B.IA.LEGAL

SCP 0211/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50855-2022-102-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su elemento a la defensa; puesto que, el Juez ahora accionado, de forma arbitraria e ilegal, sin instalar la audiencia de control jurisdiccional del plazo de la detención preventiva de 3 de octubre de 2022, a las 8:30 horas, dispuso de forma oral, pura y simple que no se realizaría la misma ante la presentación del requerimiento conclusivo de acusación fiscal el 29 de septiembre de igual año, motivo por el que los antecedentes fueron remitidos ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, alegando que perdió competencia; sin embargo, conforme a lo manifestado por la Auxiliar de dicho Juzgado, la causa penal aún no estaría radicada en ese Juzgado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) En cuanto a la competencia de los jueces de instrucción penal para conocer solicitudes relativas a la cesación a la detención preventiva y la aplicación, modificación o sustitución de las medidas cautelares, así como todo lo concerniente a la situación jurídica-procesal de la persona cautelada cuando se presenta acusación; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 4 de octubre, cursante de fs. 82 vta. a 84, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. En cuanto a la competencia de los jueces de instrucción penal para conocer solicitudes relativas a la cesación a la detención preventiva y la aplicación, modificación o sustitución de las
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0211/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50855-2022-102-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 09/2022 de 4 de octubre, cursante de fs. 82 vta. a 84, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Isabel Borja Condori en representación sin mandato de Elias Borja Condori contra Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 3 de octubre de 2022, cursante de fs. 14 a 21, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), mediante Auto Interlocutorio de 2 de julio de 2022, se dispuso la detención preventiva por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, señaló audiencia de control jurisdiccional para el 3 de octubre de igual año; empero, en la referida fecha el Juez ahora accionado de manera arbitraria e ilegal, sin instalar la señalada audiencia, indicó que no sería celebrada al haberse presentado requerimiento conclusivo de acusación formal por parte del Ministerio Público; en consecuencia, los antecedentes del mencionado proceso penal ya habría sido remitidos ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, perdiendo por ello la competencia, sin darle la posibilidad de efectuar cualquier reclamo.

