Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante, denunció la lesión a su derecho a la libertad y locomoción; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica, por aplicación de procedimiento abreviado, se emitió sentencia condenatoria sancionándole con tres años de reclusión; por tal motivo, solicitó la suspensión condicional de la pena, conforme al art. 366 del CPP, misma que fue concedida; empero, la autoridad jurisdiccional accionada se negó a expedir el mandamiento de libertad, refiriendo que previamente debía desvirtuar los riesgos procesales impuestos por el Juez cautelar. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia – Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; b) Supuestos por lo que el derecho al debido proceso halla tutela a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración al derecho a la libertad vinculado al debido proceso; y, en su mérito se dispone que la Jueza accionada, resuelva la situación jurídica del impetrante de tutela en el marco de la aplicación preferente de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 y conforme los fundamentos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro del plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional; quedando sin efecto la resolución que hubiese emitido en cumplimiento de la tutela concedida por el Juez de garantías y todo actuado en su mérito que sean contrarios a la Ley 348, conforme se desarrolló en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Notifíquese con el presente fallo constitucional a la Sala Plena del Consejo de la Magistratura a efectos que transparente el ingreso de Mary Morales Fernández, al cargo de Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Oruro;
3° Notifíquese con esta Sentencia Constitucional Plurinacional al Presidente del Consejo de la Magistratura a efectos de activar Régimen Disciplinario contra Mary Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Oruro; y, 4° Notifíquese el presente fallo constitucional al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia a efectos de que el mismo socialice el contenido de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional con los Vocales, Tribunales y Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia; y, gestione una pronta capacitación a los operadores de justicia del departamento de Oruro con base en los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0208/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50536-2022-102-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 07/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Acho Huanca contra Mary Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Oruro.
El accionante, mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 5 a 8, expuso lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Karla Karina Quispe Cazorla en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el representante del Ministerio Público emitió Requerimiento Conclusivo de Procedimiento Abreviado, solicitando tres años de reclusión; y, en audiencia de 20 de septiembre de 2022, la Jueza accionada aceptó el procedimiento abreviado con anuencia de la víctima; en su mérito, emitió la Sentencia Condenatoria imponiéndole tres años de reclusión en el Centro Penitenciario de “San Pedro” de Oruro. En virtud a la pena impuesta y la ausencia de antecedentes penales corroborado por Certificación de Antecedentes, solicitó suspensión condicional de la pena conforme dispone el art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que fue concedida, renunciando a la apelación el Ministerio Público y su persona; en tales circunstancias, pidió se expida mandamiento de libertad, que negó la autoridad jurisdiccional accionada, refiriendo que debía desvirtuarse los riesgos procesales, por lo que su defensor planteó recurso de reposición que fue rechazado argumentando que previamente se desvirtúen los riesgos procesales “no se pueden dejar así nomás” (sic). Con base en ello, en la presente acción de libertad denunció la restricción de su derecho a la libertad; toda vez que, al haber sido beneficiado con la suspensión condicional de la pena correspondía la emisión del mandamiento de libertad.
El accionante, denunció la lesión a sus derechos a la libertad y locomoción, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) El restablecimiento de las formalidades legales; b) La Jueza accionada, en el día emita el mandamiento de libertad; y, c) Sea con costas, por las arbitrariedades cometidas.
Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16 vta., con la presencia de las partes, se produjeron los siguientes actuados.
El abogado del accionante, ratificó el contenido del memorial de la acción de libertad.
Mary Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Oruro, en audiencia señaló lo siguiente: 1) Se aceptó el procedimiento abreviado “…Sin embargo, no se dispuso la suspensión condicional de la pena, por cuantos solamente se le importó 3 años de privación de libertad…” (sic); 2) “…en la etapa cautelar todavía existían riesgos procesales que aun yo no había revisado porque todavía no era el momento oportuno para realizar, por cuanto él se encontraba detenido…” (sic); 3) No se puede sobrepasar la autoridad del Juez cautelar dando por subsanado los riesgos procesales y disponer su inmediata libertad, no es su atribución, y se debe desvirtuar los riesgos procesales que aún están pendientes; y, 4) En ese sentido, “…yo había rechazado tomando en cuenta de que la suspensión condicional de la pena era una medida accesoria…” (sic), tomando en cuenta la jurisprudencia del “Tribunal Superior”, en algunos casos de violencia familiar, se dejó sin efecto la aplicación de la suspensión condicional de la pena.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., concedió la tutela disponiendo que, en el plazo de 24 horas la autoridad accionada “…deberá de señalar audiencia o mediante un Auto Interlocutorio motivado y en aplicación del art. 366, éste vinculante con el art. 24 ambos del C.P.P., disponer la Libertad inmediata, bajo alternativa de Ley” (sic); conforme a los siguientes fundamentos: i) “…de acuerdo a los cuadernos remitido, al suscrito constituido en Juez de Garantías Constitucionales; se advierte la emisión de un Auto Interlocutorio de Salida Alternativa (Procedimiento Abreviado) de fecha 20 de septiembre de 2022, en contra de Oscar Acho Huanca por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica… y parte dispositiva, dispuso la reclusión de 3 años en el Penal de San Pedro…la representación del Ministerio Público así como la parte acusada, renuncian al recurso de apelación restringida, establecida en el art. 407 y siguientes del C.P.P., empero en circunstancias de solicitud del beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena, la Autoridad Jurisdiccional, hoy accionada rechaza arguyendo que se tendría pendiente la desvirtuación de los riesgos procesales aplicadas en instancias del Juez cautelar…” (sic); ii) El art. 366 del CPP, regula sobre la procedencia de la suspensión condicional de la pena, y amerita verificar si se dio cumplimiento a dicha disposición; iii) Se tiene sentencia que dispone tres años de reclusión y está ejecutoriada ante la renuncia de apelaciones del Ministerio Público y sentenciado; el ahora accionante, presentó el Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), “…de lo descrito no se tiene alguna otra exigencia como ha referido la hoy accionada…”; iv) “…el beneficio de salida alternativa así como la Suspensión Condicional del Proceso no exige, el cumplimiento de otros requisitos, de ser así pues la Autoridad Jurisdiccional esta en la obligación de fundamentar cualquier rechazo, aspecto que el presente caso de manera contradictoria y errónea señala que no se hubiese cumplido…” (sic); y, v) La característica de la salida alternativa, es poner fin al juicio oral, que no fue considerada por la hoy accionada, que sin normativa alguna que establezca desvirtuar previamente los riesgos procesales, rechazó la solicitud del beneficio, lesionando el derecho a la libertad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ_SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso la optimización de la gestión procesal para la resolución de las acciones de libertad (fs. 23 a 29).
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:
II.1. Certificado de REJAP, de 9 de septiembre de 2022, que refiere, el ciudadano Oscar Acho Huanca con C.I. 6587025 “NO REGISTRA ANTECEDENTE PENAL REFERIDO A SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA, DECLARATORIA DE REBELDÍA O SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO” (fs.2). II.2. Memorial dirigido al Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar en Razón de Género, recepcionado el 13 de septiembre de 2022, donde el ahora accionante, renuncia al juicio oral, admite la comisión del hecho denunciado y acepta la pena de tres años de reclusión; con base en ello, solicita aplicación del procedimiento abreviado (fs. 3). II.3. El ahora accionante, por escrito de 13 de septiembre de 2022, dirigido al “JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N° 6 DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE ORURO” (sic), solicita señalar audiencia para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado (fs. 4 y vta.).
El accionante, denunció la lesión a su derecho a la libertad y locomoción; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica, por aplicación de procedimiento abreviado, se emitió sentencia condenatoria sancionándole con tres años de reclusión; por tal motivo, solicitó la suspensión condicional de la pena, conforme al art. 366 del CPP, misma que fue concedida; empero, la autoridad jurisdiccional accionada se negó a expedir el mandamiento de libertad, refiriendo que previamente debía desvirtuar los riesgos procesales impuestos por el Juez cautelar. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia – Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; b) Supuestos por lo que el derecho al debido proceso halla tutela a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, c) Análisis del caso concreto.
348 Al respecto, la SCP 0055/2023-S1 de 21 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.2 desarrolló la siguiente reflexión constitucional: “En mérito a que el problema jurídico planteado en la presente causa, está referido a la falta de resolución de la solicitud de suspensión condicional de la pena efectuada por el accionante, que fue sancionado a tres años de reclusión por el delito de violencia familiar; corresponde analizar, antes de resolver el caso, qué norma resulta aplicable; es decir, si el Código de Procedimiento Penal, que prevé la aplicación de la suspensión condicional de la pena, en los supuestos en los que se hubiere impuesto una sanción que no exceda de tres años de duración y que el condenado no hubiera sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años; o, la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que para los supuestos en los que la pena aplicada no exceda los tres años de privación de libertad, determina que se aplicarán sanciones alternativas. Para el efecto, se desarrollarán los siguientes subtemas: 1) La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal; 2) La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348; y, 3) Sobre la norma aplicable.
El art. 366 de CPP, respecto a la suspensión condicional de la pena, señala:
La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años.
La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción (…)
Conforme a ese entendimiento, el imputado condenado que cumpla con los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, puede acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la pena, aun se encuentre pendiente de resolución el recurso de apelación restringida contra la sentencia que se hubiere pronunciado. (…)
i) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y de la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.
(…)
Ahora bien, la violencia de género se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fue transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho, comprende la violencia que sufre en el ámbito doméstico o familiar.
Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la efectuada en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender…
Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, menciona que: …la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…. …la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Asimismo, el art. 1 de la referida Declaración, entiende por violencia contra la mujer: …todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (…)
La Convención de Belém do Pará, en su art. 2, también otorga una definición de violencia, señalando que: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
…corresponde mencionar al art. 2 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989; instrumento jurídico del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres, que contempla el compromiso de los Estados a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación hacia la mujer, comprometiéndose, entre otras medidas, b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; (…) e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. (…) El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados y efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica y psicológica y/u otros servicios sociales-. Asimismo, el señalado CEDAW, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados Partes ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea perpetrados por agentes estatales o no estatales; garanticen que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas; tomen medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos contra ellas y participar activamente en los procesos; revisen las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y mejoren la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar (…) Siguiendo en el ámbito regional, la Convención de Belém do Pará, en su art. 7, establece las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. Resulta importante destacar en esta parte, el hecho que el Estado boliviano asume la norma de la debida diligencia, que conlleva una responsabilidad internacional, encaminada a eliminar las limitaciones jurídicas, institucionales, culturales discriminatorias por razones de género y económicas, para prever las necesidades de las mujeres y las de sus familiares -y de otra índole-, que les aseguren su derecho a la igualdad con el hombre y a protegerlas eficazmente frente a hechos de violencia y malos tratos en la familia. (…)
ii) Las sanciones alternativas previstas en la Ley 348 (…)
Ahora bien, en el marco de los fundamentos internacionales desarrollados en el punto anterior, el constituyente boliviano incidió en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contiene en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
(…)
…posteriormente, la Ley 348, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así, la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad nacional, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, como establece el art. 3.I de la citada Ley, al disponer que: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.
(…)
En ese contexto, con el compromiso internacional de sancionar la violencia hacia la mujer, la Ley 348, en el Título V -denominado Legislación Penal-, Capítulo I -titulado Sanciones Alternativas-, en el art. 76, dispone lo siguiente: ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS). I. En delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando: 1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será remplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley. 2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres años que hubiera cumplido al menos la mitad de ésta, las sanciones alternativas no podrán superar el tiempo de la pena principal impuesta. I. La autoridad judicial aplicará una sanción alternativa junto a otras, cuando sea necesario para proteger a la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia´ ARTÍCULO 77 (MULTA)… (…) ARTÍCULO 78 (DETENCIÓN DE FIN DE SEMANA) (…) ARTÍCULO 79 (TRABAJOS COMUNITARIOS) (…) ARTÍCULO 80 (MEDIDAS DE SEGURIDAD) (…) ARTÍCULO 81 (INHABILITACIÓN) (…) ARTÍCULO 82 (CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES) (…)”
Conforme al desarrollo anterior, se evidencia la existencia de una antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348, en cuanto se refiere al cumplimiento de la sanción; así, el Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena, si se presentan los requisitos previstos en el art. 366 de la misma norma procesal, cuyo contenido y alcance de ese instituto fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional.
En cambio, la Ley 348, adopta medidas específicas para la prevención y la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, introduciendo regulaciones especiales con impacto directo en la protección especial a la mujer agredida, tendientes a evitar los altos niveles de impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias hacia las mujeres, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva. En ese entendido, en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer; es decir, a su integridad física y mental; y, a vivir libre de cualquier tipo de violencia.
Conforme a lo anotado, la Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre derechos humanos, hace especial énfasis en la persecución y sanción de los agresores, no previendo, por lo mismo, la posibilidad de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; más bien, establece la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso, el juez podrá aplicar las sanciones alternativas descritas en los arts. 77 al 82 de la referida Ley; debiendo la autoridad judicial, aplicar un plan de conducta al condenado, de conformidad a lo previsto por el art. 82 de la misma norma. (…)
…, no existiendo posibilidad de perdonar el cumplimiento de la pena o suspender de modo condicional su cumplimiento; pues lo contrario, implicaría incumplir con las obligaciones internacionales del Estado; más aún, cuando a nivel interno existe una norma que expresamente prevé la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años; sanciones que de acuerdo a la Ley 348, deben ir acompañadas de las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, a sus hijas e hijos o su núcleo familiar; medida que cumple con el objeto y la finalidad de la Ley 348, que es erradicar la violencia y no permitir la impunidad. Consiguientemente, la Ley 348, al prever de manera expresa, en el Título V, Capítulo I, las sanciones alternativas a aplicarse en los casos en los que la privación de libertad no sobrepase los tres años, se constituye en una norma especial que debe ser aplicada de manera preferente como lo dispone su art. 5.III, al señalar que la referida Ley: “No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley” De lo señalado, se concluye que existe un marco normativo jurídico especial, de aplicación preferente; por el cual, el Estado garantiza los derechos de las mujeres cuando son víctimas de violencia, conforme al mandato constitucional y a la normativa internacional, que da especial importancia a la prevención, persecución y sanción efectiva de los delitos de violencia contra las mujeres, así como a la reparación integral a las víctimas” (negrillas y subrayado añadido).
Al respecto, la SCP 0616/2024-S4 de 17 de septiembre, describió la siguiente jurisprudencia constitucional: “La jurisprudencia constitucional en relación al procesamiento ilegal o indebido, ha establecido los alcances de protección que brinda la acción de libertad; así, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, señaló que: ‘Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’.
En el mismo sentido pronunció la SC 0471/2010-R de 5 de julio, al señalar que: ‘…la protección que brinda el recurso de hábeas corpus en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes…´, (SC 0290/2002-R de 18 de marzo, entre muchas otras). A dicho entendimiento, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, hizo énfasis en que este derecho y garantía a la vez, es tutelable por vía del recurso de hábeas corpus, hoy acción de libertad, cuando: `...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad’. Esta línea jurisprudencial se ha mantenido incólume, y fue reiterada, entre otras, en la SC 0888/2011-R de 6 de junio, que cita a la SC 1030/2010-R de 23 de agosto, cuya parte relevante expresa: ‘En síntesis, la acción de libertad sólo es procedente cuando el acto lesivo se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la libertad, como causa directa; es decir, con su restricción, supresión o amenaza de estas lesiones y en el supuesto de evidenciarse absoluto estado de indefensión; caso contrario, la parte accionante deberá acudir a la instancia pertinente cuando se alegue vulneración al debido proceso’” (el resaltado es adicionado).
El accionante, denunció la lesión a su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de violencia familiar o doméstica, por aplicación del procedimiento abreviado fue sancionado a tres años de reclusión, solicitó la suspensión condicional de la pena, misma que habría sido concedida por la autoridad accionada, pero sin expedir el mandamiento de libertad, refiriendo que previamente debía desvirtuar los riesgos procesales impuestos por el Juez cautelar.
Los antecedentes remitidos, exponen que, el ahora accionante presentó memorial ante el Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar en Razón de Género solicitando la aplicación de procedimiento abreviado, de igual forma se dirigió ante la autoridad jurisdiccional accionada pidiendo señalar día y hora de audiencia para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado (Conclusión II.2 y II.3). Del Punto I.2.3 de este fallo constitucional, se extrae que, el Juez de garantías en contacto directo con los antecedentes remitidos precisó que la autoridad jurisdiccional accionada rechazó la suspensión condicional de la pena arguyendo que previamente se debía desvirtuar los riesgos procesales, extremo que fue ratificado por la misma autoridad en audiencia de garantías cuando señaló no haber impuesto la suspensión condicional de la pena; puntualizaciones que contradicen a lo manifestado por el impetrante de tutela, en sentido que hubiera sido beneficiado con la suspensión condicional de la pena, y la autoridad jurisdiccional accionada se habría negado a emitir el mandamiento de libertad. En ese contexto, se advierte que la situación jurídica del accionante respecto a su solicitud de suspensión condicional de la pena no habría sido resuelta, atentando el debido proceso en su elemento celeridad; en tales circunstancias, en apego al principio de informalidad de la acción de libertad, éste Tribunal ingresará a compulsar este aspecto a efectos de verificar la vulneración al derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad del impetrante de tutela; al efecto, el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, prevé que la acción de libertad procede, cuando el acto lesivo se encuentra vinculado con el derecho a la libertad como causa directa de su amenaza y restricción, y puso en estado de indefensión al accionante; en el caso concreto, al no resolver la solicitud de beneficio de la suspensión condicional de la pena de forma célere, se afectó de forma directa el derecho a la libertad del accionante, quién se encuentra privado de libertad, generando además un estado de indefensión al no existir medios de impugnación para reclamar en la vía ordinaria las irregularidades de la autoridad accionada. Los datos del expediente, exponen que, la audiencia de aplicación del procedimiento abreviado se realizó el 20 de septiembre de 2022, actuado en el cual se dictó sentencia condenatoria de tres años contra el ahora accionante, quien en el mismo actuado acompañando su REJAP (Conclusión II.1) solicitó el beneficio de suspensión condicional de la pena; pretensión que fue rechazada por la autoridad jurisdiccional accionada manifestando que previamente tenía que desvirtuar los riesgos procesales impuestos por el Juez cautelar. Lo descrito, pone en evidencia la negligencia de la Jueza demandada al no haber resuelto la suspensión condicional de la pena solicitada, que como puntualizó el Juez de garantías, tenía la obligación de pronunciarse respecto a la solicitud del accionante en el marco del principio de concentración del procedimiento abreviado que prevé en el proceso penal; dicho de otro modo, la autoridad jurisdiccional accionada, tenía que resolver la solicitud de suspensión condicional de la pena en oportunidad de disponer la condena del hoy impetrante de tutela, pero considerando lo regulado en el Código de Procedimiento Penal y la ley especial como es la Ley 348, que mediante el art. 76 y siguientes prevé la posibilidad de aplicar sanciones alternativas como potestad de las autoridades judiciales y una exigencia respecto a la protección de la víctima de violencia familiar; extremos que, le impelía equilibrar la solicitud del accionante y las sanciones alternativas de la Ley 348, en ejercicio de su potestad para imponerlas al condenado y/o la necesidad de justificar su aplicación para proteger a la víctima de violencia familiar; empero, la Jueza accionada se apartó del art. 76 y siguientes de la Ley 348 concordante con el art. 365 del CPP, que dispone, con la emisión de la sentencia debe pronunciarse también toda determinación indexa al fallo, en este caso la condena, constituyendo como último actuado de la autoridad accionada en la causa, donde condenó al accionante; más bien de forma irascible sin sustento normativo alguno, manifestó que no correspondía tal beneficio debido a que previamente debía desvirtuar los riesgos procesales, accionar lesivo y contrario a la situación jurídica del ahora accionante encontrándose privado de libertad en el juicio abreviado con el fallo de condena en su contra, máxime si se tiene en cuenta que la sentencia se encontraba ejecutoriada a ese momento procesal que debió emitirse pronunciamiento de ley a su solicitud de beneficio en su fallo por situación de condenado a tres años de reclusión constituido en autor del delito de violencia familiar; por lo que, la Jueza accionada ya no tenía jurisdicción ni competencia para considerar los riesgos procesales a los que hizo referencia, pues, se reitera cambió de la situación jurídica del ahora impetrante de tutela de detenido preventivo a sentenciado, consecuentemente, estaba impelida a resolver la solicitud de suspensión condicional de la pena del ahora accionante considerando la procedencia del instituto de las sanciones alternativas previstas por la Ley 348 frente a su condición de condenado por el delito de violencia familiar o doméstica.
Consecuentemente, la Jueza accionada a efectos de resolver la solicitud del accionante, en el marco del debido proceso, debió regirse por el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que frente al Código de Procedimiento Penal sostuvo que prevalece la Ley 348 aplicable al caso, especialmente, el instituto de las Sanciones Alternativas a penas en delitos de violencia de género cuya sanción no sea mayor a tres años, en razón a que, el primer cuerpo normativo prevé una aplicación genérica del instituto de la suspensión condicional de la pena para todos, mientras que la segunda norma que es la especializada, regula sobre la imposición de sanciones alternativas en delitos de violencia de género y no sobre la suspensión condicional de la pena; en ese contexto, al tratarse de casos relacionados con la violencia en razón de género, la Ley 348, se constituye en norma especial que además de estar en armonía con la normativa internacional, debe ser aplicada con preferencia al Código de Procedimiento Penal al tratarse de penas privativas de libertad no mayores de tres años emergentes de delitos de violencia de género como en el caso en análisis.
A mayor abundamiento, el art. 76 de la Ley 348, en su parágrafo I prevé que, en delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrá aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando “1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será reemplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley”; en consecuencia, la autoridad jurisdiccional accionada, en atención al principio de inmediación que rige el proceso penal, con conocimiento de la conducta reprochable del condenado – ahora accionante-, debió resolver la solicitud considerando el citado art. 76 de la Ley 348 que regula la posibilidad de aplicar la sanción alternativa que corresponda en función a los antecedentes, la necesidad de su aplicación y/o el ejercicio potestativo, teniendo en cuenta las características del caso relacionado con la violencia de género, cuya finalidad es lograr la reparación integral a la víctima, que incluyan garantías de no repetición de las agresiones en el marco del desarrollo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, recordando además que el Estado boliviano mediante las diferentes instancias administrativas y jurisdiccionales, tiene la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia como en este caso donde se sancionó la violencia hacia la mujer, ante la solicitud del condenado al final de cuentas de beneficiarse para no cumplir la pena, disponer sanciones alternativas a su persona si correspondía, y de considerar que no correspondía, debió pronunciar su negativa para que el accionado de resultar lesivo a sus derechos active los recursos previstos por ley; empero, guiado en su indefensión por la omisión señalada de la autoridad accionada, instauró la presente acción de libertad. Por lo ampliamente explicado precedentemente, es posible concluir que, la autoridad jurisdiccional accionada, vulneró el derecho a la libertad del impetrante de tutela, al no pronunciarse a favor o en contra del accionante respecto a lo que la ley prevé enmarcado a las sanciones alternativas al tratarse la condena de tres años de reclusión -con la Ley 348-, es decir, si hubiese existido pronunciamiento en el acto en el que fue condenado como una última disposición de la autoridad, el accionante pudo recuperar su derecho a la libertad; demostrando de esta forma el nexo o relación directa del acto denunciado con el derecho a la libertad del accionante, que al no resolverse el beneficio solicitado a favor o en contra se puso en indefensión al impetrante de tutela debido a que la vía ordinaria no prevé mecanismos de impugnación respecto al proveído de la autoridad accionada en sentido que: falta resolver riesgos procesales, cuando el accionante ipso jure ya cumplía condena de reclusión al haber sido condenado en esa oportunidad por la Jueza demandada, desapareciendo en consecuencia los riesgos procesales que corresponden a una detención preventiva y su última solicitud como justiciable fue acceder a un beneficio, que la Jueza accionada con su decreto arbitrario de condenado lo trató en condición de detenido, arbitrariamente contra su condición y beneficios a los que podía acceder y de lo contrario apelar la negativa; extremos que la Jueza omitió imprimir en el trámite del debido proceso a su situación de condenado, cumpliéndose de esta forma con los dos presupuestos exigidos por el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, al razonar que la acción de libertad procede, cuando el acto lesivo se encuentra vinculado con el derecho a la libertad como causa directa de su amenaza, y su restricción puso en estado de indefensión al accionante.
A mayor fundamentación, la dilación generada por la autoridad accionada desde el momento que dictó la sentencia condenatoria de 20 de septiembre de 2020, oportunidad en la que se reitera debió resolver en el marco del debido proceso la solicitud de beneficio de suspensión condicional de la pena del condenado reencausando a las Sanciones Alternativas a la Pena, en el marco del art. 76 de la Ley 348; en consecuencia, considerando que las solicitudes de los privados de libertad deben ser tramitadas con prontitud, la acción de libertad se constituye en el medio idóneo para compulsar lesiones al debido proceso y la celeridad como ocurrió en el presente caso, donde se evidenció demora por parte de la autoridad jurisdiccional accionada, lo que amerita un reproche constitucional que conlleva conceder la tutela, dejando sin efecto la Resolución 07/2022 del Juez de garantías, disponiendo en consecuencia que la autoridad accionada reconduzca la solicitud de suspensión condicional de la pena al Instituto de las Sanciones Alternativas de la Ley 348 conforme los Fundamentos Jurídicos desplegados en el presente fallo constitucional. En cuanto a lo pedido por la parte accionante respecto a que se determine las costas procesales; en el marco de lo dispuesto por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo.) dicho pedido debe ser averiguable en ejecución de sentencia ante el Tribunal de garantías.
Resuelto como se encuentra la problemática remitida en revisión, esta instancia constitucional considera pertinente referirse sobre las actuaciones de la Jueza accionada y del Juez de garantías. En cuanto a la Jueza accionada, incumbe señalar que, su actuación en la solicitud de beneficio de suspensión condicional de la pena del impetrante de tutela como condenado ante la Jueza demandada, demostró una total falta de conocimiento respecto a lo regulado en la Ley 348 y el juzgamiento con perspectiva de género en casos de violencia en razón de género; consecuentemente, es imperioso transparentar el ingreso al Órgano Judicial que debió primar los mejores postulantes al cargo de la autoridad accionada; así también, debe activarse el Régimen Disciplinario contra Mary Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Oruro.
Respecto al Juez de garantías, de igual forma se advirtió que al compulsar el asunto, dejó de lado la Ley 348 y las reflexiones constitucionales orientadas a juzgar con perspectiva de género en casos de violencia hacia la mujer, puesto que la autoridad incluso fuera de toda aplicación objetiva de la ley, en su Resolución 07/2022, dispuso emplear el art. 366 del CPP soslayando la aplicación preferente de la Ley 348; aspectos que denotan un total desconocimiento de la indicada Ley y el enfoque con perspectiva de género; por lo que, incumbe remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura para la investigación y sanción administrativa que corresponda. Finalmente, en razón a que esta instancia constitucional advirtió la falta de conocimiento de la Ley 348 y el juzgamiento con perspectiva de género en solicitudes de beneficio de la suspensión condicional de la pena, impele la necesidad de disponer la notificación al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia a efectos que socialice el contenido de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional con los Vocales, Tribunales y Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo fundamentado, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, aunque con distintos razonamientos, efectuó una correcta compulsa de los antecedentes del proceso; sin embargo, no así, respecto a la determinación que la autoridad accionada resuelva la solicitud del accionante en aplicación a lo establecido en el art. 366 del CPP, y menos en disponer la libertad inmediata.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración al derecho a la libertad vinculado al debido proceso; y, en su mérito se dispone que la Jueza accionada, resuelva la situación jurídica del impetrante de tutela en el marco de la aplicación preferente de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 y conforme los fundamentos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro del plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional; quedando sin efecto la resolución que hubiese emitido en cumplimiento de la tutela concedida por el Juez de garantías y todo actuado en su mérito que sean contrarios a la Ley 348, conforme se desarrolló en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Notifíquese con el presente fallo constitucional a la Sala Plena del Consejo de la Magistratura a efectos que transparente el ingreso de Mary Morales Fernández, al cargo de Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Oruro;
3° Notifíquese con esta Sentencia Constitucional Plurinacional al Presidente del Consejo de la Magistratura a efectos de activar Régimen Disciplinario contra Mary Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Oruro; y, 4° Notifíquese el presente fallo constitucional al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia a efectos de que el mismo socialice el contenido de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional con los Vocales, Tribunales y Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia; y, gestione una pronta capacitación a los operadores de justicia del departamento de Oruro con base en los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía
MAGISTRADA MAGISTRADO
1 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
2 Ibíden
3 Ibídem.
4 Recomendación General 33, pág. 10. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual… II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son añadidas). Recomendación General 33, págs. 21 y 22 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf
6 Ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0208_2025-S4.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): a476f340c90df2d9a945b6eeb0a11dd78cb5b1beae69de4d1c2515316767d3cf
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