B.IA.LEGAL

SCP 0212/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 13 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46027-2022-93-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes legalidad, igualdad, celeridad y acceso a la justicia; toda vez que, interpuso recurso de reposición contra las providencias de conminatoria de presentación del requerimiento conclusivo de la etapa preliminar; sin embargo, la autoridad judicial demandada, declaró sin lugar e improcedente dicha petición sin considerar que el plazo de la referida etapa preliminar fue suspendido por vacación judicial, lo que ocasionó que el Ministerio Publico emita el rechazo de la querella, al no poder tomar las declaraciones a los sindicados; por lo que, solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: 1) Deje sin efecto la Resolución 32/2022 de 25 de enero; y, 2) La autoridad demandada en el plazo de 48 horas emita nueva resolución. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El derecho a la conclusión de la etapa preparatoria en un plazo razonable y el control del juez de instrucción penal; ii) Las vacaciones judiciales colectivas y la suspensión de los plazos procesales y su incidencia en el cumplimiento de plazos del control jurisdiccional; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 147 a 149, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la conclusión de la etapa preparatoria en un plazo razonable y el control del juez de instrucción penal
  2. III.2. Las vacaciones judiciales colectivas y la suspensión de los plazos procesales y su incidencia en el cumplimiento de plazos del control jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0212/2023-S1 Sucre, 13 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 46027-2022-93-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución de 11/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 147 a 149, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Adhemar Wilcarani Morales contra Mónica Lorena Morales López, Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 9 de febrero de 2022, cursante de fs. 76 a 80 vta.; y, 84 y vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Saúl Aguilar Torrico, Alejandra Nazaret Caballero Ayala y Juan Carlos Zurita, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, la Jueza hoy demandada mediante providencia de 3 de enero de 2022 conminó al Fiscal de Departamental de Oruro para que el representante del Ministerio Público a cargo de la dirección funcional de la investigación penal presente requerimiento conclusivo de la etapa preliminar. El 5 del mismo mes y año, la referida autoridad fiscal solicitó complementación de diligencias a la Jueza de control jurisdiccional, petición que fue respondida por proveído de la misma fecha señalando “estese a la conminatoria de fecha 4 de enero de 2022” (sic). Contra dichas determinaciones judiciales interpuso recurso de reposición observando que las mencionadas resoluciones no consideraron el periodo de vacación judicial que restringió el curso de las investigaciones; por lo que, solicitó se revoquen los referidos pronunciamientos judiciales, y se disponga la complementación de diligencias; recurso que fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 32/2022 de 25 de enero declarándolo sin lugar e improcedente. Refiere que, con la emisión de la citada Resolución, la autoridad demandada vulneró sus derechos al debido proceso en las siguientes vertientes: a) Legalidad debido a que no tomó en cuenta el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que un su última parte indica “…que los plazos se suspenderán durante la vacaciones judiciales y podrán suspenderse por circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas…” (sic), así como el acuerdo de Sala Plena 167/2021 que dispuso la vacación judicial del 7 al 31 de diciembre de 2021; la suspensión de plazos por vacación judicial se encuentra respaldado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0240/2019-S2 de 25 de mayo, que señala que las actividades investigativas se restringen y el control jurisdiccional está activo en los juzgados de turnos para la efectiva protección de derechos y garantías fundamentales, siendo de cumplimiento obligatorio la conminatoria efectuada antes de la entrada en vacación judicial; b) Igualdad no consideró que el Ministerio Público al no haber realizado actos investigativos por estar restringido en vacación judicial, dejó en incertidumbre a la víctima, no pudiendo por ese motivo realizar todos los actos preparativos de investigación y resguardar los indicios materiales a efecto de determinar personas y hechos probables; además, por la complejidad de la investigación por ser tres querellados, el tiempo de la etapa preparatoria es insuficiente ; c) Celeridad debido a que de manera arbitraria redujo el plazo al Ministerio Público en relación a la investigación afectando al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, vulnerando el derecho que tiene como víctima para el desarrollo de la etapa preliminar; y, d) Acceso a la justicia al ratificar los plazos ilegalmente suprimidos provocó que el Ministerio Público presente rechazo de la querella con el único argumento de no haber podido tomar las declaraciones a los querellados; situación que atenta como víctima a acceder a una justicia pronta y oportuna, puesto que la instancia llamada por ley a investigar delitos se vio mermada en su labor.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Considera lesionado su derecho al debido proceso en sus componentes legalidad, igualdad, celeridad y acceso a la justicia; citando al efecto, el art. 256 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 32/2022 de 25 de enero y se disponga que la autoridad hoy accionada en el plazo de 48 horas emita nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de la presente acción de amparo constitucional se realizó el 17 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 144 a 146 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Mónica Lorena Morales López, Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito cursante de fs. 98 a 99, señaló que la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establece la suspensión de plazos procesales inherentes a actuaciones que se desarrollan en estrados judiciales diferenciando los plazos de la investigación al vincularse con el ejercicio propio de la acción penal cuyo titular es el Ministerio Público; por lo que, la investigación no puede suspenderse por vacación judicial u otro tipo de receso, de lo contrario significaría que determinados hechos considerados punibles quedarían paralizados durante ese plazo.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Alejandra Nazaret Caballero Ayala, a través de su abogado en audiencia señaló lo siguiente: i) No se cumplió el principio de subsidiariedad; toda vez que, la resolución que rechazó la ampliación de la investigación pudo ser apelada conforme establece el art. 403.8 del CPP; y, ii) El accionante refiere que se vulneraron las vertientes de legalidad, celeridad, igualdad; sin embargo, a través de la acción de amparo constitucional no se tutela principios sino derechos y garantías de las personas que gozan conforme a la CPE. Juan Carlos Zubieta Mercado, por intermedio de su abogado manifestó que la conminatoria emitida por la Jueza demandada se encuentra conforme a lo previsto en el art. 300 del CPP, debido a que el Ministerio Público ni el Policía asignado al caso no realizó ningún acto de investigación desde el inicio de la investigación dentro del plazo establecido para la etapa preliminar; además, era obligación del querellante constituirse en parte activa de la investigación aportando indicios o elementos de convicción. Saúl Josué Aguilar Torrico y Richard Gutiérrez Argote, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de la presente acción de defensa, a pesar de su legal citación cursante a fs. 92 y vta. y 95.

1.2.4. Resolución La Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro, mediante resolución de 11/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 147 a 149, denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos: a) La autoridad judicial demandada ratifica la decisión de ratificar la conminatoria refiriendo de manera detallada y precisa conforme establece el CPP; por lo que, no se advierte como podría haber infringido el principio de celeridad y legalidad cuando está cumpliendo con lo dispuesto por la norma procesal penal; y, b) Al existir un rechazo de querella las partes podrán acudir a la autoridad Fiscal para interponer los recursos que la Ley franquea; sin embargo, la respuesta efectuada por la Jueza demandada se encuentra debidamente fundamentada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 25 de noviembre de 2021, el Fiscal de Materia comunicó al Juez de Instrucción de Turno de la Capital del departamento de Oruro el inicio de investigación contra Saul Aguilar Torrico, Alejandra Nazaret Caballero Ayala y Juan Carlos Zurita, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; ante lo cual, la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del citado departamento -autoridad judicial demandada-, emitió el decreto de 26 del mismo mes y año en el que señala se tiene presente el inicio de investigación, debiendo la autoridad Fiscal titular observar la previsión legal contenida en el art. 300 del CPP (fs. 3 a 4). II.2. Cursa Decreto de 3 de enero de 2022, en el cual la autoridad demandada, conmina al Fiscal Departamental de Oruro, para que en el término de cinco días el Fiscal de Materia emita requerimiento conclusivo de conformidad al art. 301 del CPP, al haberse cumplido el pazo de la investigación preliminar (fs. 10). II.3. El 5 de enero de 2022, Ronald Vargas Montaño, Fiscal de Materia, comunicó a la autoridad demandada la complementación de diligencias policiales fijando un plazo máximo de sesenta días; comunicación que mereció el Decreto de igual fecha en el que señala estese a la conminatoria de “4 de enero de 2022” [(sic) fs. 15 a 16]. II.4. Por memorial presentado el 21 de enero de 2022, Roberto Chaira Ibarra en representación de Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, interpuso recurso de reposición contra las providencia de 3 y 4 del mismo mes y año, argumentando que la autoridad demandada realizó el computo de la etapa preliminar desde el inicio de la investigación -26 de noviembre de 2021- sin considerar la suspensión de plazos por vacación judicial dispuesta mediante Acuerdo de Sala Plena 167/2021, conforme establece el art. 130 en su parte infine del CPP, pues a momento de emitir la conminatoria -3 de enero de 2022- transcurrieron cinco días hábiles por efecto de la suspensión de plazos por la referida vacación; por lo que, solicitó se revoque las referidas providencias y disponga la complementación de diligencias conforme el plazo solicitado mediante memorial de 5 de enero de 2022 (fs. 47 a 48 vta.). II.5. Cursa Auto Interlocutorio 32/2022 de 25 de enero emitido por la Jueza demandada en el que declaró sin lugar e improcedente el recurso de reposición interpuesto por el impetrante de tutela contras las providencias de 3 y 5 de enero del 2022 (fs. 68 a 69).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes legalidad, igualdad, celeridad y acceso a la justicia; toda vez que, interpuso recurso de reposición contra las providencias de conminatoria de presentación del requerimiento conclusivo de la etapa preliminar; sin embargo, la autoridad judicial demandada, declaró sin lugar e improcedente dicha petición sin considerar que el plazo de la referida etapa preliminar fue suspendido por vacación judicial, lo que ocasionó que el Ministerio Publico emita el rechazo de la querella, al no poder tomar las declaraciones a los sindicados; por lo que, solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: 1) Deje sin efecto la Resolución 32/2022 de 25 de enero; y, 2) La autoridad demandada en el plazo de 48 horas emita nueva resolución. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El derecho a la conclusión de la etapa preparatoria en un plazo razonable y el control del juez de instrucción penal; ii) Las vacaciones judiciales colectivas y la suspensión de los plazos procesales y su incidencia en el cumplimiento de plazos del control jurisdiccional; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la conclusión de la etapa preparatoria en un plazo razonable y el control del juez de instrucción penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0769/2018-S2 de 15 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en el art. 115.II refiere que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; precepto constitucional que guarda relación con los arts. 7 inc. 5) y 8 inc. 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que señala que toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgada por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial dentro de un plazo razonable, o caso contrario a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso penal. Este derecho también se encuentra reconocido en el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) cuando refiere que: “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”; a su vez, el art. 14.3 inc. c), indica que toda persona acusada de un delito, tiene derecho “A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. En este sentido, queda claro que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sin duda tiene por objeto dar certidumbre al justiciable, respecto a la duración de su procesamiento penal a efectos de que éste, no sea indefinido y su duración excesiva le impida o menoscabe el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales; en este sentido, ante la apertura de un proceso, el Estado tiene el deber de garantizar que el mismo tenga una decisión final en el tiempo previsto por ley y que no sea dilatado injustificadamente, así la SC 0101/2004 de 14 de septiembre en el Fundamento Jurídico III.4, establece que el derecho a un plazo razonable permite que el imputado:

…pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables.

Ahora bien, dentro del procesamiento penal, debe considerarse que el plazo razonable, puede operar en sus diferentes etapas procesales; pues no solo se refiere a la conclusión general del procesamiento penal; sino también, a todas sus fases, las cuales deben concluir en los tiempos máximos previstos por la norma, no pudiendo extenderse de forma indefinida, dejando en incertidumbre al imputado, con lo cual el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, puede ser alegado en la etapa preliminar, preparatoria o para el juzgamiento en general del proceso; puesto que, conforme nuestra normativa procesal penal, cada una de estas fases observa un tiempo de duración determinado. En este entendido, y concretamente para la etapa preparatoria la misma comienza con la imputación formal y debe durar seis meses desde dicha resolución, pudiendo ampliarse únicamente conforme el segundo párrafo del art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP); correspondiendo tomar en cuenta, que el cómputo de los seis meses se efectúa desde la última imputación formal conforme lo estableció la amplia línea jurisprudencial sentada por este Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo cual, el plazo de los seis meses, tiene por objeto que el Ministerio Público pueda emitir su requerimiento conclusivo y disponga por una de las resoluciones previstas en el art. 323 del CPP; vale decir, presente la acusación, cuando existan suficientes elementos y fundamentos sólidos para el enjuiciamiento del imputado, el requerimiento para la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado de un criterio de oportunidad, que se promueva la conciliación; o el sobreseimiento, ante la certidumbre de que el hecho no existió, que éste no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba no son insuficientes para fundamentar la acusación. Ahora bien, cuando el Ministerio Público vencido el plazo de los seis meses computados conforme lo antes indicado, no presenta 1Así la SCP 0897/2015-S1 de 29 de septiembre, en el FJ III.5, hizo el siguiente repaso jurisprudencial: “Respecto al inicio y vencimiento del cómputo de la etapa preparatoria, a la ampliación de la imputación formal, la emisión y notificación de la conminatoria al Ministerio Publico, el Tribunal Constitucional ha establecido las siguientes líneas jurisprudenciales que merecen citarse para discernir el hecho concreto a la luz de dicha doctrina constitucional para establecer la existencia o no de la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Resulta incontrovertible que, por mandato del art. 134 del CPP, la etapa preparatoria debe finalizar en el plazo de seis meses de iniciado el proceso, es la misma disposición legal la que establece los requisitos para la ampliación de la etapa preparatoria: Cuando la investigación sea compleja cuando los hechos se encuentren vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales. En este contexto normativo, es la jurisprudencia constitucional la que fija de manera expresa el momento de inicio del cómputo de la etapa preparatoria, para cuyo efecto es preciso citar la SC 1036/2002-R de 29 de agosto, que expresa los siguientes términos: `Consecuentemente, dado el carácter público del proceso, el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 CPP para el desarrollo de la Etapa Preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, siendo éste el actuado jurisdiccional que marca el inicio del proceso penal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, ampliable únicamente en el supuesto establecido por el segundo párrafo del art. 134 CPP;…´, entendimiento que es ratificado por la SC 0205/2005-R de 10 de marzo, que enfatiza de manera específica el inicio de la etapa preparatoria con la notificación al imputado con la imputación formal, al expresar: `… el cómputo de seis meses previstos para el desarrollo de la etapa preparatoria o investigativa previstos en el Art. 134 del CPP comienza a correr desde la notificación al sindicado con la imputación formal, siendo este el acto procesal el que marca el inicio del proceso penal y de manera específica de la etapa preparatoria que concluye con la emisión de parte del Ministerio Público de alguno de los requerimientos conclusivos previstos por el art. 323 del citado Código, entre los cuales se encuentra la presentación de la acusación por el fiscal al juez o tribunal de sentencia, salvo el caso de ampliación de este plazo en los supuestos previstos por la misma norma legal´.

