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SCP 0204/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Plena · 23 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
23 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
59088-2023-119-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 31 de octubre, cursante de fs. 161 a 163, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos y alcances dispuestos por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0204/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 59088-2023-119-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 10/2023 de 31 de octubre, cursante de fs. 161 a 163, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cecilia Khymberly Bejarano Ferrufino, en representación sin mandato de Marcel López Ferrufino contra Bertha Fabiola Ríos Rodas, Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital, Sub Comandante de la Policía Boliviana del municipio de Azurduy, ambos del departamento de Chuquisaca; y, Bethy Llampa Cuellar.

I. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.

II. OBJETO PROCESAL

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, a la seguridad personal, al debido proceso y a la seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso de asistencia familiar seguida por Bethy Llampa Cuellar -codemandada-, el 28 de octubre de 2023, acompañado de efectivos policiales del Sub Comando de la Policía Boliviana del municipio de Azurduy del departamento de Chuquisaca -codemandados-; a través, de un mandamiento de apremio librado por la Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Chuquisaca -codemandada-, restringieron su libertad; sin considerar que, la beneficiaria desde el 11 de diciembre de 2021, cuenta con mayoría de edad y con capacidad de obrar jurídicamente, al estar debidamente apersonada dentro del referido proceso; en consecuencia, la titularidad de exigir la asistencia familiar, correspondía a dicha beneficiaria; por ello, ninguna persona a su nombre debió ejercitar ningún actuado procedimental posterior a la señalada fecha; por lo que, solicitó su inmediata libertad. La Jueza demandada, sostiene que, Bethy Llampa Cuellar solicitó liquidación de pensiones devengadas del mes de mayo de 2017 a 31 de mayo de 2023, cuando la beneficiaria era menor de edad; aprobó la planilla de asistencia familiar y otorgó al accionante un plazo de tres días para cancelar la suma de Bs29 200,00.- (veintinueve mil doscientos bolivianos); empero, dicho monto no fue efectivizado motivo por el cual emitió mandamiento de apremio en su contra. El Sub Comando de la Policía, codemandado, sostuvo que los funcionarios policiales, cumplieron con la ejecución del mandamiento de apremio, que fue librada legalmente por la Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Chuquisaca. La codemandada, Bethy Llampa Cuellar, señaló que, el 29 de mayo de 2023, presentó liquidación de planilla de asistencia familiar, con el que fue notificado el accionante mediante comisión instruida; sin embargo, no hizo observación a la referida liquidación de planilla, tampoco a la supuesta falta de su personería; y que, se encuentra pendiente de resolución un incidente de falta de personería activa y nulidad de actos procesales. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 10/2023 de 31 de octubre, cursante de fs. 161 a 163, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La actividad procesal cuestionada debe ser resuelta en la vía ordinaria al existir los mecanismos de defensa, máxime si los mismos han sido activados, como sucede en el caso de autos, habiendo el ahora accionante interpuesto el incidente de falta de personería activa y nulidad de actos procesales, además del pago parcial de la asistencia familiar; incidente que, debe ser resuelto por la autoridad jurisdiccional competente a fin de resolver sobre la legitimidad de la parte demandante, así como el anuncio de pago parcial de asistencia familiar, y solo de persistir la vulneración del derecho a la libertad deberá activarse la acción de tutela presente; b) Los efectivos policiales que ejecutaron el mandamiento de apremio no actuaron de manera ilegal, cumplieron una orden vigente, emanada de autoridad competente; en ese sentido, los funcionario policiales no han cometido ningún acto vulneratorio de derechos y garantías constitucionales en contra de la accionante; y, c) Bethy Llampa Cuellar, quien simplemente ha activado los mecanismos que el ordenamiento jurídico en materia familiar le dispensa, se limitó a efectuar una solicitud ante la autoridad jurisdiccional dentro del proceso familiar. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

La SCP 0623/2025-S3 de 26 de junio, estableció que: “…en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (Las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que al accionante se le sigue un proceso de asistencia familiar seguido por Bethy Llampa Cuellar, codemandada; el 28 de octubre de 2023, a través de un mandamiento de apremio librado por la Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Chuquisaca, restringieron su libertad; no obstante, que la beneficiaria desde el 11 de diciembre de 2021, cuenta con mayoría de edad y con capacidad de obrar jurídicamente y exigir el cumplimiento de asistencia familiar; por ello, ninguna persona a su nombre debió ejercitar ningún actuado procedimental posterior a la señalada fecha. En ese contexto, contrastada la problemática identificada con las pruebas presentadas a la jurisdicción constitucional; se entiende que, el 28 de octubre de 2023, efectivos policiales del Sub Comando de la Policía Boliviana del municipio de Azurduy del departamento de Chuquisaca, codemandados, procedieron al apremio corporal del impetrante de tutela, con el que fue conducido al Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca; actuado que el accionante cuestiona e identifica como vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la seguridad personal, al debido proceso y a la seguridad jurídica, debido a que la Jueza demandada; y, Bethy Llampa Cuellar, codemandada, no hubieran considerado que la beneficiaria desde el 11 de diciembre de 2021, cuenta con mayoría de edad y con capacidad de obrar jurídicamente; al encontrarse debidamente apersonada dentro del proceso de asistencia familiar; por ello, ninguna persona a su nombre debió ejercitar ningún actuado procedimental posterior a la señalada fecha. En razón a ese antecedente; se establece que, los defectos procesales, que pudieron suceder en la tramitación de la liquidación de la asistencia familiar y la emisión del mandamiento de apremio, debieron ser planteadas ante la misma autoridad demandada, al ser esta la instancia competente, en el marco de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, a objeto de restituir sus derechos supuestamente afectados; en tal sentido, acudir a la jurisdicción constitucional de manera directa, inobserva la línea jurisprudencial de este Tribunal, debiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de la problemática identificada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 31 de octubre, cursante de fs. 161 a 163, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos y alcances dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0204_2026-S3.pdf · páginas 1 a 4.

Huella digital del PDF (SHA-256): fc1dc87044b4deb9fd8384b5c9bd5e0e6331da23753da9b86e37883e581b85ca

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