Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de abril de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la igualdad de partes y a la impugnación; por cuanto sin que, se haya considerado que desde la gestión 2000 prestó sus servicios en el “Concejo Municipal de Trinidad”, como Contadora General y que mediante Resolución Municipal 946/2018 de 17 de octubre, fue designada para atender todo lo relativo al Sistema Administrativo y Financiero como MAE del citado cuerpo colegiado; sin embargo, por Nota G.A.M.T./C.M.T- CITE EXT. 0368/21-22 y Resolución Municipal 1308/2022, ambos de 10 de febrero, le agradecieron los servicios; por tal decisión, formuló recursos de revocatoria y jerárquico, mismos que fueron desestimados mediante las Resoluciones Municipales 1314/2022 de 22 de marzo y 1367/2022 de 26 de mayo; por ello, alega que no se respetó su estabilidad laboral, al trabajar por más de veintiún años en el referido Concejo Municipal; y que, el Alcalde del GAM de Trinidad del departamento del Beni, debió resolver el recurso jerárquico. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 222 a 231, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos conforme al entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0212/2025-S3 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53655-2023-108-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 222 a 231, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesto por Julio César Laverdy Avaroma en representación de Juana Salvatierra Bazán de Vélez contra Lino Richar Mamani Airoja, Presidente; y, Víctor Alfonso Quispe Fernández, Secretario, ambos del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Trinidad del departamento del Beni.
Por memoriales de 9 y 25 de noviembre de 2022, cursantes a fs. 82 a 92 vta.; y, 98 y vta., la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Desde el 14 de junio de 2000, trabajó en diferentes cargos en el Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni; es así que, por Resolución Municipal 964/2018 de 17 de octubre, fue designada para atender todo lo relativo al Sistema Administrativo y Financiero como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del citado Concejo. Sin embargo, a través de la Nota G.A.M.T/CM.T CITE EXT 0368/21-22 de 10 de febrero y la Resolución Municipal 1308/2022 de igual fecha, se agradeció de sus funciones; por lo que, interpuso recurso de revocatoria; por lo cual, fue resuelta mediante Resolución Municipal 1314/2022 de 22 de marzo, en el que se desestimó su recurso y confirmó la cesación laboral, negándole además la cancelación de sus beneficios sociales; contra dicha determinación, formuló recurso jerárquico.
Por su parte, la Resolución Municipal 1367/2022 de 26 de mayo -Resolución Jerárquica- declaró improcedente el citado recurso, argumentando que la vía administrativa fue agotada con la emisión de la Resolución Municipal 1314/2022, no existiendo otra instancia máxima ejecutiva, conforme al art. 69 inc. c) Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0001/2013 de 3 de enero; y, 0003/2018 de 14 de marzo. Añade, que también se vio afectado su derecho a la impugnación; pues, solicitó a los demandados que el recurso jerárquico interpuesto fuese resuelto por el Alcalde del GAM de Trinidad del citado departamento, quien se constituye en la autoridad llamada por Ley para resolver la indicada impugnación -arts. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 66.IV de la LPA-. Concluye que, fue objeto de destitución sin previo proceso disciplinario, además, no existió interrupción en los veintiún años de trabajo en el Concejo del GAM de Trinidad del señalado departamento, denotando así que los años de trabajo generaron derechos adquirido; sin embargo, la Resolución Municipal 1314/2022, no respetó la estabilidad laboral, contraviniendo el Decreto Supremo (DS) 4668 de 16 de febrero de 2022; normativa que protege los derechos laborales adquiridos y prohíbe la afectación a los derechos laborales. Finalmente, alegó que, como persona adulta mayor, tenía derecho a recibir protección con enfoque interseccional por provenir de un grupo vulnerable.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la igualdad de partes y a la impugnación, citando al efecto los arts. 46, 48, 67, 68, 115, 117, 119 y 180 de la CPE; y, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución Municipal 1367/2022; b) Determinar que el Concejo del GAM de Trinidad del Departamento del Beni; remita el recurso jerárquico ante el Alcalde de la mencionada entidad edil; a fin de garantizar el debido proceso en su vertiente al derecho a la defensa y a la segunda instancia; y, c) Sea con costas y costos.
Celebrada la audiencia pública el 11 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 209 a 221, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de representante, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción tutelar y ampliándolo señaló que: 1) El 31 de mayo de 2022, al ser notificada con la Resolución Municipal 1367/2022, que resolvió su recurso jerárquico, activó el presente mecanismo de defensa cumpliendo los principios de inmediatez y subsidiariedad art. 129 de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por ello, la acción de amparo constitucional fue presentada dentro de los seis meses; 2) Fue incorporada en marzo de 2000, al cargo de Contadora del Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni; por lo que, debió aplicarse la Ley Orgánica de Municipalidades de 10 de enero de 1985 y la Ley que incorpora a Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo -Ley 321 de 18 de diciembre de 2012-; al contrario, las Resoluciones municipales que ratificaron su retiró fundaron su decisión en la Ley del Estatuto del Funcionario Público; por otro lado, los aportes por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFPs) dieron cuenta de servicios prestados más de veintiún años en el citado Concejo fueron de manera continua; 3) La SCP “0149/2008-S2”; sostuvo que. uno de los fines del Estado es garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad laboral por la edad, sexo, género y con enfoque interseccional; 4) Se vulneró el derecho a la doble instancia; en vista que, el recurso jerárquico interpuesto debió ser resuelto por el Alcalde de la citada entidad edil, como MAE, conforme lo previsto por el art. 66.II de la LPA; entendimiento asumido por la SCP 0836/2018-S3 de 10 de octubre, que garantiza el principio de impugnación en procesos administrativos o judiciales; y, 5) Los demandados no respetaron su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral por su condición de persona de la tercera edad; por lo que, pidió la restitución laboral en aplicación a la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, que protege a dicho sector de la sociedad.
Lino Richar Mamani Airoja, Presidente del Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni, a través de su representante, por informe escritos presentados el 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2022 y 4 de enero de 2023, cursante de fs. 115 y vta., a 121; y, 193 a 203; y, en audiencia de garantías, manifestó y amplió sosteniendo que: i) El cómputo de los seis meses, debió realizarse desde la notificación con la Resolución Municipal 1314/2022, que resolvió el recurso de revocatoria; por otro lado, la SCP 1377/2015-S2 de 16 de diciembre; sostuvo de manera clara que, la falta de utilización de medios idóneos anula toda posibilidad de ingresar al fondo de una acción tutelar; en razón de que, la accionante interpuso recurso jerárquico inidóneo que no interrumpe el plazo de inmediatez; ii) Se pretende dejar sin efecto la Resolución Municipal “1377” -lo correcto es 1314/2022-; a objeto que, el Ejecutivo Municipal -Alcalde-, resuelva como instancia superior al pleno del Concejo Municipal; pretensión que vulnera los principios de igualdad, independencia y separación de poderes; ya que, no es posible subordinar al citado cuerpo colegiado a determinaciones del Ejecutivo Municipal, puesto que, el art. 12 de la Ley Fundamental, organiza la estructura del poder público por medio de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral; además, las funciones no pueden estar unificadas a un solo órgano, tampoco pueden ser delegables entre sí; iii) La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” -Ley 031 de 19 de julio de 2010-, en sus arts. 12.2 y 3; sostiene que, la autonomía municipal está organizada y estructurada por los órganos legislativo y ejecutivo; asimismo, los arts. 270 y 283 de la Norma Suprema, determinan que, el Gobierno Autónomo Municipal está conformado por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal, y el órgano ejecutivo presidido por un “Alcalde”; el funcionamiento del ejecutivo y Concejo Municipal son totalmente autónomos, cimentada en la división de poderes reforzado por un esquema de equilibrio bajo independencia, separación de poderes y coordinación entre ambos órganos; puesto que, la relación entre ambas entidades autónomas es armónica; y, iv) El “Concejo Municipal de Trinidad”, no vulneró el debido proceso ni la garantía a la impugnación de la accionante; ninguna norma. Víctor Alfonso Quispe Fernández, Secretario del citado Concejo Municipal, por informes escritos presentados el 30 de noviembre de 2022 y 4 de enero de 2023, cursantes de fs. 115 y vta.; y, 193 a 203, y, en audiencia de garantías a través de su representante, señaló que: a) El recurso jerárquico interpuesto por la accionante no contenía fundamentación legal para ser admitida por el “Concejo Municipal de Trinidad”; además, dicha institución no cuenta con una autoridad superior jerárquica; por lo que, la interposición del presente mecanismo de defensa no podría ampliar o determinar que el Ejecutivo Municipal; b) La Resolución Municipal 1314/2022 -recurso de revocatoria-; de manera clara y precisa determinó que, la instancia administrativa fue agotada; por lo que, el plazo de seis meses debió computarse desde la emisión de dicha decisión para formular la presente acción tutelar; c) La SCP 0431/2012 de 22 de junio, sostuvo que, cuando se demanda a un tribunal, la citación debe efectuarse a todos los miembros del cuerpo colegiado; por ello, el mecanismo de defensa no debió considerar a los nueve concejales como terceros interesados sino desde un primer momento debió demandarse a todos como Tribunal colegiado y no solo al Presidente y Secretario del referido Concejo; d) La accionante en audiencia de garantías solicitó la restitución a su fuente laboral; no obstante, en su demanda tutelar pidió dejar sin efecto la Resolución Municipal 1377/2022 -recurso jerárquico- y se envié al Ejecutivo Municipal a objeto que el resuelva al ser la MAE de la institución edil; y, e) El Concejo del GAM de Trinidad, no cometió acto ilegal, tampoco alguna omisión que haya restringido los derechos fundamentales de la peticionante de tutela; por lo que, pidió se deniegue la tutela impetrada.
Cristhian Miguel Cámara Arratia, Alcalde del GAM de Trinidad del departamento del Beni, a través del informe escrito presentado el 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 127 a 128 vta., indicó que: 1) El Ejecutivo Municipal no tuvo relación contractual alguna con la accionante, dicha funcionaria trabajó en el Concejo Municipal de la citada localidad; si bien, la institución del Concejo forma parte de la entidad edil -art. 283 de la CPE-, sin embargo, son instituciones diferentes según las funciones, atribuciones y competencias establecidas en la Ley 482 -Ley de Gobiernos Autónomos Municipales; y, la Ley 031; 2) El Gobierno Municipal no se “inmiscuye” sobre sueldos, beneficios sociales y la “contratación” de personal en el mencionado Concejo; ya que, son aspectos exclusivos del Concejo Municipal; por otro lado, se alegó la lesión al derecho a la impugnación en razón a que, su persona como Alcalde debía resolver el recurso jerárquico, pedido que no puede ser atendida en razón a los principios de independencia y separación de poderes que existe entre los Gobiernos Autónomos Municipales y Concejos Municipales; y, 3) Los indicados principios implican que ningún órgano puede afectar en sus acciones, atribuciones y competencias; así como, el ejercicio de la titularidad en las funciones constitucionales están de forma separada; siendo importante aclarar que, la organización del ente y Concejo municipal deben respetar los principios de independencia y separación de poderes, no pueden ser unidos a un solo órgano ni delegables entre sí; por ello, no existe dependencia jerárquica en ambas instituciones. Elena Gutiérrez Nava de Zambrana, Mauricio Borda Iriarte, Carla Roxana Sittyc Becerra y Rodney Yacir Mercado Vaca, todos Concejales del Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni, a través de sus representantes, por medio de informe escrito presentado el 4 de enero de 2023, cursante de fs. 193 a 203; pidieron se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: i) La acción de amparo constitucional se interpuso contra el Presidente y Secretario del “Concejo Municipal de Trinidad” -ahora demandados-, y no así contra toda la institución municipal como tribunal colegiado; situación que, debió ser subsanada por parte de la accionante no obstante, fueron citados en calidad de terceros interesados cuando debieron estar como demandados; ii) El petitorio de la acción tutelar, únicamente hace referencia que se deje sin efecto la Resolución Municipal 1367/2022 -recurso jerárquico-; además, solicitó que el referido Concejo, remita el recurso jerárquico a efecto de garantizar el debido proceso y sea resuelto por el Ejecutivo Municipal -Alcalde-, pretensión que no puede ser atendida porque en el Concejo Municipal, no existe otra autoridad superior al pleno Municipal; argumentó que, se expuso en la emisión de la Resolución Municipal 1367/2022 -recurso jerárquico- al determinar que la vía administrativa fue agotada; por tal motivo, no lesionaron ningún derecho fundamental o garantías constitucionales en la emisión de las decisiones municipales; y, iii) De la documentación ofrecida en calidad de prueba dentro de la acción de amparo constitucional, no existe un solo documento que haga plena prueba o respalde la supuesta vulneración a los derechos alegados de lesionados, es más, ni siquiera individualizó quienes fueron las autoridades que aprobaron las Resoluciones municipales.
Bettsy Ortíz Villarroel, Concejal del Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni, a través de su representante, por informe escrito presentado el 4 de enero de 2023, cursante de fs. 193 a 203, y en audiencia de garantías, pidió se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: a) La acción de amparo constitucional fue interpuesta fuera de los seis meses; en vista a que, la Resolución Municipal 1314/2022 -recurso de revocatoria- fue la que lesionó los derechos fundamentales de la impetrante de tutela, circunstancia demostrada por el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) El Concejo del GAM de Trinidad, no vulneró ni suprimió el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de la prenombrada; puesto que, la accionante no se encuentra bajo protección de la Ley General del Trabajo ni del Decreto Supremo (DS) 4668 de 17 de febrero de 2022, si bien ingresó a desempeñar funciones desde el 2000 al citado Concejo Municipal en aplicación de la Ley 2028 -vigente en ese tiempo-; normativa que, no reconocía la aplicación del régimen de la LGT a favor de los trabajadores municipales; y, c) La impetrante de tutela en la acción tutelar solicitó la remisión del Recurso jerárquico ante el Alcalde municipal de Trinidad, cuando la Norma Suprema, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” indican y definen claramente la división de órganos entre el órgano Ejecutivo y el Concejo Municipal; es decir, cada institución posee separación de funciones y competencias. Martha Yañez Hurtado, Mezoth José Shriqui Rapp, Aleida Barboza Gil, Arnoldo Sebastián Méndez Abuwad, todos Concejales de GAM de Trinidad, a través de su representante, en audiencia de garantías, se adhirieron a lo expuesto por el demandado. Martha Carrasco Justiniano, por escrito presentado el 2 de diciembre de 2022, y en audiencia de garantías, a través de su representante, pidió se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: 1) Se adhirió a los argumentos expuestos por los demandados; asimismo, manifestó que, el art. 15 de la LGAM señala que, los Gobiernos Autónomos Municipales están conformados por un órgano legislativo y administrativo, mismos gozan de independencia y separación de poderes; y, 2) Los arts. “6 y 12 inc. c)” de la LMAD, otorgan potestad al pleno del Concejo Municipal para la designación de la MAE del mencionado Concejo.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento del Beni, por Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 222 a 231, concedió la tutela impetrada; disponiendo que, las autoridades demandadas de manera inmediata reincorporen a la accionante al cargo que ocupaba -Jefa de Sistemas de Contabilidad y Tesorería-; antes de ser promovida como MAE del Concejo del GAM de Trinidad del citado departamento; asimismo, el pago de sueldos devengados desde su desvinculación hasta que sea efectiva la reincorporación, otorgando quince días de plazo para realizar trámites administrativos respectivos; decisión con base en los siguientes fundamentos: i) El 31 de mayo de 2022, se notificó a la impetrante de tutela con la Resolución Municipal 1367/2022 -decisión que resolvió el recurso de revocatoria como última Resolución- y la interposición de la acción tutelar fue el 25 de noviembre de igual año, bajo ese marco, los principios de inmediatez y subsidiariedad se encuentran cumplidos para su análisis; ii) En la audiencia suspendida -30 de noviembre de 2022-, se ordenó la notificación a los miembros del “Concejo Municipal”, al Alcalde del GAM de Trinidad y a Martha Carrasco Justiniano como terceros interesados; iii) La Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0617/2016-S2 de 30 de mayo y 0913/2016-S2 de 26 de septiembre; sostienen que, el nexo de causalidad entre la causa de pedir y el petitorio podrían ser subsanados incluso en audiencia pública; bajo esa circunstancia, la impetrante de tutela pidió la reincorporación al anterior puesto que ocupaba; asimismo, la justicia constitucional otorga la facultad de reconducir acciones constitucionales para grupos que requieren protección reforzada, evidenciando que la prenombrada es persona adulta mayor, pues nació el 29 de agosto de 1950; lo que, conlleva a establecer un grado de vulnerabilidad; y, iv) A través de la Resolución Municipal 386/2015, el citado Concejo Municipal, otorgó a la accionante una plaqueta de reconocimiento “Honor al Mérito”, por haber desempeñado varias funciones en diferentes cargos -Contadora General, Jefe de Sistemas de Contabilidad, Contadora General- del indicado cuerpo colegiado; sin embargo, por Resolución Municipal 1308/2022 y la Nota G.A.M.T./CM.T.- CITE EXT 0368/21-22, se agradeció sus servicios en todos los cargos que cumplió funciones, advirtiéndose que trabajó de manera ininterrumpida veintiún años en el Concejo del GAM de Trinidad. La justicia constitucional debe establecer y basarse en la verdad material; puesto que, la solicitante de tutela fue promovida al cargo de MAE, cuando antes ostentaba otro cargo en la institución; siendo lógico, justo y equitativo a momento de cesarla volverla a sus funciones anteriores como Contadora General, Jefa de Sistema de Contabilidad o tesorería; en razón a que, en los recursos de revocatoria y jerárquico; se advierte que, la petición estaba enmarcada a la restitución a la fuente laboral que venía desempeñando antes de ser promovida como MAE del referido Concejo Municipal; solicitud que, también se encontró identificada en esta acción tutelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum CITE 04/2000 de 14 de junio, Roberto Seoane Hurtado, entonces Presidente del Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni, designó a Juana Salvatierra Bazán de Vélez -accionante- al cargo de Contadora General de medio tiempo del citado Concejo Municipal; asimismo, por Resolución Municipal 964/2018 de 17 de octubre; Gardenia Barboza Vaca, Presidenta y Carmen Justiniano Vaca, Secretaria, ambas del mencionado cuerpo colegiado designaron a la impetrante de tutela como MAE del referido Concejo Municipal (fs. 17; y, 24 a 25). II.2. Mediante Nota G.A.M.T./C.M.T- CITE EXT. 0368/21-22 de 10 de febrero de 2022 y Resolución Municipal 1308/2022 de igual data; Rodney Yacir Mercado Vaca, y Arnoldo Sebastián Méndez Abuawad; entonces Presidente y Secretario, respectivamente del Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni, cesaron a la peticionante del cargo de MAE de la indicada institución municipal (fs. 26 a 28). II.3. A través de la Resolución Municipal 1314/2022 de 22 de marzo, el entonces Presidente y Secretario del Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni, confirmaron la Nota 0368/21-22 y la Resolución Municipal 1308, desestimando el recurso de revocatoria deducido con base en el art. 57 de la LPA (fs. 29 a 35; y, 37 a 60). II.4. Por Nota G.A.M.T./C.M.T- CITE EXT. 039121-22 de 23 de marzo, la indicada fecha, fue notificada la impetrante de tutela con la Resolución Municipal 1314/2022 (fs. 36). II.5. Mediante memorial presentado el 6 de abril de 2022, la accionante, planteó recurso jerárquico contra la Resolución Municipal 1314/2022; solicitando que, el Alcalde del GAM de Trinidad departamento del Beni; en su calidad de MAE resuelva dicho recurso, procediendo con: a) La anulación y archivo de obrados por ser un proceso administrativo carente de sustento legal; b) Se levanten medidas precautorias; y, c) La restitución a su anterior cargo como Contadora del “Concejo Municipal de Trinidad” (fs. 61 a 71 vta.). II.6. Por Resolución Municipal 1367/2022 de 26 de mayo, Lino Richar Mamani Airoja, Presidente y Víctor Alfonso Quispe Fernández, Secretario, ambos del Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni -demandados-; declararon improcedente el recurso jerárquico deducido, alegando que no existía autoridad u órgano jerárquicamente superior al citado Concejo Municipal, agotándose así la vía administrativa, conforme lo previsto al art. 69 inc. c) de la LPA (fs. 73 a 80).
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la igualdad de partes y a la impugnación; por cuanto sin que, se haya considerado que desde la gestión 2000 prestó sus servicios en el “Concejo Municipal de Trinidad”, como Contadora General y que mediante Resolución Municipal 946/2018 de 17 de octubre, fue designada para atender todo lo relativo al Sistema Administrativo y Financiero como MAE del citado cuerpo colegiado; sin embargo, por Nota G.A.M.T./C.M.T- CITE EXT. 0368/21-22 y Resolución Municipal 1308/2022, ambos de 10 de febrero, le agradecieron los servicios; por tal decisión, formuló recursos de revocatoria y jerárquico, mismos que fueron desestimados mediante las Resoluciones Municipales 1314/2022 de 22 de marzo y 1367/2022 de 26 de mayo; por ello, alega que no se respetó su estabilidad laboral, al trabajar por más de veintiún años en el referido Concejo Municipal; y que, el Alcalde del GAM de Trinidad del departamento del Beni, debió resolver el recurso jerárquico. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0950/2014 de 23 de mayo, señaló que: «Tal como se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, la inmediatez constituye uno de los principios configuradores de las acciones de amparo constitucional. Al respecto de este principio, la Constitución Política del Estado en el art. 129.II señala: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa judicial”. Por su parte, el art. 55 del CPCo, hace referencia a la inmediatez al señalar: “(PLAZO PARA INTERPOSICION DE LA ACCION) I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o conocido el hecho. (…)”. La jurisprudencia constitucional, al respecto del termino establecido de seis meses, considerando que este obedece al principio de preclusión ha señalado a través de la SCP 0885/2012 de 20 de agosto: “…dicha acción tutelar no procederá, cuando haya transcurrido el plazo para interponerlo; aspecto que está relacionado con la presentación extemporánea de la acción; es decir, fuera del plazo máximo de seis meses, término que se encuentra sustentado en el principio de preclusión; por cuanto, las partes no pueden pretender que el órgano jurisdiccional constitucional de manera irrestricta se encuentre a su disposición para otorgar protección; por ello, dentro de ese nuevo orden constitucional, el constituyente ha establecido el plazo máximo de seis meses para que la persona afectada por una acción u omisión ilegales o indebidas que supriman o amenacen restringir o suprimir derechos, pueda acudir ante la jurisdicción constitucional, a fin de obtener el restablecimiento de sus derechos y garantías supuestamente vulnerados; así la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, respecto al principio de inmediatez señaló que: '…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidosʼ”. De igual forma la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación al inició del cómputo del plazo de los seis meses, cuando se impugnan resoluciones judiciales o administrativas, menciona: “…el inicio del cómputo del plazo de los seis meses debe ser, como se señaló, a partir de la comisión de los actos denunciados o de notificada la última decisión administrativa o judicial, cuando existan medios idóneos y específicos, ya que:´…cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional´(SC 0079/2007-R de 23 de febrero). En ese contexto, la SC 0521/2010-R de 5 de julio, señaló que: ʽA efectos de un correcto cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, teniendo en cuenta el plazo prudencial para la interposición del amparo y su naturaleza subsidiaria -que encarna el agotamiento en la misma vía de medios idóneos-debe ser modulado en los siguientes términos: 1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneosʼ”. En este entendido, el principio de inmediatez, sustentado el mismo en el principio de preclusión de los derechos para demandar, implica que la acción de amparo puede interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial idónea, ya que no se puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a disposición en forma indefinida a efecto de la tutela de derechos y garantías constitucionales. Consecuentemente, cuando se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, el inicio del cómputo del plazo de los seis meses debe ser, a partir de la comisión de los actos denunciados o de notificada la última decisión administrativa o judicial cuando existan medios idóneos y específicos, toda vez que cuando se reclama ante instancias no competentes, por medios inidóneos o de forma extemporánea, éstos no interrumpen el plazo establecido de caducidad en las acciones de amparo constitucional, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica que impida la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional» (negrillas añadidas).
Sobre el tópico, SC 0595/2010-R de 12 de julio, sostuvo que: “…la concesión u otorgación de tutela dada la finalidad protectora de derechos fundamentales, tiene efecto inmediato, independientemente de la revisión de oficio que por mandato constitucional está encomendada al Tribunal Constitucional. Aspecto que en lo pertinente no ha variado de la anterior Constitución. Los jueces o tribunales de garantías constitucionales son los responsables de velar por el cumplimiento de su resolución, teniendo la potestad de remitir antecedentes al Ministerio Público para su juzgamiento penal a quienes se resistan, es decir que quien vulnera derechos fundamentales no sólo está sujeto a responsabilidad civil sino también a responsabilidad penal. Lo propio cuando el Tribunal Constitucional les remite la Sentencia Constitucional, son los Jueces y Tribunales de garantías quienes deben ejecutar el fallo. En caso de que este Tribunal en grado de revisión de oficio, revoca la concesión u otorgación de tutela dispuesta por el juez o tribunal de garantías, y en consecuencia deniega la tutela, el proceso judicial o administrativo, o actos demandados, vuelven al estado en que se encontraba al momento de la interposición de la acción de defensa, quedando sin efecto lo emergente de la disposición del tribunal de garantías; no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”.
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la igualdad de partes y a la impugnación; por cuanto, sin que se haya considerado que desde el 2000 prestó sus servicios en el Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni, como Contadora General y que mediante Resolución Municipal 946/2018 de 17 de octubre, fue designada para atender todo lo relativo al Sistema Administrativo y Financiero como MAE del citado cuerpo colegiado; no obstante, por Nota G.A.M.T./C.M.T- CITE EXT. 0368/21-22 y Resolución Municipal 1308/2022 y Resolución Municipal 1308/2022, ambos de 10 de febrero, le agradecieron los servicios; por tal decisión, formuló recursos de revocatoria y jerárquico, mismos que fueron desestimados mediante las Resoluciones Municipales 1314/2022 de 22 de marzo y 1367/2022 de 26 de mayo; por ello alega que, no se respetó su estabilidad laboral, al trabajar por más de veintiún años en el citado Concejo Municipal y que el Alcalde de la citada entidad edil, debió resolver el recurso jerárquico.
Del análisis de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional; se tiene que, la solicitante de tutela por Memorándum CITE 04/2000 de 14 de junio, ingresó a trabajar al Concejo del GAM de Trinidad del departamento del Beni, como Contadora General y de forma posterior fue designada mediante Resolución Municipal 964/2018, como MAE del citado Concejo (Conclusión II.1); sin embargo, mediante Nota G.A.M.T./CM.T-CITE EXT. 0368/21-22 y Resolución Municipal 1308/2022, la mencionada entidad edil, la cesó del cargo como MAE (Conclusión II.2); es así que, a través del escrito presentado, formuló recurso de revocatoria contra la mencionada Nota y Resolución Municipal; sustanciado y resuelto por la Resolución Municipal 1314/2022, desestimando dicho medio de impugnación con base al art. 57 de la LPA (Conclusión II.3); Resolución notificada a la impetrante de tutela el 23 de marzo de 2022, a través de la Nota G.A.M.T./C.M.T- CITE EXT. 039121-22 (Conclusión II.4). Aún en desacuerdo, el 6 de abril de 2022, la impetrante de tutela presentó recurso jerárquico; solicitando que, el Alcalde del GAM de Trinidad del departamento del Beni, resuelva la indicada impugnación, procediendo con la: 1) Anulación y archivo de obrados por ser un proceso administrativo carente de sustento legal; 2) Se levanten medidas precautorias; y, 3) La restitución a su anterior cargo como Contadora del “Concejo Municipal de Trinidad”; empero, a través de la Resolución Municipal 1367/2022, el Presidente y Secretario -ahora demandados-, declararon improcedente el indicado recurso; alegando que, no existía otra autoridad u órgano jerárquicamente superior al citado Concejo Municipal, agotándose así la vía administrativa, conforme lo previsto al art. 69 inc. c) de la LPA (Conclusiones II. 5 y 6). En ese contexto, previo a ingresar a considerar los hechos denunciados a través de la presente acción tutelar, como labor inicial es necesario verificar el cumplimiento de los componentes de procedencia relacionados con el principio de inmediatez. Para ello, es preciso remitirnos a lo señalado en la LPA; instrumento legal que, fue aplicada en los recursos de revocatoria y jerárquico, así se tiene lo siguiente sobre el agotamiento de instancia: ARTÍCULO 69 (Agotamiento de la vía Administrativa).- La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes: (…) c) Cuando se trate de resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario” (negrillas añadidas). En ese sentido, del texto normativo citado precedentemente, se tiene como conclusión determinativa la imposibilidad de la presentación de recurso jerárquico, contra la Resolución Municipal 1314/2022, ello ante la inexistencia de una autoridad superior a la MAE del citado Concejo Municipal demandado; motivo por el cual, la vía administrativa quedó agotada con la emisión y consiguiente notificación de la Resolución Municipal 1314/2022, que resolvió el recurso de revocatoria, sin posibilidad de planteamiento de Recurso jerárquico. Bajo ese mismo entendimiento, es necesario traer a colación lo glosado por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; que estableció que, la acción de amparo constitucional no procede cuando ha sido interpuesta fuera del plazo para su interposición; es decir, cuando la acción de amparo constitucional haya sido planteada fuera del término previsto por el art. 55.I del CPCo, el cual determina: “La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o conocido el hecho”. Asimismo, en el referido Fundamento Jurídico, se señaló también que, en el caso de trámites administrativos y judiciales, el plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, debe ser computado a partir de la comisión de los actos denunciados o de notificada con la última decisión administrativa o judicial cuando existan medios idóneos y específicos; ya que, cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, estos no pueden interrumpir el plazo de los seis meses de caducidad. De tal situación, considerando que la accionante fue notificada con la Resolución Municipal 1314/2022 -recurso de revocatoria- el 23 de marzo de 2022; y, que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 25 de noviembre de 2022 -fs. 1-; en la cual se advierte que, transcurrieron ocho meses y dos días, plazo que supera el límite de seis meses establecido por los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo para la defensa de derechos fundamentales. Consiguientemente, al haber transcurrido el tiempo máximo permitido; sin que, la solicitante de tutela haya hecho valer oportunamente sus derechos fundamentales, esta instancia constitucional se encuentra impedida de analizar el fondo del reclamo, correspondiendo denegar la tutela solicitada.
Dada la situación fáctica del caso concreto, es pertinente analizar los efectos de la concesión de la tutela inicialmente otorgada por la Resolución 02/2023 de 11 de enero, de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento del Beni, al haber dispuesto la reincorporación de la accionante al cargo de Jefa de Sistemas de Contabilidad y Tesorería; y, el pago de sueldos devengados, desde su desvinculación hasta su efectiva reincorporación. De acuerdo con el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en caso que en grado de revisión la tutela primigeniamente otorgada sea revocada y denegada, “…el proceso judicial o administrativo, o actos demandados, vuelven al estado en que se encontraba al momento de la interposición de la acción de defensa, quedando sin efecto lo emergente de la disposición del tribunal de garantías…” ; en el presente caso ocurre precisamente ello; por lo que, corresponde que la situación jurídica de la accionante vuelva al estado anterior al planteamiento de la acción, es decir, sin derecho a ninguna reincorporación laboral ni al pago de sueldos devengados.
Sin embargo, es también necesario establecer que ante la eventualidad del desarrollo de los hechos, se hayan generado diversos escenarios -que a efectos de precisión- deben ser analizados conforme a lo siguiente: Respecto de la reincorporación, la misma generó que la accionante haya asumido tanto responsabilidades como derechos durante el espacio de tiempo entre la Resolución 02/2023 de 11 de enero y la notificación con el presente fallo constitucional; consecuentemente a partir de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, todos los actos desarrollados en este periodo, se reputarán como válidos, concretamente la emisión de registros, informes y todo acto administrativo relativo a sus funciones, lo mismo ocurrirá con la percepción de salarios durante este periodo, puesto que es inadmisible la prestación de trabajo sin una retribución justa; asimismo los actos derivados de ello, como una eventual renuncia o el acogimiento a la jubilación durante este periodo también serán reputados como válidos, con la siguiente salvedad: Respecto a los sueldos y salarios devengados, ante la revocatoria y denegatoria de la tutela, el pago de salarios devengados no surte ningún efecto legal; puesto que, la otorgación de la tutela que la sustentaba quedó sustraída, de ahí que, su percepción es contraria a los efectos de la denegatoria de la tutela, consecuentemente, de haberse procedido al pago de los mismos, el GAM de Trinidad del departamento del Beni, deberá iniciar los trámites correspondientes a efectos de su restitución; correspondiendo en consecuencia disponer que en caso de haber percibido salarios devengados desde su desvinculación emergente de la Nota G.A.M.T./C.M.T- CITE EXT. 0368/21-22 de 10 de febrero y la RM 1308/2022 de igual fecha, hasta su reincorporación por efecto de la Resolución de la citada Sala Constitucional; a cuyo efecto, se reitera, el GAM de Trinidad, deberá iniciar las acciones respectivas para su restitución. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 222 a 231, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos conforme al entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0212_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8f3a37442a525054b4746d2a53a7f426386c56aeae5fcadca54c696605ef08ea
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