Su abogado se constituyó en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, a efectos de verificar si la causa se encontraba radicada en el referido Tribunal, donde la Auxiliar le manifestó que el cuaderno procesal recién estaba pasando a despacho y que aún no existía la radicatoria de la causa; motivo por el que retornaron al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento; sin embargo, el Juez ahora accionado no permitió que se interrumpa la audiencia que se encontraba desarrollando. El Juez hoy accionado no cumplió con lo dispuesto por el Auto Interlocutorio de 2 de julio de 2022, que el mismo pronunció, señalando audiencia de control jurisdiccional de plazo de la detención preventiva para el 3 de octubre de igual año, a las 8:30 horas; además, premeditadamente confundió “de acto”, programando para la misma hora otra audiencia de un diferente proceso penal, cuando en los hechos se trataba de una audiencia de cesación de la detención preventiva por vencimiento de plazo, previsto por el art. 233.III del Código de Procedimiento Penal (CPP); e, incurrió en una confusión al señalar que no cuenta con competencia ante la presentación de la acusación fiscal, contrariando la ley, la jurisprudencia y la doctrina que establecen que el Juez de Instrucción Penal pierde competencia cuando la acusación fiscal queda radicada en el Tribunal o Juzgado de Sentencia Penal. Asimismo manifiesta que conforme a lo establecido por el art. 113 del CPP, las audiencias señaladas no pueden ser suspendidas; empero, el Juez hoy accionado obró de manera contraria, suspendiendo la audiencia de control jurisdiccional de plazo de la detención preventiva de 3 de octubre de 2022, sin ningún tipo de motivación o fundamentación, afectando su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, y en audiencia al debido proceso en su elemento a la defensa; citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 9, 10, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Que se lleve a cabo la audiencia de control de plazo programada y señalado por Auto Interlocutorio de 2 de julio de 2022; y, b) Se anule obrados hasta fojas “204” y el Juez ahora accionado señale audiencia de control de plazo dentro del término de veinticuatro horas y se lo notifique conforme a procedimiento con el Auto de 29 de septiembre de igual año, que permita conocer formalmente la referida audiencia y tenga acceso dentro del debido proceso a presentar cuanto medio de defensa le sea permitido -tal como mencionó en audiencia de consideración de esta acción de defensa-.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 79 a 82 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Se acreditó toda la actividad ilegal del Juez ahora accionado, en concordancia con la interpretación efectuada en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, en la que se hace alusión a que la autoridad judicial que pierde competencia cuando está debidamente acreditada la existencia de un auto o decreto de radicatoria, que puede ser verificado mediante el sistema informático, implementado a partir de la promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; sin embargo, dicha resolución no figura en el referido sistema informático; siendo sorprendidos cuando en la revisión de antecedentes, el 29 de septiembre de 2022 se presentó la acusación fiscal; y en la misma fecha el Juez hoy accionado remitió los antecedentes ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; sin darles la posibilidad de conocer formalmente la acusación fiscal, y presentar en actos anticipados el incidente de nulidad, por vulnerar el derecho a la defensa dentro del debido proceso ligado a la libertad; 2) Por la imposibilidad de poder demostrar que el decreto de 30 del mismo mes y año, por el cual se radicó la causa, no fue emitido en esa fecha; es decir, antes de la audiencia de 3 de octubre de ese año; toda vez que, se notificó al Ministerio Público recién el 3 del citado mes y año, a las 17:13 horas, situación que se solicita que sea analizada bajos los principios pro homine , favorabilidad y favoris debilis; ya que no puede ser encasillada a un formalismo, que no es el reflejo de la realidad, pues se encontraban con total seguridad al presentar ésta acción de libertad, de que no existía ninguna resolución o decreto de radicatoria; y, 3) Conforme al art. 1 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se prohíbe mantención abusiva de la detención preventiva, dando lugar para que se implemente en el sistema procesal penal el control del plazo de la referida detención, para que no se torne en una pena anticipada.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 24.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 4 de octubre, cursante de fs. 82 vta. a 84, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) De antecedentes que hacen al trámite de juicio oral y público, en la etapa preparatoria se emitió un requerimiento conclusivo de acusación fiscal el 29 de septiembre de 2022, remitido en la misma fecha al correspondiente Juzgado a “fs. 203” -se entiende del expediente original del proceso penal-, cursa pronunciamiento del Juez ahora accionado, que expresa que se tiene por cumplido y finalizado el control jurisdiccional de la etapa preparatoria de juicio oral y público, en cuya emergencia por Secretaría mediante el sistema informático en el día envíese los antecedentes a la Gestora de Procesos, por la sección que corresponda previa las formalidades de ley, para el sorteo ante el juzgado de sentencia, actuado que se encuentra inserto en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), existiendo posteriormente las carátulas de remisión y la nota correspondiente, existiendo el 30 de septiembre del mismo año, decreto emitido por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, por el cual radica la causa, previo sorteo, dicha providencia no se encontraría a diferencia de otros en el SIREJ, tomando en cuenta lo manifestado por el abogado del accionante, y para determinar la autenticidad de inserción al señalado Sistema, se tendría que presentar cuando habría salido de despacho, circunstancia que no fue acreditada en audiencia; empero, a partir de la misma podría determinarse con certeza el día de su ingreso y salida, tomando en cuenta que se tiene un plazo de veinticuatro horas; llamando la atención que la Auxiliar de Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del referido departamento, indicó que aún se encontraba en despacho; empero lo cierto y evidente es que la causa se encontraría radicada el 30 de septiembre de 2022; ii) Llama la atención que el Juez hoy accionado, debió instalar la audiencia fijada a las 8:30 horas; por cuanto, no tenía certeza de que se hubiese remitido los antecedentes al referido Juzgado, y que la misma se encontraba radicada; sin embargo, pudo averiguar tal extremo mediante Secretaría y hacer las indagaciones correspondientes y ver a ciencia cierta que el cuaderno procesal se encontraba con la radicatoria correspondiente y en ese sentido informar a las partes y a partir de ese hecho instalar la audiencia; y, iii) Con todos esos antecedentes y tomando en cuenta que efectivamente el 30 de septiembre de 2022, se radicó la causa, no existiendo otro informe o documentación del departamento de informática o de la Gestora Procesal a efecto de determinar otra circunstancia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 2 de julio de 2022, pronunciada por Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí -ahora accionado-, determinó la medida extrema de detención preventiva en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, de Elias Borja Condori -hoy accionante-, por el lapso de tres meses, asimismo señaló audiencia de control jurisdiccional del plazo de la detención preventiva para el 3 de octubre de igual año, a las 8:30 horas, siendo notificados; Maria Antonieta Choque Quecaña, Fiscal de Materia, Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del departamento de Potosí; a la parte denunciante; al accionante y su abogado defensor, debiendo notificarse únicamente al encargado del mencionado Centro Penitenciario, con la finalidad de que el accionante pueda conectarse de manera virtual a la señalada audiencia. Aclarándose que será de manera presencial para los demás sujetos procesales (fs. 61 a 69). II.2. Consta requerimiento conclusivo de acusación fiscal, presentado el 29 de “agosto” -siendo lo correcto septiembre- de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí (fs. 70 a 73 vta.). II.3. Mediante Auto de 29 de septiembre de 2022, emitido por el Juez ahora accionado, determinó que al existir el requerimiento conclusivo de acusación formal, así como ofrecimiento de prueba, y conforme a los arts. 52 y 53 de la Ley 1173, establece sobre las competencias para la sustanciación y la resolución del juicio oral y público tanto de los tribunales y jueces de sentencia, de acuerdo al art. 12 de la citada Ley, que modifica al art. 325.I del CPP, norma la remisión de los antecedentes en el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo a través del sistema informático de gestión de causas por la Oficina Gestora de Procesos, a la jueza, juez o tribunal de sentencia bajo responsabilidad, teniéndose por cumplido y finalizado el control jurisdiccional en la etapa preparatoria, en cuya emergencia por Secretaría mediante el sistema informático se envíe en el día la causa, previas las formalidades de ley con la debida nota de cortesía (fs. 74).

II.4. Por Carátula de Reparto del SIREJ, con fecha de impresión de 29 de septiembre de 2022, siendo el lugar asignado el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí (fs. 75). II.5. Cursa Nota con Cite 895/2022 de 29 de septiembre, de remisión del cuaderno de control jurisdiccional, firmada por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, recepcionado en la misma fecha, por el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del referido departamento, (fs. 76). II.6. A través del decreto de 30 de septiembre de 2022, el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, determinó la radicatoria de la causa penal seguida por el Ministerio Público a instancia de Miguel Hugo Gutiérrez Miranda contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, y conforme al art. 340.I del CPP, dispuso que se notifique al Ministerio Público para la presentación física de las pruebas ofrecidas dentro de las veinticuatro horas, bajo responsabilidad (fs. 77). Con el referido decreto fue notificado el 3 de octubre de 2022, a las 17:13 horas, a la Fiscal de Materia mediante ciudadanía digital (fs. 78).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su elemento a la defensa; puesto que, el Juez ahora accionado, de forma arbitraria e ilegal, sin instalar la audiencia de control jurisdiccional del plazo de la detención preventiva de 3 de octubre de 2022, a las 8:30 horas, dispuso de forma oral, pura y simple que no se realizaría la misma ante la presentación del requerimiento conclusivo de acusación fiscal el 29 de septiembre de igual año, motivo por el que los antecedentes fueron remitidos ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, alegando que perdió competencia; sin embargo, conforme a lo manifestado por la Auxiliar de dicho Juzgado, la causa penal aún no estaría radicada en ese Juzgado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) En cuanto a la competencia de los jueces de instrucción penal para conocer solicitudes relativas a la cesación a la detención preventiva y la aplicación, modificación o sustitución de las medidas cautelares, así como todo lo concerniente a la situación jurídica-procesal de la persona cautelada cuando se presenta acusación; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. En cuanto a la competencia de los jueces de instrucción penal para conocer solicitudes relativas a la cesación a la detención preventiva y la aplicación, modificación o sustitución de las

medidas cautelares, así como todo lo concerniente a la situación jurídica-procesal de la persona cautelada cuando se presenta acusación

La SCP 0254/2019-S1 de 15 de mayo, citando a su vez a la SCP 1084/2017-S3 de 18 de octubre, establece que: «…el Tribunal Constitucional a través de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, concluyó que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘…Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado…’”» (las negrillas nos pertenecen).

Conforme a lo desarrollado precedentemente, se puede concluir que presentada la solicitud de cesación a la detención preventiva o en el caso que se trate de la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares o se relacione con la situación jurídica procesal de la persona cautelada; las mismas deben ser resueltas por el Juez de Instrucción Penal que conoce la causa, aun se hubiese presentado el requerimiento conclusivo de acusación y remitido los antecedentes al Juez o Tribunal de Sentencia Penal, siempre y cuando no se encuentre radicada la causa.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su elemento a la defensa; puesto que, el Juez ahora accionado, de forma arbitraria e ilegal, sin instalar la audiencia de control jurisdiccional del plazo de la detención preventiva de 3 de octubre de 2022, a las 8:30 horas, dispuso de forma oral, pura y simple que no se realizaría la misma ante la presentación del requerimiento conclusivo de acusación fiscal el 29 de septiembre de igual año, motivo por el que los antecedentes fueron remitidos ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, alegando que perdió competencia; sin embargo, conforme a lo manifestado por la Auxiliar de dicho Juzgado, la causa penal aún no estaría radicada en ese Juzgado. Establecido el problema jurídico a resolver, de la revisión de los antecedentes se tiene que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Miguel Hugo Gutiérrez Miranda contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, por Auto Interlocutorio de 2 de julio de 2022, pronunciada por el Juez ahora accionado, determinó la medida extrema de detención preventiva en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, al accionante, por el lapso de tres meses, asimismo señaló audiencia de control jurisdiccional del plazo de la detención preventiva para el 3 de octubre de igual año, a las 8:30 horas, siendo notificados; a la Fiscal de Materia, Representante de la DNA, la parte denunciante; al accionante y su abogado defensor, debiendo notificarse únicamente al encargado del mencionado Centro Penitenciario, con la finalidad de que el accionante pueda conectarse de manera virtual a la señalada audiencia. Aclarándose que será de manera presencial para los demás sujetos procesales (Conclusión II.1.).

El requerimiento conclusivo de acusación fiscal, presentado el 29 de “agosto” -siendo lo correcto septiembre- de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, pronunciándose mediante Auto de 29 de septiembre del citado año, emitido por el Juez ahora accionado, determinó que al existir el requerimiento conclusivo de acusación formal, así como ofrecimiento de prueba, y conforme a los arts. 52 y 53 de la Ley 1173, establece sobre las competencias para la sustanciación y resolución del juicio oral y público tanto a los tribunales y jueces de sentencia, de acuerdo al art. 12 de la citada Ley, que modifica al art. 325.I del CPP, norma la remisión de los antecedentes en el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo a través del sistema informático de gestión de causas por la Oficina Gestora de Procesos, a la jueza, juez o tribunal de sentencia bajo responsabilidad, teniéndose por cumplido y finalizado el control jurisdiccional en la etapa preparatoria, en cuya emergencia por Secretaría mediante el sistema informático se envíe en el día la causa, previas las formalidades de ley con la debida nota de cortesía (Conclusiones II.2. y II.3.). Igualmente, se evidencia Carátula de Reparto del SIREJ, con fecha de impresión de 29 de septiembre de 2022, siendo el lugar asignado el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; así como, Nota con Cite 895/2022 de igual fecha, de remisión del cuaderno de control jurisdiccional, firmada por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento, presentado en la misma fecha, ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del referido departamento (Conclusiones II.4. y II.5.). Así también se tiene que, por decreto de 30 de septiembre de 2022, emitido por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, determinó la radicatoria de la causa penal seguida por el Ministerio Público a instancia del denunciante contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, y conforme al art. 340.I del CPP, dispuso se notifique al Ministerio Público para la presentación física de las pruebas ofrecidas dentro de las veinticuatro horas, bajo responsabilidad (fs. 77). Con el referido decreto fue notificado el 3 de octubre de 2022, a las 17:13 horas, a la Fiscal de Materia mediante ciudadanía digital (Conclusión II.6.).

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde aclarar que en los procesos penales en los que se presente por parte del representante del Ministerio Público el requerimiento conclusivo de acusación fiscal ante el Juez que se encuentre a cargo del control jurisdiccional, éste continúa ejerciendo competencia para conocer y resolver ya sean las solicitudes de cesación de la detención preventiva, aplicación, modificación o sustitución de las medidas cautelares y sus emergencias, además de tomar en cuenta las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, también pueden tomar conocimiento y resolver la situación jurídico-procesal de la persona que se encuentra cautelada cuando se amplíe el plazo de su detención preventiva, se produzca el cumplimiento de dicha medida y lo relacionado con el verificativo de la audiencia pública de control jurisdiccional que fuera señalada a dicho efecto; siempre y cuando la causa no se encuentre radicada en un determinado Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal, de acuerdo a lo determinado en el art. 54.1 del CPP; ya que, tratándose del régimen de medidas cautelares personales, la presentación de la acusación fiscal por sí misma, así como también, la remisión de antecedentes ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal, no son impedimento para que la Jueza o Juez de Instrucción Penal puedan conocer las circunstancias citadas anteriormente, reiterando que esa situación puede darse mientras la causa no se encuentre radicada en el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal. En el presente caso conforme a ese contexto jurisprudencial, de antecedentes se evidencia que, por Auto Interlocutorio de 2 de julio de 2022, se determinó la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí por el lapso de tres meses, señalando audiencia de control jurisdiccional del plazo de la detención preventiva, para el 3 de octubre de igual año, a las 8:30 horas; posteriormente, el 29 de septiembre de ese año, la Fiscal de Materia presentó requerimiento conclusivo de acusación fiscal, que fue resuelto en la misma fecha con la remisión de antecedentes, previo sorteo, al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, motivo por el que el Juez ahora accionado suspendió la audiencia programada. Por lo que, conforme a lo referido por el accionante en el memorial de acción de libertad y ratificado en la audiencia de consideración de la misma, y que no fue negado o desvirtuado por el Juez ahora accionado, al no haber presentado informe o presentarse en audiencia de consideración de esta acción de defensa, la Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, informó que el cuaderno procesal recién estaba ingresando a despacho; por consiguiente, aún no se encontraría radicado; empero, de obrados se evidencia la existencia del decreto de radicatoria de 30 de septiembre de 2022, que fue notificado al Ministerio Público el 3 de octubre de igual año a las 17:13 horas, de acuerdo a lo establecido por el art. 340.I del CPP. En ese contexto, no se advierte prueba en contrario como ser certificación del encargado del sistema SIREJ o informe del personal del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, que acredite la inexistencia del decreto de radicatoria de 30 de septiembre de 2022, al momento de la celebración de la audiencia de control jurisdiccional del plazo de la detención preventiva; y si bien ese decreto fue notificado el 3 de octubre del citado año al Ministerio Público; es decir, el mismo día de la programación de la indicada audiencia, esa circunstancia no desvirtúa el hecho de que el Juez ahora accionado se encontraba imposibilitado de resolver la situación jurídica del accionante al no contar con competencia, conforme se mencionó precedentemente, en consecuencia, se infiere que no se vulneraron los derechos del accionante, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada.

De acuerdo a lo resuelto y expuesto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede dejar de pronunciarse respecto a la falta de instalación de audiencia de control jurisdiccional de plazo de la detención preventiva; toda vez que, se advierte una actuación irregular del Juez ahora accionado al no instalar ni celebrar la audiencia que tenía programada para el 3 de octubre de 2022, evidenciándose que incumplió lo determinado por el art. 113 del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173, que determina que no podrá disponerse en ningún caso la suspensión de audiencias sin su previa instalación, conforme a ello era obligación de la indicada autoridad judicial, instalar la audiencia, para exponer y fundamentar los motivos de su decisión y emitir una resolución al respecto, que permita a las partes hacer uso de los medios de impugnación que consideren necesarios en busca del restablecimiento de sus derechos, y al no haber actuado de esa forma, se apartó del marco de sus obligaciones y atribuciones establecidas en la norma procesal penal, correspondiendo por ello, llamar la atención, para que en futuras actuaciones, cumpla con lo determinado en la norma procesal penal. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 4 de octubre, cursante de fs. 82 vta. a 84, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0211_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): a4c5b0ffbe3e0c141e74ebf4070d8f1cc8c9947fc090bd42294510ef860bccd5

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →