Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de abril de 2023
Concede la tutela
El accionante, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad debido a que la autoridad demandada, no dio cumplimiento al mandamiento de libertad de 3 de diciembre de 2021, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra por la presunta comisión del delito de violación a infante niña, niño y adolescente, sin considerar que mediante Sentencia de 3 de diciembre del citado año, fue declarado absuelto de culpa y pena de la comisión del referido delito y dispuso se expida el mandamiento de libertad con el que fue notificado el Director del Centro de Rehabilitación de Varones de “Mocovi”, quien no dio cumplimiento el referido mandamiento con el argumento que existe error en el número del NUREJ, encontrándose de esa manera privado de su libertad por cinco días; consiguientemente solicita que, la autoridad demandada cumpla inmediatamente el mandamiento de libertad, emitido por los Jueces Técnicos que integran el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital y se lo ponga en inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El deber de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, de brindar la debida celeridad para el cumplimiento y ejecución inmediata de decisiones jurisdiccionales que ordenen la libertad; c) La sentencia absolutoria y sus efectos; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 7 de enero, cursante de fs. 24 a 27 vta., pronunciada por Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, bajo los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0210/2023-S1 Sucre, 12 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44685-2022-90-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 06/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 24 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Franz Reinaldo Moye Roca contra Rolando Rodríguez Terán, Director del Centro de Rehabilitación de Varones “Mocovi”.
Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señaló que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación, estuvo detenido preventivamente durante cuatro años, el proceso radicó en el Tribunal Segundo de Sentencia en el que fue juzgado y obtuvo Sentencia Absolutoria 18/21 de 3 de diciembre de 2021, en la misma fecha se emitió el mandamiento de libertad con el que fue notificado el Director del Centro Penitenciario ahora demandado, quien hasta el día de hoy se niega a dar cumplimiento a la orden emitida por los tres jueces técnicos que conforman el Tribunal mencionado. Pese a contar con sentencia absolutoria sigue privado de su libertad bajo el absurdo argumento que existe un error en el número de NUREJ, situación totalmente falsa, debido a que durante cuatro años su persona peregrinó muchas veces a audiencias y el Director jamás hizo observación alguna; su proceso culminó y cuenta con el mandamiento de libertad; empero, el Director demandado se dio a la oficiosa tarea de hacer observaciones.
Alegó como vulnerado su derecho a la libertad, citando únicamente el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga que la autoridad demandada cumpla inmediatamente el mandamiento de libertad, emitido por los Jueces Técnicos que integran el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital y se lo ponga en inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 7 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta de audiencia cursante de fs. 19 a 23, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, en audiencia ratificó el memorial de acción de libertad y refirió que: a) El demandado al no dar cumplimiento el mandamiento de libertad, infringe lo establecido en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), pues si bien su responsabilidad está establecida en el art. 59 de la citada Ley, de manera misteriosa indicó que podría tener otro proceso y se niega a cumplir dicho mandamiento; b) Estamos hablando de una persona que ha culminado el proceso, que tiene mandamiento de libertad, que debe ser ejecutado de manera inmediata, siempre y cuando no esté detenido por otro proceso; y, c) Se encuentra por quinto día con una detención ilegal por un proceso que ya culminó, si el Director considera que existe otro proceso, debió inmediatamente demostrar ese hecho; por lo que pide se le conceda la tutela solicitada. A su turno la abogada del accionante Elizabeth Pinto Lijeron, refirió que: el accionante, se encuentra privado de su libertad por el lapso de cinco días, no obstante a contar con un mandamiento de Libertad, emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia, por lo que corresponde ordenar el cumplimiento inmediato del mandamiento referido.
Rolando Rodríguez Terán, Director del Centro de Rehabilitación Varones de “Mocovi”, presente en audiencia informó lo siguiente: 1) El día viernes por la tarde llegó el mandamiento de libertad, con un error en el Número de Nurej; por lo que se comunicó con una funcionaria del juzgado quien les refirió que no trabajan los sábados y domingos que podría corregir el día lunes, no puede dar curso a un mandamiento que contiene un error de taipeo hasta que el mismo sea rectificado; y, 2) El lunes presentó un informe para que el Nurej sea corregido, no es una arbitrariedad de su parte, es importante que la Corte corrija, para que pueda dar cumplimiento a dicho mandamiento, en muchos casos los privados de libertad tienen otros procesos y sería un error conceder en esas circunstancias; por lo que pide, se deniegue la tutela solicitada. Posteriormente hizo uso de la palabra el Abogado del Régimen Penitenciario Lucio Chávez, quien ratificó lo informado por el Director, y solicitó que se instruya al Tribunal respectivo para que pueda realizar un trabajo adecuado.
La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, mediante Resolución 06/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 24 a 27 vta., concedió la tutela solicitada, y dispuso que la autoridad demandada de manera inmediata dé cumplimiento al mandamiento de libertad; ya que guarda estricta relación con las actuaciones ya mencionadas y que se manifestó a “fojas 201 a fojas 348” guardando una relación congruente en cuanto al número de Nurej, pero primordialmente cumpliéndose los parámetros del art. 360 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que claramente señala la identificación personal del imputado; es decir, del señor Franz Reinaldo Moye Roca con C.I. 10804752 Bn, no aduciéndose la normativa en cuanto al número de Nurej, pero independientemente de esa situación jurídica, si el número de Nurej establecido en el mandamiento de libertad guarda absoluta relación y concordancia con todos y cada una de las actuaciones procesales que están establecidas a “fojas 201 a fojas 348”; bajo los siguientes fundamentos: i) Podemos evidenciar con absoluta y meridiana claridad que la parte demandada fue notificada con el mandamiento de libertad tal como se evidencia en el art. 349 es decir cumpliendo los parámetros establecidos en el art. 160 y siguientes del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019; ii) Se puede ver también que independientemente del mandamiento de libertad, los diferentes memoriales, notificaciones y otras diligencias evidencian que el Nurej está asignado con el número 8012381 y dentro del mandamiento de libertad, también coincide con el acta de la audiencia 8012381; es decir, guardando la misma relación de todos y cada una de las diligencias que se hubieran practicado durante el desarrollo de la presente audiencia, tal como podemos constatar a fojas 201 a 348, por lo que no se puede aducir que la falta de conocimiento del NUREJ no haya sido el mismo, ya que guarda la misma relación con el número de actividades procesales desarrolladas durante el proceso y juicio oral con el mandamiento de libertad, por lo que no se puede aducir el desconocimiento de dichas actuaciones procesales; y, iii) Al margen de esa situación también se tiene que dar cabida al art. 360 que ninguna de sus partes componentes del Núm. 1 al 5 habla sobre la situación del NUREJ, simple y llanamente habla sobre los datos personales del imputado, es decir el mandamiento de libertad claramente identifica a Franz Reinaldo Moye Roca con el CI.10804752 Bn, cumpliéndose con los parámetros establecidos en el art. 360 del CPP.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el presunto delito de violación Niña Niño y Adolescente contra Franz Reinaldo Moye Roca, cursa fotocopia del Acta de Audiencia que se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2021 a horas 11:07 (con número de expediente 8012381) en la que consta que el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital del Beni, invocando el art. 363 del CPP dictó la parte resolutiva de la Sentencia y declaró al acusado Franz Reinaldo Moye Roca de generales a ser descritas en el encabezamiento de la sentencia, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de violación de Infante, Niña Niño y Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), porque la prueba aportada no fue suficiente para formar convicción en el Tribunal sobre la responsabilidad penal del acusado en el hecho acusado. Asimismo de conformidad a la previsión contenida en el art. 364 del CPP, dispuso la cesación de todas las medidas cautelares personales impuestas en contra del acusado, sin costas. Disponiéndose que por Secretaría se expida el correspondiente mandamiento de libertad a favor del prenombrado acusado. Se señaló audiencia para la lectura íntegra de la Sentencia para el día 4 de enero de 2022 a horas 15:50, esto tomando en cuenta la suspensión de plazos procesales que correrán a partir del día martes 7 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2021, según consta en la circular de Sala Plena N° 2021, que hace referencia a la vacación judicial colectiva para la presente gestión. Asimismo se tiene que en audiencia la Fiscal Olga Lidia Julio hizo uso del recurso de apelación, protestando presentar por escrito. Se dio por concluido el acto (fs. 355 a 356 de Anexos). II.2. Mandamiento de libertad librado el 3 de diciembre de 2021, con Nurej:
8012381 mediante el cual el Presidente y los Jueces Técnicos del Tribunal Segundo de Sentencia Juan Ernesto Muñoz Ortega, Omar Pereira Encinas y Ángel Duran Ali, ordenaron al Director del Centro de Rehabilitación de Varones de “Mocovi” de la ciudad de Trinidad, que previas las formalidades de ley siempre que no estuviera detenido por otros delitos ponga en inmediata libertad a Franz Reinaldo Moya Roca, cursa debajo del nombre el N° 10804752-Beni, refiere que así se tiene ordenado mediante Sentencia 18/2021 dictada el 3 de diciembre (fs. 358 de Anexos). II.3. Mediante Notificación Personal con Número 8012381 de 3 de diciembre de 2021 a horas 16:30 fue notificado el Gobernador de “Mocovi” con el mandamiento de libertad de la misma fecha (fs. 357 de Anexos).
El accionante, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad debido a que la autoridad demandada, no dio cumplimiento al mandamiento de libertad de 3 de diciembre de 2021, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra por la presunta comisión del delito de violación a infante niña, niño y adolescente, sin considerar que mediante Sentencia de 3 de diciembre del citado año, fue declarado absuelto de culpa y pena de la comisión del referido delito y dispuso se expida el mandamiento de libertad con el que fue notificado el Director del Centro de Rehabilitación de Varones de “Mocovi”, quien no dio cumplimiento el referido mandamiento con el argumento que existe error en el número del NUREJ, encontrándose de esa manera privado de su libertad por cinco días; consiguientemente solicita que, la autoridad demandada cumpla inmediatamente el mandamiento de libertad, emitido por los Jueces Técnicos que integran el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital y se lo ponga en inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El deber de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, de brindar la debida celeridad para el cumplimiento y ejecución inmediata de decisiones jurisdiccionales que ordenen la libertad; c) La sentencia absolutoria y sus efectos; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0453/2018-S2 de 27 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:
El art. 23.VI de la CPE, señala que: “Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley”. Por su parte, el art. 58 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- señala que el Director del establecimiento penitenciario, será responsable del manejo del recinto a su cargo, teniendo entre sus funciones, de acuerdo al art. 59.2 de la referida Ley, la de controlar la correcta custodia de las personas que cumplen detención preventiva. En coherencia con dichas normas y considerando la responsabilidad que tienen los directores de los establecimientos penitenciarios, el art. 39 de la LEPS, establece:
Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno.
El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan. A partir del marco normativo señalado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su uniforme línea jurisprudencial sobre la inmediata ejecución del mandamiento de libertad y el deber jurídico de los encargados o directores de las cárceles o centros penitenciarios, precisó en las SSCC 0323/2003-R de 17 de marzo y 0192/2004-R de 9 de febrero, entre otras, que una vez cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno; resaltando que la autoridad encargada de recintos penitenciarios, debe tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad, teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica; comprobación y consulta que deben realizarse inmediatamente de recibido el mismo. En ese sentido, la SC 0442/2007-R de 4 de junio4 enfatizó el deber que tienen los encargados de las prisiones, de disponer la libertad inmediata del detenido frente a un mandamiento de libertad, que emana de autoridad competente; y si bien, previo a ello, de manera inmediata, debe verificar la existencia o no de otros mandamientos contra el imputado, así como determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, esto no implica, que deba existir una dilación injustificada en su ejecución. Esta verificación de medidas de seguridad, debe responder a una eficaz y eficiente labor de coordinación entre el órgano jurisdiccional que emitió dicha orden y el centro penitenciario a cargo de su ejecución -SCP 0381/2015-S3 de 8 de abril-.
La SCP 1349/2013 de 15 de agosto señaló que las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen la obligación ineludible de procurar con celeridad y diligencia la observancia de una decisión jurisdiccional; y en caso de duda o imposibilidad de cumplimento, no atribuible al privado de libertad, tienen el deber de procurar con celeridad y diligencia su acatamiento, en el marco de una interpretación favorable y extensiva del derecho a la libertad; postulado que tiene sustento jurídico-constitucional, en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales, como es el principio de favorabilidad.
Conforme a lo anotado, las autoridades encargadas de los recintos penitenciarios deben dar cumplimiento y ejecutar a la brevedad posible las decisiones judiciales que ordenen la detención domiciliaria o la libertad del privado de libertad; para lo cual, inmediatamente después de haber sido notificados deben: 1) Verificar si existen o no, otros mandamientos contra el privado de libertad; 2) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, en consecuencia, realizar la verificación correspondiente; 3) En caso de duda o imposibilidad de cumplimento por causas no atribuibles al privado de libertad, el Director del Régimen Penitenciario debe procurar con celeridad y diligencia, el acatamiento de la decisión jurisdiccional; y, 4) El Director del establecimiento penitenciario a su cargo, es responsable del manejo del mismo y de los registros que existen en él, bajo la responsabilidad penal y/o disciplinaria que corresponda. Las reglas anotadas, tienen la finalidad de velar porque se respeten los derechos fundamentales y garantías constitucionales del detenido; así como evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades, evada burlando la justicia y la verificación de la autenticidad del mandamiento de libertad; situaciones que le generarían responsabilidad al encargado del recinto penitenciario.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0761/2018-S2 de 8 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento: La SCP 2190/2012 de 8 de noviembre, respecto a esta temática manifestó:
El art. 363 del CPP establece: “Se dictará sentencia absolutoria cuando: 1. No se haya probado la acusación o ésta haya sido retirada del juicio, 2. La prueba aportada no sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado; 3. Se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en él; o, 4. Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal”. Asimismo el art. 364 de la normativa precedente señala: “La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente. La libertad del imputado se ordenará aun cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia. El juez o tribunal, a solicitud del absuelto, dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia absolutoria en un medio escrito de circulación nacional con cargo al estado o al querellante particular”.
De la norma precedente, se establece la cesación de las medidas cautelares personales, la obligatoriedad de disponer la libertad inmediata de absuelto desde la misma sala de audiencia, sin perjuicio de los recursos que se pudieran interponer contra el fallo por parte del fiscal y del querellante, situación que no se contemplaba dentro de nuestra economía procesal, donde para la efectividad de un fallo, se requería como condición indispensable la ejecutoria del mismo. La jurisprudencia constitucional al respecto manifestó: “…en cuanto a la cesación de las medidas cautelares, el art. 364 del CPP, titulado 'Efectos de la absolución', estipula 'La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y en su caso declarará la temeridad o malicia de la acusación de la responsabilidad correspondiente. (…)'. De la interpretación de este precepto, se tiene que los efectos de una sentencia absolutoria con relación a las medidas cautelares personales son inmediatos, lo que significa que, dictada la sentencia, el Juez o Tribunal de la causa deberá ordenar la cesación de las mismas, lo que implica a su vez que no puede someter al procesado a la espera del trámite de una apelación o recursos ulteriores a la emisión de la sentencia, cuando se le ha declarado absuelto de culpa y pena por el delito por el que fue procesado, de modo que resulta lógico y conforme a derecho que habiendo sido declarado de tal forma se le habilite en el goce y disfrute de sus derechos y garantías, dejando sin efecto las limitaciones que se impusieron a los mismos como medidas para asegurar su presencia en el juicio como también para asegurar la averiguación de la verdad, que en primera instancia está contenida en la fundamentación de la sentencia” así lo entendió la SC 0832/2004-R de 1 de junio (las negrillas nos pertenecen).
Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Violación de Niña, Niño y Adolescente, (expediente 8012381) contra Franz Reinaldo Moye Roca, el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital del Beni, en la audiencia de 3 de diciembre de 2021, dictó la parte resolutiva de la Sentencia y declaró al referido acusado Absuelto de Culpa y Pena de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña y Adolescente, con el argumento que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción en el Tribunal sobre la responsabilidad penal del acusado, y dispuso la cesación de todas las medidas cautelares personales impuestas contra el acusado, sin costas, ordenó igualmente que por Secretaría se expida el mandamiento de libertad a favor del referido acusado y señaló audiencia para el 4 de enero de 2022 para la lectura íntegra de Sentencia. El 3 de diciembre de 2021 a horas 16:30 el Director del Centro de Rehabilitación de Varones “Mocovi”, fue notificado con el mandamiento de libertad con Nurej 8012381 de 3 de diciembre del mismo año. Del informe emitido por el Director del Centro de Rehabilitación de Varones “Mocovi”, se tiene que observó el mandamiento debido a que existía un error en cuanto al Nurej hecho que puso en conocimiento de la Secretaría del Juzgado, quien habría referido que no trabajan los días sábados y domingos y que el día lunes podría corregir, pretendiendo enmendar un error. De los antecedentes referidos, se advierte que el accionante se encuentra privado de su libertad no obstante a que cuenta con Sentencia y mandamiento de Libertad expedido por un Tribunal competente, motivo por el que habría solicitado se dé cumplimiento a dicho mandamiento, sin que a la fecha la autoridad demandada, hubiera ejecutado el mismo, esperando que la Secretaria del Juzgado corrija el error en el Nurej. Debe precisarse que si bien el Director del Centro de Rehabilitación de Varones “Mocovi”, de acuerdo al art. 59.2 de la LEPS tiene entre sus funciones la de controlar la correcta custodia de las personas que cumplen detención preventiva; empero, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III. 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que dicha autoridad, debe dar cumplimiento y ejecutar a la brevedad posible las decisiones judiciales que ordenen entre otras, la libertad del privado de libertad, y verificar inmediatamente cualquier impedimento que obstaculice la ejecución del mandamiento con celeridad y oportunidad; asimismo, dicha jurisprudencia señala que:
(…) las autoridades encargadas de los recintos penitenciarios deben dar cumplimiento y ejecutar a la brevedad posible las decisiones judiciales que ordenen la detención domiciliaria o la libertad del privado de libertad; para lo cual, inmediatamente después de haber sido notificados deben: 1) Verificar si existen o no, otros mandamientos contra el privado de libertad; 2) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, en consecuencia, realizar la verificación correspondiente; 3) En caso de duda o imposibilidad de cumplimento por causas no atribuibles al privado de libertad, el Director del Régimen Penitenciario debe procurar con celeridad y diligencia, el acatamiento de la decisión jurisdiccional; y, 4) El Director del establecimiento penitenciario a su cargo, es responsable del manejo del mismo y de los registros que existen en él, bajo la responsabilidad penal y/o disciplinaria que corresponda. En relación a lo previsto por el art. 59.2 de la LEPS, teniendo la obligación de controlar la correcta custodia de las personas que cumplen detención preventiva. Debe precisarse que, si bien el Director del Centro de Rehabilitación de Varones “Mocovi” demandado, tiene entre sus atribuciones la verificación de la existencia o no de otros procesos y otros mandamientos entre otros, ésta labor debe ser realizada con prontitud en un plazo que no vulnere el derecho a la libertad que tiene el absuelto. De lo referido se tiene que, en atención a las consideraciones referidas en los Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.3 del presente fallo constitucional, los Directores de Centros de Rehabilitación Penal, tienen el deber jurídico y la obligación de ejecutar inmediatamente el mandamiento de libertad, una vez que sea notificado a sus personas sin dilaciones indebidas, exigencia que resulta indispensable en aquellos casos vinculados con el derecho a la libertad personal dispuesta mediante una Sentencia absolutoria. Más aún si se toma en cuenta los efectos de una sentencia absolutoria, previstos en el art. 364 del CPP que son de carácter inmediato, una vez dictada la sentencia el Tribunal de la causa deberá ordenar la cesación de las medidas cautelares personales en el acto, sin someter al absuelto a una espera del trámite de apelación o de recursos posteriores a la sentencia. De donde emerge también el deber del Director del Centro Penitenciario de Varones “Mocovi” para ejecutar inmediatamente el mandamiento de libertad, sin demora alguna. Obligación que en el caso fue quebrantada por el Director del Centro de Rehabilitación de Varones “Mocovi” demandado, quien con el argumento de existir un error en el Nurej del Mandamiento de libertad, omitió dar cumplimiento inmediato al mismo, cuando éste fue expedido por orden de una Sentencia absolutoria; el demandado no consideró de manera objetiva que el Número de Nurej 8012381 coincide con el Número de los diferentes actuados previos, sin que haya un motivo para demorar su ejecución. De esa manera, al no haber obrado con oportunidad, se incumplió la normativa penal, dando lugar a una dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad física del accionante, por consiguiente, corresponde otorgar la tutela a través de la presente acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Por lo precedentemente manifestado, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, efectuó una adecuada valoración de los antecedentes del proceso y de las normas aplicables al caso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 7 de enero, cursante de fs. 24 a 27 vta., pronunciada por Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, bajo los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
3 El FJ III.3, sostiene: “Con relación al art. 39 LEPS, la SC 323/2003-R ha determinado que, cuando ese precepto `[...] señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…´, comprobación y consulta que deberá ser realizada inmediatamente, una vez recibido el mandamiento de libertad”. 4El FJ III.3, señala: “Es evidente que los encargados de las prisiones deben disponer la libertad inmediata del detenido frente a un mandamiento de libertad, que emana de autoridad competente, sin embargo, previo a ello de manera inmediata y sin que ello origine una demora indebida deben verificar si existen o no otros mandamientos en contra del imputado, así como determinar si el mandamiento de libertad, presentado es auténtico, en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado en la SC 1696/2004-R de 22 de octubre, la obligación de que:`(…) el detenido con la sola presentación del mandamiento sea dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de
tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento (…)´”. 5El FJ III.3, refiere: “En el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho, se tiene que las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, se encuentran sometidos a las decisiones jurisdiccionales que emanen de las autoridades competentes; en ese orden, a partir de la premisa antes señalada, debe establecerse que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales en los términos plasmados en las órdenes expedidas por autoridades competentes y en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento no atribuible al privado de libertad, las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de procurar con celeridad y diligencia un cumplimiento de la decisión jurisdiccional en el marco de una interpretación lo más favorable y extensiva a la libertad, postulado que tiene sustento jurídico-constitucional en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales como es el pro-libertatis, cuya génesis constitucional se encuentra en los arts. 13.I, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0210_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5e112cd368eecea929c64b7109b0c72b43891d87f0bb826f7657ac30bfe81eb5
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