Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración del derecho a la libertad; puesto que: 1) El Fiscal de Materia ahora coaccionado solicitó la ampliación de su detención preventiva señalando que no realizó actos investigativos durante la etapa preparatoria, mismo que no puede ser usado como justificativo para ampliar la duración de su detención preventiva; y, 2) El Juez ahora accionado no instaló la audiencia de consideración de verificación de situación jurídica de 11 de abril de 2023, porque nunca abrió la plataforma virtual; por lo que, ocasionó que hasta la fecha dicho actuado procesal no se desarrolló, encontrándose ilegalmente detenido por más de nueve meses.
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En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; ii) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 068/2023 de 15 de junio, cursante a fs. 11 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Moisés Alexis Vilela Dorado, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, sin disponer la libertad de Paola Argentina Ruiz Alegría, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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a) Disponer que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, inmediatamente señale día y hora de audiencia de consideración de verificación de situación jurídica de la accionante, siempre y cuando aún no se hubiese resuelto la misma. 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación a Huáscar Herrera Márquez, Fiscal de Materia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0210/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 56514-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 068/2023 de 15 de junio, cursante a fs. 11 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristina Alegría de Ruiz en representación sin mandato de Paola Argentina Ruiz Alegría contra Moisés Alexis Vilela Dorado, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz; y, Huáscar Herrera Márquez, Fiscal de Materia.
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de junio de 2023, cursante de fs. 3 a 4 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Paola Argentina Ruiz Alegría -accionante-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), se dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, por el lapso de ciento ochenta días; por consiguiente, concluido el mismo, se convocó a una audiencia de consideración de verificación de su situación jurídica, donde el Fiscal de Materia ahora coaccionado, solicitó la ampliación de su detención preventiva por veinte días más; señalando que, no realizó actos investigativos durante la etapa preparatoria; misma que, no puede ser usada como justificativo para ampliar la duración de su detención; sin embargo, dicha ampliación de plazo fue concedida, programándose nueva audiencia para el 11 de abril de 2023.
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El día de la audiencia programada, intentó conectarse; empero, la misma no se instaló debido a que el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, nunca abrió la plataforma virtual, quedando suspendida; por lo que, hasta la fecha -se entiende de interposición de esta acción de libertad- dicho actuado procesal no se desarrolló, encontrándose por ello detenida ilegalmente por más de nueve meses. I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración del derecho a la libertad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se restablezca su derecho a la libertad de locomoción.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de junio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados.
La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo; manifestó que el plazo de ciento ochenta días de su detención preventiva se cumplió el 21 de marzo de 2023.
Moisés Alexis Vilela Dorado, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 15 de junio de 2023, cursante a fs. 15 y en audiencia, manifestó que: a) Por Auto Interlocutorio 82/2023-P de 22 de marzo, se dispuso aceptar en parte la solicitud del Ministerio Público de ampliación de la detención preventiva contra la accionante por el plazo de veinte días, señalándose nuevo día y hora de audiencia de consideración de verificación de situación jurídica para el 11 de abril de 2023, a las 9:30 horas; b) Se evidencia que mediante oficio con CITE OF. 31/2023 de 4 de abril, se remitió al Tribunal de Sentencia Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del citado departamento, piezas originales en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto de 3 de similar mes de 2023 y pliego acusatorio de igual fecha, cursando el sello de cargo de recepción el nombrado Tribunal de 4 de ese mes y año, a las 14:00 horas, mediante la unidad de Plataforma del Tribunal de Justicia de Copacabana del indicado departamento; c) De lo anteriormente .
referido, se llega a establecer que su persona conforme establece la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, haciendo el control jurisdiccional llevó adelante la referida audiencia, señalando una nueva audiencia, que debió ser llevada a cabo por el “Juzgado de Sentencia de Copacabana” (sic); puesto que, se remitieron antecedentes por existir requerimiento conclusivo de acusación formal; y, d) Perdió competencia para celebrar la citada audiencia; tomando en cuenta que, el cuaderno ya se encontraba en competencia del “Juez de Sentencia de Copacabana”. Huáscar Herrera Márquez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) Remitió un informe al Juez ahora accionado; señalando que, remitió antecedentes al “Juzgado de Sentencia” correspondiente en mérito a la acusación formal, presentada el 3 de abril de 2023; 2) No cuenta con legitimación pasiva; debido a que, no es la autoridad que señala la audiencia de consideración de verificación de su situación jurídica; y, 3) No se cumplió con el principio de subsidiariedad; tomando en cuenta que, la accionante no pidió audiencia de verificación de su situación jurídica, como tampoco solicitó la cesación de su detención preventiva; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 068/2023 de 15 de junio, cursante a fs. 11 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) No se acreditó reclamo o solicitud realizada bajo los alcances del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para agotar los mecanismos intra procesales; en consecuencia, no es viable la solicitud realizada a través de esta acción de defensa, por el principio de subsidiariedad; b) Si bien el procedimiento establece que la autoridad judicial que conoce la causa debe señalar audiencia de consideración de verificación de su situación jurídica; sin embargo, no se tiene si al 11 de abril de 2023, ya hubiese sido resuelta la situación jurídica de la accionante; y, c) Conforme al informe de 4 de abril de 2023, se remitió ante otra autoridad judicial los antecedentes, ingresando a otra etapa del proceso que es el juicio oral.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de .
resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 82/2023-P de 22 de marzo, emitido por Alexis Vilela Dorado, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz -ahora accionado-; por lo cual, dispuso aceptar en parte la solicitud del Ministerio Público de ampliación de la detención preventiva en contra Paola Argentina Ruiz Alegría -ahora accionante- por el plazo de veinte días computables desde el 22 de marzo de 2023, señalando día y hora de audiencia de consideración de verificación de su situación jurídica para el 11 de abril del señalado año (fs. 12 a 13). II.2. Cursa oficio con CITE OF. 31/2023 de 4 de abril, a través del cual el Juez hoy accionado, remitió ante los Jueces del Tribunal de Sentencia Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, las piezas originales del proceso seguido contra la accionante, en cumplimiento al decreto de 3 de abril de 2023 y el pliego acusatorio de igual fecha; mismo que, cuenta con sello de recepción de citado Tribunal de 4 de igual mes y año, a las 14:00 horas (fs. 13 vta. a 14). II.3. Consta fotocopia del libro de remisiones del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, donde se consigna que el 4 de abril de 2023, a las 14:00 horas, se remitió al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Copacabana del referido departamento, el proceso penal seguido contra la accionante y Carlos Alberto Peñaloza Lima (fs. 14 vta.).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración del derecho a la libertad; puesto que: 1) El Fiscal de Materia ahora coaccionado solicitó la ampliación de su detención preventiva señalando que no realizó actos investigativos durante la etapa preparatoria, mismo que no puede ser usado como justificativo para ampliar la duración de su detención preventiva; y, 2) El Juez ahora accionado no instaló la audiencia de consideración de verificación de situación jurídica de 11 de abril de 2023, porque nunca abrió la plataforma virtual; por lo que, ocasionó que hasta la fecha dicho actuado procesal no se desarrolló, encontrándose ilegalmente detenido por más de nueve meses.
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En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; ii) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, iii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0531/2019-S2 de 15 de julio, al respecto señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. La SC 0008/2010-R de 6 de abril indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad: …empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (…). Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0705/2021-S1 de 24 de noviembre, establece que: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de Instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la Investigación.
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Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero. Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia .
efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-R a lo señalado en la SC 1584/2005-R, de 7 de diciembre, que indica: ....cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (...).
Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien el art. 239 del CPP vigente dispone cuarenta y ocho horas como plazo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse hasta el último momento para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.1, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de .
celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente” (las negrillas son nuestras).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración del derecho a la libertad; puesto que: 1) El Fiscal de Materia ahora coaccionado solicitó la ampliación de su detención preventiva señalando que no realizó actos investigativos durante la etapa preparatoria, mismo que no puede ser usado como justificativo para ampliar la duración de su detención; y, 2) El Juez ahora accionado no instaló la audiencia de consideración de verificación de situación jurídica de 11 de abril de 2023, porque nunca abrió la plataforma; por lo que, ocasionó que hasta la fecha dicho actuado procesal no se desarrolló, encontrándose ilegalmente detenido por más de nueve meses. Con relación a la denuncia realizada por la accionante contra el Fiscal de Materia ahora coaccionado; referido a que, la propia negligencia de dicha autoridad, no podría constituirse en un justificativo para solicitar la ampliación de la detención preventiva de la accionante, fue también una observación realizada por la defensa técnica de la accionante en la .
