del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, mediante informe escrito manifestó lo siguiente: a) No cumplió con el principio de subsidiariedad puesto que no agotó los medios recursivos idóneos señalando la SCP 0471/2012 de 4 de julio, y otras sentencias centrando su idea solo podrá ser analizada en el fondo cuando la parte accionante hubiere acudido con su reclamo ante la misma autoridad o instancia que incurrió en la supuesta lesión al derecho fundamental o garantía constitucional; b) El fondo de la acción de amparo constitucional es que el impetrante de tutela “Solicita que se le pague 5 MESES DE SUBSIDIO PRENATAL, 1 SUBSIDIO DE NATALIDAD Y 2 MESES DE SUBSIDIO DE LACTANCIA equivalentes a Bs. 2000 por cada mes, haciendo una suma total de 16.000.-(DIECISEIS MIL 00/100 BOLIVIANOS), al Sr. JOSEAAVEDRA CASTEDO. Que se tiene que hacer la entrega y cancelación monetaria y retroactiva de los subsidios familiares devengados y sea a tercero día al ciudadano…” (sic); c) El Gobierno Autónomo Departamental del Beni como Institución Pública y los trámites de rigor Modificación Presupuestaria, Remisión de Recursos Económicos de parte del Gobierno Central, habiéndose realizado las gestiones para ello en el Ministerio de Economía y Finanzas se solicitó que el pago de asignaciones familiares sea en el plazo de 20 días de acuerdo a la jurisprudencia; y, d) El art. 4.a) referente a las Asignaciones Familiares, Régimen de Seguridad Social de Corto Plazo consistente en prestaciones en especie (prenatal-lactancia) y/o en dinero (prenatal-natalidad-sepelio), otorgados por los empleadores; e, inc. e) referido al Subsidio de Lactancia, consiste en la entrega a la madre de productos alimenticios inocuos con alto valor nutritivo equivalente al pago de bs2 000.- (dos mil bolivianos) por cada hijo vivo desde el primer día de nacimiento hasta el cumplimiento de un año; así también el art. 21 referido a las Prohibiciones de los Empleadores en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la vida no se permite otorgar el Subsidio de Lactancia en dinero. Rolando Alberto Vargas Añez, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, no presentó informe escrito, ni se apersonó a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 59.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni, por Resolución 17/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 68 a 73, concedió la tutela, ordenando que el demandado cancele cinco meses de subsidio pre natal; un subsidio de natalidad y dos meses de subsidio de lactancia, en dinero, en el plazo de 20 días hábiles a partir de su notificación; bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante denuncia la lesión del derecho a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la alimentación de un menor de edad, alegando que pese haber hecho conocer al empleador la solicitud de cancelación de los subsidios de prenatal, natalidad y lactancia no fueron cancelados, pese haber realizado los tramites de rigor para dicho pago y cumpliendo todos los requisitos; 2) Se puede verificar de forma clara que se adjunta documentación pertinente como ser el carnet de asegurado La argumentación legal se basa en diversas normativas bolivianas que resaltan la obligatoriedad de estos pagos por parte de los empleadores y la importancia de garantizar el bienestar y los derechos fundamentales de los niños. Estas leyes incluyen disposiciones específicas sobre los subsidios familiares, destacando su papel en la protección del interés superior del niño, un principio rector en la legislación relacionada con menores; 3) Tras evaluar el caso, se evidencio la violación de los derechos del menor y se determinó a favor de José Manuel Saavedra Castedo, ordenando al empleador pagar los subsidios adeudados. Este fallo subraya el papel de los tribunales en la protección de los derechos sociales y económicos, especialmente en el contexto de la seguridad social y el bienestar infantil. Además, enfatiza la responsabilidad de los empleadores en cumplir con las obligaciones legales relacionadas con los subsidios familiares, reafirmando el compromiso del estado con la protección de los derechos de los niños; y, 4) Debiendo ser pagado en dinero conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional de la SCP 894/2018-S3 de 31 de octubre que al respecto precisó: “En ese contexto, la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor del accionante que le corresponden en su condición de padre progenitor, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad (…[sic])”

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta MEMORANDUM SDMA y RN/RRHH N° 008/2021 de 4 de enero de 2021, de José Manuel Saavedra Castedo como Jefe de Unidad II Áreas Protegidas bajo la dependencia del Secretario Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales, suscrito por Pablo Maito Moye SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, otro MEMORANDUM N° SDMAyRN/01 R/2021 de REASIGNACIÓN de Jefe de Unidad II Previsión y Control Ambiental nivel salarial 5 de 23 de agosto de 2021 fs. Fs. 15 y 16). II.2. Se visibiliza MEMORANDUM SMAyRN/UAF/RRHH N° 129/2021 de 10 de junio, de RE INCORPORACIÓN esto por disposición de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, según Resolución N° 74/2021 de 26 de julio, en el cargo de Jefe Unidad II Áreas Protegidas bajo la dependencia de la Secretaria Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales (fs. 28). II.3. Notas de 13 de agosto, 24 de septiembre de 2021, dirigido al Director de Gestión Ambiental y Biodiversidad, por el cual el accionante solicitó la compensación retroactiva del subsidio de lactancia, que debió ser cancelado del quinto al séptimo mes (fs. 26 y 35). II.4. Consta Cédulas de Identidad de José Manuel Saavedra Castedo -ahora accionante- y Gleisy Andrea Parraga Suárez, de igual forma se registra los Carnets de Asegurados a la Caja de Salud CORDES Regional Trinidad de ambos progenitores (fs. 2 a 5). II.5. Cursa certificado de nacimiento del menor NSP, nacido el 19 de noviembre de 2021, hijo del impetrante de tutela y Gleisy Andrea Parraga Suárez, asimismo se tiene CERTIFICADO MÉDICO DE NACIDO VIVO con los datos del menor beneficiario inscrito en la Caja de Salud CORDES Clínica Regional Trinidad del Departamento del Beni (fs. 9 a 10). II.6. Por nota de 29 de noviembre de 2021, el accionante solicita al Director de Gestión Ambiental y Biodiversidad al amparo del DS 21637 solicitó la cancelación del Subsidio Prenatal; por lo que, por nota de Comunicación Interna DGAyB-Y.S.D 88/2021 por cuanto el Director de Gestión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la misma fecha REMITE NOTA DE SOLICITUD DE SUBSIDIO DE NATALIDAD POR NACIMIENTO DEL FUNCIONARIO José Manuel Saavedra Castedo con nivel salarial 5 de la actual escala de planilla de Funcionamiento, Previsión y Control Ambiental, bajo la dependencia de la Dirección de Biodiversidad, dependiente de la Secretaria Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales (fs. 13 a 14). II.7. Se verifica Formulario D.S. 08 de la Caja de Salud CORDES de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares con presentación de los certificados el 24 de noviembre de 2021 con inicio de pago desde 19 de noviembre de 2021 hasta 19 de noviembre de 2022 correspondiente a 12 meses, otorgado por el Encargado de Afiliación y Vigencia de Derecho Caja CORDES y el Coordinador Médico de la misma institución (fs. 7 y 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y a la seguridad social; toda vez que, la autoridad demandada no efectuó la cancelación de las asignaciones familiares desde el 13 de agosto de 2021 donde no se pagó el beneficio de Subsidio Prenatal desde el quinto mes de gestación de su esposa; asimismo, una vez nacido su hijo el 19 de noviembre de igual año, tampoco se canceló el Subsidio de Natalidad de bs2 000.- (dos mil bolivianos) por única vez; y, menos se le otorgó el Subsidio de Lactancia en especie por del mes diciembre de 2021 y enero de 2022, incumplimiento que pone en riesgo la nutrición y formación no solo de su hijo sino también de su madre, puesto que las asignaciones familiares deben ser canceladas y otorgadas oportunamente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: i) La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social; ii) El derecho a la seguridad social: Las asignaciones familiares: Subsidios devengados; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social

Sobre el particular, el art. 45 de la CPE, señala que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, y que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad interculturalidad y eficacia. En consonancia con ese precepto, el art. 48 de la CPE, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; y que los derechos y beneficios que nacen de ellas no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; es así que, los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia siendo inembargables e imprescriptibles. Por otro lado, el derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, y por el art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuando señala que:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. De igual forma, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo XVI, establece que:

"Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia". En ese marco, la jurisprudencia constitucional, se ha pronunciado en sentido de que la seguridad social, encuentra su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, expresando en la SCP 0614/2014 de 25 de marzo, que:

“…se constituye en un régimen de protección general, que tiene la finalidad de cubrir los diversos riesgos de salud física, psíquica, social y económica del capital humano, a todos los habitantes de un Estado sean nacionales o extranjeros, desde que nacen hasta que mueren; es decir, la seguridad social en la concreción de su principio de universalidad fue establecida por el estado Boliviano debiendo abarcar al 100% de la población del país, sin exclusión de ninguna naturaleza, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona”.

Ahora bien, considerando que la acción de amparo constitucional, está revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez; por cuanto, el primero, implica que sólo es procedente cuando no existen o se han agotado los mecanismos o recursos que franquea la ley, apareciendo esta acción como el único medio de defensa, para la protección inmediata del derecho o garantía; es decir que, no puede reemplazar a los medios o recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para lograr la reparación de los derechos supuestamente vulnerados; y el segundo, que conforme al art. 129 de la CPE, implica que la acción de amparo constitucional busca resguardar de manera oportuna el derecho o la garantía y por eso su configuración procesal es sencilla y expedita para la protección inmediata del derecho; es posible establecer excepciones a dichos principios cuando la remisión a los procedimientos ordinarios signifique un perjuicio irremediable o irreparable en los derechos o garantías del accionante. Así, la SC 0119/2003-R de 28 de enero, estableció que:

“…una de las características inherentes a la naturaleza jurídica del Amparo Constitucional es la subsidiariedad, lo que significa que esta vía tutelar sólo se activa cuando la persona no tiene o no cuenta con ningún otro recurso o vía legal para la reparación inmediata, efectiva e idónea de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, salvo que la restricción o supresión de los derechos o garantías constitucionales ocasione un perjuicio irremediable o irreparable, en cuyo caso, de manera excepcional, se activa el Amparo Constitucional para otorgar una tutela efectiva e inmediata que evite la consecuencia irremediable”. Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia constitucional ha determinado que dicha excepción debe ser aplicada a los supuestos en que se alegue lesión al derecho a la seguridad social debido a la vinculación que tiene con otros derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad. En esa línea, la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, estableció que el ejercicio del derecho a la seguridad social no puede estar supeditado al 1 En su F.J. III.3. señala que: …la SC 1138/2004-R de 21 de julio, sostuvo: “…el Estado Democrático de Derecho tiene como uno de sus pilares el valor de la justicia (art.1.II de la CPE), de ahí se desprende que el ciudadano tiene derecho a una justicia material, en la que la independencia del Poder Judicial y, en particular, de los jueces, tiene por única función garantizar que sus decisiones sean producto de apreciaciones jurídicas, sometidas a las formas y métodos prescritos por la ley y por la ciencia del derecho, no como entienden algunas autoridades, un mecanismo para proteger la 'institucionalidad judicial' por encima de sus deberes constitucionales y, de esta manera, aislar a la justicia del resto del Estado y colocarse a espaldas de la sociedad. El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales”. En similar sentido, la SC 1294/2006-R de 18 de diciembre, manifestó lo siguiente: “El principio de justicia material o verdaderamente eficaz se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”.