Si bien la normativa penal establece la posibilidad de ampliación de la etapa preparatoria, cuando concurran los supuestos de complejidad del caso y se encuentran vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales, lo que implica que ante la falta de tales supuestos no es posible la ampliación de la etapa preparatoria, por tanto resulta desestimable la petición del Ministerio Publico la ampliación, es ése el sentido que ha establecido la doctrina constitucional en la SC 1849/2003-R de 12 de diciembre, que cita la SC 0305/2002-R de 20 de marzo, que expresa `Que, la utilización por parte del Juez recurrido del segundo párrafo del art. 134, como base para ampliar la etapa preparatoria al supuesto en análisis, es ilegal, dado que está vedado por el principio de legalidad, en su vertiente jurisdiccional (garantía jurisdiccional), aplicar otro procedimiento que no sea el establecido en la Ley, sin lesionar los derechos y garantías constitucionales consagrados…´; debe tenerse presente también, que la jurisprudencia constitucional ha establecido subreglas concernientes a la existencia de pluralidad de incriminados, las mismas que fueron fijadas por la SC 1426/2003-R de 29 de septiembre, que cita la 173/2003-R, cuyo entendimiento expresa al respecto `…en los casos en los que existen varios imputados o se amplía la imputación formal a terceras personas, la SC 173/2003-R, ha determinado que el término de los seis meses que establece el art. 134 CPP, se computa a partir de la notificación al último de los imputados, sin que ello signifique prolongación del plazo de tres años previstos para el proceso penal, pues dicha ampliación sólo afecta al desarrollo de la etapa preparatoria´.

La disposición legal, tanta veces citada y la jurisprudencia, regula el vencimiento de la etapa preparatoria mediante la conminatoria para la presentación de un requerimiento conclusivo, acto procesal que debe ser notificado al Fiscal de Distrito y no al Fiscal de la investigación, enfatizado en la SC 0205/2005-R de 10 de marzo, cuando expresa `De las normas citadas precedentemente así como de la línea jurisprudencial glosada, se concluye que durante la sustanciación de la etapa preparatoria, la facultad de control de la investigación, de los plazos previstos por la Ley para su desarrollo y la adopción de decisiones vinculadas a la referida etapa procesal le corresponde al Juez de Instrucción; en ese contexto, ante el eventual incumplimiento de parte del Ministerio Público del plazo previsto de seis meses para la presentación de requerimiento conclusivo le corresponde conminar al representante distrital del Ministerio Público, para que formule uno de los descritos por el art. 323 del CPP, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción,…´, autoridad jerárquica que a la fecha viene a ser el Fiscal Departamental, fijando el plazo máximo de cinco días para dicho acto procesal, bajo alternativa de declararse la extinción de la acción penal, salvo las circunstancias o requisitos concurrentes para la ampliación de la etapa preparatoria a petición del Fiscal”.

ninguna de estas posibles resoluciones; vulnera el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable; por cuanto, la etapa preparatoria se encontraría vencida y el procesamiento consiguientemente devendría en arbitrario; situación, que la norma procesal, en el art. 134 del CPP, instituyó la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria; en efecto, el juez de instrucción penal, en cumplimiento a lo dispuesto por dicho precepto, al advertir el incumplimiento de la duración máxima de la etapa preparatoria, deberá conminar al Fiscal Departamental, para que en el plazo de cinco días presente requerimiento conclusivo, bajo sanción de declarar extinguida la acción penal, salvo que el proceso pueda continuar en base a la acusación del querellante; a su vez, esta autoridad hará saber de esta determinación al Fiscal de Materia, para su cumplimiento bajo responsabilidad.

2La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre en el FJ III.2.1, refirió: “3) Control del retardo de la etapa de investigación.- Uno de los máximos flagelos de nuestro sistema judicial, en general, y de nuestro sistema procesal penal, en particular, es y ha sido la ausencia de celeridad procesal, en ese sentido, el control jurisdiccional de la etapa investigativa tiene también la función ejercer un control de plazos y cumplimiento de actuaciones eficaces en resguardo no sólo de los derechos sino, también de la persecución penal, como se dijo anteriormente en un rol articulador no sólo de garantías específicas ligadas con el debido proceso, sino también de las garantías generales de orden y seguridad, como expresión de una política criminal, como manifestación del sistema de enjuiciamiento penal, al respecto la SC 0555/2006-R de 13 de junio, al momento de manifestarse sobre un recurso de amparo constitucional, en el que el recurrente denunció que los Vocales de la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, lesionaron el derecho a la seguridad jurídica y a la garantía del debido proceso de la Alcaldía que representa, porque declararon la extinción de la acción penal que siguen contra varios ex funcionarios, sin tomar en cuenta que el requerimiento conclusivo por la acusación formal fue presentado por el Fiscal, dentro del plazo de los cinco días que les otorgó el Juez. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, determinó que correspondía que el Juez, al haberse cumplido el término de seis meses previsto por el art. 134 del CPP, disponga que la acusación sea subsanada dentro de un plazo prudencial, bajo conminatoria de declarar la extinción de la acción penal, y ante la negativa de subsanación, comunicar al querellante la falta de rectificación del requerimiento, para que, en su caso, presente su acusación particular, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción penal; por lo que, aprobó la resolución que declaró procedente el recurso.

`…el Juez cautelar debe ejercer el control de la investigación previsto en el art. 54 inc. 1) del CPP, vigilando que durante la sustanciación de la etapa preparatoria se cumplan los plazos establecidos por la norma procesal respecto a las distintas actuaciones y diligencias que se desarrollen por los órganos encargados de la investigación y, en tal sentido, deberá adoptar las decisiones que la propia ley señala en caso de incumplimiento de los plazos.

Un entendimiento contrario, es decir, permitir que las resoluciones de los fiscales sean presentadas fuera del plazo que el Código de procedimiento penal establece, es arbitrario, ya que no tiene un sustento coherente ni en la Constitución Política del Estado ni en el Código de procedimiento penal, por lo mismo no sólo vulneraría el derecho a la seguridad jurídica, sino también el principio de legalidad procesal, y desvirtuaría los fines del sistema procesal penal, pues estaríamos ante un modelo procesal que sólo perseguiría la aplicación efectiva de la coerción penal, en desmedro de los derechos y garantías de los imputados …durante la sustanciación de la etapa preparatoria, la facultad de control de la investigación, de los plazos previstos por la ley para su desarrollo y la adopción de decisiones vinculadas a la etapa procesal le corresponde al Juez de Instrucción; en ese contexto, ante el eventual incumplimiento de parte del Ministerio Público del plazo de seis meses previsto para la presentación de requerimiento conclusivo, le corresponde conminar al Fiscal de Distrito, para que formule uno de los requerimientos descritos por el art. 323 del CPP, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción, aclarándose que una vez presentada la acusación por el Fiscal, cumpliendo con todas la exigencias legales, no será posible solicitar la extinción de la acción penal, ya que el Ministerio Público cumplió con la conminatoria efectuada.

De acuerdo a lo anotado, se debe dejar establecido que no es suficiente la presentación de la acusación al Juez o Tribunal de Sentencia, sino que la misma debe cumplir con las normas contenidas en el Código de procedimiento penal, y debe estar dirigida al juez o tribunal competente. Ello significa que si existe alguna observación a la acusación, el Fiscal debe subsanar la misma, y en tanto el Juez o Tribunal de Sentencia no disponga la radicatoria del caso -actuado que abre su competencia- la etapa preparatoria continúa, y por lo mismo, es el Juez cautelar el que debe ejercer el control jurisdiccional de esa etapa.

En ese sentido, cuando el párrafo tercero del art. 134 del CPP señala que una vez efectuada la conminatoria, la Fiscalía debe presentar su solicitud conclusiva dentro del término de cinco días, para evitar de esta manera la extinción de la acción penal, está estableciendo un control del retardo de justicia en la primera etapa del proceso; con la finalidad de que el requerimiento conclusivo pase a conocimiento del juez o tribunal de sentencia en caso de acusación [art. 323 inc. 1) del CPP]; del Juez cautelar tratándose de la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación [art. 323 inc. 2) del CPP]; o se decrete el sobreseimiento por la misma autoridad fiscal [art. 323 inc.3) del CPP].

Como puede advertirse, el Código de Procedimiento Penal, le otorga al juez de instrucción penal, un rol muy importante en cuanto al control del retardo de la etapa de investigación; por cuanto, le faculta a conminar al Ministerio Público a efectos que cumpla con su deber y presente su requerimiento conclusivo o caso contrario extinga la causa, siempre y cuando el proceso no pueda continuar sobre la acusación particular; en consecuencia, se puede evidenciar que el art. 134 del CPP, le otorga a dicho juez de instrucción dos atribuciones concretas como son: a) Conminar al Misterio Público para la presentación del requerimiento conclusivo; y, b) Extinguir la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria.

Las atribuciones descritas, al estar directamente relacionadas con el control de la investigación que debe hacer el juez de instrucción penal, que a su vez se vincula con el derecho del encausado a ser juzgado en un plazo razonable, no pueden estar limitadas o supeditadas a la solicitud expresa de parte; puesto que, en aras de la materialización de una justicia, pronta oportuna y sin dilaciones, el control de la duración de la investigación; vale decir, la conminatoria y la extinción de la acción penal antes señaladas deberán ser dispuestas incluso de oficio, cuando se cumplan los presupuestos previstos por ley; a efecto de que se evite el procesamiento indefinido del encausado, quien en muchos casos se encuentra privado de libertad y no tiene acceso a una defensa técnica que pueda ser solicitada, estas atribuciones en realidad, se constituyen en deberes del juez de control jurisdiccional, conforme lo determina el art. 54.1 del CPP; entendimiento que fue expresado en la SC 0895/2002-R de 29 de julio; con la aclaración que en caso de Conforme a lo anotado, en el caso de una solicitud de acusación, el objetivo es que se inicie en forma inmediata el juicio oral, público y contradictorio, cuya tramitación corresponde al juez o tribunal de sentencia en el ámbito de la competencia que le reconocen los arts. 52 y 53 del CPP; en consecuencia, cuando la presentación de la acusación no cumple con los requisitos legales exigidos, por una actitud negligente del representante del Ministerio Público, provocando el rechazo de la acusación por el juez o tribunal de sentencia, y con ello la dilación de la fase preparatoria, es el juez cautelar quien, velando por el procedimiento y los plazos establecidos en el Código de procedimiento penal, a pedido de parte, debe conminar al fiscal para que en un término prudencial corrija o rectifique los errores detectados, bajo conminatoria de declararse la extinción de la acción penal, previa notificación a la víctima´”. 3El FJ III.3, señala: “El art. 134 de la Ley Nº 1970 establece que la etapa preparatoria del juicio deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso. Cuando la investigación sea compleja en razón a delitos cometidos por organizaciones criminales, el Fiscal podrá solicitar al Juez de la Instrucción la ampliación de la etapa preparatoria hasta un plazo máximo de dieciocho meses, sin que ello signifique una ampliación del plazo máximo de duración del proceso. El Fiscal informará al Juez cada tres meses sobre el desarrollo de la investigación. Si vencido el plazo de la etapa preparatoria el Fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el Juez conminará al Fiscal de Distrito para que lo haga en el plazo de cinco días, transcurridos éstos sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, el Juez declarará extinguida la acción penal salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal de Distrito.

En la especie, la investigación se inició el 10 de noviembre de 2001; el 10 de junio de 2002 el Juez Cautelar conminó al Fiscal de Distrito para que presente la solicitud conclusiva, siendo informado el 14 del mismo mes, por el Fiscal de la investigación, que la acusación formal ya había sido presentada, y aunque en el expediente remitido a este Tribunal, no figura el sello de recepción de la solicitud conclusiva, según el informe escrito del Fiscal, dicha presentación se efectuó el 14 de junio, es decir once días antes de que se formule el presente Hábeas Corpus.

En consecuencia, no puede declararse la extinción de la acción penal al haberse presentado ya, aunque fuera de plazo, la solicitud conclusiva, debiendo dejarse claro que si el Fiscal de Distrito no presenta la mencionada solicitud en el término de cinco días, es el Juez Cautelar quien debe emitir una Resolución expresa declarando extinguida la acción penal, pues ésta no se opera de hecho -por el sólo transcurso de los seis meses de plazo de la etapa preparatoria sin que el Fiscal haya presentado la solicitud conclusiva- sino de derecho, porque -se reitera- vencidos los seis meses que señala el art. 134 del Código Adjetivo Penal, el Juez Cautelar, de oficio o a instancia de parte, conminará al Fiscal declararse de oficio la extinción de la causa, ésta no operará de hecho, sino deberá realizársela mediante una resolución judicial fundamentada.

III.2. Las vacaciones judiciales colectivas y la suspensión de los plazos procesales y su incidencia en el cumplimiento de plazos del control jurisdiccional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0240/2019-S2 de 15 de mayo, realizó el siguiente entendimiento El último párrafo del art. 130 del CPP establece que los plazos sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales, y podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso. Dicha norma, guarda relación con el art. 126 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que sobre las vacaciones judiciales dispone:

“I. Las magistradas y los magistrados, las y los vocales, juezas y jueces así como las y los servidores de apoyo judicial de sus despachos, gozarán de una vacación anual de veinticinco (25) días calendario y continuos, que serán reguladas y programadas por el Tribunal Supremo y los Tribunales Departamentales de Justicia, en coordinación con el Consejo de la Magistratura;

II. El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias;

III. Tribunal Supremo de Justicia, a tiempo de la inauguración del año judicial dará a conocer la fecha de iniciación de vacación para ese tribunal. Los Tribunales Departamentales, lo harán en sus respectivas circunscripciones;

IV. Durante el periodo de vacaciones de los Tribunales Departamentales de Justicia, todo plazo en la tramitación de los juicios, quedará suspendido y continuará automáticamente a la iniciación de sus

labores, debiendo establecerse con precisión el momento de suspensión y de reapertura de dichos plazos;

V. En tanto dure la vacación permanecerán en funciones uno o más juzgados públicos en las materias que fueren necesarias, para la atención de las causas”.

En virtud a dichas normas los Tribunales Departamentales de Justicia, emiten circulares que prohíben la ejecución de mandamientos de aprehensión, apremio o detención preventiva durante la vacación judicial anual, ello con la finalidad de evitar posibles violaciones de derechos de las y los procesados, en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de las SSCC 0709/2000-R, 0141/2001-R de 15 de febrero, siendo precisada por la SC 1514/2004-R de 20 de septiembre, estableció que: “al dictarse las circulares que dejan en suspenso la ejecución de mandamientos, durante el periodo de tiempo que comprende la vacación judicial anual, es para evitar un sinnúmero de posibles violaciones de los derechos y garantías constitucionales de las que podrían ser objeto los litigantes considerando el funcionamiento de sólo los Juzgados de turno”. La SC 0047/2006-R de 18 de enero, ha precisado que la prohibición surge para prevenir y resguardar los derechos fundamentales ya que en caso de que se ejecute el mandamiento de apremio, detención o aprehensión, no existiría autoridad jurisdiccional que se pronunciare sobre la legalidad de dicha medida, puesto que los litigantes únicamente contarían con los juzgados de turno, que generalmente, sólo conocen los aquellas causas en las que existen personas privadas de libertad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional entendió que durante la vacación judicial que no está permitida la ejecución de mandamientos de apremio, aprehensión, detención preventiva o condena (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1010/2012, 2416/2012, 0295/2013-L y 2030/2013). Entonces, conforme a la jurisprudencia constitucional, durante la vacación judicial colectiva los plazos procesales quedan suspendidos; por ello, en materia penal, precautelando los derechos de las y los justiciables también se suspende la ejecución de mandamientos que tengan por finalidad limitar la libertad de las personas, así como, en general aquellas actividades investigativas susceptibles de vulnerar los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes, pues, éstas no podrían acudir con su reclamo ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, debido a las vacaciones; con la aclaración que si bien se prevé la existencia de juzgados de turno, éstos materialmente no podrían conocer todas las causas de un Tribunal Departamental de Justicia y, por ello, de forma razonable, las Circulares emitidas durante ese periodo, establecen que dichos juzgados conocerán las causas con personas privadas de libertad, ya sea que se encuentren con detención preventiva o con detención domiciliaria (SCP 1920/2013 de 4 de noviembre).

Conforme a ello, si bien durante las vacaciones judiciales los plazos de los procesos penales se suspenden por mandato del art. 130 del CPP y la actividad investigativa se restringe, con la finalidad de resguardar los derechos de las partes; empero, ello no significa que el Ministerio Público no cumpla con las conminatorias efectuadas por la autoridad jurisdiccional antes de ingresar a las vacaciones judiciales colectivas; pues dichas conminatorias han sido efectuadas, precisamente, para precautelar los derechos de las partes, en especial, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a un plazo razonable; consecuentemente, no podría interpretarse en sentido que los plazos contenidos en dichas conminatorias también quedan suspendidos; pues de hacerlo, el control jurisdiccional no tendría ningún efecto y se ampliarían indebidamente los plazos contenidos en la norma procesal penal. Consiguientemente, a partir de lo anotado, frente a conminatorias efectuadas a las y los fiscales por las autoridades jurisdiccionales que ejercen el control jurisdiccional, el Ministerio Público está obligado a presentar las resoluciones o requerimientos correspondientes dentro del plazo otorgado por la jueza o el juez, con la aclaración que si el juzgado se encuentra haciendo uso de las vacaciones colectivas, el requerimiento deberá ser presentado ante el juez cautelar de turno quien tendrá la obligación de remitirlo al juez o tribunal de la causa, una vez concluyan las vacaciones colectivas.

III.3. Análisis del caso concreto

El reclamo del impetrante de tutela radica en que la Jueza hoy demandada, mediante Auto Interlocutorio 32/2022 de 25 de enero declaró no ha lugar e improcedente el recurso de reposición interpuesto contra las providencias de conminatoria realizada al Ministerio Publico a efecto de la presentación del requerimiento conclusivo de la etapa preliminar, esto sin considerar que los alguna a su derecho a la libertad, extremo que no es para nada cierto, pues la detención domiciliaria implica una restricción al derecho de locomoción, al constituirse en una medida cautelar alternativa a la detención preventiva, que se aplicó en este caso por el deteriorado estado de salud del accionante, pero que no implica que el mismo pueda transitar libremente, tal y como daría a entender la autoridad demandada, ya que debe estar bajo control sin salir de su domicilio, con la finalidad de asegurar los objetivos del proceso penal; es por este motivo, que si bien se le otorgó la detención domiciliaria con resguardo policial, en la misma Resolución de 30 de enero de 2013, también se determinó que las salidas médicas deberán ser solicitadas a la autoridad jurisdiccional, por lo que claramente se puede advertir que él no tiene posibilidad de libre locomoción, sino la solicita previamente a la autoridad jurisdiccional.

Por lo descrito, se concluye que la acción de libertad no es subsidiaria cuando se trata de la tutela del derecho a la vida y por otro lado, que la detención domiciliaria restringe el derecho a la libre locomoción, por lo que es preciso solicitar a la autoridad jurisdiccional permisos para realizar determinados actos que involucren circular fuera de su domicilio; además, se debe advertir que no se encuentra norma procesal en materia penal que prohíba que los jueces de turno no puedan atender estos casos, por lo que una Circular no puede ser óbice u obstáculo infranqueable que vulnere un derecho tan esencial, como es el derecho a la vida, ya que como advierte la jurisprudencia constitucional, toda interpretación debe orientarse a una tutela efectiva de los derechos fundamentales sobre mecanismos procesales, que en el presente caso no tienen base legal alguna, por lo que excepcionalmente, los jueces de turno dentro de las vacaciones judiciales, cuando se trate de personas que se encuentren en una situación de salud precaria y tienen como una medida cautelar la detención domiciliaria y soliciten que se les autorice salidas para precautelar sus derechos a la salud y a la vida, las autoridades jurisdiccionales deben darle viabilidad inmediata, tramitar y resolver dichas solicitudes.

plazos fueron suspendidos por vacación judicial, situación que originó que el Fiscal de Materia a cargo de la investigación penal emita el rechazo de querella. Ahora bien, en el caso en análisis se advierte que el 25 de noviembre de 2021, el Fiscal de Materia comunicó el inicio de investigación penal contra Saúl Aguilar Torrico, Alejandra Nazaret Caballero Ayala y Juan Carlos Zurita, -hoy terceros interesados- por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica (Conclusión II.1). Así el 3 de enero de 2022, la Jueza de control jurisdiccional hoy accionada conminó al Fiscal Departamental de Oruro, para que en el término de cinco días el representante del Ministerio Público a su cargo emita requerimiento conclusivo de conformidad al art. 301 del CPP, al haberse cumplido el plazo de la investigación preliminar (Conclusión II.2); ante tal situación, el Fiscal de Materia comunico a la autoridad judicial demandada la complementación de diligencias policiales fijando un plazo máximo de sesenta días, comunicación que mereció la providencia de igual fecha en el que señala estese a la conminatoria de “4 de enero de 2022” (sic); posteriormente, ante el recurso de reposición formulado por el impetrante de tutela, dichas providencias fueron confirmadas mediante Auto Interlocutorio 32/2022 de 25 de enero. Al respecto, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la etapa preliminar debe concluir en el plazo de veinte días, computables desde el aviso del inicio de la investigación; dicho plazo, sin embargo, puede prorrogarse para la complementación de las diligencias hasta cincuenta, ochenta o ciento veinte días, como máximo legal; a cuyo término el Juez de Instrucción Penal debe conminar al Fiscal Departamental para que se emita la resolución conclusiva de la etapa preliminar, en el plazo de cinco días. La demora en la emisión de la resolución conclusiva dentro del plazo legal implica una dilación indebida que vulnera el derecho al debido proceso. En ese entendido, las providencias de conminatorias emitidas por la Jueza demandada, se encuentran dentro de las facultades que tiene el Juez de control jurisdiccional; toda vez que, desde la comunicación con el inicio de investigación realizado el 25 de noviembre de 2021 hasta la emisión de la conminatoria efectuada el 3 de enero de 2022, se cumplió el plazo que tenía el Ministerio Publico para presentar el requerimiento conclusivo de la etapa preliminar, no siendo evidente que dicho plazo pueda ser suspendido por vacación judicial. Esto en razón que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional y lo estipulado por la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 que en su art. 126, referido a las vacaciones judiciales, dispone: “I. Las magistradas y los magistrados, las y los vocales, juezas y jueces así como las y los servidores de apoyo judicial de sus despachos, gozarán de una vacación anual de veinticinco (25) días calendario y continuos, que serán reguladas y programadas por el Tribunal Supremo y los Tribunales Departamentales de Justicia, en coordinación con el Consejo de la Magistratura. II. El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias. III. El Tribunal Supremo de Justicia, a tiempo de la inauguración del año judicial dará a conocer la fecha de iniciación de vacación para ese tribunal. Los Tribunales Departamentales, lo harán en sus respectivas circunscripciones; IV. Durante el periodo de vacaciones de los Tribunales Departamentales de Justicia, todo plazo en la tramitación de los juicios, quedará suspendido y continuará automáticamente a la iniciación de sus labores, debiendo establecerse con precisión el momento de suspensión y de reapertura de dichos plazos. V. En tanto dure la vacación permanecerán en funciones uno o más juzgados públicos en las materias que fueren necesarias, para la atención de las causas” (las negrillas son nuestras). Bajo ese entendido, es de conocimiento general que los Tribunales Departamentales de Justicia emiten circulares que informan el periodo que comprende a la vacación judicial colectiva judicial anual, las mismas que se hacen conocer a los Jueces de la capital y provincias, encargado distrital del Consejo de la Magistratura, personal de apoyo jurisdiccional y administrativo, Fiscalías departamentales, autoridades policiales, entre otros; identificando los Juzgados que se quedaran de turno en las distintas materias durante el periodo de la vacación judicial a los fines que se realicen ininterrumpidamente las labores jurisdiccionales; lo cual significa que los plazos otorgados a las partes no pueden ser prorrogados o suspendidos al tener carácter perentorio e improrrogable conforme lo establece el art. 130 del CPP. En ese entendido, las providencias de 3 y 5 de enero de 2022 que fueron confirmadas por Auto Interlocutorio 32/2022 de 25 del mismo año dispuesta por la Jueza demandada, se encuentra dentro del marco del debido proceso, que precautela una dilación indebida conforme a las atribuciones que le compete como autoridad encargada del control jurisdiccional; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada al no evidenciarse vulneración de derecho alguno. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 147 a 149, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

de Distrito para que presente la citada solicitud conclusiva, y si no lo hace en cinco días, la autoridad judicial deberá dictar una resolución expresa declarando extinguida la acción penal…” 4Cuarto Considerando indica: “…la Circular s/n de 3 de octubre de 2000 emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Cochabamba, cursante de fs. 2 a 3, da instrucciones a los Vocales, Jueces y funcionarios de apoyo jurisdiccional de los Juzgados

de la Capital y Provincias a ser cumplidas con motivo de la vacación judicial con duración de 18 días calendario, desde el 4 de diciembre de 2000 hasta el 22 del mismo mes y año, mediante la cual -entre otras disposiciones- deja en suspenso la ejecución de todos los mandamientos expedidos con anterioridad. Que los alcances del instructivo están limitados sólo al período de la vacación judicial (colectiva) pretendiendo evitar un sin número de posibles violaciones de los derechos y garantías constitucionales de las que podrían ser objeto los litigantes considerando el funcionamiento de sólo los Juzgados de turno”. 5El F.J.III.1 señala: “Al respecto la jurisprudencia constitucional, inherente a la ejecución de mandamientos durante la vacación judicial ha señalado que los mismos no pueden ser ejecutados para evitar la posible vulneración de derechos fundamentales, en consideración a que éstos tienen distinta finalidad y otros están condicionados al cumplimiento de diferentes obligaciones y que ante la eventualidad de que puedan ser cumplidas inmediatamente, el afectado pueda seguir privado de su libertad por no existir autoridad jurisdiccional competente que disponga su libertad, al estar suspendida su jurisdicción en virtud del descanso…”. 6En el FJ III.3.2 menciona: Por otra parte, la autoridad demandada, así como la Jueza de garantías, sostienen como base normativa para cumplir la Circular 27/2013, que norma sobre las vacaciones judiciales determinando precisamente que los jueces instructores de turno en materia penal, atenderán sólo las causas que impliquen procesados con detención preventiva; por lo que, los argumentos se atienen a la imposibilidad de ver la solicitud del accionante ya que éste, no tiene restricción

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0212_2023-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): a4851a021ab2ccff67a254ac71f9e96be14330bd52cdefc8aebd912ee6c3cec8

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →