Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 4 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato denunció la lesión al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, legalidad y defensa, y los derechos a la vida y a la libertad; toda vez que, la autoridad ahora demandada, no resolvió su solicitud de extinción de la acción penal y ante una solicitud de cesación a la detención preventiva, antes a la realización de dicho acto procesal, de oficio mediante decreto de 24 de mayo de 2022, señaló que la excepción extrañada, será resuelta en juicio oral; existiendo de esta manera un procesamiento indebido. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 74 a 78 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0207/2024-S4 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48169-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 010/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 74 a 78 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángel Cervantes Mora en representación sin mandato de Humberto Cervantes Cala contra Sofía Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 2 de junio de 2022, cursante de fs. 31 a 33; el accionante, a través de su representante sin mandado, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado, encontrándose detenido preventivamente desde el 19 de mayo de 2021, en el Centro Penitenciario San Sebastián de Cochabamba; es decir, desde hace un año y trece días, por existir riesgos procesales; posteriormente, el Ministerio Público el 20 de octubre de igual año, emitió acusación formal en su contra, por los delitos de robo agravado, sustracción de menor, privación de libertad y “concurso real de delitos” (sic), habiendo sido radicada la causa por Auto de 4 de noviembre del mismo año. Posteriormente, el 25 de abril de 2022, presentó excepción de extinción de la acción penal, respecto del delito de robo por la reparación integral del daño, la que debió ser resuelta de manera inmediata; empero, la Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba –ahora demandada– el 26 de igual mes y año, emitió el decreto estese a las resultas del plan de descongestionamiento en materia penal; luego, por memorial de 18 de mayo del mismo año, solicitó cesación a la detención preventiva, señalándose audiencia al efecto para el 26 del referido mes y año; sin embargo, antes de llevarse a cabo la audiencia programada para considerar dicha solicitud, la autoridad demandada de oficio, pronunció la providencia de 24 de mayo de 2022, manifestando que la excepción interpuesta será resuelta en juicio oral, hecho que motivó la presentación de esta acción de libertad ante un procedimiento inadecuado.
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, legalidad y defensa, y los derechos a la vida y a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115. 116 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. b), c), d), e) y f), 7, 9, 10, 24, 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el decreto de 24 de mayo de 2022; y, b) Se ordene la consideración y resolución de la excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño, de manera inmediata.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 73 y vta., presente el accionante asistido por su abogado, y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliándola, manifestó que: 1) Con la presente acción tutelar, no pretende su libertad, sino que se restituya su derecho al debido proceso, en su elemento a la defensa; y, 2) El proceso se desarrolle de manera pronta y oportuna y sin dilaciones; toda vez que, por esas circunstancias se está demorando la libertad del solicitante de tutela.
Sofía Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 3 de junio de 2022, cursante de fs. 67 a 68 vta., señaló que: i) Fue remitida a su conocimiento la acusación fiscal contra Humberto Cervantes Cala –ahora accionante–, Nabor Román Flores e Isaías Rolando Espinoza Montecinos, por la supuesta comisión de los delitos de robo agravado, sustracción de menor o incapaz y privación de libertad, previstos por los art. 332. 2, 246, y 292 del Código Penal (CP); realizados los actos de preparación para el juicio oral, el 18 de abril, se emitió el Auto de apertura de Juicio Oral, por la Jueza de Sentencia Penal Décima en suplencia legal; debido a que, su autoridad gozaba de baja médica por maternidad del 3 de marzo al 8 de mayo de 2022, en el referido Auto, se fijó fecha y hora de audiencia, cerrando con ello la fase de actos preparatorios contenidos en el art. 340 del Código Procesal Penal (CPP); ii) El ahora impetrante de tutela presentó memorial de “formula extinción de la acción penal, respecto al delito de robo agravado, por reparación integral del daño causado, conforme el acuerdo transaccional suscrito con la víctima” (sic) mereciendo el decreto de 26 de abril de 2022; por el cual, el Secretario del Juzgado dispuso que se esté a las resultas del plan de descongestionamiento; en merito a que, se encontraba vigente el mismo; una vez que asumió funciones, procedió a revisar los procesos para continuar con la tramitación; el solicitante de tutela no se acogió a ninguna salida alternativa; razón por la cual, de oficio emitió el decreto de 24 de mayo de 2022, a través del cual, difirió la consideración en la audiencia de juicio oral; ya que, había concluido la fase de preparación de juicio; además, el debate del juicio oral otorgará mayores elementos para resolver la excepción; iii) La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0731/2021-S3 de 12 de octubre citando la SCP 0091/2019-S1 de 10 de abril, fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad; en ese orden también está la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que efectuó una sistematización sobre la procedencia de reclamo a través de la presente acción de libertad; iv) Para que se ingrese a analizar la vulneración al debido proceso vía acción de libertad, debe concurrir dos presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el accionante no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de libertad; en esta acción tutelar se encuentra el resguardo y restablecimiento del debido proceso; v) La excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño planteado por la parte impetrante de tutela, únicamente respecto al delito de robo agravado; siendo que, la acusación ha calificado el hecho como robo agravado, sustracción de menor o incapaz y privación de libertad previstos y sancionados por los arts. 332.2, 246, y 292 del (CP), en concurso real, en el hipotético y supuesto de ingresar a resolver la excepción planteada ¿el accionante pretende se extinga la acción por el delito de robo agravado, y continúe la causa por los delitos aun latentes de sustracción de menor o incapaz y privación de libertad?; aun de ser así, no obtendría su libertad; por qué, el proceso penal aun continua por los otros delitos; además, el accionante olvidó que lo que se juzga son hechos con relevancia penal y no tipos penales, entonces el problema jurídico y el decreto de 24 de mayo de 2022 cuestionado, no está vinculado con la libertad del solicitante de tutela; en el segundo supuesto tampoco se advierte un absoluto estado de indefensión ya que cuenta con un abogado de su confianza y presenta memoriales ejerciendo su derecho a la defensa; y, vi) Se debe tomar en cuenta la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad conforme la SC 0008/2010-R de 6 de abril, el accionante tenía la vía y el recurso ordinario para que se restablezca sus derechos supuestamente vulnerados; por cuanto, el decreto de 24 de mayo incluso el decreto de 26 de abril de igual año mencionado anteriormente, podían interponer el recurso de reposición previsto en el art. 401 del (CPP), no puede pretenderse vía acción de libertad suplir actuaciones propias de la vía ordinaria, una vez notificado podía interponer recurso ordinario de considerar que el decreto vulneraba alguno de sus derechos; por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela, por subsidiaridad excepcional y no concurrir de manera simultánea los dos presupuestos de procedencia del debido proceso vía acción de libertad.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución 010/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 74 a 78 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) Se debe dejar claramente establecido que la excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño causado, no se encuentra en vinculación directa con el derecho a la libertad personal o de locomoción del solicitante de tutela, por cuanto no se constituye en la causa de restricción o supresión de su derecho a la libertad; ya que, su detención preventiva obedece a una determinación dispuesta en audiencia por una autoridad competente dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, sustracción de menor o incapaz y privación de libertad, previstos y sancionados por los arts. 332.2, 246 y 292 con relación al 45 todos del CP; y, 2) No se demostró que el ahora accionante, se encuentre en estado de indefensión; toda vez que, cuenta con todos los mecanismos procesales que le otorga el procedimiento penal para que asuma defensa; a mayor abundamiento la resolución cuestionada de 24 de mayo de 2022, resulta ser un proveído, podía activar el recurso de reposición previsto por el art. 401 del CPP, instituto que tiene por objeto revocar o modificar una determinación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa memorial de 25 de abril de 2022, presentado por Humberto Cervantes Cala –ahora impetrante de tutela– al Juzgado de Sentencia Penal Noveno del departamento de Cochabamba; mediante el cual, interpuso extinción de la acción penal, respecto del delito de robo agravado, por reparación integral del daño causado, conforme al acuerdo transaccional adjunto suscrito con la víctima (fs. 24 a 26).
II.2. Por proveído de oficio de 24 de mayo de 2022, y ante el planteamiento de extinción de la acción penal, en aplicación del art. 345 del CPP modificado por la Ley 586, dispuso que el mismo sea resuelto en la audiencia de Juicio Oral, que se había señalado el 6 de octubre de 2022 a las 9:00, ello en virtud a haber concluido la fase de preparación de juicio oral, emitiendo el Auto de Apertura del Juicio Oral (fs. 30).
El accionante, a través de su representante sin mandato denunció la lesión al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, legalidad y defensa, y los derechos a la vida y a la libertad; toda vez que, la autoridad ahora demandada, no resolvió su solicitud de extinción de la acción penal y ante una solicitud de cesación a la detención preventiva, antes a la realización de dicho acto procesal, de oficio mediante decreto de 24 de mayo de 2022, señaló que la excepción extrañada, será resuelta en juicio oral; existiendo de esta manera un procesamiento indebido. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0472/2020-S4 de 22 de septiembre, estableció que: “ El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en concordancia con el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), determina que: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (el resaltado nos pertenece), en ese sentido y de una manera más precisa el art. 47 del mismo cuerpo normativo, señala lo siguiente: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:
1. Su vida está en peligro;
2. Está ilegalmente perseguida;
3. Está indebidamente procesada;
4. Está indebidamente privada de libertad personal”
En relación a la denuncia de un indebido procesamiento, la SCP 1665/2012 de 1 de octubre, refirió que: “La Norma Suprema, en sus arts. 115.II y 117.I, reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, siendo la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional, proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que dichas autoridades adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso” (el resaltado nos pertenece).
Sin embargo, no toda denuncia por la lesión del debido proceso y sus elementos, puede ser objeto de análisis de la acción de libertad, bajo ese entendimiento la SCP 1566/2013 de 16 de septiembre, sostuvo que: “(…) cuando se denuncia la existencia de un indebido procesamiento a través de la acción de libertad (…) la jurisprudencia constitucional a través de la SCP de 0505/2013 de 18 abril, ha reiterado el entendimiento de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre entre otras, señalando que: ‘…la protección que brinda el Recurso de hábeas corpus en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes’ (SSCC 1034/2000-R, 1380/2001-R, 1312/2001-R, 111/2002-R, 81/2002-R, 397/2002-R, 940/2003-R, 1758/2003-R y 0219/2004-R, entre otras)” (el resaltado nos pertenece).
Circunscribiendo de forma más precisa las causales en las cuales la acción de libertad puede ser activada, ante la denuncia de un indebido procesamiento, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo citando a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó lo siguiente: “(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos corresponde).
El accionante, a través de su representante sin mandato denunció la lesión al debido proceso en su vertiente la fundamentación, motivación, legalidad y defensa y a los derechos a la vida y a la libertad; toda vez que, la autoridad ahora demandada, no resolvió su solicitud de extinción de la acción penal y ante una solicitud de cesación a la detención preventiva; antes a la realización de dicho acto procesal, de oficio mediante decreto de 24 de mayo de 2022, señaló que la excepción extrañada, será resuelta en juicio oral; existiendo de esta manera un procesamiento indebido.
Aclarar que, si bien se refiere como antecedente a la tramitación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, su pretensión en esta acción tutelar de manera expresa es la consideración a su excepción de extinción de la acción penal y no así al trámite de medida cautelar.
Identificada la problemática planteada y la pretensión del impetrante de tutela, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso penal de origen; en el que, se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos vía acción de libertad; de lo cual, se tiene que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público ante la presunta comisión del delito de robo agravado y otros, desde el 19 de mayo de 2021, a la fecha se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones. Es así que, el solicitante de tutela interpuso excepción de extinción de la acción penal por reparación del daño con relación al delito de robo agravado, el que inicialmente no fue resuelto; sino que, el Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno del departamento de Cochabamba, el 26 de abril de 2022, emitió el decreto refiriendo “de momento estarse a las resultas del plan de descongestionamiento en materia penal con relación a los detenidos preventivos y condenados” (sic); posteriormente, por memorial de 18 de mayo de igual año, solicitó la cesación a su detención preventiva; ante lo cual, se señaló audiencia al efecto para el 26 de mayo de ese año; sin embargo, ante la existencia de la excepción extrañada, antes de llevar a cabo la audiencia de consideración de la solicitud de la cesación de la detención preventiva “con un decreto extraño” (sic), de 24 de mayo de 2022, la autoridad demandada de oficio, señalo que la excepción será resuelta en el juicio oral, hecho que motivó la presentación de la acción de libertad, por la existencia de un procesamiento indebido (Conclusión II.1 y II.2). De lo señalado supra, y del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, toda persona que considere encontrarse indebidamente procesada puede activar la acción de libertad, en procura de corregir estas arbitrariedades; empero, no toda denuncia por la vulneración del derecho al debido proceso en alguno de sus elementos, puede ser objeto de análisis por esta acción tutelar; por lo que, la jurisprudencia constitucional, ha definido para que la tutela del derecho al debido proceso, pueda ser reclamado por la acción de libertad, deben presentarse de forma concurrente los siguientes supuestos: i) Que el acto u omisión indebida o ilegal, debe estar vinculado con la libertad, por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe demostrarse un absoluto estado de indefensión; vale decir, que el justiciable no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o privación de libertad. En el caso de autos, el cuestionamiento realizado por el impetrante de tutela en la presente acción de defensa está centrado en el decreto de 24 de mayo de 2022, emitido por la autoridad demandada que determinó que la excepción de extinción de la acción interpuesta sería considerada en etapa de juicio oral; toda vez que, la etapa preparatoria de juicio ya habría concluido; acto que considera que vulneró el debido proceso en su vertientes de legalidad y defensa; además, de la fundamentación y motivación; sin embargo, es pertinente tener presente que el propio accionante en la exposición de sus argumentos tanto en la demanda de acción de libertad como al haber ratificado los mismos en audiencia de la presente acción tutelar, refirió que guarda detención preventiva desde el 19 de mayo de 2021, como emergencia de una resolución que la dispuso como medida cautelar dentro del citado proceso penal; en consecuencia, su privación de libertad deviene de la aplicación de una medida cautelar y que lo que pretende sea resuelto en esta acción tutelar es la tramitación de su excepción de extinción de acción penal; consiguientemente, el acto que ahora reclama de ilegal o indebido no se encuentra vinculado de manera directa con su derecho a la libertad o la restricción del mismo, sino se encuentra privado de libertad en cumplimiento a una resolución judicial; además, el impetrante de tutela no está en estado absoluto de indefensión; toda vez que, tiene una participación activa dentro del proceso, contando con su defensa técnica y tiene pleno conocimiento del proceso penal; por lo que, no es evidente encontrarse en un estado absoluto de indefensión. En cuyo mérito se tiene que, no concurren los supuestos establecidos para la procedencia vía acción de libertad ante la denuncia de lesión del debido proceso, tampoco se advierte que el accionante se encuentre en estado absoluto de indefensión; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. Asimismo, respecto al derecho a la vida denunciada por el impetrante de tutela, debe tenerse presente que, el aludido derecho será protegido vía acción de libertad cuando la lesión de dicho derecho no se limite a una simple enunciación, sino cuándo será necesaria una efectiva protección; situación que, en el caso en particular no se ha mencionado y por los antecedentes expuestos no se advierte que la vida del impetrante de tutela se encuentre en peligro y deba por lo tanto ser tutelada, habiéndose limitado el accionante a referir que dicho derecho se encuentra lesionado sin brindar mayor explicación como es que, la autoridad demandada con su actuación vulneró dicho derecho; por lo que, corresponde de igual forma denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 74 a 78 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0207_2024-S4_id64189.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): e5dc1fa8c72b6873f18927148f92a1a25de8ebb6dcee557a13c7ba7e7f52286a
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