agotamiento de medios de impugnación existentes que, en la mayoría de los casos, no son resueltos con la inmediatez que los derechos fundamentales exigen, y por lo mismo, no se constituyen en medios idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que requieren una rápida protección; agregando que, la seguridad social al ser un instrumento de justicia social, debe prevalecer a las formalidades, para hacer efectivos los valores, principios y fines del Estado, haciendo excepciones, inclusive a los principios de subsidiariedad e inmediatez; concluyendo que por el contenido del derecho de acceso a la justicia previsto en el art. 115 de la CPE, existe la necesidad de protección del derecho a la seguridad social de manera efectiva, sin que las exigencias formales impidan su protección oportuna y efectiva; pues, no debe de olvidarse que una de las finalidades de la justicia constitucional es precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales. Luego, la SC 1282/2011-R de 26 de septiembre, refiriéndose no solo a los principios de subsidiariedad sino también de inmediatez con la que debe ser interpuesta esta acción tutelar, sostuvo que:

“…si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, este Tribunal ha determinado que se puede abstraer La jurisprudencia glosada, guarda coherencia con el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal, partiendo de la distinción que efectúa la doctrina entre el derecho material, de fondo o sustantivo y el derecho formal, ritual o adjetivo; el primero, como su nombre lo indica, es sustancial pues consagra en abstracto los derechos; el segundo, establece la forma de la actividad jurisdiccional, cuya finalidad es la realización de tales derechos, es decir se traduce en un medio que tienen los integrantes de una determinada sociedad para lograr la efectiva tutela de sus derechos. De ahí, el derecho formal tiene una naturaleza instrumental y adjetiva frente al derecho sustancial. En ese contexto, la doctrina y la jurisprudencia comparada reconocen el denominado “principio de prevalencia del derecho sustancial”, que se ha desarrollado ante la problemática emergente de la prevalencia de lo formal o lo material que tiene particular importancia en materia constitucional. Este principio ha tenido un profuso desarrollo en Colombia, donde se encuentra inclusive consagrado en el art. 228 de su Constitución Política, que al respecto estipula que: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial …”; en el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana a través de la Sentencia C1512/00 de 8 de noviembre de 2000, ha precisado que: “…La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, pues permite realizar los fines estatales de protección y realización del derecho de las personas, así como de otorgar una verdadera garantía de acceso a la administración de justicia pronta y cumplida” De acuerdo a la doctrina este principio supone que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, por ello en virtud a él, siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento u inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto. Siguiendo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia glosada, se debe señalar que: “Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia a principios que encuentran sustento constitucional”. El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE, que ha conocido como uno de los principios de la justicia ordinaria el de “verdad material”, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en si mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos.

su observancia, dada la naturaleza de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada, ante la protección de la mujer gestante o hasta el año de nacido el hijo, precisando que en estos casos, no es exigible agotar los medios de defensa, por cuanto en dichas problemáticas no solamente se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la impetrante y del ser en gestación o ya nacido, que es la vida, la salud y la seguridad social, cuya tutela no puede supeditarse a otros recursos o vías administrativas”. En tal sentido, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, estableció que:

“Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa” (el resaltado es agregado). De lo que se concluye que si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, se puede abstraer su observancia, cuando se invoca el derecho a la seguridad social, puesto que al estar vinculado a los derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, y a las prestaciones laborales -sean del Régimen de Asignaciones Familiares o de jubilación-, no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes considerando que los derechos fundamentales primarios requieren una rápida y especial protección del Estado, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa evitando así su remisión a los procedimientos ordinarios que puedan significar un perjuicio irremediable o irreparable de los derechos o garantías constitucionales primordialmente protegidos.

III.2. El derecho a la seguridad social. Las asignaciones familiares:

Subsidios devengados

En el ámbito social, el derecho a la seguridad social adquiere una importancia fundamental debido a que tiene por objeto proteger la salud del capital humano, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar; razón que hace que el derecho a la seguridad social se constituya en un derecho humano reconocido en varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. Por su parte, en nuestra legislación doméstica observamos que, el derecho a la seguridad social dentro del bagaje de derechos sociales y económicos, estableciéndose expresamente que:

“Artículo 45

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación

social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de

empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados” (las negrillas son añadidas).

2 La Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” (el énfasis es añadido). 3 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina: “Artículo 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social incluso al seguro social” (negrillas agregadas). 4 La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece: “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.” (énfasis añadido). 5 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” estipula: “Artículo 9. Derecho a la seguridad Social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del pacto.” (negrillas añadidas).

Contenido normativo que, en primer lugar garantiza el acceso al derecho a la seguridad social para todas las bolivianas y los bolivianos bajo los principios de cubrir de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; y, en segundo lugar, bajo una cláusula abierta establece que el régimen de seguridad social cubrirá la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, y las asignaciones familiares.

III.1.1. En cuanto al régimen de asignaciones familiares

Las asignaciones familiares –tal como se observó precedentemente– forman parte del sistema de seguridad social, ya que su objeto es proteger a la madre y al ser en gestación y/o bebé durante los periodos prenatal y posnatal en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad de los mismos, otorgando al efecto una asignación en dinero o en especie. Bajo esa precisión, con el objeto de establecer cuál es el marco legal que rigen el tema de las asignaciones familiares resulta imperioso hacer un recuento de su evolución y desarrollo normativo; de ahí que, se tiene que, fue en la Constitución Política de 1947 que por primera vez se incluyó el régimen de las asignaciones familiares como una contingencia debía ser cubierta por la seguridad social; siendo a partir de dicha previsión constitucional que el Código de Seguridad Social promulgado en 1956 estableció que:

“Artículo 4°.- Las Asignaciones Familiares comprenden:

1. El subsidio matrimonial;

2. El subsidio de natalidad;

3. El subsidio de lactancia;

4. El subsidio familiar; y 5. El subsidio de sepelio.”

Clasificación a la que mediante el DS 4677 de 29 de junio de 1957 se añadió el subsidio pre-familiar, estableciéndose que el mismo se otorgaría a los trabajadores incorporados al régimen de seguridad social que no percibían los subsidios matrimonial, de natalidad, de lactancia, familiar y de sepelio. No obstante, posteriormente, con la entrada en vigencia del DS 21637 de 25 de junio de 1987, se estableció que el régimen de asignaciones familiares estaría comprendido únicamente por los subsidios prenatal, de natalidad, de lactancia y de sepelio, de acuerdo al siguiente texto:

ARTÍCULO 25.-A partir de la vigencia del presente Decreto, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado:

a. Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad. b. Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. c. Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. d. Subsidio de SEPELIO, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional.

Las Cajas de Salud serán las encargadas de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones. (las negrillas son agregadas). Ahora bien, considerando que la disposición legal citada precedentemente sólo estipulaba que las asignaciones familiares serían pagadas por los empleadores de los sectores público y privado, mediante el DS 2892 de 1 de septiembre de 2016 se modificó dicho texto normativo, estableciéndose que los empleadores de las cooperativas mineras también efectuarían el pago de las asignaciones familiares. Posteriormente, mediante el DS 3546 de 1 de mayo de 2018 se efectuó una segunda modificación del art. 25 del DS 21637, esta vez, estableciendo un monto fijo para el pago de los subsidios, señalando textualmente que:

“ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras:

a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; d) Subsidio de Sepelio, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) El Ministerio de Salud, a través de las instancias correspondientes, será el encargado de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones.” En efecto, del texto normativo citado precedentemente, el equivalente del monto a pagar sería de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) los cuales serían cubiertos en dinero o en especie; así, el subsidio prenatal podrá ser en dinero o en especie; el subsidio de natalidad y sepelio en dinero; y, el subsidio de lactancia en especie. Ahora bien, en ese marco normativo, debe señalarse que, en el transcurso del tiempo, se fueron aprobando varios reglamentos con el objeto de normar, garantizar y controlar la otorgación o entrega de las asignaciones familiares; no obstante, a fin de no ser ampulosos en cuanto a su cita y desarrollo, se considerará dos reglamentos; el primero, que en su momento perduró por un largo periodo; y, el segundo que se encuentra vigente; así tenemos: 1) El Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por el Ministerio de Salud y Deportes a través de la Resolución Ministerial 1676 de 22 de noviembre de 2011, se constituyó en el primer Reglamento cuya eficacia se conservó durante varios años.

Este Reglamento que, de manera inicial, en su art. 3 al momento de definir las asignaciones familiares establece expresamente que cada una de las prestaciones será equivalente a un salario mínimo nacional (variable en cada gestión por el incremento) de acuerdo a las condiciones requeridas para las mismas; determinando además que, el subsidio de natalidad será otorgado en dinero; y, los subsidios prenatal y lactancia en especie, estos últimos respecto a los que se prohíbe su entrega en dinero.

Ahora bien, en el Reglamento de Asignaciones Familiares en el Capítulo V determina que en el procedimiento de entrega y efectivización de los subsidios es posible que se presenten casos particulares como la cesantía, muerte o divorcio del trabajador, y la doble percepción de subsidios; asimismo, puede darse el caso particular que deba efectuarse una compensación retroactiva de las asignaciones familiares que se daría excepcionalmente, ya que los 8 El Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por la Resolución Ministerial 1676 establece: “Artículo 3. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente norma se entenderá por:

1. Asignaciones Familiares. Es un Régimen conformado por prestaciones en especie (prenatal-lactancia) y en dinero (natalidad-sepelio), que son otorgados por los empleadores a las beneficiarias (os) de acuerdo a disposiciones legales vigentes que regulan este beneficio en todo el territorio nacional.

2. Subsidio Prenatal. Consiste en la entrega a las beneficiarias de una asignación mensual en productos alimenticios inocuos, no transgénicos con valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente a un salario mínimo nacional. La duración del subsidio prenatal comienza a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece al nacimiento de la (s) niña (s) o niño (s).

3. Subsidio de Lactancia. Consiste en la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional; equivalente a un salario mínimo por cada hijo (a) durante sus primeros doce meses de vida.

4. Subsidio de Natalidad. Consistente en la otorgación a los beneficiarios (as), de una cancelación única en dinero, equivalente a un salario mínimo nacional por el nacimiento de cada hija (o). Para recibir este beneficio el progenitor deberá presentar el Certificado de Nacimiento del recién nacido al Ente Gestor, al que se encuentra asegurado, que le dará derecho al subsidio de natalidad.

5. Subsidio de Sepelio. Consiste en el pago a los beneficiarios (as) de un desembolso único en dinero, equivalente a un salario mínimo nacional por el fallecimiento de cada hija (o) menor de 19 años. Para recibir este beneficio, la trabajadora o el trabajador debe acreditar éste derecho con la entrega de una fotocopia del Certificado de Defunción al empleador.” 9 Ibid. “Artículo 21. (PROHIBICIONES). En el marco del presente Reglamento se establecen las siguientes prohibiciones:

1. A los empleadores:

a) Otorgar el subsidio prenatal y lactancia en dinero

(…)

2. A las beneficiarias:

a) Recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero” (las negrillas son agregadas).

10 Ibid. “Artículo 16. (DE LA CESANTÍA DEL TRABAJADOR (A). En caso de que el trabajador, trabajadora quedare cesante por la voluntad propia, continuará recibiendo las asignaciones familiares durante los dos siguientes meses a la fecha de su renuncia. En caso de despido el trabajador (a) debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 11 Ibid. “Artículo 17.- (MUERTE O DIVORCIO DEL TRABAJADOR (A). De comprobarse los siguientes extremos, como los casos que se señalan:

1. En caso de muerte del trabajador (a), las asignaciones familiares no se interrumpen y se otorga al progenitor o cónyuge supérstite o a la persona que acredite la tenencia de la niña (o) huérfana (o) hasta que éste cumpla un año de vida.

2. En caso de divorcio o separación de los padres o progenitores, la otorgación de las asignaciones familiares se realizará a la madre o a la persona que acredite la tutela de la niña (o) hasta que éste cumpla un año de vida.” 12 Ibid. “Artículo 18. (DOBLE PERCEPCIÓN DE SUBSIDIOS). Cuando ambos progenitores trabajen en instituciones, públicas o privadas, las prestaciones de las asignaciones familiares serán percibidas sólo por uno de los progenitores.”

empleadores tienen la obligación de cubrir las asignaciones de manera oportuna, y el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) debe ejercer su función de fiscalización y supervisión; no obstante, es posible que deba entregarse dicha compensación y para ello el Reglamento estableció de manera explícita:

Artículo 19. (COMPENSACIÓN RETROACTIVA). Las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares se efectuarán en los siguientes casos:

1. La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna.

2. El retroactivo del subsidio en especie es otorgado al primer mes de cada año de acuerdo al incremento del Salario Mínimo Nacional.

Ahora bien, en sintonía con dicho texto normativo, la jurisdicción constitucional fue desarrollando una línea jurisprudencial uniforme respecto a la compensación retroactiva, así, en los casos que se denunció la lesión del derecho a la seguridad social –entre otros– por una falta de entrega o pago de las asignaciones familiares, de evidenciarse dicha vulneración, se concedió la tutela disponiendo que los subsidios devengados se efectúen conforme lo establecido en el Reglamento de Asistencia Familiar aprobado por Resolución Ministerial 1676, lo cual significó que, dicha compensación se efectuaría en especie y en dinero de acuerdo a los meses adeudados que correspondieran; no obstante, a través de la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, que resolvió una acción de amparo constitucional en la cual se denunció que el empleador incumplió con la otorgación de las asignaciones familiares adeudando un subsidio prenatal y doce subsidio lactancia, esta jurisdicción constitucional sostuvo que:

… “…corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-…” (las negrillas son nuestras [SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril]); el tal sentido, la otorgación de las asignaciones familiares son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, pues se trata de la seguridad social que está relacionada con el ejercicio del derecho a la salud del ser gestante y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad, sustentado en el principio del interés superior del niño y niña, de manera que el subsidio prenatal se cumple con la entrega de una asignación mensual a los beneficiarios consistente en productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la madre gestante, equivalente a un salario mínimo nacional, siendo la duración del mismo de carácter temporal, el cual comienza a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece en la fecha de nacimiento de la niña o niño; el subsidio de natalidad que consiste en el pago de un salario mínimo nacional por nacimiento de cada hija o hijo; y, el subsidio de lactancia se materializa con la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional equivalente a un salario mínimo nacional por cada hija o hijo, durante los primeros doce meses de vida. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permite la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; implicando lo contrario vulneración del contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas.

tanto En ese contexto, la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor del accionante que le corresponden en su condición de padre progenitor, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes para el desarrollo de la madre como del niño hasta el primer año de edad; y, siendo que al presente, la hija del accionante cuenta con un año y más de ocho meses de edad, corresponde según la previsión del Reglamento de Asignaciones Familiares, comprendido en el art. 19 de la RM 1676 de 22 de noviembre de 2011, disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero. (las negrillas pertenecen al texto original). Razonamiento el cual estableció que con el objeto de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, el empleador del sector público y privado y las cooperativas mineras tiene la obligación de cumplir con las asignaciones familiares (subsidio prenatal, de natalidad y lactancia); empero, ante una falta de entrega oportuna de las asignaciones familiares es viable determinar el pago en forma monetaria, ello comprendiendo que la otorgación en especie resultaría inoportuna, desactualizada y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el cuidado de la madre y el desarrollo del niño hasta el primer año de edad. Así, con ese razonamiento se consideró que si las asignaciones familiares (prenatal y lactancia) no eran entregadas en especie hasta que el niño o niña cumpla el año de edad, su otorgación se efectuaría de forma monetaria. 2) El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, se constituye en único instrumento normativo sobre el régimen de asignaciones familiares vigente, ya que conforme fue establecido en su Disposición Derogatoria Única:

De acuerdo a la disposición final segunda del Decreto Supremo N° 3561 de 16 de mayo de 2018 de creación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo - ASUSS, el presente Reglamento con todas sus modificaciones queda establecido como el único instrumento normativo sobre el Régimen de Asignaciones Familiares vigente y de cumplimiento obligatorio, quedando derogadas todos Reglamentos anteriores y/o contrarios al presente Reglamento.

Ahora bien, tomando en cuenta que el presente Reglamento es el único instrumento que tiene por objeto –entre otros– el normar la fiscalización y control de la entrega de las prestaciones del régimen de asignaciones familiares por parte de los empleadores, los deberes de los entes gestores, y la distribución de los subsidios prenatal y lactancia por parte del SEDEM, resulta necesario precisar que su estructura contempla –en sus puntos más relevantes– las disposiciones generales; el control y fiscalización; las prohibiciones y sanciones; y, la excepción y casuística.

Así, refiriéndonos a la parte de Disposiciones Generales se tiene que en el art. 4 se establece las definiciones de los subsidios prenatal, de lactancia y natalidad, estableciendo:

“d) Subsidio Prenatal. Prestación que consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento de la niña (o).

e) Subsidio de Lactancia. Prestación en especie que consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde la afiliación del menor al Ente Gestor y durante sus primeros doce (12) meses de vida.

f) Subsidio de Natalidad. Prestación que consiste en un pago único a la madre en dinero equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a).” (las negrillas son nuestras).

Definiciones a partir de las cuales, se establece que las asignaciones familiares serán entregadas en un equivalente de Bs2 000.- conforme se estableció en el DS 3546; además que, el subsidio de natalidad será entregado en dinero y los subsidios prenatal y lactancia constituyen prestaciones en especie, otorgación de asignaciones según los requisitos previstos en el art. 14 de dicho Reglamento Ahora bien, en cuanto al procedimiento de distribución de los subsidios, el Reglamento establece la posibilidad que en dicho procedimiento se presenten distintas situaciones tales como la cesantía, muerte o divorcio del trabajador, y la interrupción de la cesantía; asimismo, se prevé el pago simultaneó de los subsidios y el pago retrasado de subsidios este último respecto al cual expresamente se establece que:

“ARTÍCULO 35. (PAGO RETRASADO DE SUBSIDIOS EN ESPECIE O EN DINERO).

a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las Asignaciones Familiares de manera oportuna, el pago de los subsidios adeudados en especie o en dinero según corresponda se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes. b) El SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar la entrega de los paquetes de subsidios prenatal y de lactancia a la beneficiaria.” (las negrillas son agregadas). Previsión normativa, la cual establece que las asignaciones familiares que no fueron entregadas de manera oportuna serán proporcionadas de forma retrasada según corresponda; por lo que, en el caso de los subsidios prenatal y lactancia su otorgación se efectuará en especie con la entrega de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que: i) En cuanto al subsidio prenatal, el Reglamento establece que

III. SUBSIDIO DE LACTANCIA.

a) Presentar al empleador la autorización del pago de subsidio emitida por el Ente Gestor y la afiliación del hijo (a).” 18El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 establece: “ARTÍCULO 30. (DE LA CESANTÍA DEL TRABAJADOR).

I. En caso de que la trabajadora o el trabajador quedaren cesantes por voluntad propia continuarán recibiendo las Asignaciones Familiares hasta los dos (2) meses a contar del primer día del mes siguiente de la fecha de la cesantía.

II. En caso de que la trabajadora o el trabajador quedaren cesantes por causa ajena a su voluntad deberán acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.” 19 Ibid. “ARTÍCULO 32. (MUERTE DEL TRABAJADOR (A). En caso de muerte del trabajador (a), las Asignaciones Familiares que correspondan no se interrumpen y se otorga al cónyuge supérstite o a la persona que acredite la tenencia del lactante huérfano (a) durante sus primeros doce (12) meses de vida.” 20Ibid, “ARTÍCULO 33. (DIVORCIO DEL TRABAJADOR (A). En caso de divorcio o separación de los progenitores, la otorgación de las Asignaciones Familiares que correspondan se realizará a la madre o a la persona que acredite la tutela del lactante durante sus primeros doce (12) meses de vida.” 21Ibid. “ARTÍCULO 31. (INTERRUPCIÓN DE LA CESANTÍA). En caso de que la trabajadora o el trabajador iniciaren una nueva relación de dependencia laboral, se interrumpirá la percepción de subsidios en el periodo de cesantía.” 22Ibid. “ARTÍCULO 36. (PAGO DE SUBSIDIO DE NATALIDAD Y LACTANCIA). En caso de adelantarse el parto y no haber trascurrido un mes desde el último control prenatal realizado corresponderá simultáneamente el pago de los susidios de natalidad y lactancia.”

excepcionalmente podrá ser otorgado en dinero en los casos que no se hubiese procedido con su entrega de manera oportuna, debiendo para ello requerir autorización de la ASUSS, criterio concordante con lo establecido en el DS 3546 el cual en esencia refiere que el pago será en dinero o especie; y, ii) En lo concerniente al subsidio de lactancia el Reglamento prohíbe que el empleador otorgue el subsidio en dinero; y, que el beneficiario lo reciba; previsión normativa que conlleva un mandato de cumplimiento obligatorio, debido a que, este subsidio debe ser cubierto en especie.

Ahora bien, no obstante lo señalado, resulta necesario remitirnos a lo sostenido en la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre (emitido en vigencia del Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por RM 1676) que respecto a los subsidios devengados estableció expresamente que en el caso que no se hubiera cubierto los subsidios prenatal y lactancia de manera oportuna es viable el pago en 23 Ibid. “ARTÍCULO 28. (EXCEPCIÓN).

I. Excepcionalmente el empleador podrá entregar el subsidio prenatal en dinero, previo análisis y autorización de la ASUSS.

II. Dicho beneficio podrá ser autorizado para aquellas beneficiarias que no hayan recibido el subsidio prenatal de forma oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hija (o).

III. Para la entrega excepcional del subsidio prenatal en dinero, el empleador deberá realizar el trámite de autorización ante la ASUSS quien emitirá una Resolución Administrativa expresa, por beneficiaria, con los siguientes requisitos:

a) Fotocopia simple de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA actualizado.

b) Fotocopia simple de Afiliación al Ente Gestor.

c) Certificado de atención prenatal de la beneficiaria con los respectivos visados del médico tratante del Ente Gestor.

d) Nota fundamentada sobre las razones basadas en el incumplimiento del pago de subsidios por parte del empleador para acceder al pago excepcional en dinero.

A efectos de verificación se podrá solicitar la documentación original.

IV. Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de diez (10) días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de tres (3) días hábiles posteriores al recojo de su respuesta ante oficinas de la ASUSS.

V. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos. Si la solicitud fuese aceptada, la ASUSS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio Prenatal en dinero ante el solicitante.

VI. El empleador será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero, debiendo remitir los descargos correspondientes ante la ASUSS. VII. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria

24 El DS 3546 establece: “Artículo Único.- Se modifica el Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 1987, modificado por el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2892, de 1 de septiembre de 2016, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras:

a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; 25 Ibid. “ARTÍCULO 20. (PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES).

a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero. (negrillas añadidas). 26 Ibid. “ARTÍCULO 22. (PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos a:

a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero.” (las negrillas nos corresponden).

forma monetaria, ello comprendiendo que la otorgación en especie resultaría inoportuna, desactualizada y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el cuidado de la madre y el desarrollo del niño hasta el primer año de edad. En tal sentido, en caso que el beneficiario no haya recibido los subsidios prenatal y de lactancia de forma oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hijo o hija, corresponderá que su otorgación sea monetaria. Consecuentemente, siendo que la jurisprudencia constitucional contiene entendimientos progresivos en cuanto al pago retrasado de los subsidios; en mérito al carácter vinculante de dicha jurisprudencia, debe considerarse que cuando los subsidios (prenatal, natalidad y lactancia) no sean cubiertos de manera oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hijo o hija, será viable el pago en forma monetaria.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y a la seguridad social; toda vez que, la autoridad demandada no efectuó la cancelación de las asignaciones familiares desde el 13 de agosto de 2021 donde no se pagó el beneficio de Subsidio Prenatal desde el quinto mes de gestación de su esposa; asimismo, una vez nacido su hijo el 19 de noviembre de igual año, tampoco se canceló el Subsidio de Natalidad de bs2 000.- (dos mil bolivianos) por única vez; y, menos se le otorgó el Subsidio de Lactancia en especie por del mes diciembre de 2021 y enero de 2022, incumplimiento que pone en riesgo la nutrición y formación no solo de su hijo sino también de su madre, puesto que las asignaciones familiares deben ser canceladas y otorgadas oportunamente.

Con carácter previo a analizar la problemática traída a esta instancia constitucional, corresponde considerar que la presente acción de defensa fue planteada invocando la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad en razón a la necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales; en ese contexto, estando inmiscuidos los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación, corresponde superar la barrera de la subsidiariedad, a ese efecto, como sustento constitucional debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que de forma clara precisó, que si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, se puede abstraer su observancia, cuando se invoca el derecho a la seguridad social, puesto que al estar vinculado con los derechos fundamentales, como lo es la vida, la salud y las prestaciones laborales -sean del Régimen de Asignaciones Familiares o de jubilación-, no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes considerando que los derechos fundamentales primarios requieren una rápida y especial protección del Estado, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa evitando así su remisión a los procedimientos ordinarios que puedan significar un perjuicio irremediable o irreparable de los derechos o garantías constitucionales primordialmente protegidos. Ahora bien, de las Conclusiones consignadas en el presente fallo constitucional, se tiene que el 4 de enero de 2021, el accionante fue designado como Jefe de Unidad II Áreas Protegidas por Memorándum SDMA y RN/RRHH 008/2021 suscrito por el Secretario Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, para posteriormente por Memorándum SDMAyRN/01/2021 de 23 de agosto, el impetrante de tutela fue Reasignado como Jefe de Unidad II Previsión y Control Ambiental en el nivel salarial 5; asimismo, en cumplimiento a la determinación de la Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni se emitió el 10 de junio de 2021 el Memorándum SMAyRN/UAF/RRNN 129/2021 reincorporandole al cargo de Jefe Unidad II Áreas Protegidas bajo la dependencia de la Secretaria Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales; en ese interin, de manera posterior el accionante por notas de 13 de agosto y 24 de septiembre de 2021, solicitó al Director de Gestión Ambiental y Biodiversidad la compensación retroactiva de Subsidios de Lactancia del quinto al séptimo mes, así también, se cuenta con los Carnets de Asegurados a la Caja de Salud CORDES Regional Tribunal del impetrante de tutela y su esposa, de forma igual se tiene el Certificado de Nacimiento de NSP el cual nació el 19 de noviembre de 2021, contando con el Certificado de Nacido Vivo y su inscripción en la Caja de Salud CORDES; posteriormente, el 29 del mismo mes y año, el peticionante de tutela solicitó al Director de Gestión Ambiental y Biodiversidad la cancelación del Subsidio Prenatal, por lo que dicha autoridad remitió la respectiva nota de solicitud de Subsidio de Natalidad, adjuntándose el Formulario DS 08 de la Caja de Salud CORDES de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares con inicio de pago desde el 19 de noviembre de 2021 hasta el 19 de noviembre de 2022, la cual fue emitido por el Encargado de Afiliación y Vigencia de Derecho y el Coordinador Médico de la Caja de Salud CORDES (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 y II.7). Establecidos los antecedentes, y siendo que el peticionante de tutela a través de esta acción de defensa, denuncia la vulneración de los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y a la seguridad social; señalando que su empleador no cumplió con la otorgación ni el pago de las asignaciones familiares que le corresponden respecto a su hijo, consistentes en cinco Subsidios Prenatal, el Subsidio de Natalidad (pago único) y 2 Subsidios de Lactancia; afirmaciones que fueron reconocidas por la entidad demandada a través del Informe de 21 de febrero de 2021 emitido por la representante legal del Gobernador del departamento del Beni, presentado ante el Tribunal de garantías, quien confirmó el no pago de dichas asignaciones familiares alegando que la Gobernación como institución Pública debe efectuar trámites de rigor para la modificación presupuestaria y la remisión de recursos de parte del Gobierno Central, por lo que, están realizando las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando por tal motivo que el pago de las asignaciones familiares sea en el plazo de 20 días; añadiendo que, de acuerdo al art. 21.1.a) de la RM 1676 la que prohíbe a los empleadores el otorgar a los beneficiarios el subsidio prenatal y lactancia en dinero, tal como pretende el accionante, señalando que ello no es viable.

Ahora bien, respecto al pago de las Asignaciones Familiares consistentes en los Subsidios prenatal, natalidad y lactancia, el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, señalo que los mismos consisten en:

d) Subsidio Prenatal. Prestación que consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento de la niña (o).

e) Subsidio de Lactancia. Prestación en especie que consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde la afiliación del menor al Ente Gestor y durante sus primeros doce (12) meses de vida. f) Subsidio de Natalidad. Prestación que consiste en un pago único a la madre en dinero equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a).” (las negrillas son nuestras). En ese marco, es deber acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por parte del empleador, ya que estas permiten la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; implicando lo contrario vulneración del contenido esencial de ambos derechos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas; en ese sentido, los subsidios prenatal, natalidad y lactancia deben ser entregados al trabajador de forma oportuna, ya que, el objetivo de dicha entrega es proporcionar tanto a la madre como al recién nacido, alimentos con los nutrientes necesarios para un normal desarrollo, lo cual quiere decir que, estos deben ser entregados en un lapso de tiempo que permita cumplir el fin para el cual están destinados, que en este caso es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida. Bajo esos entendimientos y considerando la falta de la otorgación de las asignaciones familiares en el momento oportuno, reclamada por el accionante en la presente acción de defensa; se tiene que, es evidente el incumplimiento de la provisión del subsidio prenatal, lactancia y el pago único de natalidad que le corresponden a la madre y al hijo nacido del impetrante de tutela en su condición de funcionario y padre progenitor del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, tomando en cuenta que dicha prestación es un derecho irrenunciable; no obstante, en cuanto a los beneficios de prenatalidad y lactancia, los cuales deben ser entregados al progenitor en forma oportuna; conforme la normativa que fue interpretada por la jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, lo oportuno, alcanza hasta que el hijo cumpla un año de edad, estableciendo al efecto dos posibilidades con el fin de exigir el cumplimiento del pago de las asignaciones familiares, el primero, cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, la entrega de subsidios devengados pre natal y lactancia pueden ser otorgados en dinero; el segundo, mientras el hijo nacido vivo no haya cumplido un año de edad, no es viable el pago de subsidios en forma monetaria en virtud a la prohibición expresa establecida en El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) , que prohíbe a las beneficiarias a recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero, siendo posible que el empleador efectúe el pago de los subsidios devengados pre natal y de lactancia en especie hasta que el hijo cumpla un año de edad; por lo que, tomando en cuenta esos razonamientos, en el caso de análisis, se advierte que el hijo del accionante a la fecha de solicitud del pago de las asignaciones familiares realizada por el accionante a través de esta acción tutelar, contaba con dos meses y diecinueve días de edad, puesto que el niño nació el 19 de noviembre de 2021 y la acción tutelar fue interpuesta el 17 de febrero de 2022; en consecuencia, no corresponde el pago en dinero de los subsidios de prenatalidad y lactancia, toda vez que hasta esa fecha aún se cumplía la finalidad específica del subsidio, cual es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida. Ahora bien, respecto al subsidio de natalidad, en el entendido de que este consiste en la otorgación a los beneficiarios, de una cancelación única en dinero, equivalente a un salario mínimo nacional por el nacimiento de cada hija o hijo, y al no haber cumplido el empleador con dicho pago es viable su efectivizacion en dinero.

De lo precedentemente analizado, concierne señalar que las asignaciones familiares como los subsidios prenatal, natalidad y lactancia forman parte del derecho a la seguridad social y se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente de su hijo o hija, precautelando el interés superior de estos, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia y más aún en los primeros años de vida, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-; en ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permite la materialización del derecho a la seguridad social para este sector, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas, y como se dijo son de cumplimiento obligatorio e inmediato para el empleador, dada la finalidad de los mismos.

En consecuencia, corresponde disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares correspondiente a los cinco meses del subsidio de prenatalidad y dos meses del subsidio de lactancia, en especie; y, respecto al subsidio de natalidad como un pago único equivalente a bs2 000.- (dos mil bolivianos) en dinero; a tal efecto, se hace viable la concesión de la tutela impetrada en favor del accionante, respecto a los subsidios prenatal, lactancia y natalidad que no fueron otorgados en su oportunidad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 017/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 68 a 73, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, respecto a la vulneración de los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud; y,

2° Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni, a que en posteriores actuaciones consideren lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

6 La Constitución Política de 1947 establece: “Artículo 175.- El Estado protegerá la salud del capital humano del país, asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y la rehabilitación de las personas inutilizadas; y, propenderá al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.” (las negrillas son agregadas).

7 El DS 2892 establece: Artículo 3°.- (Modificaciones) I. Se modifica el primer párrafo del Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 1987, con el siguiente texto: “ ARTÍCULO 25.- A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público, privado y de las cooperativas mineras:” (negrillas añadidas).

13 Ibid. “Artículo 9. (DE LOS EMPLEADORES). Las obligaciones de los empleadores son: (…) 2. Depositar mensualmente a la distribuidora un monto equivalente a un salario mínimo nacional por cada trabajador destinado a cubrir la otorgación de asignaciones familiares (prenatal y lactancia). 3. Realizar el pago en dinero por concepto de natalidad y/o sepelio que serán otorgadas directamente por el empleador a la beneficiaria (o) equivalente a un salario mínimo nacional.”

14 Ibid.“Artículo 6. (DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD). La Unidad de Asignaciones Familiares dependiente del Departamento Técnico de Salud del INASES conformará un equipo técnico para la administración, fiscalización y supervisión a los Entes Gestores, empleadores, beneficiarios, proveedores y distribuidores, garantizando el cumplimiento del Régimen de Asignaciones Familiares”

15 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0221/2017-S2 de 24 de marzo, 0416/2017-S3 de 12 de mayo, 0836/2017-S3 de

28 de agosto,

16 La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) fue creada a través del DS 3561 de 16 de mayo de 2018, con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la seguridad social de corto plazo, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios en el marco del Código de Seguridad Social su Reglamento y normas conexas.

17 El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares prevé: “ARTÍCULO 14. REQUISITOS PARA ASIGNACIONES FAMILIARES. I. SUBSIDIO PRENATAL. a) Presentar Certificado de Control Prenatal a partir del 5to mes de gestación, visado por el médico tratante del Ente Gestor de manera mensual al empleador. II. SUBSIDIO DE NATALIDAD. a) Presentar al empleador fotocopia simple del Certificado de Nacimiento, Certificado de Nacido Vivo o autorización del pago del subsidio emitida por el Ente Gestor.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0215_2023-S1.pdf · páginas 1 a 28.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0e61cd8daa9731c689c2b32d3ae222f79e458703144c2be2cfbe91cb6fdd542b

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