Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de abril de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante alega la lesión de su derecho a la “libre locomoción”, puesto que, al resolver una solicitud de revocatoria de medidas cautelares en su contra: 1) El Juez codemandado: i) Actuó sin competencia ya que existía una acusación formal en su contra; por consiguiente, el entendimiento de que, la competencia del juez de instrucción persiste en tanto la causa no se radique ante un juez o tribunal de sentencia, no es aplicable para revocar su libertad; y, ii) Se les privó de manera ilegal de su libertad, ya que los delitos por los que fueron acusadas es superior a un año, correspondiendo la atenuación de su sanción, por lo que no existe pena fija determinada en su calidad de cómplices y no procede en su caso la detención preventiva; y, 2) El Vocal demandado señaló que el actuar del Juez codemandado, respecto a su competencia, era correcto; que la complicidad no tiene pena determinada; y, sin considerar que aún no se sustanció el juicio oral, su sanción sería de dos terceras partes y superaría los seis años, cuando tales extremos no tienen sustento en ninguna norma penal. Ante ello, el Vocal demandado señala que la calificación provisional que sirvió de base para la imposición de medidas cautelares y que la realizada por la acusación particular, ya no atribuía a las impetrantes de tutela la comisión del hecho en grado de complicidad, sino de autoría.
El Juez codemandado sostiene que carece de legitimación pasiva. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 85 a 87, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0212/2025-S2 Sucre, 7 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50578-2022-102-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 04/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 85 a 87, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cindy Cecilia y Carmen Tatiana, ambas Cabrera Murillo, contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del citado departamento.
Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1 y 59 a 63 vta., las accionantes manifiestan lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato con agravación de víctimas múltiples en grado de complicidad, Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro -codemandado-, determinó en su contra la imposición de medidas cautelares menos gravosas que la detención preventiva, ya que, existía una causal de improcedencia -no refiere cual- de la extrema medida. El 16 de agosto de 2022, la representación del Ministerio Público emitió un requerimiento conclusivo de acusación fiscal en su contra; sin embargo, el Juez codemandado, careciendo de competencia y sin considerar esa causal de improcedencia, llevó a cabo una audiencia de revocatoria de medidas cautelares el 19 del mismo mes y año, en la cual dispuso su detención preventiva. Dicho fallo fue recurrido en apelación y resuelto en audiencia de 15 de septiembre de 2022 por Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, declarando la improcedencia del recurso y fundando su decisión en que el quantum de la pena superaría los seis años y que, además, la competencia del Juez codemandado se mantenía vigente, ya que, no existía radicatoria ante otro juez o tribunal.
Las accionantes alegan la lesión de su derecho a la “libertad de locomoción” -se entiende en vinculación al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación-, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se dejen sin efecto el Auto Interlocutorio 283/2022 de 19 de agosto y Auto de Vista 248/2022 15 de septiembre; y, b) En el plazo de veinticuatro horas, el “…Juez de Sentencia Penal No. 5 instale la audiencia de Revocatoria de Medidas Cautelares y en la misma resuelva la solicitud de revocatoria de medidas cautelares de la parte victima observando las causales de improcedencia de la detención preventiva conforme el Art. 232 Num. 6 del C.P.P., sea conforme a ley” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 81 a 84 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes, a través de su abogado, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia de garantías, manifestaron lo siguiente: 1) El Juez codemandado no consideró la indeterminación que generó la circunstancia atenuante prevista en el art. 39 del Código Penal (CP) en la calificación provisional ofrecida por la representación fiscal y su implicancia en la causal de improcedencia de la detención preventiva prevista en el art. 232 “…en su numeral IV” (sic) -siendo lo correcto el art. 232.I.6- del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) Al no ser precisa la pena prevista para los delitos que se les atribuye -en mérito a la atenuación que ofrece la complicidad como el grado de autoría atribuido-, la autoridad codemandada debió aplicar el principio de favorabilidad, concluyendo en la improcedencia de la detención preventiva en virtud a la causal antes descrita; 3) El entendimiento jurisprudencial que permite que los jueces de instrucción resuelvan la situación jurídica de las personas imputadas, aun existiendo pliego acusatorio -siempre y cuando no existiera radicatoria ante otro juez o tribunal-, es únicamente aplicable en virtud al principio pro homine, por lo que, dicho entendimiento no puede ser utilizado para prorrogar la competencia de las mencionadas autoridades con el objeto de restringir el derecho a la libertad de locomoción de las personas en el análisis de una solicitud de revocatoria de medidas cautelares; y, 4) El Vocal demandado concluyó en la improcedencia del recurso planteado, debido a que no reclamaron la falta de competencia del Juez codemandado en audiencia de 16 de agosto de 2022; empero, dicho razonamiento es erróneo, ya que, dicha autoridad debió considerar y aplicar aun de oficio la causal de improcedencia de la detención preventiva antes mencionada.
Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se adhirió a lo manifestado por el Juez codemandado, añadiendo que la calificación provisional que sirvió de base para la imposición de medidas cautelares contra las ahora accionantes fue realizada por la acusación particular en el proceso penal de referencia, en el cual ya no se les atribuía la comisión de los delitos de estafa y estelionato con agravante de víctimas múltiples en grado de complicidad, sino de autoría; aspectos que hacían viable la aplicación de la medida cautelar más gravosa prevista por la ley Adjetiva Penal y, por lo mismo, inaplicable la causal de su improcedencia prevista en el art. 232.I.6 del CPP; además, en el caso concreto, se probó la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234 del CPP, porque las impetrantes de tutela salían al exterior; por lo tanto, existen dos requisitos para la revocatoria. Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: i) No cuenta con legitimidad pasiva, por cuanto la autoridad de cierre, ante la interposición del recurso de apelación incidental presentado por las impetrantes de tutela, es precisamente el Vocal demandado que conoció dicha impugnación; ii) La competencia de su autoridad se mantuvo ante la existencia de cuestiones incidentales pendientes, fundamento que es sostenido por la “jurisprudencia”; y, iii) El marco de previsibilidad otorgado por la calificación provisional ofrecida por el Ministerio Público para el caso en concreto hace inaplicable la causal de improcedencia de la detención preventiva cuya inobservancia alega la parte peticionante de tutela, por cuanto ésta ronda de uno a seis años y seis meses de privación de libertad.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 04/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 85 a 87, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La parte accionante tenía pleno conocimiento del plazo de diez días que les fue otorgado para cumplir con determinadas medidas -como ser el arraigo y la presentación de fiadores-, mismas que no fueron efectivizadas; es por ello que, a raíz de ese incumplimiento, se señaló audiencia para considerar la revocatoria de las mismas; b) El caso concreto no versa únicamente en la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, sino que se cuenta con una agravación por víctimas múltiples; y, c) Si bien el proceso ya estaba sorteado ante un juzgado de sentencia al momento de analizarse la solicitud de revocatoria, el mismo no estaba radicado y contaba con un señalamiento de audiencia previo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio 453/2022 de 19 de agosto pronunciado por el Juez demandado, se resolvió la solicitud de revocatoria de medidas cautelares impetrada por María Luz Rocha Titichoca, María Eugenia Cejas Cáceres y Katia Andrea Apaza Apaza, ordenando la detención preventiva de las accionantes, “…sin establecimiento de plazo a merced a la etapa procesal que se va a desarrollar, por la existencia de un requerimiento conclusivo” (sic [fs. 44 a 47]). II.2. Mediante Auto de Vista 248/2022 de 15 de septiembre, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, declaró la improcedencia del recurso presentado por las impetrantes de tutela y, en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio detallado en la Conclusión II.1 (fs. 78 a 80 vta.).
La parte accionante alega la lesión de su derecho a la “libre locomoción”, puesto que, al resolver una solicitud de revocatoria de medidas cautelares en su contra: 1) El Juez codemandado: i) Actuó sin competencia ya que existía una acusación formal en su contra; por consiguiente, el entendimiento de que, la competencia del juez de instrucción persiste en tanto la causa no se radique ante un juez o tribunal de sentencia, no es aplicable para revocar su libertad; y, ii) Se les privó de manera ilegal de su libertad, ya que los delitos por los que fueron acusadas es superior a un año, correspondiendo la atenuación de su sanción, por lo que no existe pena fija determinada en su calidad de cómplices y no procede en su caso la detención preventiva; y, 2) El Vocal demandado señaló que el actuar del Juez codemandado, respecto a su competencia, era correcto; que la complicidad no tiene pena determinada; y, sin considerar que aún no se sustanció el juicio oral, su sanción sería de dos terceras partes y superaría los seis años, cuando tales extremos no tienen sustento en ninguna norma penal. Ante ello, el Vocal demandado señala que la calificación provisional que sirvió de base para la imposición de medidas cautelares y que la realizada por la acusación particular, ya no atribuía a las impetrantes de tutela la comisión del hecho en grado de complicidad, sino de autoría.
El Juez codemandado sostiene que carece de legitimación pasiva. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señaló que: “Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar'. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, las figuras atenuadas o agravadas son modalidades específicas del delito, las cuales cuentan con una descripción abstracta para su comisión -supuesto normativo- y una sanción específica -consecuencia jurídica-; es por ello que las mismas se encuentran previstas en el catálogo de delitos establecido en el Libro Segundo del Código Penal, es decir, en su Parte Especial. Un ejemplo de figura delictiva agravada es la prevista para el delito de robo, el cual cuenta con una figura de este tipo en el art. 332 del CP, estableciendo otros supuestos normativos -como ser el robo armado- y una sanción -de tres a diez años de privación de libertad-, misma que difiere de la prevista para un robo convencional -de uno a cinco-.
Por otra parte, las circunstancias atenuantes o agravantes son elementos contextuales que, en su caso, agravan o atenúan la pena impuesta y su aplicación está prevista para el juez o tribunal de sentencia al momento de realizar la labor lógica-jurídica inherente a la fijación judicial de la pena, tal como establece el art. 37 del CP cuando prevé: “Compete al Juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito: 1) Tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso. 2) Determinar la pena aplicada a cada delito, dentro de los límites legales” (las negrillas nos corresponden). Esos límites legales a los que hace referencia la norma citada ut supra es el margen de apreciación que tiene el juez al momento de determinar la pena a aplicarse en compulsa de -entre otras- las circunstancias del hecho. Dentro de estas circunstancias a las que hace referencia dicha norma, se encuentran las circunstancias agravantes o atenuantes, como ser las establecidas en los arts. 39, 40, 40 Bis, 44 y 45 del CP; las cuales no establecen una pena fija, sino que disponen la reducción o adición de la pena a determinarse dentro de los límites legales previstos para cada delito. En conclusión, si bien las figuras y circunstancias agravantes o atenuantes guardan una similitud en el hecho de que ambas modifican la pena en alguna medida, su distinción radica en: a) Su naturaleza, ya que las primeras son modalidades específicas de comisión del delito y, las segundas, elementos contextuales del hecho delictivo; y, b) La determinación de la sanción, en función a que las primeras establecen una pena particular para dicho modo de comisión y las segundas determinan -en su caso- el aumento o reducción de la pena, ya en el análisis de su imposición dentro de los límites legales. Con base en lo anterior, en resguardo de la presunción de inocencia, también es necesaria la distinción entre la sentencia que resuelve la inocencia o culpabilidad del imputado y las medidas cautelares que buscan que la sentencia -en su caso condenatoria- pueda cumplirse. En ese entendido, el objeto de la acción penal se encuentra definido en el art. 14 del CPP, cuando establece que la acción penal nace para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad; ergo aplicar la ley en sentido estricto mediante un pronunciamiento de fondo. Por su parte, las medidas cautelares constituyen un instrumento para asegurar el resguardo de los bienes del proceso, traducidos en asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del mismo y la aplicación de la ley, tal como establece el art. 221 del CPP. Por consiguiente, estas no constituyen una determinación de responsabilidad penal anticipada y no importan la imposición de una sanción al responsable, ya que las mismas no tienen existencia autónoma, sino que su existencia radica en la necesidad de asegurar que el imputado no evada la acción de la justicia o, lo que es lo mismo, la aplicación efectiva de la ley. Finalmente -y en mérito a todo lo expuesto-, abordar cuestiones que hacen al objeto de la sentencia, como es la determinación de la pena a imponerse, en el análisis de problemáticas inherentes al régimen de medidas cautelares, es impertinente; ya que, en nuestra economía procesal, la pena es determinada e impuesta después que fue comprobada la existencia del hecho y la responsabilidad penal del agente mediante un pronunciamiento de fondo sobre “…la comisión del hecho punible y la absolución o condena del imputado…” en sentencia, conforme establece el art. 359 inc. 2) del CPP. En ese sentido, le compete al juez o tribunal determinar e imponer una sanción, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito. Es en ese momento en el que el juez o tribunal de sentencia determina la pena a fijarse en compulsa de las circunstancias agravantes y atenuantes que considere concurrentes, de allí que, por ejemplo, para la determinación de la detención preventiva debe analizarse la probabilidad de autoría, pero no las atenuantes o agravantes. Es por ello que, este Tribunal llega a la conclusión de que las circunstancias que agraven o atenúen la pena, según lo previsto por los arts. 39, 40, 40 Bis, 44 y 45 de la norma penal sustantiva, no pueden ser consideradas en el análisis de aspectos inherentes al régimen de medidas cautelares; toda vez que, al margen de ser, en esencia, imprecisas, su aplicación responde necesariamente a un ejercicio que hace al análisis de fondo del objeto mismo del proceso, como es la pena a aplicarse por la comisión de un delito.
Las accionantes sostienen que el Juez codemandado, al dictar el Auto Interlocutorio 453/2022 de 19 de agosto (Conclusión II.1), mediante el cual revocó las medidas cautelares que pesaban en su contra y les impuso la detención preventiva, actuando sin competencia, toda vez que ya se había presentado acusación fiscal. Argumentan, además, que omitió considerar la improcedencia de dicha medida, puesto que el quantum de la pena previsto en la calificación provisional formulada por el Ministerio Público en la imputación formal se encontraba comprendido en la causal de improcedencia de la detención preventiva prevista en el art. 232.I.6 del CPP. Por otra parte, afirman que el Vocal demandado, por Auto de Vista 248/2022 de 15 de septiembre (Conclusión II.2), confirmó la decisión asumida por el Juez codemandado sin un fundamento normativo. Delimitada la problemática planteada y considerando que, en el presente caso, los demandados son el Juez y el Vocal, corresponde señalar que el análisis se efectuará a partir de la última resolución dictada, esto es, el Auto de Vista 248/2022, por cuanto fue dicha instancia la que tuvo la facultad de revisar y, en su caso, modificar la decisión emitida por el Juez de primera instancia. Respecto a la falta de competencia del Juez codemandado El Vocal demandado señaló en el Auto de Vista 248/2022, que: “…entre tanto no se remita la acusación y los antecedentes procesales al juez o tribunal llamado por ley, mantiene su competencia, de manera que, no es solo para la cesación de la detención preventiva, sino para todos los ámbitos de las medidas cautelares de carácter personal, caso contraria, no estaríamos obrando con igualdad de tratamiento a todos los sujetos procesales en una contienda legal…” (sic). De lo expuesto se advierte que el Vocal demandado se pronunció expresamente sobre la supuesta falta de competencia del Juez codemandado, precisando que este tenía plena facultad para resolver una solicitud de revocatoria de medidas cautelares mientras la causa no hubiera sido radicada. Señaló, además, que dicha competencia no se limita a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, sino que abarca toda petición relativa a medidas cautelares. En tal sentido, resolvió el agravio de manera razonable y fundamentada, puesto que no resultaría lógico sostener que la competencia del juez de instrucción, antes de la radicatoria de la acusación, se circunscribe únicamente a la cesación de la detención preventiva y no a su revocatoria, siendo que ambas persiguen un mismo fin: la modificación de la medida cautelar. Incluso, la revocatoria constituye un mecanismo de revisión de tales medidas y, en este caso, al haberse planteado una solicitud expresa por parte de las presuntas víctimas, las autoridades demandadas actuaron conforme a procedimiento. Por consiguiente, corresponde denegar la tutela en lo que respecta a este agravio. Con relación a la improcedencia de la detención preventiva
Al respecto, el Vocal demandado en el Auto de Vista 248/2022 afirmó que: "...este tribunal de apelación, reguló la manera de imponer la pena al cómplice en apelaciones restringidas a los fines de que todos seamos tratados de igual manera, a tal efecto, el parámetro para establecer el grado de punibilidad para el cómplice son las dos terceras partes. En este caso en concreto la hoy imputadas serían cómplices por los delitos previstos en los arts. 335 y 337 del Código Penal, con la agravación, en este caso en concreto por ejemplo; la penalidad es de 3 a 10 años de privación de libertad, a tal efecto tendríamos que establecer dos terceras partes de 10 años de privación de libertad y esa sería la penalidad que corresponde, tomando en cuenta esa aritmética que aplicamos, de manera que estaría en el marco de la procedencia de la detención preventiva (…) la parte víctima fue clara y enfática al decir, en sentido de que se acusó como autores (...) y no así como cómplices (...) esa aclaración que realizó la parte víctima se constituye como base para adoptar la procedencia de la detención preventiva" (sic). En ese contexto, y conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no corresponde la consideración de circunstancias atenuantes en el marco de las medidas cautelares, toda vez que dichas circunstancias, en cuanto elementos contextuales del hecho delictivo que inciden en la determinación de la pena, son objeto de valoración en la sentencia y no en la resolución de solicitudes relativas al régimen de medidas cautelares. Por ello, si bien se advierte un error en el fundamento expuesto por la autoridad demandada, al realizar un cómputo aritmético en aplicación de la circunstancia atenuante prevista en el art. 39 del CP, el mismo carece de relevancia constitucional, en la medida en que, de reiterarse el acto, conforme los fundamentos expuestos, no sería aplicable dicho precepto normativo, lo cual llevaría al mismo resultado. Por consiguiente, conforme el entendimiento asumido en la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, deberá activarse la acción del amparo constitucional, para otorgar tutela y disponer se subsanen los defectos procedimentales, sólo cuando: “…esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental dé lugar a que la decisión impugnada tenga un resultado distinto al que se hubiera producido de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”; por lo que, en el caso concreto, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 85 a 87, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0212_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9f3800935b08ef9e9847cfe52615f5df9160102aea2960b47d7137369a7f0256
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