Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión de sus derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad privada, a un hábitat y vivienda digna, al debido proceso en sus vertientes defensa y seguridad jurídica, a la integridad psicológica, a la niñez y adolescencia y a la libre locomoción; debido a que, encontrándose en posesión de un departamento, a raíz de haber suscrito un contrato privado de compra venta del inmueble con los dueños; los ahora demandados, ejerciendo medidas de hecho, procedieron a posarse conjuntamente con sus bienes, en el pasillo y puerta de ingreso al referido bien que habitan junto a sus hijos, no permitiendo y dificultando su ingreso al mismo; así como, forcejear las chapas para pretender ingresar ilegalmente a la vivienda; asimismo, procedieron a agredirlos verbalmente e intimidarlos con una serie de amenazas referidas a que entrarían por la fuerza al departamento con ánimos de tomar posesión física. Actos que continúan ejerciendo, sin considerar que la Sentencia 147/2022 emitida dentro del proceso civil de reivindicatoria seguida por la demandada y otro en su contra; debido a que, también suscribieron contrato de compra venta con los dueños respecto al mismo departamento, aún no puede ser ejecutada al estar pendiente de resolución el recurso de apelación presentado por su parte contra dicha Sentencia. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 282/2022 de 21 de noviembre, cursante de fs. 157 a 159, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada en forma provisional, respecto a los derechos a la vivienda y hábitat, a la inviolabilidad del domicilio, integridad psicológica, a la niñez y adolescencia y demás derechos conexos; sin pago de daños y costas por ser excusable; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho a la propiedad conforme los Fundamentos Jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0206/2023-S4 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA René Yván Espada Navía Magistrado Relator: Acción de amparo constitucional Expediente: 53279-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 282/2022 de 21 de noviembre, cursante de fs. 157 a 159, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Aguayo Zeballos y Gloria Sandra Collao contra Adelaida Hinojosa de Mendoza y sus familiares.
Mediante memoriales presentados de 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 59 a 67; y, de subsanación el 21 del mismo mes y año (fs. 70 a 72), los accionantes expusieron los siguientes argumentos:
Encontrándose en posesión física del departamento ubicado en el tercer piso del inmueble situado en la calle Viacha 47, zona San Sebastián de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a raíz de haber suscrito un contrato privado de compra venta del bien inmueble con el que en vida fue Franz Humberto Sarzuri Pinto y Marlene Jaqueline Belzu Saravia; debido a que estos últimos celebraron un contrato de compra venta con Eddy Lucio Mendoza Tiahin y Adelaida Hinojosa de Mendoza –ahora demandada–, respecto al mismo departamento antes señalado, los mencionados iniciaron un proceso civil ordinario de reivindicación en su contra sobre el citado inmueble; proceso que cuenta con Sentencia 147/2022 de 13 de abril, que aún no puede ser ejecutada al estar pendiente de resolución el recurso de apelación presentado por sus parte contra dicha Sentencia; empero, pese a ello, desde el 12 de octubre de 2022, Adelaida Hinojosa de Mendoza y sus familiares, ejercieron medidas de hecho, pues procedieron a posarse conjuntamente con sus bienes, en el pasillo y puerta de ingreso al departamento que habitan junto a sus hijos, no permitiendo y dificultando su ingreso al mismo, así como forcejear las chapas para entrar ilegalmente a la vivienda. Asimismo, procedieron a agredirlos verbalmente e intimidarlos con una serie de amenazas ligadas a que entrarían arbitrariamente por la fuerza al departamento con ánimos de tomar posesión física. Actos que continúan ejerciendo, sin importarles que la Sentencia del proceso de reivindicatoria, aún no se encuentra ejecutoriada.
Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión de sus derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad privada, a un hábitat y vivienda digna, al debido proceso en sus vertientes defensa y seguridad jurídica, a la integridad psicológica, a la niñez y adolescencia y a la libre locomoción, citando al efecto los arts. 25.I y II, 19.I, 25.I, 56.I y II, 59.I, 60, 61 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga el cese inmediato de las vías de hecho ejercidas por los ahora demandados destinados a la ejecución de una reivindicación extrajudicial, más el pago de daños y costas.
Celebrada la audiencia pública el 21 de noviembre de 2022, cursante de fs. 150 a 156 vta., presentes los accionantes y la demandada Adelaida Hinojosa de Mendoza, y en ausencia de los codemandados (familiares de la demandada), se produjeron los siguientes actuados:
Los impetrante de tutela a través de sus abogados, en audiencia ratificaron los argumentos esgrimidos en su memorial de acción de amparo constitucional, sin realizar ampliación fáctica o normativa alguna.
Adelaida Hinojosa de Mendoza, mediante informe escrito presentado el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 141 a 145 vta., manifestó lo siguiente: a) Se incumplió con el primer presupuesto referido a la flexibilización del principio de subsidiariedad para la activación de la acción de amparo constitucional frente a las vías de hecho, conforme a la SCP 0998/2012; por cuanto, por su parte no existe perturbación de posesión y de derechos expuestos en la demanda de la presente acción de defensa; b) Los accionantes anticresistas, conocían que adquirió el departamento mediante un acuerdo con los vendedores; pues el acuerdo trilateral, consistía en que pague el justiprecio, y cancelado el mismo, los vendedores debían devolver el canon de anticrético a los hoy impetrantes de tutela, quienes debían recibir el dinero adeudado y entregarle el departamento; c) Inició una demanda civil ordinaria de reivindicación del departamento ante el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de La Paz, quien emitió la Sentencia 147/2022, encontrándose el expediente en la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en grado de apelación; d) Negó contubernio con la vendedora; pues el accionante es abogado y policía, y no pudo haberle amenazado, presionar para ingresar a la vivienda; por lo que, se tiene la inexistencia de vías de hecho; ya que su familia está integrada por tres personas, ella y sus dos hijos, y no así de ocho personas como se dijo; los tres pernoctan en el pasillo del departamento, por cuanto los desalojaron de la vivienda que tenía por falta de pago de alquiler, lo que le obligó a llevar sus pertenencias al pasillo del departamento, sin perjudicar el paso a los habitantes en el edificio, que la solicitante de tutela como mujer comprendió su situación, pero lamentablemente su esposo se molestó y manifestó su enojo con la presente acción tutelar; e) No expresó o intimidó a los accionantes de la entrega del departamento al estar en espera de resolución del recurso de apelación; empero, no tiene dónde trasladarse al no contar con vivienda para habitar, ni recursos para alquilar al estar endeudada en el Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.); f) De concederse la tutela solicitada, la obligarían a pernoctar en puertas del edificio Belzu al no tener vivienda, ni recursos económicos al ser estafada por los vendedores del departamento, quienes se comprometieron a entregarle el mismo una vez cancelado el precio y de aquella suma devolver el anticrético; g) El impetrante de tutela intentó varias veces sacarla con efectivos policiales del pasillo que son áreas comunes; empero, los mismos se compadecieron de su situación y no obraron como pretendía el impetrante de tutela; h) Se incumplió el presupuesto de carga probatoria, pues debe existir pruebas, informes, fotografías, denuncia que acredite que pretendió ingresar al departamento tercer piso del edificio Belzu o que estorba el paso de ingreso, pues ello es falso conforme se demuestra por las fotografías presentadas por el accionante donde el pasillo y gradas están expeditas; i) No desconoció el debido proceso en sus vertientes de defensa y seguridad jurídica, pues inició un proceso civil ordinario de reivindicación de derecho propietario, mandamiento de desapoderamiento, más daños y perjuicios que venció en primera instancia, estando a la espera del Auto de Vista que en justicia confirmará la Sentencia; j) No lesionó la integridad física y psicológica del hijo de los accionantes; además, no existe estudio “biopsicológico”, informe o certificado sobre la violación de este derecho hacia un menor; k) Nunca se privó a la libre locomoción, por cuanto únicamente tiene sus bienes y pernoctan en el pasillo por las noches para luego estar durante el día fuera del edificio por motivos de trabajo; l) Ante la ausencia de prueba, no puede acceder a la justicia constitucional porque la naturaleza de la denuncia de vías de hecho debe darse certeza jurídica, la ausencia del mismo involucra hechos controvertidos que no puede ser objeto de tutela o resuelto por sus autoridades; y, m) Tampoco se encuentra el solicitante de tutela en situación de desventaja, ya que tiene estudios universitarios y es policía; por lo que, tiene influencia con cualquier autoridad frente a su persona que es una simple obrera que trabaja como ayudante de cocina en la Caja Petrolera de Salud (CPS) que percibe un salario mínimo nacional.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 282/2022 de 21 de noviembre, cursante de fs. 157 a 159, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Quien alega que sus derechos fuerons lesionados por vías de hecho debe acreditar su derecho propietario el cual debe estar fuera de cualquier contradicción; empero, en el presente caso, ocurrió todo lo contrario; 2) El accionante no tiene ningún derecho propietario; 3) El derecho propietario, se encuentra en debate y resulta que el que sí tiene derecho propietario, que incluso tiene una Sentencia es el ahora demandado en la presente acción de defensa por vías de hecho; y, 4) La Sala Constitucional, no puede omitir la existencia de un derecho propietario, de su registro y una Sentencia que efectivamente no habría alcanzado calidad de cosa juzgada; pero no es posible que la jurisdicción constitucional tutele por vías de hecho un derecho que no fue acreditado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa documento privado de compra venta de 16 de abril de 2011 respecto de un departamento en el tercer piso del bien inmueble ubicado en el pasaje Viacha 47, zona San Sebastián de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, Registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula Computarizada 201090034459, suscrito entre el que en vida fue Franz Humberto Sarzuri Pinto y Marlene Jacqueline Belzu Saravia en su calidad de vendedores y como compradores Julio Aguayo Zeballos y Gloria Sandra Collao –hoy accionantes– (fs. 2 y vta.). II.2. Consta la Sentencia 22/2022 de 31 de mayo; por la que, se determinó condenar a Marlene Jacqueline Belzu Saravia imponiéndole la pena privativa de libertad de diez años por la comisión de los delitos de estafa estelionato, agravación en caso de víctimas múltiples en concordancia con el art. 45 del Código Penal (CP); ello dentro del proceso penal seguido por los hoy impetrantes de tutela en contra de la mencionada sentenciada y el que en vida fue Franz Humberto Sarzuri Pinto (fs. 22 a 26). II.3. Dentro del proceso civil ordinario de reivindicación seguido por Adelaida Hinojosa de Mendoza –ahora demandada– y Eddy Lucio Mendoza Tiahin en contra de Julio Aguayo Zeballos y Gloria Sandra Collao, se pronunció la Sentencia 147/2022 de 13 de abril, mediante la cual se declaró probada la demanda, con costas y en consecuencia se dispuso: i) Que los señalados demandados en el proceso civil, procedan a la restitución y entrega de inmueble del departamento ubicado en la “calle” Viacha 47, zona San Sebastián, situado en el edificio Belzu, piso 3, con numeración 30, con Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0213552, en favor de Eddy Lucio Mendoza Tiahin y Adelaida Hinojosa de Mendoza, sea en el plazo de diez días de ejecutoria de la presente Resolución, bajo alternativa de librarse el mandamiento de desapoderamiento; y, ii) Se salvaron los derechos de Julio Aguayo Zeballos y Gloria Sandra Collao a las acciones de devolución del precio entregado en el compromiso de compra venta con el que en vida fue Franz Humberto Sarzuri Pinto y Marlene Jacqueline Belzu Saravia en la vía judicial llamada por ley sobre el mismo bien inmueble (fs. 28 a 37). II.4. Los hoy accionantes, el 12 de junio de 2022, presentaron recurso de apelación en contra de la Sentencia 147/2022, solicitando su revocatoria, el cual se encuentra pendiente de resolución (fs. 38 a 44). II.5. Consta fotografías en número de ocho, por las cuales se observa varios objetos en un pasillo y graderías de un edificio, como: bolsas, tachos, cajas, ropas, colchón entre otros y a varias personas en las graderías (fs. 52 a 56). II.6. Cursa Folio Real de 14 de febrero de 2019, correspondiente al departamento ubicado en la calle Viacha 47, zona San Sebastián, con numeración 301, piso tercero, edificio “Belzu”, con una superficie de 132,57 m, registrado bajo la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0213552, registrada a nombre de Adelaida Hinojosa de Mendoza –ahora demandada– y Eddy Lucio Mendoza Tiahin (fs. 149 y vta.).
Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión de sus derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad privada, a un hábitat y vivienda digna, al debido proceso en sus vertientes defensa y seguridad jurídica, a la integridad psicológica, a la niñez y adolescencia y a la libre locomoción; debido a que, encontrándose en posesión de un departamento, a raíz de haber suscrito un contrato privado de compra venta del inmueble con los dueños; los ahora demandados, ejerciendo medidas de hecho, procedieron a posarse conjuntamente con sus bienes, en el pasillo y puerta de ingreso al referido bien que habitan junto a sus hijos, no permitiendo y dificultando su ingreso al mismo; así como, forcejear las chapas para pretender ingresar ilegalmente a la vivienda; asimismo, procedieron a agredirlos verbalmente e intimidarlos con una serie de amenazas referidas a que entrarían por la fuerza al departamento con ánimos de tomar posesión física. Actos que continúan ejerciendo, sin considerar que la Sentencia 147/2022 emitida dentro del proceso civil de reivindicatoria seguida por la demandada y otro en su contra; debido a que, también suscribieron contrato de compra venta con los dueños respecto al mismo departamento, aún no puede ser ejecutada al estar pendiente de resolución el recurso de apelación presentado por su parte contra dicha Sentencia. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada
Al respecto, la SCP 1075/2019-S4 de 18 de diciembre, citando a la SC 0832/2005-R de 25 de julio, refiriéndose a las medidas de hecho, señaló que son: “ʽ…los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales…ʼ; estableciendo además que ante su concurrencia, es viable prescindir de la subsidiariedad, toda vez que: ʽLa idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias…ʼ. En este sentido, se entiende por vías o medidas de hecho a los actos o acciones en que pudieran incurrir funcionarios públicos o particulares que, en omisión y desobediencia absoluta de los postulados constitucionales y legales, ocasionen lesión a derechos fundamentales reconocidos por la Norma Suprema y respaldados en los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410 superior. Estas actuaciones ilegales, se contraponen a los axiomas del Estado Constitucional de Derecho descritos en el art. 8.II de la CPE y atentan contra el principio ético moral de vivir bien, que se constituye en el principal objetivo del nuevo Estado Plurinacional investido con una pluralidad jurídica y étnica que, a partir del criterio de inclusión y complementariedad, tiene como objetivo alcanzar la vida armoniosa de todos sus miembros. (…) En el marco de lo señalado, la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, estableció ciertos requisitos que se hacen imprescindibles para la justicia constitucional al momento de valorar y considerar una situación en la que se alega la existencia de vías de hecho, a efectos de hacer abstracción de las exigencias procesales; así, estableció que quien impetra tutela constitucional, denunciando la existencia de actos que se configuran como medidas o vías de hechos, se halla en la obligación de cumplir con los siguientes presupuestos: ʽ1) Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional. 2) Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas. 3) El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos. 4) En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusiveʼ. (…) En el marco de la anterior definición, la indicada SCP 0998/2012, delimitó los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, precisando tres aspectos esenciales: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte impetrante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas. En cuanto a la carga probatoria a ser cumplida por la parte solicitante de tutela, la aludida SCP 0998/2012, determinó que: ʽ…para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material (…) la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinariaʼ. No obstante, si bien por previsión jurisprudencial, tratándose de casos en los que se presenten medidas o vías de hecho, se ha llegado a establecer la flexibilización respecto a la legitimación pasiva, no menos evidente es que los hechos denunciados deben estar debidamente acreditados, correspondiendo al accionante, proporcionar la suficiente carga probatoria que evidencie sus alegaciones; esto, con la única intención de que el juez o tribunal de garantías, bajo los postulados del principio de verdad material, asuma convicción y certeza sobre los hechos llevados a su conocimiento; pues sólo así será posible garantizar un fallo imparcial en función al valor de la justicia, en el entendido de que la administración de justicia no puede operar en base a simples presunciones” (las negrillas son añadidas).
Al respecto, la SCP 0476/2021-S4 de 31 de agosto, señaló que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 2208/2012 de 8 de noviembre, señaló que: “…ha establecido las excepciones a los principios de subsidiariedad e inmediatez, previendo entre ellas la procedencia excepcional de la acción de amparo constitucional con respecto al derecho a la propiedad privada, cuando la acción ʼ…es demandada por propietarios de inmuebles que sufran una lesión a su derecho a la propiedad por un despojo o avasallamiento de su posesión por actos o medidas de hecho protagonizados por terceros, sean éstos particulares o autoridades públicas…ʼ (SC 0208/2010-R de 24 de mayo). En la misma Sentencia Constitucional, citando a la SC 0374/2007-R de 10 de mayo, se ha definido que: ʼEl fundamento constitucional sobre la protección excepcional que otorga esta jurisdicción al derecho a la propiedad privada a través del recurso de amparo constitucional ahora acción de amparo constitucional, prescindiendo de su carácter subsidiario cuando se evidencian medidas de hecho adoptadas por particulares o autoridades públicas, se sustenta en el hecho de que en un Estado de Derecho no es legal ni válido que una autoridad pública o un particular, invocando supuesto ejercicio 'legítimo' de sus derechos subjetivos, se arrogue facultades y adopte medidas de hecho para poner término a sus diferencias o solucionar sus conflictos con otros, desconociendo que existen los mecanismos legales y las autoridades competentes para el efecto. Con dicho fundamento el Tribunal Constitucional estableció que: cuando '…se denuncian acciones que implican una reivindicación de las prerrogativas de las personas por sí mismas, vale decir, al margen de las acciones y mecanismos establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, de forma parecida a una justicia por mano propia; …tales actos son acciones o vías de hecho, porque no encuentran respaldo legal en norma alguna, vale decir no tienen apoyo legal; pues el sólo hecho de pertenecer a un colectivo humano organizado en un Estado, supone la proscripción de toda forma de venganza o justicia por mano propia, ya que la institucionalidad estatal se basa en la pacífica convivencia de las personas, quienes, para lograr ese objetivo, desisten de materializar sus derechos por sí mismos, para encargar la dilucidación de sus controversias a las autoridades instituidas por el Estado'. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha establecido las subreglas para la procedencia excepcional de la acción de amparo constitucional, sin cumplir el principio de subsidiariedad, de manera que ha determinado que deberán cumplirse con los siguientes supuestos: ʼ…1) El derecho a la propiedad debidamente demostrado y no cuestionado; y, 2) La evidencia, tampoco controvertida, de que los demandados no estaban en posesión del bien inmueble sino que con acciones violentas (de hecho) ocuparon la propiedad privada de los accionantes, esto es, que el accionante debe acreditar plenamente su derecho de propiedad sobre el inmueble, cuya titularidad no esté cuestionada ni se encuentre en litigio; y que las personas a quienes se acusa de haber lesionado el derecho a la propiedad privada no tengan constituido legalmente el derecho posesorio, sino que a través de actos de hecho tomen posesión de la propiedad, despojando a sus verdaderos dueños”; así lo han previsto las SSCC 0152/2001-R, 0489/2001-R, 1372/2001-R, 0944/2002-R, 0217/2003-R, 0723/2005-R, 1672/2005-R, 0049/2007-R y 0342/2007-R, 0044/2012, 0156/2012 y 0238/2012, entre otras. De lo que se infiere que, si no concurrieran los dos supuestos referidos, no procederá la acción de amparo constitucional para tutelar el derecho a la propiedad privada, supuestamente afectado por acciones de terceros, entre tanto no se agoten las vías legales ordinarias. Finalmente, a partir de la modulación de la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, se ha definido los presupuestos que deben ser cumplidos para la activación de la acción de amparo constitucional frente a las vías de hecho; así, se ha previsto que estos presupuestos son: “…i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros” (las negrillas corresponden al texto original).
Con relación a a las autorestricciones regladas por la jurisprudencia constitucional, que impiden a la justicia constitucional pronunciarse en el fondo de una problemática puesta a su consideración, es pertinente referirnos a lo establecido en la SCP 0042/2019-S4 de 1 de abril, que haciendo referencia a la SCP 0890/2013 de 20 de junio, señaló que en su Fundamento Jurídico III.5 sostiene lo siguiente: “‘Por su naturaleza jurídica, la acción de amparo constitucional, tutela derechos reconocidos por la CPE y la Ley, que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares, y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos, ni reconocer derechos; tales hechos deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria’. Al respecto, el anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: ‘…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales’; b) La SC 0278/2006-R de 27 de marzo, señaló: ‘…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas,
protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos’; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: ‘…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…’; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: ‘…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante’; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: ‘…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…’. En ese mismo orden, la jurisprudencia constitucional estableció lo siguiente: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: ‘De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional’; 2) La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre refirió: ‘…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria’; y, 3) Asimismo, el fallo precitado, más adelante estima que si bien es posible activar directamente la acción de amparo constitucional ante la existencia de medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, empero, dicha regla no es absoluta, puesto que restringe y limita el uso de la presente acción tutelar, cuando concurren hechos controvertidos; en ese sentido, refiere que: ‘…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho, una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria’” (las negrillas son añadidas). En ese entendido, se concluye que la acción de amparo constitucional de acuerdo a su naturaleza jurídica, tutela derechos fundamentales sobre los cuales se tenga la titularidad y que los mismos hubieren sido lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares; en consecuencia, si el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo solo la protección de derechos consolidados a favor del accionante; por lo que, no resulta posible ingresar a dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos que no se encuentran consolidados, correspondiendo en todo caso a la justicia ordinaria efectuar dicha labor.
Al respecto la SCP 0486/2022-S2 de 8 de junio, señaló que: “Con relación a lo referido, la SCP 0486/2022-S2 de 8 de junio, señaló que: “El precitado derecho, se encuentra expresamente previsto en el art. 19.I de la CPE, y sobre el mismo, la jurisprudencia constitucional, progresivamente, ha desarrollado el entendimiento sobre el alcance de la protección provisional que debe otorgarse en casos donde exista una necesidad de desapoderamiento así, la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, razonó que entretanto se resuelva el conflicto respecto a la propiedad, se debía tutelar provisionalmente el derecho a la vivienda, conclusión a la que llegó tras realizar una pertinente labor de ponderación.
Siguiendo similares antecedentes, la SCP 0892/2013 de 20 de junio, ha señalado que: “Dentro del grupo de derechos fundamentales-fundamentales, se encuentra, conforme se tiene señalado, el derecho a una vivienda adecuada, que dignifique la vida familiar y comunitaria (art. 19.I de la CPE) y los derechos a los servicios básicos de agua potable y electricidad (art. 20.I).
La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0348/2012 de 22 de junio, ha establecido que el derecho a la vivienda digna ‘…persigue la satisfacción de las necesidades que tienen las personas, puede entenderse como derivado de los derechos a la vida y a la dignidad, porque se trata de un lugar digno para vivir, y no simplemente de un techo para estar o para dormir; sino que es una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, autónoma e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.; de modo tal, que cuando se suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos. No obstante esa estrecha vinculación, no debe perderse de vista que a partir de su incorporación en la Constitución Política del Estado como derecho autónomo, es directamente justiciable, como los demás derechos fundamentales; y por lo tanto, es posible exigir su protección de manera franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo normativo que señala: «Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección…»’” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
En razón a esto, la jurisprudencia constitucional a través de varios fallos como los referidos, ha establecido que es posible otorgar una tutela del derecho a la vivienda con carácter “provisional”, siempre y cuando exista pendiente algún recurso o proceso que dilucidará la legalidad o correspondencia o no de medidas de desalojo e incluso frente a desapoderamientos judiciales. En tal sentido, es imprescindible comprender que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante la existencia de un trámite en la vía ordinaria que podría determinar si corresponde o no el desalojo, únicamente deberá tutelar provisionalmente el derecho a la vivienda con el fin de evitar cualquier transgresión a otro derecho, que pudiera resultar de la restricción del primero; pues como hemos visto, se constituye en una condición esencial y presupuesto básico para la vida que es a su vez un derecho básico para la concreción de otros.
Finalmente; y, en razón de delimitar los alcances de esta tutela provisional a la que nos referimos en éste acápite, resulta prudente referirnos una vez más al contenido de la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, que argumentó sobre las razones para proteger provisionalmente el derecho a la vivienda; empero, igualmente en razón de no generar desequilibrio o conculcar el derecho del ejecutor, o quien demanda el desalojo, o pretende la posesión, estableció la necesidad de acreditar que efectivamente la parte solicitante de tutela, habita el inmueble objeto de discusión; conclusión a la que llego en base al siguiente razonamiento: “Se debe aclarar que, si bien es cierto que en este caso se está concediendo una tutela provisional al derecho a la vivienda de los accionantes, mientras concluya el proceso de usucapión iniciado por ellos sobre el inmueble que pretende ser desapoderado; empero, la protección otorgada tiene su base en la existencia de prueba contundente e idónea que acredita que ellos habitaron la propiedad…”.
Finalmente respecto al derecho a la vivienda y su protección ante medidas de hecho, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0348/2012 de 22 de junio, sostiene que: “…la vivienda digna es un derecho fundamental de tercera generación emergente de los derechos económicos, sociales y culturales, persigue la satisfacción de las necesidades que tienen las personas (…) es posible exigir su protección de manera franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo normativo que señala: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección’; en consecuencia, las vías o medidas de hecho asumidas al margen de la ley, destinadas a perturbar la vivienda de las personas, constituyen actos arbitrarios que merecen tutela inmediata a efectos de restablecer en forma eficaz los derechos conculcados, la misma que tendrá carácter de provisionalidad, hasta que el problema se dilucide en la vía competente” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
La parte impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad privada, a un hábitat y vivienda digna, al debido proceso en sus vertientes defensa y seguridad jurídica, a la integridad psicológica, a la niñez y adolescencia y a la libre locomoción; debido a que, encontrándose en posesión de un departamento, a raíz de haber suscrito un contrato privado de compra venta del inmueble con los dueños; los ahora demandados, ejerciendo medidas de hecho, procedieron a posarse conjuntamente con sus bienes, en el pasillo y puerta de ingreso al referido bien que habitan junto a sus hijos, no permitiendo y dificultando su ingreso al mismo; así como, forcejear las chapas para pretender ingresar ilegalmente a la vivienda; asimismo, procedieron a agredirlos verbalmente e intimidarlos con una serie de amenazas referidas a que entrarían por la fuerza al departamento con ánimos de tomar posesión física. Actos que continúan ejerciendo, sin considerar que la Sentencia 147/2022 de 13 de abril emitida dentro del proceso civil de reivindicatoria seguida por la demandada y otro en su contra; debido a que, también suscribieron contrato de compra venta con los dueños respecto al mismo departamento, aún no puede ser ejecutada al estar pendiente de resolución el recurso de apelación presentado por su parte contra dicha Sentencia. Ahora bien, identificada la problemática planteada, corresponde efectuar el siguiente análisis:
Se tiene que, los accionantes, denunciaron la lesión de su derecho a la propiedad privada; por cuanto, encontrándose en posesión de un departamento, ubicado en el pasaje Viacha 47, zona San Sebastián de la ciudad de Nuestra Señora, a raíz de haber suscrito el 16 de abril de 2011 un contrato privado de compra venta del inmueble con los dueños el que en vida fue Franz Humberto Sarzuri Pinto y Marlene Jacqueline Belzu Saravia (Conclusión II.1); los ahora demandados, ejercieron las precitadas vías de hecho, siendo que la Sentencia 147/2022 emitida dentro del proceso civil ordinario de reivindicación seguido por Adelaida Hinojosa de Mendoza –ahora demandada– y Eddy Lucio Mendoza Tiahin en su contra, por la cual se dispuso la restitución y entrega del departamento, en favor de los demandantes, aún no se encuentra ejecutoriada al estar pendiente de resolución el recurso de apelación presentado contra dicho fallo (Conclusión II.3 y II.4). Remitiendo al efecto, muestrario fotográfico en número de ocho de donde se observa varios objetos en un pasillo y graderías de un edificio, como: bolsas, tachos, cajas, ropas, colchón entre otros y a varias personas en las graderías (Conclusión II.5). Por su parte, la ahora demandada Adelaida Hinojosa de Mendoza, remitió el Folio Real, correspondiente al departamento objeto de la presente acción tutelar, el cual se encuentra ubicado en la calle Viacha 47, zona San Sebastián, con numeración 301, piso tercero, edificio “Belzu”, con una superficie de 132,57 m, con Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0213552, registrada a su nombre y de Eddy Lucio Mendoza Tiahin (Conclusión II.6). Así también, consta la existencia del proceso penal seguido por los hoy impetrantes de tutela en contra de Marlene Jacqueline Belzu Saravia y el que en vida fue Franz Humberto Sarzuri Pinto, donde se emitió la Sentencia 22/2022; por la que, se determinó condenar a Marlene Jacqueline Belzu Saravia, imponiéndole la pena privativa de libertad de diez años por la comisión de los delitos de estafa estelionato, agravación en caso de víctimas múltiples, respecto al precitado departamento (Conclusión II.2). Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes descritos precedentemente; se tiene que, que el bien inmueble objeto de la presente acción de defensa, se encuentra en controversia tanto por la parte accionante como por la demandada; circunstancias que crea duda sobre la titularidad del predio objeto de esta acción tutelar; pues los impetrantes de tutela, no presentaron prueba que demuestre la titularidad del inmueble sobre el cual se denunció la comisión de vías de hecho; aspecto que permite a este Tribunal establecer la existencia de hechos controvertidos en la titularidad del bien inmueble, más aun tomando en cuenta la existencia diferentes procesos tanto judicial como penal respecto al bien; lo que implica que este caso es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Al respecto, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, debido a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos a través de esta acción de defensa; sino, protegerlos cuando éstos se encuentren debidamente consolidados a favor de la parte accionante; porque de analizar hechos controvertidos, implicaría el reconocimiento de derechos mediante esta demanda tutelar, lo que no concierne; toda vez que, se encuentra fuera de los alcances de la jurisdicción constitucional; pues ello, de acuerdo al caso, le corresponde dilucidar a la justicia judicial ordinaria o administrativa, instancia diseñada por el legislador para el conocimiento de los derechos controvertidos a través de un proceso amplio y contradictorio, en el cual, se analice la documentación presentada y se produzcan las pruebas que se estimen pertinentes y necesarias. Pues, si bien de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, las vías o medidas de hecho, fueron definidas por la jurisprudencia constitucional, como los actos ilegales y arbitrarios, cometidos por autoridades públicas o personas particulares, al margen de las instancias y de los procedimiento legales, que derivan en lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, sea por el abuso de poder que detentan frente al agraviado o mediante el ejercicio de una justicia directa o por mano propia. Asimismo quedó establecido que ante una denuncia de este tipo “…emergentes de medidas o vías de hecho cometidas por terceros, en virtud a las excepciones a los principios de subsidiariedad e inmediatez, previendo entre ellas la procedencia excepcional de la acción de amparo constitucional con respecto al derecho a la propiedad privada, cuando la acción ʼ…es demandada por propietarios de inmuebles que sufran una lesión a su derecho a la propiedad por un despojo o avasallamiento de su posesión por actos o medidas de hecho protagonizados por terceros, sean éstos particulares o autoridades públicas…ʼ”, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se tiene que, deben concurrir los dos supuestos de las subreglas para la procedencia excepcional de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de cumplir el principio de subsidiariedad, siendo los mismos: “1) El derecho a la propiedad debidamente demostrado y no cuestionado; y, 2) La evidencia, tampoco controvertida, de que los demandados no estaban en posesión del bien inmueble sino que con acciones violentas (de hecho) ocuparon la propiedad privada de los accionantes…”; por lo que, es preciso que quien activa este mecanismo de defensa, cumpla con la mínima carga probatoria exigida, que acredite no solamente la titularidad del bien jurídico que se alude como lesionado; sino que además, demuestre objetivamente que las acciones ejecutadas al margen de la ley, fueron asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos (Fundamentos Jurídicos III.2); empero, en el presente caso, se tiene que los accionantes no cumplieron con el primer supuesto de las subreglas para la procedencia de la acción de amparo constitucional, para tutelar el derecho a la propiedad privada denunciada de afectada por presuntas vías de hecho cometidas por la demandada; pues dicho derecho de acuerdo a lo expuesto precedentemente se encuentra controvertido. Consiguientemente, evidenciándose en el caso concreto la existencia de hechos controvertidos referentes al derecho propietario del terreno objeto de la presente acción tutelar, incumpliendo de esta manera el señalado presupuesto para la procedencia de esta acción tutelar, controversia que necesariamente deberá ser resuelto en la vía ordinaria correspondiente; al no ser atribución de esta jurisdicción constitucional determinar la titularidad del derecho propietario de las partes; ya que, como se dijo un actuar diferente por parte de este Tribunal, implicaría el reconocimiento de derechos vía acción de amparo constitucional, lo que no corresponde a su ámbito de protección; en razón a que, la tutela que brinda alcanza a la maximización del ejercicio de derechos consolidados; este Tribunal se encuentra impedido de poder ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada respecto al indicado derecho.
En cuanto a la denuncia efectuada por los accionantes, respecto a la lesión a la vivienda y hábitat y a la inviolabilidad del domicilio; debido a que, la ahora demandada junto a sus familiares, habrían ejercido medidas de hecho, procediendo a posarse conjuntamente con sus bienes, en el pasillo y puerta de ingreso al departamento que habitan junto a sus hijos, no permitiendo y dificultando su ingreso al mismo; así como, forcejear las chapas para pretender ingresar ilegalmente a la vivienda; asimismo, habrían procedido a agredirlos verbalmente e intimidarlos con una serie de amenazas referidas a que entrarían por la fuerza al departamento con ánimos de tomar posesión física. Ahora bien, del análisis de la presente problemática, según los antecedentes arrimados al expediente, desarrollado en Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene, muestrario fotográfico, por el cual se observa varios objetos en un pasillo y graderías de un edificio, como: bolsas, tachos, cajas, ropas, colchón entre otros y a varias personas en las graderías y pasillo (Conclusión II.2), que a decir de la propia demandada en su informe presentado (acápite I.2.2 de este fallo constitucional), pernoctaron en el pasillo del departamento objeto de la presente acción de amparo constitucional; debido a que, fueron desalojados de su vivienda por falta de pago de alquiler, lo que le obligó a llevar sus pertenencias al pasillo del indicado departamento. Advirtiéndose de esta manera, la existencia de medidas de hecho cometida por la demandada y sus familiares, al evidenciarse la restricción al libre acceso al departamento que habitan los accionantes junto con sus dos hijos, objeto de la presente acción de defensa sin ninguna orden judicial, aduciendo el desalojo de su vivienda por falta de pago de alquiler; perturbando de esta manera el derecho a la vivienda y hábitat y a la inviolabilidad del domicilio de los accionantes y sus hijos entre ellos un menor de edad. En ese orden, cabe señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, en el presente caso se hace posible conciliar el principio de subsidiariedad a través de su flexibilización frente a las medidas de hecho, la tutela del derecho a la vivienda y especialmente por tratarse de derechos que involucran a titulares menores de edad. Adicionalmente, es importante recordar que este mecanismo de defensa tiene por naturaleza jurídica el resguardo y restablecimiento de derechos fundamentales y garantías constitucionales que mediante actos u omisiones fueren restringidos o amenazados de serlo. Así la jurisprudencia citada en el mencionado Fundamento Jurídico de esta Sentencias Constitucionales Plurinacionales, en el mismo sentido, ha establecido que ante la denuncia de la comisión de medidas de hecho, entendidas como actos cometidos por particulares o funcionarios públicos contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, es posible la prescindencia del principio de subsidiariedad ante la necesidad de evitar el ejercicio de justicia por mano propia y abusos contrarios al orden constitucional vigente. Así, para la Protección excepcional y temporal que, además ha sido establecida para los casos de lesión al derecho a la vivienda, por su relevancia y conexitud con otros derechos, con el fin de evitar la consumación del hecho invocado como lesivo del derecho fundamental en cuestión y los demás derechos conexos; se debe efectuar el siguiente análisis. Conforme a lo señalado en el precitado Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, para que este tribunal por medio de esta acción de defensa pueda otorgar una tutela efectiva, la parte accionante tiene la carga probatoria de acreditar que efectivamente habita el bien sobre el cual se ejercieron las vías de hecho. Al respecto, de acuerdo a la documentación remitida a este Tribunal y de la propia aseveración de la parte demandada (acápite I.2.2 de este fallo constitucional), se tiene que, los impetrantes de tutela Julio Aguayo Zeballos y Gloria Sandra Collao junto a sus hijos, se encuentran habitando el departamento objeto de las medidas de hecho ahora acusada; así como también se evidencia, la perturbación a la vivienda al restringir y dificultar el acceso a la misma, constituyéndose en actos arbitrarios en total prescindencia de los mecanismos legales por parte de los demandados; siendo que, existe la Sentencia 147/2022 emitida dentro del proceso civil ordinario de reivindicación, que dispuso la restitución y entrega del inmueble en favor de Eddy Lucio Mendoza Tiahin y Adelaida Hinojosa de Mendoza –hoy demandada–, la cual fue apelada precisamente por la parte ahora accionante, encontrándose en el Tribunal de alzada pendiente de resolución. En ese entendido, el derecho a la vivienda se constituye un derecho fundamental de la persona que encuentra su protección en la Norma Fundamental en su art. 19, que establece la garantía normativa que el Estado, en todos sus niveles de gobierno; más aún en el caso en particular, contiene una connotación especial, dado que su protección tiene carácter reforzado, por cuanto los accionantes habitan la vivienda objeto de discusión, junto a sus dos hijos uno de ellos menor de edad, frente a los cuales, surge el deber de garantizar el desarrollo integral de los menores, procurando las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos; condiciones que, de ninguna forma están dadas privándolos de su vivienda. En tal contexto, al haberse generado una lesión a dicho derecho, por restringir y dificultar el acceso a la misma, por mano propia –descrito precedentemente–, corresponde proteger el indicado derecho frente a dicha medida y equilibrar el ejercicio de ese derecho y los conexos del menor. En consecuencia, de acuerdo a los elementos descritos, se acredita de manera objetiva la existencia de actos o medidas de hecho, asumidas sin causa jurídica por la demandada y sus familiares, prescindiendo de los medios legales y sin contar con autorización de autoridad jurisdiccional competente imponiendo justicia por mano propia; por lo que, corresponde conceder su tutela de forma provisional mientras se dirime el derecho propietario el inmueble en cuestión, en la vía ordinaria. Consiguientemente, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 282/2022 de 21 de noviembre, cursante de fs. 157 a 159, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada en forma provisional, respecto a los derechos a la vivienda y hábitat, a la inviolabilidad del domicilio, integridad psicológica, a la niñez y adolescencia y demás derechos conexos; sin pago de daños y costas por ser excusable; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho a la propiedad conforme los Fundamentos Jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0206_2023-S4.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): d6f47e2bf9511133a0b503dca5065c0492c8782f3441ada921121e43f19868d5
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