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SCP 0213/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
41699-2021-84-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, -se entiende-al debido proceso y a la “…legalidad certeza y objetividad…” (sic); puesto que, el Ministerio Público no actuó de forma objetiva; ya que, en la primera imputación formal presentada en su contra, consignó la presunta comisión del delito de abuso sexual afirmando la existencia de probabilidad de autoría; y en la segunda imputación formal, consignó el delito de violación en grado de tentativa con agravante, y a raíz de ello, la Jueza ahora coaccionada, por Auto Interlocutorio 259/2021 de 24 de abril, sin ingresar al fondo de los requisitos exigidos por el art. 233 del CPP, dispuso su detención preventiva, sin tomar en cuenta además que en su caso existieron tres aprehensiones ilegales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) El control jurisdiccional de la investigación dentro de un proceso penal, se encuentra a cargo del Juez cautelar; b) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 226/2024 de 23 de abril, cursante de fs. 135 a 136 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad con los fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El control jurisdiccional de la investigación dentro de un proceso penal, se encuentra a cargo del Juez cautelar
  2. III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0213/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 41699-2021-84-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 226/2024 de 23 de abril, cursante de fs. 135 a 136 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Gutiérrez Guizada contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -en suplencia legal de su similar Cuarto-; y, Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 23 de mayo de 2021, cursante de fs. 45 a 46, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa con agravante, la “…resolución de imputación formal Nro. 11/2011 donde establece de que existe abuso sexual y que establece de que se demuestra con certeza existencia de probabilidad de autoría en la cual se activo una acción de libertad en la cual el juez de sentencia 7mo de la ciudad de el alto como juez de garantías constitucionales advirtió bastantes vulneración al debido proceso al principio de certeza en al cual ordena dejar sin efecto la imputación formal en consecuencia la resolución emitido por el juez de la localidad de quime quien dispuso en prime instancia la detención preventiva en la cual nuevamente de forma arbitraria el fiscal activo el Art. 226 del c.p.p. y nuevamente emite una nueva Resolución de imputación formal Res. 13/2021…” (sic), de forma vulneratoria, cuando nunca cometió ese hecho. Hizo notar que el Ministerio Público no actuó de forma objetiva; puesto que, en la primera imputación formal se consignó la presunta comisión del delito de abuso sexual, afirmando la existencia de probabilidad de autoría; y en la segunda imputación formal, se consignó el delito de violación en grado de tentativa con agravante, a raíz de ello, la Jueza hoy coaccionada, sin ingresar al fondo en cuanto a los requisitos exigidos por el art. “233.1, 2 y 3” del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso su detención preventiva, sin tomar en cuenta que en su caso existieron tres aprehensiones ilegales. Por otra parte, existe un “Certificado Médico” que refiere que la supuesta víctima se encontraría en estado de gestación, y un segundo Certificado Médico, que consignaría que no existió una agresión sexual o un desgarro, lo cual no puede ser considerado como un error por parte de los Médicos como lo sostuvo el Ministerio Público al indicar que existió un lapsus.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, -se entiende-al debido proceso y a la “…legalidad certeza y objetividad…” (sic), sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, en el día se expida mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de abril de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 134 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su notificación vía WhatsApp cursante a fs. 126.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe de 24 de mayo de 2021, cursante a fs. 66 y vta., manifestó lo siguiente: a) Con relación a la acción de libertad presentada por el accionante, emitió el Auto de Vista “2226/2021” -siendo lo correcto 226/2021- de 5 de mayo, en suplencia legal de su similar Cuarto; b) Respecto al art. 233.1 del CPP, se debe considerar que el accionante tiene treinta y nueve años de edad y el delito por el que se le acusa es de violación a una menor de quince años de edad; c) Si bien el antes nombrado indicó que con relación al art. 234.7 del citado Código, presentó garantías; empero, por el tipo de delito ello no es suficiente, y al respecto, se debe considerar lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0394/2018-“S” de 3 de agosto y 0001/2019-“S” de 15 de enero, que hacen énfasis en la protección del Estado al sector vulnerable como los menores de edad, lo cual también es concordante con los arts. 60 de la Constitución Política del Estado y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); d) Asimismo, se debe tener presente procurar evitar la revictimización al enfrentarse a los agresores; por lo que, también se debe tomar en cuenta el enfoque del caso “Campo Algodonero vs. México” en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) analizó respecto a la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas; por cuanto, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades de las niñas como mujeres que pertenecen a un grupo vulnerable; e) Sobre el art. 235.1 del CPP, el razonamiento que prevaleció en el Auto de Vista 226/2021 es que el lugar en el que acontecieron los hechos es el domicilio del imputado -accionante-; f) Respecto al art. 235.2 del citado Código, si bien el accionante sostuvo que falta la declaración de la víctima en cámara Gessel y de “personas”; empero, ello no constituye un elemento objetivo para enervar ese riesgo procesal; y, g) Por lo mencionado, solicitó se deniegue la tutela. Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 24 de mayo de 2021, cursante de fs. 58 a 59, manifestó lo siguiente: 1) Mediante Auto Interlocutorio 259/2021 de 24 de abril, se dispuso la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, al concurrir los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.1 y 2; y, 235 del CPP; determinación que fue apelada por parte del Ministerio Público y por el imputado -accionante-, ameritando el Auto de Vista 226/2021 de 5 de mayo, por el cual el Vocal ahora accionado confirmó el citado Auto Interlocutorio impugnado; 2) El accionante no fundamentó debidamente la acción de libertad presentada; ya que, no estableció el agravio específico respecto a los derechos que alega como lesionados, limitándose a señalar que “no se valoró”, sin precisar qué pruebas; 3) Por otra parte, el nombrado sostuvo que no se consideró que existieron tres aprehensiones ilegales, y al respecto, por Auto Interlocutorio “258/2021” de 24 de abril, se resolvió el incidente de ilegalidad de aprehensión, y el mismo, fue objeto de recurso de apelación incidental por parte del Ministerio Público y el imputado -accionante-, sin que aún dicho recurso haya sido devuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento; por lo que, no se agotó el principio de subsidiariedad; 4) Por lo mencionado, el caso debe ser resuelto por la jurisdicción de “Quime”, haciendo constar que la suscrita solo conoció el asunto en un fin de semana de turno; 5) Se debe considerar que la SCP “12/2021-S3” de 19 de febrero, estableció un lineamiento de protección reforzada e integral respecto a grupos vulnerables, entre ellos, a mujeres en situación de violencia; 6) La SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, refirió que se debe garantizar el interés superior de la niña, niño o adolescente y que además se sanciona todo tipo de violencia; y, 7) El accionante desnaturalizó esta acción tutelar; puesto que, los presupuestos de su activación no concurren, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 226/2024 de 23 de abril, cursante de fs. 135 a 136 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El Vocal ahora accionado, en suplencia legal de su similar Cuarto, mediante Auto de Vista 226/2021 de 5 de mayo, señaló que con relación al art. 234.7 del CPP, el accionante presentó garantías; empero, el delito que se investiga es el de violación a una menor de edad; por lo que, conforme al art. 60 de la CPE, corresponde otorgar una protección reforzada, debiéndose considerar además los arts. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador- y 19 de la CADH; ii) En cuanto al art. 235.2 del CPP, se tiene que se encuentra pendiente la declaración de la víctima en la cámara Gessel, así como la declaración de “varias personas”; razón por la que, el Vocal hoy accionado consideró haber fundamentado adecuadamente el Auto de Vista 226/2021 que confirmó la detención preventiva del accionante; iii) Por su parte, la Jueza ahora coaccionada en lo principal alegó que el antes nombrado no precisó con claridad cuál es la grave vulneración o el derecho que se lesionó, ni tampoco qué pruebas fueron valoradas, y finalizó, indicando que no se cumplió con el principio de subsidiariedad; iv) En ese contexto, y en el marco de lo establecido por el art. 125 de la CPE, se tiene que el accionante sostiene que está siendo procesado por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa con agravante, y que a raíz de ello, interpuso otra acción de libertad; por la que, se anuló la imputación formal en su contra por el delito de “acoso sexual” y lo que reclamó es la falta de valoración dentro de la imputación formal; puesto que, no se hubiese valorado los certificados médicos en cuanto a las contradicciones que existirían entre el primer certificado, que establece un acceso carnal y que la supuesta víctima estaría embarazada, y el segundo certificado, que señala que no existen lesiones en la región genital de la nombrada; aspectos que si bien se encuentran dentro de la valoración en la imputación formal; empero, no pueden ser atendidos en la jurisdicción constitucional, mediante la acción de libertad; ya que, concurre el principio de subsidiariedad; por lo que, conforme al art. 54.1 del CPP, corresponde al juez de instrucción penal realizar el respectivo control de la investigación, y por su parte, el accionante puede presentar las excepciones y los incidentes que considere pertinentes a su pretensión, a objeto de que el Ministerio Público valore de manera adecuada los elementos probatorios; v) Al margen de ello, se hace notar que el representante del Ministerio Público no fue accionado en esta acción tutelar; y, vi) Por lo mencionado, se concluye que el accionante no realizó los reclamos correspondientes ante la Jueza de primera instancia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

La presente acción de libertad inicialmente fue conocida y sustanciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, quien mediante Resolución 206/2021 de 24 de mayo, tuvo por retirada la presente acción de libertad (fs. 61 y vta.); en revisión este Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante SCP 0962/2023-S1 de 24 de agosto (fs. 95 a 103), anuló obrados hasta la audiencia pública de 24 de mayo de 2021, ordenando al Juez de garantías fijar y realizar una nueva audiencia de acción de libertad, fundamentando que dicha autoridad aceptó la interposición del retiro de esta acción en plena audiencia y sin mayor análisis, omitiendo considerar que el desistimiento y/o retiro de la acción únicamente es posible antes del señalamiento de día y hora de audiencia. Ante ello, fue emitida la Resolución 226/2024 de 23 de abril, a través de la cual se denegó la tutela solicitada; y, que ahora constituye objeto de revisión (fs. 135 a 136 vta.).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 258/2021 de 24 de abril, Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz -ahora coaccionada- declaró infundado el incidente de ilegalidad de aprehensión planteado por José Gutiérrez Guizada -hoy accionante-; y en ese mismo acto procesal, el nombrado formuló recurso de apelación incidental (fs. 49 a 50 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 259/2021 de 24 de abril, la Jueza ahora coaccionada, dispuso la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que, en el mismo acto procesal, la defensa técnica del antes nombrado interpuso recurso de apelación incidental (fs. 51 a 52 vta.). II.3. A través del Auto de Vista 226/2021 de 5 de mayo, César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto -ahora accionado-, declaró admisibles los recursos de apelación incidental planteados por el accionante y por el Ministerio Público e improcedentes los fundamentos de ambas partes; por lo que, confirmó el Auto Interlocutorio 259/2021 (fs. 53 a 55). II.4. Por Oficio de 12 de mayo de 2021, la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió al “JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE EL ALTO” (sic) del mismo departamento, todos los obrados correspondientes al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante (fs. 65).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, -se entiende-al debido proceso y a la “…legalidad certeza y objetividad…” (sic); puesto que, el Ministerio Público no actuó de forma objetiva; ya que, en la primera imputación formal presentada en su contra, consignó la presunta comisión del delito de abuso sexual afirmando la existencia de probabilidad de autoría; y en la segunda imputación formal, consignó el delito de violación en grado de tentativa con agravante, y a raíz de ello, la Jueza ahora coaccionada, por Auto Interlocutorio 259/2021 de 24 de abril, sin ingresar al fondo de los requisitos exigidos por el art. 233 del CPP, dispuso su detención preventiva, sin tomar en cuenta además que en su caso existieron tres aprehensiones ilegales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) El control jurisdiccional de la investigación dentro de un proceso penal, se encuentra a cargo del Juez cautelar; b) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. El control jurisdiccional de la investigación dentro de un proceso penal, se encuentra a cargo del Juez cautelar

La SCP 0999/2017-S1 de 11 de septiembre, en aplicación de la norma procesal sobre el control jurisdiccional dentro del proceso penal y recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, establece que: “El art. 54.1 del CPP, señala que los jueces de instrucción penal serán competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo ordenamiento legal. Asimismo, el art. 279 del mismo Código establece que el Ministerio Público y la Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional y que los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su probidad. Este Tribunal, a través de la jurisprudencia constitucional estableció: ‘...ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa’ así lo entendió la SC 0054/2010-R de 27 de abril.

En ese mismo sentido, la SC 0943/2011-R de 22 de junio indicó: ‘...es necesario precisar que esta acción de defensa, no puede ser desnaturalizada en su propósito, evitando que se convierta en un medio paralelo con la jurisdicción ordinaria; criterio que fue asimilado por la jurisprudencia emitida por este Tribunal cuando citando a los arts. 54.1 y 279 del CPP, advirtió que el Juez de Instrucción en lo Penal dentro de la etapa investigativa, es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación, así como de los actos del Ministerio Público y los funcionarios policiales, determinando que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que lesione su derecho a la libertad dentro de dicha etapa, debe inexcusablemente con carácter previo a acudir a este medio de defensa efectuar sus reclamos ante el Juez cautelar para que dentro de un plazo razonable éste se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de su arresto o aprehensión, ordenando lo que en derecho corresponda, y en caso de persistir la supuesta lesión, recién activar la presente acción de libertad como medio de defensa’” (las negrillas son nuestras).

III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sobre la verificación de existencia de mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos y oportunos para restituir el derecho a la libertad o procesamiento indebido vinculado a esta, señala que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa. En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”» (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, -se entiende- al debido proceso y a la “…legalidad certeza y objetividad…” (sic); puesto que, el Ministerio Público no actuó de forma objetiva; ya que, en la primera imputación formal presentada en su contra, consignó la presunta comisión del delito de abuso sexual afirmando la existencia de probabilidad de autoría; y en la segunda imputación formal, consignó el delito de violación en grado de tentativa con agravante, y a raíz de ello, la Jueza ahora coaccionada, por Auto Interlocutorio 259/2021 de 24 de abril, sin ingresar al fondo de los requisitos exigidos por el art. 233 del CPP, dispuso su detención preventiva, sin tomar en cuenta además que en su caso existieron tres aprehensiones ilegales. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Auto Interlocutorio 258/2021, la Jueza ahora coaccionada declaró infundado el incidente de ilegalidad de aprehensión planteado por el actual accionante; y en ese mismo acto procesal, el nombrado formuló recurso de apelación incidental (Conclusión II.1.).

Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 259/2021, la Jueza hoy coaccionada dispuso la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que, en el mismo acto procesal, la defensa técnica del antes nombrado interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.2.). En mérito a ello, a través del Auto de Vista 226/2021, el Vocal ahora accionado declaró admisibles los recursos planteados por el accionante y por el Ministerio Público e improcedentes los fundamentos de ambas partes; por lo que, confirmó el Auto Interlocutorio 259/2021 (Conclusión II.3.). Finalmente, por Oficio de 12 de mayo de 2021, la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió al “JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE EL ALTO” (sic) del departamento de La Paz, todos los obrados correspondientes al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante (Conclusión II.4.). Ahora bien, precisados los antecedentes fáctico procesales y delimitado el objeto procesal de la presente acción de defensa, se tiene que el accionante en su memorial de acción de libertad delimitó su reclamo constitucional en la actuación de la Jueza hoy coaccionada por la emisión del Auto Interlocutorio 259/2021 que dispuso su detención preventiva, y en torno a ello, se tiene que el accionante formuló el recurso procesal idóneo que prevé la norma procesal penal, que es la apelación incidental. No obstante, lo anterior, el accionante en ninguna parte de su confuso e impreciso memorial de interposición de la acción de libertad indicó ni nominalmente la formulación del recurso de apelación incidental de 24 de abril de 2021, y que fue resuelto por Auto de Vista 226/2021 de 5 de mayo, limitándose únicamente a consignar el nombre y cargo de César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como autoridad ahora accionada; extremo que también fue reconocido por el referido Vocal hoy accionado en su Informe de acción de libertad, sin que de ninguna manera el contenido de ese fallo de alzada fuera cuestionado o se hayan identificado los puntos que hubiesen generado la posible lesión a los derechos invocados; situación que además se encuentra plenamente respaldada con el petitorio del accionante, que no guarda relación alguna con el último fallo emitido en alzada. A partir de esa carencia motivacional constitucional en la que incurrió el accionante, el mismo limita a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional a pronunciarse respecto al reclamo emergente a la actuación de la Jueza hoy coaccionada, quien a su criterio no consideró que el Ministerio Público no actuó de forma objetiva; puesto que, en la primera imputación formal se consignó la presunta comisión del delito de abuso sexual afirmando la existencia de probabilidad de autoría; y en la segunda imputación formal, se consignó el delito de violación en grado de tentativa con agravante, y a raíz de ello, por Auto Interlocutorio 259/2021, sin ingresar al fondo de los requisitos exigidos por el art. “233.1, 2 y 3” del CPP, dispuso su detención preventiva, sin tomar en cuenta además que en su caso existieron tres aprehensiones ilegales. Con esa delimitación, corresponde considerar que según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, todas las actuaciones de funcionarios policiales o representantes del Ministerio Público, que fueran presuntamente ilegales, y que guarden relación con los derechos a la libertad física o de locomoción, deben ser denunciadas ante el juez que conoce la causa, al ser la instancia competente para conocer las denuncias de posibles vulneraciones de derechos fundamentales que se hubiesen generado dentro del proceso penal. En ese entendido, se reitera que si el accionante considera que el Ministerio Público no actuó de forma objetiva; debido a que, en la primera imputación formal se consignó la presunta comisión del delito de abuso sexual afirmando la existencia de probabilidad de autoría; y en la segunda imputación formal, se consignó el delito de violación en grado de tentativa con agravante; y, que fue ilegalmente aprehendido en tres ocasiones; el nombrado debe acudir ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional de la causa, tal como lo hizo según consta en la revisión del cuaderno constitucional, en el que figura que presentó un incidente de ilegalidad de aprehensión resuelto por Auto Interlocutorio 258/2021, emitido por la Jueza ahora coaccionada. Asimismo, consta que al emitirse el Auto Interlocutorio 259/2021 -de consideración de medidas cautelares-, la Jueza hoy coaccionada, en mérito a la Resolución de imputación formal presentada por el Ministerio Público contra el accionante, éste formuló recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP -el cual ya fue resuelto-, lo que denota una vez más que el nombrado se encuentra activando los mecanismos que prevé la ley procesal penal, a efectos del resguardo de sus derechos. Y más allá de ello, el accionante tiene la posibilidad de seguir haciendo uso de los mecanismos previstos por el Código de Procedimiento Penal para cuestionar las actuaciones del Ministerio Público e incluso las de la Jueza ahora coaccionada conocedora de la causa, sin que ello signifique que acuda a esta vía constitucional paralelamente a activar la jurisdicción ordinaria sin esperar una resolución en la vía ordinaria.

En ese entendido, en consideración a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, que establece que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa mediante los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la jurisdicción constitucional, en el presente caso, se concluye que el accionante no consideró que todavía cuenta con mecanismos procesales específicos de defensa para restituir los derechos invocados como presuntamente lesionados y que deben ser utilizados previamente, o en su caso plantear de manera adecuada la acción tutelar correspondiente, debiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 226/2024 de 23 de abril, cursante de fs. 135 a 136 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad con los fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0213_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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