Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa y al acceso a la justicia; puesto que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 94 de 23 de marzo de 2023, hoy impugnado, declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por la parte civil AA, revocando el Auto Interlocutorio 696/2022 de 12 de octubre y ordenando que el imputado -accionante- continúe ostentando la condición de detenido preventivo hasta que no “mejore” sus riesgos procesales; sin realizar una valoración integral de los antecedentes, sin invocar norma constitucional, base legal o jurisprudencia constitucional y sin circunscribirse a los aspectos apelados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; b) El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso; c) La valoración integral de la prueba; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 35 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0207/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55771-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 35 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Cáceres Velásquez en representación sin mandato de Juan José Cáceres Velásquez contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 4 de abril de 2023, cursante de fs. 17 a 22, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de AA contra Juan José Cáceres Velásquez -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), el Fiscal de Materia formalizó imputación formal, lo cual derivó en la realización de la audiencia de medidas cautelares de 14 de enero de 2022. En dicho actuado, la Jueza de Instrucción en lo Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz. Esto, a pesar de la existencia de una relación sentimental entre su persona y la referida denunciante, quien actualmente es mayor de edad; circunstancia por la cual, la defensa sostiene que no existen elementos probatorios suficientes que sustenten la imputación formal.
Posteriormente, la defensa presentó en reiteradas ocasiones solicitudes de cesación de la detención preventiva, las cuales fueron inicialmente rechazadas. Sin embargo, tras una nueva audiencia en modalidad virtual realizada el 12 de octubre de 2022, la Jueza de primera instancia, luego de valorar integralmente los elementos presentados por las partes, resolvió conceder la cesación de su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 696/2022 de 12 de octubre. En dicho Auto Interlocutorio, consideró que se desvirtuó el riesgo de fuga establecido por el art. 234.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al determinar que ya no existían facilidades para que abandonara el país o permanezca oculto. No obstante, mantuvo vigente el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, referente al peligro efectivo para la víctima o la sociedad; razón por la cual, pese a reconocer la persistencia de dicho riesgo, consideró viable otorgar la cesación bajo el cumplimiento de determinadas condiciones. El 13 de octubre de 2022, la denunciante formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 696/2022 que concedió la cesación de su detención preventiva. Entre sus argumentos principales, alegó la vulneración a su derecho a la defensa, señalando que su abogada no pudo asistir a la audiencia debido a una intervención quirúrgica de cesárea, a pesar de solicitar la suspensión con anticipación. Asimismo, sostuvo que se encontraba en estado de indefensión; ya que, existió una incorrecta valoración de la prueba y que se vulneró su derecho a la “igualdad procesal”. La audiencia de apelación incidental se llevó a cabo el 23 de marzo de 2023 ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. En dicha instancia, el Vocal ahora accionado emitió el Auto de Vista 94 de la misma fecha, mediante el cual resolvió el referido recurso, revocando el Auto Interlocutorio 696/2022 que dispuso la cesación de su detención preventiva. Al hacerlo, inobservo lo establecido por el art. 398 del CPP, que dispone a los tribunales de alzada circunscribir sus resoluciones exclusivamente a los aspectos cuestionados en la apelación; puesto que, no consideró y tampoco se pronunció sobre los agravios expuestos por la parte apelante en su memorial y en su fundamentación oral durante la audiencia. Por el contrario, el Vocal hoy accionado basó su decisión en aspectos que no fueron objeto de apelación ni debatidos previamente, incurriendo en una actuación arbitraria e ilegal. De este modo, vulneró los arts. 398 y 400 del CPP, al exceder los límites de su competencia revisora. Asimismo, se cuestionó que el Vocal hoy accionado hubiese fundamentado su Auto de Vista en una supuesta falta de motivación en la resolución de primera instancia respecto al riesgo procesal vigente, ignorando que la Jueza de primera instancia sí realizó una valoración integral y debidamente motivada de los elementos del caso, en consecuencia, el citado Vocal no solo omitió resolver los agravios planteados, sino que además agravó su situación jurídica, introduciendo elementos ajenos a la apelación y emitiendo una resolución carente de la debida fundamentación.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 13, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Se declare la nulidad del Auto de Vista 94 de 23 de marzo de 2023; y, b) Se restituya su derecho a la libertad; puesto que, se “encontraba” con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 34, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo; manifestó que: 1) Obtuvo la cesación de su detención preventiva el 12 de octubre de 2022; empero, esa decisión fue apelada por la denunciante; y, 2) Durante la apelación, el Vocal hoy accionado se extralimitó; puesto que, resolvió aspectos que no fueron apelados, en lugar de limitarse a los agravios planteados.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, tampoco remitió informe alguno; pese a su citación cursante de fs. 27 a 29.
El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 03/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 35 a 39 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) No corresponde analizar el fondo del caso; debido a que, el accionante no acreditó una situación de indefensión total. Asimismo, si bien existía relación con el derecho a la libertad, no se fundamentó de manera concreta cómo se habría producido una valoración irracional de la prueba y no se identificaron los elementos probatorios supuestamente mal valorados o inexistentes; ii) La jurisdicción constitucional no puede revisar la valoración probatoria realizada por la jurisdicción ordinaria, salvo que se evidencie apartamiento de criterios de razonabilidad y equidad, lo cual no fue demostrado en el presente caso; por lo que, no se advirtió la existencia de persecución o procesamiento indebido; y, iii) Las resoluciones sobre medidas cautelares no causan estado; por lo que, el imputado -accionante- puede solicitar nueva audiencia de cesación si surgen nuevos elementos; en consecuencia se concluyó que no se evidenció vulneración alguna de derechos fundamentales.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal establecido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 12 de octubre de 2022, en la cual, la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 696/2022 de 12 de octubre dispuso la cesación de la detención preventiva de Juan José Cáceres Velásquez -hoy accionante-, imponiéndole otras medidas y aclarando que el riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP continúa concurrente (fs. 2 a 4 vta.). II.2. Consta Acta de recurso de apelación incidental de la audiencia de cesación de la detención preventiva de 23 de marzo de 2023, en la que, expuestos los agravios por el accionante, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionado- emitió el Auto de Vista 94 de igual fecha, por el cual declaró admisible y procedente el referido recurso formulado por la parte civil AA -víctima-, revocando el Auto Interlocutorio 696/2022 y ordenando que el accionante continúe ostentando la condición de detenido preventivo hasta que no mejore sus riesgos procesales (fs. 7 a 9 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa y al acceso a la justicia; puesto que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 94 de 23 de marzo de 2023, hoy impugnado, declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por la parte civil AA, revocando el Auto Interlocutorio 696/2022 de 12 de octubre y ordenando que el imputado -accionante- continúe ostentando la condición de detenido preventivo hasta que no “mejore” sus riesgos procesales; sin realizar una valoración integral de los antecedentes, sin invocar norma constitucional, base legal o jurisprudencia constitucional y sin circunscribirse a los aspectos apelados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; b) El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso; c) La valoración integral de la prueba; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, dentro de un marco general señala que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”.
Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”. En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, precisó que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”» (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, sobre el particular, reiterando los entendimientos asumidos de la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, establece que: “…Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’.
En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva…’” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1916/2012 de 12 de octubre, luego de hacer referencia a varios entendimientos jurisprudenciales sobre la correcta apreciación de los medios probatorios, así como a la competencia de las autoridades judiciales y administrativas, señala que: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: ‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…).
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…’” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa y al acceso a la justicia; puesto que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 94 de 23 de marzo de 2023, hoy impugnado, declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por la parte civil AA, revocando el Auto Interlocutorio 696/2022 de 12 de octubre y ordenando que el imputado -accionante- continúe ostentando la condición de detenido preventivo hasta que no “mejore” sus riesgos procesales; sin realizar una valoración integral de los antecedentes, sin invocar norma constitucional, base legal o jurisprudencia constitucional y sin circunscribirse a los aspectos apelados.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se tiene que cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 12 de octubre de 2022, en la cual, la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 696/2022 de 12 de octubre dispuso la cesación de la detención preventiva del accionante, imponiéndole otras medidas y aclarando que el riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP continúa concurrente (Conclusión II.1.).
Asimismo, consta Acta de recurso de apelación incidental de la audiencia de cesación de la detención preventiva de 23 de marzo de 2023, en la que, expuestos los agravios por el accionante, el Vocal ahora accionado emitió el Auto de Vista 94 de igual fecha, por el cual declaró admisible y procedente el referido recurso formulado por la parte civil AA -víctima-, revocando el Auto Interlocutorio 696/2022 y ordenando que el accionante continúe ostentando la condición de detenido preventivo hasta que no mejore sus riesgos procesales (Conclusión II.2.).
Ahora bien, considerando que el accionante denuncia la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 94 -ahora impugnado-, corresponde delimitar los puntos de agravio señalados y que fueron consignados en el acta de audiencia de audiencia de apelación incidental, convergiendo los mismos en:
“…de acuerdo a los fundamentos expuestos por la parte civil quien se alza en apelación contra la resolución de fecha 12 de octubre del 2022, claramente lo ha expuesto la defensa de la víctima, en el sentido de que la Autoridad Jurisdiccional, pese a que existe un riesgo procesal vigente, el artículo 234 numeral 7) del Código de Procedimiento Penal, ha dejado en libertad al imputado concediéndole medidas cautelares personales, ese es el único riesgo procesal, que también lo asume la defensa del imputado, en el sentido de que sería el único riesgo procesal vigente hasta este momento el articulo 234 numeral 7)) en su vertiente "peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante” del Código de Procedimiento Penal” (sic). Dicho recurso, fue resuelto por el Vocal accionado, mediante el Auto de Vista 94, con los siguientes fundamentos:
“QUE, de la relación de los hechos como primer elemento que debemos considerar, si bien es cierto la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha establecido "que es posible concederse sensación la detención preventiva cuando aún está vigente un riesgo procesal"; sin embargo condiciona y establece ciertos presupuestos que tienen que ser analizados y valorados por la Autoridad Jurisdiccional a los fines de llegar a una conclusión firme, si es que es aceptable conceder la cesación a la detención preventiva de un imputado cuando aún está vigente uno de los riesgos procesales establecidos en el artículo ya sea 234 o 235, en cualquiera de sus numerales del Código de Procedimiento Penal; ya lo ha dicho la Jurisprudencia de Tribunal Constitucional, que no es imperativo de que ante la ausencia o ante la vigencia de un riesgo procesal que el Juez debe concederle cesación a la detención preventiva, sino que lo condiciona y le dice que tiene que a partir del hecho ocurrido de los antecedentes procesales que han realizado a lo largo de las distintas audiencias poder concluir sobre la necesidad de la aplicación de medidas cautelares a favor del imputado aun estando vigente un riesgo procesal, pero eso trabajo intelectual es el que debe realizar la Autoridad Jurisdiccional, para que la parte contraria se sienta satisfecha, como también la parte que se ha beneficiado en la problemática planteada y dentro del acta de cesación la detención preventiva de fecha 12 de octubre del año 2022, con relación al numeral 7) en su vertiente "peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante" del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, la Autoridad Jurisdiccional dice lo siguiente: con relación al artículo 234 numeral 7) del Código de Procedimiento Penal, 'se ha mantenido la concurrencia, toda vez que precisa un informe psiquiátrico o psicológico por el IDIF que se realiza el señor Juan José Cáceres Velázquez, de lo cual se está manteniendo la misma necesidad para la concurrencia hasta que se pueda evidenciar lo contrario, como no se ha presentado ningún tipo de documento para que se valore este extremo, se mantiene concurrente el mismo', es decir, la Autoridad Jurisdiccional en ningún momento ha realizado una valoración integral de los antecedentes, no ha realizado ningún tipo de trabajo intelectual que nos haga llegar a la firme convicción que el imputado, estando en libertad, no constituiría un peligro hacia la victima al no haber hecho ese trabajo intelectual por parte de la Autoridad Jurisdiccional, hay que entender que no existe ningún fundamento legal para que haya aplicado ese beneficio al imputado, muy diferente hubiese sido el criterio del suscrito jugador, si es que la Juez, advertido de la existencia y de la vigencia de un riesgo procesal como el numeral 7) del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, y de los antecedentes procesales que ya se hayan llevado a cabo las distintas audiencias, cesación a la detención preventiva de ahí ha llegado a la convicción de ella, que ya no representaba un peligro procesal, no lo ha hecho ese trabajo intelectual; a esto también podemos decir de qué en materia de procesal penal la Juez ha incurrido en un error al haber concedido la cesación a la detención preventiva y no ha invocado norma constitucional, norma legal, jurisprudencia alguna para ser viable de este beneficio a favor del imputado, entonces esta carencia de fundamentación el Tribunal de Alzada no puede mantener, reitero nuevamente el criterio que hubiese tenido el suscrito juzgador, si hubiere cumplido esos parámetros, la resolución, es decir, estableciéndose sobre qué base legal o constitucional o jurisprudencia estaba concediendo la cesación a la detención preventiva porque consideraban que el imputado sí se podía beneficiar con la cesación a la detención preventiva, sin que importe un 'peligro hacia la victima' y finalmente, ante la inexistencia de prueba que ella misma hace mención, que es capaz de aplicar esta medida cautelar de carácter personal porque considera que el hecho cometido con la imputado y la conducta del imputado de ninguna manera pondría-en riesgo la integridad física o la integridad emocional de la víctima, ese trabajo intelectual no lo ha hecho la Juez y por lo tanto, carece de esa fundamentación legal que exige el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, en lo que establece: “Las sentencias y Autos Interlocutorio, serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la resolución de los requerimientos de las partes"; y que el Tribunal de Alzada tampoco lo puede pasar por alto por esas circunstancias notadas por lo tanto, este Tribunal de Alzada, en base a eso fundamentos expuestos estado vigentes el numeral 7) en su vertiente “peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante" del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal y al no existir ningún tipo de fundamentación, ni valoración de todos los antecedentes procesales que hagan ver la necesidad de aplicar medidas cautelares a favor del imputado” (sic).
A partir de esa necesaria contextualización de los puntos expuestos por AA en su recurso de apelación incidental y los fundamentos de respuesta a los mismos por el Vocal hoy accionado al emitir el Auto de Vista 94, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriendo que entre los elementos del derecho al debido proceso se encuentran, la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma; es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes procesales, como a los abogados, acusadores, defensores, posibles víctimas e incluso terceros con interés legítimo; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución, sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados y/o cuestionados.
En ese contexto y delimitada la problemática planteada, en el presente caso, se puede advertir que el Vocal ahora accionado, al pronunciar el Auto de Vista 94, cumplió con lo señalado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; debido a que, desplegó la fundamentación y motivación requeridas en el caso; puesto que, expuso las razones de hecho y de derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos expuestos, la prueba presentada y, amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente, habiendo explicado lo siguiente: 1) De la revisión del Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 12 de octubre de 2022, con relación al art. 234.7 del CPP, referido al peligro efectivo para la sociedad, la víctima o el denunciante, se advierte que la autoridad jurisdiccional de primera instancia reconoció expresamente la vigencia de dicho riesgo, señalando que el mismo se mantiene debido a la necesidad de contar con un informe psiquiátrico o psicológico emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) respecto del imputado, indicando además que, al no haberse presentado documentación que permita desvirtuar ese extremo, el riesgo continúa vigente; 2) Sin embargo, pese a dicho reconocimiento, la autoridad jurisdiccional no realizó una valoración integral de los antecedentes ni desarrolló el análisis necesario que permita generar convicción respecto a que el imputado, en libertad, no representaría un peligro para la víctima, evidenciándose así la ausencia del trabajo intelectual exigido para sustentar la decisión; en consecuencia, no existe un fundamento legal suficiente que justifique la concesión de cesación de la detención preventiva; 3) Aclaró que distinta habría sido la situación si la Jueza, aun reconociendo la vigencia del riesgo procesal, hubiese efectuado un análisis completo de los antecedentes procesales y, a partir de ello, hubiese llegado a la convicción de que dicho riesgo ya no implicaba un peligro real; sin embargo, tal labor no fue realizada, y a partir de ello, se denota que incurrió en error al conceder la cesación de la detención preventiva sin invocar norma constitucional, legal o jurisprudencial que respalde su decisión; 4) Además, el Auto Interlocutorio de primera instancia no estableció con claridad la base jurídica que sustentó la concesión del beneficio, ni explicó las razones por las cuales se consideró que el imputado podía acceder a la cesación sin que ello represente un peligro para la víctima, evidenciándose el incumplimiento de la exigencia de fundamentación prevista por el art. 124 del CPP, que obliga a toda resolución expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa, así como la valoración de los medios de prueba, no siendo suficiente la simple relación de antecedentes o de las posiciones de las partes; y, 5) Por consiguiente; al mantenerse vigente el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP y ante la ausencia de una debida fundamentación y valoración integral de los antecedentes, el Tribunal de Alzada no puede convalidar la decisión adoptada.
A partir de lo expuesto, se advierte que el Vocal hoy accionado, al emitir el Auto de Vista 94 ahora confutado, aplicó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, porque de forma suficiente, explicó al accionante, que existió un reconocimiento expreso de la vigencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, el cual no fue desvirtuado incluso ante la ausencia de prueba clave como el informe psicológico o psiquiátrico; sin embargo, no se realizó una valoración integral de los antecedentes, tampoco se generó convicción sobre la inexistencia de dicho peligro, sumado a que la decisión careció de una fundamentación suficiente al no exponer de manera clara las razones jurídicas y fácticas que justifiquen la cesación, incumpliendo el art. 124 del CPP; en consecuencia, se incurrió en error al otorgar el beneficio sin respaldo constitucional, legal o jurisprudencial, lo que determina que, al persistir el riesgo y no existir una motivación adecuada, la decisión resulte inválida y no pueda ser confirmada por el Tribunal de Alzada, revocando el Auto Interlocutorio 696/2022 apelado de manera legal, razonada, proporcional y ajustada a derecho, sin evidenciarse los agravios alegados por el recurrente, así como la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debiéndose denegar la tutela.
En cuanto a la falta de congruencia alegada por el accionante, corresponde puntualizar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda resolución debe contener una correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes -se entiende los motivos de agravio expresados en la apelación, la respuesta otorgada por las otras partes y la resolución del inferior que se revisa- y los motivos y fundamentos con los cuales se resuelve la problemática, que deben conformar un todo bajo un análisis y valoración integral de la prueba vinculado al contexto fáctico que deriva en que el dictamen judicial resulte entendible en su totalidad, donde los razonamientos expresados por cualquier autoridad permitan comprender a cabalidad las razones por las que se asumió una determinada decisión, comprensión que puede ser vislumbrada desde el inicio hasta el final del fallo, guardando una lógica y razonada secuencia entre la parte considerativa, la identificación de los agravios, la valoración, la interpretación cabal de las normas y la decisión asumida.
En ese marco, considerando el reclamo formulado por el accionante, respecto a que el Vocal ahora accionado, al emitir el Auto de Vista 94 impugnado, emitió un fallo incongruente, debido a que se pronunció sobre aspectos no planteados por la apelante e incorporando circunstancias nuevas en su pronunciamiento; del amplio contraste realizado precedentemente al analizar la fundamentación y motivación del citado Auto de Vista, se tiene que el Vocal hoy accionado, respondió a los puntos de agravio formulados por la apelante, relacionándolos con los elementos de prueba aportados, la situación fáctica concreta y la aplicación de la normativa correspondiente -arts. 124 y 234.7 del CPP-; y además, no se evidencia que el accionante haya podido delimitar un agravio que no haya recibido pronunciamiento alguno, correspondiendo denegar la tutela también sobre este punto.
Con relación a la valoración de la prueba, corresponde considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual señala que esta jurisdicción se encuentra impedida de ingresar a valorar la prueba por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor las autoridades: i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, claro está que, además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que su incumplimiento ocasionó la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; ya que, se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio al que posee en realidad, distorsionando el mismo y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material; empero, en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
Para que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la vulneración a sus derechos fundamentales y expresar qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas.
Sobre el particular el accionante en esta acción tutelar no realizó una exposición de manera clara y específica que literales fueron omitidas en su valoración y que las mismas al ser valoradas hubieran cambiado la decisión emitida; puesto que, que no resulta suficiente la simple mención o manifestación de lo que incurrió, cuando debió ser individualizada de manera clara y precisa qué prueba fue omitida en su valoración, aspecto que no ocurrió en el presente caso; por lo que, al no advertirse que la Jueza de primera instancia y el Vocal ahora accionado se hubieran apartado de los marcos de equidad y razonabilidad al analizar los elementos probatorios ofrecidos, más al contrario otorgaron el valor necesario en su momento conforme al análisis de fundamentación, motivación y congruencia desplegado precedentemente, no evidenciándose lo alegado por el accionante, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela.
Por otra parte, en cuanto a la denuncia del accionante de vulneración de sus derechos a la defensa y al acceso a la justicia, no se advierte de manera fehaciente que los mismos hayan sido transgredidos; por cuanto, de lo desarrollado precedentemente, se tiene que se encuentra ejerciendo sus derechos activando una serie de mecanismos para su resguardo; por lo que, al respecto, corresponde denegar la tutela.
Finalmente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional al conocer la presente causa, en la cual existe una posible víctima de violación, considera importante recordar el deber de actuación de las autoridades de cumplir con su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial, un enfoque interseccional; herramienta que conforme a lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre), considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras). En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 35 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0207_2026-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4fcd24e817d2875f9f793821f394e4aec68906e15631a3e885574dde55689894
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →