Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de los derechos a la petición, al acceso a la justicia, al debido proceso, a la defensa y a la vida; puesto que, la Jueza ahora accionada no dio respuesta a su memorial de 5 de diciembre de 2025, donde se apersonó y presentó nuevo patrocinio, solicitando que se le hagan conocer ulteriores actuaciones por ciudadanía digital correspondiente a su nueva defensa técnica; además, señaló nuevo domicilio procesal, indicándole el 16 de ese mes y año que su proceso se encontraba con sentencia en favor de su agresor, quien ya se encontraba en libertad; es decir, cuando aún su memorial no tenía respuesta y; además, no fue notificado con los actuados procesales posteriores al citado memorial. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 1/2026 de 7 de enero, cursante de fs. 119 a 128, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; en consecuencia: 1º CONCEDER en parte a tutela solicita en relación al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
a) Disponer que se deje sin efecto la Sentencia 031/205 de 12 de diciembre, pronunciada por Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Oruro, en relación a la aplicación de sanciones alternativas, en el marco de los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. b) Disponer que la Juez ahora accionada, atienda el memorial de 5 de diciembre de 2025 de la accionante y le haga conocer su resultado, si es que no lo hubiera realizado. 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en su elemento a la defensa, a la petición y al acceso a la justicia, conforme al fundamento expuesto en este fallo constitucional. 3º Exhortar a la Jueza hoy accionada, para que ejerza sus funciones con mayor cuidado y en el marco de la normativa especial aplicable a los delitos de violencia hacia las mujeres. 4º Llamar la atención a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por lo manifestado en la última parte de Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0203/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 80949-2026-162-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 1/2026 de 7 de enero, cursante de fs. 119 a 128, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Albina Condori Mamani contra Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Oruro.
La accionante mediante memorial presentado el 17 de diciembre de 2026, cursante de fs. 13 a 23 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Pablo Gutiérrez Ledezma -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis en su numeral 1 incorporado por el art. 7 numeral 1 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, relacionado con el art. 20 del Código Penal (CP), presentó memorial el 5 de diciembre de 2025 a las 10:37 horas ante la Jueza ahora accionada, apersonándose y presentando nuevo patrocino, en cuyo contenido solicitó que le hagan conocer ulteriores actuaciones por ciudadanía digital correspondiente a su nueva defensa técnica y se aparte a su anterior defensa; además, señaló su nuevo domicilio procesal.
Es así que, el 16 de diciembre de 2025 se apersonó al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de Oruro, para hacer seguimiento al memorial de 5 de ese mes y año, al no existir respuesta al mismo en el buzón judicial, donde le indicaron que el proceso penal se encontraba en despacho con una sentencia en favor de su agresor, quien ya estaba en libertad, lo cual vulnera su derecho a la vida, en razón a que el nombrado atentó contra su integridad física y la de sus hijos menores de edad, esto cuando aún su memorial no tenía respuesta; además, no fue notificada con los actuados procesales posteriores al memorial extrañado, cuando el citado memorial no cursa en obrados, lo que resulta extraño debido a que el mismo memorial fue derivado al mencionado Juzgado, por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento en la misma fecha de presentación, a las 14:50 horas. Incluso, el 5 de diciembre de 2025 también presentó memorial de apersonamiento y nuevo patrocino al Ministerio Público, instancia que por decreto de 8 de ese mes y año, dio curso al apersonamiento del nuevo patrocinio, señalando que se registre en el ecosistema ROMA para que haga seguimiento, y el 9 de igual mes y año, finalmente el Fiscal de Materia solicitó el requerimiento para la entrevista psicológica en cámara Gesell de sus hijos menores de edad como testigos, actuado que debió realizarse el 17 del mismo mes y año a las 15:00 horas, conforme consta en el portafolio digital.
La accionante denuncia la vulneración de los derechos a la petición, al acceso a la justicia, al debido proceso, a la defensa y a la vida; citando al efecto los arts. 15.I, II y III, 24, 115.II y 121,II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Se dé respuesta a su memorial de apersonamiento y señalamiento de domicilio procesal y se le notifique con los posteriores actuados al mismo; y, b) Se deje sin efecto todos los actuados posteriores a la presentación del memorial de 5 de diciembre de 2025, que corresponden a la Jueza ahora accionada y a los hoy terceros interesados, al constituirse su agresor en un peligro para su persona e hijos.
Celebrada la audiencia pública el 7 de enero de 2026, según consta en el acta cursante de fs. 110 a 118 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: 1) El memorial de 5 de diciembre de 2025, no fue decretado por la Jueza ahora accionada, cuando el mismo señalaba su domicilio procesal para poder ejercer su derecho la defensa, incluso el citado memorial desapareció; empero, luego de la interposición de esta acción de defensa, apareció en el cuaderno de control jurisdiccional; 2) No fue notificado con la audiencia que fue solicitada por el hoy tercero interesado; 3) En la audiencia de procedimiento abreviado al nombrado se le concedió todo, no pudo objetar el documento privado de conciliación y desistimiento porque no fue parte de la audiencia; ya que, no tenía conocimiento porque su memorial no fue decretado; 4) Supuestamente fue notificada en su domicilio; 5) En el 2021 el ahora tercero interesado fue beneficiado con una salida alternativa y nuevamente se lo está beneficiando con la misma, situación que debió ser valorada; 6) El Ministerio Público a pesar conocer su nuevo domicilio procesal, en los posteriores actuados no indicó que existe un apersonamiento; 7) Solicitaron al Fiscal de Materia la valoración psicológica de los menores en calidad de testigos, indicándoles que los nombrados debían hacerse presentes el 17 de diciembre de 2025 a las 15:00 horas, empero, luego le indicaron que no podría hacerse la valoración; 8) El Jueza hoy accionada no fue imparcial porque no les notificó con la producción de la prueba; y, 9) El ahora tercero interesado indicó que existe contra la sentencia otra instancia para recurrir; no obstante, pero no puede desconocerse que en primera instancia no pudo presentar prueba, ahí la vulneración irreparable. En audiencia señaló que: i) Su memorial fue decretado el “17” luego de la audiencia, y recién le notificaron el “18”, después de todos los actuados, y, ii) Si bien la dirección mencionada es correcta, nunca se colgó ninguna notificación en su domicilio, únicamente vio en el cuaderno de control jurisdiccional la notificación que le realizaron.
Salua July Dipp Antequera, Juezade Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 7 de enero de 2026, cursante de fs. 45 a 48, manifestó que: a) En el proceso penal de referencia emitió la Sentencia 031/2025 de 12 de diciembre, declarando al hoy tercero interesado autor del delito de violencia familiar o doméstica y se sustituyó la pena privativa de libertad por una sanción alternativa, por haberse cumplido con los requisitos previstos por el art. 373 y 374 del CPP y 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, audiencia a la cual la accionante no concurrió, a pesar de su legal notificación, debido a que a la primera audiencia señalada para considerar el procedimiento abreviado que fue convocado para el 10 de diciembre de 2025, fue suspendida por el Fiscal de Materia por no haberse hecho presente la accionante cuando tenía el derecho a ser oida en todas las instancias, señalándose nuevo día y hora de audiencia para el 12 de “noviembre” del referido año -siendo lo correcto diciembre-, se dispuso la notificación de la nombrada en su domicilio real señalado en su imputación formal, actuado procesal que fue cumplido el 11 de diciembre del mencionado año a las 11:30 horas, pero la accionante tampoco se hizo presente en la audiencia programada y al no poderse prolongar más el tiempo de la salida alternativa se consultó al Fiscal de Materia si tenía oposición al procedimiento abreviado; b) Respecto al memorial de 5 de diciembre ese año, el mismo fue providenciado el 8 de diciembre del referido año conforme a la captura de pantalla que se acompaña, si bien el mismo no fue notificado a las partes procesales eso se debe a la excesiva carga procesal que tuvo ese despacho judicial; por tanto, no es cierto que dicho memorial sin respuesta; c) Conforme se tiene de la imputación formal los hijos de la accionante no fueron identificados como víctimas, únicamente la nombrada, quien fue objeto de un agresión física que le ocasionó tres días de incapacidad médico legal; d) La accionante lo único que pretende es sorprender a la Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, porque no existe vulneración a los derechos o garantías de la accionante, no existe nexo de causalidad entre lo alegado por la accionante con alguna acción que se hubiese ejercido, que ponga en peligro su vida; por tanto, no existe razón para que la nombrada no hubiera agotado la subsidiariedad antes de interponer esta acción de defensa, incluso no existe una carga argumentativa mínima de las razones por las cuales no resulta necesario que se agote la subsidiariedad procesal; e) El único argumento para excusarse de agotar la subsidiariedad resultan ser las medidas de hecho alegando que existiría un daño irremediable e irreparable; ya que, la accionante corría el riesgo de encontrarse con su agresor; empero, en vía constitucional la omisión de notificación al abogado con el señalamiento de audiencia no se constituye en una vía de hecho conforme a la SCP998/2012, más bien es un defecto procesal cometido por una autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, acto que puede impugnarse por medio de una acción de amparo constitucional; sin embargo, bajo las reglas comunes de subsidiariedad a menos que cause un estado de indefensión absoluta que ponga en riesgo la liberta o la vida, lo que no ocurre en el caso concreto, siendo que la nombrada como víctima fue notificada en su domicilio real, siendo una forma válida de notificación; por consiguiente, no se generó ninguna indefensión; f) La subsidiariedad fue completamente inobservada cuando el memorial de nuevo apersonamiento de la víctima que fue debidamente providenciado y puesto a conocimiento de todos los sujetos procesales; por lo que, la accionante podía presentar el petitorio que creyere conveniente; empero, al no hacerlo así esta acción tutelar es improcedente; y, g) Al no existir vulneración alguna a los derechos, garantías, ni agotandose los presupuestos de subsidiariedad; corresponde, denegar la tutela solicitada.
Ariel Condori Huarachi, Fiscal de Materia en audiencia manifestó que: 1) Si bien la accionante señala que no hubo respuesta a su memorial de 5 de diciembre de 2025; sin embargo, en el cuaderno de control jurisdiccional cursa la respuesta; 2) Existió por parte del hoy tercero interesado el pedido de someterse a un procedimiento abreviado; por lo que, en audiencia de 10 de diciembre del mismo año, ante la ausencia de la accionante, solicitó que se le notifique, es así que se suspendió dicho actuado para el 12 de ese mes y año, y se procedió a notificar a la nombrada en su domicilio real, ubicado en la calle Bolívar 117 entre Peralta Soruco y Magallanes, conforme a las fotografías adjuntas; por lo tanto, su persona y la Jueza ahora accionada trataron de agotar todos los mecanismos necesarios a efectos que la víctima tome conocimiento; y, 3) No existe vulneración al derecho a ser oído; puesto que, si presentó el memorial el 5 de diciembre del referido año, por qué en siete días no fue a consultar. Pablo Gutiérrez Ledezma, en audiencia manifestó que: i) El aspecto principal de esta acción de amparo constitucional es la falta de providencia al apersonamiento de la accionante, al respecto se puede evidenciar en el cuaderno de control jurisdiccional si consta la providencia extrañada y la fecha de su notificación; y, ii) Solicitó el procedimiento abreviado conforme la ley les faculta y para no vulnerar los derechos de la víctima se procedió a suspender una audiencia; sin embargo, en la audiencia reprogramada la accionante no asistió, a pesar de su notificación personal; por lo que, solicita se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 1/2026 de 7 de enero, cursante de fs. 119 a 128, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto todos los actuados hasta “fojas 134 de obrados”, debiendo la Jueza hoy accionada notificar debidamente con el decreto de 8 de diciembre de 2025, por la cual se da por apersonada a la accionante y se acepta el anunció de nueva defensa técnica para que la misma pueda ejercer su derecho a la defensa y la libre intervención en el proceso judicial que se lleva adelante, y pueda presentar si así lo ve por conveniente, las pruebas que vea correspondiente en las audiencias respectivas; bajo los siguientes fundamentos: a) Se considerará la SCP 0268/2021-S1 y 017/2019 que tratan sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, porque el presente caso es sobre un delito previsto en la Ley 348 que protege justamente la violencia ejercida contra las mujeres, grupo vulnerable de atención prioritaria; b) En el presente caso se procedió a ocultar un memorial, si bien se trata de un apersonamiento; empero, en el mismo se está señalando un domicilio procesal donde la accionante puede ser notificada con todas las actuaciones para que la misma pueda participar en las diferentes llamadas de la Jueza ahora accionada; c) Se hizo constar un video en el cual la accionante fue a revisar el proceso y no hubo continuidad o no existía el memorial que se extraña; por lo que, de una revisión minuciosa, llama la atención que a “fojas 132, 133 y 134” donde está el memorial que se menciona y la respuesta que se encuentra en el decreto de 8 de diciembre de 2025 y a “fs. 135” cursa una notificación que no es con dicho memorial, es con otro memorial anterior; no obstante, existe una modificación, que se realizó con “RADEX” para modificar la foliación a partir de ese punto; es decir, que no es como el tercero interesado refirió y el Fiscal de Materia, que fue correlativa la foliación, de lo que se puede advertir que no se notificó con el citado decreto ya que la modificación a la foliación fue muy evidente, si bien no le corresponde a esa Sala Constitucional establecer aquello si fue así, pero ya se generó cierta credibilidad en las alegaciones de la accionante, dicha Sala Constitucional debe verificar todos los antecedentes de manera integral, la nombrada tenía documentación que quería presentar en la audiencia de procedimiento abreviado, como los antecedentes del otro proceso por violencia familiar contra la accionante, que está sufriendo amenazas entre otros aspectos; d) No saben si existió un ocultamiento malicioso del memorial o como señaló la Jueza ahora accionada que por la existencia de recargadas labores no pudieron notificar; no obstante, pueden asegurar, que la notificación no se cumplió sobre este señalamiento del domicilio; e) Llama la atención que al existir ya un memorial donde se está señalando el domicilio procesal donde la accionante pudo ser legamente notificada conforme establece el procedimiento penal, solicitó su notificación a su domicilio real, asimismo, llama la atención que el Fiscal de Materia conociendo el domicilio procesal tampoco dijo nada, notificación realizada en el domicilio real que no fue de conocimiento de la accionante, quien sí reconoció que fue su domicilio donde se realizó el acto de comunicación; empero, no existió evidencia de la cédula pegada en dicho domicilio; f) Inconsistencias que generan en ese Tribunal una convicción que se está vulnerando el derecho a la defensa de la accionante, porque no existe coherencia respecto a la notificación, que no se hubiese presentado en audiencia y mucho menos que hubiera presentado prueba que hizo conocer ante ese Tribunal, se tiene un registro de antecedentes penales donde el agresor de la nombrada tiene antecedentes de declaratoria de rebeldía de 2022 por el delito de violencia familiar; por lo que, mínimamente debieron agotarse todas la instancias para que la víctima pueda pronunciarse; más aún, cuando existía un memorial donde se señala el domicilio procesal para que sea debidamente notificada y debieron agotarse los esfuerzos y verificar todos los memoriales donde la misma señala su domicilio procesal, para que no ocurra lo que se presentó; y, g) Se debe aplicar la debida diligencia y la doble protección que gozan las mujeres, al evidenciarse la vulneración al derecho a la defensa. En vía de enmienda y complementación, la accionante solicitó que se extienda esta acción de defensa al Ministerio Público, para que le pueda dar curso a lo solicitado, sobre la declaración de algunas personas en cámara Gessell. En merito a esa solicitud, la Sala Constitucional señalo que no puede disponer un acto investigativo, porque se debe tomar en cuenta que se están retrotrayendo actos, y la accionante podrá presentar pruebas o solicitudes que creyera conveniente, si corresponde, no pudiendo ordenar directamente.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, se dispuso la priorización en el sorteo de casos relativos a violencia feminicida (fs. 133 a 137); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentando el 5 de diciembre de 2025, ante Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Oruro -ahora accionada-, Albina Condori Mamani -ahora accionante- se apersonó, señalo que tenía audiencias programadas a la fecha y presentó nuevo patrocinio mencionando la ciudadanía digital 4068817 de su nueva defensa para que le hagan conocer ulteriores actuados; además, estableció un nuevo domicilio procesal en la calle Soria Galvarro 1367 entre calle Junín y Ayacucho, interior primera planta oficina 7 (fs. 3). Asimismo, cursa hoja de ruta del órgano Judicial donde se consigna que el memorial que antecede con Número de Registro Judicial (NUREJ) 29611656 fue remitido al mencionado Juzgado en la fecha señalada a las 14:00 horas (fs. 4). II.2. Mediante memorial presentado el 5 de diciembre de 2025, ante Ariel Condori Huarachi -Fiscal de Materia hoy tercero interesado-, la accionante se apersonó y presentó nuevo patrocino (fs.5), mismo que tuvo respuesta a través del decreto de 8 de ese mes y año, donde se tuvo presente el apersonamiento; además, dispuso que se proceda a registrar en el Ecosistema ROMA a la profesional Abogada que firma en el pie del memorial que antecede, quien debió hacer seguimiento dentro dicho sistema a efectos de publicidad (fs. 6). II.3. A través de la nota CITE/MMPP/RFAS/008328/2025 de 9 de diciembre, el Fiscal de Materia ahora tercero interesado requirió a la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, entrevista psicológica informativa en Cámara Gesell al testigo menor de edad (fs. 9 a 10).
II.4. Cursa acta de audiencia pública de 10 de diciembre de 2025, donde debía considerar el procedimiento abreviado propuesto por Pablo Gutiérrez Ledezma -hoy tercero interesado-, actuado procesal que fue suspendido por la inconcurrencia de la accionante para el 12 de ese mes y año; por lo que, que la notificación personal a la accionada con la acta de audiencia y el señalamiento sea en su domicilio real ubicado en la calle Bolívar 117 entre Peralta Soruco y Magallanes del departamento de Oruro a objeto que la nombrada tenga conocimiento del señalamiento y asuma defensa (fs. 42 y vta.). Notificación que se hizo efectiva a la accionante el 11 de igual mes y año a las 11:30 horas, en la mencionada dirección (fs. 43 y 44). II.5. Consta Disco Compacto (CD) donde se observa que el 17 de diciembre de 2025, no cursa en el cuaderno de control jurisdiccional el memorial de 5 de ese mes y año, presentado por la accionante; asimismo, se observa que el ahora tercero interesado formuló el mismo mes y año, la solicitud de procedimiento abreviado, el cual fue respondido por la Jueza hoy accionada el 8 de dicho mes y año, mencionado audiencia al efecto para el 10 del referido mes y año; cursa Sentencia 031/2025; y, mandamiento de libertad provisional en favor del nombrado, al estar así ordenado por decreto de ese mes y año, en razón haberse beneficiado con la salida alternativa de procedimiento abreviado y posteriores sanciones alternas (fs. 26). II.6. Cursa antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la accionante contra el hoy tercero interesado, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis en su numeral 1 incorporado por el art. 7 numeral 1 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, relacionado con el art. 20 del Código Penal (CP), consistentes en inicio de investigación de 9 de octubre de 2021, imputación formal de 12 de noviembre del mismo año, acusación formal de 27 de mayo de 2022, Auto Interlocutorio 504/2022 de 2 de septiembre; y, memorial de 31 de julio de 2023 del nombrado (fs. 53, 58 a 60 vta., 88 a 89 vta., 89 a 90; y, 93 a 107).
La accionante denuncia la vulneración de los derechos a la petición, al acceso a la justicia, al debido proceso, a la defensa y a la vida; puesto que, la Jueza ahora accionada no dio respuesta a su memorial de 5 de diciembre de 2025, donde se apersonó y presentó nuevo patrocinio, solicitando que se le hagan conocer ulteriores actuaciones por ciudadanía digital correspondiente a su nueva defensa técnica; además, señaló nuevo domicilio procesal, indicándole el 16 de ese mes y año que su proceso se encontraba con sentencia en favor de su agresor, quien ya se encontraba en libertad; es decir, cuando aún su memorial no tenía respuesta y; además, no fue notificado con los actuados procesales posteriores al citado memorial. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, señala que: “De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar. Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad, el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección; conforme a lo establecido en el art. 125 de la CPE, que dispone: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ . Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo, entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP 0033/2013 de 4 de enero refiere que: ʽ…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que disponeʼ. Consecuentemente, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna. A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional. En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aún, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0106/2018-S2 de 11 de abril, estableció que: “Debemos partir señalando, que el debido proceso está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez. Así, el art. 115.II de la CPE, señala: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. El art. 117.I de la misma Norma Suprema dispone: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…’. Conforme a las citadas disposiciones constitucionales, lo que se busca es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, contenidos en la Constitución Política del Estado y las leyes que desarrollan tales derechos. Asimismo, el debido proceso se encuentra reconocido como un derecho humano en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), al igual que en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad, conforme al art. 410.II de la CPE. De igual forma, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 418/2000-R de 2 de mayo, entendió que el debido proceso es el ‘…derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…’. Complementando este entendimiento, la SC 1276/01-R de 5 de diciembre de 2001 señaló que el debido proceso comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin que las personas puedan defenderse ante cualquier tipo de acto emanado del Estado; en ese sentido, la SC 0119/2003-R de 28 de enero amplió el alcance, indicando que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata y vincula a todas las autoridades judiciales y administrativas. En ese marco, la SC 0026/2007-R de 22 de enero manifestó que el debido proceso no es únicamente aplicable en materia penal, sino en toda esfera sancionadora, en la que a una persona se le atribuya la comisión de una falta, que vulnere el ordenamiento administrativo. Posteriormente, la SC 0239/2010-R de 31 de mayo refirió que la Norma Suprema rige para todos los bolivianos; en ese entendido, el debido proceso en sus elementos constituidos por los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, son aplicables en los procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas. (…)
Por otra parte, el debido proceso se encuentra ligado de manera íntima con el derecho a la defensa. Así, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre indica que el debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio, presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo y haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Posteriormente, la SC 2801/2010-R de 10 de diciembre establece que el derecho a la defensa tiene connotaciones, entre otras; la defensa técnica que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de un profesional idóneo que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente; y, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio. Por último, la SCP 1259/2015-S3 de 9 de diciembre señala que en las relaciones societarias privadas y las sanciones que puedan imponerse al interior de las mismas, el debido proceso regula y limita la potestad sancionatoria, estableciendo los elementos que deben ser observados de manera previa a la imposición de una sanción, siendo uno de ellos, la prohibición de sancionar sin la existencia de un previo proceso; es decir, el ejercicio efectivo de un derecho a la defensa, la posibilidad del acusado de conocer los motivos, presentar las pruebas y acceder a los medios de impugnación” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, establece que: “La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.
Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual: Acceso a la justicia y trato justo
4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:
6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:
a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…). A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello: …se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental.
En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: ʽ…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…ʼ. Asimismo, señala que esta clase de violencia: …constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:
i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) . Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.
Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: 'El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género'. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer . Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…).
ii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación. Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.
iii) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.
Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas: ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)
3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.
8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…). La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción. Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que: ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.
4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.
5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.
6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.
9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.
15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia. En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: ‘Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres’ (el resaltado es nuestro). Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que: Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo, De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material: …implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración de los derechos a la petición, al acceso a la justicia, al debido proceso, a la defensa y a la vida; puesto que, la Jueza ahora accionada no dio respuesta a su memorial de 5 de diciembre de 2025, donde se apersonó y presentó nuevo patrocinio, solicitando que se le hagan conocer ulteriores actuaciones por ciudadanía digital correspondiente a su nueva defensa técnica; además, señaló nuevo domicilio procesal, indicándole el 16 de ese mes y año que su proceso se encontraba con sentencia en favor de su agresor, quien ya se encontraba en libertad; es decir, cuando aún su memorial no tenía respuesta y; además, no fue notificado con los actuados procesales posteriores al citado memorial.
En este contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, cuando se trata de la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, los mecanismos de protección ordinarios resultan ineficaces; por lo que, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar de forma directa; es decir, no es aplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo que el Estado debe garantizar a las mujeres una vida digna, que implica recibir un trato desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de existencia, contrariamente a la desigualdad material que sufre dicho grupo vulnerable; por lo que, la justicia constitucional en este caso ejercerá su rol garante de los derechos a la vida, integridad y a la no violencia, de la accionante, mujer y víctima de violencia familiar. Ahora bien, se advierte que la accionante reclama a través de esta acción de amparo constitucional que, por la falta de respuesta de la Jueza ahora accionada a su memorial de 5 de diciembre de 2025, donde presentó su nuevo patrocinio y solicitó se le haga conocer actuados posteriores en la nueva ciudadanía digital y domicilio procesal, la accionante no tuvo conocimiento de los actuados posteriores al dicho memorial, entre los que se encuentra la Sentencia 031/2025, emitida en favor del tercero hoy interesado, quien se encontraría en libertad como efecto de dicha decisión, determinación en la que la accionante no hubiera participado de forma activa, situación generada por la falta de comunicación a los medios proporcionados en el memorial de la nombrada; por lo que, su pretensión es que se deje sin efecto todos los actuados posteriores a la presentación del mencionado memorial. En ese entendido, en principio se debe analizar si efectivamente la Jueza ahora accionada decretó el memorial de 5 de diciembre de 2025; así se tiene: en este sentido, el mencionado memorial por el cual la accionante presentó su nuevo patrocinio y pidió que se le hagan conocer ulteriores actuado mediante ciudadanía digital 4068817, como también en el domicilio procesal ubicado en la calle Soria Galvarro 1367 entre calle Junín y Ayacucho, interior primera planta, oficina 7, no fue decretado por la Jueza hoy accionada ni tampoco notificado a la accionante, a pesar que dicho memorial fue entregado al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Oruro en la misma fecha de su presentación a las 15:50 horas; si bien, cursa captura de pantalla del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), que fue presentado por la Jueza ahora accionada, donde se consigna la recepción de un documento externo; es decir, del memorial del 5 de diciembre de 2025, así como un decreto de 8 de ese mes y año; no obstante, la Sala Constitucional que conoció la presente acción de defensa, manifestó en su resolución que, de la revisión minuciosa de los antecedentes se tiene que a “fojas 132, 133 y 134” cursa el memorial extrañado y su decreto; además, de la notificación a “fs. 135”; no obstante, observan dichas documentales por tener modificaciones en foliación y sobre escrituras; y, en el Disco Compacto (CD) adjunto en antecedentes, se observa que el 17 de diciembre de 2025, no cursaba en el cuaderno de control jurisdiccional el memorial de 5 de ese mes y año ni su correspondiente decreto, únicamente se encontró el memorial del ahora tercero interesado de 4 de igual mes y año donde solicita la aplicación de procedimiento abreviado, el cual fue decretado por la Jueza ahora accionada el 8 de ese mes y año, señalando audiencia al efecto para el 10 de igual mes y año; además, conforme el informe emitido la nombrada como efecto de esta acción tutelar, señalo que si decreto el memorial extrañado; sin embargo, la notificación con el mismo no fue realizada por excesiva recarga procesal; no obstante, de lo referido, no se practicó ninguna notificación ni se consideró el nuevo domicilio procesal de la accionante. En ese contexto, dicha situación negligente no implica que la accionante desconociera los actuados que se desarrollaron en el proceso penal de referencia; debido a que, la nueva defensa técnica de la nombrada fue añadida al Ecosistema ROMA del Ministerio Público al haberse dispuesto en el decreto de 8 de diciembre de 2025, para que a través de mismo haga seguimiento al caso; es decir, que por ese medio la accionante fue comunicada con los actuados posteriores a dicha fecha, entre los que estaba la solicitud de entrevista psicológica en cámara Gesell realizado por el Fiscal de Materia el 9 de diciembre de 2025; asimismo, se evidencia que para la audiencia pública de 10 de diciembre de 2025, donde se iba a considerar la aplicación del procedimiento abreviado en favor del ahora tercero interesado, la accionante fue notificada en su domicilio real Calle Bolívar 117 entre Peralta Soruco y Magallanes de la ciudad de Oruro (fs. 42 vta.) e incluso ante su inasistencia a dicho actuado procesal y por el pedido del Ministerio Público y la parte contraria, se dispuso su notificación de forma personal en su domicilio real, la cual se efectivizó el 11 de diciembre de 2025, existiendo ubicación satelital, foto del frontis del domicilio y de la cédula fijada, cabe aclarar que la accionante manifestó en audiencia que la dirección referida era correcta. Ahora bien, la accionante no puede alegar indefensión por falta de notificación en el domicilio procesal de su nueva defensa técnica; más aun, cuando las notificaciones posteriores realizadas al memorial de 5 de diciembre de 2025 fueron realizadas en su domicilio real, la cual si bien está reservada para que sea realizada en determinadas circunstancias y para dar a conocer determinaciones trascendentales del proceso, que a diferencia de las notificaciones en domicilio procesal se constituye en el medio para practicar las diligencias de notificaciones de resoluciones en general y todo tipo de actuados procesales, la primera mencionada garantiza el conocimiento efectivo de lo que se quiere notificar, salvaguardando mejor el derecho a la defensa, más aun cuando dicho mecanismo de comunicación no se encuentra restringido en su uso y en el caso presente fue dispuesto por la Jueza ahora accionada para que la víctima “…tenga conocimiento del señalamiento, asuma defensa…” (sic [fs. 42 vta.]); es decir, para que asegurar la recepción de la nombrada; por lo que, la accionante no tenía ningún óbice para participar en todos los actuados, presentar prueba dentro el proceso penal de referencia, no pudiendo alegar desconocimiento; de lo que se colige que, no se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento a la defensa de la accionante, debiendo denegarse la tutela solicitada al respecto.
En ese contexto, en el presente caso no se pude dejar de observar que, el ahora tercero interesado fue sometido a procedimiento abreviado en la audiencia de 12 de diciembre de 2025, donde se emitió Sentencia 031/2025, declarándolo autor del delito de violencia familiar o doméstica, sustituyéndose la pena privativa de libertad que le fue impuesta por sanciones alternativas, así se tiene del informe emitido por la Jueza hoy accionada como efecto de esta acción de defensa y del contenido del Disco Compacto (CD) adjunto al proceso (Conclusión II.5), cuando se tiene en antecedentes de forma documentada que el ahora tercero interesado anteriormente fue parte denunciada en el proceso seguido por el Ministerio Público a denuncia de la accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, proceso del cual, se tiene el inicio de investigaciones de 8 de octubre de 2021, imputación formal de 12 de noviembre de ese año, acusación formal de 27 de mayo de 2022, Auto Interlocutorio 504/2022 de 2 de septiembre donde se rechazó la solicitud de conciliación solicitada por la nombrada; y, memorial de 31 de julio de 2023 del ahora tercero interesado, donde presenta informe de terapia psicológica que fue ordenado a través del Auto Definitivo 72/2022, que debía ser presentada de forma trimestral.
En ese sentido, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamentó Jurídico III.2. de este fallo constitucional, que trata sobre el examen integral del problema jurídico en casos que emerjan hechos de violencia en razón de género, se analizará la Sentencia emitida por la Jueza ahora accionada, al haberse observado en la misma aspectos que no se encuentran conforme a la normativa especial que protege los derechos de las mujeres víctimas de violencia. En ese contexto, se advierte que la Jueza ahora accionada manifiesta que, en la Sentencia 031/2025, se sustituyó la pena privativa de libertad que fue impuesta al tercero interesado por sanciones alternativas, debido a que se cumplió con los requisitos previstos por los arts. 373 y 374 del CPP y 76 de la Ley 348 (fs. 44-A); sin embargo, de los antecedentes antes referidos, se evidencia que la Jueza ahora accionada no observó la existencia de otro proceso anterior seguido por la accionante contra el imputado ahora tercero interesado, por el mismo delito, donde con meridiana claridad que tiene que también se aplicó al hoy tercero interesado sanciones alternativas, cuando expresamente el art. 76 de la Ley 348, dispone: “I. En delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando: 1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será remplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley. 2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres años que hubiera cumplido al menos la mitad de ésta, las sanciones alternativas no podrán superar el tiempo de la pena principal impuesta” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Ahora bien, no sería aplicable, en el proceso penal seguido por el delito de violencia familiar o doméstica de 2025 la aplicación de sanciones alternativas en favor del ahora tercero interesado, por tener un proceso anterior de 2021 por delito de violencia hacia las mujeres y contra la misma víctima, donde el nombrado también fue sentenciado y beneficiado con sanciones alternativas, siendo por ello que en el presente caso no se llega a cumplir el principal requisito restrictivo para la aplicación de dichas sanciones, el cual da paso a considerar los demás aspectos requeridos para su aplicación; en consecuencia, se evidencia que la Jueza ahora accionada no actuó con debida diligencia a momento de imponer la sanción en el proceso de referencia que trata sobre un delito que tiene que ver con violencia en razón de género donde existe reincidencia, principio que es transversal a todas las etapas del proceso penal; por lo que, la Jueza ahora accionada debió verificar su procedencia y agotar todas las instancia para dicho fin; es decir, para establecer la verdadera situación del hoy tercero interesado previamente a disponer sanciones alternativas en favor del mismo, como ser requerir la presentación certificado del Registro de Antecedentes Penales (REJAP) e incluso Certificado de no violencia, aquello en vía de garantizar protección a la accionante víctima de violencia familiar; en ese entendido, se debe dejar sin efecto la Sentencia 031/205 de 12 de diciembre, en lo que respecta a la medida dispuesta de sustitución de la pena privativa de libertad por sanciones alternativas, para que la Jueza ahora accionada realice una nuevo análisis al respecto, siendo no se pude convalidar dicha Resolución porque se estaría vulnerando el derecho de la accionante, mujer a una vida libre de violencia en razón de género, que se encuentra protegido por normativa nacional y por los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano. En ese contexto, con relación al derecho a la petición, la SCP 0124/2018-S4 de 16 de abril, establece: “…el derecho de petición no puede ser invocado dentro de un procedimiento judicial o administrativo para solicitar a una determinada autoridad la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley esta compelida a realizarla, debiendo en todo caso, únicamente observar las reglas del debido proceso, los plazos establecidos a tal efecto y la ‘pretensión’ de las partes en relación al citado acto”; por lo que, corresponde denegar la tutela, así como, con referencia al derecho al acceso a la justicia que fue relacionado al citado derecho. Respecto a la falta de remisión de antecedentes de la acción de amparo constitucional Ahora bien, corresponde llamar la atención a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; puesto que, omitió remitir a este Tribunal Constitucional Plurinacional los antecedentes del caso, que fueron de su conocimiento y sirvieron para asumir su decisión, como ser el memorial de 5 de diciembre de 2025, decreto que le corresponde de 8 de igual mes y año y su notificación, los cuales se encontrarían a “fs. 132, 133, 134 y 135”, al constituirse los mismos en piezas procesales de importancia para resolver la presente causa, habiéndose apartado de la obligación de remitir todos los antecedentes de la acción de defensa, inobservando así lo establecido por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros términos obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 1/2026 de 7 de enero, cursante de fs. 119 a 128, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; en consecuencia: 1º CONCEDER en parte a tutela solicita en relación al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
a) Disponer que se deje sin efecto la Sentencia 031/205 de 12 de diciembre, pronunciada por Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Oruro, en relación a la aplicación de sanciones alternativas, en el marco de los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. b) Disponer que la Juez ahora accionada, atienda el memorial de 5 de diciembre de 2025 de la accionante y le haga conocer su resultado, si es que no lo hubiera realizado. 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en su elemento a la defensa, a la petición y al acceso a la justicia, conforme al fundamento expuesto en este fallo constitucional. 3º Exhortar a la Jueza hoy accionada, para que ejerza sus funciones con mayor cuidado y en el marco de la normativa especial aplicable a los delitos de violencia hacia las mujeres. 4º Llamar la atención a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por lo manifestado en la última parte de Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0203_2026-S1.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8e45310e334fc7c20532b6e89d7da8e24f987793ac10b82174bbfef4e355dd32
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