audiencia de consideración de verificación de su situación jurídica de 22 de marzo de 2023, a momento de contestar la solicitud de ampliación de su detención preventiva, realizada por el nombrado Fiscal de Materia (fs. 12); empero, el Juez ahora accionado a pesar de la observación realizada decidió aceptar dicha ampliación de su detención preventiva a través del Auto Interlocutorio 82/2023-P, determinación contra la cual, la accionante debió formular el recurso de apelación incidental, si no estaba de acuerdo, al establecerlo así la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que trata sobre el principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, que es aplicable en caso de estar disponibles mecanismos intraprocesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para reclamar los derechos de la accionante, los cuales deben ser utilizados previamente; puesto que, la acción de libertad procede únicamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados, a pesar de haberse agotado las referidas vías en la jurisdicción ordinaria; correspondiendo; por lo tanto, denegar la tutela solicitada respecto a esta autoridad. Ahora bien, respecto al Juez ahora accionado, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez de Instrucción Penal tiene el control jurisdiccional de la causa en etapa preparatoria; por lo que, conoce y resuelve las solicitudes de aplicación o modificación de medidas cautelares y es competente pese a la presentación de la acusación formal cuando la audiencia al fin referido ya hubiese sido fijada con anterioridad, esto hasta que la causa no sea radicada ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal. En ese entendido, de los antecedentes que cursan en obrados, específicamente del segundo considerando del Auto Interlocutorio 82/2023-P, se tiene que a través de la Resolución “111/2022-P” de 21 de septiembre se dispuso la detención preventiva de la accionante por el lapso se seis meses, programándose la audiencia de consideración de verificación de su situación jurídica para el 21 de marzo de 2021, actuado procesal donde como ya se manifestó el Ministerio Público solicitó, ampliación de la detención preventiva de la accionante por el plazo de veinte días más; pedido que, fue aceptado por el Juez ahora accionado, señalándose nuevo día y hora de audiencia de consideración de verificación de situación jurídica para el 11 de abril de 2023 (Conclusión II.1.); empero, dicha audiencia no se llevó adelante en esa fecha, como tampoco de forma posterior. Cuando, debido a que la audiencia de consideración de verificación de su situación jurídica de 11 de abril de 2021 fue programada en audiencia de 21 de marzo de ese año, antes de la presentación de la acusación formal -3 de abril de 2021- el Juez ahora accionado sin perjuicio de la remisión de los antecedentes, debió quedarse con una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la verificación de la situación .
jurídica de la accionante y una vez concluida la audiencia debió remitirlos junto a la resolución pronunciada, ante el citado Juez de Sentencia Penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente; puesto que, si bien el Juez ahora accionado presentó informe, señalando que la audiencia de situación jurídica fijada para el 11 de abril de 2023, debió ser llevado a cabo por el Juzgado de Sentencia de Copacabana del departamento de La Paz; siendo que, remitió antecedentes a dicho Juzgado por existir requerimiento conclusivo de acusación formal, adjuntando a dicho efecto el oficio con CITE OF. 31/2023; por el cual, remitió ante los Jueces del Tribunal de Sentencia Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del citado departamento, en piezas originales el proceso seguido contra la accionante, en cumplimiento al decreto de 3 de similar mes y año y pliego acusatorio de igual fecha, mismo que cuenta con sello de recepción de citado Tribunal de 4 de referido mes y año a las 14:00 horas; asimismo, la fotocopia del libro de remisiones del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del referido departamento, donde se consigna que el 4 de mencionado mes y año, a las 14:00 horas se remitió a los Jueces del Tribunal de Sentencia Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, el proceso penal seguido contra la accionante y Carlos Alberto Peñaloza Lima (Conclusión II.2. y II.3.); no obstante, dicha documentación no acredita que el Juez ahora accionado efectivamente hubiese perdido competencia para llevar la audiencia de situación jurídica de la accionante; debido a que, no presentó constancia de la radicatoria de la acusación en el Tribunal de Sentencia Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 068/2023 de 15 de junio, cursante a fs. 11 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Moisés Alexis Vilela Dorado, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, sin disponer la libertad de Paola Argentina Ruiz Alegría, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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a) Disponer que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, inmediatamente señale día y hora de audiencia de consideración de verificación de situación jurídica de la accionante, siempre y cuando aún no se hubiese resuelto la misma. 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación a Huáscar Herrera Márquez, Fiscal de Materia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0210_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): b7e55c991ec21bc8d62a3661c52e10888ec1b07dcc2efe5bf3383ebdd0be5946
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