Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 1 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y a la defensa; alegando que, dentro del proceso civil ordinario sobre mejor derecho de propiedad, entrega de inmueble y otros, que interpuso contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Sindicato de Trabajadores Municipales, los Vocales demandados mediante Auto de Vista A-292/2020 de 9 de octubre, confirmaron el Auto Interlocutorio 685/2019 de 25 de noviembre, pronunciado por el Juez a quo, que declaró probada la tercería de dominio excluyente presentada por la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales de La Paz -terceros interesados-; fallo de alzada que no se pronunció en forma motivada, fundamentada ni razonable sobre ninguno de los agravios individualizados en su recurso de apelación que formuló; considerando que, de acuerdo al art. 17.II de la LOJ, en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; extremo que no ocurrió en el presente caso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 264/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 247 a 253, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la referida Sala Constitucional y conforme a los argumentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a los miembros de la citada Sala Constitucional, a objeto de que cumplan sus labores con mayor responsabilidad y compromiso, observando los plazos procesales previstos en la normativa pertinente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0205/2025-S3 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 53603-2023-108-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 264/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 247 a 253, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Poma Ticona contra Jorge Adalberto Quino Espejo y Eddy Arequipa Cubillas, ex y actual Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 7 y 12 de abril de 2022, cursantes de fs. 74 a 82 y 86 a 91 vta., el accionante expresó que:
Dentro del proceso civil ordinario sobre mejor derecho propietario, reivindicación y otros, que interpuso contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Sindicato de Trabajadores Municipales de dicha ciudad; el Juez de la causa, pronunció la Sentencia 87/2011 de 28 de marzo, declarando probada en parte la demanda; en consecuencia, la negación e inexistencia del derecho propietario de los demandados y mejor derecho de propiedad y reivindicación a su favor, disponiendo que en ejecución de sentencia, la parte demandada le entregue el lote de terreno con una superficie de 10 344 m, ubicado en la zona Calacoto e inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) con Matrícula 2.01.1.01.0005632, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, bajo apercibimiento de desapoderamiento. Luego de transcurridos varios años, la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales de La Paz, mediante memorial de 9 de mayo de 2019, interpuso la tercería de dominio excluyente en ejecución coactiva de sentencia firme dictada dentro del referido proceso ordinario; a tal efecto, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del citado departamento, emitió el Auto Interlocutorio 685/2019 de 25 de noviembre, declarando probada dicha tercería. En consecuencia, se excluyó del proceso su bien inmueble, salvando los derechos de la parte demandante a la vía legal más conveniente, todo de conformidad a las previsiones del art. 60 del Código Procesal Civil (CPC). Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación; en mérito a ello, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento -ahora demandados-, pronunciaron el Auto de Vista A-292/2020 de 9 de octubre, confirmando el Auto impugnado; y, ante la solicitud de complementación que formuló, la indicada Sala mediante Auto de 14 de enero de 2021, dispuso no ha lugar a la misma. Sin embargo, el citado fallo de alzada y el Auto complementario, no se pronunciaron en forma motivada, fundamentada ni razonable sobre ninguno de los agravios individualizados en el recurso de apelación que formuló. Puesto que, conforme a la previsión contenida en el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; extremo que no ocurrió en el caso presente. Dicha incongruencia se expresa cuando el Auto de Vista cuestionado consideró que se obró correctamente y por ello confirmó la resolución apelada, pese a que en la tercería de dominio excluyente, se resuelve únicamente sobre el error en el informe registral o falsedad de las inscripciones. Razón por la cual, solamente se busca el desembargo del bien inmueble y no la declaración con reconocimiento del derecho real de propiedad o uno mejor respecto al de las otras partes. Añade que, por falta de unidad del proceso el fallo confutado resulta incongruente con las razones de la decisión de la Sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo dictados dentro del referido proceso civil, que reconocen su mejor derecho propietario y reivindicación del predio en cuestión a su favor.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del Auto de Vista A-292/2020 y la Resolución complementaria de 14 de enero de 2021, emitidos por los Vocales demandados; y, b) Se dicte un nuevo fallo de alzada que resuelva la apelación formulada en forma pertinente, motivada, fundamentada y razonable.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 242 a 246 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos expresados en la demanda tutelar presentada.
Eddy Arequipa Cubillas, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito, el 13 de mayo de 2022, cursante de fs. 156 a 158 vta., señalando que: 1) La acción tutelar presentada, carece de explicación clara y precisa de cómo las autoridades demandadas habrían lesionado sus derechos al debido proceso y a la defensa, no habiendo establecido la manera en que se limitaron los mismos. Por lo que, no es factible su conocimiento y resolución por parte de la Sala Constitucional; 2) Ninguno de los apartados del Auto de Vista A-292/2020 restringió los derechos del prenombrado o fue en contra de sus intereses; contrariamente, guarda el orden social, efectuando la debida motivación y fundamentación, dando respuesta clara a las postulaciones de la parte recurrente, respecto a su participación en el proceso apelado, cumpliendo estrictamente los alcances de la ley; 3) Se motivó la resolución en relación a la tercería planteada dentro del proceso principal, no existió lesión en la determinación asumida por el Juez a quo que emitió el Auto Interlocutorio 685/2019, recurrido en apelación; y, 4) La acción de defensa incumplió lo previsto en el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, no precisó en qué forma fueron restringidos, suprimidos o vulnerados los derechos invocados; máxime, si el peticionante de tutela ejerció su derecho a la defensa al presentar los medios de impugnación que la ley le franquea; por lo que, corresponde denegar este mecanismo constitucional, por su manifiesta improcedencia y se condene en costas y multa al mencionado. Jorge Adalberto Quino Espejo, exvocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 188.
Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de sus representantes, presentó escrito el 13 de mayo de 2022, cursante de fs. 149 a 155, indicando que: i) El proceso judicial que hace mención el accionante no concluyó, encontrándose actualmente suspendido por mandato expreso del art. 400 del CPC y la presentación de un recurso de apelación, además de existir un proceso penal con acusación fiscal contra el mencionado, por falsificación de documentos, precisamente en relación a la adquisición de la superficie que ahora es objeto de esta acción tutelar; ii) Mientras los procesos judiciales en materia penal y civil actualmente tramitados ante el Juzgado de Instrucción Penal Noveno y Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del citado departamento, no cuenten con una resolución definitiva, el peticionante de tutela incurrió en una de las causales de improcedencia de esta acción de defensa, prevista por los arts. 129.I de la CPE, 53.I y 54.I del CPCo, al no observar el principio de subsidiariedad; iii) Ante la existencia de dos derechos de propiedad confrontados, al tener dos titulares de propiedad diferentes sobre el mismo sector, deberá ser la jurisdicción ordinaria civil y no así la constitucional, la que deba definir dicha controversia; ya que, este mecanismo de defensa fue instituido como un instrumento que no puede sustituir la dilucidación de hechos controvertidos, que por su esencia, corresponden a una esfera jurídica distinta de la puramente constitucional; iv) Con relación a la superficie reclamada por el impetrante de tutela (6 225 m), el Tribunal Constitucional Plurinacional ya emitió pronunciamiento expreso, en la SCP 0217/2019-S3 de 30 de abril, emitida dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales de La Paz contra el Alcalde de Gobierno Autónomo Municipal de esa ciudad; fallo que dispuso la restitución del inmueble “Sede Social del Empleado Municipal” a las Asociaciones de trabajadores y extrabajadores de dicha comuna; v) Esa determinación actualmente se encuentra en proceso de coordinación y cumplimiento, no siendo admisible permitir que una tercera persona pretenda la inclusión de una pretensión que fue incorporada subrepticiamente a través de la falsificación de documentos; aspecto que se encuentra en discusión tanto ante la jurisdicción ordinaria penal por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, y en el ámbito civil, por hallarse pendiente de resolución un recurso de apelación, además de existir un fallo constitucional respecto a la superficie requerida que es objeto de esta acción tutelar; y, vi) Al haberse incumplido con el principio de subsidiariedad, existiendo hechos controvertidos pendientes de resolución, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Asimismo, en audiencia de garantías mediante su abogado, se ratificó en el informe supra presentado, puntualizando que: a) La referida entidad edil en coordinación con la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales de La Paz, está haciendo las gestiones correspondientes, a fin de dar cumplimiento a la SCP 0217/2019-S3; ya que, la superficie de más de 6 000 m, se encontraba en uso del servicio de transporte; empero, a la fecha ya se desocuparon los ambientes; b) Dicha Asociación acreditó tanto en la justicia ordinaria como en la constitucional, que tiene un derecho propietario respecto a esa superficie, y que en su momento fue parte del proceso civil interpuesto por el impetrante de tutela contra la indicada entidad municipal, y los empleados municipales; así, el nombrado al momento de postular su pretensión civil, no logró certificar adecuadamente quienes son los verdaderos propietarios de ese lugar; y, c) El Auto Interlocutorio 685/2019, declaró probada la tercería de dominio excluyente, confirmado a su vez por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, estando resuelto parcialmente el tema, porque no solo los jubilados ostentan el derecho propietario, sino la Asociación de Extrabajadores Municipales de la Policía Urbana de La Paz que no fueron demandados por el solicitante de tutela; error de postulación que fue parcialmente resuelto por el Auto de Vista ahora cuestionado;
por lo que, reiteró se deniegue la tutela demandada, porque dicho fallo cumple con todos los requisitos de legalidad. Abdon Ramiro Ramos Medrano, representante de la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales, en audiencia de garantías, mediante su abogado, sostuvo que: 1) El Juez Publico Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, al establecer que no habían sido notificados con la demanda del proceso civil ordinario seguido por el accionante, mediante Auto Interlocutorio 685/2019, declaró probada la tercería de dominio excluyente que presentaron; fallo que fue apelado por el prenombrado, pero aludiendo hechos totalmente contrarios al proceso; 2) El Auto de Vista A-292/2020 emitido por los Vocales demandados, de manera clara y concreta refirió los motivos de la apelación, señalando que se cumplió lo previsto en el art. 360.I y II del CPC, al haber demostrado la Asociación un interés como tercerista y con inscripción en la oficina de DD.RR., no evidenciando ningún elemento erróneo en dicha Resolución de alzada. Pues, lo que pretende el peticionante de tutela, es que la justicia constitucional niegue lo que establece el procedimiento a la interposición de la indicada tercería; y, 3) El nombrado cuando interpuso su recurso de apelación, no señaló que los informes de registro en DD.RR. de los jubilados sean falsos; si entendía que su derecho propietario era falso, tenía otro mecanismo en la jurisdicción ordinaria civil o penal para cuestionarlo, pretendiendo que la justicia constitucional haga un análisis de elementos que ni siquiera se hallan dentro de las apelaciones ni del Auto de Vista objetado; peor aún, no manifestó de manera clara que derechos y garantías se vulneraron; por lo que, pidieron que se deniegue a tutela impetrada, “…y corran con costos…” (sic). Antonio Quispe Castañeta, representante de la Asociación de Extrabajadores Municipales de la Policía Urbana de La Paz, mediante su abogado, en audiencia de garantías refirió que: i) La propiedad que alega el impetrante de tutela conlleva otros derechos y propiedades; así, la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales por más de 6 000 m; a la familia Ramos 3 000 m; y, a la Asociación a quien representa, con 1 500 m, teniendo el folio real que demuestra su derecho propietario a favor de los trabajadores; ii) Dentro del proceso civil incoado por el solicitante de tutela, presentaron tercería de dominio excluyente; sin embargo, el Auto Interlocutorio 492/2019 de 5 de agosto, declaró improbada la misma, con el criterio de que no se estaría afectando el derecho propietario de la Asociación con la indicada superficie; resolución que, al no haber sido apelada por las partes, se halla ejecutoriada y subsistente para fines legales; y, iii) No se mencionó en absoluto a la Asociación en la acción de defensa presentada, tampoco en la fundamentación oral; por tal motivo, pidió se tenga presente lo argumentado, a efectos de precautelar los derechos e intereses de dicha entidad. Máximo Fernando Acarapi, representante del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Paz, no presentó escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 190.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 264/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 247 a 253, concedió tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista A-292 de 9 de octubre, debiendo la autoridad demandada emitir un nuevo fallo dentro del plazo de setenta y dos horas, con base en los siguientes fundamentos: a) La Resolución cuestionada que confirmó el Auto Interlocutorio 685/2019 de 25 de noviembre, emitido por el Juez a quo, no respondió a los ocho agravios formulados por el accionante, en su recurso de apelación interpuesto; por ello, se advierte falta de motivación y fundamentación en el mismo; y, b) Dicho fallo de alzada tendría aspectos relacionados a la ubicación del terreno, el cual fue legalmente reconocido a través de la vía civil correspondiente, “…esta sala debe pronunciar en cuanto a la tutela que ha invocado la parte accionante y de esta manera poder garantizar el derecho que alega, en este caso el accionante al advertir vulneración de derechos, correspondiendo dar curso a la tutela invocada” (sic). Ante la solicitud de complementación de la Resolución supra dictada, por parte del peticionante de tutela; la citada Sala Constitucional dio curso a la misma, al advertir omisión en el pronunciamiento de fondo, disponiendo también la nulidad del Auto complementario de 14 de enero de 2021, siendo vinculante al fallo emitido. Mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2022, cursante a fs. 256 y vta., Abdon Ramiro Ramos Medrano y Antonio Uzeda Avalos, representantes de la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales -terceros interesados-, solicitaron explicación respecto de la Resolución supra dictada; a tal efecto, la citada Sala Constitucional, pronunció el Auto de 27 de igual mes y año, disponiendo no ha lugar a lo impetrado, al haber sido presentado fuera del plazo que otorga la normativa procesal constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso civil ordinario sobre reconocimiento de inexistencia de derechos y mejor derecho de propiedad, entrega de inmueble, nulidad de escritura pública, cancelación de inscripciones y pago de daños y perjuicios por hechos ilícitos, seguido por Mario Poma Ticona -ahora accionante-contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Juez de Partido en lo Civil y Comercial -hoy Juez Público Civil y Comercial- Cuarto de la Capital del citado departamento -en suplencia de su similar Tercero-, mediante Sentencia 87/2011 de 28 de marzo, declaró probada en parte la demanda; en consecuencia, la negación e inexistencia del derecho propietario de los demandados y mejor derecho de propiedad y reivindicación a favor del demandante, disponiendo que en ejecución de sentencia los nombrados entreguen el bien inmueble al peticionante de tutela, lote de terreno con una superficie de 10 344 m, sito en la zona Calacoto e inscrito en la oficina de DD.RR., bajo la Partida 01494885, actual Matrícula 2.01.1.01.0005632 dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, bajo apercibimiento de desapoderamiento. Improbada respecto a la acción de nulidad y daños y perjuicios, e improbada la acción reconvencional (fs. 5 a 9 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 400/2015 de 27 de octubre, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en virtud al recurso de apelación interpuesto por el citado Gobierno Autónomo Municipal contra la Sentencia 87/2011, confirmó y aprobó la misma (fs. 10 a 11 vta.). II.3. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 417/2017 de 12 de abril, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la mencionada entidad edil a través de su representante contra el señalado Auto de Vista y Auto complementario de 31 de diciembre de 2015 (fs. 12 a 16 vta.). II.4. Abdón Ramiro Ramos Medrano, en representación de la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales de La Paz -ahora terceros interesados-, a través del memorial de 9 de mayo de 2019, interpuso tercería de dominio excluyente dentro del proceso ordinario incoado (fs. 40 a 42 vta.); en mérito a ello, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 685/2019 de 25 de noviembre, declarando probada la tercería; en consecuencia, excluyó su bien inmueble del presente proceso, salvándose los derechos de la parte demandada -hoy impetrante de tutela- a la vía legal más conveniente, todo de conformidad a las previsiones del art. 360 del CPC (fs. 47 a 50). II.5. Por escrito presentado el 26 de febrero de 2020, el solicitante de tutela formuló recurso de apelación contra el fallo supra dictado; a tal efecto, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, pronunciaron el Auto de Vista A-292/2020 de 9 de octubre, confirmando el Auto Interlocutorio 685/2019. Ante la solicitud de complementación por parte del accionante, mediante memorial presentado el 13 de enero de 2021; los Vocales demandados emitieron el Auto de 14 del mismo mes y año, disponiendo no ha lugar a dicha pretensión. Ambas resoluciones fueron notificadas al accionante el 21 de octubre de 2021 (fs. 56 a 72).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y a la defensa; alegando que, dentro del proceso civil ordinario sobre mejor derecho de propiedad, entrega de inmueble y otros, que interpuso contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Sindicato de Trabajadores Municipales, los Vocales demandados mediante Auto de Vista A-292/2020 de 9 de octubre, confirmaron el Auto Interlocutorio 685/2019 de 25 de noviembre, pronunciado por el Juez a quo, que declaró probada la tercería de dominio excluyente presentada por la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales de La Paz -terceros interesados-; fallo de alzada que no se pronunció en forma motivada, fundamentada ni razonable sobre ninguno de los agravios individualizados en su recurso de apelación que formuló; considerando que, de acuerdo al art. 17.II de la LOJ, en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; extremo que no ocurrió en el presente caso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto al tema, la SCP 0655/2020-S2 de 12 de noviembre, sostuvo que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre sostuvo que ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: ‘La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…’” (las negrillas corresponden al texto original). Ahora bien, el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativo o cualquier otro, expresada en un fallo en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión, fue desarrollado por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre y está dado por sus finalidades, las cuales son: “…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. Sobre el segundo contenido, es decir lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia, la precitada SCP 2221/2012 desarrolló las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando que: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’.
b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’.
Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada” (el resaltado nos corresponde).
En relación al tópico, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, asumidos sobre este elemento del debido proceso, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (el énfasis es nuestro).
Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, en cuanto a ese principio estructurante del debido proceso, expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes. Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…’ . En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son añadidas).
De la revisión y cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, dentro del proceso civil ordinario sobre reconocimiento de inexistencia de derechos, mejor derecho de propiedad, entrega de inmueble y otros, seguido por Mario Poma Ticona -ahora accionante- contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Juez de Partido en lo Civil y Comercial -hoy Juez Público Civil y Comercial- Cuarto de la Capital del citado departamento -en suplencia de su similar Tercero-, pronunció la Sentencia 87/2011 de 28 de marzo, declarando probada en parte la demanda; en consecuencia, el mejor derecho de propiedad y reivindicación a favor del peticionante de tutela, disponiendo que en ejecución de sentencia los demandados entreguen el bien inmueble al prenombrado, consistente en un lote de terreno con una superficie de 10 344 m, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, bajo apercibimiento de desapoderamiento. Dicho fallo de primera instancia, fue confirmado mediante Auto de Vista 400/2015 de 27 de octubre, por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, en virtud al recurso de apelación interpuesto por el citado Gobierno Autónomo Municipal; y, luego, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 417/2017 de 12 de abril, declaró infundado el recurso de casación planteado por la indicada entidad edil contra el referido Auto de Vista y su Auto complementario de 31 de diciembre de 2015. Transcurridos varios años, Abdón Ramiro Ramos Medrano, en representación de la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales de La Paz -ahora terceros interesados-, mediante memorial de 9 de mayo de 2019, interpuso tercería de dominio excluyente dentro del proceso ordinario incoado; en mérito a ello, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 685/2019 de 25 de noviembre, declarando probada la tercería; en consecuencia, excluyó su bien inmueble del presente proceso, salvándose los derechos de la parte demandada -hoy impetrante de tutela- a la vía legal más conveniente, de conformidad a las previsiones del art. 360 del CPC. Producto de ello, el nombrado formuló recurso de apelación contra el citado fallo. A tal efecto, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandados-, pronunciaron el Auto de Vista A-292/2020 de 9 de octubre, confirmando la resolución impugnada; y, ante la solicitud de complementación del fallo supra, los Vocales demandados por Auto de 14 de enero de 2021, declararon no ha lugar a la misma.
Antes de ingresar al estudio de la presente causa, es pertinente aclarar que, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -tercero interesado, en su informe señaló que esta acción tutelar no cumplió el principio de subsidiariedad. Ante la presencia de hechos controvertidos pendientes de resolución, haciendo alusión a la existencia de dos procesos judiciales en materia penal y civil, actualmente sustanciados en la vía ordinaria. Al respecto, cabe señalar que la presentación de los referidos procesos en las instancias ordinarias pertinentes, no constituye un óbice para que la justicia constitucional despliegue su labor prevista en el art. 196 de la CPE. Toda vez que, el acto lesivo identificado en esta acción de defensa, es el Auto de Vista A-292/2020 constituido en la última decisión dictada en sede judicial que resolvió el recurso de apelación formulado por el accionante. Además el pronunciamiento a emitirse converge estrictamente en elementos constitutivos del debido proceso, y que ante una eventual concesión de la tutela, reabrirá la competencia de los Vocales demandados para pronunciarse nuevamente sobre la impugnación planteada. Por otra parte, añadió que, con relación a la superficie reclamada por el peticionante de tutela, este Tribunal emitió la SCP 0217/2019-S3; situación por la cual, concurriría el indicado principio. Sobre el particular, corresponde precisar que, el objeto procesal en el citado fallo constitucional es diferente del mencionado en la presente acción tutelar, además de ser distintos los sujetos procesales intervinientes; por tales motivos, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Aclarados dichos aspectos, estando determinados con precisión los antecedentes procesales concernientes a la presente causa; se advierte que, el impetrante de tutela interpuso este mecanismo constitucional, denunciando que el citado Auto de Vista no se pronunció en forma motivada, fundamentada ni razonable sobre ninguno de los agravios individualizados en su recurso de apelación que formuló; siendo estos: 1) El Auto Interlocutorio 685/2019 declaró probada la tercería de dominio excluyente, con el pretexto de que el tercerista no fue demandado ni citado con la demanda, excluyéndolo del proceso sin otorgar certidumbre ni especificar cómo el pronunciamiento fue general y no específica qué es lo que excluyó con tal determinación; 2) No existe indefensión en la Asociación tercerista, en virtud a su mismo planteamiento formulado en su memorial sobre tercería de dominio excluyente. Quedando establecido que, asumió defensa inicialmente a través de la postulación de oposición al desapoderamiento al bien inmueble de su propiedad, y después lo hizo por medio de la referida institución jurídica que fue sustanciada y resuelta;
3) El Juez de la causa, pese a reconocer qué es lo que se juzga y resuelve a través de una tercería de dominio excluyente, que busca cancelar la medida cautelar de embargo a un bien inmueble, que en el proceso no fue ni siquiera ordenado, librado ni trabado; contrariamente, decidió pronunciarse sobre un juicio de supuesta indefensión que no fue pedida expresamente por el tercerista;
4) Si la calidad de tercero está determinada por la propia parte y la autoridad judicial, resulta irrazonable que a través del fallo recurrido se le exija que forme parte de una nueva demanda, que sea citado y emplazado. Cuando quedó claro para el propio tercerista y juzgador, que al primero no le interesa el objeto ni debate de lo principal; sino solamente el desembargo del bien. Por lo que, resultó arbitrario que en la misma decisión le reconozca la calidad de parte demandada y tercerista, contrariando los razonamientos jurídicos expresados en la jurisprudencia constitucional;
5) En la parte final de la Resolución recurrida, no existe determinación clara y específica sobre qué es lo que excluye del proceso arbitrariamente la autoridad judicial. Los razonamientos que motivan tal decisión, afectan la seguridad jurídica. Por ello, la falta de claridad en la decisión, en coherencia con sus legítimos derechos, habría excluido el supuesto derecho de propiedad que alega tener la Asociación tercerista; razón por la que, la tercería debió declararse improbada;
6) Conforme a lo expresado en la tercería de dominio excluyente, el supuesto derecho que afirma tener la indicada Asociación tercerista, deviene por compra y venta a título gratuito de 10 725 mde superficie que efectuó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de dos Ordenanzas Municipales en 1979. Por consiguiente, la negación de supuestos derechos que afirma tener la citada entidad edil, se extienden por sucesión a la señalada Asociación; quedando descartada la supuesta indefensión, porque el art. 229.I y II del CPC, establece que los efectos de la sentencia, se extienden a las partes del proceso, como a las que traen o derivan sus derechos de aquellas, como el caso de la indicada Asociación;
7) La prueba que ofreció en su contestación, para contradecir y desacreditar la tercería promovida, no fue valorada en forma individual ni en conjunto en el Auto Interlocutorio recurrido. Al no haber sido tomada en cuenta, menos analizada en su contenido material, guardando silencio absoluto sobre su pertinencia. Por otra parte, la que fue valorada no resultó de un proceso intelectivo razonable, vulnerando sus derechos a ser oído, a la defensa e impugnación; y,
8) Se estableció que su persona es legítima y legal propietaria del bien inmueble de 10 344 mde superficie, ubicado en la zona de Calacoto de esa ciudad e inscrito en la oficina de DD.RR. La justicia dejó en claro la inexistencia de derecho real de propiedad del indicado Gobierno Autónomo Municipal y Sindicato de Trabajadores Municipales de La Paz, sobre la citada área geográfica; y, el derecho de propiedad que afirma tener la Asociación tercerista deviene por tradición, otorgado a través de las Ordenanzas Municipales “829/79 de 15 de mayo y 999/79 de 24 de mayo”, por las que la entidad edil transfirió a título gratuito los Aires del Río en la superficie de 10 725 m, de los cuales la mencionada Asociación extrajo actualmente 6 225 m de extensión. Resultando razonable sostener que, es su persona la que tiene reconocido mejor derecho de propiedad sobre dicha área geográfica.
Ahora bien, de acuerdo al principio de pertinencia, el Auto de Vista objetado debe circunscribirse necesariamente a los argumentos o agravios que contiene el recurso de apelación formulado por el solicitante de tutela y descrito en líneas precedentes; en ese entendido, a efectos de analizar si el mencionado fallo es congruente y contiene la debida fundamentación y motivación, corresponde conocer los extremos que lo sustentan: i) Las pruebas que cursan en obrados, demuestran el derecho propietario del tercerista, en aplicación del art. 360.II del CPC, las mismas que fueron valoradas debidamente; además, cuando se interpone tercería de dominio excluyente, se debe justificar o demostrar el derecho propietario con la correspondiente inscripción en el registro público, es decir, en la oficina de DD.RR., conforme al art. 1538 del Código Civil (CC); ii) En el presente caso, se presentó documento debidamente inscrito en la oficina de DD.RR., lo cual acredita su derecho propietario; por ello, se debe dar curso a la citada tercería presentada por Abdón Ramiro Ramos Medrano y otros, en representación de la Asociación de Jubilados y Rentistas Municipales de La Paz, y excluir su bien inmueble de la presente causa; y;
iii) “Por las razones precedentemente desarrolladas, se tiene por subsanada la fundamentación y motivación respecto a la tercería de dominio excluyente, por lo que, al haberse dispuesto probada la misma se ha obrado correctamente, por lo que corresponde su ratificación” (sic).
De acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de congruencia en su faceta externa, se entiende como la plena correspondencia o coincidencia que debe existir entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales o administrativas, aplicable en toda resolución, ya sea judicial o administrativa. Es decir, responde a la pretensión jurídica o la expresión de los agravios y/o denuncias formuladas por las partes o sujetos intervinientes, ya sea en la resolución de primera y/o segunda instancia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes. Teniendo presente el referido marco jurisprudencial, de la revisión de los fundamentos expresados en el Auto de Vista confutado, emitido por los Vocales demandados, se constata que los agravios puntuales cuestionados por el accionante en su recurso de apelación planteado, resumidos en los incisos 1) al 8) de este fallo constitucional, si bien fueron identificados y descritos parcialmente en el CONSIDERANDO II del citado fallo de alzada, no fueron considerados por las autoridades prenombradas, al momento de emitir su decisión. En virtud a ello, se llegó a evidenciar que no existe la debida concordancia entre lo pedido y lo resuelto; consiguientemente, incumplió los lineamientos previstos por la jurisprudencia constitucional glosada en líneas que anteceden, siendo evidente la falta de congruencia externa en la Resolución impugnada, al no concurrir la plena correspondencia entre las interrogantes vertidas por el peticionante de tutela, deducidas en su medio recursivo y lo dispuesto en el Auto de Vista A-292/2020. Por otra parte, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad ya sea judicial o administrativa que pronuncie una resolución, de manera obligatoria debe exponer los hechos; así como, fundamentar y motivar a través de la exposición de las razones que le llevaron a tomar determinada decisión, las cuales deben ser expuestas de forma clara y concisa, citando a su vez las disposiciones legales que la sustentan, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones, tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y fondo que permita la comprensión del recurrente o afectado.
En el marco del entendimiento jurisprudencial precedentemente anotado, y del examen de los fundamentos expresados en el merituado fallo objeto de análisis, se advierte claramente que el mismo transgrede el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, porque no cumple con los lineamientos descritos en el citado Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución constitucional, al contener una motivación insuficiente. Debido a que, los Vocales demandados se limitaron específicamente a describir el marco normativo legal respecto a la tercería de dominio excluyente, conceptualizando dicho instituto jurídico, los alcances y requisitos para su procedencia; asimismo, valoraron las pruebas presentadas por la entidad que postuló la tercería, afirmando que se presentó documento inscrito en la oficina de DD.RR., que acreditaría su derecho propietario sobre el bien inmueble, lote de terreno y las características del mismo; concluyendo por tanto que se debía dar curso a su pedido. Sin embargo, de manera extraña no se pronunciaron en absoluto en cuanto a los cuestionamientos o denuncias expresadas por el accionante en su recurso de apelación incoado, pese a la existencia de la correspondiente justificación de cada uno de ellos de manera individualizada, que ameritaban su consideración por parte del Tribunal de alzada; o a contrario sensu, los motivos para no tomarlos en cuenta.
Contrariamente, dichas autoridades se limitaron a señalar que contra la interposición de la citada tercería, la parte demandante -hoy peticionante de tutela- apeló, oponiéndose a la misma; pero sin expresar mayores argumentos al respecto. En ese contexto, no contiene una debida y adecuada motivación y fundamentación enmarcada en los agravios denunciados por el prenombrado, que sustente de manera razonable su determinación de confirmar el Auto Interlocutorio 685/2019.
Consecuentemente, advirtiendo que el Auto de Vista A-292/2020, emitido por los Vocales demandados no contiene la debida motivación, traducida en una decisión insuficiente, la justicia constitucional puede disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra nueva. Conforme a los razonamientos expresados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, máxime si con una argumentación carente de motivación y fundamentación, a su vez omitió pronunciarse sobre las interrogantes cuestionadas por el impetrante de tutela, en su recurso de apelación planteado. Situación que conlleva a que el prenombrado se encuentre impedido de comprender las razones de la determinación asumida por las merituadas autoridades judiciales.
Por lo precedentemente señalado, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y congruencia alegados por el impetrante de tutela, al constituirse el fallo cuestionado en el acto lesivo respecto a los intereses del mismo, siendo viable en consecuencia la tutela que brinda este mecanismo constitucional. Finalmente, en lo concerniente al derecho a la defensa, también se advierte su lesión; pues, a pesar de que el accionante activó la apelación como un mecanismo útil y legalmente previsto para ejercer ese derecho, el mismo se tornó en ineficaz por la falta de una respuesta congruente, motivada y debidamente fundamentada a sus argumentos. Esto ocasionó la conculcación de la potestad inviolable del peticionante de tutela para ser escuchado en cada una de las fases procesales. Toda vez que, el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, comprende el acceso a los mecanismos de impugnación que en su faceta material, implica que se satisfaga el fin para el que fue concebida; lo que no puede alcanzarse, si no se toman en cuenta los puntos controvertidos por las partes; por lo que, corresponderá su tutela.
De los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que, una vez presentada el 7 de abril de 2022, la acción de amparo constitucional, y luego de haber sido subsanada, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante auto de 13 del mismo mes y año, admitió la misma el 13 de igual mes y año, señalando audiencia pública para el 13 de mayo del indicado año, la cual fue luego aplazada para el 14 de junio del citado año, debido a la falta de notificación al codemandado y terceros interesados; en dicho actuado, nuevamente se dispuso la suspensión de la audiencia sin reprogramación, al no haberse cumplido todas las formalidades de ley; señalándose otra mediante decreto, para el 12 de julio del referido año; que, luego de su instalación, fue diferida para el 17 de agosto de 2022, siendo la misma de igual manera prorrogada sin fecha. Posteriormente, mediante providencia de 19 de septiembre de señalado año, se fijó el referido actuado procesal, para el 24 de octubre del citado año; fecha en la que finalmente se llevó a cabo la merituada audiencia de garantías. Conforme a lo expuesto, se advierte una dilación excesiva en el conocimiento y tramitación del presente caso de más de seis meses, desde la fecha de admisión de este mecanismo constitucional, hasta la celebración de la citada audiencia, atribuible principalmente a la indicada Sala Constitucional, con el consiguiente perjuicio ocasionado al impetrante de tutela, vulnerando de esa manera el principio de celeridad previsto en el art. 3.4 del CPCo, que debe ser observado por las juezas, jueces, tribunales de garantías y salas constitucionales al resolver los procesos, evitando demoras indebidas a tiempo de impartir justicia constitucional; en consecuencia, corresponde exhortar a los Vocales de la referida Sala Constitucional, para que en lo posterior ejerzan sus labores con mayor responsabilidad. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 264/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 247 a 253, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la referida Sala Constitucional y conforme a los argumentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a los miembros de la citada Sala Constitucional, a objeto de que cumplan sus labores con mayor responsabilidad y compromiso, observando los plazos procesales previstos en la normativa pertinente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0205_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): c55e1779cbaee6c206e1894b3b4418b05e971f205ef266c0389ab8f9a4cab1d6
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