B.IA.LEGAL

SCP 0208/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
3 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55794-2023-112-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la celeridad procesal, vinculada a la libertad; puesto que, alega que se encuentra con detención preventiva por casi dieciocho años por el supuesto delito de violación, sin que exista una sentencia que demuestre su culpabilidad; por lo que, con la finalidad de restituir sus derechos, el 5 de mayo de 2023, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva conforme establece el art. 239.III del CPP; sin embargo, el memorial formulado no fue objeto de pronunciamiento de fondo por parte del Juez hoy accionado, limitándose a pronunciar solo el decreto de 9 de mayo del mismo año, indicando que el proceso de referencia no se encontraba radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, y sin mayor fundamento determinó que la autoridad competente para conocer su pretensión es la establecida por el art. 55 del CPP, desconociendo asumir el control jurisdiccional del presente caso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad; b) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 20 de mayo de 2023, cursante de fs. 43 vta. a 45 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0208/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55794-2023-112-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución de 20 de mayo de 2023, cursante de fs. 43 vta. a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Mariela Herrera Rodríguez en representación sin mandato de Justo Abel Mocho Mato contra Javier Ribert Antelo, Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 9 a 12, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

De acuerdo al Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de 2023, emitido por el Director del Centro Penitenciario de Riberalta de Beni, se puede evidenciar que se encuentra con detención preventiva por diecisiete años, nueve meses y diecinueve días, medida ordenada el 9 de octubre de 2004, por Joaquín Antonio Iriarte Gaztelu, “Juez de Instrucción Penal cautelar de Riberalta”, por el supuesto delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), fecha desde la cual no cuenta con una sentencia que demuestre su inocencia o culpabilidad, mostrando una clara vulneración flagrante a sus derechos humanos; en ese sentido, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (SEPDEP), tomó conocimiento de su caso el 4 de mayo de 2023, a efectos de restituir sus derechos vulnerados; por lo que, el 5 de ese mismo mes y año, presentó solicitud de cesación de su detención preventiva, conforme lo establece el art. 239, III del Código de Procedimiento Penal (CPP) que indica que se puede solicitar la cesación cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; puesto que, solicitó ante el Juzgado Instrucción Penal Primero de Riberalta del mismo departamento, debido a que en la fecha en que se emitió el mandamiento de detención existía un solo juzgado de instrucción penal; sin embargo, el memorial presentado no fue objeto de resolución ni de pronunciamiento de fondo incumpliendo plazos procesales establecidos en la normativa legal, a pesar de cumplir con la carga probatoria y haberse acreditado el tiempo de la detención preventiva y demostrado que el Juzgado de origen de donde emergió el mandamiento de detención fue el Juzgado Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, conforme se puede corroborar del Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de 2023, que se adjuntó la solicitud planteada, que si bien no menciona ni señala el juzgado; empero, se supone que al existir un solo juzgado el 2004, los juzgados de nueva creación debían ser informados sobre los casos anteriores. Por tal motivo el 10 de mayo de 2023, mediante memorial reiteró la solicitud de cesación de su detención preventiva y en esa misma fecha el SEPDEP fue notificado, con un decreto de 9 de igual mes y año, con fotocopias simples sobre los supuestos actos procesales realizados por su persona, donde tampoco se ingresó al fondo de la problemática planteada ni se pronunció de manera clara ni concreta sobre la solicitud realizada; puesto que, se debía responder diligentemente a la solicitud de cesación de su detención formulada en cumplimiento al art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); en ese mismo sentido, ante el informe elaborado por la Secretaria del referido Juzgado quien informó que de la revisión del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), registros de libros y cuadernos de control jurisdiccional se puede evidenciar que no existían antecedentes o documentación alguna en el proceso de acción directa por parte del Ministerio Público contra su persona, ante lo cual el Juez hoy accionado por decreto señaló que en atención al informe de dicha Secretaria se oficie a la unidad de archivo del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, para que remita un informe con relación a la causa, bajo el principio de celeridad en un plazo de veinticuatro horas; asimismo, se notifique al Fiscal de Materia con el oficio en relación al presente caso. El decreto de 9 de mayo de 2023, en repuesta al memorial presentado por la abogada del SEPDEP, manifestó que en el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación, el proceso de referencia no se encontraba radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; por lo que, sin mayor fundamento determinó que la autoridad competente fue la establecida por el art. 55 del CPP, ordenando notificar al SEPDEP y a su persona, lo que muestra que el Juez hoy accionado no respondió a la solicitud planteada, sin admitir ni rechazar la solicitud y desconociendo asumir el control jurisdiccional del presente caso, siendo que se constituye en Juzgado de origen de la presente causa y remitiendo la causa a una autoridad que no tiene competencia para atender dicha solicitud; puesto que, el único documento que demuestra el estado de la situación jurídica de su persona es el Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de igual año, donde se evidencia que aún es detenido preventivo; ya que, considera que corresponde al Juez de origen ejercer el control jurisdiccional y resolver de manera positiva o negativa de manera fundada la solicitud de cesación y definir su situación jurídica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la celeridad procesal, vinculada a la libertad; citando al efecto los arts. 115. II y 178 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene al Juez hoy accionado se pronuncie sobre el pedido de cesación de su detención preventiva planteada el 5 de mayo de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 20 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 43 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo; manifestó que: a) Por Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de 2023, emitido por el Director del Centro Penitenciario de Riberalta de Beni, se puede evidenciar que se encuentra con detención preventiva por diecisiete años, nueve meses y diecinueve días, detención ordenada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del mismo departamento, el 9 de octubre de 2004, cuando fungía como único Juez en ese momento; b) Indicó que existe una vulneración flagrante a los derechos humanos al no contar con una sentencia que demuestre la inocencia o culpabilidad del accionante; más aun, cuando ya fue cumplida la pena mínima para el delito que se le acusa, que es el de violación que supuestamente hubiese cometido el 2004; c) Transcurriendo casi dieciocho años desde la fecha de su detención, con la finalidad de restituir sus derechos vulnerados el 5 de mayo de 2023, presentó la solicitud de cesación de su detención preventiva conforme establece el art. 239.III del CPP, ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del referido departamento, en el entendido de que se emitió el mandamiento de detención por dicho Juzgado; puesto que, en ese momento existía un solo juzgado; d) El memorial no fue objeto de una resolución ni pronunciamiento de fondo, a pesar de que se demostró que el Juzgado de origen de donde emergió el mandamiento de detención preventiva es el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del mencionado departamento, conforme se puede evidenciar del Certificado de Permanencia y Conducta; e) El 10 del señalado mes y año, presentó una reiteración a la solicitud de la detención preventiva, y fue notificado con un decreto señalando que no presentó fotocopias simples sobre los supuestos actos procesales, tampoco se ingresó al fondo de la problemática planteada ni se pronunció de manera clara o concreta; puesto que, no respondió de manera puntual a lo solicitado, menos se explicó por qué no tendría competencia para atender la solicitud siendo que el juzgado que ejercía y ejerce control jurisdiccional sería ése mientras no se demuestre la remisión del caso a otro juzgado; f) Por las pruebas aportadas con la finalidad de establecer quién es competente para la atención de dicho caso, se formuló la cesación de su detención preventiva contra el Juzgado de Ejecución Penal de turno el 2019, que informó que revisados los libros de radicatoria de ese Juzgado, la causa no se encuentra radicada, ni existe sentencia que refiera el nombre de su persona; por lo que, piden se defina la situación jurídica de su persona; g) Al pretender que se acuda a otra instancia se están vulnerando los derechos a la celeridad, acceso a una justicia justa y una sentencia pronta y oportuna; puesto que, se debe dilucidar diligentemente la solicitud desde cesación de su detención preventiva planteada; ya que, de manera clara se está incumpliendo el art. 115.II de la CPE; h) Se llegó a evidenciar que el Juez hoy accionado no respondió dicha solicitud, no admitió ni rechazó la misma, además de incumplir los presupuestos de notificación establecidos por el art. 239 del CPP y al desconocer el asumir el control jurisdiccional del presente caso, se está transgrediendo el principio a la celeridad procesal vinculada a la libertad; ya que, no se corrió en traslado a la petición de cesación de su detención preventiva, menos recibió una respuesta positiva o negativa; y, i) Al no resolver la situación jurídica de su persona, se está vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, además de que se le está derivando a un juez que no tiene competencia, poniéndolo en completa indefensión, por lo señalado se colige que por verdad material su situación de detenido es urgente de resolver y en consecuencia debe haber una respuesta fundamentada a la solicitud planteada; por lo que, pide que aplique la acción de libertad de pronto despacho.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Javier Ribert Antelo, Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, mediante informe presentado el 20 de mayo de 2023, cursante de fs. 34 a 35, manifestó que: 1) Con relación a lo que manifiesta la defensa del accionante, en el proceso seguido por el Ministerio Público de oficio contra el nombrado, por el delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del CP, de acuerdo a la denuncia contra su autoridad de que no se hubiese procedido con la solicitud sobre una petición de cesación de la detención preventiva del accionante, la misma fue decretada con la mención que se acuda ante el juez competente, tal cual establece el art. 55 del CPP que tiene que ver directamente con el juez de ejecución penal, conforme a dicho artículo; 2) Como es de conocimiento para otorgar la cesación de la detención preventiva del accionante se tiene que estar bajo control jurisdiccional del proceso, al amparo del art. 54.I del citado Código y tiene que ser resuelto por el juez competente y en este caso su autoridad no es competente, por otra parte si bien, señalan que el accionante se encuentra con detención preventiva, están falseando la verdad porque el nombrado, presentó un memorial ante el Juez de Ejecución Penal de turno del referido departamento, solicitando le conceda el beneficio de libertad condicional; puesto que, fue sentenciado y es esa autoridad quien tiene el control jurisdiccional; 3) Indica que su autoridad no puede usurpar funciones; ya que, el sentenciado está faltando a la verdad, así como su abogada de defensa pública, tal como lo demuestra el memorial presentado el 20 de mayo de 2019, donde se puede ver la recepción realizada por la Auxiliar del Juzgado de Ejecución Penal de turno del mencionado departamento; por lo que, el accionante se benefició con libertad condicional del proceso; 4) El accionante como Procurador Jurídico del Centro Penitenciario de Riberalta del señalado departamento, manifestó que la Jueza de Ejecución Penal de Trinidad del citado departamento, le ordenó al nombrado firmar un libro de actas dos veces a la semana y que no podía salir de la ciudad y se dio a la fuga, tal como se muestra en su declaración de 17 de diciembre de 2021, en el proceso de evasión que le sigue el Ministerio Público al accionante; y, 5) Por lo manifestado y demostrado con documentación adjunta al presente informe, conforme establece el art. 180 de la CPE, el principio de verdad material es aplicable; puesto que, el nombrado está cumpliendo condena por el delito de violación, por todo lo manifestado pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El Fiscal de Materia, pese a haberse conectado a la audiencia de la presente acción de defensa, no participó de la misma.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 20 de mayo de 2023, cursante de fs. 43 vta. a 45 vta., concedido en parte la tutela solicitada disponiendo que el Juez hoy accionado realice la tramitación correspondiente para determinar dónde se encuentra el cuaderno de control jurisdiccional conociendo que además ya ordenó el desarchivo, reposición u otro medio y que otorgue una respuesta pronta y oportuna eficaz en los plazos establecidos; bajo los siguientes fundamentos: i) El art. 125 de la CPE establece que toda persona que considere que su vida está en peligro que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, podrá interponer la acción de libertad y acudir de manera oral o escrita ante un tribunal competente en materia penal y solicitar que se resguarde la tutela a su vida, así como el cese de la persecución indebida y restituya sus derechos a su libertad; ii) Para considerar los aspectos mencionados dentro de la acción de libertad, el Tribunal Constitucional Plurinacional dio los respectivos lineamientos, en razón a la solicitud de la acción de libertad traslativa de pronto despacho; puesto que, ya existe una vasta jurisprudencia que se definió como base de la línea, que son esenciales para este tipo de acción que tienen que ver con decisiones vinculadas al derecho a la libertad personal y esas sean tramitadas como resueltas para que sean efectivizadas con la mayor celeridad; iii) Se debe entender que tienen que ser atendidas de manera pronta y oportuna, atendiendo al principio de solidaridad, esto con la finalidad de que exista una atención oportuna en cuanto a los decretos que tienen que darse en los respectivos tribunales; ya que, como en el presente caso, se mencionó una solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante conforme establece el art. 239 del CPP, se tiene que tener en cuenta la última parte en razón a los plazos existentes para poder determinar y resolver lo solicitado; iv) La jurisprudencia moduló la mencionada normativa, estableciendo que para argumentar una demora en la tramitación de los plazos esta debe ser una causa justa, quiere decir que tener una justificación razonable dada y fundamentada para que el juez que tiene el control jurisdiccional lleve adelante un determinado acto judicial; v) En el presente caso se realizaron solicitudes que fueron respondidas como el decreto de 9 de mayo de 2023, en el cual se indica que por el informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, el proceso penal no se encuentra radicado en ese Juzgado; por lo que, sin mayor fundamento el Juez ahora accionado señaló que se recurra ante una autoridad competente; puesto que, en base a la documentación adjuntada y la naturaleza de la presente solicitud se deben tomar en cuenta los plazos establecidos dónde se pudo determinar que rechazó la solicitud en aplicación del art. 54.I del CPP indicando que no es competente; vi) Teniendo en cuenta el informe de la la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del mismo departamento, también se hizo mención que el accionante estaría condenado y sentenciado, prueba de ello es que se presentó una solicitud de libertad condicional ante el Juez de Ejecución Penal de turno del mismo departamento, y que el accionante estaría siendo procesado por el delito de evasión, debido a que se escapó del Recinto Penitenciario de Riberalta de ese departamento; vii) Dentro de los antecedentes se puede evidenciar que se presentó prueba tanto por el nombrado como por el Juez hoy accionado que fueron exhibidas en el presente acto; documentación consistente en las solicitudes de cesación de la detención preventiva del accionante de 5 de mayo de 2023, así como el decreto de 9 de ese mismo mes y año, el Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de igual año del accionante, la detención preventiva que se dio el 9 de octubre de 2004, como también el informe realizado por la Supervisora de Plataforma de Riberalta quien certificó que en el sistema no se tendría un número de SIREJ y ningún archivo o un proceso que tenga el nombre del accionante; y, viii) Iindependientemente de las pruebas de cargo y descargo, se debe tener en cuenta que ante la solicitud de la aplicación de pronto despacho bajo el principio de celeridad, se debe atender la solicitud del nombrado debido a que se encuentra detenido por más de diecisiete años.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de 2023, el Director del Centro Penitenciario de Riberalta de Beni, certificó que Justo Abel Mocho Mato -ahora accionante-, ingresó con mandamiento de detención preventiva el 9 de mayo de 2004, por orden de Javier Ribert Antelo Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del mencionado departamento -hoy accionado-, en el proceso penal seguido contra el accionante por el delito de violación, el 8 de mayo de 2021, el nombrado se dio a la fuga cuando fungía como Procurador Jurídico de la población penal de dicho Centro Penitenciario, siendo recapturado el 20 de diciembre del 2021; por lo que, se encuentra cumpliendo condena por diecisiete años, ocho meses y diecinueve días (fs. 5). II.2. Mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2023, ante el Juez ahora accionado, Stefany Quispe Apaza en su calidad de Defensora Pública del SEPDEP, en representación del accionante, solicitó cesación de la detención preventiva del nombrado conforme al art. 239.III del CPP (fs. 3). II.3. Por decreto de 9 de mayo de 2023, el Juez hoy accionado en atención al memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, y de acuerdo a lo señalado en el informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, sin mayor fundamento el nombrado señaló que el accionante acuda a la autoridad competente al amparo del art. 55 del CPP (fs. 4). II.4. A través de memorial presentado el 10 de mayo de 2023, ante el Juez ahora accionado, la defensa del accionante, reiteró la solicitud de cesación de la detención preventiva del nombrado; además, manifestó que no se le hizo conocer ningún decreto sobre la respuesta a la solicitud presentada el 5 de ese mismo mes y año (fs.6). II.5. Mediante Sentencia 28/2022 de 28 de junio, el Juez hoy accionado, en audiencia de procedimiento abreviado impuso pena privativa de libertad de tres años contra el accionante por el delito de evasión, emitiéndose el correspondiente de Mandamiento de Condena en la misma fecha (fs. 59 a 61).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la celeridad procesal, vinculada a la libertad; puesto que, alega que se encuentra con detención preventiva por casi dieciocho años por el supuesto delito de violación, sin que exista una sentencia que demuestre su culpabilidad; por lo que, con la finalidad de restituir sus derechos, el 5 de mayo de 2023, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva conforme establece el art. 239.III del CPP; sin embargo, el memorial formulado no fue objeto de pronunciamiento de fondo por parte del Juez hoy accionado, limitándose a pronunciar solo el decreto de 9 de mayo del mismo año, indicando que el proceso de referencia no se encontraba radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, y sin mayor fundamento determinó que la autoridad competente para conocer su pretensión es la establecida por el art. 55 del CPP, desconociendo asumir el control jurisdiccional del presente caso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad; b) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

La SCP 0617/2012 de 23 de julio, en cuanto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad establece que: «La SCP 0541/2012 de 9 de abril de 2012, “…La acción de libertad es una acción tutelar de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los demás derechos del ser humano, al señalar: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertadʼ. El texto constitucional contenido en el citado art. 125, establece la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, así como las características esenciales como son: El informalismo, por la ausencia de requisitos formales en su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad”».

III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad

La SCP 0038/2018-S3 de 06 de marzo, señala que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 0691/2001-R de 9 de julio la que la define señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción. Por otra parte, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre[4], que establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales. Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo que se desarrollaran a continuación: 1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: ‘…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionanteʼ; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; 2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la celeridad procesal, vinculada a la libertad; puesto que, alega que se encuentra con detención preventiva por casi dieciocho años por el supuesto delito de violación, sin que exista una sentencia que demuestre su culpabilidad; por lo que, con la finalidad de restituir sus derechos, el 5 de mayo de 2023, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva conforme establece el art. 239.III del CPP; sin embargo, el memorial formulado no fue objeto de pronunciamiento de fondo por parte del Juez hoy accionado, limitándose a pronunciar solo el decreto de 9 de mayo del mismo año, indicando que el proceso de referencia no se encontraba radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, y sin mayor fundamento determinó que la autoridad competente para conocer su pretensión es la establecida por el art. 55 del CPP, desconociendo asumir el control jurisdiccional del presente caso. Ahora bien, de la lectura del memorial de interposición de acción de libertad presentado se llegó a establecer los siguientes aspectos: 1) El Ministerio Público inició un proceso penal contra el accionante por el delito de violación; ya que, el 9 de octubre de 2004, el Juez de Instrucción Penal de Riberalta del departamento de Beni, de ese entonces, emitió el mandamiento de detención preventiva; 2) Por Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de 2023, el Director del Centro Penitenciario de Riberalta del mismo departamento, certificó que el accionante, ingresó con mandamiento de detención preventiva; por lo que, se encuentra cumpliendo condena por diecisiete años, ocho meses y diecinueve días; 3) El 8 de marzo de 2021, cuando el nombrado desempeñaba funciones como Procurador Jurídico de los internos de dicho Centro Penitenciario, se hubiese fugado de ese Centro Penitenciario y fue recapturado nueve meses después; puesto que, fue procesado por el delito de evasión, caso que fue puesto bajo control jurisdiccional del Juzgado Primero de Instrucción Penal Primero de Riberalta del mencionado departamento, donde se sometió a un procedimiento abreviado llegando a recibir una Sentencia Condenatoria el 28 de junio de 2022, imponiéndole una pena privativa de tres años, caso que fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal de Turno del señalado departamento, el 14 de julio de 2023; y, 4) Al tomar conocimiento del caso el SEPDEP, presentó solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; debido a que, habría excedido la detención preventiva al mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave y a pesar de cumplir con la carga probatoria según se manifestó, la solicitud no fue considerada por el Juez hoy accionado conforme al procedimiento penal establecido. En ese sentido, corresponde expresar que como se conoce para otorgar la cesación de la detención preventiva del accionante se tiene que estar bajo control jurisdiccional del proceso, al amparo de lo que establece el art. 54.I del CPP; puesto que, tiene que ser resuelto por el juez competente, en este caso de los actuados procesales y los Informes remitidos en cumplimiento al decreto de 29 de octubre de 2025, emitido por la Presidenta de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional cursante a fs. 51 se informó que realizada la revisión del SIREJ, se verificó que el accionante contaba con sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni; por lo que, se llegó a constatar que lo manifestado en el memorial de la presente acción de defensa resulta ser falso; ya que, el accionante el 20 de mayo de 2019, solicitó al Juez de Ejecución Penal de Turno de la Capital del departamento de Beni, le conceda el beneficio de libertad condicional, autoridad que tiene el control jurisdiccional del caso; puesto que, incluso como hizo conocer el Procurador Jurídico actual del Centro Penitenciario de Riberalta de ese departamento, Juez de Ejecución Penal de Turno de la Capital del departamento de Beni, ordenó al accionante que debe firmar los libros de actas dos veces a la semana. Dentro de ese contexto, de manera contundente se llegó a establecer que la presente acción de libertad fue mal planteada debido a que se demandó a una autoridad judicial que no tiene legitimación pasiva; ya que, como se estableció precedentemente, la autoridad que se encuentra con control jurisdiccional del caso del accionante, es el Juez de Ejecución Penal de Turno del departamento de Beni; en ese sentido, es necesario reiterar que para la procedencia de esta acción de defensa es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el supuesto acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho denunciado; ya que, la inobservancia de ese entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, entendimiento que fue reiterado en diversos fallos constitucionales que expresaron que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, entendimiento que es reforzado entre la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción de libertad, aspecto que no se da en el presente caso. En ese sentido, se debe entender que la legitimación pasiva se constituye en un requisito esencial para la activación de la acción de libertad; por lo que, el Juez ahora accionado, carece de legitimación pasiva para ser accionado en este caso en particular y en concordancia con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 20 de mayo de 2023, cursante de fs. 43 vta. a 45 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0208_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 42e7a0d4b3e75d804fed7a3e8e171664dc8784f98551c07f1da720178807331e

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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