Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la defensa; puesto que, en la audiencia de cesación de la detención preventiva donde se emitió el Auto Interlocutorio 78/2023 de 28 de febrero, no se tomó en cuenta que el plazo de la detención preventiva y su correspondiente ampliación fueron cumplidos, siendo que la indicada audiencia fueron suspendidas en reiteradas oportunidades, habiendo acreditó familia, domicilio y trabajo y que para desvirtuar el riesgo procesal respecto al peligro para la víctima presentó un Informe Psicológico; sin embargo, ese fue observado al no cumplir con las formalidades para su obtención; por lo que, considera encontrarse privado de libertad de manera indebida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán el siguiente tema: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 29 a 33, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0205/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54127-2023-109-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 01/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 29 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jheison Laime Villarreal contra Marco Antonio Maraz Castillo y Ricardo Emir Ramos Lizarazu, Jueces de Instrucción Penal Primero y Tercero, respectivamente, ambos de Yacuiba del departamento de Tarija.
El accionante por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, cursante de fs. 12 a 15 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona a denuncia de Carolina Viviana Apaza Choque, por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), se dispuso su detención preventiva por tres meses, los cuales una vez cumplidos, el Ministerio Público solicitó la ampliación de dicha medida, por dos meses más, los que también fueron cumplidos; habiéndose señalado audiencia de control de plazo de la detención preventiva para el 17 de febrero de 2023, la cual fue suspendida por su inasistencia en razón a que no se envió el link de dicha audiencia virtual al Centro de Readaptación Productiva El Palmar de Yacuiba del departamento de Tarija, fijándose nueva audiencia para el 24 de igual mes y año, a las 15:00 horas, la que de igual forma se suspendió para el 28 de ese mes y año a las 15:00 horas, oportunidad en la que se instaló la audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva que solicitó mediante memorial de 9 del indicado mes y año, buscando se revalorice el cuaderno de investigación; por cuanto, la denuncia efectuada en su contra fue prefabricada, por el estado en el que se encontraba en ese momento y dado el extremo que su persona solicitó los servicios de dama de compañía, precisamente para tener relaciones sexuales, habiendo pagado por adelantado; extremo que fue puesto a conocimiento del Director de la Investigación en ese entonces la “Fiscal Dra. Copa”, quien valoró las pruebas tanto para ver si existió el referido delito o si se están aprovechando de su condición de mujer. La solicitud de la cesación de su detención preventiva se basó en la previsión del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por el vencimiento del plazo de la misma sin que se hubiese realizado acto conclusivo, no habiendo considerado que en esa fecha -se entiende de la audiencia de cesación de la detención preventiva de 28 de febrero de 2023-, no existía ningún informe realizado por el Ministerio Público de ampliación de su detención preventiva; por lo que, considera que se encuentra privado de libertad de manera indebida. El Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo de su detención preventiva con el único argumento ante la existencia de pruebas parciales y pericias psicológicas pendientes, lo cual fue considerado para dar curso a esa petición por dos meses más, tiempo que se cumplió el 17 de febrero de 2023; empero, desde la ampliación del plazo establecido hasta la fecha -se entiende la presentación de la acción de libertad-, no existieron más requerimientos investigativos que los que estuvieron pendientes en el mes de diciembre, teniéndose dos meses de inactividad procesal y su persona sigue privada de libertad; por lo que, antes de vencido el plazo de la detención preventiva, solicitó cesación de la detención preventiva con base a la revalorización del cuaderno de investigación, extremo que no consideró el Juez hoy coaccionado, por lo que fijo audiencia de control de plazo de la detención preventiva, para el 28 del indicado mes y año, oportunidad en la que se consideraría su situación jurídica ante la inactividad procesal; ya que, esta última audiencia también se suspendió, porque el Juez ahora coaccionado se encontraba de vacaciones y el Juez suplente estaba con baja médica, transcurriendo más de cinco meses detenido preventivamente sin que en ningún momento hubiese obstaculizado el proceso investigativo. Desvirtuó los riesgos procesales establecidos en los arts. 233, 234.1 y 2 y 235.2 del CPP, los cuales consistían en acreditar familia, residencia y trabajo licito y que su persona no sea un peligro para la sociedad, extremos desvirtuados en tres audiencias de cesación de la detención preventiva, manifestándose que el Informe Psicológico no desvirtuó el riesgo procesal de peligro para la víctima al no cumplirse con las formalidades para su obtención, que serían mediante requerimientos, sin considerar que si bien se efectuó el requerimiento al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) del departamento de Tarija; no obstante, dicha institución no trabaja desde el mes de diciembre hasta la fecha -se entiende la presentación de la acción tutelar-, por regularización de personal; por lo que, se presentó ante el Juez hoy coaccionado un informe psicológico elaborado por un profesional imparcial; sin embargo, el mismo no fue valorado.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la defensa; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116, 117, 119.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se le restituya su derecho a la libertad de inmediato, pudiéndose someter a la investigación en libertad con las restricciones que se le impongan de conformidad con el art. 231 del CPP.
Celebrada la audiencia pública el 4 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 29, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) La razón de la presentación de esta acción de libertad es que se amplió su detención preventiva por dos semanas; por lo que, el 28 de febrero de 2023, se debió valorar las actas -se entiende de suspensión de audiencias de consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva- que constan en el expediente y verificar que acreditó familia, domicilio y trabajo; y, b) Solicitó que se le apliquen medidas menos gravosas, tales como una detención domiciliaria con derecho al trabajo.
Marco Antonio Maraz Castillo y Ricardo Emir Ramos Lizarazu, Jueces de Instrucción Penal Primero y Tercero, respectivamente, ambos de Yacuiba del departamento de Tarija, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 18 a 21.
Erland Díaz de Oropeza Martínez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) De antecedentes se tiene que la defensa técnica en la etapa investigativa no presentó incidente de actividad procesal defectuosa por lesión a algún derecho o garantía; por lo que, ahora no puede alegar la lesión del derecho al debido proceso; 2) En cuanto al plazo de la detección preventiva, el Ministerio Público hizo las solicitudes que consideró bajo el principio de legalidad, mismas que fueron consideradas por la autoridad jurisdiccional, teniéndose de antecedentes que no se hizo uso del recurso de apelación previsto por el art. 251 del CPP por parte del accionante; 3) Respecto a las suspensiones de audiencia fueron situaciones ajenas al Ministerio Público; 4) En cuanto al acto conclusivo extrañado, aún se encuentran dentro de plazo de la etapa preparatoria y se emitirá el acto conclusivo que corresponda; y, 5) No se advierte la vulneración de los derechos del accionante, tomando en cuenta que existen mecanismos procesales que permiten salvaguardar cualquier derecho que estuviese siendo vulnerado; por lo que, no corresponde dar lugar a la tutela solicitada por el accionante, teniéndose además que en “…la última audiencia en la que se amplía de la detención preventiva y aquí la defensa planteó el recurso de apelación donde se va a resolver, por lo que lo requerido no constituye para que se dé lugar a lo establecido en la acción de libertad.” (sic).
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 29 a 33, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Con relación a la audiencia de control de plazo de la detención preventiva de 17 de febrero de 2023, la cual según refirió el accionante en sentido de que el Juez hoy coaccionado hubiese suspendido la indicada audiencia; revisado el cuaderno de autos se establece que esa audiencia fue señalada para esa fecha a las 14:00 horas, en la cual se informó por Secretaría que se cumplieron las diligencias mediante la Oficina Gestora con todas las formalidades de ley, notificadas las partes y remitido el link de ingreso a la audiencia al Centro de Readaptación Productiva El Palmar de Yacuiba del referido departamento, oportunidad en la que el indicado Juez ahora coaccionado otorgó un tiempo de espera y ante la incomparecencia del accionante, su abogada indicó que no le contestaron en el indicado Centro de Readaptación; por lo que, estaría de acuerdo a lo que se resuelva, en consecuencia, dicha autoridad Judicial esa misma fecha reprogramó la audiencia de cesación de la detención preventiva para el 24 de igual mes y año, a las 15:00 horas, señalando además que en las audiencias de cesación de la detención preventiva rige la carga de la prueba y es la defensa quien debe asegurar la presencia también del “acusado” para que no se suspenda la misma; por lo que, la abogada pudo ir al mencionado Centro de Readaptación para que pueda conectarse el accionante a esa audiencia, siendo; además, que la misma fue solicitada por el mismo; de lo que se advierte que el Juez accionado no vulneró ningún derecho del accionante; puesto que, cumplió con las notificaciones, se remitió el link a las partes y sin que exista solicitud expresa de la defensa en esa audiencia señaló una nueva, es decir, reprogramo la indicada audiencia; ii) El 24 del indicado mes y año, se suspendió la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 28 de referido mes y año, a las 15:00 horas, debido a que, el Juez suplente ahora coaccionado tenía una audiencia con aprehendido por el delito de portación de arma de fuego; iii) Con relación a la audiencia de cesación de la detención preventiva de 28 del indicado mes y año, existiendo una solicitud de continuidad de detención preventiva presentada por Erland Díaz de Oropeza Martínez Fiscal de Materia, se resolvió ampliar la detención preventiva por el lapso de quinde días más, programándose una audiencia de control de plazo de la detención preventiva para el 14 de marzo de 2023 a las 8:10 horas; así como, se negó la cesación de la detención preventiva, y de la revisión del acta de audiencia se tiene que contra esa determinación la defensa del accionante planteó recurso de apelación incidental; y, iv) Existiendo solicitud de ampliación de plazo de detención preventiva, no se advierte que el Juez ahora accionado vulneró los derechos y garantías del accionante; por otra parte, existiendo un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 78/2023 28 de febrero, pendiente de resolución, no se cumplió con el principio de subsidiariedad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 440/2022 de 27 de diciembre, emitido por Ricardo Emir Ramos Lizarazu, Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del departamento de Tarija -ahora coaccionado-, a través del cual, dispuso “aplicar mantener y ampliar” la detención preventiva de Jheison Laime Villarael -hoy accionante-, por el lapso de dos meses más, debiendo cumplirla en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar de Yacuiba del indicado departamento, señalándose audiencia de control de plazo de la detención preventiva para el 17 de febrero de 2023, a las 10:00 horas (fs. 2 a 4).
II.2. Cursa Auto Interlocutorio 444/2022 de 29 de diciembre, emitido por el Juez ahora coaccionado, de conformidad con la previsión del art. 239.1 del CPP, dispuso “aplicar mantener incólume” la detención preventiva del accionante, debiendo cumplirla en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar de Yacuiba del departamento de Tarija (fs. 5 a 7 vta.). II.3. Por Acta de audiencia de cesación a la cesación de la detención preventiva suspendida de 17 de febrero de 2023, emitido por el Juez hoy accionado se emitió señalamiento de audiencia “…ante la ausencia del imputado a quien se le ha esperado por más de 15 minutos corresponde diferir esta audiencia, en ese sentido por los feriados que se tiene por el carnaval, Se reprograma Audiencia DE CESACION A LA DETENICON REVENTIVA para el día VIERNES 24 de febrero del año 2023 a horas 15:00 PM, acto procesal a llevarse a cabo de forma VIRTUAL con el juez en suplencia legal de este juzgado…” (sic [fs. 8]). II.4. Mediante Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 24 de febrero de 2023, emitido por Marco Antonio Maraz Castillo Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, en suplencia legal de su similar Primero -ahora accionado-; debido a que, dicha autoridad Judicial tenía otra audiencia programada con persona aprehendida por el delito de porte o portación de arma de fuego, la cual estaría con el Juez de su similar segundo, que también se encuentra en suplencia legal, cuyo titular se encuentra con baja médica y del mismo modo el Juez hoy accionado estaba gozando de su vacación; por lo cual, se reprogramando la indicada audiencia para el 28 de igual mes y año a las 15:00 horas (fs. 9). II.5. Consta Auto Interlocutorio 78/2023 de 28 de febrero, emitido por el Juez ahora accionado, en suplencia legal de su similar Tercero, a través del cual, dispuso no ha lugar el cese de la detención preventiva solicitada por el accionante conforme el art. 239.2 del CPP, modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres - Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y también la ampliación de la detención preventiva considerando que el lapso de tiempo de quince días, plazo que sería suficiente a efectos de poder concluir con los actos investigativos con un lapso considerable de 5 meses y 11 días, vale decir, “…SE VA AMPLIAR POR ULTIMA VEZ LA DETENCION PREVENTIVA POR EL LAPSO DE 15 DIAS MAS ES DECIR SE PROGRAMA AUDIENCIA DE CONTROL DE PLAZO PARA EL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO 2023 A HORAS 08:10 AM (…) Con la palabra señor juez voy a realizar el recurso de apelación incidental solicitando se remitan antecedentes al tribunal de alzada (…) por secretaria labrar el acta y remitir los antecedentes al Tribunal Dptal de Justicia de Tarija” (sic [fs. 10 a 11 vta.]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la defensa; puesto que, en la audiencia de cesación de la detención preventiva donde se emitió el Auto Interlocutorio 78/2023 de 28 de febrero, no se tomó en cuenta que el plazo de la detención preventiva y su correspondiente ampliación fueron cumplidos, siendo que la indicada audiencia fueron suspendidas en reiteradas oportunidades, habiendo acreditó familia, domicilio y trabajo y que para desvirtuar el riesgo procesal respecto al peligro para la víctima presentó un Informe Psicológico; sin embargo, ese fue observado al no cumplir con las formalidades para su obtención; por lo que, considera encontrarse privado de libertad de manera indebida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán el siguiente tema: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0088/2019-S2 de 5 de abril, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. De manera específica, señaló que el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, donde el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior, invocados en el recurso.
En similar sentido, cabe señalar que la SC 0080/2010-R, de 3 de mayo establece que la acción de libertad no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente en la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus, hoy acción de libertad, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, puesto que de lo contrario se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en SC 0687/2011-R de 16 de mayo, se denegó la tutela en razón a que el accionante activó paralelamente la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional y posteriormente la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.
Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la defensa; puesto que, en la audiencia de cesación de la detención preventiva donde se emitió el Auto Interlocutorio 78/2023 de 28 de febrero, no se tomó en cuenta que el plazo de la detención preventiva y su correspondiente ampliación fueron cumplidos, siendo que la indicada audiencia fueron suspendidas en reiteradas oportunidades, habiendo acreditó familia, domicilio y trabajo y que para desvirtuar el riesgo procesal respecto al peligro para la víctima presentó un Informe Psicológico; sin embargo, ese fue observado al no cumplir con las formalidades para su obtención; por lo que, considera encontrarse privado de libertad de manera indebida.
Ahora bien, de los antecedentes cursantes en el expediente se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Carolina Viviana Apaza Choque contra el accionante, por Auto Interlocutorio 440/2022, el Juez ahora coaccionado, dispuso “aplicar mantener y ampliar” la detención preventiva del accionante, por el lapso de dos meses más, debiendo cumplirla en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar de Yacuiba del departamento de Tarija;
señalándose audiencia de control de plazo de su detención preventiva para el 17 de febrero de 2023, a las 10:00 horas, para definir su situación jurídica (Conclusión II.1.). Así también, consta Auto Interlocutorio 444/2022, el Juez hoy coaccionado, en conformidad con la previsión del art. 239.1 del CPP, dispuso “aplicar mantener incólume” la detención preventiva del accionante, debiendo cumplirla en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar de Yacuiba del departamento de Tarija (Conclusión II.2.). Se tiene Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva suspendida, de 17 de febrero de 2023, se emitió proveído señalando que “…ante la ausencia del imputado a quien se le ha esperado por más de 15 minutos corresponde diferir esta audiencia, en ese sentido por los feriados que se tiene por el carnaval, Se reprograma Audiencia DE CESACION A LA DETENICON REVENTIVA para el día VIERNES 24 de febrero del año 2023 a horas 15:00 PM, acto procesal a llevarse a cabo de forma VIRTUAL con el juez en suplencia legal de este juzgado…” (sic) (Conclusión II.3.). Cursa acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 24 de febrero de 2023, misma que fue suspendida por el Juez ahora accionado, debido a que dicha autoridad tenía otra audiencia programada con persona aprehendida por el delito de porte o portación de arma de fuego, la cual estaría con el Juez de su similar segundo, cuyo titular se encuentra con baja médica y del mismo modo, el Juez ahora coaccionado, estaba gozando de su vacación, reprogramando la indicada audiencia para el 28 de igual mes y año a las 15:00 horas (Conclusión II.4.). Finalmente, mediante Auto Interlocutorio 78/2023, emitido por el Juez hoy accionado, declaró no ha lugar a la cesación de la detención preventiva efectuada por el accionante conforme al art. 239.2 de la Ley 1173 -cumplimiento del plazo- y también la ampliación de la detención preventiva considerando que el lapso de tiempo de quince días más, plazo que sería suficiente a efectos de poder concluir con los actos investigativos que se vienen realizando con un lapso considerable de 5 meses y 11 días, vale decir, “…SE VA AMPLIAR POR ULTIMA VEZ LA DETENCION PREVENTIVA POR EL LAPSO DE 15 DIAS MAS ES DECIR SE PROGRAMA AUDIENCIA DE CONTROL DE PLAZO PARA EL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO 2023 A HORAS 08:10 AM (…) Con la palabra señor juez voy a realizar el recurso de apelación incidental solicitando se remitan antecedentes al tribunal de alzada (…) por secretaria labrar el acta y remitir los antecedentes al Tribunal Dptal de Justicia de Tarija” (sic [ Conclusión II.5.]).
Identificada la problemática planteada, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no procede esta acción de libertad por la aplicación excepcional del principio de subsidiariedad, cuando el que plantea una acción de libertad activa de manera simultánea un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico para la jurisdicción ordinaria, para que ambos conozcan y resuelvan las mismas irregularidades denunciadas; debido a que, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. En ese contexto, de antecedentes se tiene a partir del Auto Interlocutorio 78/2023, el Juez hoy accionado, declaró no ha lugar la cesación de la detención preventiva, solicitada por el accionante y se amplió la misma por el lapso de quince días más, programándose audiencia de control de la detención preventiva para el 14 de marzo de 2023; oportunidad en la cual la defensa del accionante hizo uso del recurso de apelación incidental solicitando se remitan antecedentes ante el Tribunal de alzada; petición a la cual dicha autoridad Judicial dio curso. En ese mismo sentido, se tiene de la intervención del representante del Ministerio Público en la audiencia de la presente acción tutelar; así como, de la Resolución objeto de la presente revisión, que en efecto se planteó recurso de apelación incidental respecto a lo resuelto mediante Auto Interlocutorio 78/2023, en la cual entre otros puntos se rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, misma que a decir de los nombrados hasta la presentación y resolución de la acción de libertad objeto de autos, no fue resuelto dicho recurso de apelación; en consecuencia, se encontraría aún en trámite.
Por consiguiente, el referido mecanismo intraprocesal correctamente interpuesto y esta acción de libertad, denuncian las irregularidades en las que se hubiese incurrido al momento de definir la situación jurídica del accionante a través del Auto Interlocutorio 78/2023, coligiéndose de ello que la pretensión en ambos medios que activó el accionante es el rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin tomarse en cuenta que el plazo de dicha medida y su correspondiente ampliación fueron cumplidos, que las audiencias señaladas con el mismo fin fueron suspendidas en reiteradas oportunidades, que acreditó familia, domicilio y trabajo, y que para desvirtuar el riesgo procesal respecto al peligro para la víctima presentó un Informe Psicológico; sin embargo, este fue observado al no cumplir con las formalidades para su obtención; y en consecuencia, lograr la restitución de su derecho a la libertad. En ese entendido, se tiene que el accionante activó de manera simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional con el mismo objeto, cuando no es admisible activar ambas jurisdicciones, para que se pronuncien sobre el mismo hecho denunciado; puesto que, podría ocasionar alteraciones procesales ante posibles pronunciamientos contradictorios, es más el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante en la vía ordinaria, es conforme el art. 251 del CPP, siendo el medio idóneo para atender lo reclamado por el accionante y la acción de libertad, debe ser necesariamente utilizado antes de acudir a la jurisdicción constitucional; correspondiendo, por ello, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 29 a 33, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0205_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4d1724675dc2736497ea633c2df29a5f024a295f280d295fc9a40ad74274b5c6
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →