Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia vinculado a su libertad, debido a que la autoridad demandada se pronunció de oficio al señalar que la Jueza a quo omitió analizar el argumento postulado por el Ministerio Público referente a la complejidad del caso. Además, no precisó la relevancia de las pruebas que dicha autoridad no consideró y propició dejar sin efecto la Resolución de 18 de agosto de 2022 emergente de la audiencia de consideración de situación jurídica -medidas cautelares-. La autoridad demandada señala que no incurrió en incongruencia, ya que, revisada el acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 18 de septiembre de 2022, se pudo advertir que efectivamente la parte denunciante postuló como agravio la omisión de pronunciamiento de la solicitud efectuada por la representación fiscal referente a la complejidad del caso y efectivamente la Jueza a quo no se pronunció sobre todos los puntos expuestos por lo sujetos procesales en audiencia de consideración de situación jurídica en estricta observancia del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que revocó la Resolución para que la Jueza de primera instancia emita una nueva.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 32 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto al derecho a la libertad vinculado al debido proceso, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 15 de septiembre de 2022 emitido por el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, 2° Disponer que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita un nuevo fallo que resuelva el fondo de lo planteado y, de conformidad con los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, la situación jurídica del imputado no hubiese cambiado o modificado como efecto del carácter provisional de las medidas cautelares.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0209/2025-S2 Sucre, 7 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50547-2022-102-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 32 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Miranda Gonzales en representación sin mandato de Eddy Nina Characayo contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1 a 5, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Está siendo procesado por el Ministerio Público a instancia del Banco Bisa Sociedad Anónima (S.A.) de manera indebida e ilegal por la presunta comisión de los delitos manipulación informática y apropiación indebida de fondos financieros, debido a que recibió, de buena fe, sumas de dinero en sus cuentas bancarias como resultado de la transferencia de sus criptomonedas (USDT) a través de la plataforma Binance. Asimismo, mediante Resolución de 18 de febrero de 2022, el juez de instrucción penal de turno determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba por un plazo máximo de seis meses, el cual finalizaba el 18 de agosto del mismo año; no obstante, en audiencia celebrada en la misma fecha, la Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del referido departamento dispuso su ampliación por un mes adicional.
Dicha decisión fue apelada por el representante del Ministerio Público, la víctima-denunciante y su defensa técnica; en consecuencia, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, tras sustanciar las impugnaciones, dictó el Auto de Vista de 15 de septiembre de 2022, declarando procedente la apelación interpuesta por la víctima-querellante y dejando sin efecto la Resolución apelada para que la Jueza a quo emita una nueva. La resolución de alzada vulnera su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia vinculados a su libertad, pues: a) La Resolución dictada por la autoridad demandada posee argumentos incongruentes, ya que, aunque el Ministerio Público apeló la Resolución de 18 de agosto de 2022 pronunciada por la Jueza a quo, no logró fundamentar su impugnación, dado que el Fiscal de Materia no participó en la audiencia de apelación incidental celebrada el 15 de septiembre del mismo año; por lo tanto, resulta inadmisible que el Vocal demandado afirme que la Jueza a quo no efectuó un análisis sobre la complejidad del caso, cuando dicho planteamiento fue realizado por el Ministerio Público y carece de carga argumentativa; además, ningún otro apelante cuestionó dicho extremo, por lo que la autoridad demandada, al pronunciarse sobre este asunto, incurrió en incongruencia tanto interna como externa; y, b) El Vocal demandado vulneró el debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, ya que, en su resolución, manifiesta que la Jueza a quo no valoró las pruebas acompañadas, sin señalar la relevancia de dichos elementos probatorios; por otro lado, resulta inadmisible que la autoridad demandada no comprenda que las pruebas supuestamente no valoradas por la Jueza de la causa fueron descartadas por ser presentadas minutos antes de celebrarse la audiencia de consideración de situación jurídica, lo que ocasionó que su persona no posea el tiempo necesario para asumir defensa.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia vinculado a su libertad; citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 15 de septiembre de 2022 dictado por la autoridad demandada; 2) Se emita una nueva resolución respetando el debido proceso y el estado de derecho; y, 3) Se condene en costas y costos.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos de la acción tutelar presentada.
Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 15 a 17, señaló lo siguiente: i) No es posible que un juez o tribunal de garantías revise o sustituya labores de la jurisdicción ordinaria, ya que la amplia jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la interpretación de la legalidad ordinaria es de exclusiva competencia de los jueces y tribunales de dicha jurisdicción; por lo tanto, la tramitación de una acción de libertad no constituye una instancia procesal adicional para la revisión de resoluciones; ii) El accionante omitió exponer el nexo de casualidad entre los derechos denunciados y las conductas transgresoras, puesto que no se advierte que hubiera señalado las acciones o fundamentos que transgredieran derechos y garantías constitucionales. Tampoco explica por qué considera que el razonamiento inserto en el Auto de Vista se aparta de los marcos legales de la sana crítica y legalidad; y, iii) No es evidente que su autoridad hubiera incurrido en incongruencia interna y externa, debido a que, en la audiencia de consideración de la situación jurídica, la parte denunciante planteó como agravio la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud efectuada por la representación fiscal y la falta de valoración de la prueba. Este agravio fue verificado por su autoridad, lo que resultó en la emisión de un Auto de Vista que dispuso la revocatoria de la Resolución de la Jueza a quo, con el fin de que emita una nueva resolución pronunciándose sobre todos los extremos denunciados.
La Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 02/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 32 a 36 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) No es evidente que el Auto de Vista de 15 de septiembre de 2022 sea incongruente debido a que la autoridad demandada identificó de forma clara cuales fueron los aspectos cuestionados por la parte recurrente y se pronunció sobre los mismos apropiadamente; b) No solo el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo de la detención preventiva del impetrante de tutela por el plazo de tres meses, sino también la víctima-querellante justificando dicho pedido en la complejidad de la investigación, puesto que la misma posee multiplicidad de víctimas y partícipes del hecho; y, c) El peticionante de tutela poseía la facultad de ejercer su derecho a la defensa y solicitar un receso en la audiencia de consideración de situación jurídica para analizar y considerar las pruebas presentadas por la víctima antes de ese acto procesal; empero no ejerció dicho derecho y únicamente señaló que se tiene actividades investigativas pendientes; además, la autoridad demandada no resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público debido a que el Fiscal de Materia no se presentó en audiencia, sino resolvió el recurso de apelación interpuesto por la víctima, por lo que la Resolución emitida por el Vocal demandado posee la suficiente motivación y fundamentación.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de consideración jurídica y Auto Interlocutorio de 18 de agosto de 2022 pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba en el que dispuso ampliar la detención preventiva de Eddy Nina Characayo -ahora accionante- por un mes adicional (fs. 18 a 21). II.2. Por nota de 9 de septiembre de 2022 el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba informó a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento que el impetrante de tutela se encuentra con detención preventiva (fs. 22). II.3. Consta acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar y Auto de Vista de 15 de septiembre de 2022 emitido por el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, que dispuso revocar y dejar sin efecto la Resolución de primera instancia, a fin de que la Jueza a quo pronuncie una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas, una vez devuelto el cuadernillo de apelación (fs. 26 a 28 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia vinculado a su libertad, debido a que la autoridad demandada se pronunció de oficio al señalar que la Jueza a quo omitió analizar el argumento postulado por el Ministerio Público referente a la complejidad del caso. Además, no precisó la relevancia de las pruebas que dicha autoridad no consideró y propició dejar sin efecto la Resolución de 18 de agosto de 2022 emergente de la audiencia de consideración de situación jurídica -medidas cautelares-. La autoridad demandada señala que no incurrió en incongruencia, ya que, revisada el acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 18 de septiembre de 2022, se pudo advertir que efectivamente la parte denunciante postuló como agravio la omisión de pronunciamiento de la solicitud efectuada por la representación fiscal referente a la complejidad del caso y efectivamente la Jueza a quo no se pronunció sobre todos los puntos expuestos por lo sujetos procesales en audiencia de consideración de situación jurídica en estricta observancia del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que revocó la Resolución para que la Jueza de primera instancia emita una nueva.
La SC 1554/2004-R de 27 de septiembre dispuso que “…las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso…” (negrillas y resaltado añadidos). Dicho análisis fue complementado con el razonamiento desarrollado en la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre que expresamente señala “…al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa” (negrillas y resaltado propios).
De la revisión del Auto de Vista de 15 de septiembre de 2022, señalado como acto lesivo en la presente acción, se evidencia que, el Tribunal ad quem demandado consideró que, en la Resolución de 18 de agosto de 2022, la Jueza de primera instancia no se pronunció sobre el argumento postulado por el Ministerio Público referido a la complejidad del caso, por lo que, en lugar de resolver lo extrañado, dispuso revocar la Resolución impugnada, dejarla sin efecto y que la Jueza a quo emita una nueva. Ahora bien, este Tribunal advierte que, el Auto de Vista impugnado transgrede la garantía del debido proceso vinculado directamente con la libertad del accionante, toda vez que, si bien correspondía al Vocal demandado emitir una resolución aprobando o revocando la Resolución impugnada, de ninguna manera podía dejar sin efecto una resolución con el objeto de que la Jueza a quo dicte un nuevo pronunciamiento, puesto que, en la tramitación de impugnaciones de resoluciones referentes a la ampliación, modificación o rechazo de medidas cautelares, se tratan temas vinculados al derecho a la libertad y, por lo mismo, no es posible dejar en incertidumbre la situación jurídica de los imputados, por lo que corresponde al Tribunal de alzada resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sostienen sus decisiones vinculadas a la detención preventiva o a cualquier medida cautelar personal asumida. En tal sentido, de conformidad al razonamiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, los tribunales de alzada poseen suficiente competencia para revisar y modificar las resoluciones impugnadas en grado apelación, puesto que justamente el objeto de un recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, posee dicho objeto; es decir, resolver cuestiones referentes a la ampliación o rechazo de la detención preventiva. Por otra parte, respecto a los agravios detectados por el accionante referidos a la: 1) Incongruencia incurrida por el Vocal demandado al advertir de oficio que la Jueza a quo no se pronunció sobre el argumento postulado por el Ministerio Público referido a la complejidad del caso; y, 2) Falta de fundamentación y motivación de la autoridad demandada sobre la relevancia de las pruebas que la Jueza de la causa no consideró; corresponde señalar que, siendo que este Tribunal evidenció la transgresión de la garantía del debido proceso vinculado con el derecho a la libertad debido a que el mencionado Vocal no resolvió el fondo de la problemática planteada, optando por dejar sin efecto la Resolución emitida por la Jueza de primera instancia para que dicha autoridad emita una nueva, incumbe referir que precisamente ello debe ser resuelto en el fondo en alzada, conforme lo razonado precedentemente, se entiende de forma fundamentada, motivada y congruente con el desarrollo de la argumentación que corresponda al efecto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 32 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto al derecho a la libertad vinculado al debido proceso, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 15 de septiembre de 2022 emitido por el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, 2° Disponer que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita un nuevo fallo que resuelva el fondo de lo planteado y, de conformidad con los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, la situación jurídica del imputado no hubiese cambiado o modificado como efecto del carácter provisional de las medidas cautelares. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0209_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): f10868050cd98fb995197888666a4af419a33d68ae1f857dc39717c3d65c9fee
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