B.IA.LEGAL

SCP 0205/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 4 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
4 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48163-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, vinculado con los principios de celeridad y publicidad; toda vez que, mediante proveído de 31 de mayo de 2022, las autoridades hoy demandadas rechazaron su solicitud de requerimiento a distintas entidades del Estado y reparticiones de otros países, para conocer información sobre María Magdalena Nieto León, mencionada en la audiencia de medidas cautelares, cuya declaración en el proceso considera relevante para lograr la cesación de su detención preventiva; dado que, uno de los fundamentos para la restricción de su libertad fue que existía la posibilidad de influir sobre la madre de uno de los coimputados, específicamente la madre de Ignacio Angus Nieto; de manera que, al denegarse su solicitud, se generó una dilación indebida que vulnera sus derechos; Asimismo, las autoridades demandadas incurrieron en dilación indebida en el caso, porque no procedieron a tomar la declaración informativa de María Magdalena Nieto León, nombrada en la audiencia cautelar como “testigo de cargo”; siendo más bien, su persona quien tomó distintas acciones para lograr aquello. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 32/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 87 a 92 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.
  2. III.2. La acción de libertad de pronto despacho. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0205/2024-S4 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48163-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 87 a fs. 92 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera, Sara Nancy Villarroel Bustios y María Lilian Villalta Maldonado, todos Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de junio de 2022, cursante de fs. 41 a 45 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, mediante Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero, la autoridad judicial dispuso su detención preventiva, bajo el fundamento contenido en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); al considerar que, existía la posibilidad de influir sobre la madre de uno de los coimputados, específicamente la madre de Ignacio Angus Nieto; por lo que, al haber sido presentada esa información de forma genérica, tuvo que realizar distintas solicitudes a la autoridad fiscal demandada, con el objetivo de conocer el nombre y los datos de la madre del señalado coimputado, habiéndose emitido informe por el Servicio de Registro Cívico (SERECI), identificando a María Magdalena Nieto León, como progenitora de Ignacio Angus Nieto; con lo cual, solicitó se cite a dicha persona para que declare en calidad de testigo de cargo, al haber sido promovida por el Ministerio Público, en la audiencia cautelar. No obstante, los asignados al caso, presentaron un informe señalando que no se puede realizar dicha citación; debido a que, no se tiene ningún dato de María Magdalena Nieto León; lo que motivó que, el 30 de mayo del mismo año, presente distintos requerimientos con el objeto de recabar la información necesaria para lograr la citación a la mencionada persona, y también saber si la misma se encuentra en territorio nacional; además, de requerir que los investigadores asignados al caso, informen sobre las actuaciones realizadas para tomar la declaración informativa de los sindicados; así como, de los testigos de cargo, dado que ello sería relevante para arribar a la verdad histórica de los hechos; sin embargo, mediante decreto de 31 de mayo de 2022, que fue cargado al sistema el 1 de junio de igual año, los requerimientos fueron rechazados, bajo el fundamento que dicha persona no es investigada en la causa; sin considerar que, es una testigo de cargo del Ministerio Público, quien no realizó ningún tipo de acción para tomar su declaración informativa, siendo más bien su persona quien aportó elementos para identificar a la testigo, constituyéndose dicha conducta en un acto dilatorio que vulnera sus derechos fundamentales. Las autoridades hoy demandadas, no consideraron que su solicitud está vinculada a su derecho a la libertad, de manera que, al no obtener una respuesta completa y positiva de parte de ellas, respecto a un requerimiento no investigativo; sino, vinculado a obtener elementos para solicitar la cesación de su detención preventiva, se genera una dilación indebida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, vinculado con los principios de celeridad y publicidad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que deje sin efecto el decreto de 31 de mayo de 2022; y, se ordene en su lugar se emita nueva resolución dando curso a los requerimientos insertos en los otrosíes del memorial de igual mes e igual año, con las formalidades de ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 3 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 83 a fs. 86 y vta.; presentes la parte accionante y las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, haciendo uso de la palabra en audiencia, ratificó su acción y ampliándola; señaló que: a) Dentro de la causa penal abierta en su contra, el 14 de marzo de 2022, solicitó la declaración de María Magdalena Nieto León, lo cual fue reiterado el 24 de marzo del indicado año; por lo que, los investigadores asignados al caso emitieron un informe el 4 de abril del mismo año; señalando que, de la revisión del cuaderno de investigación no se registra ningún documento referente al domicilio o número de teléfono de la testigo de cargo María Magdalena Nieto León; habiéndose, nuevamente reiterado la solicitud, el 18 de abril de 2022; y, b) Las autoridades demandadas, como parte de la comisión de fiscales, ya tienen conocimiento de la información requerida al Órgano Electoral, al SERECI, y al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); entendiendo que, María Magdalena Nieto León es de nacionalidad ecuatoriana y tiene diferentes empresas en territorio español; ello, para conocer los datos sobre dónde se encuentra dicha persona; y saber si se la puede citar a declarar en la causa, y así enervar el riesgo de obstaculización, por el que se dispuso su detención preventiva; considerando que, de acuerdo a la “SCP 0442/2021-S3” de 10 de agosto, el Ministerio Público tiene la obligación de dar curso a cualquier petición, que tenga por objeto la obtención de elementos para una solicitud de cesación de la detención preventiva; empero, la comisión de fiscales rechazaron dicha petición, señalando que la indicada persona no es sujeto de investigación; por lo que, no pueden brindar ninguna información al respecto, sin considerar que su solicitud se encuentra vinculada con su derecho a la libertad; al tener, como propósito la obtención de prueba para sustentar la cesación a su detención preventiva; en el marco del razonamiento expuesto en la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, cualquier solicitud vinculada al derecho a la libertad personal, como es el caso de documentación requerida para impetrar la cesación a la detención preventiva, tiene que ser concedida en los términos que sean solicitados por el interesado.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Sara Nancy Villarroel Bustios, Fiscal de Materia, en audiencia informó que: 1) La solicitud presentada, por la parte ahora accionante, no se adecua a lo establecido por el art. 125 de la CPE; dado que, no se precisó de qué manera la vida del impetrante de tutela se encuentra en peligro, o que es ilegalmente perseguido; al contrario, el mismo solicitante de solicitante señaló que, se encuentra privado de su libertad porque la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva, tampoco se estableció que esté indebidamente procesado o privado de su libertad; 2) De acuerdo al Sistema del Tribunal Constitucional Plurinacional, el ahora accionante, a través de su abogado, no solo presentó esta acción de libertad, también lo hizo el 30 de mayo de 2022, “contra el Juez de Ejecución Penal Cuarto de La Paz, el 14 de abril contra la Sala Segunda del Tribunal De La Paz, el 13 de abril, y también contra el Juez de Sentencia Décimo Primero del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, el 13 de abril de 2022 contra los Vocales de la Sala del Tribunal Departamental De Justicia de La Paz, el 29 de marzo contra la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”(sic); lo que demuestra que, se hace un abuso de la acción de libertad por el ahora impetrante de tutela; 3) Si bien es cierto que, los fiscales tienen la obligación de realizar actos investigativos concernientes al hecho que se investiga, ello no puede significar la violación de los derechos de otras personas, como es el caso de la solicitud presentada por la parte solicitante de tutela para que se emitan requerimientos a distintas instituciones y reparticiones de otros países, para que se extiendan requerimientos, con la pretensión de obtener información sobre María Magdalena Nieto León y su lugar de residencia, nacionalidad, partidas de registro, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción u otros, generales de ley, tarjeta de identificación personal, flujo migratorio con ingresos y salidas, informes sobre la condición en la que se encuentran en el territorio de otros países, pasaporte u otro documento similar, entre otros; 4) La “SCP 0442/2021-S3”, citada por la parte accionante, no guarda analogía con el caso que se analiza; puesto que, en la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional se analizan conductas relacionadas con los delitos de falsificación de documentos, manipulación informática, alteración, ocultación, beneficio en función del cargo, lo que difiere de la causa ahora examinada, donde se analiza el delito de legitimación de ganancias ilícitas por corrupción; 5) Cuando se resolvió rechazar lo solicitado por la ahora accionante, se realizó una revisión minuciosa de toda la solicitud; habiendo emitido en consecuencia, una providencia fundamentada, precisando quienes eran investigados en la causa, y donde no se encuentra María Magdalena Nieto León; de manera que, no se puede emitir requerimientos para alguien que no es sujeto de investigación; y, 6) La parte impetrante de tutela; sostiene que, fue el Ministerio Público quien ofreció como testigo de cargo a María Magdalena Nieto León, lo cual no resulta cierto, aspecto que se puede evidenciar de la Resolución de Imputación Formal, en la que no se consigna como riesgo procesal el nombre de dicha persona; asimismo, cuando la autoridad jurisdiccional emitió la resolución de medida cautelar en el caso, se hizo referencia a dos personas, Omar Rojas y Ignacio Angus Nieto; además, de una tercera persona que sería una mujer, pero no dice el nombre de la persona que se debe investigar, recepcionar declaraciones y demás, o que esta persona podría influenciar o generar algún tipo de riesgo para el imputado. Razones por las cuales, debe rechazarse la tutela impetrada. Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera, Fiscal de Materia, haciendo uso de la palabra en audiencia, informó que: i) Es evidente que todo imputado tiene derecho de solicitar los requerimientos fiscales que considere pertinentes para impetrar la cesación o modificación de una medida cautelar impuesta en su contra; pero también, es cierto que se debe analizar el contenido de la “SCP 0442/2021-S3”; así como, la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, precisando cual es la ratio decidendi en cada una de ellas; dado que, se debe atender las solicitudes de requerimientos, en la medida en que los documentos impetrados pueden servir al imputado; en el caso, dar curso a lo solicitado por el ahora solicitante de tutela investigando a una tercera persona ajena al proceso no está apegado a la ley; de manera que, al haber rechazado la solicitud de requerimientos presentados por el hoy accionante, no significa lesión a sus derechos fundamentales; ii) No se puede hacer uso indiscriminado de las acciones constitucionales, pues si el impetrante de tutela se sintió afectado en sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, con la emisión de la resolución de rechazo, debió presentar objeción para que sea resuelta por el Fiscal Departamental; y, iii) Es importante tomar atención a la “Resolución 59/22”, sobre la audiencia de medidas cautelares, con relación a que el imputado puede influir negativamente en la víctima, familiares, testigos y peritos; sin embargo, lo señalado por el solicitante de tutela en cuanto al art. 235.2 del CPP, solamente hace referencia a dos personas, que son los sujetos de investigación; y que, la persona investigada en ningún momento responde al nombre de María Magdalena Nieto León; de tal manera que, no tiene ningún asidero la solicitud presentada, para ampararse en una acción de libertad, cuando existen otros medios a los que puede recurrir para la cesación de su detención preventiva; de forma que, el solicitante de tutela debería presentar sus solicitudes dentro del marco normativo; razón por la cual, pidió se deniegue la tutela impetrada. María Lilian Villalta Maldonado, en audiencia, manifestó lo siguiente: a) Realizar actos contra una persona que no está involucrada dentro de la investigación constituye un acto lesivo a sus derechos y garantías, pues es un derecho fundamental el respeto a la dignidad personal, lo que involucra su privacidad y el derecho de saberse investigada antes de la emisión de cualquier acto de investigación; y, b) La misma Sentencia Constitucional citada por la parte impetrante de tutela, SC 1399/2003 de 16 de agosto, establece entre sus fundamentos, que para que se pueda delimitar la subsidiariedad en la acción de libertad, debe haber un acto lesivo; el cual, está traducido en que la persona se encuentre con una restricción total o supresión de sus derechos, y que no haya tenido la oportunidad de impugnar los actos lesivos, lo que no aconteció en el caso de análisis; puesto que, la respuesta otorgada por el Ministerio Público respecto de la solicitud de una persona no investigada, debió ser objeto de control jurisdiccional, o mediante la objeción como medio más directo, conforme establece el art. 306 del CPP; ya que, el no haberlo hecho así, indica la dejadez de la parte interesada, que está realizando un uso abusivo de la acción tutelar. Razón por la que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, mediante Resolución 32/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 87 a 92 vta., concedió la tutela impetrada, en la vía innovativa, dejando sin efecto el requerimiento de 31 de mayo de 2022, suscrito por Sara Nancy Villarroel Bustios, Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera y María Lilian Villalta Maldonado, Fiscales de Materia; disponiendo que, en su lugar resuelvan en primera instancia sobre la situación jurídica de María Magdalena Nieto León en la causa; y, una vez ello, emitan respuesta fundamentada respecto al memorial presentado por el solicitante de tutela el 30 de mismo mes y año, todo bajo los siguientes fundamentos: 1) La respuesta otorgada por el Ministerio Público a la solicitud formulada por el ahora accionante, desconoce y contradice sus propios actuados dentro del caso al indicar que María Magdalena Nieto León no es sujeto de investigación en la causa; empero, se ha establecido que ya en la audiencia cautelar la indicada persona no es testigo de cargo ni de descargo, sino parte de la investigación; y, 2) Existe contradicción en el impetrante de tutela, al indicar por una parte que la referida persona es testigo de cargo del Ministerio Público; extremo que, no fue probado, al contrario se ha establecido que la misma es una persona que podría ser o formar parte de la investigación en curso, pero de otro lado, se señala que sería una testigo de descargo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero, y Auto de explicación, complementación y enmienda de la misma fecha, relativa a medidas cautelares, pronunciada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Maximiliano Dávila Pérez y otros, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, se determinó la aplicación de la detención preventiva para el ahora solicitante de tutela, a cumplirse en el centro penitenciario de San Pedro de La Paz, por el lapso de seis meses; bajo el fundamento, entre muchos otros, que el imputado podría influir negativamente en la víctima, familiares, testigos, peritos, refiriéndose entre estos, a la madre del co-sindicado Ignacio Angus Nieto (fs. 17 a 33). II.2. A través de memorial presentado a la Fiscal de Materia Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera, el 14 de marzo de 2022, el hoy accionante de tutela solicitó, entre otros, que por el investigador asignado al caso de proceda a tomar la declaración de María Magdalena Nieto León, cumpliendo las formalidades correspondientes; ello, con el objeto de desvirtuar lo previsto en el art. 235.2 del CPP y solicitar la cesación a su detención preventiva (fs. 34). II.3. Cursa Informe de 4 de abril de 2022, elaborado por los investigadores asignados al caso, dirigido a Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera, “Fiscal de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas”, en cuyo tenor refiere no contar con datos relativos al domicilio o número telefónico de María Magdalena Nieto León, para proceder a su citación en calidad de “testigo de descargo”; motivo por el cual, representaron la diligencia de notificación a dicha persona (fs. 35 a 36). II.4. Mediante orden de citación de 18 de abril de 2022, la Fiscal de Materia asignada al caso, dispuso la citación formal de María Magdalena Nieto León, en calidad de “testigo de descargo”, para el 29 de abril del señalado año, consignando al efecto, el domicilio en que debía hacerse efectiva la citación (fs. 37). II.5. Por memorial presentado el 30 de mayo de 2022, el ahora impetrante de tutela, argumentando la necesidad de contar con elementos para solicitar la cesación a su detención preventiva, pidió se emitan requerimientos fiscales al Órgano Electoral Plurinacional, SERECI, SEGIP, Embajada del Reino de España en Bolivia y Embajada de Ecuador en Bolivia, en relación a datos de María Magdalena Nieto León, como: Generales de ley; nacionalidad; partidas de nacimiento, matrimonio y defunción; tarjera de identificación personal; flujo migratorio que incluya el ingreso y salida del país; los documentos con los que realizó el ingreso y salida; certificaciones sobre su radicación, en qué calidad o con qué documento (fs. 38). II.6. A través de proveído de 31 de mayo de 2022, las autoridades ahora demandadas, en respuesta a la solicitud presentada por el hoy impetrante de tutela, señalaron que, de la revisión exhaustiva de los antecedentes arrimados al caso, se establece que María Magdalena Nieto León no es sujeta a investigación y por consiguiente, no es posible ingresar a los datos personales de la citada ciudadana; debido a que, ello violentaría lo dispuesto en el art. 130 de la CPE; asimismo, considerando que todos los antecedentes del cuaderno de investigación se encuentran digitalizados, por tanto, al alcance de las partes del proceso, a través del portafolio digital, no ha lugar a lo solicitado, en cuanto a que los policías asignados al caso informen sobre las diligencias practicadas para tomar la declaración de la citada persona (fs. 40).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, vinculado con los principios de celeridad y publicidad; toda vez que, mediante proveído de 31 de mayo de 2022, las autoridades hoy demandadas rechazaron su solicitud de requerimiento a distintas entidades del Estado y reparticiones de otros países, para conocer información sobre María Magdalena Nieto León, mencionada en la audiencia de medidas cautelares, cuya declaración en el proceso considera relevante para lograr la cesación de su detención preventiva; dado que, uno de los fundamentos para la restricción de su libertad fue que existía la posibilidad de influir sobre la madre de uno de los coimputados, específicamente la madre de Ignacio Angus Nieto; de manera que, al denegarse su solicitud, se generó una dilación indebida que vulnera sus derechos; Asimismo, las autoridades demandadas incurrieron en dilación indebida en el caso, porque no procedieron a tomar la declaración informativa de María Magdalena Nieto León, nombrada en la audiencia cautelar como “testigo de cargo”; siendo más bien, su persona quien tomó distintas acciones para lograr aquello. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada

Por disposición del art. 125 de la CPE, la acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa de los derechos a la libertad y la vida de toda persona, cuando considere que su vida se encuentre en peligro o que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, siendo una de sus características más relevantes la exención de formalidades procesales para su activación; dado que, puede ser presentado por cualquier persona afectada u otra a su nombre sin necesidad de mayor exigencia que su sola identificación, además que puede ser realizada por escrito o de manera verbal.

No obstante lo indicado, la jurisprudencia constitucional ha establecido la aplicación excepcional del principio de subsidiariedad en la acción de libertad; tomando en cuenta que, la ley prevé en los correspondientes procedimientos, medios específicos de impugnación de las resoluciones, los cuales deben ser utilizados por los agraviados en cada caso con el fin de que se restituyan los derechos y/o garantías fundamentales considerados como vulnerados. Así se tiene razonado en la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, cuando señaló: “…la acción de libertad (…) se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad” (las negrillas son nuestras); razonamiento que también fue expresado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, que señaló: “…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. Razonamiento que fue asumido también en las SSCCPP 0140/2019-S4 de 25 de abril; 0019/2022-S4 de 4 de abril; y, 0261/2022-S4 de 11 de mayo, entre muchas otras.

En ese sentido, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, si dentro del proceso ordinario la ley prevé expresamente recursos de impugnación contra las resoluciones pronunciadas, corresponde que la parte agraviada haga uso de los mismos con carácter previo a recurrir a la acción de libertad, en aplicación excepcional del principio de subsidiariedad.

III.2. La acción de libertad de pronto despacho. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal

Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”. A su vez, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, precisó que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. Además, enfatizó que: '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Con base en la jurisprudencia constitucional glosada se puede señalar que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas o dilaciones indebidas que vulneran los derechos fundamentales de las personas cuya libertad se encuentre privada o restringida; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. del CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis, el impetrante de tutela denuncia la lesión al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, vinculado con los principios de celeridad y publicidad; toda vez que, mediante proveído de 31 de mayo de 2022, las autoridades demandadas rechazaron su solicitud de requerimiento a distintas entidades del Estado y reparticiones de otros países, para conocer información sobre María Magdalena Nieto León, mencionada en la audiencia de medidas cautelares, cuya declaración en el proceso considera relevante para lograr la cesación de su detención preventiva; dado que, uno de los fundamentos para la restricción de su libertad fue que existía la posibilidad de influir sobre la madre de uno de los coimputados, específicamente la madre de Ignacio Angus Nieto; de manera que, al denegarse su solicitud, se generó una dilación indebida que vulnera sus derechos; Asimismo, las autoridades demandadas incurrieron en dilación indebida en el caso, porque no procedieron a tomar la declaración informativa de María Magdalena Nieto León, nombrada en la audiencia cautelar como “testigo de cargo”; siendo más bien su persona, quien tomó distintas acciones para lograr aquello. De la revisión de los antecedentes que se acompañan al legajo constitucional y conforme con las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, por Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero, y Auto de explicación, complementación y enmienda de la misma fecha, relativa a medidas cautelares, pronunciada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Maximiliano Dávila Pérez y otros, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, se determinó la aplicación de la detención preventiva para el ahora solicitante de tutela, a cumplirse en el centro penitenciario de San Pedro de La Paz, por el lapso de seis meses; bajo el fundamento, entre muchos otros, que el imputado podría influir negativamente en la víctima, familiares, testigos, peritos; refiriéndose entre estos, a la madre del co-sindicado Ignacio Angus Nieto. A través de memorial presentado a la Fiscal de Materia Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera, el 14 de marzo de 2022, el hoy accionante solicitó, entre otros, que por el investigador asignado al caso se proceda a tomar la declaración de María Magdalena Nieto León, cumpliendo las formalidades correspondientes; ello, con el objeto de desvirtuar la causal prevista en el art. 235.2 del CPP y solicitar la cesación a su detención preventiva; sin embargo, por Informe de 4 de abril de 2022, elaborado por los investigadores asignado al caso, dirigido a la autoridad fiscal precitada; en cuyo tenor refiere, no contar con datos relativos al domicilio o número telefónico de María Magdalena Nieto León, para proceder a su citación en calidad de “testigo de descargo”; motivo por el cual, representaron la diligencia de notificación a dicha persona. Posteriormente, mediante orden de citación de 18 de abril de 2022, la Fiscal de materia, dispuso la citación formal de María Magdalena Nieto León, en calidad de “testigo de descargo”, para el 29 de abril del señalado año, consignando al efecto, el domicilio en que debía hacerse efectiva la citación (calle Batallón Colorados ‘Edificio Batallón Colorados’, piso 3). No obstante lo señalado, por memorial presentado el 30 de mayo de igual año antes referido, el ahora impetrante de tutela, argumentando la necesidad de contar con elementos para solicitar la cesación a su detención preventiva, pidió se emitan requerimientos fiscales al Órgano Electoral Plurinacional, SERECI, SEGIP, Dirección Nacional de Migración, Embajada del Reino de España en Bolivia y Embajada de Ecuador en Bolivia, en relación a datos de María Magdalena Nieto León, como: Generales de ley; nacionalidad; partidas de nacimiento, matrimonio y defunción; tarjera de identificación personal; flujo migratorio que incluya el ingreso y salida del país; documentos con los que realizó el ingreso y salida; y, certificaciones sobre su radicación y en qué calidad o con qué documento. La indicada solicitud, fue contestada por las autoridades ahora demandadas, a través de proveído de 31 de mayo de 2022; quienes señalaron que, de la revisión exhaustiva de los antecedentes arrimados al caso, se establece que María Magdalena Nieto León no es sujeta a investigación; y por consiguiente, no es posible ingresar a los datos personales de la citada ciudadana; debido a que, ello violentaría lo dispuesto en el art. 130 de la CPE; asimismo, considerando que todos los antecedentes del cuaderno de investigación se encuentran digitalizados, por tanto, al alcance de las partes del proceso, a través del portafolio digital, no ha lugar a lo solicitado en cuanto a que los policías asignados al caso informen sobre las diligencias practicadas para tomar la declaración de la citada persona. Siendo que lo denunciado por la parte hoy accionante es la decisión de fondo asumida por las autoridades demandadas, respecto a la solicitud de requerimientos, corresponde traer a colación el razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en cual, se estableció que, si dentro del proceso ordinario la ley prevé expresamente recursos de impugnación contra las resoluciones pronunciadas, corresponde a la parte agraviada hacer uso de los mismos con carácter previo a recurrir a la acción de libertad, en aplicación excepcional del principio de subsidiariedad; supuesto que no acontece en la causa; debido a que, como fue señalado precedentemente, el ahora solicitante de tutela, una vez notificado con el proveído de 31 de mayo de 2022, emitido por las autoridades hoy demandadas, por el que rechazaron expedir los requerimientos fiscales solicitados por el ahora accionante, bajo los fundamentos allí expuestos, correspondía a dicha parte activar previamente el mecanismo de objeción previsto en el art. 306 del CPP, cuya norma señala: “(Proposición de diligencias). Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles. La negativa deberá ser fundamentada. Cuando el fiscal rechace la proposición de diligencias que se estiman esenciales, las partes podrán objetar el rechazo ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de setenta y dos horas” (las negrillas nos pertenecen). En ese sentido, respecto a la decisión asumida por las autoridades fiscales ahora demandadas, de rechazar la solicitud de emisión de requerimientos fiscales presentada por el ahora impetrante de tutela, se hace aplicable la subsidiariedad excepcional descrita en el precitado Fundamento Jurídico; dado que, se interpuso de manera directa la presente acción de tutela constitucional, sin objetar previamente dicha determinación, para que sea resuelta por el Fiscal Departamental, lo que hace inviable el análisis de lo argumentado en cuanto a este aspecto. De otro lado, se señala por el solicitante de tutela que las autoridades demandadas incurrieron en dilación indebida en la causa, porque no procedieron a tomar la declaración informativa de María Magdalena Nieto León, nombrada en la audiencia cautelar como “testigo de cargo”, siendo más bien, su persona el que tomó distintas acciones para lograr aquello, sin considerar que su solicitud está vinculada a su derecho a la libertad; y que, al no obtener una respuesta completa y positiva de las autoridades demandas, respecto a un requerimiento no investigativo, sino vinculado a obtener elementos para solicitar la cesación de su detención preventiva, se genera una dilación indebida. Al respecto, dicho reclamo se encuentra vinculado en parte con lo resuelto precedentemente, en cuanto a las razones por las cuales las autoridades fiscales demandadas decidieron rechazar lo solicitado por el ahora accionante, de manera que, lo resuelto al respecto se hace aplicable también en esta parte del reclamo; toda vez que, la respuesta otorgada mediante decreto de 31 de mayo de 2022, debió haber sido objetada por el hoy impetrante de tutela, conforme a lo dispuesto en el art. 306 del CPP. En cuanto a la dilación indebida que se reclama, debemos referirnos a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; en cuanto a que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas o dilaciones indebidas que vulneran los derechos fundamentales de las personas cuya libertad se encuentre privada o restringida; ello tomando en cuenta que, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. del CADH; y, 14.3 inc. c) del PIDCP, que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; sin embargo, en el caso de análisis debe considerarse que el acto identificado como lesivo es el decreto de 31 de mayo de 2022; sobre el cual podemos señalar que, al haber sido presentada la solicitud el 30 de igual mes y año, y haberse providenciado al día siguiente, este Tribunal no advierte dilación alguna, en su atención; de manera que, no resulta evidente lo denunciado al respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada en la vía innovativa, dejando sin efecto el requerimiento de 31 de mayo de 2022, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 32/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 87 a 92 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0205_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.

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