B.IA.LEGAL

SCP 0213/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
3 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
56867-2023-114-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria así como el principio de verdad material ; puesto que la Vocal hoy accionada a través del Auto de Vista 335/2023 de 28 de abril, confirmó en su totalidad el Auto Interlocutorio 167/2023 de 15 de marzo; por el que, se rechazó la cesación a su detención preventiva, manteniendo latente el riesgo procesal previsto por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 188/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 81 a 85 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación a las medidas cautelares de carácter personal
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0213/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 56867-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 188/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 81 a 85 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gary Moisés Palenque Rivero en representación sin mandato de Freddy Torrejón Rocabado contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 5 de julio de 2023, cursante de fs. 63 a 69 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Ministerio de Gobierno y otros, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en certificado médico y otros, planteó recurso de apelación de medida cautelar contra el Auto Interlocutorio 167/2023 de 15 de marzo; por el que, se determinó rechazar la cesación de su detención preventiva, a decir que, para el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, continuaba vigente la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, dicha autoridad judicial no efectuó una correcta y adecuada valoración de los elementos de prueba que fueron presentados a efecto de enervar el riesgo procesal; puesto que, de haberlo hecho se hubiese llegado a la conclusión de que la abogada de apellido “Poma” no existe dentro del proceso penal de referencia y que la abogada Carmen Rosa Solari Mena ya declaró y fue cautelada; en ese sentido, procedía la cesación de su detención preventiva, la cual se encuentra cumpliendo por aproximadamente un año y cuatro meses, más aun considerando que su persona cuenta con setenta y siete años de edad y pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad. En ese contexto, el 28 de abril de 2023, se celebró la respectiva audiencia de la apelación de medidas cautelares, en la que se emitió el Auto de Vista 335/2023 de similar fecha; por el que, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz -ahora accionada- lejos de reparar sus derechos, avaló las vulneraciones ocasionadas por el Juez de primera instancia, agravando su situación jurídica y añadiendo más fundamentos con relación al art. 235.“1” del CPP, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso al existir una incongruencia aditiva, ya que señaló que al margen de las dos abogadas, es decir, Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, existiría una ampliación de investigación contra la abogada de apellido “Poma”, lo cual es falso; no obstante, fue el fundamento; razón por la que, su persona continúa detenida. Por otro lado, la citada Vocal hoy accionada, al igual que el referido Juez de primera instancia omitió valorar la prueba ofrecida, concerniente en: a) La impresión del formulario del Sistema JL2 del Ministerio Público de 27 de enero 2022, que tiene por objeto demostrar la identificación de todos los sujetos procesales dentro del caso signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102012200570, demostrando que no existe ningún sujeto procesal de apellido “Poma”; b) Declaración informativa de Richard Choque -Flores-, que tiene por objeto de probanza que esa persona ya prestó su declaración informativa; y por ende, no existiría circunstancia de influencia negativa sobre el mismo; c) Resolución de Imputación formal 06/2022 de 3 de febrero, emitida contra Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, por la cual se pretendió demostrar que ambas ciudadanas eran las abogadas de Richard Choque -Flores- que tramitaron su detención domiciliaria; d) Auto Interlocutorio -89/2022 de 4 de febrero-, de medidas cautelares aplicadas contra las citadas abogadas, cuyo objeto de prueba era demostrar la situación jurídica de las nombradas; e) Ampliación de investigación contra las referidas bogadas , pretendiendo demostrar que la investigación en el presente caso, fue dirigida o ampliada contra las mencionadas ciudadanas; f) Declaración informativa de Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua; por la que, se buscó demostrar que la primera nombrada tiene la condición de abogada de Richard Choque -Flores- y que conjuntamente con la última mencionada, tramitaron ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, la detención domiciliaria de ese ciudadano; y, g) Resolución conclusiva de acusación fiscal -TCHC-II/2022 de 7 de diciembre-, cuyo objeto de probanza fue demostrar que “a la fecha” ya existe un requerimiento conclusivo de acusación fiscal, en el cual no figura ningún sujeto procesal de apellido “Poma”, y por consiguiente, la mima es inexistente. En consecuencia, si la Vocal hoy accionada en caso de efectuar una valoración de dicha prueba bajo las reglas de la sana crítica, hubiese tenido que fallar declarando la inexistencia de la abogada de apellido “Poma” ; y por tanto, al no existir circunstancia objetiva; por la que, se llegue a determinar que su persona podría influir negativamente en la misma y que menos se puede demostrar la situación jurídica de la nombrada; así como el hecho de que Carmen Rosa Solari fue sometida al proceso y cautelada, el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, no sería concurrente haciendo viable la cesación de su detención preventiva imponiéndole medidas menos gravosas. Finalmente, la Vocal ahora accionada se extralimitó en el marco de sus competencias previstaspor4 el art. 398 del CPP; puesto que, alejándose de los lineamientos, razonamientos o fundamentos que dieron por acreditada la concurrencia del art. 235.2 de dicho Código que fueron establecidos en el Auto Interlocutorio 85/2022 de 3 de febrero, adicionó el fundamento de la existencia de la acusación fiscal o requerimiento conclusivo emitido por el Ministerio Público a efecto de mantener concurrente el riesgo procesal de obstaculización; agravando con ello su situación jurídica, debido a que la única forma de enervar una acusación sería mediante una sentencia absolutoria, convirtiendo de esa manera su detención preventiva en una pena anticipada.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, así como el principio de verdad material; citando al efecto los arts. 23.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: 1) La acreditación de la tres vulneraciones fundamentadas emergentes del arbitrario Auto de Vista 335/2023 emitido por la Vocal hoy accionada; 2) Se determine la no concurrencia del peligro de obstaculización, previsto por el art. 235.2 del CPP; 3) Se impongan medidas cautelares de carácter personal previstas en el art. 231 de dicho Código, que sean menos gravosas a la detención preventiva; y, 4) Se determine la existencia de responsabilidad de la Vocal ahora accionada por atentar a su derecho a la libertad en su condición de adulto mayor con setenta y siete años de edad y teniendo una protección reforzada por parte del Estado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 6 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 77 a 80 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: i) Fue detenido el 2 de febrero de 2022, encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz por aproximadamente catorce meses y veinte días, no obstante a ser una persona de la tercera edad; ii) Desde su detención preventiva interpuso incidentes, de los cuales algunos fueron aceptados y otros rechazados, también solicitó arresto domiciliario; sin embargo, el mismo fue rechazado; es así que se fue dilatando su permanencia más de lo indicado por la ley debido a ciertas fallas procesales y los aspectos que su abogado defensor expuso; iii) Se debe considerar el estado de salud de su persona, su edad avanzada y su responsabilidad con su esposa e hija que se encuentra enferma; y, iv) “A la fecha” quiere demostrar su inocencia, es un profesional médico cirujano especializado en traumatología, medicina legal; siempre trabajó honestamente, no es partícipe de los delitos que supuestamente le endilgaron, fue sorprendido en su buena fe, no conoce a los detenidos ni tiene amistad con los abogados; asimismo, no tiene porqué obstaculizar.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 6 de julio de 2023, cursante de fs. 75 a 76, manifestó que: a) No se escuchó a la defensa cuáles serían los fundamentos expuestos que hubiesen sido considerados en el recurso de apelación de medidas cautelares; motivo por el que, su autoridad evidenció la existencia de dos procesadas que habrían sido partícipes del ilícito, siendo ellas, Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, quienes se encontrarían consignadas en la Resolución conclusiva de acusación fiscal –TCHC-II/2022- de 7 de diciembre; en ese sentido, cabe recordar, que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la presencia del imputado a los actos investigativos; siendo que el proceso penal de referencia se encuentra en desarrollo de la fase de juicio oral y público y considerando dicha acusación fiscal, concluyó que efectivamente el imputado –hoy accionante- puede influenciar negativamente en los partícipes, entre ellos, las nombradas; por lo que, su autoridad consideró que el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP se encontraba latente; b) En cuanto a la inexistencia de la abogada de apellido “Poma” tal como se pudo advertir de la prueba que se adjuntó, al ser únicamente catorce los sujetos procesales en el proceso penal de referencia y que por lo tanto no existiría circunstancia objetiva; por la que, se llegue a determinar que el accionante influya negativamente en la misma; y que por otro lado se tiene que Carmen Rosa Solari Menan fue sometida al proceso y cautelada, siendo esos los motivos por los que supuestamente el indicado riesgo procesal no procedería; no obstante, conforme se tienen los argumentos del Auto Interlocutorio 85/2022, se debe tomar en cuenta que “al día de hoy” Carmen Solari Mena, fue aprehendida y que también “…existe ampliación sobre la otra abogada Poma…” (sic); en ese sentido, pudo establecer que el imputado –ahora accionante- no solamente podría influenciar en esas dos abogadas, que una de ellas tuvo contacto con el mismo, tal cual estableció la declaración de Richard Choque -Flores-; quien manifestó, que otorgó la suma de $us3 500.-(tres mil quinientos dólares estadounidenses) a la abogada, para que tramite su detención domiciliaria, en esa lógica la libertad -se entiende del accionante-puede entorpecer a efecto de que las nombradas abogadas, se comporten de manera reticente; por lo que, el referido riesgo procesal se mantendría latente; c) Respecto a que su autoridad se extralimitó en el marco de sus competencias previstas por el art. 398 del CPP, al incrementar nuevos fundamentos y mantener el riesgo procesal estipulado por el art. 235.2 del mencionado Código, es necesario considerar que su autoridad debe regirse por el principio de limitación por competencia; es decir que, los agravios expuestos por la parte apelante y la respuesta a los mismos, son los que aperturan la respectiva competencia del Tribunal de alzada, y; sobre los que, se debe emitir la fundamentación correspondiente, ello con relación al principio de imparcialidad previsto por el art. 178 de la CPE; asimismo, debe basarse en el legajo de apelación y los elementos de prueba presentados por la parte apelante; en consecuencia, el Auto de Vista 335/2023 de 28 de abril, se encuentra fundamentado con aspectos de hecho, derecho y jurisprudenciales; por lo que, no vulnera el debido proceso en su falta de fundamentación; asimismo, el accionante no identificó los actos u omisiones que esa instancia hubiese cometido; d) El accionante mediante su abogado tenía la posibilidad de solicitar una explicación, complementación o enmienda en aplicación del art. 125 del CPP, teniendo esa instancia para poder enmendar el mencionado Auto de Vista 335/2023, debiendo agotarse previamente esa instancia a efecto del cumplimiento del principio de subsidiariedad -excepcional-; y, e) Las medidas cautelares no causan estado, por lo que, pueden variar conforme cambian las circunstancias; es necesario tomar en cuenta, para que el Tribunal de garantías ingrese a analizar la actividad interpretativa de la jurisdicción ordinaria, el accionante debió efectuar una sucinta y precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa argumentativa; lo cual no sucedió. Finalmente, causa extrañeza que desde la fecha en la que fue celebrada la audiencia -se entiende de apelación de medidas cautelares-, recién “a la fecha” se interponga la presente acción de libertad. En consecuencia, al no haberse vulnerado ningún derecho, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 188/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 81 a 85 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De conformidad con la jurisprudencia constitucional, a efecto del análisis de la vulneración del debido proceso -vía acción de libertad-, es necesario la concurrencia de la vinculación directa entre la decisión que se cuestiona y la privación del derecho a la libertad, más aun tratándose de medidas cautelares; en ese sentido compulsados los antecedentes que fueron ofrecidos en calidad de prueba preconstituida por parte del accionante y del legajo de apelación que fue remitido por el Juez de primera instancia, se estableció que el Auto de Vista 335/2023 de 28 de abril de 2023, ahora cuestionado, opera como causa directa en la supresión del derecho a la libertad del accionante, tomando en cuenta que el nombrado se encuentra recluido en un Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; puesto que, se posibilitó al análisis de fondo de la problemática planteada; 2) De los aspectos expuestos por la parte accionante, se advierten que por Auto Interlocutorio 167/2023 de 15 de marzo, se rechazó la cesación de la detención preventiva del accionante, al encontrarse vigente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; siendo dicho Auto Interlocutorio objeto de apelación se emitió el Auto de Vista 355/2023, que de acuerdo al contenido de esa decisión ahora cuestionada en lo referente a los agravios que también son cotejados a partir de lo expresado por la parte accionante, se encuentra vinculado estrictamente la situación de la concurrencia del art. 235.2 del dicho Código, que a decir de la parte accionante correspondía a la Vocal hoy accionada reparar las vulneraciones a sus derechos; en ese contexto, se observaron tres circunstancias, dos de las cuales tienen relación con referencia de la abogada “Poma”, la influencia que el imputado -accionante- tendría respecto a la nombrada y la situación de otras dos personas, que en el entendimiento de la parte accionante al no existir constancia de esta persona es decir de la abogada “Poma”-, no se encontraría sustentada la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.2 de mencionado Código; asimismo, se realizaron afirmaciones falsas al no existir elemento probatorio que sustente la vinculación del accionante con esa persona; y a su vez, esa errónea posición emergió de la ausencia de valoración probatoria; finalmente, la Vocal ahora accionada hubiese agravado su situación al establecer circunstancias que no fueron objeto de consideración del Juez de primera instancia; 3) De la revisión de los antecedentes remitidos, como ser la audiencia de medida cautelar, el recurso de apelación, la solicitud de cesación de la detención preventiva, la respuesta del Juez de primera instancia y el Auto de Vista ahora cuestionado, se tiene que mediante Auto Interlocutorio 85/2022 de 3 de febrero, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se determinó la aplicación de la detención preventiva del accionante, estableciendo la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1 y 2 y 235.1 y 2 del CPP, emergente de una apelación se emitió el Auto de Vista 355/2022 de 17 de junio, por el que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó su admisibilidad y revocó en parte el Auto Interlocutorio 85/2022 desvirtuando únicamente el art. 234 del CPP, manteniendo la situación jurídica del accionante; 4) De la revisión del Auto Interlocutorio 167/2023 de 15 de marzo , del Auto Interlocutorio 85/2022 de 3 de febrero, del Auto de Vista 355/2023 y de lo expuesto por la parte accionante, advirtió que la Vocal ahora accionada en el indicado Auto de Vista hizo mención textual del contenido y lo expresado por el Juez de primera instancia a efecto de considerar los agravios expuestos por el apelante -accionante- quien señala que en el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, únicamente se señaló a Carmen Rosa Solari Mena y a Marlene Paco Guaigua, y no así a la ciudadana de apellido “Poma”, al respecto, estableció que la postura de la parte accionante con relación a la ciudadana de apellido “Poma” y que a partir de acreditar la inexistencia como sujeto procesal de la nombrada, sin mayor prueba se encontraría enervado el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP y por ende operaría la cesación de su detención preventiva; no obstante, es necesario tomar en cuenta los otros argumentos que fueron precisados por la autoridad judicial a tiempo de activar el riesgo procesal en cuestión, argumentó que a la influencia del accionante está vinculada a Carmen Rosa Solari Mena y a la abogada “Poma”, aspecto que condice con la resolución primigenia que determinó el rechazo de la detención preventiva; asimismo, la Vocal ahora accionada también recogió esa posición como antecedente, a fin de la respectiva valoración y determinación, reiterando que se tiene la situación jurídica de Carmen Rosa Solari Mena y una ampliación sobre otra abogada de apellido “Poma”, incorporando la situación de la existencia de una resolución de acusación formal; en ese sentido, la acusación formal no fue una circunstancia que se adicionó o incorporó de manera indebida a la problemática, ya que es justamente a partir del ofrecimiento de ese actuado procesal como medio de prueba que sustentó la pretensión de libertad del accionante es que se ingresó a tener presente la existencia de dicha acusación fiscal; por otra parte, el accionante reclamó que lo mencionado nunca fue objeto de debate; no obstante, es a partir del uso como elemento de prueba de la acusación que las autoridades de primera y de segunda instancia sustentaron su posición, especificando que se debe cumplir con la carga probatoria con relación a acreditar si la abogada “Poma” se sometió al proceso, si prestó declaración ya que aquello no fue acreditado por la parte apelante -accionante-, reiterando el argumento de que el accionante podría influir con relación a ambas abogadas, entendiendo que ante la falta de carga probatoria esa situación de influencia aún perduraría; 5) Asimismo, se tiene que Carmen Rosa Solari Mena fue varias veces mencionada a efecto de la activación de riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP al igual que Marlene Paco Guaigua; evidentemente ambas ciudadanas se encuentran en el pliego acusatorio, constando también a “fs. 73” ampliación de imputación con relación a las nombradas, determinando que una de ellas es abogada de Richard Choque Flores y la otra también era una abogada que viabilizaba el acceso a una detención domiciliaria del nombrado; en consecuencia, en atención a esa consideración efectuada por la Vocal ahora accionada y respecto a que la parte accionante limitó esa circunstancia específica con relación a la precisión de la abogada “Poma”, no se puede dejar de lado que esa situación fue precisada de acuerdo a los antecedentes por Richard Choque Flores, quien indicó que “…esa abogada tendría un apellido Poma…” (sic) y es justamente a partir del elemento probatorio que se tiene que definir la existencia o no de esa persona, pero no así a partir del contenido del pliego acusatorio, sino se deberá demostrar en primer lugar si la persona de apellido “Poma” identificada por Richard Choque Flores se trata de la “abogada Paco” y que surgió un error a partir de la identificación por el nombrado, esto a fin de entender que no se trataría de una persona inexistente, si no que surgió una mala precisión por parte del declarante con la relación a la identificación de la persona, lo cual deberá ser demostrado a partir de los hechos y el resultado de una investigación a efecto de generar certidumbre; por lo tanto, dicho agravio no tiene justificación; 6) Por otro lado, el accionante se limitó a la situación de la abogada “Poma”, sin considerar la existencia de Carmen Rosa Solari Mena, que fue tomada en cuenta a efecto de la activación del riesgo procesal, el cual deberá ser desvirtuado con la respectiva prueba, tomando en cuenta que en solicitud de cesación de la detención preventiva, la carga probatoria recae en el solicitante; 7) En cuanto a su condición de adulto mayor y pertenecer a un grupo vulnerable de la sociedad le corresponde la aplicación de la detención preventiva de manera proporcional, que en el debate de acuerdo a lo que se pudo compulsar, esa situación no fue reclamada, siendo que el debate está únicamente vinculado a la determinación de entender subsistente el riesgo procesal en cuestión, circunstancia que involucra que no se tenga constancia efectiva de la vulneración del derecho al debido proceso vinculado en su elemento de fundamentación y motivación; 8) Se advirtió la existencia de falta de valoración probatoria debido a que la discusión no está relacionada a si esa persona “Poma” consta estrictamente en el pliego acusatorio o no, en ese sentido, la Vocal ahora accionada orientó ese aspecto con relación a la existencia de dos personas y eso es partir del debate que se generó, de ninguna manera se vulneró el principio de congruencia, menos la consideración del elemento probatorio; y, 9) Se tiene que considerar que la jurisdicción ordinaria no es supletoria de la jurisdicción ordinaria: ya que. un Juez de garantías, no puede de manera directa determinar actuaciones y fallar como si fuera un Juez ordinario, determinando desvirtuar riesgos procesales o imponer medidas sustitutivas; por consiguiente, su actuación se limita a verificar la vulneración o no de derechos y a partir de esa vulneración con el debido sustento orientar a la autoridad jurisdiccional que emitió una determinación, que tome en cuenta esos fundamentos a efecto de nuevamente resolver la problemática planteada; por otro lado, tampoco puede realizar la consideración de la situación de la condición de adulto mayor o una situación particular del accionante mediante la jurisdicción constitucional, porque eso debe ser directamente formulado a las autoridades competentes y a partir del agotamiento de los mecanismos intraprocesales, recién la jurisdicción constitucional podrá ingresar a valorar si las determinaciones asumidas por los jueces de instancia son las correctas o en su defecto son vulneradoras de derechos y garantías constitucionales.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre se dispuso la devolución a Comisión de Admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 167/2023 de 15 de marzo, pronunciado por Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; por el que, se rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, quien a través de su abogado interpuso recurso de apelación conforme el art. 251 del CPP (fs. 55 a 57). II.2. Consta Auto de Vista 335/2023 de 28 de abril, pronunciado por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada- quien declaró admisible el recurso de apelación e improcedentes las cuestiones planteadas en el fondo, confirmando el Auto Interlocutorio 167/2023; decisión que se mantuvo firme ante el pedido de aclaración complementación y enmienda por el abogado del accionante (fs. 59 a 62).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria así como el principio de verdad material ; puesto que la Vocal hoy accionada a través del Auto de Vista 335/2023 de 28 de abril, confirmó en su totalidad el Auto Interlocutorio 167/2023 de 15 de marzo; por el que, se rechazó la cesación a su detención preventiva, manteniendo latente el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, sin una debida fundamentación y motivación, advirtiéndose los siguientes agravios: i) La Vocal ahora accionada incurrió en una incongruencia aditiva al incorporar nuevos fundamentos con relación al mencionado riesgo procesal, al señalar que al margen de las abogadas Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, existiría una ampliación de investigación contra la ciudadana de apellido “Poma”; ii) La falta de valoración probatoria que pretendió demostrar la inexistencia de la ciudadana de apellido “Poma” y la situación jurídica de Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua; por cuanto, no sería posible una influencia negativa sobre las mismas correspondiendo la cesación de su detención preventiva; y, iii) Se adicionó el fundamento de la existencia de la Resolución conclusiva de acusación fiscal TCHC-II/2022 de 7 de diciembre, o requerimiento conclusivo emitido por el Ministerio Público a efecto de mantener concurrente el riesgo procesal de obstaculización; agravando con ello su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación a las medidas cautelares de carácter personal; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; c) La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación a las medidas cautelares de carácter personal

La SCP 1657/2025-S1 de 31 de diciembre, citando a la SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, establece que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”.

Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”». En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (Las negrillas nos corresponden).

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

La SCP 0186/2021-S1, estableció que: “El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el F.J.III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal”.

III.3. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

Con relación a la valoración de la prueba en acciones de libertad, la SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, establece que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria así como el principio de la verdad material ; puesto que la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista 335/2023 de 28 de abril confirmó en su totalidad el Auto Interlocutorio 167/2023 de 15 de marzo; por el que, se rechazó la cesación a su detención preventiva, manteniendo latente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, sin una debida fundamentación y motivación, advirtiéndose los siguientes agravios: 1) La Vocal ahora accionada incurrió en una incongruencia aditiva al incorporar nuevos fundamentos con relación al mencionado riesgo procesal, al señalar que al margen de las abogadas Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, existiría una ampliación de investigación contra la ciudadana de apellido “Poma”; 2) La falta de valoración probatoria, por la que se pretendió demostrar la inexistencia de la ciudadana de apellido “Poma” y la situación jurídica de Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, no sería posible una influencia negativa sobre las mismas correspondiendo la cesación de su detención preventiva; y, 3) Se adicionó el fundamento de la existencia de la acusación fiscal o requerimiento conclusivo -Resolución conclusiva de acusación–TCHC-II/2022 de 7 de diciembre-, emitido por el Ministerio Público a efecto de mantener concurrente el riesgo procesal de obstaculización; agravando con ello su situación jurídica.

De antecedentes que cursan en obrados se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Ministerio de Gobierno y otros, contra el accionante y otros por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en certificado médico y otros; el impetrante de tutela se encuentra en cumplimiento de su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el accionante solicitó cesación de su detención preventiva, que fue resuelta por Auto Interlocutorio 167/2023 de 15 de marzo, por el que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz rechazó dicha solicitud, en virtud de lo cual, a través de su abogado interpuso recurso de apelación de medidas cautelares, conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP (Conclusión II.1.). Por consiguiente, se emitió el Auto de Vista 335/2023 de 28 de abril, por el que la Vocal ahora accionada, declaró admisible el recurso de apelación e improcedentes las cuestiones planteadas en el fondo, confirmando el Auto Interlocutorio 167/2023; decisión que se mantuvo firme ante el pedido de complementación y enmienda por el abogado del accionante (Conclusión II.2.).

Establecidos los antecedentes procesales de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se advierte que el accionante precisa como el acto vulneratorio de sus derechos y principios, a las determinaciones asumidas por la Vocal ahora accionada en el Auto de Vista 335/2023, denunciando que el mismo vulneró entre otros, su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; éste último a haberse añadido fundamentos que no se encontraban en el Auto Interlocutorio 167/2023; en ese sentido, con la finalidad de resolver los aspectos denunciados, corresponde contrastar los argumentos expuestos por dicho accionante y lo resuelto por la Vocal ahora accionada, a fin de determinar si existe la debida fundamentación, motivación y congruencia. Así se tiene que de la lectura del Auto de Vista 335/2023, el accionante señaló como agravio el siguiente: i) Mediante Auto Interlocutorio 89/2022 de 4 de febrero, se determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva contra Carmen Rosa Solari Mena y con relación a la co procesada Marlene Paco Guaigua, la misma no estaría consignada en la resolución de imputación a los fines de considerar que el imputado -accionante- influya negativamente, lo cual hubiese sido acreditado con el respectivo requerimiento conclusivo de acusación, donde únicamente se evidencia como parte acusada a las nombradas, si bien se hace mención a diez acusados; sin embargo, entre ellos no se encontraría el apellido “Poma”; en ese sentido el Juez de primera instancia efectuó una incorrecta valoración de la prueba, ya que estando acreditada la documentación suficiente, dicha autoridad judicial no hubiese efectuado un valor intelectivo, ni mucho menos señaló la pertinencia de la documentación acreditada, es decir, si la misma sería idónea y pertinente; por consiguiente, el Juez de primera instancia debió aplicar el principio de verdad material, tomando en cuenta que la ciudadana “Poma” no se encontraría en el requerimiento conclusivo de acusación fiscal. Aspectos por los que refirió que en el Auto Interlocutorio 167/2023 se estableció que no se conoce a la situación jurídica de la ciudadana “Poma”, no obstante, que adjuntó la respectiva documentación, como ser, el respectivo requerimiento conclusivo de acusación, la carátula del proceso del Portafolio Digital para establecer qué personas estarían siendo denunciadas, de donde se evidenciarían catorce personas entre las cuales no figura la abogada “Poma”; en ese sentido, únicamente se evidencia la participación de las abogadas Carmen Rosa Solari Mena, de quien se adjuntó su declaración informativa; y, Marlene Paco Guaigua; por lo tanto, en el proceso penal de referencia no se constata la existencia de la persona de apellido “Poma” objeto de investigación; bajo ese contexto, también se adjuntó la Resolución de Imputación formal -06/2022- de 3 de febrero, que fue emitida únicamente contra Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, aspecto; por el que, se hubiese demostrado la situación jurídica de las nombradas, y al haberse demostrado documentalmente que la ciudadana de apellido “Poma” no se encontraría investigada en el presente caso no se advierte de qué manera el accionante podría influenciar negativamente sobre la misma; por lo tanto, en aplicación del principio de proporcionalidad solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ante el agravio alegado por el accionante, la Vocal hoy accionada resolvió el recurso de apelación de medidas cautelares con los siguientes fundamentos:

a) En el marco de lo previsto por el art. 235.2 del CPP y conforme se tiene los fundamentos expuestos en el Auto Interlocutorio 167/2023 de 15 de marzo, respecto a la parte imputad -accionante- y que el mismo influya negativamente, se tiene que Carmen Rosa Solari Mena fue aprehendida y “…existe ampliación sobre la otra abogada Poma, en ese entendido no se puede establecer que no solamente pueda influenciar entre las dos abogadas, que habría tenido contacto tal cual establece el señor Richard Choque que habría manifestado que habría otorgado el monto de 3.500 Dólares a la abogada, para que la misma tramite su detención domiciliaria, al margen de ello, al haber tenido contacto y haber sido valorado por el imputado, es cierto y evidente que también el día de hoy, existe una Resolución de acusación formal contra el imputado, pero no es menos cierto y evidente que se habría hecho referencia con la declaración de uno de los sindicados, el señor Choque, que la abogada tuviera el nombre de abogada Poma y necesariamente el día de hoy la parte incidentista que tiene la carga de la prueba, debía demostrarnos si la abogada Poma ha tomado su declaración o ha sido sometida a proceso no se tiene elemento o documentación que haya sido demostrado a fines de considerar el artículo 235 numeral 2, se tiene en especial a la declaración de la doctora Poma, por lo que moretear que sería el abogado del señor Choque eso es subjetivo necesariamente con prueba objetiva debe demostrarnos que la abogada Poma ha sido sometida a la presente causa o algún otro, pero además se ha establecido que el imputado en libertad pueda influenciar entre las dos abogadas, siendo dos, necesariamente requerimos respecto al sometimiento al desarrollo del proceso, consecuentemente refiere que no se habría demostrado con la documentación despectiva de qué manera no se va a influenciar negativamente, con relación a la abogada de nombre Poma como también dice sobre el monto a la abogada del imputado 3.500 Bolivianos, no se dijo nada con respecto el día de hoy…” (sic). b) De acuerdo a los fundamentos expuestos en la Resolución primigenia 85/2022 de 3 de febrero, se debe tomar en cuenta “…que se tiene el día de hoy a la señora Carmen Solari Mena que ha sido aprendida y que también existe ampliación sobre la otra abogada Poma, en ese sentido, se puede establecer que el imputado no solamente podría influenciar en estas dos abogadas, quien ha tenido contacto con él imputado, tal cual establece la declaración del señor Choque quien ha manifestado de habría otorgado el monto de 3.500 a la abogada para que la misma tramite su detención domiciliaria, en esa lógica la libertad puede entorpecer y a efectos de que se comporten de manera reticente estas dos cosindicadas, consecuentemente dichos riesgos procesa aún se mantendría latente…” (sic).

c) Se debe tomar en cuenta la Resolución de Imputación formal 06/2022,de 3 de febrero, respecto a la identificación a Marlene Paco Guaigua y Carmen Rosa Solari Mena, documentación que fue presentada por la parte procesada -accionante- a fin de desvirtuar el art. 235.2 del CPP; en ese entendido se hubiese señalado que dentro del proceso investigativo no existiría una persona de apellido “Poma”, “…que en audiencia de medidas cautelares habría sido consignada a objeto de que el imputado influya negativamente…” (sic); con relación a lo mencionado, es necesario tomar en cuenta que si bien en la “Resolución primigenia” -se entiende Auto Interlocutorio 167/2023 se hubiese consignado a la ciudadana de apellido “Poma”; sin embargo, “…también no es menos y cierto y evidente que no se ha escuchado por las defensas y dicha Resolución primigenia habría sido objeto de apelación y cuáles serían los fundamentos expuestos que habrían sido considerados en recurso de apelación de Alzada…” (sic); en ese sentido, dicho Tribunal de segunda instancia evidenció la existencia de dos procesadas que hubiesen sido partícipes en el ilícito, siendo ellas Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua “…aspectos por el cual el imputado influya negativamente sobre las ciudadanas antes señaladas y conforme se tiene la Resolución de acusación fiscal las mismas se encontrarían consignadas en dicho requerimiento…” (sic); por lo que, en el entendido de que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la presencia del imputado a los actos investigativos, el presente proceso penal “…se encontraría a objeto de desarrollo de juicio oral público y contradictorio, tomándose en cuenta la presentación del requerimiento conclusivo de acusación, a objeto de que el Ministerio Público llegue a la verdad histórica de los hechos, y tomando en cuenta la acusación acreditada por el Ministerio Público, efectivamente el imputado pueda influenciar negativamente a los partícipes, en el presente caso se tiene como partícipes a la señora Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Huayhua, consiguientemente este Tribunal de Alzada considera que el artículo 235 numera 2, aún se encuentra latente” (sic). d) Finalmente, con relación a la aplicabilidad del principio de favorabilidad, siendo que el imputado -accionante- contaría “a la fecha” con sesenta y siete años de edad, y que el mismo se encontraría detenido a partir del 2021; ese Tribunal de segunda instancia únicamente debe circunscribirse a los aspectos cuestionados contra el Auto Interlocutorio -167/2023- apelado; en el presente caso, al no haberse considerado, como tampoco fundamentado la favorabilidad o proporcionalidad del accionante en cuanto a su edad, imposibilita ingresar a fundamentar dicha situación, caso contrario se estaría vulnerando el principio ultrapetita. En ese contexto, el imputado -accionante- a través de su abogado, solicitó a la Vocal ahora accionada explicación, complementación y enmienda, respecto a lo siguiente: i) Se complemente qué valor se otorgó al documento relacionado a la impresión del portafolio digital del caso penal de referencia, ya que ese registro es idóneo al establecer qué sujetos procesales estarían siendo investigados o quiénes forman parte como denunciantes y denunciados, donde no figura la ciudadana de apellido “Poma”; por lo que, se demostraría que dicha ciudadana no es parte del proceso y ese es el fundamento que determina el riesgo procesal; y, ii) Su autoridad identificó a las abogadas de Richard Choque -Flores-, siendo ellas Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua; sin embargo, estando identificadas y sabiendo la situación procesal de las mismas, señaló que el accionante puede influenciar en dichas personas; no obstante, el art. 335 -del CPP- señala que ese riesgo procesal no puede fundarse en merar presunciones, por lo que, solicitó que se indique bajo qué elementos se llegó a la conclusión de que el accionante con el solo hecho de identificar a las dos abogadas automáticamente puede influenciar en éstas personas. En respuesta a esa solicitud, la Vocal ahora accionada, indicó que: a) Conforme a los fundamentos de la “…Resolución primigenia de medidas cautelares, habría efectuado el contraste respectivo con relación a la ciudadana Poma y otra copartícipe, en el ilícito, objeto del recurso de apelación, en ese entendido al haber sido clara, concreta y precisa en su determinación de acuerdo a la resolución 85/2022, se hubiera evidenciado la participación de la señora Carmen Solari Mena…” (sic); b) En cuanto al requerimiento de imputación formal, respecto a la ampliación sobre la otra abogada Poma, y conforme se tiene el requerimiento de acusación fiscal, se encontrarían consignadas Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, aspectos que fueron fundamentados por el Tribunal de alzada; por lo tanto, no existiría agravio alguno por reparar; y, c) En cuanto a lo establecido por el art. 235 del CPP, referente a que no se podría fundar -un riesgo procesal- en meras presunciones abstractas, el Tribunal de alzada -emitió el Auto de Vista 335/2023- conforme a los antecedentes del legajo de apelación, determinando “continuar” el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del indicado Código. Ahora bien, estando descrito el contenido del Auto de Vista 335/2023 cuestionado de infundado, inmotivado e incongruente mediante esta acción de defensa, resulta necesario remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional, la cual establece que toda resolución judicial respecto a medidas cautelares debe estar debidamente fundamentada, lo que implica la cita e interpretación de las normas aplicables; asimismo, deben estar motivadas, es decir, efectuar una exposición lógica de hechos y pruebas que sustente la decisión. Dicha obligación alcanza tanto a jueces de instrucción penal como a Tribunales de segunda instancia, quienes deben justificar expresamente la concurrencia de los requisitos previstos en la normativa procesal penal. En particular, respecto al art. 398 del CPP, se señaló que no debe interpretarse de manera literal sino integral, obligando a los tribunales de alzada a realizar un análisis completo de los agravios y a motivar sus resoluciones con base en elementos de convicción clara y razonable; de lo contrario, la detención preventiva resulta arbitraria y vulnera derechos fundamentales. Bajo ese entendimiento jurisprudencial, del análisis del Auto de Vista 335/2023, no se advierte una falta de fundamentación y motivación; ya que, la Vocal ahora accionada identificó expresamente el agravio planteado por el apelante -accionante-, relativo a la incorrecta valoración de la prueba y la presunta inexistencia de la ciudadana de apellido “Poma” en el proceso penal de referencia como sujeto procesal; en ese sentido, respondió dentro del marco del art. 235.2 del CPP, explicando que riesgo de obstaculización se sostenía en la posibilidad de influencia negativa sobre las coimputadas Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, cuya participación se encontraba acreditada tanto en la Resolución de Imputación formal 06/2022 de 3 de febrero (fs. 25 a 33 vta.), así como en la Resolución conclusiva de acusación fiscal TCHC-II/2022 de 7 de diciembre de 2022 (fs. 41). En cuanto al cuestionamiento sobre la supuesta inexistencia de la ciudadana “Poma” en la impresión del Sistema de Justicia Libre JL2 de 27 de enero 2022 del Portafolio Digital del caso signado con el número 201102012200570, referente al proceso penal seguido contra el accionante y otros (fs. 9 a 10), la Vocal hoy accionada razonó que la parte apelante -accionante- tenía la carga procesal de demostrar objetivamente que dicha persona no fue sometida al indicado proceso penal o que su mención carecía de relevancia jurídica a efecto de desvirtuar el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP; por lo que, se denota que el Auto de Vista 335/2023 se encuentra motivado; puesto que la mencionada autoridad judicial expuso la valoración que efectuó considerando los antecedentes del legajo de apelación y la declaración de Richard Choque Flores, que hacía referencia a la intervención de una abogada de apellido “Poma”, elemento que, a juicio de la Vocal ahora accionada, mantenía latente la posibilidad de influencia negativa por parte del accionante. Asimismo, respecto al argumento de que el riesgo procesal no puede fundarse en meras presunciones, se observa que la Vocal hoy accionada sostuvo que la posibilidad de influencia negativa no se basaba en una conjetura abstracta, sino en elementos concretos del proceso, como ser el contacto previo con el apelante -accionante- y las abogadas Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, la referencia al pago de cierto monto económico para la tramitación de la detención domiciliaria de Richard Choque Flores y la etapa procesal en la que se encontraba la causa, es decir, acusación fiscal y próxima al juicio oral y público, contexto en el cual la finalidad de las medidas cautelares es asegurar el normal desarrollo del proceso. De igual manera, con relación a la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad por la edad del imputado, el Tribunal de alzada explicó de forma expresa que no podía pronunciarse sobre aspectos no planteados en el recurso de apelación, en observancia del principio de congruencia y la prohibición de ultrapetita, lo que evidencia que su decisión se mantuvo dentro de los límites del agravio formulado. En consecuencia, y conforme a lo mencionado, no se advierte que la Vocal ahora accionada mediante el Auto de Vista 335/2023 vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; ya que dicho Auto de Vista contiene la identificación de agravios, referencia normativa, análisis de los antecedentes relevantes y explicación de la subsistencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada respecto a dicho derecho. Asimismo, se tiene que el accionante mediante esta acción de defensa denunció que la Vocal ahora accionada hubiese incurrido en una incongruencia aditiva o extra petita; en ese sentido, es necesario precisar que de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2., de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la congruencia se constituye en un principio esencial del debido proceso, que garantiza la coherencia y correspondencia de las decisiones judiciales. Este principio se manifiesta en dos dimensiones: la congruencia externa, que obliga a los jueces a resolver únicamente sobre lo pedido por las partes procesales, evitando pronunciamientos ajenos (ultra petita), diferentes (extra petita) u omisiones (citra petita); y, la congruencia interna, que exige que la resolución mantenga unidad y coherencia entre sus consideraciones y su parte dispositiva, sin contradicciones internas. Bajo ese parámetro jurisprudencial, del análisis del Auto de Vista 335/2023 se advierte, en cuanto a la congruencia externa, la Vocal ahora accionada resolvió precisamente el agravio formulado por el apelante -accionante-, referente a la supuesta inexistencia de la ciudadana de apellido “Poma” como sujeto procesal dentro del proceso penal de referencia y la alegada falta de valoración probatoria que pretendía desvirtuar el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; en ese sentido, la referida autoridad judicial no introdujo nuevos o ajenos fundamentos, no consideró algo distinto a lo debatido; al contrario, centró su análisis en determinar si el riesgo de obstaculización subsistía respecto a las coimputadas Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, así como en la referencia efectuada a la abogada “Poma” dentro de los antecedentes del proceso. En ese sentido, no se evidencia incongruencia aditiva o extra petita; puesto que, como se refirió precedentemente la Vocal ahora accionada se pronunció sobre el punto impugnado y mantuvo la decisión dentro del marco de la apelación de medidas cautelares interpuesto por el accionante. Respecto a la alegación de que se habría incorporado indebidamente la “ampliación” sobre la abogada “Poma”, debe considerarse que, conforme a la jurisprudencia citada, el Tribunal de segunda instancia en materia cautelar no está restringido a una lectura literal y aislada de los agravios, sino que tiene el deber de compulsar integralmente los antecedentes del legajo. En esa lógica, la referencia a la ampliación y a la declaración de Richard Choque Flores no constituye una desviación del objeto del recurso, sino parte del análisis integral destinado a verificar la concurrencia del riesgo procesal, lo cual se encuentra dentro de sus atribuciones. Asimismo, respecto al planteamiento vinculado por el accionante respecto al principio de favorabilidad por la edad del imputado, el Tribunal de alzada justificó su abstención señalando que dicho extremo no fue debidamente fundamentado en el recurso de apelación, razón por la cual pronunciarse sobre ello implicaría vulnerar el principio de congruencia y caer en ultra petita. Esta explicación evidencia precisamente la observancia del principio de congruencia externa, al delimitar su competencia a los agravios planteados. En consecuencia, del examen efectuado no se advierte vulneración del principio de congruencia en sus dimensiones externa ni interna; puesto que el Auto de Vista 335/2023 emitido por la Vocal ahora accionada, guardó correspondencia con los agravios formulados, analizó los antecedentes relevantes y mantuvo coherencia estructural entre su fundamentación y la parte dispositiva. Por ello, al no evidenciarse vulneración al debido proceso en este componente, corresponde denegar la tutela solicitada. Ahora bien, de la problemática planteada, se constata que el accionante también denunció la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba; en ese sentido, corresponde señalar que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la valoración probatoria efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, solo puede ser revisada de forma excepcional por esta jurisdicción constitucional, si los accionantes identifican e individualizan concretamente que pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, o señale cuáles no fueron recibidas u omitidas en su consideración, o que habiéndolo sido, no fueron producidas; asimismo, es imprescindible que indique en qué medida, en lo conducente, esa valoración cuestionada de irrazonable e inequitativa o que no llegó a practicarse, y de ser oportunamente solicitada, tiene incidencia en la resolución final. En el caso analizado, el accionante sostiene que tanto el Juez de primera instancia como la Vocal ahora accionada omitieron valorar la prueba documental ofrecida, consistente en la impresión del Sistema de Justicia Libre JL2 de 18 de octubre de 2022, del Portafolio Digital correspondiente al proceso penal de referencia, la declaración de Richard Choque Flores, la Resolución de Imputación formal 06/2022 de 3 de febrero, el de medidas cautelares aplicadas contra Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua, la ampliación de investigación contra las nombradas, las declaraciones informativas de las mismas y la Resolución conclusiva de acusación fiscal TCHC-II/2022 de 7 de diciembre, elementos que a decir del propio accionante, demostrarían la inexistencia de una persona de apellido “Poma” como sujeto procesal y, por ende, la improcedencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP. No obstante, de la lectura del Auto de Vista 335/2023 se advierte que la Vocal ahora accionada sí tomó en cuenta dichos antecedentes, aunque arribando a una conclusión distinta a la pretendida por el accionante; la mencionada autoridad judicial hizo referencia expresa a la Resolución de imputación formal 06/2022 de 3 de febrero, la Resolución conclusiva de acusación fiscal TCHC-II/2022, reconociendo que en esos actuados figuran Carmen Rosa Solari Mena y Marlene Paco Guaigua; asimismo, valoró la declaración de Richard Choque Flores en cuanto a la existencia de contacto previo y a la presunta entrega de dinero para la tramitación del beneficio de la detención domiciliaria. Es decir, no se evidencia una omisión absoluta o arbitraria de consideración probatoria, sino una valoración que mantuvo la subsistencia del riesgo de obstaculización respecto de las coimputadas identificadas. En cuanto a la impresión del Sistema de Justicia Libre JL2 de 27 de enero de 2022, del Portafolio Digital del caso signado con el número 201102012200570 y a la supuesta inexistencia de la ciudadana “Poma”, la Vocal ahora accionada razonó que la carga de la prueba para desvirtuar el riesgo correspondía al apelante -accionante-, y que no se acreditó de manera objetiva que dicha referencia careciera de relevancia en el marco del análisis del art. 235.2 del CPP. Tampoco se advierte que la decisión impugnada se hubiera fundado en prueba inexistente o en hechos manifiestamente ajenos al proceso; por el contrario, el razonamiento de la mencionada autoridad judicial se apoyó en antecedentes incorporados al legajo de apelación, y a los documentos anteriormente mencionados, además tomó en cuenta la etapa procesal en la que se encontraba la causa, es decir la proximidad al desarrollo de juicio oral y contradictoria como consecuencia de la presentación de la acusación formal, concluyendo que la libertad del imputado podía generar influencia negativa sobre las coimputadas, extremo que constituye una valoración dentro del ámbito de discrecionalidad judicial en materia cautelar. Finalmente, respecto a la solicitud de explicación, complementación y enmienda, la Vocal ahora accionada respondió ratificando que el contraste probatorio fue efectuado y que la determinación de mantener el riesgo procesal se adoptó en función de los antecedentes del proceso; lo cual descarta la existencia de una actitud omisiva total o parcial en la valoración probatoria.

En consecuencia, no se evidencia apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad, ni omisión arbitraria de valoración probatoria, ni utilización de prueba inexistente que hubiera generado lesión directa al derecho a la libertad o al debido proceso del accionante. En ese entendido, al no configurarse las excepciones que habilitan la injerencia de la jurisdicción constitucional en la labor valorativa de la jurisdicción ordinaria, corresponde también denegar la tutela solicitada al respecto. En mérito a todo lo desarrollado, se concluye que la Vocal ahora accionada actuó dentro del marco de sus competencias, motivando su decisión con base en antecedentes existentes en el proceso y efectuando una valoración probatoria que, aunque adversa a la pretensión del accionante, no resulta arbitraria ni irrazonable. No se evidenció omisión valorativa absoluta, incorporación de hechos inexistentes ni apartamiento de los estándares establecidos por la jurisprudencia constitucional; por el contrario, la determinación impugnada se encuentra debidamente fundamentada, motivada y es congruente. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos invocados por el accionante, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, respecto a la solicitud de determinar la existencia de responsabilidad de la Vocal ahora accionada; no se advierte la vulneración al debido proceso en los elementos de motivación y fundamentación respecto a la determinación; ya que, no son aplicables en el caso los alcances establecidos por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, corresponde también denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 188/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 81 a 85 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0213_2026-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): ee3d4385aeb2183f5df776056350a51bf6851fdfdc19c1eb56849521ada0c12f

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