Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de abril de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; toda vez que realizada la audiencia el 2 de diciembre de 2021 de revisión de su situación jurídica, se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, resolución que fue apelada por la parte contraria y el solicitante de tutela, disponiéndose la remisión de los actuados a la Sala Penal de Turno, sin embargo, la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandada- pese a que transcurrió más de cinco días desde la audiencia, no remitió los antecedentes, generando una dilación indebida. En consecuencia, con carácter previo, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental; b) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso en concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2021 de 10 de diciembre, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por dilación indebida e ilegal en la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por el peticionante de tutela, respecto de la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; y, 2° Disponer se efectivice la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al referido Tribunal Departamental de Justicia en el día, en caso de no habérselo ya realizado.
3° Exhortar a la funcionaria demandada, para que en lo posterior, en la remisión de los recursos de apelación, observe el término establecido en la normativa penal, debiendo actuar con celeridad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0208/2023-S1 Sucre, 12 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44681-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 19/2021 de 10 de diciembre, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lauro Boris Mancilla Arevillca en representación sin mandato de Daniel Erick Rodríguez Aillón contra Ana Gabriela Rivera Román, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2021, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante a través de su abogado y representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de Estafa con victimas múltiples, el 2 de diciembre de 2021 en audiencia de revisión de situación jurídica se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, Resolución que fue apelada por la parte contraria y el accionante, disponiéndose la remisión de los actuados a la Sala Penal de Turno, empero la Secretaria Abogada demandada no remitió dichos actuados, pese a que transcurrió más de cinco días desde la audiencia, generando dilación indebida y vulnerando su derecho a la libertad.
El peticionante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene que en el día se remitan antecedentes del recurso de apelación y se condene a la funcionaria demandada a la reparación de daños y perjuicios.
La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 10 de diciembre de 2021; según consta en acta cursante de fs. 14 a 15 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de sus abogados y representantes sin mandato, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda de acción tutelar y ampliando la misma, en el desarrollo de la audiencia, señalo lo siguiente: a) La funcionaria demandada cuando aún se encontraba cumpliendo funciones tenia los días suficientes como para poder remitir esta apelación ante la Sala Penal y más bien ha remitido el cuaderno a la localidad de Colomi, efectuando actos dilatorios, vulnerando los derechos constitucionalmente reconocidos y provocando una restricción indebida al derecho a la libertad; y, b) Si bien la parte denunciante interpone recurso de apelación el 2 de diciembre de 2021, de las notas visualizadas por plataforma se advierte que recién el miércoles 8 del mismo mes y año, se remite el caso al Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colomi del departamento de Cochabamba.
Ana Gabriela Rivera Román, prestó informe en audiencia, señalando lo siguiente: 1) El 2 de diciembre se efectuó la audiencia de cesación a la detención preventiva disponiéndose medidas sustitutivas entre ellas la fianza económica, sin embargo formularon recurso de apelación la defensa del denunciado, el Ministerio Público y la denunciante, luego no se habrían apersonado a recabar las fotocopias legalizadas a efectos de remitir la apelación; 2) El día 8 de diciembre, se apersono una empelada del Bufet del abogado del accionante, a quien se le habría informado que el proceso original se encontraba en la localidad de Colomi, toda vez, que según el instructivo de vacación judicial habría dispuesto que el Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colomi del departamento de Cochabamba atenderá los casos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del mismo departamento, aspecto que era de pleno conocimiento de los abogados del accionante; 3) La secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colomi del departamento de Cochabamba se habría comunicado con la ahora demandada, informando que en el proceso, el impetrante de tutela no habría proporcionado las fotocopias para la apelación; quien se apersono durante dos días a plataforma para ingresar las apelaciones en original sin poder lograrlo; y, 4) Se ha visto imposibilitada de remitir el expediente en original porque desde el miércoles en horas de la mañana ya se encontraba en la localidad de Colomi y debido a que existió confusión, ya que los procesos en casos de detenidos debían haberse remitido al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba y no así a Colomi; por lo que, solicita se deniegue la tutela.
Lizeth Martínez, Fiscal de Materia, en audiencia señalo: El solicitante de tutela tenía la obligación de proporcionar las fotocopias para que la Secretaria remita los antecedentes, no se puede endilgar a la funcionaria la responsabilidad por la demora y negligencia del demandante de tutela, es evidente que por vacación judicial se ha generado un conflicto interno entre los juzgados.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 19/2021 de 10 de diciembre, cursante de fs. 16 a 18, denegó la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos: i) Por determinación de la Circular 9/2021 de 20 de octubre el Distrito judicial de Cochabamba, se encuentra gozando de vacación judicial colectiva desde el 7 hasta el 31 de diciembre, conforme establece la aludida circular el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba debía remitir sus causas al Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colomi del departamento de Cochabamba, envío que debía efectivizarse el 3 de diciembre de 2021; ii) De la documentación presentada de respaldo (nota de remisión de proceso y nota de recepción) la Secretaria demandada procedió a la remisión de la causa a Colomi el 8 de diciembre de 2021; iii) No se advierte que la secretaria aludida no hubiera obrado con la diligencia necesaria para materializar el recurso de apelación, toda vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional en su jurisprudencia ha establecido en cuanto a la provisión de recaudos, que no se encuentra previsión legal alguna, menos se refiere que estarán a cargo de la administración de justicia; iv) Cito la SC 0981/2014 de 28 de mayo que refiere a la SCP 0394/2012 de 22 de junio indicando que corresponde a la parte apelante proporcionar los recaudos necesarios para remitir las actuaciones en apelación y adoptar una actitud diligente a fin de no dilatar el tratamiento de la apelación formulada; y, v) El peticionante de tutela, sabía que el Juzgado donde se tramita su causa ingresaría en vacación, por lo que debió proveer oportunamente y con diligencia los recaudos y no lo hizo; la Secretaria no tuvo más que enviar el proceso al Juzgado de Turno para que sea ese despacho el que materialice la remisión; en la fecha ya se ha materializado la remisión de la apelación estando pendiente la recepción.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante acta de audiencia pública de la presente acción tutelar, se tiene que la funcionaria judicial demandada, señalo que ninguno de los apelantes se apersono a recabar las fotocopias legalizadas a efectos de remitir la apelación, el proceso original se encontraba en la localidad de Colomi toda vez que según el instructivo de vacación judicial habría dispuesto que el Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colomi del departamento de Cochabamba atenderá los casos del Juzgado de Sacaba y que la secretaria del referido Juzgado estuvo presente durante dos días en plataforma para ingresar las apelaciones en original sin poder lograrlo; se ha visto imposibilitada de remitir el expediente en original porque desde el miércoles en horas de la mañana ya se encontraba en la localidad de Colomi (fs. 14 a 16 vta.).
El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; toda vez que realizada la audiencia el 2 de diciembre de 2021 de revisión de su situación jurídica, se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, resolución que fue apelada por la parte contraria y el solicitante de tutela, disponiéndose la remisión de los actuados a la Sala Penal de Turno, sin embargo, la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandada- pese a que transcurrió más de cinco días desde la audiencia, no remitió los antecedentes, generando una dilación indebida. En consecuencia, con carácter previo, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental; b) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso en concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente entendimiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201[2] de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El art. 115 de la CPE, estipula: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. El principio de celeridad anotado, no sólo es exigible a las autoridades jurisdiccionales, sino también a otras autoridades que intervienen en el proceso penal; lo que supone que deben actuar cumpliendo los plazos legales, sin dilaciones indebidas, debiendo cumplir con sus obligaciones desde el primer momento que se computa el plazo y no esperar a su vencimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
4En FJ III.4, precisa: ”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´.
La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”. 5El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…” 6El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
7El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 8El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (…)
El demandante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; toda vez que realizada la audiencia el 2 de diciembre de 2021 de revisión de su situación jurídica, se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, resolución que fue apelada por la parte contraria y el peticionante de tutela, disponiéndose la remisión de los actuados a la Sala Penal de Turno, sin embargo, la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandada- pese a que transcurrió más de cinco días desde la audiencia, no remitió los antecedentes, generando una dilación indebida. De acuerdo a los datos del proceso se evidencia que el impetrante de tutela dentro del proceso penal que le sigue por el presunto delito de estafa, el 2 de diciembre de 2021 en la audiencia de revisión de su situación jurídica, una vez que la autoridad jurisdiccional de control de garantías emitió la resolución que le otorga medidas sustitutivas a la detención preventiva, presentó recurso de apelación al igual que la parte contraria.
Ahora bien, en la problemática planteada se tiene que, del informe de la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandada- se establece que dentro del proceso penal seguido contra el solicitante de tutela por el presunto delito de estafa con victimas múltiples, el abogado de la defensa, así como el representante del Ministerio Público y la víctima, interpusieron recursos de apelación, habiendo la autoridad jurisdiccional ordenado la remisión de antecedentes al superior en grado, los cuales no fueron enviados por la funcionaria demandada ante el Tribunal de alzada dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes. De lo anterior se tiene que ante la presentación de recursos de apelación contra una resolución que dispone medidas sustitutivas al procesado, tal como refiere el Fundamentos Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, las actuaciones procesales deben ser efectuadas por los servidores judiciales con la mayor celeridad, más aun tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas, dado que toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales y los funcionarios deben cumplir con sus obligaciones desde el primer momento que se computa el plazo y no esperar a su vencimiento; en el caso en particular los antecedentes pertinentes debieron ser remitidos en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, tras haberse interpuesto el recurso de apelación incidental en audiencia de 2 de diciembre de 2021, y ordenado como está la remisión al Tribunal Superior; al no haberse realizado incluso hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar -9 del mismo mes y año- se constata que el plazo previsto en el art. 251 del CPP fue abundantemente superado, razón por la cual, al no haberse enviado las actuaciones pertinentes dentro del término legal establecido ante el Tribunal de alzada, se provocó una demora excesiva e injustificada en la remisión del recurso de apelación incidental formulado, constituyéndose en dilación indebida, concurriendo en consecuencia el entendimiento jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, razón por la que corresponde conceder la tutela solicitada respecto a la dilación en la remisión del mencionado recurso de apelación, bajo la modalidad de pronto despacho, en procura de dar el impulso necesario en el trámite procesal que adolece de la debida celeridad y sea resuelta la situación jurídica generada a la brevedad posible. Conforme a lo anterior, una vez dispuesta la remisión de los recursos al superior en grado por la autoridad jurisdiccional, bajo ninguna circunstancia la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, debió remitir el recurso al Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colomi del mismo departamento, aduciendo el ingreso a vacaciones judiciales, dado que formulado el recurso el 2 de diciembre de 2021, aún se encontraba dentro del plazo para remitir directamente al superior en grado, toda vez que las vacaciones judiciales en ese Distrito empezaron recién el martes 7 del mismo mes y año, entonces tenía el tiempo por demás suficiente para efectuar la remisión de manera oportuna; tampoco correspondía condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior, para la provisión de fotocopias por las partes, toda vez que como señala el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, y al estar en juego el derecho a la libertad de las personas, correspondía sin mayores reparos remitir el cuaderno de control jurisdiccional en original dentro del plazo previsto. Por lo que se concluye que se ha vulnerado el derecho al debido proceso en su vertiente a la celeridad del demandante de tutela a causa del incumplimiento e inobservancia de las funciones y obligaciones de la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, por no haber remitido dentro de plazo legal el recurso de apelación al superior en grado. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2021 de 10 de diciembre, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por dilación indebida e ilegal en la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por el peticionante de tutela, respecto de la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; y, 2° Disponer se efectivice la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al referido Tribunal Departamental de Justicia en el día, en caso de no habérselo ya realizado.
3° Exhortar a la funcionaria demandada, para que en lo posterior, en la remisión de los recursos de apelación, observe el término establecido en la normativa penal, debiendo actuar con celeridad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, señala: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0208_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 53adad915309f428f057431cd68f54af55f8bce42ad4981aaa9e736a07e29ec1
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