B.IA.LEGAL

SCP 0208/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
53582-2023-108-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos y de sus “representadas” al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la doble instancia e impugnación, así como a los derechos de las menores de edad a la opinión vinculada al principio de corresponsabilidad y al interés superior del niño; puesto que, el Juez ahora accionado por Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022, negó su personería para representar a sus nietas menores de edad AA y BB, y rechazó el incidente de nulidad de obrados planteado en ejecución de Sentencia, vulnerando sus derechos constitucionales; asimismo, por Auto Interlocutorio de 15 de julio del indicado año, fue rechazado su recurso de apelación directa, sin considerar que el fallo apelado resolvió un incidente de nulidad de obrados formulado en etapa de ejecución de sentencia, y que no existen medios de impugnación previstos que correspondan a esa etapa ni en el Código de las Familias y del Proceso Familiar ni en el Código Procesal Civil. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 345 a 349 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Ejercicio de la representación de menores de edad
  2. III.2. Sobre el principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0208/2023-S3 Sucre, 12 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 53582-2023-108-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 010/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 345 a 349 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Manuel Filiberto Arias Guzmán y Sonia Franco Mollo de Arias por sí y en “representación” de sus nietas menores de edad AA y BB contra Juan José Ugarte Herbas, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de la Estación Policial Integral (EPI SUR) de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante por memoriales presentados el 11 y 19 de enero de 2023, cursantes de fs. 210 a 225 vta., y 229 a 241 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso familiar extraordinario sobre comprobación de unión libre o de hecho interpuesto por Albertina Charali Mamani -ahora tercera interesada-contra terceros y presuntos interesados, fue pronunciada la Sentencia de 29 de septiembre de 2020 que declaró probada la demanda, declarando comprobada la unión de la hoy tercera interesada con su hijo fallecido Limberth Arias Franco, desde el 10 de octubre de 2008 hasta el 11 de junio de 2020, ordenando al Servicio de Registro Cívico (SERECI) que proceda con el registro correspondiente; además, reconoció la unión libre o de hecho en los efectos patrimoniales y personales. Pese de lo anterior, durante la tramitación de la demanda, se ordenó la notificación del proceso mediante edictos por Auto de 29 de julio de 2020, para posteriormente designarse a una Defensora de Oficio, quien únicamente contestó la demanda a través del memorial presentado el 17 de septiembre de 2020. Asimismo, la Sentencia de 29 de igual mes y año fue notificada mediante edictos y en el sistema “HERMES”, para finalmente, mediante Auto de 4 de noviembre de igual año, declararse ejecutoriada la Sentencia. Actuados que fueron conocidos por sus personas -ahora accionantes- recién el 5 de abril de 2022; por lo que, formularon incidente de nulidad de obrados que fue resuelto por Auto de 15 de junio de ese año que estableció que sus personas -accionantes- carecían de personería para representar a sus nietas menores de edad AA y BB, y que respecto a los vicios alegados a título propio, rechazaba la nulidad. Determinación contra la que plantearon recurso de apelación mediante memorial presentado el 29 del mismo mes y año, mereciendo el decreto de 30 del señalado mes y año que dispuso el traslado a la ahora tercera interesada, para después, a través del Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022 rechazar la impugnación planteada. En ese sentido, la Sentencia de 29 de septiembre de 2020 resulta ilegal al no haberse cumplido el trámite para dar lugar a una citación “edictal” y que asuman el conocimiento efectivo de la demanda planteada por la hoy tercera interesada, con la intención de apropiarse de bienes que no le corresponden, vulnerando y desconociendo los derechos sucesorios de sus hijas menores de edad AA y BB, quienes si bien se encuentran legalmente representadas por su madre -ahora tercera interesada-; sin embargo, según el “art. 196” del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) concordante con los arts. 37 y 40.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) y la Observación General del Comité de los Derechos del Niño, existen circunstancias en las que los intereses de los padres se anteponen a los de los niños; por lo que, cualquier persona que advierta o conozca la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes puede representarlos, debiendo interpretarse la normativa interna relativa a la representación en forma amplia para garantizar en procedimientos judiciales y administrativos el derecho a la defensa y a acceder al propio expediente, conforme señala el Punto 36 de la precitada Observación General. En consecuencia, como abuelos de las menores de edad de AA y BB reclaman los derechos fundamentales que les asisten, al ser herederas al fallecimiento de su padre -Limberth Arias Franco-, quedando su porción hereditaria afectada; puesto que, el art. 1003 del Código Civil (CC) determina que el cónyuge supérstite tiene derecho a una cuota igual de herencia al igual que sus hijos. Es por ese motivo que interpusieron incidente de nulidad de obrados que fue rechazado bajo el único argumento de no contar con personería para actuar a nombre de las niñas -menores de edad AA y BB-, cuyos derechos fueron vulnerados al no ser partícipes tal como ellos, habiendo solicitado la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que se adhieran a la demanda; no obstante, no existió respuesta alguna; por lo cual, solicitan que sea notificada. Los Autos Interlocutorios de 15 de junio y 15 de julio de 2022 vulneraron sus derechos y los de las menores de edad AA y BB al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia apartándose de los marcos de la equidad, sana crítica, logicidad y razonabilidad; asimismo, vulneró sus derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la doble instancia, así como el derecho a la opinión y al interés superior de sus nietas menores de edad AA y BB. Por consiguiente, solicitan excepción al principio de subsidiariedad al existir afectación directa de las señaladas menores de edad. Bajo ese contexto al plantear el incidente de nulidad de obrados, alegaron: a) La incorrecta citación con la demanda a presuntos herederos e interesados; b) La incorrecta notificación con la Sentencia de 29 de septiembre de 2020 a presuntos herederos e interesados; y, c) La insuficiente e indebida motivación en la citada Sentencia por la incorrecta valoración de la prueba. Por consiguiente, fue emitido el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022 que concluyó que no existía un perjuicio personal o directo y que no se demostró que sus personas -ahora accionantes- tuviesen personería, más el cuidado y protección o algún mecanismo de protección familiar; y, citando al efecto el art. 35 del CFPF refirió que la protección familiar de niñas, niños y adolescentes se hace a través de tres mecanismos, tales como la guarda, autoridad paterna y la representación en los actos de la vida civil, y la administración de los bienes, ejerciendo la progenitora la representación de las menores de edad AA y BB. Además, respecto a la nulidad de la citación de la demanda la autoridad hoy accionada a través de dicho Auto Interlocutorio refirió que no se alegó perjuicio concreto, real, grave y cierto, más aun cuando no tienen calidad de herederos forzosos directos; y, con relación a la notificación de la Sentencia de 29 de septiembre de 2020, señaló que la representación reclamada y la falta de notificación por prensa escrita mediante edicto no se adecua al principio de especificidad; puesto que, no existe ninguna norma que sancione lo observado con nulidad, que la representación a la que hicieron referencia procede cuando se conoce un domicilio real y verificado el mismo no correspondería, lo que no resultaría similar a la presente causa, porque demandaron de manera genérica contra presuntos interesados o herederos del fallecido, no existiendo una norma específica que sancione con nulidad el supuesto entendimiento erróneo por ellos alegado. Por su parte, en cuanto a la notificación por el sistema “HERMES”, el Juez ahora accionado arguyó que esta responde con mayor efectividad al derecho a la defensa de las partes, porque con ese Sistema es posible identificar la causa que uno pudiese tener con cualquier explorador de búsqueda; por lo cual, la falta de publicación no se constituye en un vicio de nulidad. Finalmente, la mencionada autoridad judicial alegó que la referida Sentencia contenía toda la estructura y contenido exigido por ley, como también la suficiente motivación y fundamentación. El Auto Interlocutorio de 15 junio de 2022, contiene una fundamentación equívoca; a pesar de lo determinado por el art. 35 del CFPF corresponde acudir al art. 5 del Código Civil (CC) que estipula que los menores de edad tienen incapacidad de obrar y que los actos civiles de los incapaces de obrar corresponden a sus representantes con arreglo a la ley; empero, según el art. “196.I” del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- cuando los intereses de los menores se contrapongan a los de sus progenitores o cuando no tengan representante legal el juez debe designar un tutor extraordinario que será personero de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Actos que debía realizar el Juez hoy accionado para garantizar la opinión y la defensa de sus nietas menores de edad AA y BB resguardando su interés superior respecto a su derecho sucesorio, debiendo dirigirse la demanda contra las menores de edad AA y BB a quienes correspondía designarse un tutor extraordinario que actúe en su representación; sin embargo, se vulneraron tales derechos al no ser legalmente citadas ni participar del proceso familiar que les afecta. Por consiguiente, la citada autoridad judicial al afirmar que no existe perjuicio directo vulnera el art. 12.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General 12 en sus párrafos 19, 26, 32, 33, 36 y 39 y la Observación General 14 en su párrafo 43. Normas que no fueron consideradas al momento de emitirse el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022. Asimismo, este fallo incurrió en una motivación arbitraria e insuficiente al desconocer la finalidad de las notificaciones como actos de comunicación vinculados al derecho a la defensa. Posteriormente, fue emitido el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022 que concluyó que no plantearon recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 15 de junio de ese año, pronunciado de forma oral dentro de la audiencia incidental de nulidad de obrados, sino que se limitaron a plantear complementación y enmienda que fue resuelta de manera inmediata; por lo que, su pretensión de apelación no se adecuó al procedimiento familiar y no puede plantearse recurso apelación directa contra autos interlocutorios simples sino que debía necesariamente interponerse el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; y, que al margen de lo anterior se estableció un momento procesal específico para plantear recursos contra autos interlocutorios pronunciados en forma oral, que es en audiencia, lo que no fue cumplido. Bajo ese contexto, el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022 vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de defensa, a la impugnación y a la doble instancia; puesto que, el Juez ahora accionado no consideró que el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022, objeto de recurso de apelación directa, resolvió un incidente de nulidad de obrados formulado en etapa de ejecución de sentencia, y al igual que en el ámbito procesal civil, el Código de las Familias y del Proceso Familiar no tiene previstos medios de impugnación que correspondan a esa etapa; es decir, no determina los recursos específicos que puedan activarse en ejecución de sentencia. Momento procesal en el que ante la afectación a derechos, adquiere relevancia y merece un pronunciamiento en el marco establecido por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); aspecto que fue ignorado por el Juez hoy accionado, vulnerando sus derechos y los de sus nietas menores de edad AA y BB, a la defensa y a recurrir a la doble instancia.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos y de sus “representadas” al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la doble instancia e impugnación, así como a los derechos de las menores de edad a la opinión vinculada al principio de corresponsabilidad y al interés superior del niño; citando al efecto los arts. 1, 109.I y 180.II de la CPE; y, 12.2, Observación General 12 en sus párrafos 19, 26, 32, 33, 36 y 39 y Observación General 14 en su párrafo 43, todos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, en audiencia señalaron los arts. 115.II y 119.I de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Se dejen sin efecto los Autos Interlocutorios de 15 de junio y 15 de julio de 2022; y, b) Se ordene la emisión de nuevos autos que resuelvan objetivamente la problemática planteada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 31 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 341 a 344, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Juan José Ugarte Herbas, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de la EPI SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 300 a 302 vta., manifestó que: 1) La parte accionante en ningún momento del proceso alegó la vulneración de algún derecho constitucional propio; puesto que, carecían de legitimación pasiva por no tener interés legítimo en la causa, al margen que el reconocimiento de la unión libre de su hijo Limberth Arias Franco -fallecido- no afecta ninguno de sus derechos ni señalaron de manera clara y precisamente cual fue la vulneración que les provocó agravio, más aún cuando no existe ningún recurso planteado contra el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022, asumiéndose que consintieron el acto al no promover recurso de compulsa previsto por el art. 366 inc. d) del CFPF, existiendo actos consentidos conforme determina el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) e incumplimiento del principio de subsidiaridad de acuerdo a lo previsto por los arts. 53.3 y 54 del mismo Código. En resumen, los accionantes carecen de legitimación activa para promover la presente acción tutelar; puesto que, no demostraron agravio directo a alguno de sus propios derechos fundamentales; 2) El art. 33 del CPCo, en cuanto a la representación de otra persona, dispone la presentación de documentación que acredite su personería. En ese sentido, según el art. 35 del CFPF la representación de los menores corresponde a los padres, y en el contexto del fallecimiento del progenitor de AA y BB, la representación legal de estas menores corresponde a la madre -hoy tercera interesada-. Asimismo, en el supuesto conflicto de intereses entre la representante y las niñas, este debe ser determinado judicialmente para designarse un tutor extraordinario, no debiendo los accionantes limitarse a alegar esa situación, ya que, la autoridad especializada en niñez y adolescencia debe resolver el ejercicio del instituto de la tutela; 3) Los accionantes no demostraron ni acompañaron prueba documental alguna que acredite el ejercicio legal o judicial de la representación de sus nietas menores de edad AA y BB, careciendo de personería para representarlas, más aun al ser evidente que no tienen la intención de resguardar sus derechos sino instrumentalizarlas para su propio interés; y, 4) La presente acción de amparo constitucional resulta ser manifiestamente improcedente, correspondiendo su rechazo. Además, en cuanto a las alegaciones de fondo respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de impugnación, debe señalarse que el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022 fue planteado catorce días después; es decir, fuera de plazo legal, razón por la cual, se rechazó dicho recurso. Menos el Auto Interlocutorio de 15 de julio de ese año, que fue objeto de recurso de compulsa; por lo que, los mencionados Autos se constituyen en fallos ejecutoriados. Por todo lo expuesto, pide que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Albertina Charali Mamani, a través de su abogado en audiencia, manifestó que: i) Se adhiere a lo manifestado por el Juez ahora accionado, debiendo considerarse; además, que los accionantes no tienen personería porque de acuerdo al art. 40 del CNNA, la niña, niño o adolescente debe ser legalmente representado por su padre o madre guardadores o tutores; ii) Su persona no cuenta con legitimación pasiva; puesto que, no emitió ninguna resolución; iii) No se agotaron todos los recursos antes de la presentación de la presente acción tutelar, debiendo los accionantes haber interpuesto recurso de compulsa; iv) En cuanto al derecho a la opinión de las menores de edad, el presente caso trata de una comprobación de unión libre o de hecho; al respecto, los arts. 36 del CFPF y 122 del CNNA establecen que los niños deben emitir su opinión en casos de guarda; y, iv) Existen intereses por parte de los accionantes, toda vez que plantearon contra “…esta pobre mujer viuda un proceso por homicidio ante el ministerio público pese a que (…) el Hijo de los accionantes ha fallecido por covid-19…” (sic), no existiendo necesidad de ningún amparo constitucional; por lo cual, solicita se deniegue la tutela solicitada, y además se condene costas y costos procesales por ser una mujer de escasos recursos.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 010/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 345 a 349 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 366 del CFPF reconoce como un medio de impugnación el recurso de compulsa; sin embargo, no establece el trámite para este tipo de recursos, existiendo un vacío para su trámite y sustanciación. En ese orden, el Auto Supremo (AS) 289/2017 de 15 de marzo, estableció los alcances del recurso de compulsa dentro del Código de las Familias y del Proceso Familiar, concluyendo con base en el art. 219.III de ese Código, que ante el vacío normativo corresponde la aplicación supletoria del instituto procesal de la compulsa determinado por el art. 279 del Código Procesal Civil (CPC). Por ende, los accionantes, una vez notificados con el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022, que rechazó su recurso de apelación, en el plazo de tres días debieron plantear recurso de compulsa en la forma que establece el art. 280 del CPC; empero, obviando ese recurso se interpuso directamente la acción de amparo constitucional pretendiendo dejar sin efecto los Autos Interlocutorios de 15 de junio y 15 de julio de 2022; y, b) Se puede establecer que los accionantes, antes de acudir a la vía constitucional, debieron interponer recurso de compulsa previsto y establecido por el Código Procesal Civil y el Código de las Familias y del Proceso Familiar; por lo que, esa Sala Constitucional no puede pronunciarse sobre la problemática planteada, debiendo los accionantes acudir previamente al proceso correspondiente para determinar lo que en derecho corresponda a objeto de reestablecer sus derechos supuestamente vulnerados; puesto que, la acción de amparo constitucional no es sustitutiva de otros medios judiciales o administrativos, correspondiendo por esa razón, atender al principio de subsidiariedad como causal de improcedencia establecida por el art. 53.3 del CPCo, y si bien la acción tutelar fue admitida; empero, en el desarrollo de la audiencia se advirtió que la demanda se enmarcaba en las causales de improcedencia; por lo que, se deniega la tutela sin ingresar al fondo.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa demanda de comprobación judicial de unión libre interpuesta el 28 de julio de 2020, por Albertina Charali Mamani -ahora tercera interesada- contra presuntos interesados o herederos al fallecimiento de Limberth Arias Franco (fs. 249 a 253), habiéndose emitido la Sentencia de 29 de septiembre de ese año, por la que Juan José Ugarte Herbas, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de la EPI SUR de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionado-declaró probada la demanda y comprobada la unión libre de la ahora tercera interesada y Limberth Arias Franco -fallecido-, desde el 10 de octubre de 2008 a 11 de junio de 2020 (fs. 256 a 257). Resolución que fue ejecutoriada por Auto de 4 de noviembre de ese año (fs. 262). II.2. Mediante memorial presentado el 28 de abril de 2022, ante el Juez ahora accionado, Manuel Filiberto Arias Guzmán y Sonia Franco Mollo de Arias -ahora parte accionante- plantearon incidente de nulidad de obrados hasta la citación con la demanda de comprobación judicial (fs. 264 a 275 vta.), emitiéndose el Auto Interlocutorio de 15 de junio de igual año, que rechazó los vicios de nulidad con relación a sus nietas menores de edad AA y BB por carecer los accionantes de personería para representarlas, y asimismo, rechazó los vicios alegados a título propio de acuerdo a los fundamentos expuestos en ese fallo (fs. 280 a 281). II.3. Consta recurso de apelación presentado el 29 de junio de 2022 contra el Auto Interlocutorio de 15 del mismo mes y año, ante el Juez ahora accionado, por el que alegó la parte accionante que le fue notificada con el referido Auto el 28 de ese mes y año (fs. 282 a 293); recurso que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022 (fs. 296 y vta.). Determinación que fue notificada el 19 del mismo mes y año (fs. 299). II.4. Por Auto de 18 de noviembre de 2022, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró por no presentada una anterior acción de amparo constitucional planteada por los accionantes (fs. 209 y vta.). Asimismo, cursa Auto de 27 de diciembre de igual año, emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que declaró por no presentada la acción de amparo constitucional interpuesta el 12 del mismo mes y año (fs. 207 y vta.); fallo notificado a los accionantes el 27 de diciembre del indicado año (fs. 208).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos y de sus “representadas” al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la doble instancia e impugnación, así como a los derechos de las menores de edad a la opinión vinculada al principio de corresponsabilidad y al interés superior del niño; puesto que, el Juez ahora accionado por Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022, negó su personería para representar a sus nietas menores de edad AA y BB, y rechazó el incidente de nulidad de obrados planteado en ejecución de Sentencia, vulnerando sus derechos constitucionales; asimismo, por Auto Interlocutorio de 15 de julio del indicado año, fue rechazado su recurso de apelación directa, sin considerar que el fallo apelado resolvió un incidente de nulidad de obrados formulado en etapa de ejecución de sentencia, y que no existen medios de impugnación previstos que correspondan a esa etapa ni en el Código de las Familias y del Proceso Familiar ni en el Código Procesal Civil. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Ejercicio de la representación de menores de edad

La SCP 0796/2010-R de 2 de agosto estableció lo siguiente: “La familia constituye el medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros, donde los padres tienen obligaciones y derechos y entre sus deberes u obligaciones se encuentra representarlos en todos los actos de la vida civil, debido a su situación de minoridad, al respecto el art. 32 del Código del Niño, Niña y Adolescente (CNNA), establece que: “Los padres están obligados a prestar sustento, guarda, protección y educación a los hijos conforme a lo dispuesto por el Código de Familia. Asimismo, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las determinaciones judiciales impuestas en favor de sus hijos que no hayan llegado a la mayoría de edad”, es decir, que la autoridad paterna constituye una función o un deber inexcusable. Es una función que se ejerce de forma personal, no es sustituible, ni transferible por terceros y es una obligación continua; norma concordante con los arts. 251 y 253 del CF, respecto a que los padres ejercen la autoridad paterna y son quienes los representan en todos los actos de la vida civil, representación que ejercen sin poder especial o específico por el solo hecho de la filiación. Asimismo, el art. 53 del CPC establece que las personas legalmente incapaces solo podrán intervenir por intermedio de sus padres o tutores; o sea, que toda persona que debido a su situación de incapacidad que puede ser absoluta o relativa (minoridad o interdicción) y tenga que ser representado en un determinado acto o proceso de cualquier naturaleza, la representación será ejercida por sus padres o tutores. De otra parte, el art. 196 del CNNA, precisa cuáles son las atribuciones de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia dentro de las cuales tiene competencia; sin embargo, no prevé como una de ellas su intervención en actos civiles en los que la representación del menor es ejercida por sus padres o tutores legales, pues su competencia se circunscribe a representar a los menores en delitos o infracciones cometidos contra sus derechos, protegerlos en situaciones en las que sus derechos se encuentren en conflicto con sus padres, tutores, responsables o terceras personas a objeto de hacer prevalecer su interés superior y otras. En consecuencia, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como entidad encargada de precautelar por los derechos de los menores de edad, no puede asumir una representación que legalmente no la tiene, cuando los niños, niñas y adolescentes tienen a sus progenitores a cargo de ellos, es decir que la institución tutelar o protectora se encuentra impedida de intervenir en procesos judiciales o administrativos en los que los intereses y derechos de los menores se encuentren protegidos por sus padres o tutores legales, quienes tienen la representación legal en virtud a la autoridad paterna que les reconoce la normativa legal vigente” (las negrillas son nuestras). Entendimiento que, a pesar de estar basado en la normativa abrogada concuerda con lo establecido en la normativa vigente en la materia consistente en los arts. 41, 188, 194.I del CNNA; y, 41, 46 y 39 del CFPF. Ahora bien, el art. 194.II del CNNA determina que: “Cuando sus intereses se contrapongan a los de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, o cuando carezca de representante legal, así sea momentáneamente, la Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, designará un tutor extraordinario, que deberá ser personero de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia” (las negrillas fueron agregadas), norma concordante con los siguientes artículos del Código de las Familias y del Proceso Familiar: “ARTÍCULO 65. (NOMBRAMIENTO DE TUTORA O TUTOR). El nombramiento de tutora o tutor se realiza mediante resolución judicial, pudiendo ratificarse o no a la o el tutor interino. (…) ARTÍCULO 79. (NOMBRAMIENTO DE NUEVA O NUEVO TUTOR). Si dentro de los cinco (5) días que se le comunicó su nombramiento, la o el tutor presenta alguna causal de dispensa o incapacidad para la tutela, probada esta situación la autoridad judicial nombrará una o un nuevo tutor, debiendo la o el anterior dar cuenta inmediata de los actos” (las negrillas fueron añadidas). En ese sentido, conforme a la normativa anteriormente citada será la Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, quien mediante una resolución judicial nombrará al tutor de la niña, niño o adolescente.

III.2. Sobre el principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El art. 129.I de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. Asimismo, el art. 54.I del CPCo determina que esta acción tutelar: “…no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo” (las negrillas son nuestras). Al respecto, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que: “‘…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución…”’ (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos y de sus “representadas” al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la doble instancia e impugnación, así como a los derechos de las menores de edad a la opinión vinculada al principio de corresponsabilidad y al interés superior del niño; puesto que, el Juez ahora accionado por Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022, negó su personería para representar a sus nietas menores de edad AA y BB, y rechazó el incidente de nulidad de obrados planteado en ejecución de Sentencia, vulnerando sus derechos constitucionales; asimismo, por Auto Interlocutorio de 15 de julio del indicado año, fue rechazado su recurso de apelación directa, sin considerar que el fallo apelado resolvió un incidente de nulidad de obrados formulado en etapa de ejecución de sentencia, y que no existen medios de impugnación previstos que correspondan a esa etapa ni en el Código de las Familias y del Proceso Familiar ni en el Código Procesal Civil. De la revisión de antecedentes se tiene que, el 28 de julio de 2020 la ahora tercera interesada planteó demanda de comprobación judicial de unión libre interpuesta contra presuntos interesados o herederos al fallecimiento de Limberth Arias Franco, habiéndose emitido la Sentencia de 29 de septiembre de ese año que declaró probada la demanda y comprobada la unión libre de la hoy tercera interesada y Limberth Arias Franco -fallecido-, desde el 10 de octubre de 2008 a 11 de junio de 2020. Resolución que fue ejecutoriada por Auto de 4 de noviembre de ese año (Conclusión II.1.). Posteriormente, mediante memorial presentado el 28 de abril de 2022, la parte accionante planteó incidente de nulidad de obrados hasta la citación con la demanda de comprobación judicial, emitiéndose el Auto Interlocutorio de 15 de junio de igual año, que rechazó los vicios de nulidad con relación a sus nietas menores de edad AA y BB por carecer los accionantes de personería para representarlos; y asimismo, rechazó los vicios alegados a título propio de acuerdo a los fundamentos expuestos en ese fallo (Conclusión II.2.). Determinación que fue objeto de recurso de apelación por memorial presentado el 29 de junio de 2022 contra el Auto Interlocutorio de 15 del mismo mes y año, que según alegó la parte accionante le fue notificada el 28 de ese mes y año. Recurso que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 15 de julio del indicado año. Determinación que fue notificada el 19 del mismo mes y año (Conclusión II.3.). En cuanto a la legitimación activa para representar a las menores de edad AA y BB Los accionantes en calidad de abuelos de las menores de edad AA y BB, se arrogan la representación de las mismas refiriendo que al reconocerse la unión libre o de hecho entre su madre y su padre (fallecido), su progenitora tendría parte de la herencia que dejó el occiso, afectando de esa manera la porción hereditaria de las referidas menores; por lo cual, sus intereses se contraponen con los de su progenitora. Por consiguiente, invocando la Norma Suprema y las Observaciones Generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, alegan que cuando esas circunstancias acaecen, cualquier persona que advierta o conozca la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes puede representarlos; por lo que, se arrogan la representación legal de las menores, denunciando la vulneración de sus derechos a la opinión y a su interés superior al no haber sido citadas para asumir defensa en el citado proceso extraordinario. Sin embargo, la alegación de los accionantes resulta contradictoria; puesto que, por una parte señalan representar a las menores de edad AA y BB, y por otra, refieren que debió designarse a un personero de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como tutor extraordinario de las citadas menores.

En ese sentido, de conformidad al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los padres tienen entre sus obligaciones representar a los hijos menores de edad en todos los actos de la vida civil y hacer cumplir las determinaciones impuestas a favor de estos, debido precisamente a su situación de minoridad. Representación que se ejerce sin poder especial o específico, es personal, continua y no sustituible ni transferible por terceros. Por lo tanto, si el menor tiene que ser representado en un determinado acto o proceso de cualquier naturaleza, la representación debe ser ejercida por sus padres. Tal es así, que ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como entidad encargada de precautelar por los derechos de los menores de edad puede intervenir en procesos judiciales o administrativos en los que los intereses y derechos de los menores de edad se encuentren protegidos por sus padres (arts. 41, 188, 194.I del CNNA; y, 41, 46 y 39 del CFPF). No obstante, el art. 194.II del CNNA determina que la Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia designarán como tutor extraordinario a un personero de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cuando el menor no tenga representante legal, así sea momentáneamente, o cuando sus intereses se contrapongan a los de su padre, madre, guardador o guardadora, tutor o tutora. Nombramiento que conforme al art. 65 concordante con el art. 79 del mismo Código, debe ser efectuado a través de una resolución judicial. En la presente acción tutelar, los accionantes no demostraron ser tutores o guardas de las menores de edad AA y BB, ni que se haya dictado una resolución judicial que establezca a un personero de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como tutor extraordinario; por lo tanto, la representación legal de las nombradas menores de edad corresponde a la progenitora supérstite -ahora tercera interesada- y no así a sus abuelos quienes accionan a su nombre, habiéndose incumplido el art. 52.1 del CPCo que determina que: “La acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta por: (…) Toda Persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente” (las negrillas nos corresponden). Por consiguiente, no es atendible por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional; primero, la solicitud de los accionantes sobre la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad por supuesta afectación directa a las menores AA y BB que conforman un sector vulnerable de la sociedad; y segundo, la petición de tutela de los derechos a la opinión y al interés superior del niño no correspondiendo emitir ningún criterio, denegándose la tutela sin ingresar al fondo de esta problemática. Acerca de la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, del derecho a la defensa, impugnación y a la doble instancia Los accionantes denuncian que el Juez hoy accionado al dictar el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022, no consideró que el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022, objeto de recurso de apelación directa, resolvió un incidente de nulidad de obrados formulado en etapa de ejecución de sentencia, y al igual que en el ámbito procesal civil, el Código de las Familias y del Proceso Familiar no tiene previsto medios de impugnación que correspondan a esa etapa; es decir, no determina los recursos específicos que puedan activarse en ejecución de sentencia. Por su parte, el Juez ahora accionado, al momento de presentar su informe, señaló que no existe ningún recurso planteado contra el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022, asumiéndose que los accionantes consintieron el acto al no promover recurso de compulsa previsto por el art. 366 inc. d) del CFPF, existiendo actos consentidos conforme determina el art. 53.2 del CPCo e incumplimiento del principio de subsidiaridad de acuerdo a lo previsto por los arts. 53.3 y 54 del mismo Código. Considerando lo anterior, respecto a las denuncias formuladas por los accionantes debe considerarse, conforme lo establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, que uno de los principios característicos de esta acción tutelar es el principio de subsidiariedad, a partir del cual se entiende que la acción de amparo constitucional no es sustitutiva de otros medios o recursos legales; puesto que, su finalidad no es sustituir o reemplazar mecanismos estipulados en el ordenamiento jurídico, estableciéndose por ello que quien considere que sus derechos fundamentales o garantías constitucionales fueron lesionados o restringidos, debe con carácter previo reclamar dicha vulneración ante las autoridades judiciales o administrativas para su restablecimiento, debiendo agotar los mecanismos legales idóneos para el efecto, a partir de los cuales se pueda adoptar medidas que prevengan o corrijan la amenaza o restricción de los derechos invocados, pudiendo interponer la presente acción de defensa, en caso de que la reparación solicitada no haya sido otorgada. Bajo ese contexto, el recurso de compulsa es reconocido como un medio de impugnación por el art. 366 inc. d) del CFPF; sin embargo, únicamente lo enuncia y no contempla los casos para su aplicación e interposición, existiendo un vacío legal en la normativa familiar. A pesar de lo anterior, el art. 219.III del mismo Código determina que: “La autoridad judicial no podrá negar la administración de justicia por falta o insuficiencia de la norma, debiendo en su caso acudir a los principios generales del derecho familiar” (las negrillas son nuestras).

Por lo tanto, resulta necesaria la aplicación supletoria del Título Sexto (MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES), Capítulo V (COMPULSA), art. 279 a 286 del CPC que determinan la procedencia, el plazo y la forma de presentación, el procedimiento, la forma de resolución y sus efectos (AS 289/2017 de 15 de marzo). En ese orden, el art. 279 del CPC determina los casos en los que el recurso de compulsa resulta procedente, determinando que: “El recurso de compulsa procede por negativa indebida del recurso de apelación o del de casación, o por concesión errónea del recurso de apelación en efecto que no corresponda, a fin de que el superior declare la legalidad o ilegalidad de la resolución objeto del recurso” (las negrillas nos corresponden), lo que ocurre en la presente causa ante el rechazo del recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2022, dispuesto por el Auto interlocutorio de 15 de julio de igual año, objeto de la presente acción tutelar. Por consiguiente, al no haberse cumplido con el principio de subsidiariedad por parte de los accionantes, quienes debieron plantear recurso de compulsa contra el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022 y no acudir directamente a la vía de acción de amparo constitucional; corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo respecto a las supuestas vulneraciones del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, del derecho a la defensa, impugnación y a la doble instancia. Otras consideraciones Por Auto de 18 de noviembre de 2022, se declaró por no presentada una anterior acción de amparo constitucional interpuesta por los accionantes. Asimismo, cursa Auto de 27 de diciembre de igual año, que declaró por no presentada la acción de amparo constitucional presentada el 12 del mismo mes y año; fallo notificado a los nombrados el 27 de diciembre del indicado año (Conclusión II.4.). En ese orden, conforme a la vasta jurisprudencia constitucional, en caso que la acción de amparo constitucional fuera rechazada por el Tribunal, Juez o Jueza de garantías y Salas Constitucionales -art. 2 de la Ley de 27 de septiembre de 2018- por inobservancia de requisitos de forma y contenido, y no haya sido objeto de revisión por este Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante tiene derecho a plantear una nueva acción de defensa -siempre y cuando se encuentre dentro del plazo de inmediatez-, no pudiendo en ese caso aplicarse la causal de improcedencia por identidad de sujeto, objeto y causa. Mismo criterio que aplica en el caso de que la acción tutelar no fuese resuelta en el fondo sino que este Tribunal Constitucional Plurinacional determinó la improcedencia de la acción tutelar por aplicación del principio de subsidiariedad, puesto que la jurisdicción constitucional no resolvió positiva o negativamente el fondo de la acción de defensa. Supuestos en los que se considera que el accionante tiene derecho a plantear nuevamente una acción de amparo constitucional cuando ya se han agotado los medios de impugnación ordinarios o los requisitos extrañados. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, con similares fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 345 a 349 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0208_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 04651517380332d9d3629bd3e0b148f6ec3aa8cdea737d0dba9b36466561119b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →