Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, le trasladó a un pabellón de régimen cerrado denominado “Titanic”, donde se encuentran los sentenciados por delitos graves, cuando su persona ingresó a dicho Centro en calidad de detenido preventivo; decisión asumida sin que de por medio exista una resolución disciplinaria sancionatoria, agravando de esta forma su detención y poniendo en peligro su vida, por cuanto los internos de ese pabellón amenazaron al cuerpo de disciplina del cual forma parte; por lo cual, solicita que, de forma inmediata se ordene su restitución al pabellón donde pertenece desde el ingreso al referido centro penitenciario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que el Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, una vez notificado con el presente fallo constitucional, ordene el traslado inmediato del privado de libertad René Roca Pérez, del pabellón “Titanic” al pabellón “La Aldea” de dicho centro penitenciario, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no hubiere cesado la vulneración de sus derechos; de igual manera, se le insta a adoptar medidas conducentes para evitar que en futuros casos vuelvan a afectarse de similar manera los derechos de las personas privadas de libertad, por la inobservancia del procedimiento establecido para la disposición de sanciones disciplinarias. 3° Exhortar a Celsa Salazar Rodas y Diego Valdir Roca Saucedo, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, el segundo en suplencia legal; el deber de observar lo previsto en la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza jurídica y ámbito de protección de la acción de libertad correctiva, por lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0207/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55174-2023-111-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 004/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Roca Pérez contra Leonardo Yasmani Díaz Vargas, Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando.
Por memorial presentado el 26 de abril de 2023, cursante a fs. 1; y, 6 a 7, el accionante, manifestó lo siguiente:
El 20 de abril de 2023, cuando realizaba sus funciones de disciplina de pabellón dentro del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, en el que cumplía detención preventiva, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación a niña, niño o adolescente agravada; el Jefe de Seguridad, le indicó que por órdenes de Leonardo Yasmani Díaz Vargas, Director del indicado centro penitenciario -ahora demandado- sería trasladado al pabellón cerrado denominado “Titanic”; oportunidad en la que cuestionó tal determinación, indicando que no existe ningún informe ni sanción disciplinaria que amerite esa decisión. Por otro lado, fue de conocimiento de la autoridad demandada que el 26 de febrero de 2023, dentro del citado pabellón, hubo un asesinato, motivo por el cual el cuerpo de disciplina de población al que pertenece fue amenazado, por lo que considera que su vida corre peligro.
También resaltó que, no se puso en conocimiento de su abogado ni de su familia la determinación asumida en su contra; y, que el pabellón cerrado denominado “Titanic” es para personas con sanciones disciplinarias.
No manifestó que derechos le fueron lesionados, infiriéndose la lesión de su derecho a la vida.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: De forma inmediata se ordene el regreso al pabellón donde pertenece desde su ingreso al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 21 a 23, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Se puede evidenciar que se encuentra en calidad de detenido preventivo en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, desde el 18 de octubre de 2022, cumpliendo esta determinación en pabellón abierto, dentro del cual tiene una ocupación en el rubro de artesanías, ya que se encuentra a cargo de su hijo, realizando también actividades de estudio; b) Durante los seis meses que se encuentra detenido, nunca se le llamó la atención, por el contrario goza de buena conducta; empero, de un momento a otro se lo cambió de pabellón, mismo que no cuenta con áreas de trabajo a excepción de la huerta, trabajo que está destinado para la olla común, pero no tiene otras alternativas de trabajo ni estudio; c) Frente a la determinación asumida, solicitó la aclaración sobre el motivo del traslado ya que no cuenta con una resolución disciplinaria, a lo cual el Director demandado respondió que ello sería una atribución de su autoridad, sin realizar ninguna fundamentación sobre dicho traslado a un pabellón cerrado donde se encuentran la mayoría de los sentenciados por delitos graves; d) Con la decisión asumida, las condiciones de detención de su persona fueron agravadas por una determinación arbitraria del Director, que no está estipulada en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; toda vez que, en el Reglamento de la referida Ley, donde se establece las funciones específicas del Director del establecimiento, no se encuentra la de reubicar por simple decisión, pues si en caso debe ameritar un traslado, ello exige la existencia previa de informes; e) En ese marco, solicitó la aplicación de los lineamientos establecidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “…046/2014, 0339/2019-S2…” (sic) referidas al tipo de acción de libertad correctiva frente a los agravamientos ilegales de los detenidos preventivos o sentenciados; y, f) Acudió a la acción de libertad al no existir otro mecanismo que pueda reparar la decisión arbitraria asumida por la autoridad demandada, solicitando se conceda la tutela y se ordene se deje sin efecto la decisión del traslado al régimen cerrado. En ejercicio de su derecho a la defensa material, el accionante manifestó lo siguiente: “Yo quise hablar con el capitán sobre mi traslado, pero no quiso escucharme, me dijo ‘coge tus cosas y ándate al Titanic’ y eso yo quería ver porque allá yo no tengo trabajo, acá yo era el jefe de disciplina de mi pabellón y también hacía mis artesanías para poder vender y sustentar a mi hijo, en el Titanic no tengo donde generar dinero para pasar para mi hijo. Eso quisiera que consideren” (sic).
Leonardo Yasmani Díaz Vargas, Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, a través del asesor jurídico del señalado centro penitenciario, en audiencia de garantías, señalo que: 1) El pabellón “Titanic” no es un pabellón de régimen cerrado, no existe en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando un área en ese sentido, ya que es de mínima seguridad, dicho pabellón es como otro cualquiera, “…cuando llegan con detención preventiva se les manda a este lugar para que (…) ellos se ambientes y están una semana un mes hasta dos meses luego piden y se les baja aquí a la población donde la mayor parte de las personas privadas libertad están, se les traslada a pedido o a veces por orden del director conforme a sus atribuciones” (sic); 2) Cuando existen resoluciones de indisciplina se lleva al privado de libertad a un lugar denominado “la escuelita” para contención y seguridad, cuando se comete faltas graves o muy graves; no siendo evidente lo referido por el accionante en sentido de que se le trasladó a ese lugar sin resolución; 3) Respecto a que se estuviere “quitando” el derecho al trabajo del accionante al remitirlo al pabellón “Titanic”, debe tenerse en cuenta que en el citado pabellón el privado de libertad puede trabajar y estudiar, solo que tiene que solicitarlo; y, 4) En relación a lo manifestado por el accionante en sentido de que teme por su vida, no existe al respecto ninguna nota que refiera aquello; argumentos a partir de los cuales solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Resolución 004/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 24 a 25 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) No se advierte que el accionante haya realizado alguna acción a fin del restablecimiento del supuesto derecho lesionado, debiéndose considerar lo establecido en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que dispone que el Juez de Ejecución Penal se encarga de controlar el trato otorgado al detenido; en consecuencia, si el accionante no estaba de acuerdo con el proceder del Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, primero debió hacer conocer su descontento con la decisión asumida ante el Juez de Ejecución Penal, a fin de que dicha autoridad controle el proceder o la decisión tomada por el Director; y, ii) Respecto al derecho a la vida, si bien se demostró que el accionante fue nombrado “disciplino” del pabellón “La Aldea” y es parte del cuerpo de seguridad; empero, no demostró de qué forma o cómo su vida estuviera en peligro, ya que, ni el Voto Resolutivo emitido por los privados de libertad del pabellón “La Aldea” a fin de que se informe sobre el motivo del traslado del accionante, ni otra documental, hacen referencia a este aspecto, no siendo suficiente mencionar que su vida estuviera en peligro para acudir a la acción de libertad, pues tal hecho debe estar acreditado, y en ese entendido, no se advierte que la autoridad demandada hubiera vulnerado el derecho a la vida. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante solicitó se aclare, que si en el caso se ingresó o no al fondo de la problemática planteada; respecto a la cual la precitada Sala Constitucional señaló que se analizó la vulneración del derecho a la vida, pero que tal denuncia no fue acreditada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Detención Preventiva 63/2022 de 18 de octubre, mediante el cual el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando, ordenó al Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando -demandado-, la detención preventiva de René Roca Pérez -accionante-, conforme se dispuso en el Auto de medidas cautelares de la misma fecha, emitido dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente agravada (fs. 14). II.2. Mediante Voto Resolutivo sin fecha, recibido el 21 de abril de 2023, los internos del pabellón “La Aldea” del referido Centro Penitenciario, hicieron conocer al Director del mismo, su preocupación por la situación del accionante quien fue trasladado al régimen cerrado correspondiente al pabellón denominado “Titanic”, solicitando se informe los motivos de dicho traslado, considerando que el mencionado no tiene una sanción disciplinaria vigente y homologada por el Juez de Ejecución Penal (fs. 3 a 5). II.3. Consta nota de 25 de abril de 2023, mediante la cual Leonardo Yasmani Díaz Vargas, Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, en respuesta al referido Voto Resolutivo precedente, señaló que el accionante fue trasladado al pabellón “Titanic” únicamente por motivos de “reubicación”, lo que no vulnera sus derechos, ni amerita una audiencia disciplinaria previa, encontrándose tal decisión dentro de sus atribuciones establecidas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (fs. 2).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, le trasladó a un pabellón de régimen cerrado denominado “Titanic”, donde se encuentran los sentenciados por delitos graves, cuando su persona ingresó a dicho Centro en calidad de detenido preventivo; decisión asumida sin que de por medio exista una resolución disciplinaria sancionatoria, agravando de esta forma su detención y poniendo en peligro su vida, por cuanto los internos de ese pabellón amenazaron al cuerpo de disciplina del cual forma parte; por lo cual, solicita que, de forma inmediata se ordene su restitución al pabellón donde pertenece desde el ingreso al referido centro penitenciario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha referido al carácter preventivo, correctivo y reparador de la acción de libertad; con relación al tema, la SCP 1199/2014 de 10 de junio, señaló:
[L]a Constitución Política del Estado, consagra las acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad, expuesta en el art. 125 de la Norma Suprema precisando: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’; por lo que, esta acción tutelar tiene un triple carácter tutelar: a) Preventivo, que responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; b) Correctivo, que opera a efecto de evitar se agraven las condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; y, c) Reparador, que busca reparar una lesión ya consumada; es decir, que es viable ante la verificación de una detención ilegal o indebida como consecuencia de la inobservancia de formalidades legales. Concretamente, la SCP 1707/2014 de 1 de septiembre, refiriéndose a la acción de libertad correctiva precisó que:
[Y]a, el anterior Tribunal Constitucional en base a la actual Constitución Política del Estado, entendió que existen diferentes tipos de hábeas corpus ahora denominadas acciones de libertad, es así que la SC 0044/2010-R de 20 de abril, refirió que: ‘…el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus: «…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida». En el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- se puede concluir que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados...’, de este razonamiento jurídico realizado se puede entender que la hoy acción de libertad se divide en tres tipos los cuales son el restringido, el instructivo y el traslativo o de pronto despacho; empero, también de manera posterior se identificó a la hoy acción de libertad correctiva, es así que la SC 1579/2004-R de octubre1 , señaló que la misma: ‘…protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos’ (….). Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos’” (énfasis agregado). Complementando este entendimiento, la SC 0824/2011-R de 3 de junio, estableció que la acción de libertad correctiva, tiene por objeto corregir las condiciones agravantes de la situación de reclusión en la que se encuentran aquellos sujetos restringidos de libertad, buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos y condenados, tomando en cuenta que el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es la libertad personal, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona; de donde se establece que la acción de libertad correctiva no busca la libertad de la persona sino corregir situaciones desfavorables de las personas privadas de libertad; consecuentemente, de acuerdo a la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre , se puede determinar que la acción de libertad correctiva procede contra actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en lo físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana.
En relación a la temática, la SCP 1199/2014 de 10 de junio, refirió que:
[L]a finalidad del régimen disciplinario, está prevista por el art. 117 de la LEPS, que señala: ‘El régimen disciplinario, tiene por finalidad, garantizar la seguridad y la convivencia pacífica y ordenada de los internos. El régimen disciplinario de los condenados, estará orientado además, a estimular el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, como presupuestos necesarios para la readaptación social’. Asimismo, en el art. 120 se establece que ‘Las sanciones disciplinarias que se impongan, se regirán por el principio de proporcionalidad. En ningún caso, afectarán al interno más allá de lo indispensable, ni afectarán su salud física o mental. Para la imposición de una sanción se considerarán, además de la gravedad de la falta, la conducta del interno durante el último año’. Es competente para imponer sanciones, suspenderlas o dar por cumplida su aplicación, sustituirla por otra más leve, el Director del establecimiento penitenciario. La Resolución de la sanción debe ser fundamentada, previa audiencia en la que se escuchará la acusación y la defensa del presunto infractor; las sanciones por faltas graves y muy graves serán apelables ante Juez de Ejecución Penal, dentro de los tres días de su notificación, sin recurso ulterior (arts. 122 y 123 de la LEPS). Las sanciones serán cumplidas una vez ejecutoriada, sin perjuicio de disponerse las medidas necesarias para evitar que el hecho produzca mayores consecuencias (art. 125 LEPS). En consecuencia, la sanción disciplinaria no será ejecutada en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el Juez de Ejecución Penal; en caso de que no ser interpuesto, hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación. La imposición de las medidas necesarias para evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, no pueden ser las mismas de la sanción disciplinaria, sino deben ser medidas menos gravosas” (las negrillas nos corresponden).
Sobre este acápite, la SCP 0401/2020-S1 de 27 de agosto, en sus fundamentos jurídicos señaló lo siguiente:
El derecho a la vida, ha sido considerado como uno de los derechos más importantes en el catálogo de los derechos fundamentales de los seres humanos, puesto que este bien jurídico es el soporte físico de los demás derechos fundamentales, es un bien natural, un derecho innato; por lo tanto, si este derecho es violentado desaparece el titular del mismo, consiguientemente, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho; este concepto fue recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones. […] En esa misma línea de razonamiento, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, ampliando este concepto señaló que el derecho a la vida implica también otros derechos como el derecho a la seguridad e integridad personal y la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda; y que obliga al Estado a su protección a través de mecanismos efectivos que garanticen el bienestar físico, mental y social; a partir de allí, se fue precisando sobre lo que se entiende por derecho a la vida, señalándose que esta supone una obligación tanto negativa como positiva; es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de la vida -a que nadie me mate- y, por otra, el derecho a recibir al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir; en ese sentido, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, asumiendo la igual jerarquía de los derechos, consagrada en el art. 13.III de la CPE que no reconoce superioridad de un derecho sobre otro; empero esta Sentencia, reconoció que el derecho a la vida es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos, lo cual implica considerar situaciones particulares4 cuando se demanda su protección…”.
De los antecedentes contenidos en el expediente constitucional, se corrobora que dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente agravada, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando; medida cautelar personal efectivizada por Mandamiento de Detención Preventiva 63/2022 de 18 de octubre (Conclusión II.1).
También resulta evidente que, el Director del citado centro penitenciario, determinó el traslado del accionante del pabellón “La Aldea” al pabellón denominado Titanic dentro del mismo recinto; aspecto constatado, cuando ante la presentación del Voto Resolutivo emitido por los internos del pabellón “La Aldea” al cual el accionante pertenecía; el Director demandado por nota de 25 de abril de 2023, informó que dicho traslado fue dispuesto únicamente por motivos de “reubicación”, lo que a su criterio no ameritaría una audiencia disciplinaria previa, encontrándose la misma dentro de sus atribuciones (Conclusión II.2 y II.3).
Como se advierte, la decisión directa y discrecional de traslado del ahora impetrante de tutela al pabellón denominado “Titanic”, adoptada por el Director demandado, como medida de “reubicación”, constituye una medida sancionatoria encubierta que no observó el procedimiento descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; vale decir, fue determinada en contraposición con lo dispuesto por el art. 123 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), cuyo contenido normativo establece que las sanciones serán impuestas mediante resolución fundamentada, previa audiencia en la que se escuchará la acusación y se dará oportunidad al presunto infractor de argumentar su defensa; dicha determinación, tampoco observó lo previsto en el art. 120 de la LEPS, que establece la estricta observancia del principio de proporcionalidad a tiempo de imponer las sanciones disciplinarias, aspecto que no se advierte con relación a la determinación adoptada, más aún cuando en el pabellón “Titanic” se encontrarían privados de libertad con sentencia por delitos graves, aspecto que no fue controvertido ni negado por el Director demandado; lo cual contrasta con la condición jurídica del accionante, quien es un detenido preventivo amparado por el art. 237 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que los detenidos preventivamente serán internados en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizan para los condenados, o al menos en secciones separadas de las dispuestas para estos últimos.
De la relación fáctica corroborada, se tiene que el Director demandado, al momento de trasladar al accionante al pabellón “Titanic”, desconoció los principios legales y procesales dispuestos por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; situación que además, puso en riesgo indebido la integridad personal del accionante; aspecto que, se encuentra dentro de los alcances de la acción de libertad correctiva; toda vez que, si bien el accionante se encuentra privado de su libertad, esta situación no le despoja del ejercicio de sus demás derechos fundamentales; más aún, si se tiene en cuenta que por la medida adoptada, el accionante, se vio obligado a permanecer recluido en una sección más rigurosa; lo que, incidió en la exposición innecesaria a un riesgo contra su vida e integridad personal, conforme se ha establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.3 del presente fallo constitucional.
De acuerdo a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, es posible que ocurran circunstancias en las que se deben adoptar medidas de manera provisional, como la de apartar a los internos, dada la situación específica, para procurar el resguardo de otros bienes jurídicos; empero, no es menos evidente que éstas medidas sólo pueden ser adoptadas de manera momentánea y sin poner en riesgo la vida e integridad de los privados de libertad, situación que no ha sido observada en el presente caso, cuya medida de traslado a otro pabellón más riguroso, no fue adoptado en resguardo de un bien jurídico, sino como una medida de “reubicación” que no puede ser utilizada como un mecanismo para aplicar castigos encubiertos o evadir las garantías del debido proceso; determinación que, además, no fue ejecutada de manera provisional, sino en inobservancia del debido proceso y sin asegurar que el derecho a la vida e integridad personal del accionante no estuviere comprometido ni en riesgo; además, estas medidas, deben ponerse en conocimiento inmediato de las autoridades competentes; por lo que, ante la omisión de cumplimiento de estas reglas y ante el riesgo indebido a la vida e integridad personal del accionante, corresponde conceder la tutela bajo el ámbito de tutela de la acción de libertad correctiva.
La Sala Constitucional, denegó la tutela solicitada alegando que el accionante debió acudir ante el Juez de Ejecución Penal, a fin de que dicha autoridad controle el proceder o la decisión tomada por el Director demandado.
Sobre esta decisión asumida; es pertinente señalar que, en la causa presente, no era posible exigir al accionante el agotamiento previo de los mecanismos jurisdiccionales o administrativos; toda vez que, la medida de traslado al pabellón “Titanic”, no fue impuesta a través de una sanción, para que en su caso, se le exija el agotamiento previo; al contrario, conforme se ha advertido en el fundamento anterior, fue asumido de manera directa y discrecional por “reubicación”, sin observar el procedimiento establecido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; circunstancia por la cual, en la presente causa, al no concurrir el principio de subsidiariedad que exige el agotamiento previo de los mecanismos intraprocesales con carácter previo a la interposición de esta acción tutelar, correspondía que la Sala Constitucional ingrese al análisis de fondo del problema jurídico planteado. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que el Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, una vez notificado con el presente fallo constitucional, ordene el traslado inmediato del privado de libertad René Roca Pérez, del pabellón “Titanic” al pabellón “La Aldea” de dicho centro penitenciario, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no hubiere cesado la vulneración de sus derechos; de igual manera, se le insta a adoptar medidas conducentes para evitar que en futuros casos vuelvan a afectarse de similar manera los derechos de las personas privadas de libertad, por la inobservancia del procedimiento establecido para la disposición de sanciones disciplinarias. 3° Exhortar a Celsa Salazar Rodas y Diego Valdir Roca Saucedo, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, el segundo en suplencia legal; el deber de observar lo previsto en la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza jurídica y ámbito de protección de la acción de libertad correctiva, por lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2 El FJ III.1, señala: “`…el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes´” (las negrillas nos corresponden).
3 “…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones”. 4 Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0207_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6b938d929c6bae679ef456f5b9fc0f6ebfa9cf14f10ef3956b54314e26612d44
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